Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

Publicado enPolítica
 El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se saluda con el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, (de espaldas) este sábado. Y. Lage AFP

Manuel Marrero, ministro de Turismo desde 2004, accede a un cargo recuperado por la Constitución aprobada este año

Cuba recuperó la figura del primer ministro como parte del proceso de reorganización institucional que vive el país tras la reciente aprobación de una nueva Constitución. El Gobierno quiere tomar medidas con el objetivo de renovar las estructuras de poder y repartir las responsabilidades que durante décadas estuvieron concentradas en la figura del presidente, cargo que ostentaron sucesivamente Fidel y Raúl Castro. El nuevo primer ministro será Manuel Marrero, hasta ahora titular de la cartera de Turismo.

El nuevo cargo de primer ministro —que ocupó desde el triunfo de la revolución el propio Fidel Castro— fue eliminado en 1976 y ahora es reinstaurado a propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que eligió para acompañarle en el Gobierno a Manuel Marrero, el hombre que durante los últimos 17 años ha dirigido el Ministerio de Turismo, el sector más dinámico de la economía de la isla.

El Parlamento cubano, reunido ayer en La Habana, aprobó por unanimidad la propuesta de Marrero, a quien acompañarán como vice primeros ministros el histórico comandante Ramiro Valdés (87 años); así como Roberto Morales, actual vicepresidente del Consejo de Estado y exministro de Salud; la ministra Inés María Chapman; Ricardo Cabrisas, uno de los pesos pesados de la economía cubana; Alejandro Gil, actual ministro de Economía; y José Luis Tapia.

La designación de Manuel Marrero, de 56 años y arquitecto de formación, causó sorpresa en las esferas diplomáticas, pues pese a ser un hombre de confianza de Díaz-Canel —y también de Fidel Castro— y estar al frente del importante sector turístico, se especulaba con otros nombres más políticos para el cargo, como el de Roberto Morales o Inés María Chapman.

Marrero ha ocupado diversos cargos en el sector, desde la corporación turística Gaviota a la dirección de este ministerio económico clave, cuyo aporte al Producto Interior Bruto es de gran importancia en momentos de enormes dificultades económicas y cuando la ley Helms-Burton —que estipula el embargo de EE UU a la isla— ha provocado severos daños. Díaz-Canel destacó ante el Parlamento la “honestidad, capacidad de trabajo y fidelidad al Partido y a la Revolución”, junto con la “rica experiencia en negociación con contrapartes extranjeras” de Marrero, informa Efe.

En la etapa del presidente estadounidense Barack Obama, el turismo experimentó en Cuba un auge considerable, pero con la eliminación de los cruceros y los vuelos directos por parte de la Administración de Donald Trump las expectativas de crecimiento se han visto muy perjudicadas, y ha sido precisamente Marrero una de las personas clave para enfrentar esta situación.

El Parlamento también designó ayer a nuevos ministros de Trabajo y Seguridad Social (Marta Elena Feito); Industria Alimentaria (Jorge Santiago Sobrino); Industrias (Eloy Álvarez); y Energía y Minas (Nicolás Arrente). Todos los anteriores, son carteras consideradas de gran importancia en la actual coyuntura económica que atraviesa la isla.

Asimismo, ha cambiado la jefatura del Banco Central de Cuba (BCC), cargo que ocupará Martha Sabina. Será ministra-presidenta de la entidad financiera que desde 2017 dirigía Irma Margarita Martínez.

Por MAURICIO VICENT

La Habana 21 DIC 2019 - 15:43 COT

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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Cuarta semana de protestas en Chile se inicia con llamado a huelga general

Santiago. La cuarta semana de crisis política y social en Chile comenzará con un nuevo llamado a mantener la movilización social y con la proyección de una huelga general para el martes 12, en tanto que la noche del domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el gobierno tomó la decisión de "iniciar el camino" hacia una nueva Constitución política, a través de un Congreso Constituyente.

Es la primera vez que la administración, luego de varias semanas de crisis, dice abrirse a la gestación de una nueva Constitución.

Las declaraciones de Blumel se dieron luego de una reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos.

"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Carta Magna. Entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer pensando en el país."

