Miércoles, 22 Julio 2020 06:28

El colapso de EU, según Dmitry Orlov

Campamento de personas sin hogar junto al Ben Franklin Parkway, bulevar escénico que recorre el centro cultural de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.Foto Ap

La colapsología estudia en forma transdisciplinaria los riesgos de la caída de la civilización (sic) industrial y la "sociedad globalizada": distopía acuñada por Raphaël Stevens y Pablo Servigne, "Cómo se puede colapsar todo" (https://bit.ly/3hopHpY).

En su célebre libro Los cinco estadios del colapso (https://amzn.to/39jGHuE), de hace siete años, el gran pensador ruso-estadunidense Dmitry Orlov sustenta que las sociedades han ido más allá del punto de la sustentabilidad por lo que se mueven en un conjunto secuencial de cinco estadios de colapso: 1. Financiero; 2. Comercial; 3. Político; 4. Social; y 5. Cultural.

En un reciente escrito analiza la implosión de EU y comenta que sus cinco estadios se aplican, pero en reversa: viniendo en primer lugar su desmoronamiento cultural, seguido por su dislocación social, su disfuncionalidad política, su declive comercial y su espejismo financiero.

Dmitry Orlov es ingeniero de sistemas y fue testigo del colapso de la URSS que compara al de EU, que atribuyó a "una severa carestía de la producción del petróleo, al empeoramiento del déficit comercial foráneo, a un exagerado presupuesto militar, y a una discapacitante deuda foránea" (https://bit.ly/2OQkz1z).

Orlov explaya su abordaje del colapso de EU, a quien trata como un "imperio" que se basa en "los tres mismos pilares (sic) de otros imperios": cultura, ideología e historia (https://bit.ly/3jppdln).

  1. La cultura: Dmitry Orlov confunde cultura, como estamento de una civilización, con el vulgar “entretenimiento ( entertainment)” de los montajes de Hollywood y los latrocinios tóxicos de Netflix y su propaganda barata. EU carece de cultura y le sobra entrenamiento propagandístico.
  1. La ideología: la acumulación de una exagerada riqueza individual, en detrimento de la "comunidad", con tintes "blancos", y condimentada en forma hipócrita por el calvinismo selectivo de los WASP (blancos, protestantes anglosajones).
  1. La Historia: Dmitry Orlov coloca en relieve la "agresión territorial contra México" a quien despojó "una gran parte de su territorio" cuando EU llega a arrogarse el "triunfo" de la Segunda Guerra Mundial que pretende arrebatar a la URSS que venció a los alemanes.

Dmitry Orlov concluye: "qué se espera de una población cuyos íconos culturales son superhéroes que perdieron sus superpoderes, cuya ideología se basa en la creencia de la bondad del lucro inmundo que es hecho polvo debido a los abusos de la impresora de dólares, y cuyo bienestar se centra en recibir la limosna de la imprenta de dólares y cuya historia ha sido reducida a una letanía de atrocidades que ninguna humillación pública puede recomprar".

El colapso de EU fue previsto para este año 2020 por el gran pensador noruego Johan Galtung en su libro La caída del imperio estadunidense (https://goo.gl/gF3eYV), quien había previsto el derrumbe de la URSS con exagerada precisión (https://bit.ly/32HLbKk).

Nada menos que Paul Craig Roberts, secretario asistente del Tesoro de Reagan, exclama que "el colapso de EU no es más evitable", y cita justamente a Dmitry Orlov.

Paul Craig Roberts aduce que "una vez que el sustento de un país está desacreditado entre la nueva generación, el país colapsa".Se refiere a que 40 por ciento de los contestatarios son "blancos (sic), primordialmente demócratas y menores de 30 años de edad" (https://bit.ly/2E75FlH).

A mi juicio, a estos grandes pensadores prospectivistas les faltó agregar la dinámica demográfica y los grandes flujos migratorios que trastocan las correlaciones de fuerzas de un status quo inviable.

Debido a la cultura abolicionista nuclear que profeso, me perturba el destino y la posesión del pletórico arsenal nuclear de EU, en caso de su dislocación y/o balcanización (https://bit.ly/3jpqfOh).

