La Duma abre la vía a que Putin pueda seguir en el poder hasta 2036

La propuesta de reforma, que debe avalar el Constitucional y aprobarse en consulta popular, permitirá al líder ruso volver a presentarse a presidente

La comentada transición era en realidad poner a cero el contador presidencial de Vladímir Putin. En medio de una turbulencia política y económica mundial, el Parlamento ruso ha dado otra sacudida al avalar con una abrumadora mayoría una opción que permitiría al líder ruso volver a ser presidente. En una propuesta inesperada pero muy coreografiada, la diputada Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética y primera mujer en el espacio, abrió la vía al sugerir este martes eliminar las restricciones del líder ruso para volver a concurrir a unas elecciones tras el fin de su mandato en 2024. De hacerlo y ganarlas, podría seguir así en el poder hasta 2036. Durante una comparecencia urgente e imprevista en la Duma estatal y citando la necesidad de la estabilidad del país, el líder ruso mostró sus cartas y respaldó la idea. Una presidencia “fuerte" es "absolutamente necesaria para Rusia”, ha recalcado Putin. “La situación económica y de seguridad actual nos recuerda esto una vez más”, remachó.

Con el simbolismo teatral propio de las grandes ocasiones, la excosmonauta Tereshkova lanzó la propuesta que podría conducir a un quinto mandato (no consecutivo) de Vladímir Putin. “Hay que estipular todo de manera franca, abierta y pública: o eliminar el límite de mandatos presidenciales en la Constitución; o, si la situación lo requiere y, sobre todo, la gente lo quiere, introducir en la ley una posibilidad para que un presidente actual vuelva a ser reelegido para el puesto, ya conforme a la renovada Constitución”, declaró la diputada de Rusia Unida, el partido del Gobierno, durante una sesión rápida en la Cámara baja que debatía las enmiendas a la ley fundamental. "Dada su enorme autoridad, esto sería un factor estabilizador para nuestra sociedad”, dijo firmemente Tereshkova, que lucía en la solapa la medalla de heroína de la Unión Soviética. Con la ley actual, un presidente no puede permanecer en el cargo más de dos mandatos (seis más seis años) y Putin debería dejar su sillón del Kremlin en 2024.

La trascendental propuesta de Tereshkova ha causado un cortocircuito en la Duma, controlada por el Kremlin. Casi dos horas después, en una comparecencia histórica y sorpresiva, el líder ruso acudió a la Cámara baja para recoger el guante y dejó entrever por primera vez en semanas su libro de jugadas. Putin, de 67 años y que lleva dos décadas en el poder entre sus años de presidente y de primer ministro, no abrazó la idea de eliminar los límites presidenciales, pero sí de poner su propio contador a cero. “Sería posible si la población vota por ello, pero se requerirá la decisión del Tribunal Constitucional. Y si es aceptado por los rusos”, ha deslizado Putin, que recibió una gran ovación de los diputados.

Con una enorme mayoría, los legisladores han sacado adelante el paquete de enmiendas a la Constitución, que dibuja un país más conservador y nacionalista. Además, con 380 votos a favor y 44 en contra (de la facción del Partido Comunista) de los 445 escaños ocupados, los diputados de la Duma avalaron también la propuesta de último minuto que allanaría el camino para que Putin vuelva a concurrir a unas elecciones presidenciales en 2024 y se perpetué en el cargo hasta 2036. Tendría 83 años. Sería un presidente con nuevas capacidades, según la reformada Constitución propuesta por él mismo, y más posibilidad de intervenir en los mecanismos de funcionamiento de las instituciones del Estado, explica el experto en Derecho Constitucional Ilyá Shablinski, de la Escuela Superior de Economía.

La votación en segunda lectura, que este martes preveía ser un mero trámite para ordenar el caudal de enmiendas propuestas por el líder ruso, por el grupo de expertos que el mismo Putin designó y por algunos legisladores de la Duma, descubrió una nueva posibilidad para un escenario que los analistas llevaban meses apuntando y desmenuzando: que la gran reforma constitucional propuesta por Putin tiene como objetivo permitirle perpetuarse en el poder.

Las enmiendas deben pasar ahora una tercera lectura --previsiblemente mañana miércoles-- y recibir el aval del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos votarán sí o no a todo el paquete --que incluye importantes ganchos, como que las pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza-- el próximo 22 de abril en una consulta popular cuyo mecanismo aún está poco claro.

“Todos entienden perfectamente que dentro del país, desafortunadamente, todavía tenemos mucha vulnerabilidad”, ha dicho Putin ante la Duma (Parlamento) en un discurso teóricamente imprevisto pero que parecía muy elaborado y sincronizado. “La estabilidad debe ser la prioridad”, ha insistido el líder ruso en un momento en el que la economía rusa pasa por un importante bache, con la caída del precio del petróleo y el rublo en sus niveles más bajos desde 2014. Un varapalo derivado de la guerra del crudo y de la zozobra en los mercados por el temor al coronavirus, que se ha sumado a la recesión derivada de las sanciones económicas impuestas a Rusia hace seis años por anexionarse la península ucrania de Crimea, que está causando estragos en los bolsillos de la ciudadanía.

Desde que el mandatario propuso enmendar la Constitución el pasado enero --el mayor cambio político y legislativo desde los años noventa-- se había especulado sobre cómo se desarrollaría la maniobra para permitir a Putin conservar influencia. Los analistas y gran parte de la oposición apostaban por que permanecería al frente de un Consejo de Estado renovado y mucho más poderoso. Ahora, vistas sus cartas, parece que su apuesta era algo más simple: volver a presentarse a unas elecciones presidenciales y quedarse en el Kremlin.

Sin sucesión ni transición

Con la maniobra “estratégica” de hoy, apunta la politóloga Tatyana Stanovaya, Putin no solo elimina todo el rumor y el debate sobre su sucesión; además, deja muchas expectativas. “Si piensa en la historia, como ha mencionado, le gustaría limitar los mandatos de cualquier presidente. Pero cuando se trata de él, quiere tener más espacio y más opciones para elegir cualquier escenario que desee”, señala Stanovaya, directora de la firma de análisis R.Politik. Aunque el líder ruso no destapó si volverá a concurrir dentro de cuatro años. “Estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas más, al menos hasta 2024. Luego, ya veremos”, dijo.

