Elecciones en Perú: nace un gobierno acechado por las  corporaciones

El futuro según tres analistas peruanos si se confirma el triunfo de Pedro Castillo

Un país polarizado, un margen de victoria estrecho, minoría en el Congreso, oposición abierta de los grandes medios y una derecha que no va a querer dejarlo gobernar. 

El triunfo electoral del izquierdista Pedro Castillo, no confirmado oficialmente, pero a estas alturas prácticamente un hecho con un conteo de votos al 99 por ciento, es la victoria del Perú marginado, de los más pobres, del interior del país sobre Lima, del mundo rural andino menospreciado por las élites del país. La victoria del cambio en un país marcado por grandes inequidades. También el triunfo sobre el miedo que impuso la derecha con una masiva campaña que anunciaba “una dictadura comunista” si ganaba Castillo.

El profesor de escuela rural se encontraría con un complicado escenario, un país polarizado y políticamente muy fragmentado, un ambiente de marcada división, sin mayoría parlamentaria, con el poder económico y los grandes medios en contra. Y con una población muy golpeada por la pandemia y una grave crisis económica.

Tres analistas consultados por Página/12 examinan el escenario que se abre en un eventual gobierno del profesor y sindicalista de izquierda.

Debilidad de origen

“Lo que se viene es un escenario de conflicto. Lo más probable es que la derecha se resista a los cambios y no deje gobernar a Castillo y lo confronte. En ese escenario de agudizar el conflicto está Keiko, que busca mantener la polarización del país a partir de un conflicto abierto con Castillo para así tratar de mantener su liderazgo en la derecha después de tres derrotas electorales. Para darle estabilidad a su gobierno, lo primero que tendría que hacer Castillo es formar un gabinete plural que le baje el tono al conflicto, que tiene que ser un gabinete de centroizquierda, y como primeras acciones combatir la pandemia y reactivar la economía”, señala el sociólogo Alberto Adrianzén.

En la opinión del politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Universidad Católica, “con la élite en contra, un Congreso opositor en el que habrá sectores de derecha antidemocráticos que hablan de golpe, un duro contexto de pandemia y crisis económica, el principal reto de un gobierno de Castillo es desmontar el enorme miedo que se ha creado en su contra, y para eso debe formar un gabinete ministerial que dé confianza en el manejo de la economía. Esto no significa que sea un gabinete que se corra a la derecha, eso sería un error, sino un gabinete con técnicos de izquierda reconocidos que den confianza de un manejo serio. En el Perú los tiempos son muy cortos, si Castillo no logra rápido cierta estabilidad y control, su popularidad se desparramaría”.

Gobierno de coalición

Para el historiador y analista político Nelson Manrique “el destino de un gobierno de Castillo dependerá con qué equipo construye gobierno. Hay un conjunto de cuadros de izquierda, particularmente de Juntos por el Perú de Verónika Mendoza (coalición progresista que apoyó a Castillo en la segunda vuelta), que tienen competencia profesional y credibilidad política. Depende de Castillo aprovechar ese capital o cerrarse en un proyecto partidario de Perú Libre (partido por el que postuló y que se define como marxista-leninista) como quisiera Vladimir Cerrón (fundador y secretario general del Partido Libre). Cerrarse en un proyecto partidario sería un error. Esa decisión va a marcar cuál será el escenario y el margen de juego que va a tener su gobierno”.

Manrique considera que “existe margen” para que Castillo lleve adelante sus propuestas de cambio, como la renegociación de contratos con las empresas transnacionales. Pero aclara: “Si nos quedamos en el Congreso, llevar adelante esos cambios sería imposible, hacerlo dependerá de en qué medida Castillo es capaz de movilizar a la sociedad civil para cambiar la correlación de fuerzas con el Congreso, que no le favorece”.

Pactar o no pactar

“Castillo debe hacer un gobierno popular, que implique un cambio de modelo, para tener un Estado más redistributivo, fiscalizador, más regulador. Una especie de modelo socialdemócrata de izquierda. Si el Congreso no lo deja hacer un gobierno de este tipo, la alternativa sería el enfrentamiento”, dice Adrianzén. Sin embargo, advierte que “veo un gobierno de Castillo débil, y existe la posibilidad que en esa debilidad pacte con la derecha y modifique sus planteamientos. Eso generaría una nueva gran frustración. La posibilidad de un levantamiento popular en ese caso dependerá si hay gente capaz de movilizar esa decepción”.

Adrianzén considera que las denuncias de supuesto fraude electoral lanzadas, sin pruebas, por la derecha, apuntan a debilitar a Castillo. “Esas denuncias de fraude no creo que lleguen a desconocer los resultados electorales, pero sí buscan ensuciar el triunfo de Castillo, desprestigiarlo y deslegitimarlo para debilitarlo y así la derecha esté en mejor posición para pactar con él y domesticarlo para que modifique sus planteamientos, como hicieron con Ollanta Humala, o, si eso no ocurre, debilitarlo para tumbárselo”.

“El principal riesgo de un gobierno de Castillo enfrentado a las élites y con el Congreso en contra, es de un desgobierno y desorden, de una presidencia accidentada y probablemente corta”, advierte Dargent.

Disparen al Congreso 

“En el Perú es muy fácil que el Congreso destituya un presidente, hay una figura legal no definida para hacerlo que es la incapacidad moral, si se tienen los votos se puede usar sin mayores razones”, recuerda Manrique. Esa figura fue invocada para destituir a Martín Vizcarra.

Los tres analistas coinciden en que, si bien diversos grupos de derecha del fragmentado nuevo Congreso, que tendrá diez bancadas, hacen mayoría, no alcanzan los dos tercios necesarios para destituir al presidente. Pero advierten que eso puede cambiar.

Castillo ha levantado como su principal bandera cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, pero el Congreso debe darle luz verde para convocar una Asamblea Constituyente y su mayoría de derecha se opone. Tendría la alternativa de reunir poco más de dos millones de firmas para convocar un referéndum para una Asamblea Constituyente. Algunos constitucionalistas dicen que esa salida no es constitucional, otros la respaldan.

“Si Castillo insiste en convocar un referéndum sin aprobación del Congreso creo sería un error que le daría al Congreso una razón para destituirlo”, dice Dargent. Adrianzén discrepa: “La Asamblea Constituyente va a ser una fuente de conflicto, pero Castillo no la puede dejar de hacer. Movilizarse para juntar las firmas para un referéndum es lo primero que debe hacer en el gobierno. Si Castillo no logra sacar la Constituyente sería una gran derrota”

Por Carlos Noriega

10 de junio de 2021

Desde Lima

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Sábado, 05 Junio 2021 06:10

Tiempos inciertos

Joe Biden FOTOS PÚBLICAS, CARLOS M. VAZQUEZ

Con el politólogo estadounidense Corey Robin

La política estadounidense vive tiempos convulsos. El período de gobierno de Joe Biden comenzó con un intento de reanimar la economía con un gigantesco paquete de estímulo, mientras la izquierda y la derecha tratan de recomponerse para enfrentar el tiempo que se viene. Para hablar sobre estos temas, Brecha conversó con Robin, teórico político y profesor de ciencia política de la City University of New York.

 

Empecemos con la administración Biden. Parecía –por lo que Biden representa y por el hecho de que peleó una primaria contra la izquierda– que sería un presidente más bien conservador, pero su gobierno se muestra más audaz de lo esperado. ¿Eso es así? ¿Cómo interpreta estos primeros meses del gobierno de Joe Biden?

—Es muy temprano para saberlo. En los primeros dos meses de la administración Biden, la principal legislación fue el paquete de estímulo, que, en términos de gasto, fue mucho mayor de lo que mucha gente esperaba. Y no es solo que fuera tan grande, también es adonde está dirigido. Mucho va a comunidades de color, y mucho dinero va directamente a la gente. Creo que desde el principio flotó la noción de que iba a ser una presidencia transformadora. Ahora estamos en la realidad. Va a haber discusiones sobre una ley de infraestructura y una reforma laboral. Ahí vamos a ver. No se trata tanto de la personalidad de Biden o de lo que él quiera personalmente, sino del Partido Demócrata, que tiene una pequeñísima mayoría en la legislatura, por lo que necesita estar unificado para que esto se apruebe. Creo que en las próximas semanas y meses vamos a tener una mejor visión de esto.

¿En qué estado está la izquierda estadounidense hoy, después de la derrota de Bernie Sanders y después de los grandes movimientos de protesta del año pasado?

—Es una pregunta difícil de responder. Ha habido un par de escaramuzas con la administración Biden en las que la izquierda pudo ejercer un poco más de presión de lo que muchos hubieran anticipado. Pero no hemos llegado al punto de las grandes peleas sobre las leyes laborales y el derecho al voto. Ahí vamos a tener una mejor idea. Otro tema es que la izquierda ha estado relativamente callada. No estuvo en las calles como estuvo durante la administración Trump o, incluso, durante el segundo mandato de Barack Obama. Mi sensación es que la izquierda no va a hacer lo mismo que hizo durante el primer mandato de Obama –o sea, nada–. Creo que la gente está más preparada para una pelea. Pero está por verse.

Entonces, hay mucha incertidumbre. Es un momento interesante.

