Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Como el cangrejo. En Bogotá operan en la actualidad 124 comedores comunitarios que benefician a cerca de 35.700 personas, una cifra que ha disminuido entre los años 2016 y 2018 en un 17.24 por ciento, según lo reconoce la Personería. Los jardines y casas vecinales también presentan retroceso. La administración, con excusas, señala la presente como una coyuntura traumática, sin dejar de excusarase en la supuesta intensión oscura que prevalece en los procesos de contratación. ¿A qué juegan las instituciones y qué esperan las comunidades?

 

En Bogotá, desde el comienzo de la administración Peñalosa disminuyó la atención de jardines y comedores a los sectores populares. En efecto, entre marzo de 2017 y junio de 2018 se dejaron de entregar cerca de medio millón de raciones de alimentos a personas de escasos recursos. Así lo confirmó Carmen Teresa Castañeda, personera distrital. Realidad que confirma, una vez más, que una cosa es la campaña electoral y otra el gobierno.

 

Es una decisión con continuidad. Entre los meses de junio y julio de 2018 sólo estaban operando el 23.6 por ciento de todos los comedores de la ciudad, pues en estos meses fueron cerrados 90 de estos, dejando sin atención a 28.000 personas. Otra “decisión técnica” de Kike que por incompetencia dejó terminar los contratos de 110 comedores, excusándose en que perdieron la noción de la vigencia de la ley de garantías.

 

A todo esto debe sumarse que algunos comedores incluso llevan cuatro meses inoperantes, y 20 comedores no volverán a abrirse. Las localidades más afectadas son Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén. La culpa administrativa recae también en las alcaldías locales que tenían modalidades de contratación directa.

 

Los efectos del “receso obligado” también afectaron a 68 jardines, en especial los cofinanciados, los que representan el 15 por ciento de los cupos de la ciudad. Incluso con cierres a establecimientos para población especial, como los tres Centros Avanzar que desde comienzo de año y hasta agosto afectaron a 230 niños con discapacidades múltiples que quedaron sin la atención requerida. Cierres que se concretaron sin socialización previa con la población afectada. Es decir, estamos ante hechos consumados, ante un gobierno que impone y no discute ni concreta, mucho menos educa.

 

Qué dice la administración

 

La Secretaria Distrital de Integración Social (Sdis), a través de Juan Carlos Peña –director de nutrición y abastecimiento de la entidad–, explicó que la causa principal de la finalización de los contratos y los cambios de operador se dieron por el giro en el modelo de contratación del decreto 777 de 1992 al 092 de 2017, que rige actualmente. Pero 90 comedores vivieron esta situación de manera transitoria, 20 de manera definitiva, por condiciones inadecuadas para su manejo. Se ofertaron 114 en junio de los cuales 71 se declararon desiertos, por lo que se abrió otra licitación donde solo cinco quedaron por fuera. La medida técnica de urgencia fue suplir con la entrega de paquete alimentario o bono canjeable por alimentos.

 

Llama la atención que por medio de esta estrategia están excluyendo a las organizaciones sociales en los procesos de contratación para la prestación de estos servicios. La Administración Central alega que las condiciones locativas que ofrecen estas organizaciones no son óptimas, olvidando así que el lugar de muchos comedores no es el adecuado, precisamente porque en las zonas periféricas las infraestructuras son deficientes, y los arriendos que se logran no permiten modificar las casas de manera estructural.

 

Pese a esta realidad, la Administración insiste con estándares altos en lo referente a planta física a la hora del llamado para ofertar. Además, pide comprometer recursos en dinero para la ejecución en actividades en una proporción no inferior al 30 por ciento del valor total del convenio.

 

A su vez, los anexos técnicos elevan los estándares, haciendo que los operadores tengan que invertir sumas de dinero que sobrepasan su capacidad de endeudamiento. Las supervisiones de interventorías son estrictas en aspectos como salubridad, pero no tienen en cuenta otros aspectos, como son las actividades de inclusión y participación.

 

Modelo de contratación

 

El decreto que llevó a esta desatención con los sectores populares, el 092 de enero de 2017, fue firmado por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santa María y por Simón Gaviria, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su reglamentación sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, obliga a que ahora todas pasen por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En su articulado señala sobre la idoneidad y el proceso competitivo de selección, que se expresa en exigir estándares inalcanzables para las organizaciones sociales. Las organizaciones operadoras se quejan por su inexperiencia para el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que no existió un acompañamiento real para manejar la plataforma y subir las propuestas.

