Evo confía en su legado para ganar en octubre

La oposición presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años, pero sólo tiene ciertas expectativas con Carlos Mesa.

Bolivia plurinacional y descolonizada, ese país que “está en los ojos del mundo” como lo definió su canciller Diego Pary, avanza hacia sus elecciones del 20 de octubre. El gobierno de Evo Morales ratificó el rumbo con una premisa inequívoca: la autodeterminación. Acompañado por índices que le dan la razón en casi toda la economía, como el incremento de su PBI que seguirá creciendo en 2019. La oposición desflecada se presentará a los comicios que cuestiona porque se apoya en el referendo del 2016 cuando el presidente cayó derrotado. Esa limitación que le cerraba la posibilidad de ir por un cuarto mandato, fue sorteada en 2017 por el Tribunal Constitucional que lo habilitó para buscar su tercera reelección. La atomización de las fuerzas que enfrentarán al gobernante MAS podría sintetizarse en una frase reciente de uno de sus referentes, el empresario Samuel Doria Medina: “El enemigo no es Evo, es la dispersión del voto”.


Aún con múltiples factores que inciden en su complejidad, o lo que es igual, en la comprensión de lo que Bolivia significa hoy como modelo emergente, el país tiene un rumbo que se percibe con nitidez. La defensa de sus recursos naturales, el crecimiento de sus exportaciones –con el gas natural como estandarte-, una inflación acumulada en 2019 que ronda hasta ahora el 1 por ciento, la suba de las jubilaciones y la baja del desempleo que en 2018 llegó a su mínimo histórico (4,2 por ciento) son algunas de sus políticas. Todo eso conseguido en un contexto regional desfavorable.


La irrefutable dimensión de estas cifras, obliga a la oposición a centrarse en lo que considera una ilegítima candidatura de Morales. Pero en el camino hacia las presidenciales, sus expresiones más derechistas cometieron errores no forzados. Como la carta que doce diputados y senadores le enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que evitara la nueva postulación de Evo (ver aparte). Hasta el principal candidato opositor en las encuestas, el ex presidente Carlos Mesa, dijo que era “inaceptable” pedirle a EEUU que interponga sus “buenos oficios” en los asuntos internos de Bolivia. Dio una razón lógica según su perspectiva política: la carta le permite al gobierno “victimizarse”.


La oposición que presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años en el poder, solo tiene ciertas expectativas con Mesa. Algunas encuestas lo dan muy cerca del presidente en la intención de voto. Todos los aspirantes a ocupar la flamante Casa Grande del Pueblo (que desde 2018 reemplaza al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno) tuvieron que pasar por una polémica elección primaria en enero pasado en su propia fuerza. Hubo baja participación porque los presidenciables no competían contra nadie. Cada uno lo hizo por una formalidad legal. Esa movida política le permitió al oficialismo ratificar la candidatura de Evo, como para tomar envión.


Pero lo que marca el pulso de la campaña es que el gobierno siempre toma la iniciativa y fija los temas de discusión. El 31 de marzo pasado, Evo lanzó en Pando –al noroeste del país– el Plan 2030, que incluso es superador de la llamada Agenda Patriótica 2025. Como dijo el presidente, consiste en “la construcción de plantas de industrialización y gasoductos hidrocarburíferos hacia el Pacífico”.


En el mismo acto Morales negó que Bolivia estuviera aislada en el continente por apoyar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “No estamos solos, falsamente quiere decirlo alguna derecha: por apoyar a Maduro, a Venezuela, Bolivia se queda sola. Más bien, pueblos, gobiernos progresistas y estados soberanos apoyan estas políticas que permitan garantizar la paz y no estar con intervenciones militares y pensando en cómo dominar con cualquier pretexto nuestros recursos”.


El presidente aludía a socios estratégicos como Rusia e India. El mandatario de este último país, Ram Nath Kovind, llegó a Santa Cruz de la Sierra a fines de marzo con promesas de invertir en la industria del litio, el corredor ferroviario bioceánico, la salud, energía, tecnología y el desarrollo espacial. No fue una mera expresión de deseos del estado plurinacional. La ratificó la cancillería india en un comunicado: “El litio de Bolivia y nuestras necesidades proporcionan sinergias naturales. A medida que Bolivia se embarca en la industrialización de sus recursos, India es un socio dispuesto a suministrar conocimientos, tecnología y habilidades”.


Este contexto de expansión de la economía combinado con decisiones políticas fuertes, ya había sido anticipado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una visita a Moscú en febrero. Dijo frente a Vladimir Putin que “la presencia rusa en América del Sur no solamente es necesaria, es imprescindible”.


Las críticas al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se apoyó en el derecho a elegir y ser elegido que esgrimió Evo basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, parecen el único insumo que les queda a los opositores para llegar con chances electorales al 20 de octubre. El sábado último, antes de viajar a la Argentina para entrevistarse con Mauricio Macri, el líder del MAS se presentó en la Cancillería donde jugó cuatro partidas simultáneas en las Jornadas Estudiantiles de Ajedrez Presidente Evo. En una libre asociación de ideas entre el juego ciencia y los comicios que se vienen, declaró: “En las elecciones siempre hago jaque mate a la oposición”.
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Recesión en 2020 sería obstáculo para la reelección de Trump

Trump dejó atrás el alucinante engaño del Rusiagate –que en México intentó imitar en forma ridícula la "trama rusa" y la grotesca "Operación Berlín" (https://bit.ly/2UrdBVm), y cuyos palafreneros a los dos lados de la transfrontera exhiben sus fuertes vínculos con el megaespeculador George Soros–, donde jugó un papel decisivo su acercamiento con los Bush (https://bit.ly/2VdDFAx).

Trump tiene el camino libre para su relección, –gracias a errores estratégicos del maximalismo del Partido Demócrata que buscaba el impeachment al precio que fuere–, si logra sortear dos obstáculos mayúsculos: 1. La Espada de Damocles de una recesión en 2020; y 2. Su guerra comercial contra China, que resultó contraproducente (https://bit.ly/2EYvjFO), cuando Pekín puede prolongar las negociaciones para dañar a Trump o acelerarlas para beneficiarlo.

Aún le quedan líos legales a Trump por su conducta sicalíptica y sus tratativas mafiosas con su organización inmobiliaria, pero no son determinantes como un impeachment, salvo en su catarsis cacofónica y afónica.

