Viernes, 13 Septiembre 2019 05:45

Entre la guerra y las elecciones

Entre la guerra y las elecciones

Combinar el tiempo largo con la mirada desde abajo, parece un buen modo de acercarse a los procesos populares. Por el contrario, una mirada anclada en las coyunturas (o tiempo de eventos) es apenas "polvo", como decía Fernand Braudel. La mirada desde arriba, en tanto, recae en lo institucional, en ese tipo de análisis que practican las clases dominantes, directamente o por medio de sus testaferros ideológicos.

Han pasado ya casi tres décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, concretados en 1992. Un tiempo suficiente como para trazar balances. Aunque la situación de la izquierda y de los movimientos es dramática, no se ha escuchado a las dirigencias remitir la debacle en curso (el FMLN perdió un millón de votos en las recientes elecciones, pasando de 50 a 14 por ciento de los sufragios), al proceso de paz.

Sin embargo, eso es lo que piensan buena parte de las bases campesinas y populares salvadoreñas. El intercambio con campesinos del poblado San Francisco Echeverría, en el departamento de Cabañas, me abrió los ojos a otras dimensiones de los procesos de paz. Se trata de un pueblo de poco más de mil habitantes, repoblado en la fase inicial de las negociaciones de paz, por familias de militantes de las Fuerzas Populares de Liberación.

Lo más impactante es cómo la firma de los Acuerdos de Paz abrió el grifo del individualismo, según reconocen los propios ex combatientes. Reciben una compensación mensual de 50 dólares y en esa región se han beneficiado con cinco manzanas (más de tres hectáreas) y algunos con una vivienda.

Lo primero que sorprende es la mercantilización del compromiso de vida que asumieron al ingresar a la guerrilla. Ciertamente la compensación mensual es ridícula y se podría incluso valorar como positivo que en varias regiones desaparecieran los hacendados y sus tierras fueran divididas. Sin embargo, hacerlo de ese modo, no puede interpretarse sino como una rendición.

La segunda cuestión es que las izquierdas hemos pasado de la lucha armada a la lucha electoral y a la inserción en las instituciones, como si fueran las únicas opciones posibles. En ambos casos se registra una obsesión por la toma del palacio de gobierno. Seguimos el camino trillado de una historia de dos siglos, desde la toma de la Bastilla en París al asalto del Palacio de Invierno en San Petersburgo, pasando por la ocupación del Hotel de Ville durante la Comuna de París.

Esta fijación por ocupar o asaltar el centro físico y simbólico del poder de arriba, ha sido tan potente como para esculpir nuestros sueños y deseos con un cincel que reproduce las jerarquías capitalistas y patriarcales. De ese modo, nuestra cultura política no ha conseguido desgajarse de la cultura hegemónica y cuando conseguimos hacernos con el poder, nos limitamos a reproducir lo existente, o apenas administrarlo.

En El Salvador esto se expresa en las opciones de varios destacados dirigentes del FMLN, algunos de los cuales se hicieron empresarios exitosos, uno colabora con los servicios de inteligencia y otros se limitan a insertarse en los escalones más altos del poder para beneficio personal. Se puede decir que esto no es patrimonio exclusivo de la izquierda salvadoreño, lo que es tristemente cierto.

La tercera cuestión que pude apreciar es la fuerte separación entre dirigentes y bases. La militancia campesina les reprocha el abandono, que ahora ya no acuden a las zonas rurales ni están en contacto permanente con ellos. Creo que esta separación empezó mucho antes del proceso de paz, cuando los cuadros militares actuaban como vanguardia que dirigía a las bases, o "masas", como nos referimos en la izquierda a la gente común, unificando y anulando las diferencias.

Sin una nueva cultura política, tejida con las mejores hebras de las culturas originarias, negras y populares, no hay cambios posibles. Eso supone, como escribió el maestro Immanuel Wallerstein en su última nota en La Jornada (5 de agosto), "luchar consigo mismos" para transformar y no reproducir. Esa "lucha" transcurre por otros carriles de la que codicia la ocupación del Estado.

Por eso damos tanta importancia a los pueblos que se organizan en torno a caracoles, palenques y comunidades, poderes de abajo que no reproducen la lógica de los poderes de arriba. Funcionan con base en la rotación y a los siete principios zapatistas, sin la menor pretensión hegemónica. La hegemonía está calcada de la dominación y es apenas una forma suave de nombrarla.