 

Entonces, la competencia es desigual frente a operadores con mayor margen de maniobra financiera. Los requerimientos técnicos implican un dinero que no tienen las organizaciones sociales. No pueden disponer de espacios físicos para adecuarlos a los criterios exigidos por la Administración, renuente a invertir como coparte. Debe recordarse que algunos de las organizaciones sociales funcionan en los mismos salones comunales de barrios periféricas, donde la gente ha construido sus barrios a puro pulso, y por lo tanto cuenta con infraestructuras deficientes. Además, los anexos técnicos complicaron tanto las cosas que ahogaron gradualmente a las organizaciones al incrementar las exigencias para poder contratar.

 

Sus voces

 

Para Elsa Melo, representante de la Asociación de Vecinos Solidarios (Avesol) que lleva 35 años de existencia y que tenía a cargo el comedor comunitario del barrio Atenas desde el comienzo del programa de comedores comunitarios, esto parece de ficción y señala “Los cambios se han venido agudizando, actualmente se le pide a la organización poner en dinero efectivo sobre el valor total del convenio. Algunos hemos tratado de argumentar que los espacios y la gente también son recursos que ponemos, pues una organización social no tiene un superávit financiero. No existieron procesos de formación sobre el manejo del Secop. Y las contingencias siempre fueron corriendo los tiempos. Lo curioso es que este cambio de contratación no comenzó con Peñalosa sino bajo la administración de Gustavo Petro que puso a todas las organizaciones a licitar”.

 

La contradicción con la misma administración progresista también encierra una paradoja sobre la política pública de estos gobiernos cuando están al frente de la ciudad, y sobre el empoderamiento de la gente beneficiaria de las agendas comunitarias. La historia nos cuenta que fue Bogotá sin Indiferencia quien implementó a gran escala una política para contener el hambre y la desnutrición en la ciudad. Los comedores superaban por decenas en algunas localidades.

 

En aquel momento, los anexos expresaban unos requerimientos no solo en la administración de alimentos sino para las actividades de inclusión. Se desarrollaron actividades para la formación y participación, pero siempre de manera confusa y tímida, sin mayor claridad sobre temas y metodologías. A pesar de algunos contratistas y personas del comedor, no existió en la Administración la voluntad de empoderar a las comunidades. Los requerimientos técnicos del nivel central, siempre con nuevas versiones y cambios de orientación, no contribuyeron a la construcción de un lineamiento claro sobre el quehacer en los comedores. Ni siquiera se aprovechó para esto la coyuntura presentada en el 2009, cuando se prohibió el aporte diario de los $500 por parte de los beneficiarios, exigiéndoles a los operadores consignar lo recaudado para que la comunidad definiera qué hacer con los recursos. Complicado fue reunir el dinero completo en la cuenta pues algunos operadores se enredaron con este cambio de política, más enredados aún con el proceso para poner de acuerdo a toda esa gente con el qué hacer con esa plata. Fue así como no se logró la participación y organización de la comunidad, y los proyectos de gestión e iniciativas productivas no pudieron sostenerse, e incluso en algunos casos generó conflictos entre integrantes.

 

Por su parte, Luis enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios (Epao), que también operaron comedores, identifica una política que desdeñó el proceso de inclusión social. “Lo político supeditó a lo técnico, nunca fue importante la organización ni priorizar lo social. Tampoco existió una formación política, ni siquiera para los profesionales de inclusión. Cuando la gente solo va a comer sin formación ni intencionalidad de organización social las cosas se naturalizan. Para la comunidad puede que sea impopular cerrar el comedor, pero la gente normaliza que no llegue el almuerzo a cambio del bono”.

De ser así, el futuro de los cierres de los comedores será naturalizado. Pero eso no quiere decir que la desnutrición y el hambre se hallan superado. La lección aprendida es que desde el asistencialismo no se fomenta la organización ni la autonomía de las gentes.