La popularidad con la opinión pública (que favorece el esquema del Partido Demócrata) es inoperante en el sistema decimonónico del Colegio Electoral de Estados Unidos (de votos fijos por Estado, que favorece al Partido Republicano), lo cual suele ser confundido por la mercenaria industria de las encuestas y los ratings falsificados.

Se detecta cierta angustia del margen de maniobra de Trump frente a la recesión, que hoy se vislumbra como una acelerada ralentización de la economía, por lo que ha recurrido a su carta existencial y electorera de corte supremacista fundamentalista blanco (https://bit.ly/2JFEXmC): la amenaza de cerrar la frontera con México para detener la enésima ola migratoria de Centroamérica.

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, exigió el recorte "inmediato (sic)" de las tasas de interés de 0.5 por ciento por la Reserva Federal a quien, a su juicio, se le ha pasado la mano restrictiva, al no existir inflación, lo cual puede empujar a EU a una intolerable recesión antes del 3 de noviembre de 2020 (https://nyti.ms/2OEUXE8).

La tensión de Trump con Jay Powell, gobernador de la Reserva Federal, ha llegado al enfrentamiento público. Trump ha insinuado nominar a Stephen Moore al Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal.

Stephen Moore, acérrimo enemigo de Jay Powell de quien ha exigido su expulsión, aboga por un recorte sustancial de la tasa de interés, cuando la inflación ha sido menor a la esperada.

The Financial Times (29/03/19) –vinculado, con The Economist, al grupo británico Pearson, donde predomina la banca Rothschild, aliada de George Soros y archienemigos ambos de Trump– alega que los "signos ominosos" contra la relección de Trump vienen del lado del "mercado de los bonos" cuyo rendimiento a 10 años cayó a su más bajo nivel desde 2017 (la "curva invertida" del "rendimiento negativo" de los Bonos del Tesoro) que presagian que la Reserva Federal será obligada a recortar las tasas de interés para apuntalar la economía.

Según FT, Trump "ancla firmemente sus prospectos de relección con la Bolsa de Valores y la expansión económica" que ha roto su "récord de longevidad".

Gregory Daco, economista en jefe en EU de Oxford Economics, asienta que el "mercado de los bonos refleja el temor creciente de que el próximo estadio de este ciclo es una recesión".

No es ningún secreto aseverar que existe una fuerte correlación entre la situación económica y la relección de un presidente en EU, como le sucedió adversamente a Daddy Bush.

Trump puede negociar in extremis un acuerdo favorable con China, pero donde se le dificulta su margen de maniobrabilidad es en posponer la recesión, más de carácter estructural, después del primer martes de noviembre de 2020.

Recesión habrá, porque así son los estructurales ciclos económicos. Solamente faltará saber si ocurre antes o después del 3 de noviembre. Trump hará lo imposible para que sea después, con el fin de reelegirse.

Dejo de lado que la recesión afectará inexorablemente a México y al mundo.

AlfredoJalife.com

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Evo Morales será candidato en Bolivia pese a haber perdido la consulta sobre la reelección

Carlos Mesa, expresidente y aspirante opositor, califica la decisión del tribunal electoral de "herida de muerte a la democracia"

En medio de críticas y protestas de la oposición, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inscribió el martes por la noche a los candidatos Evo Morales y Álvaro García para optar a un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2019. Los opositores buscaban que la autoridad electoral impidiera esta inscripción basándose en la Constitución, la cual limita la cantidad de veces que los primeros mandatarios pueden ser reelectos, y en el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, el cual rechazó una reforma propuesta por el oficialismo y destinada a eliminar la limitación constituciona sobre la reelecciónl.


Dos vocales del Tribunal Electoral votaron según este argumento y en contra de la inscripción de Morales y García Linera. Pero otros cuatro vocales la autorizaron, lo que fue calificado por el principal candidato opositor, el expresidente Carlos Mesa, como “una herida de muerte a la democracia”. Otros líderes opositores hablaron de un “golpe de Estado” institucional y del comienzo de una “dictadura” en Bolivia.


El oficialismo justifica la nueva postulación de sus candidatos, que gobiernan el país desde 2006, en un fallo del Tribunal Constitucional, el cual estableció la suspensión de las limitaciones constitucionales a la reelección con el argumento de que las mismas coartan el “derecho humano” de todo ciudadano a elegir y ser electo. Evo Morales ha manifestado que perdió el referendo de 2016 por culpa de una “mentira” respecto a sus relaciones con una exnovia que fue procesada por enriquecimiento ilícito. García Linera recordó hace poco que la diferencia en dicho referendo fue muy estrecha (51% dijo “no”y el 49% “sí” a la reelección), por lo que no se está obrando “contra el pueblo”, y, en una entrevista con este periódico, señaló que para el movimiento popular y los indígenas prescindir de Evo “sería un suicidio político”, ya que este carismático líder encarna el proceso de acumulación de fuerzas que la izquierda boliviana viene realizando desde 2006.


Varias protestas callejeras y marchas de largo aliento se vienen realizando para rechazar esa decisión y mañana está convocado un paro laboral en las principales ciudades en contra de la participación de Morales en unas elecciones en las que -por lo que se sabe hasta ahora- enfrentará a siete frentes opositores.

Por Fernando Molina
La Paz 5 DIC 2018 - 18:46 COT

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Maduro fue reelecto, Falcón no lo reconoció

El mandatario venezolano ganó con un 67,7 por ciento de votos frente al 21,1 por ciento de su principal rival, Henri Falcón. La participación fue del 46 por ciento, en una jornada marcada por el llamado opositor a la abstención.

Nicolás Maduro renovó su presidencia de la República Bolivariana de Venezuela tras triunfar en los comicios que se realizaron ayer. Según el parte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que leyó su titular, Tibisay Lucena, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 5.823.728 millones de votos (67,7 %) en tanto que su principal contrincante, Henri Falcón, consiguió 1.820.728 (21,2 %). El porcentaje de participación del padrón ascendió, al cierre de esta edición, al 46.01 por ciento y según las proyecciones llegaría al 48 por ciento. En ese marco, Falcón desconoció los resultados y aseguró que Maduro carece de legitimidad sumándose así al discurso que tuvo el resto de los partidos opositores que se negaron a competir y llamaron a la abstensión. Ello no evitó la fiesta del chavismo: una verdadera multitud esperó el resultado en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. Maduro, acompañado de su esposa Cilia Flores, aseguró a la militancia que “volvimos a ganar, a triunfar. Somos la fuerza de la historia que enfrenta todos los retos y desafíos que los hemos convertido en victoria popular y permanente”.