La oposición, sin representación en el Parlamento, que lleva semanas hablando de “golpe de Estado”, ha cargado este martes contra el nuevo escenario que dibujan estos cambios y prepara una movilización para protestar contra la propuesta. “Para qué retorcer las cosas o seguir dándole vueltas si podemos nombrar zar a Putin”, ha ironizado el bloguero opositor Alexéi Navalni en las redes sociales. Al caer la noche, cerca de la Duma estatal y de espaldas al Kremlin, decenas de ciudadanos se reunieron para protestar contra una iniciativa que consideran contraria a la ley fundamental en forma de los “piquetes solitarios”, una fórmula para sortear la limitación impuesta en Rusia a las protestas no autorizadas que ya se ha convertido en tradicional. Las protestas numerosas lo tendrán aún más difícil que habitualmente en una ciudad con restricciones debido a la epidemia de coronavirus. Este martes, pese a que hay una veintena de casos declarados oficialmente, la alcaldía de Moscú prohibió eventos con más de 5.000 participantes hasta el 10 de abril. Mientras, la votación popular sobre la reforma de la Constitución sigue adelante.

Putin llevaba meses descartando públicamente una vía que le permitiese permanecer en el Kremlin. Incluso el pasado enero, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial le pidió que se quedara en la presidencia, el mandatario lo descartó aludiendo que no deseaba una “regresión a los tiempos de la Unión Soviética”. “Debo admitir que [esa observación] no fue correcta, porque durante los tiempos de la URSS no hubo elecciones; todo se decidió en secreto o como resultado de algunos procedimientos o intrigas internas del partido”, ha dicho Putin este martes en la Duma. “Ahora la situación es completamente diferente, necesitamos ir a las urnas”, ha rematado. Si los cambios esbozados este martes se consolidan y Putin fuera reelegido en 2024, permanecería 18 años seguidos en el poder y, como mínimo 24 en total. Cumpliendo el espíritu que, como apuntó hace unos días, percibe para el cargo: “No solo un trabajo sino un destino”.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 10 Mar 2020 - 14:37COT

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Protesta contra la reforma jubilatoria de Macron en Marsella.  ________________________________________ Imagen: AFP

Los trabajadores portuarios retomaron las medidas de fuerza

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Emmanuel Macrón luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Se espera que otros gremios se sumen.

Nuevas manifestaciones en Francia tras la aprobación parcial del proyecto de reforma jubilatoria lograda el miércoles por el presidente Emmanuel Macron. El oficialismo francés logró que la Asamblea Nacional aceptara el proyecto tras sobrevivir a dos mociones de censura. Para eso aplicó un polémico artículo constitucional con el que logró evitar el debate en la Asamblea. Así dio el primer paso necesario para avanzar en el proceso legislativo. Ahora resta que la ley se apruebe en segunda lectura en Diputados tras lo cual pasará al Senado. El proyecto pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Macron luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Estibadores y agentes portuarios decidieron entrar en paro en los puertos de Nantes, Rouen, Marsella, Le Havre y La Rochelle, a petición de la Federación Nacional de Puertos y Muelles (CGT). "Consideramos que este es un proyecto de ley que solo resultará en más horas de trabajo y pensiones más bajas", dijo el Secretario General de la CGT, Serge Coutouris. Toneladas de mercancías quedaron varadas causando serios problemas de suministro en varios sectores. “Estamos listos para continuar durante varios meses”, sentenció el sindicalista. De esta manera se esbozan nuevos días de protesta en toda Francia.

El miércoles, en una jornada larga y llena de críticas la Asamblea francesa logró la primera aprobación del proyecto de reforma jubilatoria. El gobierno del primer ministro Edouard Philippe hizo una jugada maestra: aprovechó una reunión de emergencia por la propagación del coronavirus para anunciar que el gabinete había decidido el uso del artículo constitucional 49-3. Este permite la aprobación por decreto de un proyecto de ley -si no hay mociones de censura de la oposición- o su paso express por las dos cámaras del parlamento sin mediar debate. Philippe justificó la utilización del 49-3 denunciando la "obstrucción" de la izquierda radical, que había presentado miles de enmiendas para volver más lento el debate.

Solo un éxito de las mociones de censura podía impedir que se trate en la Asamblea la reforma. Pero ambas iniciativas presentadas por la oposición fracasaron por amplio margen. La moción del partido de derecha Los Republicanos sólo obtuvo el apoyo de 148 diputados. En tanto que la presentada por los partidos de izquierda La Francia Insumisa, Izquierda Socialista y el Partido Comunista, obtuvo tan sólo 91 votos. Necesitaban 289. En la madrugada del miércoles, antes de que se efectuaran las votaciones, la Asamblea fue una batalla campal. Hubo acusaciones cruzadas entre defensores y críticos al proyecto en torno a la validez de la aplicación o no del artículo 49-3. Sin embargo, una vez superado el escollo de las mociones, el oficialismo continuó con el tratamiento del proyecto.

Por su parte, el primer ministro insistió en que se trataba de una reforma de "justicia social" y afirmó que se hubiesen necesitado "ocho semanas", incluyendo los sábados y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. Por lo que se tomó la vía legislativa sin debate. Así la bancada oficialista en la cámara logró avanzar con la aprobación en general del proyecto de reforma previsional. Todo indica que la segunda votación, en particular, será antes del viernes. Una vez que se tenga esa mención, el proyecto de reforma pasará al Senado donde tendrá el mismo tratamiento exprés.

Otros gremios también prometieron plegarse al plan de lucha de los portuarios. De esta manera se retomarán las huelgas que comenzaron en diciembre. A fin de año, la reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. En el momento más fuerte de la movilización, hubo hasta 1,8 millones de manifestantes en las calles, según las cifras de la CGT. Para los sindicatos la nueva ley jubilatoria significará la pérdida de derechos adquiridos. El gobierno, en cambio, sostiene que el nuevo sistema será "más justo y más simple".