Las organizaciones de abajo, en esta nueva cultura política, no son escalones para llegar arriba, sino algo completamente diferente. Este mundo puede expandirse o contraerse, pero es mediante la propagación y la multiplicación como puede llegar a desplazar al capitalismo. No son medios para alcanzar fines.

La nueva cultura política no nace ni en las academias ni en las bibliotecas, sino en torno a los trabajos colectivos, capaces de crear los bienes materiales y simbólicos para poder arrinconar el capitalismo.

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Gerhard Müller, cardenal y antes prefecto de la Congregación Doctrina de la Fe. EFE

- En el Vaticano existe una lucha entre los ultraconservadores que alcanzaron el poder con Juan Pablo II y los 'vencedores' del Concilio II, donde se ubica a Francisco

 

- El cardenal alemán Gerhard Müller es el enemigo más poderoso del Papa. Le calificó de "hereje" cuando él fue ambiguo sobre que los divorciados vuelvan a casarse 

 

Hace justo un año, mientras regresaba de un durísimo viaje a Irlanda en el que tuvo que enfrentarse con la lacra de los abusos a menores, y al tiempo que veía la luz el 'Informe Pensilvania' –en el que se demostraba que más de un millar de sacerdotes habían violado a niños durante décadas, con total impunidad–, el ex nuncio Carlo Maria Viganò lanzó la que se esperaba fuera la 'bomba definitiva' contra el pontificado del Papa Francisco. Una dura andanada, cuidadosamente elaborada por los sectores más ultracatólicos de la Curia vaticana, con el apoyo de grupúsculos mediáticos orquestados por el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon. En ella, acusaban a Jorge Mario Bergoglio de encubrir los abusos sexuales de un cardenal norteamericano, Theodore McCarrick, al que meses atrás él mismo había expulsado de la Iglesia.

El ataque contra Francisco era, o eso pensaban sus enemigos, la guinda final a cinco años de ataques continuados –primero, bajo el anonimato; posteriormente, con luces y taquígrafos– de un sector que había liderado la Iglesia católica con mano férrea desde la repentina –y nunca aclarada– muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II en octubre de 1978. Un sector que pretendía devolver a la Iglesia católica a los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II.

Sin embargo, la jugada no salió bien: casi de inmediato, Viganò fue desacreditado, y las supuestas pruebas contra Francisco jamás aparecieron. Es más: se comprobó que Bergoglio sí había actuado contra McCarrick, quitándole la condición de cardenal, mientras que había sido el propio Viganò –defenestrado por el Papa como nuncio de EE.UU.– quien no había hecho cumplir unas supuestas sanciones impuestas por Benedicto XVI.

La lucha interna del Vaticano

¿Cuales son las razones de los enemigos del Papa? Simple y llanamente, una lucha en el interior de la Iglesia entre ese sector que alcanzó el poder tras la llegada de Juan Pablo II en 1978, apostando por la involución, la condena de teólogos díscolos y una férrea moral sexual; y los 'vencedores' del Concilio Vaticano II (1962-1965), que abogan por una Iglesia abierta al mundo, menos preocupada por el sexo y en diálogo con otras religiones. En el segundo grupo se ubica al Papa Francisco. Su apertura a los divorciados vueltos a casar o los gays, y las posibilidades de que se apruebe, durante el próximo Sínodo de la Amazonía –arranca el 6 de octubre–, la ordenación de curas casados o la concesión de algún tipo de ministerio –¿diaconado?– a las mujeres, hacen que la 'guerra civil' en la Iglesia, antes soterrada, se haga evidente para cualquier observador de la realidad.

La situación ha llegado a tal punto que el propio general de los jesuitas –la mayor congregación religiosa del mundo–, Arturo Sosa, denunció hace unos días en el Meeting de Rimini la existencia de un "complot" en el interior de la Iglesia para "que el Papa Francisco renuncie". "Él no lo hará", subrayó el llamado 'Papa negro', quien advirtió que la lucha va más allá: "Creo que la estrategia final de estos sectores no es tanto forzar al Papa Francisco a renunciar, cuanto afectar a la elección del próximo pontífice, creando las condiciones para que el siguiente Papa no continúe profundizando el camino que Francisco ha indicado y emprendido en su lugar".