Publicado enEdición Nº250
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:39

El mecanismo o la teoría de los fractales

El mecanismo o la teoría de los fractales

Ruffo (Selton Mello) no entiende. El plomero le dice que el arreglo es fácil, que en un día soluciona el problema, pero que le costará 600 reales. “Tengo que pagarle a mi nieto y la tubería” explica el trabajador. “Pero ¿cuánto cuesta la tubería?” pregunta Ruffo asombrado por la cifra astronómica. Ochenta reales, responde el plomero. Más confundido, Ruffo cuestiona que le cobre 520 por un día de trabajo. El plomero sonríe con un gesto de decepción. “Eso quisiera”, dice. Ruffo sigue sin comprender y le pide que le explique lo que sucede. El plomero se resigna y le hace un cálculo frío: “mire, cincuenta para mi nieto y ciento cincuenta para mí, serían doscientos. Los trecientos cincuenta son para quien me recomendó este trabajo”. “¿Para quién?” interrumpe Ruffo. “El que le dio mi tarjeta.” “¿Alfredo, el empleado de Cloacas?”. Sí, para él, afirma el plomero (pero ahí no acaba la cadena) y continúa diciendo que el pobre Alfredo tampoco se queda con todo el dinero. Tiene que darle una parte a su jefe.

 

Días antes, cuando el agua pútrida comenzaba a rebosar al frente de su casa, Ruffo, detective de la Policía Federal obsesionado con debelar el mecanismo de la corrupción, había llamado a la empresa del acueducto (Cloacas) para que arreglaran la tubería dañada. Alfredo, el empleado que llegó para hacer la revisión, le dijo que el trabajo demoraría un mes, que era muy difícil, pero que si tenía afán podía comunicarse con el plomero que ahora Ruffo tenía enfrente. Ya entendió. En su mente se hizo un clic, una conexión, la sinapsis que le faltaba para comprender la generalidad de la corrupción. Alterado de la emoción, llega a su estudio para retomar la investigación que había dejado a medias. A su lado, la cámara enfoca por varios segundos a la hija, quien mira atenta la pantalla de una Tablet en la cual aparecen fractales que se repiten y se repiten. Esta imagen, la de los fractales, es sin dudas la que sintetiza toda la argumentación narrativa de El mecanismo, la cautivadora serie de Netflix producida por José Padilha (Narcos, Tropa élite) que narra los inicios de la investigación Lava Jato basándose en el libro Lava Jato: El juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto.

 

Fractales: el todo en la unidad y la unidad en el todo

 

Las imágenes de los fractales representan la idea de que el todo está contenido en la parte y la parte contiene el todo, en un movimiento infinito. Esto significa que, según se expresa en la serie, la corrupción del plomero es la parte de una corrupción a gran escala y a su vez el todo que la contiene y reproduce. Por eso Padihla dice que la corrupción no tiene ideología, porque permea tanto a la derecha como a la izquierda y el llamado centro. En parte tiene razón. La corrupción es inherente al sistema capitalista, sin ella no puede funcionar. La pregunta entonces es por el cómo.

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Ruffo es capaz de entregar su vida con tal de encontrar la respuesta y con tal de encarcelar a los responsables. Su primer objetivo (la parte del fractal que contiene al todo) es Roberto Ibrahim (Enrique Díaz) un cínico lavador de dinero que poco caso hace a las advertencias de Ruffo, quien constantemente lo amenaza con llevarlo a la cárcel. Ibrahim sabe, cosa que en principio el detective desconocía, que tiene aliados muy poderosos que lo sacarán de la cárcel en cualquier momento, como en efecto sucede. Pero es esa confianza la que lo hace cometer errores y va dejando pistas sobre sus aliados y movimientos fraudulentos. Errores que la sagaz investigadora Verena (Carol Abras), pupila de Ruffo, y su equipo rastrean como sabuesos siguiendo el rastro.