Pese a la victoria del oficialismo, la oposición no dejó de manifestar sus críticas y denuncias contra el gobierno. "Ustedes han fracturado el país", sentenció la diputada socialista Valérie Rabault. Poco después, el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, prometió que continuará luchando contra la reforma jubilatoria con una “guerrilla popular y parlamentaria pacífica”. "El Presidente Macron subestima con su capricho la capacidad de resistencia de los parlamentarios, pero sobre todo subestima el rechazo del pueblo francés a su proyecto", sentenció Melenchón.

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Putin reformará la Constitución; quiere perpetuarse en el Kremlin

Moscú. La maquinaria de aprobación de la reforma constitucional –que el 15 de enero anterior se sacó de la manga el presidente Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia más allá de lo que debería ser, de no cambiar la legislación vigente, su último mandato como titular del Kremlin– continúa a paso acelerado y la meta es que a más tardar dentro de dos meses este país tenga ya otra Carta Magna, hecha por y para el actual gobernante.

Al reunirse este miércoles con los integrantes del grupo de trabajo que creó el propio Putin para “analizar y enriquecer” su paquete de enmiendas –después de ser adoptado en lo general por los diputados de la Duma, quienes el 10 de marzo tienen previsto votarlo en segunda instancia–, el presidente ruso estuvo de acuerdo en que el texto definitivo, cuando haya sido aprobado por las dos Cámaras del Parlamento, se someta a “votación popular” el 22 de abril siguiente.

Aunque los resultados de esa votación no tendrán carácter vinculante, por no ser un referendo sujeto a un estricto reglamento, Putin se comprometió a promulgar la ley sobre la inmediata –sí se mostró inflexible respecto a esta urgencia– entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución sólo después de obtener el respaldo mayoritario de la población.

Por ahora, nadie sabe cómo se va a medir la magnitud del necesario apoyo que quiere obtener el Kremlin, si tiene en cuenta –como si se tratara de un referendo– que la reforma se apruebe con un mínimo de asistencia de 50 por ciento del padrón o bastará –para evitar el riesgo de no conseguir la participación idónea– con sólo la mayoría de los votos depositados.

Con esa “votación popular”, Putin pretende legitimar cambios que, a juicio de sus adversarios, requerirían convocar una Asamblea Constituyente y no reducir a un “sí” o un “no” la totalidad de modificaciones que, de hecho, configuran una nueva Carta Magna, sin ofrecer el debido tiempo para conocer y asimilar las novedades.

Los críticos de esta reforma constitucional afirman que se quiere convocar a las urnas para ratificar cambios diseñados por la Oficina de la Presidencia y que para entonces ya habrá aprobado el Parlamento, en ámbitos tan disímbolos como –por poner unos ejemplos– las iniciativas de carácter social, las facultades de los distintos órganos del poder, el sistema de gobierno o la preeminencia de los intereses de Rusia frente a compromisos adquiridos conforme a las normas del derecho internacional.

Quedó claro este miércoles que la reforma promovida por Putin busca sobre todo reforzar las prerrogativas del Presidente y que, una vez aprobadas, se propone empezar a ejercer de inmediato, sin tener que agotar los cuatro años de mandato que le faltan.

Con esta maniobra, Putin alcanza un doble objetivo. Por un lado, seguir concentrando en sus manos el poder al margen de lo que pudiera suceder al renovarse la composición de la Duma, en principio el otoño de 2021, aunque tampoco debe descartarse un eventual adelanto de las legislativas.

Y por el otro, dejar abierta la puerta para aprobar leyes que redistribuyan el poder antes de concluir su actual periodo presidencial en 2024, en caso de que Putin no tenga en mente presentar la reforma constitucional como una suerte de borrón y cuenta nueva que, desde su personal óptica, le permita verse otros doce años como mandamás del Kremlin.

Por Juan Pablo Duch, corresponsal | miércoles, 26 feb 2020 14:14

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Venezuela, economista Víctor Álvarez: "El gobierno está aplicando un recetario neoliberal de forma desorganizada"

30-01-20.-El economista e investigador, Victor Álvarez, exministro de industrias y Premio Nacional de Ciencias, aseguró durante una entrevista en Unión Radio  que el gobierno está aplicando un recetario neoliberal de forma desorganizada.

"Ha puesto en marcha un proceso de liberalización y de apertura económica con el desmontaje del control de cambios y de precios, la apertura de los mercados internos a las importaciones sin aranceles, la dolarización y el inicio de una petroreforma monetaria que terminará desplazando a un bolívar que no funciona como moneda nacional".

"El gobierno ha abdicado de la orientación socialista para abrirle espacio a este desorden con el que se está aplicando el recetario neoliberal tan cuestionado en América Latina y el mundo", ratificó.

Opina que este viraje dado por el ejecutivo de Nicolás Maduro se debe a las abruptas caídas de la producción petrolera y de las reservas internacionales. "Ni Pdvsa, ni el gobierno cuentan con fondos suficientes para recuperar la extracción de crudo y esta dura realidad ha emplazado al gobierno a cambiar su visión estatista".

Asimismoagregó que para sobrevivir a las sanciones el gobierno proyecta abrirle paso a las inversiones extranjeras y flexibilizar su impacto en la economía. "El incentivo que puede ofrecer el gobierno a estos socios privados es ofrecerles un mayor margen en estas empresas, lo que requeriría una reforma de la Ley de Hidrocarburos y eso está planteado y por eso el enorme interés del gobierno de retomar el control de la AN".

El experto recomienda que para enfrentar la crisis es necesario corregir el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con dinero inorgánico y diseñar un plan de reactivación agrícola e industrial para aprovechar el 80 % de capacidad instalada a través de un programa de financiamiento.

Por: Aporrea-UR | Jueves, 30/01/2020 12:40 PM | 

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Sábado, 25 Enero 2020 05:57

Por la vía rápida

Por la vía rápida
Apenas el presidente Vladimir Putin mencionó, en su mensaje ante los miembros del Parlamento ruso, la conveniencia de hacer enmiendas a la Constitución, la Cámara Baja aprobó en lo general la iniciativa de reforma constitucional del Kremlin que modifica 22 artículos y crea las bases para que él procure continuar gobernando después de 2024, cuando concluya su cuarto y último (de acuerdo con la actual Carta Magna) mandato en la presidencia.