—Lo es. Creo que es un momento fascinante. Es el momento más interesante que hemos tenido en mucho tiempo. Porque hacía mucho que el Partido Demócrata no estaba tan inclinado a la izquierda. Y la izquierda ha construido cierta capacidad política que antes no tenía. Además, la derecha tiene mucha incertidumbre sobre su futuro, porque las herramientas habituales que tenía para oponerse a la izquierda ya no le funcionan tanto. Estamos viendo una nueva constelación del balance de fuerzas, y por eso la incertidumbre es tan grande.

Ha comparado el momento actual con situaciones anteriores de «realineamiento» de la política estadounidense, como la emergencia del movimiento conservador en los setenta y el del New Deal en los treinta. ¿Cuáles son los puntos de comparación?

—Creo que son muchos. Últimamente los historiadores han estado mirando los años setenta con mucho más cuidado, como un momento muy similar al nuestro en términos de que nadie sabía hacia dónde irían las cosas. Había un sentido muy claro de que el orden del New Deal estaba colapsando. Tenías un movimiento conservador y un Partido Republicano cada vez más combativos, y dentro del Partido Demócrata tenías intentos reales de salirse del New Deal. Jimmy Carter fue el primero en impulsar la desregulación. Instaló a Paul Volker en la Reserva Federal, donde desarrolló una política monetaria contractiva. Estaba claro que el orden anterior se estaba viniendo abajo, pero nadie sabía lo que pasaría. Hoy vemos algo parecido: la ortodoxia neoliberal de la era de Reagan –impuestos bajos, gasto bajo– está cambiando. El paquete de estímulo que fue aprobado en el gobierno de Donald Trump y nuevamente ahora es una evidencia de ello. Creo que hay muchos parecidos con el realineamiento de los setenta. Pero, nuevamente, es muy temprano para saber hacia dónde va todo esto.

En estos años ha participado de polémicas sobre hasta qué punto se podía calificar a Trump de autoritario o hasta qué punto era capaz de actuar autoritariamente. ¿Qué podemos decir en retrospectiva sobre lo que fue Trump?

—Creo que habría que aclarar algunas cosas sobre Trump que tienen que ver con pensar la derecha desde una perspectiva histórica. Mucha gente tiene dificultades para hacer eso. La mayor parte del tiempo, la gente de izquierda no le presta ninguna atención a la derecha y, cuando esta, de repente, aparece en la escena, captura su imaginación. Parece que fuera algo nuevo y diferente. Pero la verdad del asunto es que muchas de las características típicas de Trump salen directamente del recetario tradicional del conservadurismo: el lenguaje racista, los alardes populistas, el desprecio al Estado de derecho, la hostilidad a las instituciones y las creencias establecidas. Una cosa que, si bien no es nueva, se intensificó mucho es la conciencia creciente en el Partido Republicano de que ya no son capaces de ganar mayorías. En la era de Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush, el movimiento conservador fue capaz de comandar una fuerza mayoritaria, de hablar por la mayoría. Ese ya no es el caso. Entonces, los conservadores dependen cada vez más de partes de la Constitución estadounidense que son muy antimayoritarias y antidemocráticas, como el Senado, el Colegio Electoral y la Suprema Corte. Estas son las partes del sistema estadounidense hostiles a la democracia popular. Si alguien dijera que la Constitución estadounidense es un documento autoritario, yo no tendría ningún problema. Pero creo que es mejor pensarlo como un documento antidemocrático. Y es en eso que se escudan Trump y el Partido Republicano. Eso es muy distinto de lo que se ve en muchos autoritarios de alrededor del mundo, que son hostiles al orden constitucional. El Partido Republicano y el movimiento conservador no serían nada sin el orden constitucional actual. Entonces, se los puede considerar un partido conservador muy tradicional, en términos del siglo XIX, que busca quedarse en el poder restringiendo el derecho al voto, dibujando los límites de los distritos al Congreso a su favor, usando a los jueces. Eso se parece más a la política estadounidense del siglo XIX que a cualquier tipo de nuevo orden.

Uno no está acostumbrado a pensar en el conservadurismo como algo estridente o violento. El conservadurismo, al contrario, se presenta a sí mismo como moderado, cauteloso.

—Exactamente. Las dificultades para entender a Trump dependen de las dificultades para entender la tradición conservadora en su conjunto, y ese es el problema.

¿Cómo se relacionan históricamente el populismo y esta tradición conservadora?

—Es una pregunta interesante. Quiero ser cuidadoso, porque sé que en América Latina la palabra populismo tiene connotaciones muy distintas que en Estados Unidos y en Europa. A lo largo de los años he aprendido a ser muy cuidadoso al hablar de este tema. Yo uso la palabra populismo en un sentido minimalista, no en el sentido de la ciencia política ni en el de los historiadores. Aunque el conservadurismo es un movimiento en defensa del poder de las elites, no lo hace de una forma tradicionalista. No usa métodos tradicionales, ni argumentos tradicionales, ni tácticas tradicionales. Y una cosa que el conservadurismo entendió desde el principio fue que era necesario encontrar una forma de apelar a lo popular. No a la democracia, pero sí a las imágenes, a los símbolos, a los mitos populares. Y eso es a lo que me refiero con populista. Es un intento de hacer una alianza entre las elites y las masas para hablar en nombre del todo, de una forma que es distinta de las defensas tradicionales de la jerarquía.

Oponiéndose a la izquierda.

—Sí. El conservadurismo nace como un contramovimiento, contra la revolución francesa y contra la democracia de masas. Pero los conservadores siempre entendieron que si quieren contrarrestar a la izquierda, van a tener que ofrecer su propia forma de política de masas. No pueden ofrecer una defensa jerárquica tradicional. Por eso el conservadurismo, incluso remontándose a Edmund Burke, siempre tuvo su propia política de masas. No es solamente un tema de las elites.

En América Latina solemos recibir las cosas que pasan en la derecha estadounidense con cierto retraso. Primero la derecha evangélica, ahora los libertarians. Nos vendría bien saber qué está pasando allá en ese campo para saber qué esperar en los próximos años.

—Sí, hay un gran historiador acá, en Estados Unidos, Greg Grandin, que ha escrito bastante sobre la forma como Estados Unidos exporta su derecha a América Latina. En cuanto a lo que pasa acá, durante la Guerra Fría y hasta Bush tuvimos lo que se llamaba una fusión entre tres corrientes de la derecha: el sector de la seguridad nacional, la derecha religiosa evangélica y la derecha económica, de libre mercado. Todos se reunían bajo la bandera del anticomunismo, que era un pegamento que funcionaba en Estados Unidos y en el exterior. Pero lo que pasa cada vez más –y esto se ve claramente con Trump– es que esas cosas ya no funcionan tan bien juntas como antes. Muchos de los conservadores de la seguridad nacional han roto con Trump; incluso, se han ido del Partido Republicano. Y los libertarians obtuvieron desregulaciones y reducciones de impuestos, pero si ves los presupuestos de Trump, el gasto social fue bastante alto. A los evangélicos les fue muy bien con las nominaciones de jueces, pero el movimiento se empezó a fragmentar. El problema que tiene la derecha es que estas tendencias ya no se retroalimentan entre ellas tan bien como antes y, de hecho, comenzaron a disputar entre ellas.

Quizás esto es más una cosa de Internet que de la realidad, pero parecería que se está dando un renacimiento de posturas extremadamente reaccionarias en Estados Unidos: desde tradicionalismos hasta eso que se llama neorreacción. ¿Esto es algo importante o marginal?

—Es algo que se está debatiendo bastante. Para mí, hay que mirar cómo el partido gobierna. Hay que recordar que los republicanos estaban hasta hace poco en el poder. Tuvieron el control total del Estado los primeros dos años de Trump. Y la verdad es que la forma como gobernaron, más allá de las nominaciones de jueces, fue relativamente moderada. Y en los últimos dos años fueron lo mismo. Tenés, también, al movimiento de milicias –que no es algo nuevo, pero está más audaz– y, quizás más importante, la sensación en el Partido Republicano de que ya no pueden formar mayorías por medios democráticos. Y eso es lo más importante. Cosas como las que pasaron el 6 de enero y Qanon se llevan toda la atención porque dan miedo, pero creo que lo más significativo es lo que está pasando con el Partido Republicano.

El año pasado vimos grandes manifestaciones antirracistas, que fueron reprimidas con mucha violencia. ¿Pudo ver el movimiento de cerca? ¿Cuánto cambió el terreno político?

—Creo que hay elementos de continuidad y novedad. Estados Unidos tiene una historia extraordinariamente violenta. Hubo muchos disturbios en los años sesenta y setenta, que luego continuaron, pero se les prestó menos atención. Lo nuevo fueron un par de cosas. Por un lado, este es un movimiento mucho más multirracial. En los sesenta y los setenta fue abrumadoramente negro. Por otro lado, las redes sociales permiten ver el lado oscuro del Estado mucho más que antes. También es verdad que hay grabaciones de televisión de la represión de los setenta. Pero ahora hay más, con grabaciones de asesinatos de personas negras por la Policía. Y, por último, el discurso conservador de ley y orden ha perdido fuerza en la política estadounidense. Nixon y Reagan llegaron al poder azuzando la amenaza de la violencia negra y los disturbios en las calles. Así construyeron mayorías populares. La retórica de Trump, que intentó hacer lo mismo, no le hizo ningún favor.