 

Mas llega un momento en que el espectador se pregunta por qué la manía enfermiza de Ruffo contra Ibrahim. ¿Será que hay un hombre en el mundo tan entregado a cumplir su labor por los valores de la honestidad y la rectitud, la defensa de lo público? Es posible que haya otra causa que explique la conducta del investigador, la cual se encuentra en el pasado común de los dos hombres. En varias ocasiones se nos dice que el lavador y el detective se han conocido de toda la vida, es más, vivieron en el mismo barrio y estudiaron juntos. Sin dar detalles, es posible imaginar a un Ibrahim lastimando profundamente a un Ruffo y salir bien librado de la situación. Esto, claro, es información que el espectador llena con su imaginación. Pero, de ser así, se podría pensar que nuestro héroe no es más que un vengador que sólo busca la propia satisfacción. No lucha contra la corrupción por la justicia social ni el bien común. Esta interpretación, sin embargo, merece contextualización. Si el detective actuara únicamente por los deseos de venganza, le bastaría con ver encarcelado a Ibrahim. Pero este va más allá, y, junto a Verena, utilizan al lavador para llegar a los peces gordos. Así, podría decirse entonces que el daño que posiblemente Ruffo recibió de Ibrahim, esa experiencia íntima, fue la puerta de entrada que lo llevó a luchar contra la injusticia y la corrupción.

 

Tan ínfimos como la gota que va fracturando la roca

 

Una de las preguntas más interesantes sobre el caso Lava Jato es ¿cómo un pequeño grupo de investigadores policiales dieron con uno de los casos de corrupción más importantes del mundo? Es decir, si arriba preguntamos por las motivaciones aquí la pregunta es por las capacidades. La serie cautiva en este sentido. Nos muestra en principio, claro, una gran pericia por parte de los investigadores que, por una camioneta, conectan a Ibrahim con el director de Petrobras, Joao Pedro Rangel (avatar de paulo Roberto Acosta), y a este a su vez con el Club de los 13, una estructura mafiosa compuestas por grandes empresas que se rotaban los contratos públicos y cuya cabeza es Ricardo Bretch (avatar de Mario Odebrecht). Esto en cuanto a las capacidades internas. Frente a las externas la serie muestra a un país, Brasil, dividido políticamente. Al respecto, si bien Padilha pretende ser fiel a su tesis de que la corrupción no tiene ideología, es claro el sesgo con el Partido de los Trabajadores y sus representantes insignia, como Lula da Silva y Dilma Rousseff. Poner en boca de Lula “hay que parar esta sangría”, cuando fue un miembro del partido opositor quien lo dijo, y pasear a Ibrahim en la campaña de Rousseff para reelegirse, no equilibra las cargas cuando tan sólo se dice que los partidos opositores también recibieron dinero de Odebrecht. Menos aun cuando la serie se estrena en plena contienda electoral.

 

Aún así, la serie nos muestra cómo esta confrontación entre opositores les va a permitir a los investigadores continuar con la investigación. Unos a otros se delatan y poco a poco van cayendo fichas claves. Esto recuerda el cinismo con el que el centro democrático acusa de corrupto al expresidente Santos cuando el actual presidente es cuestionado por el mismo hecho.

 

Otro factor determinante fue el juez paulo Rigo (avatar de Sergio Moro). En un momento determinante de las investigaciones el juez dudo si seguir o no. En su casa, meditando, escucha consignas y gran bullicio. El pueblo brasileño se levanta contra la corrupción. El juez sale y, inspirado por el clamor de la gente, decide continuar. Si bien una motivación muy admirable, es tal vez romántica y falta observar cuáles fueron los intereses (no necesariamente personales) del juez.

 

A pesar sus intentos por impedir la continuidad de la investigación son los mismos miembros del grupo de 13 los que la permiten, en especial Ricardo. Este, seguro de que su mecanismo de corrupción es indescifrable, resta importancia a los hechos y actúa como si nada pasara. Es su arrogancia entonces lo va a traicionar más adelante.

 

Por último, a este rompecabezas, sin embargo, le hace falta una pieza. El papel de la CIA en las respectivas investigaciones. Esto no se ve en la serie. No existe. Pero ¿será posible que hayan intervenido? Mucho. Si en el contexto político los conflictos fueron el caldo de cultivo que permitieron la germinación de la investigación, los conflictos económicos internacionales son el habitad natural. Recordemos que dentro de la región Brasil quería ocupar más y más espacios de control y liderazgo para hacerle frente a los Estados Unidos. Es muy posible que los contratos otorgados a empresas de Brasil hayan afectado gravemente los intereses de los empresarios norteamericanos. Aquí es donde cabe la pregunta sobre a ¿quién le conviene que empresas poderosas como Odebrecht caigan?