Sorprendidos todos, se discute aquí qué era menos esperado para comenzar el año: si las propuestas de Putin para poner de cabeza el sistema político o la celeridad con que quiere llevar a cabo el cambio cardinal. ¿Por qué ahora?, tomando en cuenta que le quedan cuatro años como presidente.

Por ello, la reforma de Putin plantea –salvo su obvio deseo de perpetuarse en el poder– más preguntas que respuestas. Y las prisas escapan a toda lógica: para qué crear un grupo de 75 incondicionales –sólo 11 expertos en derecho– para supuestamente analizar las iniciativas y, antes de que ese conjunto de comparsas diera una sola opinión, mandar el borrador a la Cámara Baja. ¿Qué se puede esperar de una Asamblea Constituyente que no habrá y de un referéndum que no lo será, sino una simple votación popular a saber bajo qué reglas?

La reforma constitucional urgente, sólo se explica con que es insostenible el mito de la popularidad de Putin, mientras crecen los riesgos que el malestar de la población implica para las elecciones legislativas del otoño del año siguiente.

Putin quiere dejar resuelto su futuro –y el de los privilegiados magnates de su entorno– al margen de los resultados que arrojen las urnas. Porque, a diferencia de lo que ofreció para reforzar el Parlamento, sus enmiendas buscan sólo ampliar las facultades del Presidente (para los 4 años que le quedan) y convierten al Consejo de Estado, ahora simple órgano consultivo, en la máxima instancia de poder, si así lo establece la ley aún por promulgar.

En suma, antes de las legislativas de 2021, Putin quiere tener todas las riendas del poder para decidir conforme a los resultados de la votación. Sin embargo, ese intento de resolver por la vía rápida su futuro como gobernante, puede quedarse en papel mojado, ya que la última palabra la tienen no sus operadores políticos, sino los rusos.

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Urge permanecer alerta contra las reformas laboral y pensional en Colombia

Treinta y nueve días de huelga indefinida en Francia llevaron a que el gobierno reversara la propuesta fijar en 64 años la edad obligatoria para la jubilación. Las movilizaciones fueron permanentes, el ánimo no se doblegó, la lucha rindió sus frutos.

No obstante la victoria de las organizaciones sindicales, se convocó a una nueva marcha en el país para el 16 de enero. No hay que bajar la guardia, coinciden en asegurar los dirigentes de las organizaciones obreras.

Esa misma beligerancia es la que debe asistir a las diferentes expresiones organizativas en Colombia ahora que el ministro de Hacienda, Tomás Carrasquilla, considera que los dos asuntos deben abordarse mediante proyectos que hagan tránsito en el Congreso este año, como alternativa para hacer viable la generación de empleo y asegurar el funcionamiento del fondo público Colpensiones.

Aun cuando se trata de una falacia que les hace juego a los empresarios y de la que no quiere ser partícipe la ministra del Trabajo, Alicia Arango porque sabe el costo político que implica, todo indica que estas dos iniciativas serán apuntaladas con el propósito de sacarlas adelante.

El tema pensional

Colpensiones es la joya de la corona. A este fondo están afiliados 6.791.854 colombianos de los cuales 1.367.596 son pensionados. Lo que argumenta el gobierno nacional es que se puede producir un desfinanciamiento, y su brillante salida, es aumentar la edad de jubilación.

Por supuesto, esta propuesta no es fruto de un estudio serio sino más bien, la consecuencia de la recomendación que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al presidente Iván Duque.

Esta disposición, en caso de que se apruebe, terminaría perjudicando a buena parte de los 3.362.492 cotizantes activos a Colpensiones. Un enorme volumen de trabajadores verá frustrados sus sueños de salir al menos con salud después de muchísimos años de laborar. Lo que espera el ministro Carrasquilla, es que el jubilado salga con un bastón a dedicar buena parte de su tiempo a practicarse exámenes en la EPS, sacar el perro al parque o, en el mejor de los casos, a hacer mandados en la tienda de la esquina mientras que, para todos, se convierte en un mueblo viejo dentro de la casa al que no se sabe dónde ubicarlo.

Si no se aprueba la reforma pensional en el Congreso, el 30% de los afiliados activos a Colpensiones podrían jubilarse en el corto plazo. Una expectativa apenas justa. Y si hay algo que no podemos olvidar, es que durante su campaña, el hoy presidente Duque prometió no aumentar la edad de pensión.

La reforma laboral, otra papa caliente

En mi lejano Vijes solían repetir los veteranos: “El palo no está para cucharas”. Vigente hoy, ya que el panorama entre los colombianos es de alerta para evitar que el paquetazo de Duque, que tanto se empecinó en negar el gobierno nacional, no vaya a revivirse con nuevo nombre.  En otras palabras: “El mismo perro con diferente guasca”. Los áulicos de Duque y en particular el ministro Carrasquilla, son muy hábiles para eso.

Los empresarios están alimentando esta idea bajo el argumento de que el sistema laboral obedece a una estructura con veinte años de atraso. Eso es cierto, pero en detrimento de la clase obrera y ahora pretenden precarizar aún más su situación. Desmejorar su calidad de vida.

Lo que proponen los empresarios favorece sus propios intereses, como por ejemplo el tema de la flexibilización laboral o trabajo por horas, y va en contravía de lo que sugieren la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión de Empleo de la OCDE.

La movilización popular, un muro de contención

Lo que se avecina es altamente lesivo para la clase trabajadora. Y al igual que los obreros de Francia, no podemos bajar la guardia.

El único muro de contención para frenar las pretensiones del gobierno nacional, de los empresarios, algunos académicos y congresistas afectos al presidente Iván Duque, es la movilización popular. Expresar la inconformidad. No permitir que, como ha ocurrido en otras ocasiones, terminen pisoteando a la base popular.

Si se retoman las marchas, como es apenas previsible en Colombia, es necesario que evitar una reforma laboral y pensional constituyan de nuevo un estandarte de lucha. No de otra manera podremos evitar que se siga pauperizando a la clase trabajadora, históricamente golpeada por quienes tienen el poder político y económico.

Por Fernando Alexis Jiménez | @misnotasdeldia

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com

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Francia: la huelga contra la reforma de pensiones bate records

Las huelgas en los transportes, que hicieron de las fiestas navideñas un rompecabezas para la gente, superaron incluso las que paralizaron al país en 1995 y 1986.