Uno de los eslóganes de las manifestaciones reclamaba quitar el presupuesto a la Policía. Acá, en América Latina, sería utópico pensar que un movimiento de masas reclamara esto. ¿De dónde salió ese reclamo?

—Es un movimiento que se fue desarrollando de a poco. Acá también era utópico en los noventa, cuando yo era un estudiante. Es una historia de lenta organización y con el tiempo de organización de masas, que irrumpió en la conciencia colectiva rompiendo muchos tabúes. Estados Unidos es el país que más presencia policial tiene y donde más se encarcela. Pero la combinación de la organización de largo plazo y el debilitamiento de la derecha cambió las cosas. Lo que entusiasma del reclamo de quitar el presupuesto a la Policía es que no es solo retórica, sino que se trata de dar presupuesto a otras prioridades. A menudo, el neoliberalismo es erróneamente pensado como una filosofía antiestatista, pero no lo es: solo favorece a cierta parte del Estado, a la parte judicial, policíaca y carcelera. Hablar de quitar el presupuesto a la Policía implica cambiar las prioridades políticas del Estado. Tiene el potencial de ser algo muy transformador.

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Viernes, 28 Mayo 2021 05:03

Bolivia: los desafíos de Arce

Bolivia: los desafíos de Arce

La ruptura de la institucionalidad democrática en Bolivia el 2019 llevó al país a una profunda crisis política, económica y social. Las elecciones presidenciales de octubre de 2020 y las subnacionales de 2021 van cerrando (por ahora) esa crisis, reorganizando el mapa electoral y restituyendo algo esencial para la recuperación democrática: la legitimidad de las autoridades para reconducir el barco del Estado. Sin embargo, la herida no está totalmente cerrada, ni mucho menos cicatrizada.

El gran logro de estos seis meses en términos políticos es la recuperación de la institucionalidad democrática. El error más torpe y miope de la derecha boliviana, luego de arrebatar el poder por asalto en 2019, fue menospreciar la voluntad democrática del pueblo boliviano. Y, además, se autoconvencieron de otra gran mentira: que conformar Gobierno (de facto) equivalía a ser verdaderos representantes de la mayoría. Y después pasó lo que ya todos saben: acudieron a las urnas y se quedaron lejísimos, incluso de forzar una posible segunda vuelta. El 55 % escogió otra alternativa, la misma que ellos habían creído equivocadamente que había desaparecido de la faz de la tierra tras el golpe de Estado. La mayoría boliviana, una vez más, le dio la espalda al modelo neoliberal.

Tanto Luis Arce hoy, como Evo Morales durante sus mandatos, tienen en la defensa de lo público y la nacionalización su principal conexión con la gente, a pesar de que la presión mediática se esfuerce en mostrarla como una cualidad negativa, sin entender que el sentimiento nacionalizador en el pueblo boliviano es tan ampliamente mayoritario que incluso así lo piensa una gran parte del electorado que votó por Mesa y Camacho. Es un sentido común en Bolivia.

La apuesta por el Estado presente y fuerte es otro rasgo característico del nuevo Gobierno de Luis Arce, con gran respaldo ciudadano. Algo similar ocurre con López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. Hoy en día, según datos arrojados por las encuestas de Celag, son Arce, López Obrador y Fernández, tres de los presidentes mejor valorados por su pueblo en la región latinoamericana.

¿Y cuál es el rol de la oposición boliviana en este escenario? Lo primero es tener clara una obviedad luego de las elecciones subnacionales: no existe ningún opositor con proyección nacional; no existe otra fuerza o estructura política que tenga carácter nacional, además del MAS.

Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, con una imagen relativamente baja (29 %), marca una extremada diferencia según la zona geográfica. En La Paz, su imagen negativa es de 85 %, mientras que en Santa Cruz su imagen positiva asciende a algo más del 50 %. Dicho de otro modo: fuera de Santa Cruz no hay espacio para su radicalidad.

La oposición, fragmentada y variopinta, tiene dos caminos: trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional para resolver problemas sociales y económicos acuciantes o, por el contrario, caminar por la ruta del conflicto y mayor confrontación contra Arce. Seguramente, un sector más radical tomará este segundo camino e intentará tensionar nuevamente con discursos “duros”, apelando al sentimiento regionalista como fórmula identitaria. Esta estrategia pretende, a su vez, sintonizar con dos ideas que podrían estar presentes en algunas regiones: a) los problemas económicos que ahora se padecen son por culpa de este Gobierno, y solo nuestro modelo, el neoliberal, podrá resolverlos, y b) las elecciones no sanaron las heridas abiertas en Bolivia de manera definitiva y por tanto debemos seguir peleando desde esta trinchera regional.

Frente a esta posibilidad de un potencial conflicto que solo nos llevaría a un escenario de perder-perder, la mejor manera que tiene el actual Gobierno para desactivarlo es llevar adelante una gestión eficaz y justa de las cuestiones económicas y sanitarias, llegando a todas las regiones sin exclusiones y, en la medida de lo posible, trabajando de la mano con quien quiera trabajar, con los gobiernos locales y regionales que así lo deseen, de tal manera que se aísle a los que opten por la vía violenta y conflictiva de destruir por destruir.  O sea, evitar entrar en un juego que no nos lleva a ninguna parte.

En relación a este desafío, Luis Arce tiene de sobra atributos que le auguran un buen desempeño. Por un lado, la mayoría considera que tiene gran capacidad de diálogo; por otro lado, la ciudadanía no lo ve de ninguna manera como un político autoritario; y, por último, pero no por ello menos importante, existe una gran expectativa y confianza en que él pueda resolver el problema económico (52 %).

A todo ello, debemos sumar otra variable fundamental latente en la sociedad boliviana: se considera importante conocer la verdad sobre todo lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019. Esto es transversal a toda la población; da igual que sean votantes de Arce, Mesa o Camacho. Todos quieren saber, aunque hay posiciones divergentes. Una mayoría está a favor de que la Justicia actúe pero, al mismo tiempo, un poco menos de un tercio tiene confianza en el Órgano Judicial. ¿Cómo, entonces, resolver esa compleja ecuación? ¿Cómo evitar que exista impunidad ante un golpe de Estado sin que sea asumido como persecución judicial?

He aquí el gran desafío que tiene el Gobierno de Luis Arce. La gestión de la resaca de un golpe de Estado nunca es tarea fácil si lo que se pretende es avanzar en normalidad democrática. La impunidad no cabe en un Estado de Derecho. Es hora de Memoria, Verdad y Justicia para poder seguir construyendo el presente y el futuro democrático del país.

Por Gabriela Montaño*

27 de mayo de 2021

*Celag

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Los constituyentes independientes, motores de la nueva Carta Magna de Chile

Los votantes se vieron reflejados en una serie de candidatos entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, period

 

Los candidatos independientes de los partidos políticos tradicionales dominarán la Convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile, luego de quedarse con 48 de 155 escaños en los comicios del pasado fin de semana. Si se suman los 40 constituyentes electos que no militan políticamente pero llegaron a competir atados al cupo de un partido, la cifra de independientes llega a un 64 por ciento del órgano, según el Observatorio Nueva Constitución. El bloque de la derecha oficialista, Vamos por Chile, no alcanzó siquiera a lograr un tercio de la representación en la Convención, porcentaje que le hubiera otorgado cierto poder de negociación para frenar el alcance de los cambios más progresistas que se anticipan.

Los votantes chilenos se vieron reflejados en una serie de candidatos que levantaron las demandas que emanaron de las calles durante el estallido de 2019, entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, periodistas, abogados y personajes mediáticos. Página/12 dialogó con algunos de ellos para conocer sus principales preocupaciones y expectativas de cara a un momento histórico para el país.

Los constituyentes independientes llegaron a la Convención por distintas vías. Varias listas correspondieron a candidatos que no militan pero fueron asociados o con el sello de un partido político tradicional. Tal es el caso de Daniel Stingo, el más votado el pasado fin de semana, que se presentó como independiente pero bajo el amparo de la lista de izquierda de Revolución Democrática. "Me imaginaba un resultado positivo porque en la calle el apoyo, cariño y adhesión de la gente era inmenso. Ahora bien, recibir tanta cantidad de votos (más de 111 mil) era imposible de predecir", le explica Stingo a este diario.

El abogado de 55 años dice que no le sorprendió el mal desempeño de los sectores aliados al presidente Sebastián Piñera por el mal resultado del plebiscito del 25 de octubre del año pasado y "porque notábamos la desafección de la ciudadanía con las posturas de la derecha y la total falta de sintonía de este mismo grupo con la realidad social y política". A pesar de ser el candidato más votado, Stingo no piensa en presidir la Convención y buscará, en cambio, contribuir en el desarrollo de un "catálogo de derechos sociales" entre los que menciona "un plan de salud universal, de calidad y oportuno, una educación gratuita, de calidad e inclusiva, un sistema de seguridad social con pensiones dignas y el derecho a la vivienda digna".