Así, Maduro será el presidente de Venezuela hasta 2025 (el mandato empieza en enero de 2019). “Tomen nota, esta es la victoria 22 en 19 años conquistada en base a la conciencia, el movimiento de pueblo luchador. Cuánto subestimaron al pueblo, cuántos me subestimaron a mi pero aquí estamos, victoriosos otra vez”, indicó el presidente reelecto. Incluso recordó que esta es la cuarta victoria seguida desde aquella derrota cuando la oposición se hizo del control de la Asamblea Nacional (legislatura). Maduro señaló que obtuvo el 68 por ciento de los votos y advirtió que Falcón desconoció el resultado cuando todavía no se conocían. “Eso falta de honor”, señaló para repetir que su candidatura ganó con 68 por ciento y superó a Falcón por 47 por ciento. Todos datos para contrarrestar el discurso opositor que apostó al abstensionismo y así señalar una supuesta falta de legitimidad. A pesar de ello, anoche Maduro durante su discurso de victoria igual convocó a un proceso de diálogo nacional y también se comprometió a “activar los motores de la economía para generar la inclusión social”.


El opositor Falcón no esperó el parte oficial para presentarse ante los medios de comunicación para afirmar que “este proceso electoral carece de legitimidad y desconozco el resultado” del escrutinio que al momento en que habló todavía no se conocía aunque debía contar con el informe de sus propios fiscales. Aseguró que realizó una infinita cantidad de denuncias ante el CNE por irregularidades en el comicio pero que no obtuvieron respuestas. Señaló como responsable de estos hechos al gobierno y al PSUV y por eso afirmó que “para nosotros no hubo elecciones y se deben hacer otras nuevas”. Una declaración que lo terminó por sumar a la estrategia del resto de los partidos opositores que habían desistido de participar para deslegitimar la elección presidencial.


El día después


La continuidad del gobierno de Maduro a partir del triunfo no implica necesariamente la descompresión inmediata del conflicto político económico. En todo caso abre caminos para explorar lo que el propio presidente vino anticipando en su discurso en la campaña e incluso ayer que gira alrededor de una convocatoria al diálogo, al perdón y a un proceso de reconciliación nacional con todos los sectores políticos, económicos y sociales de Venezuela. Sin duda, entre ese universo al que hace referencia están los partidos de la oposición, los que de alguna manera moderaron su postura como el Frente Amplio Venezuela Libre donde conviven Acción Democrática y Primero Justicia. Pero también están lo más radicalizados como Soy Venezuela que apuestan a la destrucción total del chavismo y entre sus opciones incluyen la intervención militar extranjera.


La propuesta lanzada por Maduro implica la tarea de resolver la peor de las crisis económicas que recuerda Venezuela donde la inflación y la destructiva corrida cambiaria destruyeron y lo hacen aún el poder adquisitivo de los venezolanos en general pero fundamentalmente a las clases sociales más bajas. Por ahora el abastecimiento está más o menos controlado a través de la implementación de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), surgido a partir de un acuerdo con el gobierno de Turquía, le quitó un peso a la tensión que vive la sociedad de este país pero el gobierno sabe que eso no alcanza y tal vez por eso Maduro adelantó algunos items que incluirá la propuesta lanzada al mundo político en particular pero que también incluye a sindicatos, las iglesias y sobre todo los empresarios.


El presidente buscó ayer ganar el escenario mediático al votar a las seis de la mañana en punto cuando se abrieron las mesas electorales. Luego de emitir su voto, Maduro planteó ante los medios de comunicación su decisión de “cambiar muchas cosas” dentro de su gobierno y entre ellas deslizó que pretende modificar los “métodos” pero no dio más pistas. Luego sostuvo que con todos los sectores convocados a este proceso de reconciliación buscará “perfeccionar ese cambio”. Bien podría considerarse que Maduro hace referencia a una revolución dentro de la revolución pero no dio cuenta de los límites ni de los puntos que incluirá pero todo deberá hacerse, según sus palabras, en el marco de un diálogo franco y en pos de la paz del país latinoamericano.


La situación económica será uno de los ejes y problemas a resolver en el proceso que impulsa el chavismo. Maduro lo dijo: “Queremos una nueva economía porque la actual fue infectada de neoliberalismo” y agregó que “debemos instalar un nuevo sistema de precios para que no nos roben”. No avanzó más pero la ausencia de la palabra “socialismo” en el discurso de Maduro pero también de todos sus ministros, dirigentes del Partidos Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) e incluso simples militantes, abre interrogantes sobre el perfil del nuevo mandato presidencial. Es probable que sea parte de la táctica para estos tiempos aciagos y en el marco de la propuesta lanzada. Una de las incógnitas que se develarán con el correr del tiempo.


Lo cierto es que a partir de hoy poco habrá cambiado para el venezolano pero no es para despreciar contar con una perspectiva o una alternativa a explorar para salir de la crisis. En la madrugada del domingo, cuando todavía no se habían abierto los centros electorales una mujer de unos cincuenta largos sintetizó para PáginaI12 lo que podía ocurrir en las elecciones y después de ellas: “Si perdemos será un peo (problema) y si ganamos... también”, dijo y agregó “pero los chavistas estamos para esa vaina, para enfrentar y seguir pa’lante”, señaló con una amplia sonrisa.

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Lunes, 12 Marzo 2018 08:36

Xi Jinping, por tiempo indefinido

Xi Jinping, por tiempo indefinido

Xi, de 64 años y presidente desde 2013, podrá ser el líder de China más allá de 2023 tras la aprobación de una enmienda constitucional que establece la reelección indefinida. Aumenta el presupuesto de Defensa para este año.

 

En una votación histórica, la Asamblea Nacional Popular de China (ANP) aprobó ayer la posibilidad de que el presidente Xi Jinping pueda permanecer en el cargo de forma indefinida. El Partido Comunista chino (PCCh) ya había puesto al actual jefe del Estado al nivel de los máximos líderes del país, además de inscribir su pensamiento y teorías en la Carta Magna.


Sin sorpresas y con respaldo casi total, la sesión plenaria del Parlamento chino aprobó en una sola votación el conjunto de 21 enmiendas constitucionales propuestas, entre las que figura la eliminación del límite de dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno para los presidentes del país. El resultado fue de 2.958 votos a favor, 2 en contra y tres abstenciones, informó la agencia oficial de noticias china, XInhua.