Debido a la (des) composición del ejército de EU –constituido por más de 40 por ciento de sus minorías "afro" y mexicanos– es probable que el sector WASP, hoy a la defensiva, y sus aliados "evangelistas sionistas" (https://bit.ly/2WKpBRL), se queden con él.

Como sucedió con el colapso de la URSS cuando Rusia concentró su omnipotente arsenal nuclear de las partes cedidas por Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán.

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Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

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Viernes, 26 Junio 2020 06:31

Brasil: ¿un "hitlerismo tropical"?/I

Brasil: ¿un "hitlerismo tropical"?/I

Cuando Renato Aroeira, un caricaturista brasileño, dibujó a Jair Bolsonaro con un tarro de pintura negra haciendo intervenciones sobre la cruz roja, convirtiéndola en una esvástica ( Hakenkreuz) (bit.ly/37YTzWD), con un golpe de pincel captó y tocó varios procesos que tienen convulsionado a Brasil: el creciente despotismo y autoritarismo −que según algunos bordea ya con el fascismo− del errático gobierno de Bolsonaro (bit.ly/2ByWQ2J), su desastroso manejo de la pandemia del Covid-19 y su apología y blanqueamiento de la historia de la dictadura militar brasileña (1964-1985): el monero fue acusado de "calumnia y difamación del presidente de la república" con base en la Ley de la Seguridad Nacional que data aún de sus tiempos.

Aparte del virus que va infectando a la gente –y de paso al lenguaje "destruyendo la semántica, aislando el significado y trivializando la crisis" (bit.ly/37Xz0cW)−, parece rondar por el mundo también "un fantasma de las analogías". Un verdadero espíritu del tiempo ( Zeitgeist) de hacer apresuradas comparaciones históricas, sobre todo entre la Alemania de los 20/30, la Segunda Guerra Mundial y el presente. Un afán, en principio noble, que acompaña el auge global de la extrema derecha, de "sacar las lecciones de la historia" y "evitar repetir las tragedias y los errores del pasado", pero que a menudo oscurece más que explica. Esta búsqueda de paralelas que tuvo su clímax respecto a Donald Trump (bit.ly/2BC2gKt), está en curso igual respecto a Bolsonaro (bit.ly/382h699), gracias también –aparte de algunos ecos preocupantes: su desdeño a la democracia, sus políticas de odio, etcétera− a sus propias declaraciones en las que ensalzó a Hitler como "un gran estratega" (sic) o las de su ex ministro de Cultura que, con Wagner de fondo, plagió todo un discurso de Goebbels (bit.ly/2Z8SxmG). Así, para algunos, dada su conexión con sectores paramilitares −los modernos Sturmtruppen (bit.ly/2BGPFFB)− estamos observando "el ascenso de un hitlerismo tropical" (bit.ly/3dxnINO, bit.ly/2CGyhl2), él mismo es "un fascista del siglo veintiuno" (bit.ly/2VlyQau), “un Führer en Brasilia” (bit.ly/37XWn6o), o "un destructor de la democracia a la par con Hitler y Mussolini" (bit.ly/2B95TaM). No obstante, como apuntaba Richard J. Evans –historiador de la época y el biógrafo de Hitler− al margen de este uso y abuso de las comparaciones, "Por más nefastos que sean los ecos, no estamos reviviendo los años 30; en el siglo veintiuno las democracias caen de otras maneras. No habrá repetición directa" (bit.ly/3i30Nxi). Si la democracia en Brasil está agonizando, lo está haciendo a su propio modo y a su propio ritmo.

Más que al nazismo, incapaz, igual que Donald Trump (bit.ly/381da8L), de llevar a cabo una "sincronización de todos los sectores del Estado" ( Gleichs-chaltung), inmerso en conflictos internos e institucionales –dicho sea de paso he aquí un caso a qué nivel llegamos con las comparaciones: uno de los ministros bolsonaristas, el duodécimo en dejar el cargo, aludió a la pelea de su administración con el sector judicial, enfatizando su propia victimización (bit.ly/2NuUzIM), como... "La noche de los cristales rotos" ( Kristallnacht); mejor le habría quedado "La noche de los cuchillos largos" ( Nacht der langen Messer), pero incluso así, todo esto ya llegó ad absurdum...−, lo que trata de reconstruir Bolsonaro es el bloque de poder que estaba detrás del golpe de 1964 para qui-tar las restricciones puestas al capital durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, por más laxos que hayan sido(bit.ly/3i1Atnh). De allí la base material de su empuje revisionista para rescribir la historia de la dictadura como "un régimen democrático de fuerza" (sic) o de su defensa de sus verdugos y torturadores, un característico afán de la derecha actual que neutralizando el pasado, trata de normalizar la toxicidad de sus políticas del presente ( wapo.st/382oJMB).