¿Quién está detrás del complot contra el Papa? ¿Quiénes son, con nombres y apellidos, los 'enemigos' de Francisco? Aunque resulta difícil –la mayoría de ellos no se atreven a dar un paso adelante–, hay algunos 'capitanes' en esta lucha, que pretenden dar un golpe de Estado en la Iglesia y han llegado a acusar al Papa Francisco de "hereje" y de "promover un cisma".

Müller, el más poderoso

El más conocido de todos, y el que más poder atesoró, fue el cardenal alemán Gerhard Müller, quien fuera prefecto de la todopoderosa Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición) hasta 2017. Desde entonces Müller aprovecha cualquier ocasión para arremeter contra Francisco, ya sea con su proyecto de reforma de la Curia que calificó de "error fatídico"–, ya sea con el borrador del documento que se debatirá en el Sínodo de la Amazonía, cuyas afirmaciones calificó de "herejías".

Tras su cese, Müller abandonó los cuarteles de invierno y se sumó, públicamente, al coro de prelados que ya advirtieron al Papa con declararle "hereje" después de que en 2015 se publicara la exhortación postsinodal 'Amoris Laetitia'. Un texto que abre la puerta a que los divorciados vueltos a casar por lo civil puedan comulgar. Una cuestión superada en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en ciertos sectores de la Iglesia es considerado una "traición al mensaje de Cristo", como lo definió otro de los líderes de la oposición al Papa, el cardenal norteamericano Burke.

Burke fue uno de los cuatro cardenales de los 'Dubia' –documento en el que exigían a Francisco que aclarase su postura sobre los divorciados vueltos a casar, y que Bergoglio nunca contestó–, junto a Brandmuller –que también ha declarado "herético" el próximo Sínodo–, y los ya fallecidos Caffarra y Meissner. Todos ellos han criticado cada una de las decisiones de Francisco que supusieran algún avance en lo relativo a la moral sexual, la "ideología de género" o el papel de la mujer. Incluso, llegaron a impulsar un movimiento de personalidades católicas para declarar "heréticas" algunas de las decisiones de Bergoglio, que apenas lograron sumar unos centenares en todo el mundo. Son pocos, pero muy influyentes, y con tentáculos de poder en todos los organismos curiales, algo con el que el Papa quiere acabar con su proyecto de reforma de la Curia que, previsiblemente, verá la luz en marzo próximo.

Presión sobre el Papa emérito, Benedicto XVI

La situación ha llegado hasta tal punto que los ultraconservadores han utilizado la figura del papa emérito, Benedicto XVI (92 años) para contraponerlo a Bergoglio. Aunque Ratzinger ha querido dejar claro en más de una ocasión que "solo hay un Papa, y es Francisco", lo cierto es que las pocas visitas que recibe en el monasterio vaticano donde vive recluido son de los sectores más ultraconservadores, y las pocas declaraciones que concede se alinean, punto por punto, con los más rigoristas.

La última prueba fue la publicación de un documento, tras la famosa cumbre Antipederastia de febrero, en la que Benedicto XVI achaca a la teología surgida del Concilio Vaticano II un "colapso" que permitió una "moral laxa" que dejó la puerta abierta a abusadores y a la "revolución sexual". Un texto que molestó, y mucho, entre los cercanos a Francisco. Muchos ven en estos movimientos la mano de su secretario, Georg Ganswein, y del cardenal Robert Sarah, uno de los pocos opositores al Papa que aún mantiene un puesto relevante en la Curia, como prefecto del Culto Divino.

¿Y en España? Como ya desveló eldiario.es, no son pocos los prelados que muestran, en privado y con significativos silencios, su oposición a Bergoglio. Reig (Alcalá de Henares), Sanz (Oviedo), Herráez (Burgos), Demetrio (Córdoba) o Asenjo (Sevilla) son algunos de los más conocidos entre los obispos de hierro.