 

Sin embargo, este camino está lleno de baches, de peripecias, de obstáculos y dramas propios de la realidad que la serie intenta recoger lo mejor que puede, aunque en ocasiones queda la sensación de que no lo consigue, de que la realidad los superó y esta ficción sólo rosó su verdadera complejidad.

 

‘Yo siempre estoy aquí’

 

El mecanismo, que poco a poco toma forma, dilucida un aspecto fundamental del fenómeno de la corrupción. En una escena, luego de inflar los costos en las obras de una refinería, ante el busto del noble padre fundador de la empresa Miller&Bretch (avatar del grupo Odebrecht), Ibrahim le dice a Joao Pedro: “¿sabes lo que le dijo (el noble padre) al gobernador el día de la posesión? El gobernador lo encontró en la ceremonia –narra Ibrahim– ‘Amigo qué haces aquí’. El noble padre le respondió: Gobernador, yo estoy siempre aquí, ustedes son los que cambian’”. Cuando se destapa un caso de corrupción las figuras visibles son los políticos, las invisibles, los empresarios. El verdadero poder dentro de la maquinaria de la corrupción queda desenfocado y la opinión pública se queda con las caras de sus subordinados. Es bueno que una serie les ponga un rostro a estos empresarios.

 

El final de esta, luego de ocho capítulos, se da inicio a una historia que no dejará de sorprendernos e indignarnos. En la segunda temporada, de seguro, se descubrirá el esquema de corrupción de la empresa Miller&Bretch desde Brasil para el mundo. Ojalá la narración sea capaz de ser fiel a la realidad.

Publicado enEdición Nº250
Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Hacia un gasto público eficiente y equitativo

A finales del 2017 el Ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la Comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. El gasto público debe cumplir ambos propósitos de la mejor manera posible. Se trata de administrar bien los recursos del Estado (eficiencia) y de buscar que las personas menos favorecidas sean las más beneficiadas (equidad).

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo

 

En Colombia el gasto público es relativamente bajo. La gráfica compara algunos países de América Latina. En el 2016, Colombia y Perú tenían la menor participación del gasto público en el PIB. Los valores respectivos fueron 18,9 por ciento y 17,2. El promedio para América Latina fue de 22,5 por ciento, y en Brasil fue de 30,3. En los países desarrollados los porcentajes son más altos. En Europa el gasto público oscila alrededor del 40 por ciento del PIB. En Estados Unidos el porcentaje es similar. Frecuentemente se olvida que la modernización de los países ha ido a la par con un mayor gasto público. No es cierto, entonces, que en las economías avanzadas se haya reducido el tamaño del Estado. Todo lo contrario. Son economías donde el Estado interviene de manera significativa.

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Wagner afirmó que el gasto público, como porcentaje del PIB, crecería de manera permanente. Para el autor es inevitable que el gasto aumente, entre otras razones, porque la sociedad requiere que los bienes y los servicios públicos tengan una mayor cobertura y sean de mejor calidad. En las economías contemporáneas es claro que bienes tan importantes como la educación, la ciencia y la tecnología, y la salud, tienen costos marginales crecientes.

 

El ejemplo de la salud es relativamente claro. A principios del siglo XX, la ampliación de la esperanza de vida se logró mediante la ampliación de la cobertura de agua potable, la construcción de alcantarillados, el mejoramiento en las políticas de salud pública. Cuando la esperanza de vida alcanza los niveles actuales, la prolongación de cada año adicional tiene costos marginalmente crecientes, que son considerablemente mayores que los observados hace un siglo.

 

El gasto en educación también tiene costos marginales crecientes. El país puede ir mejorando su participación en pruebas internacionales como Pisa, pero para que la calidad mejore de manera significativa es indispensable superar un cierto nivel de gasto. En los colegios oficiales, en primaria, Colombia gasta al año 2 millones de pesos por niño. Este valor es de 8 millones en Chile, de 20 millones en Francia, de 45 millones en Luxemburgo. Frente a estos resultados, es evidente que el gasto en educación tiene que aumentar.

 

Consideraciones similares se podrían hacer sobre otros gastos como ciencia y tecnología, medio ambiente, infraestructura, asesoría técnica, etcétera. En todas estas áreas el gasto público tendría que aumentar de manera considerable.