Cambió el año, aunque no el conflicto. El movimiento social que estalló el 5 de diciembre de 2019 contra la reforma del sistema de pensiones promovido por el presidente Emmanuel Macron continúa en plena vigencia. Es, hoy, la crisis social más extensa de la historia contemporánea. Las huelgas en los transportes, que hicieron de las fiestas navideñas un rompecabezas para la gente, superaron incluso las que paralizaron a Francia en 1995 cuando el entonces primer ministro liberal Alain Juppé presentó una reforma sobre el mismo tema.


En 2020, tanto la presidencia como los sindicatos, incluidos los reformistas, mantienen sus posiciones. Durante el saludo de Año Nuevo, Emmanuel Macron reiteró que “el proyecto se llevará adelante”. El jefe del Estado volvió a defender la idea según la cual se trata de “un proyecto de justicia y de progreso social”. Esa era en todo caso la filosofía que figuraba en la plataforma electoral de Macron durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017.


La idea de una reforma del sistema de pensiones ya aparecía en las propuestas y apuntaba a transformar el actual sistema por una “jubilación universal por puntos” y terminar así con los 42 regímenes jubilatorios existentes. El proyecto inicial, cuya meta consistía en “renovar el modelo social”, pasó a ser un factor de confrontación.


El Ejecutivo mantuvo sus intenciones difusas y cuando al fin detalló el contenido de la reforma surgieron tres dudas: una, el valor real del punto: dos, la casi certeza de que, envuelta en una retórica de caramelo, la reforma extendería de facto la edad de la jubilación a los 64 años ante los 62 actuales: tres, la fuerte sospecha de que, al final, los cambios introducidos pretenden transformar el sistema de reparto por el de capitalización.


Desde entonces, hubo varias jornadas de manifestaciones, paros de trenes, metros y autobuses y una postura invariable de los sindicados: no a la reforma. Se esperaba que el jefe del Estado abriera una ventana hacia alguna negociación posible, pero sus palabras de año nuevo cerraron esa perspectiva.


El tema lo lleva el jprimer ministro Edouard Philippe y las negociaciones con los sindicatos están, por el momento, bloqueadas. Habrá que esperar hasta después de la próxima jornada de manifestaciones convocada para el 9 de enero por el frente sindical para observar si, según su peso, se produce algún avance.


Con cada semana que transcurre asoma una nueva sospecha. La última puso en escena al monstruo de las conquistas sociales, la multinacional norteamericana de las finanzas BlackRock, de quien se asegura que está detrás de la reforma macronista. Y como el jefe de la rama francesa de BlackRock, Jean-François Cirelli, recibió hace algunos días una de las distinciones más altas que otorga el Estado francés, La Legión de Honor, los rumores no hicieron más que acentuarse. Este gesto fue denunciado como una “provocación” por la izquierda francesa, tanto más provocativo cuanto que los sindicatos, los partidos de oposición y ciertos comentaristas han denunciado los intentos de BlackRock por “influenciar” la controvertida reforma macronista.


Varios sectores sociales temen que la reforma de las pensiones, con esa empresa como operador oculto, desemboque en una drástica transformación del modelo actual. La diferencia es radical: en el modelo francés, las jubilaciones están financiadas mediante las cotizaciones que pagan los trabajadores. Estas son luego “repartidas” o distribuidas por el Estado entre los cotizantes. En un sistema por capitalización, es el capital que han acumulado los trabajadores el que finanza la jubilación. En realidad, esta eventualidad es más un fantasma que una realidad. Incluso si hay sectores que sí podrían optar por la capitalización, no es el caso de la mayoría. Sin embargo, en un momento de alta sensibilidad como este, cualquier rumor adquiere la dimensión de una verdad, sobre todo porque buena parte de la opinión pública se siente traicionada por el mandatario. Su planteo de “renovar” el modelo francés ha mostrado que se trata también de hacer recortes y economías. Allí radica la desconfianza con la que, una mayoría de franceses, percibe al Ejecutivo. El gesto de entregarle la Legión de Honor al directivo de una empresa que hace fortuna con la especulación financiera es una torpeza más en la larga serie negra que ha acumulado el gobierno.


La confrontación persiste en su máxima intensidad. El gobierno, a través de el secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, acusa a la CGT de asumir un sindicalismo de “oposición sistemática a toda reforma”, e incluso “intimidatorio”. El líder de la CGT, Philippe Martinez, responsabiliza al gobierno de estar jugando a que “la situación se pudra” para forzar la aceptación de la reforma. Lo cierto es que ya se entró en una marca histórica con los 30 días ininterrumpidos de huelga. Se superó el record de 1995 y hasta el de 1986-1987, cuando una huelga en los transportes se había prolongado durante 28 días. Con lógico mal humor y paciencia, la gente hace largas colas para intentar subirse a los pocos transportes públicos que circulan. El 9 de enero están previstas las próximas manifestaciones y recién el 22 de el proyecto de ley será presentado en el Consejo de Ministros. De aquí en adelante la única opción es caminar.


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Asalto a las pensiones en Francia: "La movilización de las mujeres jugará un papel esencial”

Este lunes [el 16 de diciembre, ndt], en vísperas de la manifestación contra la reforma de las pensiones, un mitin organizada por diferentes organizaciones feministas y sindicales reunió, en un ambiente determinado y alegre, a unas trescientas personas sobre el tema “mujeres y jubilación”.

"Levantémonos, mujeres esclavas, y rompamos nuestros grilletes, en pie, en pie. En la repleta sala de los Metalúrgicos de París, la atmósfera del lunes por la noche, antes de la gran manifestación contra la reforma de las pensiones prevista para el martes, está en feliz vigilia de armas. Cuando las treinta oradoras -sindicalistas, historiadoras, economistas, militantes feministas- reunidas en el escenario cantaron el himno de la MLF [Movimiento de Liberación de la Mujer, ndt] al final de este mitin dedicado a las consecuencias de la reforma de las pensiones para las mujeres, algunas militantes formaron con la mano el triángulo invertido, símbolo de la liberación feminista.