La mejor fórmula es una asamblea constituyente

Agregó: "El mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar en un proceso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante".

Apenas ayer, Piñera, en una entrevista con el conservador diario El Mercurio, había insistido en que estaba disponible para modificaciones a la actual Constitución, pero no en una nueva Carta Magna.

Sindicatos alientan paro

Mientras tanto, desde la organización denominada Mesa de Unidad Social, surgida al calor de la protestas de las últimas semanas, se afirmó que representantes de sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, educación, salud, agricultura, agroindustria y públicos, entre otros, se decidió a convocar a una huelga general para mañana martes.

"Se va a llamar a todas las organizaciones sindicales a paralizar el país, para exigir el petitorio que está construido, y tiene como demandas principales una nueva Constitución y una asamblea constituyente”, establece el dirigente Mario Villanueva, de la organización No más AFP, que rechaza el sistema privado de pensiones.

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Decenas de miles de argelinos en la calle

Una movilización masiva crece sin pausa desde que arrancó el pasado viernes gracias a las redes sociales y que responde al hartazgo de una sociedad decepcionada con un régimen anacrónico e incapaz de atajar la aguda crisis económica.

 

Decenas de miles de argelinos desbordaron ayer la calles del país para protestar por la decisión de su presidente, Abdelaziz Buteflika, de aspirar a un quinto mandato consecutivo, envueltos en banderas nacionales para señalar su patriotismo y asidos a cánticos ensayados en los estadios.


Una movilización masiva crece sin pausa desde que arrancara el pasado viernes gracias a las redes sociales, y que responde al hartazgo de una sociedad decepcionada con un régimen anacrónico y agotado, incapaz de atajar la aguda crisis económica que Argelia padece desde que en 2014 se desplomara el precio del petróleo. “Estamos aquí por dignidad. Por dignidad y por orgullo. Este es nuestro país y nos lo han robado. No queremos más a Buteflika y a quienes conspiran a su lado”, explicó a Amal, una funcionaria de mediana edad.
Residente en una de las zonas altas y acomodadas de la capital, Amal bajó en familia, con su marido, padres e hijos pequeños, para sumarse a las riadas de jóvenes y no tan jóvenes que concluida la oración preceptiva de los viernes (día sagrado musulmán) convergieron en la plaza de la Grand Post, en el centro de Argel. Otras mareas humanas, igualmente en ambiente festivo bajo el primaveral sol de Argel, desbordaron arterias como Krim Belkacem, que conduce hacia el Palacio del Pueblo, a la presidencia y la sede del gobierno, fuertemente custodiados.


El despliegue era especialmente intenso en el paseo marítimo a la altura del bulevar Zaghoud Youcef, en el que se encuentran el Parlamento y la sede de la gobernación de Argel, entre otros edificios oficiales. En el momento en el que cualquiera de las corrientes trataba de desviarse y eludir estos controles, la Policía, apoyada por unidades antidisturbios y cientos de agentes vestidos de civil, lanzaban botes de gas pimienta para frenar a los manifestantes.


“No pararemos, no hay nadie que pueda ya parar a un pueblo que ha decidido despertar y buscar su futuro”, explicó uno de los manifestantes. “No, no tenemos miedo. Las protestas son un derecho y no vamos a renunciar a ello. Necesitamos un cambio real y vamos a lograrlo”, insistió otro de los congregados, que como su colega prefirió no identificarse por seguridad. Las protestas contra las aspiraciones de Buteflika arrancaron el pasado viernes en Argel con la mayor marcha que se recuerda en la capital en la última década.


El martes, miles de estudiantes universitarios y de secundaria de todo el país marcharon igualmente contra la candidatura del anciano y enfermo mandatario, elegido hace ya dos décadas. El jueves, una veintena de periodistas fueron detenidos por la Policía –y liberados horas después– cuando protestaban en el centro de Argel contra el quinto mandato y la “represión del régimen a la libertad de prensa”. Horas después, el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, con un discurso alarmista, aludió a los días previos al estallido de la guerra civil (1992-2002), una época conocida como el “decenio negro” en la que murieron más de 300.000 personas y decenas de miles desaparecieron.