La desastrosa política sanitaria es un buen ejemplo de esto: su negacionismo de la gravedad del coronavirus −la alusión al negacionismo del Holocausto aquí parece apropiada−, su menosprecio como "gripecita" (sic), su alentar a sus seguidores a no respetar medidas de aislamiento social e incluso "a invadir los hospitales" para demostrar "que no hay tantos enfermos" (sic) y –copiados de Donald Trump− los llamados a "volver a la normalidad" con los cuales "desarrollaba un discurso que invertía la realidad, que lo absolvía y endilgaba sobre otros las responsabilidades", un verdadero "discurso genocida" (sic) di-rigido a los ricos que controlan la economía y quieren volver a ganar dinero a cualquier precio (bit.ly/2Z7dKh8), no sólo expuso límites y fallas de su propio proyecto (bit.ly/2Yv48O4), sino simplemente puso en riesgo la salud y la vida de millones de brasileños. Brasil ya es el segundo país más afectado detrás de Estados Unidos con más de 50 mil muertos por el Covid-19, entre los que –muy en el tenor con el propio racismo de Bolsonaro− "lideran" los negros (bit.ly/3eBxVdE) y los indígenas del Amazonas al borde de un verdadero genocidio (bit.ly/2B8ZDji)−, algo que llevó a unos comentaristas –¡el espíritu del tiempo no nos deja en paz!− a comparar su actitud con la "falta de compasión" –una envenenada influencia de Nietzsche (bit.ly/3fSjlOY)− de los perpetradores del Holocausto, como Hans Frank, el nefasto jefe del Generalgouverment en la Polonia ocupada (bit.ly/3dwkoT9).

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Gobierno de facto en Bolivia anuncia elecciones para el 6 de septiembre

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que promulgará la Ley de Elecciones, para que se celebren el 6 de septiembre.

"Voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre", comunicó a través de un videomensaje. Áñez aseguró que no buscaba prorrogar su gestión, sino quería evitar elecciones en plena pandemia del coronavirus.

"La única razón por la que acepté hablar de postergación (para la fecha de votación) era para evitar una elección en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente", afirmó.

La líder del parlamento de Bolivia, Eva Copa, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo el viernes pasado que promulgará la ley que ordena realizar elecciones generales a más tardar en septiembre, si Áñez persiste en su negativa a firmar la norma.

El tira y afloja entre el Gobierno de facto y el parlamento sobre la ley de elecciones tenía en vilo a Bolivia, en un escenario con amenazas sindicales de protestas en demanda de los comicios y advertencias oficiales de represión policial y militar.

La ley motivo de la disputa dispone que el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación a realizarse en un plazo máximo de 127 computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir hasta el domingo 6 de septiembre, adoptando medidas de bioseguridad.

El 3 de mayo era la fecha original de los comicios, que resultaron suspendidos por la emergencia ante la pandemia de covid-19.

21 junio 2020

(Con información de Sputnik)

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Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

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 El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se saluda con el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, (de espaldas) este sábado. Y. Lage AFP

Manuel Marrero, ministro de Turismo desde 2004, accede a un cargo recuperado por la Constitución aprobada este año

Cuba recuperó la figura del primer ministro como parte del proceso de reorganización institucional que vive el país tras la reciente aprobación de una nueva Constitución. El Gobierno quiere tomar medidas con el objetivo de renovar las estructuras de poder y repartir las responsabilidades que durante décadas estuvieron concentradas en la figura del presidente, cargo que ostentaron sucesivamente Fidel y Raúl Castro. El nuevo primer ministro será Manuel Marrero, hasta ahora titular de la cartera de Turismo.