Esa tarde, todas vinieron a decir hasta que punto la reforma de Edouard Philippe afectará a las mujeres en primer lugar, al reforzar las desigualdades ya evidentes en el mundo del trabajo. Ante un primer ministro que aseguró, el miércoles pasado, que “las mujeres serán las grandes ganadoras” de esta reforma, las participantes se sucedieron en la denuncia de la hipocresía del gobierno. “Hay que entender la neolengua orwelliana de este gobierno”, proclamó la diputada de France Insoumise de Seine-Saint-Denis Clémentine Autin, el eje de este mitin, que dijo que le gustaría que en la manifestación “las mujeres están hoy en la plaza porque están en primera línea”.

Durante más de dos horas, y aunque sigue una gran ambigüedad en muchos puntos de la reforma, las intervenciones permitieron proporcionar una visión general instructiva de las desigualdades, a menudo invisibilizadas, que afectan a las mujeres en el mundo del trabajo. Y qué ese riesgo se ve agravado, como en anteriores reformas de pensiones, por el proyecto del gobierno.

Sobre el importe de las pensiones, “hoy hay una diferencia del 42% con los hombres y del 28% si tenemos en cuenta las pensiones de supervivencia (de viudedad, ndt)”, dijo la economista Rachel Silvera, quien recuerda que las pensiones de las mujeres son realmente “un espejo aumentado de la desigualdad salarial”.

Intentar comprender qué implicará la reforma para las mujeres requiere hacer un balance de las desigualdades actuales: el tiempo parcial, masivo, y la mayor parte del tiempo sufrido e involuntario por las mujeres, su concentración en sectores como la salud, educación o comercio donde los salarios son bajos, los “pequeños techos insidiosos de cristal a lo largo de la carrera”, carreras precarizadas, interrumpidas, etc.
En este sentido, el momento de la jubilación llega a sancionar, y a menudo amplificar, estas situaciones.

Para comenzar el debate, las historiadoras Mathilde Larrère y Laurence De Cock insistieron en la naturaleza muy reciente de la preocupación política por la jubilación de las mujeres. Hasta principios del siglo XX, la mortalidad femenina era tal, recordaron que la jubilación no era en absoluto un problema. En 1910, cuando se invirtió esa tendencia, la ley teóricamente les otorgó el mismo régimen de pensiones que los hombres siempre que tuvieran una carrera completa. Basta decir que afectó a muy pocas mujeres. Como prueba de una larga serie de reformas engañosas y derechos puramente formales para las mujeres.

La presidenta de la asociación de Mujeres por la Igualdad, Ana Azaria, también enfatizó un punto muy poco presente en el debate, de la toma en consideración de la penosidad, que “los estereotipos sexistas significan que los trabajos de las mujeres rara vez se reconocen como penosos”. El caso de la función hospitalaria, donde están representadas masivamente, es sin embargo edificante. Las mujeres se enfrentan al trabajo nocturno, en turnos, al ruido... “Esas mujeres tienen una esperanza de vida de siete años por debajo del promedio”, afirma la militante, quien recuerda que para las 400.000 auxiliares de enfermería, que pueden hoy jubilarse a partir de los 57 años, en lo sucesivo tendrán que aguantar hasta los 62 años.


Para Sigrid Gerardin, directora del sector educativo de la FSU, las mujeres que representan a tres millones de los cinco millones de funcionarios públicos serán particularmente penalizadas por la reforma anunciada. “El estatuto de funcionario público no protege contra las desigualdades [entre hombres y mujeres - ndlr]", asegura, precisando que “en la función pública, los dos tercios de las primas se otorgan a los hombres”. Bonificaciones que el gobierno ha presentado para explicar cómo la reforma sería favorable para las y los funcionarios públicos, y en particular para los y las enseñantes.


En nombre del Comité Adama, Assa Traoré explicó que estuvo presente en esta movilización, porque los barrios populares serán “golpeados de pleno” por esta reforma. Mencionó notablemente el caso de su madre, limpiadora en Onet, que prácticamente perdió la vista después de haber estado expuesta al polvo durante años.


Una responsable de la CGT de hostelería también vino a testificar sobre la larga lucha de las camareras que también sufrirán esta reforma: esas mujeres, en gran parte racializadas, se enfrentan al trabajo a tiempo parcial impuesto, la subcontratación y, mucho más masivamente que en otros sectores, el acoso moral y sexual.


“Las violencias sexuales y sexistas tienen un impacto en las carreras”, insistió Caroline de Haas en nombre del colectivo #NousToutes, ya que a menudo presionan a las mujeres a dimitir o dejar de trabajar. Si bien el 32% de las trabajadoras han sufrido tal violencia, entendemos que el problema es de hecho sistémico.


Al plantear un punto aún muy vago de la reforma, en ausencia de estudios de impacto serios, la portavoz de ¡Osez le féminisme!, Céline Piques, protestó contra la supresión de los ocho trimestres de aumento por hijo que no será compensados, según ella, por el aumento del 5% de la pensión por hijo (y del 7% para el tercer hijo). Además, el hecho de que este 5% se pueda atribuirse a elección a los hombres o las mujeres, abre la puerta para que las parejas decidan que los hombres, que a menudo ganan más, sean quienes lo toman. “¿Qué pasará después si hay separación? Es un escándalo”, denunció.


Si bien las pensiones de supervivencia permiten corregir parcialmente las desigualdades que sufren las mujeres en sus carreras, Sophie Binet, co-secretaria general de la CGT, quiso recordar la naturaleza retrógrada de esta filosofía ya que: “Las mujeres no solo son madres y, a veces, no son madres en absoluto”.


Entusiasta sobre la extensión del movimiento desde el 5 de diciembre, la responsable de la CGT concluyó su intervención con cierta gravedad. “Estamos en un momento particular en el que la historia puede inclinarse en una dirección u otra. La movilización de las mujeres desempeñará un papel esencial”.


Traducción: viento sur
https://www.mediapart.fr/journal/france/171219/la-mobilisation-feminine-jouera-un-role-essentiel


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La reforma de las pensiones penalizará aún más a las mujeres


Colectivo


Un grupo de dieciséis mujeres -sindicalistas, feministas y economistas- denuncia el empeoramiento de las desigualdades de pensiones entre hombres y mujeres que resultarían de un sistema de pensiones basado en puntos.