Ouyahia, que admitió que las protestas se asientan en una derecho constitucional, sacó asimismo a colación el inicio de la revuelta en Siria, que dijo “también empezó con rosas” en alusión a una foto de una argelina con una flor frente a la Policía que se ha hecho viral en redes.


La movilización, que hoy se repitió en la mayoría de ciudades del país, tiene lugar en ausencia del propio Buteflika, quien el pasado domingo fue trasladado a un hospital de Suiza para someterse a lo que el círculo de poder en Argelia califica de revisiones médicas rutinarias.


En la presidencia desde 1999, el mandatario, que este sábado cumple 82 años, sufrió en 2013 un agudo accidente cardiovascular que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente. Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministroS o de visitas de altos dignatarios extranjeros.


Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por “recaídas de salud” reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.


A las protestas se han unido la organización de intelectuales “Mutawana” (ciudadanía) y el Movimiento Social por la Paz (MSP), principal grupo islamista autorizado en Argelia, que considera el quinto mandato lesivo para el país.

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Martes, 12 Febrero 2019 06:11

Irán seguirá con sus misiles

Irán seguirá con sus misiles

Con motivo de los 40 años del triunfo de la Revolución Islámica, el presidente iraní destacó los avances pese a las sanciones.

 

El presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió ayer que Irán continuará desarrollando sus sistemas de misiles, ante la multitud congregada en la plaza Azadi de Teherán para festejar el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en ese país.


En su discurso a los manifestantes reunidos en la plaza Azadi (Libertad), Rouhani desestimó los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Teherán y dijo que las sanciones de Estados Unidos no podrían quebrar a la República Islámica.

“La presencia de personas hoy en las calles de todo el Irán islámico significa que el enemigo nunca alcanzará sus objetivos malvados”, dijo Rohani, y agregó que el país continuará con su programa de misiles para defender al país de amenazas externas. “No hemos pedido, y nunca pediremos permiso para desarrollar nuestro arsenal de misiles mientras continuamos nuestro camino hacia el poder militar”, subrayó Rohani, quien detalló en su discurso algunos de los logros militares de los últimos 40 años. El mandatario señaló, además, que “la potencia militar de Irán es sorprendente para todo el mundo”, entre los vítores de los asistentes, que llenaron la plaza y todas las calles aledañas.


En una muestra de este poderío, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución expuso en las calles de Teherán, escenario de ceremonias los misiles Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros; Ghiam, de 700 kilómetros; y Zolfeghar, de 800. Los sistemas de misiles de Irán, así como su influencia regional, preocupan especialmente a Estados Unidos, pero también a Europa y a países de Medio Oriente como Arabia Saudita e Israel. Sobre la influencia regional, Rohani afirmó que gracias al apoyo de Irán a Irak, Siria, Líbano, Palestina y el Yemen, “los enemigos no lograron una victoria”. También incidió en la intervención extranjera en Medio Oriente, en particular de Estados Unidos y aseveró que esas fuerzas foráneas “deben salir de la región”.


El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a su país del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y reactivó las sanciones contra ese país, lo que causó daños a la economía y llevó al régimen de los ayatolás a denunciar una “guerra económica”.


“La presencia de la gente en las calles de todo el Irán islámico significa que se han arruinado las conspiraciones planeadas este año por el enemigo”, afirmó el Rohani en su discurso. A su juicio, la gran participación popular en las celebraciones de ayer demuestran que “el enemigo no alcanzará sus objetivos siniestros y la vía de la revolución continuará del mismo modo que en los pasados 40 años”.


Cientos de miles de ciudadanos salieron ayer en las principales ciudades del país para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la caída del régimen del sha Mohamad Reza Pahlevi y el ascenso al poder del ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder de la Revolución Islámica.


Las imágenes de las cadenas de televisión estatal mostraron grandes multitudes de manifestantes con banderas iraníes y coreando lemas como “Muerte a Israel, muerte a América”, proclamas habituales desde la Revolución Islámica. “A pesar de la consternación de América, la revolución alcanzó los 40 años”, reza otra de las pancartas exhibida por los manifestantes.