Xi, de 64 años y presidente desde 2013, podrá ser el líder del país más allá de 2023 y el que logre más años de servicio al frente de la primera magistratura. La movida no tuvo en cuenta las críticas de algunos sectores de la sociedad, mucho menos del extranjero.


En las últimas décadas y para el PCCh la edad de retiro o jubilación para sus líderes es de 68 años, aunque nunca fue letra escrita. Los dos anteriores presidentes dejaron el cargo tras diez años repartidos en dos mandatos: Jiang Zemin (1993-2003) y Hu Jintao (2003-2013). La actual Constitución china, que entró en vigor en 1982, había sido enmendada por última vez en 2004.
El retorno a un liderazgo indefinido es una ruptura con el sistema creado por el ex presidente Deng Xiaoping, que establecía un poder con límites temporales para los altos cargos, a fin de evitar la acumulación del poder personal de la época de Mao (1949-1976).


Otra de las enmiendas aprobadas convierte a Xi en un presidente con un poder comparable al del Gran Timonel chino al incluir en la Carta Magna china las tesis políticas de Xi sobre el desarrollo del “socialismo con características chinas en una nueva era”.


En sólo cinco años, Xi logró un nivel de poder y reconocimiento comparable sólo al del fundador de la China comunista.


“La Constitución siempre ha sido muy clara y consecuente con el liderazgo del PCCh. Al escribir la nueva oración en la Constitución, el principio se fortaleció, profundizó y amplió”, dijo ayer Shen Chunyao, presidente de la Comisión para Asuntos Legislativos del Comité Nacional del 12° Congreso Nacional del Pueblo, en una rueda de prensa.


“La revisión refleja la naturaleza fundamental, integral y contemporánea del liderazgo del partido, que lo ejerce sobre todas las áreas de actividad en cada parte del país”, aclaró Shen.


En octubre pasado, durante el 19º Congreso Nacional del Partido, se elevó el estatus de Xi al incluir en la carta del partido su herencia ideológica, algo que sólo había sucedido con Mao y Deng.
Ahora su “Pensamiento sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era” quedó inscrito en la Constitución y, además de estudiarse en las escuelas, cualquier crítica a Xi podría ser considerada anticonstitucional.


Tras la votación, el presidente de la ANP, Zhang Dejiang, destacó la importancia de “defender el liderazgo centralizado y unificado” con Xi Jinping “en su núcleo”, tal como lo consideran en el partido.
La aprobación de las enmiendas constitucionales supone una consolidación aún mayor del poder de Xi, que justo termina su primer mandato de cinco años.


La Asamblea también anunció que habrá un aumento del 8,1% de su presupuesto de Defensa para el 2018, una aceleración de un punto respecto al año pasado y que responde a los vientos de rearme de Estados Unidos y Rusia. Serán 173.000 millones de dólares, según el informe del Ministerio de Finanzas.


También ayer se aprobó una nueva agencia anti-corrupción, la Comisión Nacional de Supervisión, que ampliará los poderes para vigilar a todos los empleados públicos, desde funcionarios y gerentes de empresas estatales hasta docentes, médicos y periodistas.


Según el diario hongkonés, South China Morning Post, los críticos la etiquetaron como una suerte de “cobertura legal” para seguir investigando y deteniendo sospechosos sin darles acceso a abogados, una práctica condenada por expertos legales y defensores de los derechos.


En los últimos años, Xi comandó una campaña contra la corrupción que castigó a más de 1,3 millones de funcionarios en cinco años, entre ellos algunos de sus adversarios políticos, según expusieron los medios extranjeros.


Xi está moldeando el orden mundial para colocarse como referente en medio de una Europa desunida, un Estados Unidos cerrado al mundo y una Rusia con nostalgia imperial. El objetivo de Xi a nivel mundial fue y es elevar a China como superpotencia y aumentar su poder económico con iniciativas como La Franja y la Ruta de la Seda, un corredor de comercio e infraestructura que unirá los continentes.

 

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Lenín Moreno cierra la puerta al regreso de Correa

Según el conteo rápido del órgano electoral, el presidente obtuvo la victoria en el referéndum de ayer. Una mayoría aprobó suprimir la reelección indefinida y reestructurar el órgano creado por el ex mandatario para nombrar autoridades.

 

Entre dos modelos de país, el que propone el actual mandatario Lenín Moreno y el que plantea el ex presidente Rafael Correa los ecuatorianos se inclinaron por el primero. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, una mayoría aprobó suprimir la reelección indefinida (64 por ciento frente a 35 por ciento), en el referéndum convocado por Moreno para cerrar el paso al poder a su ex aliado y antecesor. Los electores también aprobaron, con un 63 por ciento de los sufragios (37 por ciento para el No), reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supone una “descorreización” total del Estado.


La opción Sí en la consulta popular se impuso en las siete preguntas de acuerdo al escrutinio rápido difundido al cierre de esta edición por el órgano electoral. La pregunta que más apoyo obtuvo, con un 74 por ciento (frente a 26%), es la que señala que quienes hayan sido sentenciados por corrupción queden inhabilitados para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes. Los votantes también aprobaron por amplia mayoría derogar la ley aprobada por Correa para limitar la ganancia inmobiliaria.


Minutos después de conocerse estos resultados preliminares, el presidente, convertido en principal enemigo de Correa, celebró desde el Palacio de Carondelet la “clara y contundente victoria que ha tenido el Sí” en el referendo.


“La confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos”, expresó Moreno, quien sostiene que la consulta servirá para “profundizar la democracia”.


Por su parte, Correa, que pierde la opción¢n de regresar al poder en las presidenciales de 2021, felicitó sin embargo en un tuit a sus militantes, alegando que “ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual”.


“La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional. Hasta la victoria siempre!”, agregó el exmandatario.


La participación en la consulta popular fue del 74 por ciento, y la jornada transcurrió con “normalidad”, según indicó la presidenta del CNE, Nubia Villacís, tras el cierre del proceso al que estaban llamados 13 millones de los 16,7 millones de ecuatorianos.


Moreno votó en una universidad del norte de Quito. Tras sugragar, el mandatario se mostró confiado de ganar, tal como lo anticipaban los sondeos. “Las decisiones que tomamos el día de hoy van a ser trascendentales para el futuro del país, para que nuestros niños vivan protegidos, para que las personas corruptas no vuelvan a burlarse de nosotros (...) por el cuidado a la naturaleza, por la reactivación económica”, sostuvo.