La creciente actividad profesional de las mujeres desde la década de 1960 ha contribuido en gran medida tanto a su empoderamiento como a la financiación de las pensiones. Pero la brecha de pensiones entre mujeres y hombres sigue siendo muy importante y amplifica las desigualdades salariales. Considerando el total de los regímenes, es del 42% para las pensiones de derecho directo, contra el 24% para los salarios. Las mujeres se ven obligadas a jubilarse en promedio más tarde que los hombres, a menudo están sujetas a coeficientes penalizadores por ser sus carreras de duración demasiado corta. Su pensión, que es demasiado baja, aumenta frecuentemente mediante un dispositivo de pensión mínima.


La situación continúa deteriorándose como resultado de las reformas pasadas (alargamiento de la duración de cotización, reducción de los derechos familiares, etc.). Por lo tanto, es urgente poner fin a estas desigualdades. No es necesario adoptar el plan de jubilación Delevoye por puntos en lugar del sistema de anualidades. ¡Muy al contrario! Porque a pesar de la comunicación del gobierno que afirma que el nuevo sistema sería ventajoso para las mujeres, la realidad es muy diferente.


En efecto, en un régimen por puntos la pensión debe reflejar lo más fielmente posible la suma de las cotizaciones abonadas durante la vida activa. Es una lógica de individualización. Al tener en cuenta toda la carrera en lugar de los mejores veinticinco años en el régimen general o los últimos seis meses en la función pública, dicho régimen solo puede reducir el nivel de pensiones para numerosas y numerosos funcionarios públicos, y para todas las personas con carreras interrumpidas, en primer lugar las mujeres. Incluye en efecto los peores años en el cálculo de la pensión, mientras que actualmente están excluidos. Cada período no trabajado, a tiempo parcial, con permiso parental, desempleado o mal pagado, proporciona pocos o ningún punto: otras tantas pérdidas de ingresos para el cálculo de la pensión.


Las mujeres son las beneficiarias mayoritarias de los dispositivos de solidaridad; sin embargo, estos se vuelven mucho menos importantes en los regímenes por puntos. Las desigualdades de pensión entre los sexos son, por lo tanto, mucho más altas. El ejemplo de los regímenes de puntos de Agirc y Arrco es significativo: ¡la brecha de pensión entre mujeres y hombres es de 59% y 39% respectivamente, mientras que es de 24% en el régimen general por anualidades!


Fuerte regresión de las pensiones de supervivencia


Con respecto a los derechos familiares, lo que propone el informe Delevoye es, en general, un aumento de pensión del 5% por hijo, atribuido a la elección de la pareja a uno u otro, o a la mitad a cada padre. ¡Esta propuesta reemplazaría tanto el aumento actual del 10% para tres niños asignados a cada padre como a los aumentos en la duración del aseguramiento asignado a las madres para cada niño, que se eliminarían!
Es difícil creer que este sistema sea más beneficioso para las mujeres. Por el contrario, se teme que las parejas prefieran atribuir el aumento a los padres debido a su pensión más alta. ¿Qué pasará con las mujeres si la pareja se separa?


Finalmente, el proyecto Delevoye prevé un fuerte descenso en las pensiones de viudedad. La edad de derecho aumentaría a 62 años (55 años hoy en el régimen general y sin umbral de edad en la función pública). Este derecho también se eliminaría para las personas divorciadas o vueltas a casar. Con el nuevo cálculo, muchas personas con pensiones modestas recibirían, al fallecer su cónyuge, una pensión de viudedad mucho menor que la actual. Sin embargo, la actual pensión de viudedad representa en promedio una cuarta parte de la pensión de las mujeres (y una parte insignificante de la de los hombres); el 90% de sus beneficiarios son mujeres.
Por lo tanto, este proyecto solo penalizaría aún más a las mujeres. Es inaceptable Sin embargo, el sistema actual necesita ser mejorado. Citemos algunas medidas que beneficiarían a la mayoría y aún más a las mujeres. En primer lugar, se debe aumentar la pensión mínima. Es cierto que el proyecto establece que se aumentaría al 85% del salario mínimo neto, o sea 1.000 euros por mes para una carrera completa. ¡Pero ya era un objetivo consagrado en la ley de 2003, que debería haber sido una realidad desde 2008! No es necesario cambiar el sistema de pensiones para respetar ese compromiso.


Doble penalización


Es necesario poner fin al alargamiento continuo del período de cotización requerido y volver a un período alcanzable por todas y todos, teniendo en cuenta la situación del empleo y la penosidad de las profesiones. Nuestro concepto de la igualdad y el progreso no es alinear las horas de trabajo de las mujeres con las de los hombres, sino permitir que las mujeres y los hombres reduzcan su jornada de trabajo sin penalización financiera. El coeficiente penalizador por una carrera incompleta constituye una doble penalización, que reconoce el informe Delevoye, ya que la pensión se calcula de manera proporcional a la duración alcanzada de la carrera. Debe ser eliminada. También se debe volver a un cálculo de pensión basado en los mejores diez años.


Los suplementos por hijas e hijos siguen siendo esenciales para reducir las desigualdades, pero no deben perpetuar la asignación de mujeres a las tareas parentales. La evolución del sistema de pensiones es inseparable del objetivo de la igualdad de género.


Previamente y en relación con la jubilación, es por lo tanto urgente llevar a cabo una política proactiva a favor de la igualdad y la remuneración profesional entre mujeres y hombres, que también apunta a la igualdad de tasas de actividad: la de las mujeres es actualmente ocho puntos inferior. Los recursos de los regímenes mejorarían considerablemente, al igual que los derechos directos de pensión de las mujeres. Eliminar los obstáculos a su empleo presupone una política pública de creación de plazas de guardería, el reparto igualitario del permiso parental, una lucha a todos los niveles contra las discriminaciones y los estereotipos de género.


Finalmente, a partir del momento en que la proporción de pensionistas aumenta en la población, es normal que la parte del gasto de pensiones en relación con la riqueza producida aumente, al contrario de lo que se proyecta. La pensión es una opción de sociedad. Abordar esta cuestión a partir de la situación de las mujeres permite encontrar soluciones de progreso para todas y todos.