 

Con el paso del tiempo la intuición de Wagner se ha cumplido en todos los países, y parece que la tendencia al aumento del gasto público como porcentaje del PIB es inexorable. Por esta razón algunos teóricos hablan de la “ley de Wagner”.

 

Frente a esta realidad tan contundente, la Comisión no podía proponer una disminución del gasto. La Comisión llama la atención sobre la posible agudización del desequilibrio fiscal. Este desbalance de las finanzas públicas se presenta por dos razones. Por un lado, es evidente que la última reforma tributaria se quedó corta, y que los ingresos esperados no se van a conseguir. Entre otras razones, porque al disminuir la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, la reforma terminó favoreciendo a los ricos. Y, por otro lado, porque el gasto público no va a bajar sino que continuará subiendo. El aumento del gasto junto con una reducción de los impuestos lleva a una agudización del desequilibrio fiscal.

 

Una forma de financiar los mayores gastos es una reforma tributaria que vuelva a subir, con criterios de progresividad, los impuestos a la renta y al patrimonio. Otra manera de financiarlo es potenciando las posibilidades fiscales de los gobiernos locales, especialmente de las ciudades grandes e intermedias, que tienen un margen de maniobra muy importante, y pueden mejorar de manera sustantiva la cobertura y la calidad de los servicios y bienes públicos locales. El nivel de tributación en las ciudades es relativamente bajo y podría subir. Sobre todo, es importante aumentar los prediales, pero de tal forma que los avalúos catastrales bajos tengan una tarifa reducida, y los inmuebles caros, una tarifa elevada.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los gobiernos locales, la ley 388 de 1997 dio un paso fundamental hacia la descentralización porque le brindó a los municipios (sobre todo grandes y medianos) la posibilidad de obtener recursos provenientes de las dinámicas del suelo y del urbanismo. Los municipios apenas están comenzando a ser conscientes de las potencialidades que tienen estas fuentes de ingresos.

 

Tal y como lo mostró la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los prediales son una fuente de recursos subutilizada en el país. Se debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la modernización y actualización de los catastros. Y, por el otro, en el desarrollo de mejores sistemas de cobro. En los municipios pequeños la instancia de cobro podría ser del orden nacional.

 

La eficiencia y la equidad

 

La Comisión recomienda que para mejorar la eficiencia del gasto, el país debe ir dando los pasos necesarios para que el presupuesto se ordene por programas. De esta manera la distribución de los recursos es más ordenada y, además, facilita el control al proceso de ejecución y a los resultados. La experiencia del presupuesto por programa ha sido bastante exitosa en Perú.

 

El presupuesto por programa tiene tres ventajas: i) Contribuye a ordenar la contabilidad. ii) Elimina la diferencia artificial hoy existente entre gastos de funcionamiento e inversión. iii) Permite articular bajo la sombrilla de cada programa a los gobiernos nacional y local (departamental y municipal). iv) No tiene las limitaciones que se derivan de las vigencias fiscales de un año.

 

Y en cuanto a la equidad, para la Comisión es claro que actualmente el gasto público está mal distribuido, y los pobres no están siendo los principales beneficiarios. Es inaceptable, como sucedió con Agro Ingreso Seguro, que los principales beneficiaros de los recursos públicos sean las personas de mayores ingresos.

 

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Publicado enEdición Nº242
Hallan en el desierto de Namibia un barco cargado con oro español y luso naufragado hace 500 años

Los restos de un barco portugués que desapareció en su camino hacia la India cargado de oro y otros tesoros hace unos 500 años han sido encontrados en una laguna artificial del desierto de Namibia, informa Fox News.


De acuerdo con la cadena, los trabajadores de la minería de diamantes Namdeb Diamond Corporation, hallaron el barco naufragado, conocido como 'Bom Jesus' (Buen Jesús) en abril del 2008. No obstante, los mineros cuando descubrieron trozos de metal, madera y tubos llamaron al arqueólogo Dieter Noli, para que se encargara de la exploración. Pero ni siquiera él sabía en ese momento lo grande del hallazgo.