El único candidato independiente que se presentó sólo en una lista fue Rodrigo Logan, electo por el Distrito 9. Los más de 34 mil votos obtenidos le permitieron superar listas completas a quien es conocido como el "abogado ciudadano" por su presencia en programas de televisión. "El proceso constituyente tenía como promesa de valor que era abierto a la gente común y corriente y eso no fue así. Debía existir un mensaje que rompiera esa 'igualdad falaz' de la que habla el Sistema D'hont", explica sobre los motivos de cortarse solo. Frente a los resultados de los comicios, Logan se manifiesta "muy ansioso y muy alegre" ya que "desde 1810 a la fecha jamás habíamos tenido la oportunidad de tener una constitución de, para y por la ciudadanía".

Más allá del caso atípico de Logan se encuentran las listas completas que se presentaron por fuera de los partidos. Entre las más exitosas se encuentra la de "Independientes No Neutrales (INN)", que consiguió cupos para 11 de sus postulantes. Uno de los constituyentes electos por ese espacio es el ambientalista Juan José Martin.

Martin es presidente y cofundador de Cverde, organización juvenil de Chile por la Sustentabilidad. "Nos sentimos super orgullosos y tranquilos con haber salido electos, porque nosotros desde el primer momento hicimos una apuesta: nos vamos a dedicar a llevar la voz y la prioridad de aquellos que no votan, la naturaleza y los animales", destaca Martin en diálogo con este diario. Por eso, apuesta por lo que llama una Constitución "ecocéntrica".

Martin era consciente de que esa plataforma electoralmente podía alejarlos de la prioridad de la mayoría de los chilenos que viven al día, pero "sentíamos que era consecuente con nuestra visión". A sus 25 años, planea llevar a la Convención a "los movimientos sociales y ambientales que están muy separados de la política tradicional". El joven ecologista propone una Carta Magna "de la realidad y de los datos, ya no de las ideologías prefabricadas por otros grupos".

Aunque entre las listas independientes, sin dudas la mayor sorpresa del pasado fin de semana la dio la llamada "Lista del Pueblo", que alcanzó 27 de las 155 bancas en juego, casi igualando al Partido Comunista y al Frente Amplio que juntos sumaron 28 escaños. La Lista del Pueblo representa a una articulación de candidaturas progresistas sin afiliación política, aunque muy comprometidas con la realidad. Sostenidos en un relato nacido en las entrañas de las históricas movilizaciones de la Plaza Dignidad, no estaban en las proyecciones de los analistas ni de los medios de comunicación chilenos. A base de eficaces campañas en las redes sociales y en las calles del país, sumaron alrededor de 884 mil votos.

Entre los 24 convencionales elegidos en la Lista del Pueblo destaca la figura de Giovanna Grandón, una maestra jardinera y chofer de transporte escolar que saltó a la fama al asistir a las marchas disfrazada de Pikachu, el personaje de dibujos animados japonés. Y si bien no logró sumar una banca a la Convención, la periodista Paulina Acevedo celebra que gracias a su candidatura el espacio sumó el 15 por ciento de los votos a nivel nacional, "un golpe a la cátedra de la política clásica, ya que el pueblo dijo que cualquier persona tiene derecho a escribir la Constitución".

"Cuando Carabineros me detuvo haciendo labores profesionales, eso sacó a la luz públicamente mi candidatura y me obligó a hacer campaña de manera más activa", recuerda Acevedo. En la madrugada del 12 de marzo, fue aprehendida mientras cubría los trabajos de remoción de la estatua del General Baquedano en la icónica Plaza Dignidad. "Fue una situación totalmente arbitraria e ilegal. Por lo mismo estuve 14 horas detenida y más de cuatro horas arriba de un carro policial esposada para finalmente ser absuelta de todos los cargos", remarca.

En ese sentido la periodista del Observatorio Ciudadano plantea que es necesaria una reforma profunda de Carabineros, "una institución que tiene más de 100 años y está absolutamente desacreditada por las violaciones a los derechos humanos pero también por situaciones de corrupción y malversación de fondos públicos".

Pero no se podría comprender esta renovación institucional en Chile sin considerar la importancia de los feminismos. "Desde la Coordinadora 8-M estamos muy contentas porque ingresó la compañera Alondra Carrillo y junto a ella entró el feminismo de los pueblos a través de cinco integrantes de la plataforma constituyente, feminista y constitucional", asegura al respecto Javiera Manzi, militante y vocera de la coordinadora.

"Hoy vemos que los partidos del orden han fracasado y son precisamente sectores movilizados por fuera de los partidos quienes avanzan", agrega Manzi. Para una nueva Constitución con perspectiva feminista, la jóven socióloga plantea que es necesario "el reconocimiento del trabajo no remunerado, los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de derechos sociales que hoy se encuentran privatizados". La aplicación efectiva de esas reivindicaciones permitirá, por fin, implementar el "programa feminista contra la precarizacion de la vida".

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Dos días históricos para consolidar la democracia

La megaelección en Chile de este fin de semana

Luego del estallido social de 2019, que derivó en la realización del plebiscito nacional en el 2020, y de la postergación de los comicios el pasado 10 y 11 de abril debido a la pandemia por la covid19, Chile entra nuevamente en cuenta regresiva para acudir a las urnas. En la megaelección del sábado 15 y domingo 16 de mayo, 14.900.189 electores son convocados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. La expectativa por la nueva constitución, el contexto pandémico, el deterioro sostenido en la imagen del gobierno y la cercanía de los comicios presidenciales hacen que estas jornadas sean días claves para pensar el futuro de la nación andina.

En 2019 quedó a la vista del mundo que detrás del elogiado “modelo chileno” persistían y se reproducían desigualdades y exclusiones, y que gran parte de la sociedad guardaba un profundo descontento y hartazgo. Lo que comenzó como un reclamo de los sectores estudiantiles por el aumento del pasaje del metro, terminó incorporando sectores heterogéneos sin banderas políticas, que expresaban demandas sociales estructurales de larga data; a tal punto que llegó a avanzar sobre uno de los fundamentos del orden vigente desde la dictadura pinochetista: una constitución sin legitimidad de origen y apuntada como gran responsable de la desigualdad chilena.

La imagen del gobierno de Sebastián Piñera fue en debacle desde el estallido social, y aunque mejoró levemente durante los últimos meses, la aprobación del tercer retiro de fondos de pensiones por parte del Congreso, ratificado por el Tribunal Constitucional luego del rechazo a las impugnaciones del gobierno, y las recientes acusaciones de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya por la violencia registrada durante las protestas del año 2019, convulsionan los últimos meses de su gestión.

Con una confianza en el gobierno que no superaba los diez puntos, el 25 de octubre de 2020 se celebró un referéndum que, con un porcentaje arrollador del 78 por ciento, aprobó la redacción de una nueva Carta Magna por una Convención Constituyente conformada en su totalidad por miembros electos para ese fin. Hoy, siete meses más tarde, más de 1300 candidatos competirán para conformar aquel órgano de 155 miembros que, inéditamente, se constituirá bajo criterios de paridad y contará con 17 cupos para pueblos indígenas. La Asamblea tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ampliarse por única vez por tres meses más, por lo que, a mediados del año que viene el país tendría un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del mes de marzo, el 59 por ciento de los consultados manifestaban ilusión respecto del proceso constituyente y, en cuanto a sus ejes prioritarios destacaban la salud, la educación y las pensiones. Dadas las nuevas incorporaciones normativas, y la gran cantidad de postulaciones -2.213 candidaturas independientes, por fuera de los partidos políticos - no es factible anticipar la conformación de la Convención. La fragmentación producida por la falta de unidad de los partidos progresistas chilenos y la proliferación de candidaturas independientes ciudadanas podría devenir en un proceso constituyente que legitime el triunfo del conservadurismo, algo muy alejado a las demandas ciudadanas que llevaron al estallido del 2019.

Los otros cargos a elegir -que originalmente iban a ser electos el 25 de octubre del año 2020- son alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Las votaciones respecto de los dos primeros tienden a servir de “termómetro” para las elecciones presidenciales, que suelen ser un año después. Sin embargo, en esta oportunidad, dada la postergación como consecuencia de la pandemia, se realizarán con solo seis meses de diferencia. La otra peculiaridad de esta elección es que las gobernaciones regionales tendrán autoridades designadas por primera vez con voto popular, ya que solían ser elegidos por el Poder Ejecutivo. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo el domingo 13 de junio.

Otro de los grandes interrogantes de esta elección es la participación. Esto se debe, por un lado, a la baja que se viene registrando desde la aplicación del voto voluntario, y, por el otro, al contexto de pandemia. Los indicadores en cuanto a la situación de la covid presentan mejoras respecto al momento en que se optó por aplazar los comicios; actualmente, Chile registra cerca de 5.500 casos y 120 muertes diarias mientras que en el mes de abril había vivido jornadas con más de 9.000 infectados, y la vacunación ya alcanzó al 56 por ciento de la población-objetivo. En 2020, y a pesar de la incertidumbre, la participación alcanzó el 50,90 por ciento, siendo la primera vez que supera la mitad del padrón desde que se implementó el voto voluntario.

Días después de estos comicios comenzarán a encaminarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, que contarán con primarias para los partidos o coaliciones el 18 de julio, y se desarrollarán el 21 de noviembre – con una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre -. Estas elecciones presentarán un desafío para los partidos políticos, que se encuentran ante el interrogante de cómo canalizar las demandas de una sociedad que ha demostrado tener una baja confianza en los partidos políticos tradicionales, siendo reflejo de ello el importante lugar que tomaron las candidaturas independientes postuladas para este 15 y 16 de mayo, y las movilizaciones espontáneas y sin banderas que dieron lugar a este importante proceso constituyente para la consolidación democrática.