La elevada asistencia a las manifestaciones convocadas por el Gobierno coincide con un momento especialmente delicado para los iraníes por el aumento de los precios, la escasez de alimentos y la alta inflación, circunstancias que provocaron anteriormente una ola de manifestaciones contra el Gobierno.


Arabia Saudita, líder sunnita de la región, y otros países árabes miran con recelo a Irán desde que la Revolución Islámica acabó con el régimen del sha, por el temor a que el ayatolah Khomeini sirviera de inspiración a los milicianos islámicos en Medio Oriente.


Irán y Arabia Saudita están implicadas en los conflictos de Irak, Yemen y Siria, donde defienden a bandos contrapuestos y profesan visiones opuestas del islam: el primero es chiita y su adversario es sunnita.

 

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Madrugada de balas en una Venezuela bajo asedio

El asalto a un puesto policial fue neutralizado; los implicados, detenidos; y las armas, recuperadas. Existe un hilo de conspiraciones golpistas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido desactivado en los últimos años.

 

 

La madrugada de ayer un grupo de 40 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), intentó tomar un puesto de comando policial, un destacamento, y robar las armas. La acción, realizada en Caracas, fue neutralizada por la Fanb, 27 de los implicados detenidos, y las armas recuperadas.


Lo ocurrido no sorprendió, era esperable. Se ha ingresado en un nuevo escenario desde que Nicolás Maduro asumió su segundo mandato presidencial el 10 de enero, y la Asamblea Nacional (AN), en manos de la derecha, anunció que lo declaraba como usurpador y se auto-abrogaba un poder presidencial reconocido por los Estados Unidos (EE.UU.), el Grupo de Lima –a excepción de México– Canadá y Ecuador –país donde se ha desencadenado una persecución contra migrantes venezolanos.


Ese nuevo escenario tiene elementos de lo ya conocido, así como características particulares. Lo ya conocido: es la tercera vez desde el 2016 que la AN declara el no reconocimiento de la envestidura presidencial, llama a movilizaciones para sacar por la fuerza al gobierno electo, y no es la primera vez que se dan acciones militares de esta naturaleza: existe un hilo de conspiraciones golpistas dentro de la Fanb que han sido desactivados en los últimos años.


Lo novedoso es el momento y las cartas que hay sobre la mesa. El momento es de la luz verde dada desde los EE.UU., la oficialización de un intento de gobierno paralelo e ilegal encarnado por la AN, un Tribunal Supremo de Justicia que opera desde Colombia y una Fiscal prófuga, reconocido legítimamente desde afuera, que podría intentar, como la ha sancionado en una ley, congelar/robar activos del Estado, llamar a una acción humanitaria, y que ya ha ofrecido una amnistía para militares y civiles que desarrollen el intento de Golpe de Estado.


El plan en marcha sobre esa base necesita sumar varios elementos. En primer lugar, la derecha, sin unidad pero direccionada desde fuera, requiere un nuevo liderazgo, papel que ha asumido Juan Guaidó, presidente de la AN. Se trata de un joven cuadro del partido Voluntad Popular, una de las principales fuerzas de oposición implicadas en la estrategia violenta del 2017.


En segundo lugar, necesita volver a movilizar a su base social, en crisis con su propia dirigencia desde agosto del 2017, cuando el chavismo logró la votación que puso en pie la Asamblea Nacional Constituyente. Para eso han estado llamando a los Cabildos Abiertos desde el 11 de enero, y anunciaron una movilización el 23 de enero para medir sus fuerzas y acelerar el cuadro.


En tercer lugar la derecha busca un elemento desencadenante, que seguramente tome la forma de una acción de alto impacto. En este punto se puede enmarcar la acción de la madrugada de ayer, presiones para quebrar a la Fanb, un posible hecho violento el 23 de enero, así como actos encabezados por sectores armados entrenados en Venezuela y Colombia. El intento de asesinato de Nicolás Maduro y la dirección de la Fanb en agosto del 2018 con dos drones es parte de esa trama.