Pasados ocho años el equipo dirigido por Noli pudo concluir que el barco, cargado con monedas de oro puro de España y Portugal, fue el que desapareció en el año 1533. El valor total de los tesoros encontrados a bordo se estima en unos 13 millones de dólares.
En medio de los restos el equipo también encontró cerca de 20.000 kilogramos de lingotes de cobre, que los arqueólogos creen que permitió al buque permanecer relativamente intacto todos estos años.


El servicio de seguridad de la mina de diamantes ahora protege los restos del barco naufragado, manteniendo su ubicación exacta en secreto, fuera de la vista del público. No obstante, la situación puede cambiar pronto, ya que hay planes para construir un museo dedicado al hallazgo.

Publicado enSociedad
"El fondo del mar, poco conocido, a diferencia de la superficie lunar"

Brest, Francia.

El relieve del fondo del mar, contrariamente al de la superficie lunar, sigue siendo poco conocido, lamentaron expertos internacionales en el Día Mundial de los Océanos.

"Es muy lamentable que al día de hoy no se sepa exactamente cómo es el fondo del mar", aseguró Françoise Gaill, investigadora francesa miembro de la plataforma Océano y Clima, una alianza de organizaciones no gubernamentales y científicos.

En la actualidad se conoce menos de 10 por ciento del relieve de los fondos marinos más allá de 200 metros de profundidad, según la Organización Nacional Francesa de Hidrografía (OHI). Cerca de dos tercios de la superficie del planeta están cubiertos de agua.

"No hay razón para que se conozca mejor la Luna que el fondo de los océanos", estimó Françoise Gaill. "Adquirir esos conocimientos es caro, pero todo es cuestión de prioridades", señaló, luego de indicar que el tema está este año en primer plano del Día Mundial de los Océanos, organizado por su plataforma y la Unesco.

Según un estudio estadunidense de 2001, sería posible cartografiar la totalidad de los fondos marinos más allá de 500 metros de profundidad, gracias a un solo barco oceanográfico que trabajaría 200 años. "Con 40 naves, llevaría un lustro", afirmó Walter Smith, geofísico de la agencia estadunidense oceánica y atmosférica (NOAA), al estimar el costo de la operación entre 2 mil y 3 mil millones de dólares.

"Puede parecer mucho, pero es menos de lo que prevé gastar la Nasa en su futura misión de exploración de Europa, la misteriosa luna de Júpiter", aseguró el científico.

"Tenemos una idea de los fondos marinos gracias a los satélites, pero no es demasiado precisa", señaló Thierry Schmitt, experto en batimetría de la marina francesa. "Sólo la adquisición de datos marinos mediante sondas acústicas permite disponer de mayor precisión. Pero se trata de técnicas generalmente lentas", estima el investigador. Consecuencia: las cajas negras del vuelo Air France AF447 desaparecido el primero de junio de 2009 fueron por ejemplo recuperadas tras 23 días a 3 mil 900 metros de profundidad en una zona particularmente caótica del océano Atlántico.

Cuando alguien cae al mar, una embarcación está en peligro o un avión cae al océano, hay que poder estimar los movimientos de las corrientes. Sin embargo, es difícil determinar modelos de las mismas en zonas donde el relieve marino es poco conocido”, explicó Walter Smith. "Esperar a que se estrelle un avión para cartografiar un área sería demasiado tarde".

Saber más permitirá preservar

 

Un mejor conocimiento de los fondos marinos permitiría además saber más sobre los recursos disponibles de cara a su explotación o preservación, el origen de los deslizamientos de terrenos submarinos y las olas ocasionadas por maremotos y huracanes.

Las disparidades en materia de conocimiento de los fondos marinos son importantes en el mundo. Más de 95 por ciento de las zonas de 200 metros de profundidad o menos en el suroeste del Pacífico y las regiones polares se conocen mal o se ignoran por completo, contra 30 por ciento de las del Reino Unido o 40 por ciento de Estados Unidos, según datos de 2013 del OHI.

El organismo advierte además sobre la reducción en 25 años de 35 por ciento de los medios náuticos de los estados costeros para desarrollar campañas de datos batimétricos.

"Las prioridades presupuestarias nacionales se concentran en otras áreas fuera de los medios navales e infraestructuras de investigación", lamentó Yves Guillam, del secretariado de la OHI, antes de observar que los beneficios económicos y ambientales de esas políticas sólo se concretan en el largo plazo.