Por Mg. Dolores Gandulfo*

15 de mayo de 2021

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Se unió la izquierda en Perú: Pedro Castillo suma el apoyo de Verónika Mendoza

De cara a la segunda vuelta de las presidenciales el 6 de junio

Acordaron crear un programa de vacunas universales y gratuita, reactivar la economía, combatir la corrupción, reformar el Estado e impulsar una nueva constitución.

Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.   

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Viernes, 23 Abril 2021 06:16

El comunicador y los cumpleañeros

La Habana, marzo de 2021 AFP, YAMIL LAGE

El Congreso del PC y la oposición en Cuba

Completado el traspaso entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, la designación de nuevas autoridades del partido único arroja luz sobre el futuro vínculo con la disidencia y el rol a jugar por la «economía militar».

 

Al fin de semana pasado causó sensación en Twitter la imagen del periodista Humberto López mientras recargaba el depósito de combustible de un moderno auto con matrícula particular. Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión revelarían después que el vehículo le fue asignado junto con un apartamento en uno de los edificios destinados a funcionarios de alto nivel del gobierno y el Partido Comunista (PC).

La noticia encontró confirmación implícita este lunes, al anunciarse el nuevo Comité Central del PC y conocerse que el abogado y presentador televisivo se incluía entre sus 95 miembros. El Comité Central es la «asamblea nacional de militantes» encargada de dirigir el PC entre congreso y congreso. Como esos encuentros se celebran cada cinco años –y la Constitución considera al PC la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado»–, las decisiones del Comité Central trascienden por mucho las fronteras de la organización que preside.

Frente a los más de 600 diputados que sientan plaza en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Comité Central –la mayoría de ellos, también parlamentarios– conforman una suerte de vanguardia de la vanguardia. Significativamente, es un grupo en el que predominan los dirigentes políticos y administrativos (apenas 11 de sus integrantes son trabajadores sin cargos de dirección y sólo dos desempeñan oficios manuales en la agricultura; no hay ningún cuentapropista).

La buena estrella de López comenzó a iluminar hace casi tres años, cuando fundó el programa de información política Hacemos Cuba, que todavía conduce y dirige. La exposición mediática que le propició ese espacio determinó que más adelante le llegara –todo indica que desde el Palacio de la Revolución– la propuesta de convertirse en el rostro visible de la campaña antidisidencia de la prensa estatal.

Desde finales de 2019, en varias emisiones del Noticiero nacional de televisión, un segmento conducido por él ha buscado poner en entredicho a las principales figuras de la oposición, al mostrar su dependencia respecto de los fondos federales de Estados Unidos y sus vínculos con organizaciones terroristas radicadas fuera de la isla. Las publicaciones en redes sociales de los propios opositores, así como grabaciones y documentos acopiados por la Seguridad del Estado (la policía política), son el pan cotidiano de la sección y le han garantizado un alto rating.

Este éxito le ha valido una defensa acérrima por parte de los partidarios del gobierno de La Habana y críticas y amenazas desde el campo opositor. Abogados como Eloy Viera, residente en Canadá, han convocado a presentar demandas judiciales en contra de López por delitos como injurias y violación de la correspondencia. «Esta persona tomó una llamada por teléfono con una asesoría legal y colocó el audio en la televisión nacional», denunció Viera la semana pasada a medios opositores en el exterior.

Difícilmente un tribunal cubano aceptaría un caso así. Pero el ascenso del polémico comunicador al Comité Central puede tomarse como referencia de que en el futuro la confrontación será incluso más radical. Así lo anticipó el presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso de aceptación del cargo de primer secretario del Comité Central del PC este lunes: «El dinero corre a raudales para atacarnos, [pero] no somos una revolución débil». Tres días antes, al inaugurarse el congreso, Raúl Castro había proclamado: «Jamás le negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución». Una salva de aplausos cortó sus palabras.

¿EL NUEVO HOMBRE FUERTE DE CUBA?

Como es habitual, el octavo Congreso del PC transcurrió entre el 16 y el 19 de abril, en homenaje a la batalla que desde 1961 la propaganda oficial cubana califica como «primera gran derrota del imperialismo en América». En esencia fue eso lo que ocurrió en Playa Girón, el minúsculo poblado de la costa centrosur de la isla, donde Estados Unidos pretendía establecer una cabeza de playa que justificara su intervención militar. Fue aquella una victoria por la que Fidel Castro manifestó siempre especial orgullo. Pero las décadas transcurridas han puesto a sus sucesores ante otros retos no menos notables.

Entre todos, pocos superan en urgencia el planteado por el envejecimiento poblacional. Uno de cada cinco cubanos tiene hoy más de 60 años de Edad y para 2030 se prevé que los ancianos representen alrededor de un tercio del censo nacional. Los jóvenes más calificados suelen plantearse la emigración como proyecto de vida, y entre los que se quedan predominan los matrimonios con uno o, cuanto más, dos hijos.

En respuesta, las autoridades han impulsado la «política de los tres hijos», que compromete a los gobiernos locales a construir viviendas y proveer ayudas a las madres solteras que cuidan familias numerosas. Sin embargo, a juicio de lo dicho a Brecha por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa estrategia comienza a ser contraproducente: «Lo que incita es a parir sin lo mínimo indispensable y después exigirle al Estado que resuelva los problemas. Muchos territorios han caído en una espiral de “gastos sociales” difíciles de sostener».

El número y la condición de los futuros cubanos centraron buena parte de las reflexiones de Raúl Castro durante la lectura del Informe Central al Congreso. Su preocupación apuntó al peligro que la actual tendencia demográfica implica para la defensa del país. «El envejecimiento de la población […] limita el número de ciudadanos que arriban a la edad reglamentaria para sumarse al servicio militar. […] Esta cuestión es más importante en la medida en que pasa el tiempo». Entre sus recomendaciones estuvo no «admitir la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos injustificados, no hayan cumplido el servicio militar».

El octavo congreso sirvió de escenario para la salida de la «generación histórica» de los cargos que había ocupado por más de 60 años. Y también para que se visibilizara el poder de la «economía militar», personificada en la figura del presidente del poderoso Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Exgeneral de las Fuerzas Armadas y exyerno de Raúl Castro, López-Calleja es considerado una pieza clave dentro de la nomenklatura isleña. Su promoción al Buró Político, la mesa directiva del PC, integrada por 14 miembros, fue resaltada por opositores como el exprofesor universitario José Raúl Gallego, emigrado a México. «Si en años anteriores lo vimos viajando en calidad de “asesor” o de “incógnito”, ahora abandona las sombras. Ante la cercanía de la muerte de Raúl Castro, el poder real empieza a afincarse también como poder formal», señaló Gallego en sus redes sociales.

Es ese el enfoque preponderante fuera de la isla y entre los grupos disidentes, pero puede que no sea completamente acertado. Al repasarse los nombramientos de los últimos dos años se pone de manifiesto el protagonismo del ahora presidente y primer secretario del PC. Con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel designó a figuras de su entorno para cargos tan estratégicos como los de primer ministro y primer secretario del PC en la provincia de La Habana (donde reside uno de cada cinco cubanos). Más aún, este congreso determinó erigir a Díaz-Canel como cabeza única del PC, algo inédito y no contemplado en los estatutos de la organización.

Otro hecho que ameritaría un segundo análisis es la postergación de que fueron objeto algunos de los dirigentes más populares del país. Dos viceprimeros ministros (una de ellos, mujer y negra) y el primer secretario del PC en la estratégica provincia de Santiago alcanzaron, apenas, a incluirse en la nómina del Comité Central. El caso de este último resultó más llamativo por la designación para el Buró Político de una homóloga suya proveniente de una pequeña provincia occidental.

LA VULGARIZACIÓN DE LA DISIDENCIA

Poco antes del congreso, el 4 de abril, los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) transmitieron en vivo una suerte de aquelarre callejero en que se burlaban de Díaz-Canel y los policías que poco antes habían fracasado en el intento de arrestar a uno de sus líderes. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo –las cabezas del MSI que quedan en Cuba– habían anunciado que ese domingo organizarían una fiesta para los niños de San Isidro, una barriada pobre ubicada a no más de un quilómetro de la ciudadela colonial de La Habana.

La fecha que habían escogido no era casual. El 4 de abril cumplía 60 años la Organización de Pioneros José Martí, el movimiento creado por el PC para agrupar a los niños de hasta 15 años de edad. Cualquier niño que en Cuba cursa las enseñanzas primaria y secundaria –es decir, todos– es considerado de manera automática «pionero» y pasa a jurar en cada comienzo de semana una consigna que a muchos opositores lleva tiempo causándoles urticaria: «Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!».

No sólo a la disidencia declarada, sino también a muchos de los cubanos residentes en otros países. La sangría migratoria alcanza con particular fuerza al liderazgo opositor. Activistas como Anamely Ramos –la «cara intelectual y femenina del MSI»– han decidido poner en pausa su «lucha frontal contra el régimen» y cruzar la frontera; en su caso, para cursar un doctorado en Antropología dictado por una universidad mexicana.