El nuevo cargo de primer ministro —que ocupó desde el triunfo de la revolución el propio Fidel Castro— fue eliminado en 1976 y ahora es reinstaurado a propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que eligió para acompañarle en el Gobierno a Manuel Marrero, el hombre que durante los últimos 17 años ha dirigido el Ministerio de Turismo, el sector más dinámico de la economía de la isla.

El Parlamento cubano, reunido ayer en La Habana, aprobó por unanimidad la propuesta de Marrero, a quien acompañarán como vice primeros ministros el histórico comandante Ramiro Valdés (87 años); así como Roberto Morales, actual vicepresidente del Consejo de Estado y exministro de Salud; la ministra Inés María Chapman; Ricardo Cabrisas, uno de los pesos pesados de la economía cubana; Alejandro Gil, actual ministro de Economía; y José Luis Tapia.

La designación de Manuel Marrero, de 56 años y arquitecto de formación, causó sorpresa en las esferas diplomáticas, pues pese a ser un hombre de confianza de Díaz-Canel —y también de Fidel Castro— y estar al frente del importante sector turístico, se especulaba con otros nombres más políticos para el cargo, como el de Roberto Morales o Inés María Chapman.

Marrero ha ocupado diversos cargos en el sector, desde la corporación turística Gaviota a la dirección de este ministerio económico clave, cuyo aporte al Producto Interior Bruto es de gran importancia en momentos de enormes dificultades económicas y cuando la ley Helms-Burton —que estipula el embargo de EE UU a la isla— ha provocado severos daños. Díaz-Canel destacó ante el Parlamento la “honestidad, capacidad de trabajo y fidelidad al Partido y a la Revolución”, junto con la “rica experiencia en negociación con contrapartes extranjeras” de Marrero, informa Efe.

En la etapa del presidente estadounidense Barack Obama, el turismo experimentó en Cuba un auge considerable, pero con la eliminación de los cruceros y los vuelos directos por parte de la Administración de Donald Trump las expectativas de crecimiento se han visto muy perjudicadas, y ha sido precisamente Marrero una de las personas clave para enfrentar esta situación.

El Parlamento también designó ayer a nuevos ministros de Trabajo y Seguridad Social (Marta Elena Feito); Industria Alimentaria (Jorge Santiago Sobrino); Industrias (Eloy Álvarez); y Energía y Minas (Nicolás Arrente). Todos los anteriores, son carteras consideradas de gran importancia en la actual coyuntura económica que atraviesa la isla.

Asimismo, ha cambiado la jefatura del Banco Central de Cuba (BCC), cargo que ocupará Martha Sabina. Será ministra-presidenta de la entidad financiera que desde 2017 dirigía Irma Margarita Martínez.

Por MAURICIO VICENT

La Habana 21 DIC 2019 - 15:43 COT

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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Cuarta semana de protestas en Chile se inicia con llamado a huelga general

Santiago. La cuarta semana de crisis política y social en Chile comenzará con un nuevo llamado a mantener la movilización social y con la proyección de una huelga general para el martes 12, en tanto que la noche del domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el gobierno tomó la decisión de "iniciar el camino" hacia una nueva Constitución política, a través de un Congreso Constituyente.

Es la primera vez que la administración, luego de varias semanas de crisis, dice abrirse a la gestación de una nueva Constitución.

Las declaraciones de Blumel se dieron luego de una reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos.

"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Carta Magna. Entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer pensando en el país."

La mejor fórmula es una asamblea constituyente

Agregó: "El mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar en un proceso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante".

Apenas ayer, Piñera, en una entrevista con el conservador diario El Mercurio, había insistido en que estaba disponible para modificaciones a la actual Constitución, pero no en una nueva Carta Magna.

Sindicatos alientan paro

Mientras tanto, desde la organización denominada Mesa de Unidad Social, surgida al calor de la protestas de las últimas semanas, se afirmó que representantes de sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, educación, salud, agricultura, agroindustria y públicos, entre otros, se decidió a convocar a una huelga general para mañana martes.

"Se va a llamar a todas las organizaciones sindicales a paralizar el país, para exigir el petitorio que está construido, y tiene como demandas principales una nueva Constitución y una asamblea constituyente”, establece el dirigente Mario Villanueva, de la organización No más AFP, que rechaza el sistema privado de pensiones.