También, los en otros tiempos todopoderosos, cardenal Rouco Varela y obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino, ambos alineados en el sector más conservador, y que de cara a las elecciones de marzo buscan colocar al arzobispo de Oviedo como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. De este modo, la Iglesia española se convertiría en la más potente de las iglesias occidentales en mostrar (sin decirlo abiertamente, pero sí con la fuerza de los hechos) su oposición al Papa Francisco.

Más información en religiondigital.org

Por Jesús Bastante

04/09/2019 - 21:49h

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Miércoles, 21 Agosto 2019 06:05

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Vivimos pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los “equilibrios macroeconómicos”, para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en grandes medios de comunicación, analistas convencionales, cámaras de comercio, etc. Pero los resultados son otros…

Más allá de cualquier discurso oficial, como en su momento anticipamos, lo que realmente vivimos son los intentos del “frágil” gobierno morenista de cargar la crisis al pueblo. Para colmo, ni siquiera las metas del ajuste neoliberal se están alcanzando: pese a los últimos recortes presupuestarios – o quizá debido a los mismos y a su efecto recesivo – el déficit fiscal del Presupuesto General del Estado (PGE) a julio de 2019 llegó a un saldo negativo de 1.279 millones, un 62,3% mayor al déficit de 787 millones registrado en igual período del año anterior; y es muy probable que iguale al valor negativo en 2018 de 2.900 millones de dólares. Bajo estas tendencias, es muy seguro que no se alcance el déficit previsto en el acuerdo con el FMI para 2019: 2.000 millones de dólares.

Lo peculiar es que el déficit persiste pese a que el gobierno continúa aplicando un severo ajuste, por ejemplo, sobre una inversión pública que cae desde 2014. Así, a julio de 2019 solo se ejecutó el 22,3% del Plan Anual de Inversiones públicas (PAI), representando apenas 773 millones de dólares de un total anual previsto de 3.461 millones (en 2013 el plan de inversiones sumó 8.104 millones). Otro ajuste se ha dado en la masa salarial, la cual de enero a julio de 2019 sumó 5.083 millones de dólares, casi 82 millones menos en comparación al mismo período de 2018 (implicando el cierre de enero a junio de 16 mil plazas de trabajo). En este caso, es clara la prioridad de reducir la masa salarial contrayendo el empleo público en vez de reducir los salarios de la burocracia dorada. A su vez, los otros ingresos previstos por el gobierno no fluyen. Se hablaba de mil millones por concesiones – léase privatizaciones – que, sin embargo, no avanzan como se esperaba. Además, el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses) genera un peso cada vez más insoportable: a julio de 2019 ese servicio alcanzó los 5 mil millones de dólares.

Dado semejante escenario, es casi seguro que los aportes financieros de los organismos multilaterales, sobre todo aquellos previstos en el acuerdo con el FMI, serán insuficientes para cerrar la brecha fiscal… Eso podría agravar la compleja situación pues esos organismos, ante un potencial incumplimiento del acuerdo, podrían reducir o aun suspender los desembolsos, todo para obligar al gobierno a adoptar ajustes más severos.

Por su parte, los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) actúan algunos como caja de resonancia del FMI y otros quejándose por la falta de celeridad. Mientras, el ajuste no solo se enfoca en el déficit, sino que la desesperación podría llevar a buscar ingresos con nuevos impuestos (p.ej. incrementando el IVA) y/o con alzas de los precios de los combustibles (p.ej. eliminando el subsidio a la gasolina extra). A su vez, según la evaluación del ajuste que hizo en junio el FMI, las expectativas serían que en 2019 la masa salarial pública se reduzca en 200 millones de dólares y en 2020 lo haga en 600 millones, mientras que la reducción de subsidios debería llegar a 1.100 millones en el presente año. En complemento, los economistas OCP piden más flexibilizaciones laborales y ambientales (basta ver la barbarie propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil) para “mejorar la competitividad” y recuperar la inversión privada…

Entre todo esto, persiste la lectura convencional, teológica y dogmática de la economía, sin considerar los graves efectos presentes y futuros del ajuste. Por ejemplo, seguir reduciendo la inversión pública trae secuelas recesivas, claramente visibles en el estancamiento del ingreso por persona que, de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019 (media década perdida...). Asimismo, el “empleo adecuado” sigue sin recuperarse al englobar solo al 37,9% de trabajadores a junio de 2019 (deterioro que se arrastra desde 2015). Más grave aún, hay un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 ha aumentado de 35,3% a 43,8%. Estos son apenas breves muestras de la urgencia de un análisis más integral de la economía antes de exigir más ajustes.