La metamorfosis política que se produce luego de abandonar la isla tiene su manifestación más dramática en la comunidad asentada en el sur de Estados Unidos. A mediados de 2020 un estudio de la Universidad Internacional de la Florida resaltó que, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los hispanos, entre los cubanoestadounidenses el presidente Donald Trump acaparaba dos tercios de las intenciones de voto; más aún, de acuerdo con la investigación, «76 por ciento de los encuestados que llegaron entre 2010 y 2015 dijeron ser republicanos».

El domingo de marras, apenas Osorbo logró escapar de los policías, miles de personas se conectaron en vivo a las transmisiones por Facebook del MSI. La dramaturgia de la protesta era simple: Osorbo, Otero Alcántara y sus correligionarios habían ocupado la calle frente a la sede de su organización y a voz en cuello convocaban, a las decenas de espectadores reunidos en el lugar, a ofender al presidente. «Cuando yo diga: “Díaz-Canel”, ustedes dicen: “¡Singao!”», grita Otero Alcántara en el video. Aunque a sus espaldas algunas voces lo respaldan, desde el público la reacción es mucho más tibia, nula casi. Sólo dos incidentes jalonan la transmisión: en un punto, los miembros del MSI vuelven a entrar a la casa para dejar paso libre a un puñado de policías que atraviesa la concurrencia; en otro momento, una anciana sale al ruedo contoneándose a ritmo de twerking para bailar con Otero Alcántara; mientras, los amigos de este aplauden y aseguran que «algo grande está ocurriendo en Cuba».

Las transmisiones originales del suceso encontraron amplio respaldo en el ecosistema disidente y entre las figuras del periodismo no estatal en Cuba. Mas la conmoción nacional que anticipaban desde el MSI nunca ocurrió. Al día siguiente, cuando Otero Alcántara pretendió retomar la idea del cumpleaños y salió a buscar niños para animarlo, la Policía cargó con él y con el payaso que había contratado para el festejo, sin que nadie en el barrio intercediera en su favor. Desde entonces, tanto él como Osorbo Castillo han tratado de llamar la atención con performances y declaraciones polémicas, pero, más allá de alguna detención de pocas horas, el asunto no ha pasado a mayores.

Desde Miami, la tarde del propio domingo 4, el humorista Ariel Mancebo se aventuró a analizar las razones de esa indiferencia, en un post que le granjeó ataques del autotitulado exilio. «El problema grave que yo tengo con los de San Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto. Su actitud es de guapos, no de disidentes que proponen un cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva. […] Alguien que camina dando saltos como si fuese un guapo en medio de una bronca, sin camisa, gesticulando a más no poder […] es más carne de presidio que líder».

Ni Osorbo ni Otero Alcántara parecen interesados en desligarse de esa aureola de marginalidad. La semana pasada, por ejemplo, Osorbo cuestionó sin pruebas las estadísticas oficiales sobre la covid-19 y se burló del destino que estaría dándoles el gobierno a los cadáveres que supuestamente esconde: «Al zoológico, para echárselos a los leones, no los están llevando, porque yo tengo un socio que vive por allá y me hubiera avisado. Nada, mi gente, seguro que los están cogiendo para alimentar los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Ustedes saben cómo funciona la dictadura». Por esas fechas, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública prácticamente había estallado en llanto durante su conferencia televisiva de las mañanas al anunciar la primera muerte de un niño cubano a causa del virus. Y en los días siguientes se notificaría el fallecimiento de otra niña y de una madre que acababa de dar a luz.

Desde hace semanas, La Habana Vieja, el municipio capitalino al que pertenece el barrio San Isidro, se mantiene como el de mayor índice de contagios del país, con una incidencia de nuevos casos que decuplica el promedio nacional. El hacinamiento de sus más de 91 mil habitantes en poco más de 4,5 quilómetros cuadrados no es una baza a su favor, pero al empeoramiento de la situación epidemiológica ha contribuido también con la indisciplina social.

Tras el frustrado arresto policial de Osorbo buena parte de la discusión en las redes se centró en la actitud de sus defensores, en particular de uno que se había involucrado en la disputa con un niño pequeño en brazos. Si bien hubo quien consideró ese gesto un símbolo de rebeldía, otros lo vieron como una decisión sencillamente irresponsable. Las normas establecidas por el gobierno para enfrentar la epidemia prohíben a los menores de edad permanecer en espacios públicos. Ante la violación de ese precepto, sus padres o tutores pueden ser sancionados con multas elevadas.

A una penalización similar se exponen los asistentes a actividades recreativas. Sin embargo, a comienzos de abril, Otero Alcántara se filmó participando en una fiesta con varios de sus vecinos. Como anticipando las críticas que le sobrevendrían por esa violación de las normas sanitarias, este reiteró que no aceptaba las órdenes de la dictadura y volvió a convocar a la desobediencia civil. Desde su punto de vista, «la epidemia es culpa del régimen». Más allá de la comedia de golpe y porrazo que llevan meses protagonizando, tampoco es que Otero Alcántara y los suyos tengan mucho que proponer. Al menos, si se dejan de lado sus transmisiones de Facebook y la sección de revelaciones con que, desde hace más de un año, López hace más animadas las soporíferas emisiones del Noticiero nacional de televisión

La Habana, marzo de 2021 

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Un hombre camina ante una imagen de Fidel Castro, el lunes en La Habana (Cuba).Yander Zamora / EFE

Una nueva generación de dirigentes se encuentra frente al dilema de cómo reestructurar la economía para hacer el socialismo sostenible en la isla

 

Continuidad política y reformas económicas de calado, y más lo segundo que lo primero, he ahí donde se juega el futuro de la Cuba tras el VIII Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Habana. El encuentro unificó todo el poder político en el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y en una nueva generación de líderes nacidos después del triunfo revolucionario. Su principal desafío será realizar una apertura económica e introducir transformaciones profundas, que necesariamente deben ampliar el marco del mercado y de la iniciativa privada, avanzando hacia un modelo mixto, para tratar de hacer sostenible el sistema heredado, sin negar su espíritu.

Es la primera vez que se alinean el Gobierno y las estructuras de la cúpula del partido, hasta ahora encabezado por la vieja guardia, en la figura de un civil que no luchó en la Sierra Maestra, Diaz-Canel, que ya ejercía la presidencia desde 2018. Hasta este jueves el Partido Comunista de Cuba (PCC) rendía cuentas a Raúl Castro y a los históricos, que ahora abandonan todos los cargos.

Sabido es que el modelo de partido único no va a cambiar, pero mantenerse en el inmovilismo y en las reformas rácanas sería el mejor modo de que la economía se vaya a pique, lo que equivale a decir todo el sistema, dado que la crisis y la situación por la que atraviesa la isla es de extrema gravedad. Los problemas estructurales acumulados y la ineficiencia de la empresa estatal, agravados por la epidemia y el recrudecimiento del embargo norteamericano, no se resuelven con parches, se admite en las altas instancias, y también que las reformas introducidas hasta ahora claramente han sido insuficientes para garantizar un mejor nivel de vida a los cubanos, principal reto de los nuevos dirigentes, que no cuentan con la legitimidad “histórica” sino que la valoración que se haga de ellos dependerán de lo que logren.

 “El PCC necesita ampliar las zonas de legitimidad de su mandato con un desempeño económico que lo justifique o se le va a complicar la gobernabilidad”, opina el académico cubanoamericano Arturo López-Levy, señalando que “a mediano plazo, la economía es el primer renglón para medir sus capacidades”. Hay bastante consenso en este punto, y también en otro asunto que menciona López-Levy: “Se necesita orientar prioridades y recursos hacia la seguridad alimentaria, pues sin comida no hay país, por muchos hoteles que se construyan o reparen. Díaz-Canel ha enfatizado el discurso de la continuidad para asegurar la confiabilidad de los que lo han elegido, pero para resolver las demandas y quejas de una Cuba globalizada y signada por una crisis estructural, va a tener que prometer y hacer grandes cambios, tanto sustantivos como en la forma de gobernar”.

¿Qué lectura puede hacerse del VIII Congreso? ¿Defraudó las expectativas de los que esperaban una apuesta decidida por la apertura? ¿O era lo que podía esperarse de un cónclave cargado de simbolismo en el que lo que se escenificaba era la despedida de Raúl y la generación histórica? Hay diversas opiniones. En su informe central, Raúl Castro criticó el “egoísmo” de los que demandan el ejercicio privado de algunas profesiones y reclaman la importación comercial privada para establecer un sistema no estatal de comercio, advirtiendo que hay “límites” que no se pueden rebasar porque implicarían la destrucción del socialismo. La mención cayó como un jarro de agua fría en los sectores que defienden la apertura y en muchos emprendedores, aunque pasados los días, y tras el primer discurso de Díaz-Canel, algunos de los analistas consultados se inclinan a pensar que “la reforma va” y que cada vez será más profunda. Hasta donde se llegará, sea por propia voluntad o por necesidad, es la gran incógnita.

“El VIII Congreso del PCC no ha traído grandes sorpresas, pero tampoco ha significado un retroceso en lo que al sector privado se refiere”, asegura Oniel Díaz Castellanos, fundador de Auge, empresa consultora que brinda asesoramiento a decenas de emprendedores privados. Admite que “ciertas palabras en el Informe Central alarmaron a varios colegas”, entre los que se incluye, pero dice que “una mirada serena” a las intervenciones de Díaz-Canel así como a las resoluciones emanadas de la cita, confirman que “hay una combinación de voluntad política para abrir más espacios económicos, a la vez que se establecen límites que no se deberían pasar según la lógica del PCC”. Su conclusión: “en ninguno de los Congresos anteriores se ha hablado y escrito tanto” sobre el sector no estatal, de las pymes y la iniciativa privada, de lo que deduce que “no hay marcha atrás” en la reforma.