En cuanto a lo internacional se encuentra el cerco construido en cada una de las fronteras venezolanas: Colombia, Brasil y Guayana Esequiba. El elemento más preocupante continúa del lado colombiano, desde donde se apoya la estrategia paramilitar, y se ha venido construyendo un discurso –en articulación con medios y políticos venezolanos– para afirmar que el gobierno de Maduro ampara grupos armados colombianos en Venezuela, y se han denunciado en los últimos meses supuestas incursiones militares venezolanas del lado colombiano.
Esas variables se encuentran en movimiento y tensión creciente. Ante eso se enfrenta el gobierno, y en términos más amplios el chavismo. La última vez que un escenario similar se presentó fue en el 2017. Se sabe, por análisis de funcionamiento de los ataques, que cada nuevo intento es más violento e incluye más variables que el anterior. Las estrategias tienen lógicas, claves, ritmos.


Los elementos de fortaleza del chavismo residen en la unidad que se ha logrado mantener, fortalecida ante un ataque como este, la capacidad de movilización, y la riqueza de su tejido social que abarca comunas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Milicia Nacional Bolivariana, así como un gran sentido de pertenencia popular. La derecha apuesta a romper esa unidad.


Otra fortaleza del chavismo se encuentra en la articulación geopolítica que se ha construido en vista de un continente en su mayoría en mano de derechas revanchistas subordinadas a los EE.UU., y de un conflicto entre grandes potencias. El gobierno ha fortalecido vínculos con Rusia y China en particular, enmarcando a su vez la pelea por Venezuela en la gran pelea internacional. Eso ha significado apoyos diplomáticos, económicos y militares.


La principal fragilidad está en lo económico, por la acumulación de años de retroceso, la situación actual, y las perspectivas. Las causas pueden encontrarse en la combinación de bloqueo financiero cada vez más amplio, la toma de espacios claves por sectores corruptos –Maduro las nombró como “mafias de la corrupción”–, la caída de producción de petróleo articulada al bloqueo y la corrupción que a su vez crea nuevos negocios, la estructura interna de la economía venezolana, y la falta de claridad respecto a cómo resolver la situación.
Con estas variables nacionales e internacionales, políticas y económicas, resulta difícil pronosticar cuáles serán posibles desenlaces. El chavismo dará la pelea, con sus contradicciones, potencias y pasiones alegres. La decisión final de hasta dónde avanzar en el asalto dependerá del desarrollo de las variables, y de la decisión de quienes conducen los hilos, los discursos, y financian las acciones, es decir, los EE.UU.

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El exilio es un arma que mata en vida

Una reflexión desde vivencias ajenas del propósito de fondo que busca el poder reinante en una sociedad dada, con el exilio de quienes lo confrontan. Las transformaciones que suscita en quien lo padece.

Hay un mal estatal que acaba silenciosamente la vida de las personas, aquellas que no están de acuerdo con el actual modelo de sociedad, y que actúan para cambiarlo; no obstante, el Estado ha defendido la acumulación de capital y todos sus esquemas, hoy bajo la egida neoliberal en los campos económico, cultural, jurídico, mediático y educacional, así como en la combinación institucional y para institucional en el campo militar, con la violencia como eje transversal a todo su accionar.

 

En este caso es el exilio, herramienta silenciosa, empleada históricamente por el gobierno de las élites tradicionales, para bloquear a los sectores opositores al régimen imperante. La expulsión del territorio por vía –violencia– directa, obliga a la víctima a encontrar asilo en otro espacio y otra institucionalidad, para salvaguardar su vida y la de su familia, fragmentando su mundo interno por la irrupción súbita de un nuevo contexto socio-cultural, en muchas ocasiones radicalmente ajeno.

 

La condición de exiliado implica el desarraigo de la comunidad, la separación de un tejido social construido y re-elaborado con la experiencia. El exilio sacude los cimientos de la identidad que había sido construida en la práctica durante un tiempo prolongado y en un espacio determinado. Cuando se llega al país receptor, se deben comprender sus condiciones, prácticas, cultura y contexto para poder entablar una interacción adaptada a las nuevas exigencias del entorno, flexibilizando la identidad del sujeto exiliado, en el intento de no perder la que trae consigo, al tiempo que dialoga y toma lo que le exigen de la cultura receptora.