Moreno –vicepresidente entre 2007 y 2013– resultó vencedor en la pregunta que plantea una única reelección presidencial, con lo cual Correa pierde la opción de regresar el poder en las presidenciales de 2021.


Lenín Moreno se convirtió tras llegar a la presidencia en mayo pasado en un feroz crítico de su antecesor, líder del “Socialismo del siglo XXI”, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto.


El mandatario convocó este referendo de siete preguntas, en una clara invitación a entrar en la era del postcorreísmo. Además se propone reestructurar el órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondrá un cambio radical a favor de su línea de gobierno.


Correa, quien está en Ecuador desde enero haciendo campaña por el No –actualmente vive en Bélgica con su familia– dijo a la prensa al cierre de las urnas que “los que conocemos la historia ecuatoriana sabemos que la situación puede cambiar totalmente en dos meses”.


El exgobernante (2007-2017) acusa a Moreno de “traidor”, ya que fue su vicepresidente, de haberse vendido a la oposición y sostiene que con esta consulta “inconstitucional”, convocada sin el dictamen de la Corte Constitucional, el mandatario pretende alcanzar el “presidencialismo absoluto”.


Correa, que alega “persecución y hostigamiento” en su contra, también denuncia que Moreno quiere utilizar la consulta para inhabilitarlo por la vía judicial con la pregunta de que los condenados por corrupci¢n no puedan ejercer la política. “Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina (Kirchner)”, advirtió Correa a la prensa.


El ex presidente está llamado por la Fiscalía a declarar hoy por presuntas irregularidades en una millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.
En un anticipado desmontaje del correísmo, Jorge Glas –aliado de Correa y reelegido vicepresidente en binomio con Moreno– fue a la cárcel, condenado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, que también han salpicado a otros exfuncionarios del anterior gobierno.


Para el politólogo Simón Pachano al contar con “una victoria con amplio margen, Moreno consigue el objetivo fundamental de la consulta que es legitimarse en el cargo”, al que llegó tras un apretado ballottage ante el candidato Guillermo Lasso. Este último apoyó activamente la campaña del Sí.


Correa regresó a Ecuador en enero para hacer campaña por el “No”, quedándose sin el partido que fundó, Alianza PAIS, luego de que la autoridad electoral reconociera a la dirigencia morenista en medio de una pugna de poder.

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La reelección indefinida, una traición a la democracia

 

 

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.


Simón Bolívar

Congreso de Angustura, 1819

 

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

- preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

- preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

- preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

- y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos...

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”...

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo...

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo -con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte- a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia...

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos...

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[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

 

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García Linera: “Perder a Evo Morales sería un suicidio político”


El vicepresidente de Bolivia asegura que el mandatario es "la personificación de la unificación de lo popular"

 

Inseparable compañero de Evo Morales durante los últimos 12 años, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962), no buscará una nueva reelección en 2019, pero cree que es imprescindible que lo haga Morales, cuya capacidad para “unificar a los subalternos” –dice– no puede perderse “por apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa”.


Pregunta. Dice que no hay contradicción entre el resultado del referendo de 2016, que no autorizó una nueva reelección del presidente, y el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que sí la autorizó. ¿Cuál es su argumento?
Respuesta. En 2015 se planteó modificar un artículo de la Constitución, el 168, que establece un límite a la reelección de un candidato presidencial. El procedimiento constitucional exige que la Asamblea Legislativa plantee un proyecto de ley para modificar este artículo y se vaya a un referendo, el cual se organizó en 2016, el 21 de febrero. Por un mínimo margen, de 51 contra 49%, la gente dijo que no, que no había que modificar este artículo. Entonces la Asamblea, que era la encargada de aplicar el resultado del referendo, lo que hizo fue suspender la ley de modificación del citado artículo en cumplimiento de la decisión vinculante del soberano. El referendo fue ejecutado: por él no se modificó el artículo 168 de la Constitución.


Un año y medio después, surge otra iniciativa de la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa que ya no toca el artículo 168, sino que plantea que no se puede establecer límites al derecho político que tienen las personas de participar en elecciones. La Constitución establece la primacía de los acuerdos internacionales sobre la propia Constitución. Entonces, se planteó al Constitucional que no debería establecerse límites para que una persona candidatee, en cumplimiento el Pacto de San José sobre derechos humanos. Y el Constitucional, que es el único intérprete de la Constitución, estableció que esto es correcto. A raíz de esta consulta de la Asamblea y de esta respuesta del Tribunal, varias autoridades actuales, entre ellas el presidente, si quieren candidatear de nuevo pueden hacerlo en 2019. De esta manera, el Tribunal Constitucional ha igualado la situación boliviana con lo que establecen otras constituciones del mundo, como la de Alemania o la de España. El único límite es el voto, que decidirá si el pueblo acepta que una autoridad vuelva o no.


P. Como teórico social, usted ha planteado una polaridad entre un “poder constituyente”, que es el poder de la gente de rehacer la sociedad, y un “poder constituido”, que es el aparato normativo y la institucionalidad establecida. Para habilitar al presidente, el MAS —el partido de Morales— acudió al Constitucional mientras dejó de lado lo dicho por el poder constituyente en el referendo. ¿No ve una contradicción entre estos eventos y la primacía que antes usted le asignaba al poder constituyente?
R. No. El poder constituyente fue la sublevación de la gente, en 2001, 2003, 2005, que se expresó en la votación por Evo, por un indio, algo inédito. Se eligió al que se consideraba descalificado, inepto, para ser autoridad. Las clases dominantes están en el poder porque pueden ejercer un mando unificado y articulan en torno a este a las clases subalternas, que por definición son clases fragmentadas. Entonces, una revolución es el momento en el que los subalternos abandonan su subalternidad porque se unifican. Lo interesante es que la persona que permite la unificación y le da cuerpo visible, palpable, es Evo. Uno como ellos, de su misma sangre, de su mismo color... Y entonces la pregunta que se hace un revolucionario es: aquel símbolo de la constitución de lo popular, aquel símbolo que expresa la ruptura de la subalternidad, ¿por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Si uno se apegara estrictamente a las formas institucionales, correspondería dejarlo ir. Pero si uno se apega al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, de lo popular unificándose, es un gran error perder aquello que se logra cada 100 o 200 años, la unificación, en aras de una lectura digamos plana de lo institucional.