Es de la misma opinión el economista Omar Everleny, que apunta que “el Congreso tiene varias lecturas: podría parecer que no hay cambios ya que se critica a personas que quieren obtener más ingresos y se precisa que Raúl estará presente en la toma de las decisiones fundamentales; pero por otro lado, se ha apelado a hacer ingentes esfuerzos por salir de la crisis económica, de implementar en el corto plazo medidas para potenciar el trabajo, la necesidad de descentralizar decisiones, de utilizar las formas no estatales, de implementar las pequeñas empresas….”. El camino, cree, no es inmovilista sino “reformista, pues si no será complejo producir los resultados económicos que espera la nación”.

En la composición del nuevo Buró Político, destaca Everleny la entrada de dos figuras “con un corte empresarial”: Manuel Marrero, que hoy es primer ministro, “pero que fue presidente de la corporación turística Gaviota”, y Luis Alberto López-Callejas, que al frente de GAESA (el grupo empresarial del ejército) “controla el mayor por ciento de los negocios en divisas cubanos sean tiendas, hoteles, marinas, aviación, y la zona Especial de Mariel, y no es un político al estilo de los que se conocen, sino un hombre de negocios clásico”.

Rafael Hernández, director de la revista Temas y miembro del PCC, consideró fuera de la realidad a los que pensaron que el Congreso iba a “rifar” el sector estatal y que “ahora sí era el turno de la privatización”. “Naturalmente, esos augurios no tenían sustento”, opinó, aclarando que ninguna “las resoluciones aprobadas desandan lo avanzado durante el año y pico de pandemia respecto a la legitimidad y consolidación del sector privado”. “La Resolución sobre la Conceptualización del modelo reitera ‘reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas”, asegura.

Diversos economistas han puesto énfasis en que tan relevante como el Congreso fue lo sucedido justo antes de su inauguración, cuando Díaz-Canel presidió un inédito encuentro con emprendedores privados y representantes de la empresa estatal, en el que se habló del necesario impulso a las pymes y el papel creciente que ocupará el sector no estatal. En otra reunión con el sector agrícola, en la que resulto cesado el ministro del ramo, se aprobaron un conjunto de medidas para incentivar a los productores privados y reactivar esta esfera de la economía, vital en estos momentos de crisis, y allí el presidente advirtió de que no había “tiempo para pensar en el largo plazo”.

Sobre los “límites” en la apertura al sector privado de los que habló Raúl Castro —pero que no especificó—, López-Levy considera que no es la cuestión más relevante. “Los límites y las líneas rojas irán moviéndose con la vida. Las reformas traerán más presión de otras reformas, y otro tipo de cambios llegarán por carambola”. Los más escépticos indican que otros intentos de reforma se frustraron en el pasado, cierto, aunque hoy la situación es distinta, el tiempo y el ritmo son ahora vitales, pues la crisis es gravísima y las urgencias son cada vez mayores. Habrá que ver los próximos movimientos de los encargados por los ‘históricos’ en asegurar la “continuidad” y hacer sostenible el socialismo cubano.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 22 abr 2021 - 1:04 CEST

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Cuba, el congreso del Partido y más continuidad

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba escenificará el retiro de la vieja guardia y del propio Raúl Castro. Pero en Cuba se habla de muchas otras cosas: de la unificación monetaria, la pandemia, las vacunas cubanas, la crisis y la posibilidad de sacrificar ganado después de casi 60 años de prohibición. El «congreso de la continuidad histórica» resume las tensiones entre inercias y cambios.

La gente en La Habana habla. Habla de todo. Habla mucho, por ejemplo, del rebrote del covid-19, que en los últimos dos meses ha alcanzado cifras que rondan el millar de contagios diarios, cuando nos habíamos habituado a contar menos de 100. Habla del anuncio de supuestas medidas adicionales de restricción por la pandemia, más cierres, más controles. Habla del vecino que ha dado positivo y está ingresado, el pobre. Habla, claro que habla, de los diversos candidatos vacunales cubanos, apuesta por ellos y los espera como la tabla de salvación.

También habla, ahora mismo, de que el gobierno cubano, luego de casi seis décadas de prohibición, autorizará a los ganaderos del país a sacrificar reses para comerciar la carne y les dará facilidades para vender la leche. Y eso no es cualquier cosa: en Cuba por sacrificar una vaca recibías una condena peor que las de la India. Podías ir 20 años a la cárcel, mucho más tiempo que por ciertos homicidios. Claro, se podrá vender carne y leche pero… con controles. En Cuba todo se regula, se controla, aunque luego se recontrarregula y se descontrola, como la transmisión de la epidemia. El problema es que en Cuba, que llegó a ser un país exportador de carne, no quedan muchas vacas.

La decisión de «liberar» las reses llega envuelta en un paquete de 63 medidas de las que, se asegura en medios oficiales, «30 son consideradas de prioridad y otras de carácter inmediato, para estimular la producción de alimentos en la nación», algo que, como lo habla la gente, es un problema cada vez mayor. Entre esas medidas se incluyó además la reducción de la tarifa eléctrica a los productores de alimentos, luego del aumento de precios decidido por el gobierno.

Se habla, y mucho, de que el dinero no alcanza. Al fin se realizó la tanto tiempo esperada y mil veces anunciada unificación monetaria que sacó del juego a los llamados pesos convertibles (CUC), que tenían una cierta equivalencia con el dólar (USD), pero que se cambiaban a 24 pesos cubanos (CUP) por CUC… pero también a 12, o uno a uno, según la instancia comercial o administrativa que realizara el canje, dando como lógico resultado que nunca se sabía a ciencia cierta cuánto costaba o valía algo. Así funcionaba (o pretendía funcionar) la economía nacional.

Ahora se ha fijado el cambio oficial de un dólar en 24 CUP, para no devaluar demasiado la moneda cubana. Y se han quintuplicado o más los salarios estatales y las pensiones en CUP, mientras se han septuplicado o mucho más los precios de los productos en las tiendas del Estado. Sin embargo, como esas tiendas del Estado están desabastecidas y frente a ellas se producen largas colas que pueden llevarle al pretendido comprador cinco, seis horas, a sol y lluvia y sin baño donde hacer sus necesidades (de eso también se habla, muchísimo), el mercado negro del cambio de divisas les ha dado a dólar y al euro valores más reales: unos 48 pesos por dólar y 56 pesos por euro. Y subiendo.

Se habla, por supuesto, de que el presidente Joe Biden ni nos ha mirado. Se esperaban algunos cambios en las medidas muy restrictivas que aplicó la administración anterior, que recrudeció las leyes del embargo, prohibió prácticamente el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, cerró el consulado de La Habana y complicó la posibilidad de viajar a los cubanos con familias al otro lado del Estrecho de La Florida. Hoy en día, para aspirar a un visado, el ciudadano cubano debe ir a un tercer país. Guyana, por ejemplo. Y cuando habla del tema, la gente se pregunta: ¿Biden en más de lo mismo? Hasta ahora, para los cubanos, parece que sí.

Pero se habla, sobre todo, de que la «cosa» está mala. De que la economía está en crisis con la paralización del turismo y la ineficiencia tradicional, del incremento de las actividades de la disidencia, de que la vida es cada vez más cara y la gente no sabe cómo arreglárselas. Hasta el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo dice cuando reclama soluciones inmediatas, pues hay urgencia, no hay tiempo para los plazos largos.

Y aunque también se habla del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, creo que se le dedican menos palabras, comentarios, pensamientos de los que por lógica debería provocar. Incluso en los medios oficiales, regidos por el Partido, estoy casi seguro de que se ha hablado mucho menos que otras veces. Apenas se sabe que se discutirá en el Congreso de «la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico Cubano de Desarrollo Socialista y de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución». O sea, se volverá a hablar de lo que ya se habla.

Se dice, además, que el Congreso traerá cambios. Pero solo sabemos con certeza de que habrá uno, y lo conocemos desde hace varios años: el general Raúl Castro dejará su puesto como secretario general y lo entregará al actual presidente de la República.

¿Qué implicará ese cambio? La gente no lo sabe y apenas especula sobre el tema. Ya se sabe, porque se ha dicho, que el Congreso será un ejercicio de continuidad, de reafirmación de la irreversibilidad del socialismo en Cuba, o sea que en esencia se dirá que se mantendrán las mismas formas de gobierno, política y de organización social existentes en estos momentos.

Si hubiera más información sobre qué podría traer la reunión del máximo órgano de decisión del país, quizás la gente hablaría mucho más. Pero el secretismo es parte del sistema político cubano. No obstante, se supone que el relevo de generaciones históricas no implicará un relevo esencial de prácticas políticas, aunque ya en el plano económico, como he relatado antes, se han ido introduciendo transformaciones, pues el país atraviesa una de sus peores crisis financieras, de producción y de suministros, no tan profunda como la de los años 1990, pero bastante cercanas.