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Decenas de miles de argelinos en la calle

Una movilización masiva crece sin pausa desde que arrancó el pasado viernes gracias a las redes sociales y que responde al hartazgo de una sociedad decepcionada con un régimen anacrónico e incapaz de atajar la aguda crisis económica.

 

Decenas de miles de argelinos desbordaron ayer la calles del país para protestar por la decisión de su presidente, Abdelaziz Buteflika, de aspirar a un quinto mandato consecutivo, envueltos en banderas nacionales para señalar su patriotismo y asidos a cánticos ensayados en los estadios.


Una movilización masiva crece sin pausa desde que arrancara el pasado viernes gracias a las redes sociales, y que responde al hartazgo de una sociedad decepcionada con un régimen anacrónico y agotado, incapaz de atajar la aguda crisis económica que Argelia padece desde que en 2014 se desplomara el precio del petróleo. “Estamos aquí por dignidad. Por dignidad y por orgullo. Este es nuestro país y nos lo han robado. No queremos más a Buteflika y a quienes conspiran a su lado”, explicó a Amal, una funcionaria de mediana edad.
Residente en una de las zonas altas y acomodadas de la capital, Amal bajó en familia, con su marido, padres e hijos pequeños, para sumarse a las riadas de jóvenes y no tan jóvenes que concluida la oración preceptiva de los viernes (día sagrado musulmán) convergieron en la plaza de la Grand Post, en el centro de Argel. Otras mareas humanas, igualmente en ambiente festivo bajo el primaveral sol de Argel, desbordaron arterias como Krim Belkacem, que conduce hacia el Palacio del Pueblo, a la presidencia y la sede del gobierno, fuertemente custodiados.


El despliegue era especialmente intenso en el paseo marítimo a la altura del bulevar Zaghoud Youcef, en el que se encuentran el Parlamento y la sede de la gobernación de Argel, entre otros edificios oficiales. En el momento en el que cualquiera de las corrientes trataba de desviarse y eludir estos controles, la Policía, apoyada por unidades antidisturbios y cientos de agentes vestidos de civil, lanzaban botes de gas pimienta para frenar a los manifestantes.


“No pararemos, no hay nadie que pueda ya parar a un pueblo que ha decidido despertar y buscar su futuro”, explicó uno de los manifestantes. “No, no tenemos miedo. Las protestas son un derecho y no vamos a renunciar a ello. Necesitamos un cambio real y vamos a lograrlo”, insistió otro de los congregados, que como su colega prefirió no identificarse por seguridad. Las protestas contra las aspiraciones de Buteflika arrancaron el pasado viernes en Argel con la mayor marcha que se recuerda en la capital en la última década.


El martes, miles de estudiantes universitarios y de secundaria de todo el país marcharon igualmente contra la candidatura del anciano y enfermo mandatario, elegido hace ya dos décadas. El jueves, una veintena de periodistas fueron detenidos por la Policía –y liberados horas después– cuando protestaban en el centro de Argel contra el quinto mandato y la “represión del régimen a la libertad de prensa”. Horas después, el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, con un discurso alarmista, aludió a los días previos al estallido de la guerra civil (1992-2002), una época conocida como el “decenio negro” en la que murieron más de 300.000 personas y decenas de miles desaparecieron.


Ouyahia, que admitió que las protestas se asientan en una derecho constitucional, sacó asimismo a colación el inicio de la revuelta en Siria, que dijo “también empezó con rosas” en alusión a una foto de una argelina con una flor frente a la Policía que se ha hecho viral en redes.


La movilización, que hoy se repitió en la mayoría de ciudades del país, tiene lugar en ausencia del propio Buteflika, quien el pasado domingo fue trasladado a un hospital de Suiza para someterse a lo que el círculo de poder en Argelia califica de revisiones médicas rutinarias.


En la presidencia desde 1999, el mandatario, que este sábado cumple 82 años, sufrió en 2013 un agudo accidente cardiovascular que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente. Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministroS o de visitas de altos dignatarios extranjeros.


Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por “recaídas de salud” reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.


A las protestas se han unido la organización de intelectuales “Mutawana” (ciudadanía) y el Movimiento Social por la Paz (MSP), principal grupo islamista autorizado en Argelia, que considera el quinto mandato lesivo para el país.

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