En otras palabras: la lógica del poder constituyente sigue prevaleciendo en la candidatura de Evo, porque Evo es la personificación de la unificación de lo popular.


P. ¿Esto se dará mientras Morales viva?
R. Ojo, no fue algo que hayamos buscado. Lo ideal es una renovación generacional y colectiva de estos liderazgos fuertes. Pero por la adversidad en que ha nacido nuestro poder, en estos 10 años no nos hemos preocupado del asunto. Ahora tenemos siete años para eso. El objetivo es que en 2024, cuando haya nuevas elecciones, podamos tener líderes sustitutivos de Evo y una estructura colectiva mucho más sólida que la que tenemos.


P. Las encuestas señalan que usted es el mejor candidato del MAS después de Morales. ¿Lo que dice es una renuncia?
R. No. Simplemente una reafirmación de mi ser individual e intelectual. Yo he peleado para que los indios lleguen al poder. No para que Álvaro García lo haga, porque Álvaro García no es indio. Nunca ha buscado sustituir, representar ni ha querido disfrazarse. Él sabe cuál es su condición social. Entonces no hay renuncia personal. Álvaro García jamás ha imaginado, sería un contrasentido, sería una especie de traición a mi ser revolucionario, asumir un cargo presidencial.


P. Usted escribió el libro Democracia, Estado y Nación, donde dice que la democracia no es reglas, que estas pueden cambiar con tal de que haya progresos en la igualdad. Sus rivales son partidarios de la democracia como cumplimiento de reglas y por eso han dicho que después del fallo del Constitucional el país ha entrado en un momento no democrático. Algunos incluso hablan de “dictadura”, “totalitarismo”...
R. La mayor parte de los que usan el concepto de totalitarismo ni siquiera han leído la primera página del libro de Hannah Arnedt sobre el tema (“Los orígenes del totalitarismo”). Usan la palabra como un cliché que no entienden. Otros tienen un apego meramente procedimental a lo democrático, como enseña [Norberto] Bobbio y [Giovanni] Sartori. Nosotros siempre hemos reivindicado la democracia como algo más, como la igualación de las oportunidades de las personas para decidir, para participar en los asuntos comunes. Igualación cultural y política, no solo económica, en el acceso a bienes y a oportunidades. Me encanta la definición de [Jacques] Rancière: ‘hay democracia cuando los que se considera que son incapaces de ejercer los cargos son quienes los ejercen’. Es fantástica. Por esto digo: ¡Cómo los subalternos van a dejar escapar su símbolo de unificación! Sería un suicidio político. El subalterno pasa el 98% de su historia fragmentado; cuando vive el 2% unificado, sería una locura que lo deje pasar por un mero apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa.

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Lunes, 01 Enero 2018 07:13

Abuso de fuerza en Honduras

Abuso de fuerza en Honduras

La elección presidencial hondureña del pasado 26 de noviembre se vio ensombrecida por serias denuncias de fraude. El presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue reelegido en detrimento del centrista Salvador Nasralla, adalid de la lucha contra la corrupción. Con el beneplácito de Estados Unidos, omnipresente en la vida política y militar del país centroamericano desde principios de los años 80. 

 

Un grupo de soldados con el dedo en el gatillo en medio de la ruta, manifestantes corriendo a buscar refugio en medio de nubes de gas lacrimógeno... A principios de diciembre, las calles de Tegucigalpa, la capital hondureña, presentaban toda la apariencia de un golpe de Estado militar, reminiscencia del clima de junio de 2009, cuando el presidente de izquierda Manuel Zelaya fue secuestrado por el ejército y embarcado a la fuerza en un avión con destino a Costa Rica.

Esta vez fueron las sospechas de fraude electoral las que provocaron el incendio. La elección presidencial del 26 de noviembre pasado se realizó en un clima de extrema tensión, marcado por el temor de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adicto al Partido Nacional de Honduras (PNH) en el poder, estuviera dispuesto a todo con tal de garantizar un segundo mandato al presidente saliente, Juan Orlando Hernández, cuestionado por sus derivas autoritarios y su implicación en casos de corrupción. Este temor se fundaba además en una certeza: Washington no se mostraría indiferente al resultado de su protegido, garante del mantenimiento de una política ultraliberal y de la militarización del país.

Resulta difícil determinar en qué preciso momento de la historia de Honduras surgió la expresión “procónsul” para designar al embajador de Estados Unidos. El término ya era muy popular a principios de los años 1980, cuando la embajada estadounidense en Tegucigalpa acompañó –por no decir orquestó– la frágil transición de la dictadura militar hondureña a un régimen de democracia condicional y militarizada. La misión encomendada al “procónsul” en funciones en ese momento, John Negroponte, era perfectamente clara: asegurar que Honduras sirviera de plataforma de coordinación para la guerra clandestina de la administración Reagan contra el gobierno sandinista en Nicaragua y los movimientos de izquierda en El Salvador o Guatemala. Esto implicaba no sólo una fuerte presencia militar estadounidense en Honduras, sino también el control de la vida política interna del país.

Bajo el mando de Negroponte, las tropas estadounidenses reforzaron su ocupación de la base aérea Soto Cano, percibida por muchos hondureños como un enclave “yanqui”. La asistencia militar estadounidense a Honduras pasó de 4 millones de dólares en 1981 a 77.400.000 en 1984. Al tiempo que reconocía internamente que las fuerzas armadas hondureñas cometían “cientos de violaciones a los Derechos Humanos (...), la mayoría motivada por razones políticas” (1), la Central Intelligence Agency (CIA) apoyó a los escuadrones de la muerte que, a semejanza del siniestro Batallón 3-16, torturaron, asesinaron o hicieron desaparecer a decenas de sindicalistas, universitarios, campesinos y estudiantes. La embajada estadounidense mantenía estrechos vínculos con los comandantes de estas falanges. Como revelan los documentos desclasificados, Negroponte se ocupó personalmente de obstaculizar cualquier divulgación de estas atrocidades estatales para evitar, decía, “crear problemas de derechos humanos en Honduras” (1).

Recién en 2006 el sistema elaborado por Negroponte –más tarde promovido al cargo de embajador ante las Naciones Unidas y luego a secretario de Estado adjunto por el presidente George W. Bush– comenzó a desmoronarse. Electo presidente ese año, Manuel Zelaya, un rico terrateniente que se había postulado candidato como representante de los liberales, de manera inesperada y ante la sorpresa general se comprometió en una política de izquierda. En una espectacular ruptura con sus predecesores, Zelaya se acercó al presidente venezolano Hugo Chávez, el espantapájaros de Washington, y declaró la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que Chávez había instaurado para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Como suprema audacia, Zelaya estableció contactos con los movimientos sociales opuestos a la presencia militar estadounidense y convocó a la creación de una Asamblea Constituyente que sustituyera la Ley Fundamental de 1982, adoptada bajo la tutela de Washington, por una nueva Constitución de inspiración progresista.

