Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Publicado enColombia
Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Lunes, 03 Mayo 2021 18:20

Colombia sigue CALIente

https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-cali/elogios-para-cali-miles-de-manifestantes-se-mantienen-en-la-calle-frentiando-al-gobierno-nacional/

Un asesinado más. El domingo 2 de mayo, cuando la penumbra ya había caído sobre el territorio palmireño, y cuando una multitud de jóvenes exigían cambios económicos, sociales y políticos para el país, la acción violenta del Esmad descargó de nuevo la parca sobre ciudadanos desarmados.


En esta oportunidad la fuerza letal cayó sobre la humanidad de Nicolás Guerrero, impactado en su cráneo. Nicolás, un joven de 21 años de edad, con vocación artística, participaba de una manifestación que se movilizaba por Puerto Comercio, nodo entre las ciudades de Cali y Palmira; allí, en medio de la penunbra que llega con el final del día, fue el lugar donde la mal llamada “fuerza pública” (fp) disparó sus armas en contra de los manifestantes, desconociendo normativas locales e internacionales de DDHH.
Una vez la humanidad de este joven sintió el impacto fatal fue auxiliado sin tardanza por otros manifestantes quienes lograron trasladarlo en un automóvil particular hasta un centro asistencial, pero falleció antes de poder ser atendido. Los hechos se encuentran documentados en un en vivo de Instagram en la cuenta de @dj_juandeleon quien filmó los hechos.


En plena mocedad, otra vida, de otro joven lleno de enegía y sueños de un país donde todas y todos puedan vivir en justicia, es arrebata por “la cara amable del Estado”.


Este nuevo asesinato se suma a por lo menos otros 10, hasta ahora documentados y otros tantos aún en comprobación, así como decenas de heridos, que ha cobrado el Esmad en cinco días de protestas que suma el alzamiento social en demanda del desmonte de la reforma tributaria, reivindicación ya conquistada producto de la masiva y decidida movilización juvenil que ha copado calles y plazas de todo el país


Violencia creciente, sin respeto por los derechos humanos, que evidencian la inexistencia de un democracia real en nuestro país, y cuyas víctimas registra un informe de la ONG Temblores: desde el día 28 de abril y hasta el domingo 2 de mayo: 851 casos de violencia policial en todo el país, los que incluyen violencia homicida, arrestos arbitrarios y demás irregularidades tanto por parte de policías en general como miembros del Esmad en particular.


En protección del derecho a la protesta y de los derechos humanos


Alejandro Guevara, defensor de DDHH en la ciudad de Cali, nos narra de su empeño para lograr que no judicialicen a las personas detenidas, apresados bajo procesos irregulares. Alejandro denuncia que la fp hace todo lo posible por entorpecer la labor de los veedores de derechos humanos pues, los jóvenes retenidos son golpeados con saña antes de ser entregados a las familias y organizaciones independientes.


El modus operandi de la fp cumple ciertos patrones en todo el país, especialmente en Cali, ciudad donde decenas de jóvenes han sido arrestados: esparcen indiscriminadamente gases lacrimógenos antes de abrir fuego, en la carrera que sigue a esta acción capturan a todo manifestante que vaya quedando relegado al tratar de escapar de la ofensiva del cuerpo acorazado de la Policía.


Los detenidos se suman por decenas. “En la estación de Fray Damián había 25 detenidos, de los cuales 6 eran menores de edad”, asegura Guevara quien estuvo pendiente de su liberación. Las autoridades de Cali, ciudad vecina de Palmira, destinaron el coliseo del barrio Las Américas para retener a la decenas de personas que calculan serán detenidas.


Otro de los propósitos de los actores en pro de los derechos humanos, es que quienes hayan sido capturados no sean trasladados a Unidades de Justicia Permanente (UPJ), pues ellos no están inculpados por delitos comunes. Sin embargo y pese al esfuerzo por asistir jurídicamente a quienes están bajo arresto, no se logra el cometido pues el rigor jurídico no se cumple en estos casos, muchos de ellos viciados por procederes irregulares, sin estar ausente en ello las golpizas, la presión sicológica y las amenazas de todo tipo.