Con menos expectativas en el ambiente de lo que tal vez debería generar la reunión del partido único y gobernante en Cuba, sería deseable que el Congreso en marcha (entre el 16 y el 19 de abril) diera muchos más temas de los que hablar, especular, resultados que esperar. Que como resultado del cónclave se sacudieran más y mejor unas estructuras económicas que han demostrado estar plagadas de mecanismos y leyes disfuncionales (como las que provocaron el empobrecimiento de la masa ganadera del país) o la tan demorada unificación monetaria, que llegó cuando no podía esperarse más y fue en el peor momento económico de la nación (por solo citar un par de ejemplos a partir de lo antes mencionado), cambios que traigan más esperanzas a una población que vive una etapa de infinitas dificultades, agravadas por la presencia de la pandemia, que ha alterado el equilibrio económico del mundo, no solo de la isla.

En el plano simbólico, el Congreso marcará un cambio histórico en Cuba, cuando por primera vez en seis décadas no sean ya Fidel y Raúl Castro los líderes al mando. En los últimos años, y más en los meses recientes, la presencia pública del general Raúl Castro se hizo muy esporádica, mientras la del presidente Díaz-Canel alcanzó niveles de visibilidad que ni siquiera sostuvo Fidel (según recuerdo). Por lo tanto, habrá que ver si en lo real el traspaso de poderes es completo y qué significaría de cara a las nuevas realidades del país y del mundo. Aunque, repito, se habla de continuidad, solo continuidad.

Una gran campaña de vacunación contra el covid-19, con vacunas creadas en Cuba, puede ser un gran legado del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en este mes de abril de 2021. La salida del panorama político activo de Raúl Castro lógicamente que entraña un vuelco histórico más o menos visible en lo inmediato. Pero la gente necesita más. No solo para hablar, sino para vivir mejor. Creo que después de tantos sacrificios, los cubanos nos lo merecemos.

Y con urgencia, no con soluciones a largo plazo que a veces ni siquiera han llegado, perdidas en el tiempo, en el espacio, en la ineficiencia y en el olvido. 

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Biden acaba con el anarcoliberalismo y tiene una buena razón para hacerlo

Un par de discursos de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, han bastado para tirar por la borda las proclamas anarcoliberales de los últimos cuarenta años.

 

En el Senado, Yellen advirtió que "la recesión será larga y dolorosa si no hay un mayor estímulo fiscal" y, en el Congreso, anunció las subidas previstas en los impuestos sobre sociedades (del 21% al 28%) y en los que gravan los beneficios obtenidos en el exterior (del 13% al 21%), así como la necesidad de establecer un impuesto mínimo común en todos los países sobre las ganancias de las multinacionales.

Todo ello -dijo- para frenar la carrera global a la baja y "hacia el abismo" de los impuestos en los últimos treinta años. Días antes, Biden había presentado el último plan de estímulo dedicado a inversiones en infraestructuras por un valor de 1,9 billones de dólares, elevando así a la fabulosa suma de 5,8 billones el dinero que la administración estadounidense lleva gastado para combatir la crisis. Todo lo contrario de lo que los anarcoliberales, desde Reagan hasta Trump, vienen diciendo que hay que hacer para arreglar cualquier tipo de problema económico: recortar gasto y bajar impuestos.

Lo importancia de estas medidas va más allá de su magnitud, muy grande en gasto pero no tanto en materia impositiva, pues la del tipo del impuesto sobre sociedades se quedará a siete puntos del 35% que tenía cuando Trump lo redujo al 21%. Lo importante, a mi juicio, es el cambio en la filosofía que hay detrás de ellas y, sobre todo, el reconocimiento de que ese mantra anarcoliberal no ha funcionado en absoluto y que es inapropiado para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos para poder mantener su poder imperial sobre el resto del mundo.

Como el propio presidente Biden recordó hace unos días, 52 de las mayores empresas de Estados Unidos no habían pagado en impuestos ni un centavo en los últimos tres años pero eso no había conseguido recuperar su inversión ni que creasen más empleo. Y lo único que han logrado los programas de recortes de los últimos decenios ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y deteriorar la base material de la economía y los servicios públicos que son imprescindibles, no solo para mantener niveles mínimos de bienestar para toda la población, sino para que las propias empresas privadas puedan funcionar con un mínimo de eficiencia.

Ha tenido que producirse una pandemia para que se den cuenta pero bienvenido sea, aunque llegue tarde, este cambio de paradigma.

Lo bueno, además, es que Estados Unidos no se puede permitir poner en práctica esa nueva estrategia fiscal, imprescindible para financiar el enorme gasto público previsto, sin lograr, al mismo tiempo, otros dos objetivos. Por un lado, que se asuma esa filosofía en los demás países y se establezcan un estándar mundial común, y de ahí su propuesta de impuesto mínimo global sobre el beneficio de las sociedades.

Por otro, cambiar la percepción que se ha sembrado en la ciudadanía sobre la fiscalidad a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. No es posible consolidar los cambios que necesita llevar a cabo la administración Biden, o los parecidos que se propongan a partir de ahora otros gobiernos, sin acabar con la demonización de los impuestos y de la inversión pública, y eso obliga a realizar un discurso político muy diferente al que hemos venido oyendo en los últimos decenios.

Ahora bien, ni Yellen, ni Biden, ni los dirigentes del Fondo Monetario Internacional que igualmente reclaman más impuestos sobre los ricos y empresas para hacer frente a la crisis y que ahora dicen "estar a favor de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global", se han hecho de izquierdas, bolivarianos o comunistas. Es verdad que asumen lo que veníamos proponiendo desde hace tiempo los economistas y organizaciones progresistas pero lo han debido hacer porque las propuestas de los anarcoliberales han fracasado y porque tienen por delante unos retos a los que no podrían hacer frente simplemente haciendo cada vez más ricos y poderosos a quienes ya lo tienen todo.

Por eso no conviene echar las campanas al vuelo. Detrás de las buenas palabras hay una estrategia de fondo que lo explica todo.

Estados Unidos tan solo se propone recuperar el terreno perdido, evitar que su sociedad colapse como resultado de las fracturas sociales tan grandes que han provocado cuarenta años de políticas a favor del gran capital, y reforzarse para hacer frente a la competencia cada día más feroz de China.

La explicación de los cambios tan radicales que en materia económica está llevando a cabo la administración Biden quizá se puede encontrar en un informe publicado por The Atlantic Council sobre la estrategia que debería adoptar Estados Unidos frente al ascenso del poder de China en el mundo y cuyo autor es un ex alto funcionario del gobierno que se mantiene en el anonimato (aquí).

En el informe se definen, en primer lugar, los intereses nacionales que Estados Unidos debe proteger, junto a los de sus socios y aliados. Los tres primeros, retener la superioridad económica y tecnológica colectiva, proteger el estado global del dólar estadounidense y mantener una abrumadora disuasión militar convencional.

La estrategia que puede ser eficiente para alcanzarlos debe tener, según el informe siete componentes de los cuales el primero es reconstruir los fundamentos económicos, militares, tecnológicos y de capital humano del poder nacional a largo plazo de Estados Unidos

Según el informe, para desarrollar esa estrategia hay que basarse en diez principios organizativos básicos de los que destaco el primero: los pilares fundamentales del poder estadounidense son cuatro, las fuerzas armadas, el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y pilar del sistema financiero internacional, el liderazgo tecnológico global, y los valores de la libertad individual, la justicia y el estado de derecho.

De ahí se deducen, finalmente, una serie de "tareas domésticas centrales" de carácter estructural, a largo plazo y "con dividendos que solo se obtendrán en una década o más". Entre ellas, las siguientes:

- Revertir las inversiones en declive en infraestructura económica nacional crítica, incluidos los sistemas móviles 5G de próxima generación.

- Revertir la inversión pública en declive en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, educación, universidades e investigación científica básica.

- Asegurar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en las principales categorías de innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial.

- Desarrollar un nuevo consenso político sobre la naturaleza futura y la escala de la inmigración a los Estados Unidos para garantizar que la población estadounidense continúe creciendo, permanezca joven y evite las implosiones demográficas que amenazan a muchas otras economías desarrolladas y emergentes, incluida la propia China, mientras retiene a los mejores y más brillantes de todo el mundo que vienen a los Estados Unidos para estudiar.

- Rectificar la trayectoria presupuestaria a largo plazo de los Estados Unidos para que la deuda nacional se mantenga en última instancia dentro de parámetros aceptables.

Esto es lo que posiblemente hay detrás del impresionante programa de estímulo que está diseñando la administración de Biden y de las medidas fiscales anunciadas: la paradoja del anarcoliberalismo de las últimas décadas. Ha hecho más poderosos y ricos que nunca a quienes ya lo eran pero ha debilitado al capitalismo como sistema, porque este necesita legitimación y equilibrio interno y sostenibilidad. Queriendo apropiarse de todo se ha fracturado la sociedad que lo sostiene y desmantelado las fuentes de ingresos que el propio capital necesita para sobrevivir.

El anarcoliberalismo ha matado de éxito al capitalismo de nuestro tiempo y este debe ahora reinventarse. Está por ver a qué precio y con qué resultados pero la casi total ausencia de contrapesos me hace temer lo peor.

 Por Juan Torres López

10 abril, 2021

Publicado enEconomía
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