Cuando el Presidente anunció su intención de consultar a los hondureños para saber si la convocatoria a una Asamblea Constituyente tenía que ser objeto de un referéndum antes de fin de año, los generales y el establishment del país decidieron actuar de inmediato. Con el pretexto, carente de prueba alguna, de que Zelaya buscaba modificar la Constitución para aferrarse indefinidamente al poder, los principales dirigentes de los dos partidos dominantes acogieron con inmensa alegría el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
Aunque después de algunas dilaciones la administración Obama terminó condenando el golpe en Honduras, no dejó de utilizar todo su poder para impedir que Zelaya regresara a su país. Además, bajo la dirección de Hillary Clinton, el Departamento de Estado expresó su apoyo a las elecciones que organizó el gobierno surgido del golpe de Estado, absteniéndose de reclamar que se restableciera previamente a Zelaya en sus funciones.


Para muchos hondureños, el orden establecido desde el golpe de Estado de 2009 recuerda a más de un título los siniestros años 80. El país vive nuevamente al ritmo de los cuarteles. Las tropas desplegadas en todo el país tras la expulsión de Zelaya recibieron carta blanca para reprimir las protestas casi diarias de los opositores al golpe de Estado. Controlados por el PNH, los gobiernos surgidos de las criticadas elecciones de 2009 y 2013 institucionalizaron la tarea policial confiada a los militares, en violación de la Constitución hondureña. Como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández movió los hilos para validar en la legislatura a la nueva guardia pretoriana del régimen, la Policía Militar del Orden Público (PMOP). A punto de asumir la presidencia en 2014, creó los “Tigres”, unidades de policía militarizada formadas por Estados Unidos y comandadas por oficiales notoriamente implicados en escándalos de corrupción.


La remilitarización de Honduras coincidió con la restauración de un clima altamente favorable para las familias ricas y los inversionistas internacionales, para quienes el gobierno lanzó la campaña “Honduras is Open for Business” (“Honduras está abierta a los negocios”). Para hacer frente a los riesgos de conflictos sociales, el gobierno tuvo la precaución de concentrar las fuerzas de seguridad en las áreas destinadas a la industria minera, las represas hidroeléctricas, el sector agroalimentario y el turismo, es decir los intereses potencialmente más perjudiciales para las poblaciones circundantes. Muchos proyectos industriales se implementaron ilegalmente, ya que la ley exige la previa consulta a las comunidades indígenas afectadas. Según las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, es frecuente que los militares aúnen fuerzas con las empresas de seguridad privada para quebrar la resistencia local mediante la intimidación y el terror, y a veces incluso campañas de asesinatos selectivos, como el de la dirigente indígena ecologista Berta Cáceres (2).


No obstante, el sistema político que Estados Unidos ha ayudado a instaurar en Honduras, mezcla de autoritarismo militar y malversación de fondos, muestra signos de desgaste. El movimiento de resistencia al putsch de 2009 dio origen a un nueva formación política, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que desafía el statu quo del bipartidismo. En los comicios de 2013, a pesar de los masivos fraudes electorales que modificaron el escrutinio y de una sangrienta campaña intimidatoria marcada por el asesinato de al menos dieciocho candidatos y militantes del partido, LIBRE quedó en segundo lugar en el Congreso con treinta y siete escaños.


Además. el régimen se vio debilitado por los casos de prevaricación al más alto nivel y la participación de varios dignatarios en los circuitos de narcotráfico, entre ellos el hermano del presidente Hernández y el ex presidente Porfirio Lobo. En 2015, una ola de rebelión recorrió el país después de que se descubriera que los fondos recaudados a través de una red de corrupción se habían utilizado para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013. Gracias a la rápida mediación de Washington y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encontró una solución política que, excluyendo a los grupos opositores, permitió al Presidente hondureño escapar al destino de su homólogo guatemalteco, Otto Pérez Molina, encarcelado en 2015 a la espera de un juicio por malversación de fondos.


Como para minar un poco más la legitimidad del gobierno, en 2016 la Corte Suprema de Honduras –también controlada por el PNH– dictaminó que el artículo de la Constitución que prohíbe al presidente presentarse a un segundo mandato podía ser ignorado en nombre de... los derechos humanos. La ironía de esta decisión, tomada siete años después de que Zelaya fuera destituido por haber presuntamente pretendido volver a presentarse, no escapó a los hondureños, quienes protestaron en forma masiva en la calle contra este nuevo abuso de fuerza.


Con los comicios de noviembre de 2017 en la mira, LIBRE formó una coalición con otros dos pequeños partidos: la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Con la esperanza de reunir al electorado moderado a favor de su causa, la Alianza convino en la candidatura del centrista Salvador Nasralla, un hombre de negocios dedicado a luchar contra la corrupción, quien también es un conocido periodista y presentador de la televisión hondureña. Junto a él se presentaba como candidata a la vicepresidencia Xiomara Castro de Zelaya, esposa del presidente depuesto.


El día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral anunció que estaba en condiciones de proporcionar resultados provisionales a primera hora de la noche. Sin embargo, a medianoche, mientras que tanto Hernández como Nasralla se proclamaban vencedores, el TSE seguía sin brindar datos. Según el testimonio que con posterioridad dio a la prensa un miembro disidente de ese órgano, Marco Ramiro Lobo, poco después de la clausura de los colegios electorales el equipo técnico del TSE informó internamente que el recuento del 57% de los votos mostraba una tendencia clara e irreversible a favor de Nasralla. Durante varias horas, el presidente del TSE, David Matamoros –un ex congresista del PNH– se negó a informar esos resultados parciales, hasta que bajo la presión de los observadores internacionales y del propio Lobo, terminó por cumplir su promesa, pero se abstuvo de pronunciar la palabra “irreversible” en relación con la tendencia emergente.