Firmantes:
Agathe, Colectivo Nuestras pensiones; Ana Azaria, Presidenta de Femme Egalité; Sophie Binet, piloto del grupo mujeres Mixité de la CGT; Claire Charlès, secretaria general de Les Effrontées; Ismahane Chouder, Colectivo Feminista por la Igualdad; Sigrid Gérardin, secretaria nacional de la FSU; Cécile Gondard Lalanne, portavoz de Union Syndicale Solidaires; Bernadette Groison, secretaria general de la FSU; Murielle Guilbert, secretaria nacional del sindicato Union Solidaires; Sabina Issehnane, por los Economistas Aterrorizados; Christiane Marty, por la Fundación Copernic; Céline Piques, portavoz de ¡Dare feminism!; Suzy Rojtman, portavoz del CNDF; Sabine Salmon, presidenta nacional de Femmes solidaires; Aurélie Found, portavoz de Attac; Céline Verzeletti, Secretaria Confederal de la CGT.

Traducción: Viento Sur

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Macron insiste en que llevará adelante la reforma de las pensiones pese a las protestas

El presidente francés defiende el proyecto en medio de un prolongado paro de trenes y transporte metropolitano

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la noche del martes la reforma de las pensiones, su proyecto de campaña más ambicioso pero que, desde que fue anunciado a comienzos de diciembre, ha provocado una de las movilizaciones más duras en contra de su Gobierno. En su discurso de Nochevieja, en el que tradicionalmente los mandatarios galos expresan sus “propósitos” para el año entrante, Macron aseguró que el proyecto “se llevará a cabo”. Al mismo tiempo, pidió un “apaciguamiento” de las protestas, que han superado ya las que en 1995 obligaron al entonces primer ministro, Alain Juppé, a retirar su propia reforma, e insistió en que su propuesta para cambiar el actual sistema de pensiones para convertir los 42 regímenes diferentes en uno “universal” por puntos es más “justo” para todos los franceses.

“La reforma de las pensiones se llevará a cabo porque es un proyecto de justicia y de progreso social”, sostuvo Macron en su discurso, de 18 minutos, en el que dedicó casi una cuarta parte a esta cuestión. Por ello, manifestó su esperanza de que su primer ministro, Édouard Philippe, encargado de las negociaciones, “encuentre la vía de un compromiso rápido” con todos aquellos sindicatos y patronales “que quieran” dialogar.

A pesar de su firme decisión de completar la reforma, el mandatario aseguró que no hace oídos sordos a los “miedos” y “angustias” expresadas estas últimas semanas, pero entre las que también ha habido, subrayó, “mentiras y manipulaciones”.

“No cederé ante el pesimismo ni el inmovilismo”, advirtió el presidente francés, e instó a los franceses a abrirse también a esos cambios a los que son a menudo reticentes. “¿Hay que renunciar a cambiar nuestro país y nuestra vida diaria? No, porque sería abandonar lo que el sistema ya ha abandonado”, afirmó. “Y sería traicionar a nuestros hijos y a los hijos de estos, que tendrán que pagar el precio de nuestra renuncia”, alertó.

En un fin de año marcado por un único tema en Francia, la huelga en contra de la reforma de las pensiones -que desde hace casi un mes perturba profundamente el tráfico ferroviario nacional y los servicios de transporte metropolitanos de las principales urbes, especialmente París-, el discurso del mandatario era esperado con una expectación inusitada. Al fin y al cabo, pese a que era una de sus reformas estrella, Macron apenas se ha pronunciado al respecto, dejando el peso de las negociaciones —y de la comunicación— a su primer ministro.

Sin embargo, el Elíseo ya había adelantado que en su discurso Macron no entraría en detalles de la reforma ni en la posibilidad de hacer concesiones, como la eliminación o modificación de la edad de jubilación a los 64 años, tal como indicó el Gobierno a mediados de diciembre, en plena escalada de las tensiones con los sindicatos. Aunque la edad legal para el retiro siguen siendo los 62 años, al presentar la propuesta de reforma, Philippe indicó que para lograr la pensión completa pasaría a los 64 años, hecho que puso en su contra hasta a los sindicatos moderados como la CFDT, que hasta entonces no se habían unido a las protestas pero que consideraron que ese cambio “cruza una línea roja”.

A esta postura se han unido casi dos decenas de diputados del ala más a la izquierda del partido de Macron, La República en Marcha (LREM), que en una tribuna publicada en el diario Libération afirman que establecer para todos los sectores la referencia de los 64 años es una decisión “socialmente injusta” y piden por ello una “alternativa”.

“El carácter universal del régimen de pensiones debe poder garantizar una jubilación digna para todos, especialmente gracias a su mecanismo de solidaridad, pero se debe también adaptar a los caminos de vida de cada uno”, escriben los 18 signatarios.


Gestos sin respuesta

En vísperas de la Nochebuena, el presidente anunció que renunciará a su pensión vitalicia como jefe de Estado, de 6.220 euros mensuales. Además, pidió una tregua por las fiestas navideñas. Ni su gesto ni su llamamiento surtieron efecto y la huelga ha continuado todos estos días, con más o menos intensidad y sin visos de aplacarse, mientras el mandatario permanecía mudo y retirado con su familia en el fuerte Brégançon, la residencia vacacional de los jefes de Estado en el sur de Francia.


Tampoco parece calmarse el pulso entre Gobierno y sindicatos, que se echan mutuamente la culpa del punto muerto en que se encuentra la situación. El domingo, el secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, acusó en el Journal du Dimanche a la CGT, uno de los sindicatos más combativos en este conflicto, de “practicar un sindicalismo de oposición sistemática a toda reforma, de bloqueo y, a veces, de intimidación”. Desde las mismas páginas del semanario, el líder de la CGT, Philippe Martinez, acusó al Gobierno de “jugar a la putrefacción” de la situación para que esta se torne insostenible y forzar así la mano de los que se oponen a su reforma.

“Emmanuel Macron se ve como el hombre del nuevo mundo, pero imita a Margaret Thatcher”, dijo. Según Martinez, que exige la retirada total del proyecto de pensiones, el discurso de Nochevieja del presidente debía servir para que el mandatario admita que “se ha equivocado”, algo que no ocurrió.

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Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

Publicado enPolítica
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