 

Pero, ¿por qué se exilia a una persona? ¿a quién se exilia? Principalmente, en nuestro país, la persona expulsada es aquella que critica el régimen imperante, a través del discurso y de la acción, buscando la manera de transformarlo, por lo que se denota un choque de intereses con la clase social que controla o incide directamente en el Estado, quien al tener el monopolio de la fuerza la emplea hacia esas voces críticas-opositoras.

 

Ahora bien, ¿por qué se menciona el carácter de arma silenciosa del Estado? Salvo en el caso de no ser una guerra inter-estatal, donde los pueblos que están en medio del conflicto armado deciden salir del territorio por miedo a ser asesinados por uno de los bandos en disputa; son los grupos armados para-estatales quienes presionan el exilio cuando el conflicto es interno. Los grupos paramilitares firman la amenaza, como presión psicológica que amedranta a quien la recibe, grupos armados fuera de la ley, por lo regular alineados con la defensa de los privilegiados del modelo económico, político y social imperante, lo cual les da un margen de acción más amplio.

 

Aquí destacamos algunos casos, como el del escritor Alfredo Molano, quien en su libro “Desterrados, crónicas del desarraigo” explica en la introducción cómo fue el proceso del exilio que padeció en 1998, a partir de sus columnas en el diario El Espectador acerca del paramilitarismo, sus masacres, sus vínculos con el narcotráfico y la fuerza pública, la crítica frente al gobierno de la época por su negligencia en no desarticular esos grupos armados, sus relatos del campesinado en las zonas de conflicto armado, y sus vivencias entre los cultivos de coca y el abandono estatal. “Mis artículos se hicieron muy críticos, en particular contra los paramilitares, que crecían masacrando campesinos, incendiando pueblos y asesinando selectivamente defensores de derechos humanos, crímenes cometidos todos en la más absoluta impunidad. Comencé entonces a recibir amenazas firmadas”.

 

Entre las amenazas directas recibidas por el académico, se encuentra este episodio días antes de exiliarse (2001) “Tres días después recibí una nueva carta en la que me advertían que los paramilitares no eran ‘desmontables’, como yo pedía, pero en cambio ellos si estaban dispuestos a desmantelar la ‘paraguerilla’, que le hacía más daño a las instituciones que los mismos guerrilleros”. En un editorial de El Espectador, también fue devuelta la respuesta que dio pie definitivamente a salir del país y llegar a Barcelona: “Tenemos pruebas fehacientes de que el señor Molano hace parte de la parasubversion, que no es enemigo de las autodefensas sino de la nación y que es un francotirador intelectual parcializado en sus juicios y sesgado en sus análisis”. Y remataba: “Señor Director, le reiteramos públicamente nuestro respeto por la libertad de expresión, la crítica y el disentimiento”.

 

Otro caso que traemos a colación, es del defensor de derechos humanos del departamento del Cesar, Guillermo Pérez Rangel, a quien la primera amenaza le llegó en 1997 por parte de los paramilitares en el municipio de Buena Seña (Sur de Bolívar) presionado a salir del municipio y dirigirse a Valledupar, después de participar en la organización de una movilización en contra de la explotación de oro que impulsaban varias multinacionales en aquel territorio.

 

En el 2014, cuando hacía las veces de defensor de las comunidades campesinas de la Serranía del Perijá, nuevamente fue blanco de las Autodefensas Gaitanistas quienes le señalaron como miembro de la insurgencia. Seguidamente, en el 2015, fue abordado por dos hombres armados quienes lo robaron y amenazaron. En junio del 2016, se vio presionado a ir a Bogotá cuando un día cualquiera le dieron plazo hasta las 3 de la tarde para irse de la casa. Actualmente fue elegido por su comunidad en la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, como secretario de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios.