Este patrón de actuación ha sido la regla en la ciudad de Cali durante los cuatro días (28 de abril-2 de mayo) de convulsión social registrada en el país. En los barrios donde ha centrado su acción defensora Alejandro y algunos de sus colegas, se denunciaron 28 casos de irregularidades, efectivas violaciones de la integridad y garantías humanas de los manifestantes, violaciones grabadas, además, en decenas de videos donde el Esmad arremete con armas de fuego para reprimir la expresión de descontento.


Cae la reforma


Esta digna rabia juvenil, con eco por todo el país, que el establecimiento trató de contener con violencia homicida y con un complot de saqueos e infiltraciones de la protesta social, logró en pocos días poner patas arriba el país, acorralar al gobierno al desnudarlo en sus pretensiones de injusticia social y económica que lo han caracterizado, como prolongación de una forma de usurpar lo colectivo que suma decenas de años, hasta obligarlo a proceder como bombero y quitar el carburante que insufla las llamas sociales. Es así como el 2 de mayo oficializa el retiro del Congreso de la reforma motivo del alzamiento social y el llamado al país a discutir una nueva propuesta.


Esta generación de jóvenes, decididos con claridad sobre el carácter del gobierno logra así su primer triunfo, que se extiende a otras generaciones de activistas que pese a su persistente empeño pocos logros de este tamaño pueden mostrar ante el país.
Vienen otros propósitos, tanto dentro de las protestas en curso, como para el mediano y largo plazo. Entre las inmediatas: justicia por las personas asesinadas y heridas –quién dio la orden de disparar y quién ejecutó en uno y otro caso los disparos–; libertad para todas aquellas personas apresadas en el curso de las protestas.


En el mediano plazo corresponde, aprendiendo del actual triunfo, seleccionar dentro de la decena de demandas que contiene el pliego nacional levantado y presentado como agenda común en el 2019, una exigencia que logre sintonía en los distintos sectores y clases sociales, motor de acción y energía que logra aislar al gobierno y obligarlo a ceder.


Otros propósitos seguramente podrían proponerse (por ejemplo, el desmonte del Esmad), pero es obligatorio, por ahora y de manera inmediata, construir una propuesta de reforma tributaria alternativa fruto del debate por liderar ante todo el país nacional, como parte de una agenda educativa que aborde toda la política económica del establecimiento, para así evidenciar la distancia real que marca los intereses económicos, sociales y políticos de las mayorías de los que alimentan el apetito de las minorías.


Al desplegar esta dinámica, seguramente, emergeran propósitos puntuales por demandar, entre ellos, con toda seguridad, ingresos dignos, empleo, seguridad social, alimentación, salud, educación, entre otros. Y esto es así porque al tiempo que se discuten los impuestos por aplicar como mecanismos de ingresos para cubrir los gastos sociales del país también debe discutirse los sectores dónde se aplicarán, cuantías, tiempo, por qué, para qué, entre otros aspectos. Como puede verse, la discusión de la política tributaria es una matrioska.


Pero esta es una acción urgente, que no da espera, pues al así proceder se ordena el esfuerzo, se pasa de la agitación y la denuncia a construir líneas programáticas que proyecten luz sobre otra sociedad posible. Deben abrirse foros y asambleas en los cuales se aborden temas puntuales como generales de lo aquí sugerido, hasta llegar a una asamblea general en la que se defina la propuesta por presentar al país nacional y al poder legislativo en particular. Todo lo cual es posible realizarlo sin renunciar a la movilización callejera.


Una propuesta de reforma tributaria, ampliada a la política económica, que debe tener como centro una consigna básica: ¡Que la crisis la paguen los ricos!


No sobra traer a cuenta otro logro de este alzamiento: la renuncia del Minhacienda y su equipo ministerial, otro triunfo, no tan relevante como la caída de la reforma, ya que los funcionarios públicos son swiches que el poder quita y pone a su conveniencia. Quien lo suceda será igual o más neoliberal que el saliente, y sus declaraciones serán matizadas según el ambiente nacional que hoy vive el país. Apariencias y no realidades. Y para desnudarlo es indispensable contar con una propuesta de política económica y su particular de política tributaria alternativa.

 

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Publicado enColombia 28A
Sábado, 01 Mayo 2021 17:41

Colombia: Garantía de muerte

@CristinaRevolt  - vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 

¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

 

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

 

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

 

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

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