En ese momento se interrumpió bruscamente el recuento de los votos, que antes se transmitía en directo a través de la página web del TSE. La misteriosa avería duró unas treinta horas. Según Lobo, fue Matamoros quien, sin una palabra de explicación, habría dado la orden de detener el proceso de conteo. Cuando se lo retomó, a la velocidad de un caracol, la ventaja de cinco puntos que al inicio se le había otorgado a Nasralla comenzó a disminuir inexorablemente. Finalmente, el 30 de noviembre el presidente Hernández fue declarado definitivamente vencedor, con un punto y medio por sobre su rival.


Ante la presión de la calle y de los observadores internacionales, Matamoros terminó efectuando un recuento parcial de los votos. Unos días más tarde, acompañado por la encargada de Negocios estadounidense Heide Fulton, afirmó: “Lo que encontramos en las urnas confirma lo que contamos el día de las elecciones”. Para luego anunciar, el 17 de diciembre, que “el presidente elegido para el período 2018-2022 es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado”. Las elecciones fueron “de una transparencia nunca vista en Honduras”, concluyó.


Decenas de miles de hondureños descontentos salieron a las calles. En respuesta, el gobierno declaró el toque de queda y desplegó el ejército y la policía por todo el país. La ola de represión fue mortífera. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “preocupadas”, contaron doce manifestantes asesinados, decenas de heridos y cientos de detenidos durante la primera quincena de diciembre. En la tarde del 9 de diciembre, mientras las fuerzas de seguridad seguían sembrando el terror bajo sus ventanas, el TSE se reunió en un ambiente relajado en su sede del centro de la capital. Su presidente estaba a punto de hacer una declaración cuando la encargada de negocios estadounidense tomó el micrófono para saludar el trabajo de la autoridad electoral y hacer un llamado al pueblo hondureño para que respete los resultados oficiales de la elección. Qué importan las cientos cincuenta demandas por fraude presentadas por los partidos de oposición: el apoyo de Washington parecía garantizar que el presidente Hernández se mantendría en el poder, con total libertad para continuar, por lo menos hasta el año 2021, su política ultraliberal y la militarización del país.


Ante la sorpresa general, la misión de observación de la OEA –que había brillado por su apatía ante el fraude electoral de 2013– se negó a apoyar los resultados. Presentó un informe demoledor sobre las irregularidades en el proceso electoral y concluyó que persistían dudas con respecto a los resultados de la elección. Todas las miradas apuntaron a Washington. Si la OEA, instrumento clave de la hegemonía estadounidense en la región, estaba dispuesta a cuestionar la victoria de Hernández, entonces todo parecía posible, incluso un viraje de la política hacia Honduras. Pasaron veinticuatro horas sin la menor reacción por parte del gobierno estadounidense. Finalmente, en la tarde del 18 de diciembre, el Departamento de Estado saluda la victoria de Hernández. Ninguna mención al informe de la OEA.


En las horas que siguieron, los gobiernos de derecha cercanos a Washington felicitaron, uno por uno, a Hernández: Guatemala, Colombia, México... Mientras tanto, una nueva ola de protestas paraliza las principales arterias de las grandes ciudades de Honduras.

 

1. David Corn, “Negroponte: unfit to lead, The Nation, Nueva York, 24-2-05.
2. Véase Ignacio Ramonet, “Berta Cáceres. Un crímen político” y Cécile Raimbeau, “¿Quién mató a Berta Cáceres?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril y octubre de 2016 respectivamente.

*Analista político en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC.


Traducción: Teresa Garufi

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Viernes, 15 Diciembre 2017 07:03

Escrito en piedra, o en el agua

Escrito en piedra, o en el agua

En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva carta magna en la que se prohibía la relección presidencial de manera terminante e inconmovible. Ni por medio de una reforma constitucional, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un Presidente de la República continuar en el mando. Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas pétreas, escritas en piedra. Y el código penal pasó a considerar el solo intento de promover la relección como un delito de traición a la patria.


La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las instituciones, someterlas, y corromperlas.


En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular mediante lo que llamó una cuarta urna en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente, y fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía relegirse.


Como remate de la grave crisis que se desató, el ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del Partido Nacional, lo derrocó. Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, Zelaya fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión y expulsado a Costa Rica.


En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del Partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados suyos recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones escritas en piedra que prohibían la relección fueran derogadas. El solo hecho de formular la petición, ya facultaba a las mismas autoridades judiciales para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, por incitar, promover o apoyar el continuismo o la relección del Presidente de la República, según la letra de la misma Constitución.


La Corte Suprema, dominada por magistrados del Partido Nacional, por el contrario, fue en todo complaciente con el recurso. Lo admitió, y dio la razón a quienes lo interpusieron. Y así sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la relección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.


Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio presidente Hernández, convertido en candidato gracias a una sentencia espuria, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el ex presidente depuesto Manuel Zelaya.


El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones intermitentes del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.


Lo esencial de unos resultados electorales aceptados por todas las partes es establecer la gobernabilidad, algo que parece difícil de conseguir ahora, cuando el Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja en favor del presidente Hernández.


La oposición no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada, y por tanto no se conseguirá la legitimidad de la relección de Hernández, lo que viene a representar un grave retroceso para la credibilidad del sistema democrático que, de una u otra manera, y entre tropiezos, ha logrado avanzar en más de tres décadas en Centroamérica, y en general en América Latina.


En países donde la fortaleza institucional no termina de conseguirse, la relección presidencial viene a ser un mal de consecuencias perniciosas, porque fortalece ese vicio de poder que hemos padecido de manera endémica, no otro que el caudillismo autoritario.


No tengo que regresar a las aulas de la facultad para que mi profesor de derecho constitucional vuelva a explicarme la inconmovible pirámide de Kelsen: en la jerarquía legal no hay nada por encima de la Constitución, situada en la cúspide, en tanto todas las leyes y demás actos institucionales se le subordinan y, por tanto, una sentencia judicial no puede borrar ni enmendar lo que la Constitución establece desde arriba.


Pero es lo que hizo desgraciadamente la Corte Suprema de Costa Rica, cuando en 2003 ordenó anular la prohibición de relección establecida por una reforma constitucional en 1969. Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras y últimamente en Bolivia.


En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por magistrados del partido del comandante Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la relección, y así pudo presentarse como candidato a un segundo periodo en las elecciones del año siguiente, que por supuesto ganó, como ha seguido ganando las demás, amparado por las razones filosóficas de sus correligionarios del tribunal, expresadas así, en mayúsculas: el derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado... por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano.


Evo Morales, que lleva ya varios periodos como presidente de Bolivia, buscó seguir religiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.


Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.


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