 

El exilio no conoce edad ni género. Lola, es colombiana y trabaja en la ONG de Desarrollo Social en Europa1, dio a conocer su caso por medio de una entrevista. Frente a la pregunta ¿cómo fue su proceso de exilio?, respondió:

 

“No ha sido fácil abandonar la familia, el trabajo, el proceso social, y mi país donde lo tenía todo, para venir a partir de cero en una cultura que no es la mía, pero cuando uno está acostumbrado a luchar por un cambio social lo más importante es vincularse a las formas organizativas del país receptor para seguir apoyando las luchas de Colombia. Yo vine acogida por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, por seis meses, al regresar a mi país la situación se me complicó por lo que me tocó regresar. Aquí me vinculé a trabajar con las organizaciones de derechos humanos y el sindicato, integrándome muy bien y rápido en esta sociedad, me casé aquí y al año me dieron la nacionalidad. Eso ha permitido que mi desarraigo y exilio no sea tan duros, pues hago muchas de las cosas que hacía antes, seguir vinculada a un proceso social, apoyando las luchas y la defensa de los derechos humanos en Colombia”2.

 

¿Qué tienen de común estos tres ejemplos?

 

En estos tres ejemplos de exilio colombiano, se expone la causa esencial de violencia política, donde las élites y las comunidades se enfrentan en un conflicto histórico, donde los sectores empobrecidos son víctimas de las clases gobernantes –cuyos intereses antagónicos tienen amplias consecuencias colectivas e individuales–. Sin embargo, otro factor en común en los ejemplos es la no declinación de la postura política que asumieron y por la cual fueron perseguidos y exiliados.

 

La violencia política sigue prolongándose al identificar el periodo y los gobiernos que han pasado durante estos tres ejemplos, por no nombrar otros tantos que se registran en la historia de nuestro país desde principios del siglo XX.

 

Según la teoría del exilio, lo que se plantea al culminar el exilio del sujeto que vive un tiempo determinado en el Estado receptor, es la desaparición de las condiciones de la violencia política, tal como sucedió en los casos de exilio causado por las dictaduras militares vigentes en América Latina durante el siglo anterior, que al cerrar su ciclo y empezar la transición hacia la democracia representativa, las victimas del exilio en muchos casos retornaron a sus países. Un factor que incide en el retorno, es la legitimidad que crea el exiliado en el Estado receptor, que junto al nivel de relación sostenida con su país de originen influyen en la decisión de retornar o no, pues en el proceso de diálogo con el contexto social diferente a veces se produce una apropiación que redefine la identidad del exiliado.

 

Esto rodea, por supuesto, la culminación de la violencia política que desencadenó el exilio, siendo ésta la causa principal del retorno. Sin embargo, en el caso colombiano, la prolongación del conflicto armado, ahora su mutación con la actuación militar de las disidencias de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el aumento y mayor operatividad de los grupos paramilitares, el enfrentamiento entre las insurgencias del Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la agudización del conflicto social, la persecución y asesinato de líderes sociales, no hay proyección de luces que indiquen la pronta desaparición de las causas que llevan al exilio.

 

No obstante esto, a pesar de las implicaciones subjetivas y colectivas que produce el exilio, en el caso colombiano se presenta que las víctimas de la represión estatal, conviviendo en contextos socio-culturales totalmente diferentes, continúan con el ejercicio organizativo y político. Con el exilio dentro o fuera del país, la víctima se mueve en una constante transformación individual que oscila entre la re-configuración de su identidad y la reafirmación de su postura política, siempre en la búsqueda de la desaparición de la violencia que le obligó a desplazarse contra su voluntad, para tener unas condiciones de vida diferentes y mejores en si y en las comunidades que dejó atrás.

 

* Comunicador social del Coordinador Nacional Agrario. Miembro de la Secretaría de Comunicación y Formación
1 Por seguridad se cita de esta manera a esta víctima del exilio político colombiano.
2 Lola, se encuentra en Europa sobreviviendo y apoyando las luchas de las comunidades en Colombia. Salió del país en Abril del 2005, regresa en diciembre de ese mismo año, pero tuvo que volver a exiliarse en abril del 2006.

 

Bibliografía

 

Molano, Alfredo (2001) Desterrados, crónicas del desarraigo. El Áncora, Editores. Bogotá.
Uribe, Maria Tila (2015) Los años escondidos, sueños y rebeldías en la década del veinte. Bogotá.
http://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/guillermo-perez-el-lider-campesino-de-cesar-que-luchas-por-el-territorio-206378

Publicado enEdición Nº246
Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
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