En síntesis, la economía, con el ajuste fondomonetarista, se muerde su propia cola, las cuentas no cuadran, y vemos varios indicios de que el estancamiento se mantendrá o incluso se recrudecerá en los próximos años. Mientras, el impacto social y político puede volverse una caja de Pandora... como se ve, por ejemplo, en la Argentina.-

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: economistas ecuatorianos.

NOTA: Este texto saldrá publicado en el periódico EL CONEJO, de la CEDOCUT.

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Martes, 16 Julio 2019 07:08

Recesión y desocupación

Recesión y desocupación

El plan de reformas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a Ecuador podría desembocar en una recesión y un mayor desempleo, advierte un informe difundido por el Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington. “El programa del FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza”, advierte en un comunicado Mark Weisbrot, codirector de CEPR y uno de los autores del informe. El documento, difundido a los medios en Ecuador, analiza el acuerdo que el Gobierno de Lenín Moreno (foto) alcanzó en marzo con el FMI para acceder a una serie de cómodos préstamos graduales por más de 4.000 millones de dólares. Se trata de un dinero crucial para el país, que acumula una deuda de casi 56.000 millones de dólares en momentos en que la economía nacional está paralizada. A cambio de la línea de financiación, la organización internacional ha exigido reformas para reducir el déficit fiscal, y entre ellas, recortes en el gasto público y abordar cambios en la legislación laboral para incrementar la productividad y la competitividad. Pero según el CEPR, con esas medidas, “el país sudamericano experimentaría una reducción de su PIB per cápita, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica”. “Desafortunadamente, incluso el mismo FMI pronostica una disminución de estos y otros indicadores sociales y económicos a medida que, junto al actual Gobierno ecuatoriano, vaya revirtiendo estas políticas”, destaca el informe.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:02

Se abre el telón en El Salvador

Se abre el telón en El Salvador

El pasado sábado 1º de junio fue la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se estrenó con un discurso cortito, lleno de guiños personales, pero frágil, ingrávido, y que no deja de causar un poco de miedo. Sí, miedo, porque los problemas que este país tiene son horribles y una gestión política, que arranca con la mesa limpia, debe agarrar el toro por las astas.

Que el discurso haya sido escueto no es el problema, de hecho ahí está el maravilloso cuento "El dinosaurio" de Tito Monterroso para disipar dudas, puesto que todo sigue allí. Lo preocupante es que estos asuntos públicos urgentes –en el país del poeta Roque Dalton inmolado en 1975– exigen exposiciones de motivos inobjetables, porque de otra manera, como de algún modo lo insinuó el mismo Bukele en su comparecencia, quizás un desencanto más ya no lo aguante la paciente ciudadanía salvadoreña.


Moverse en el filo de la navaja, tal y como lo viene haciendo El Salvador desde hace muchos años –y no hay exageración en esto porque es casi literal– ha causado graves estragos para la convivencia ciudadana.


La Policía Nacional Civil, uno de los resultados más notables y esperanzadores de la negociación estratégica que puso fin a la guerra civil en 1992, es ahora un estropajo ensangrentado. Ha sido corroída por la corrupción, infiltrada por el crimen organizado y de ribete ha sido lanzada al combate frontal contra las pandillas, casi como el último recurso para contener este fenómeno social de cobertura nacional, guadaña macabra que todos los días descuaja vidas de compatriotas.


Dirigentes políticos tradicionales, diputados, personeros de organismos internacionales y funcionarios de los gobiernos anteriores al parecer no han logrado comprender que no se trata de un problema de inseguridad, categoría que da poca cuenta de la compleja realidad de este país. El problema es de convivencia social. Por asumir la premisa de la inseguridad el país se ha inundado del negocio de las agencias de seguridad privada (para proteger bienes estatales, empresas privadas y hasta desarrollos urbanísticos), y del negocio de la video vigilancia que se promociona como panacea.


El giro estratégico habría que hacerlo a partir de la noción de reconstitución del tejido social. Empero, esto será apenas propósito vano si se cree que la intervención en los territorios, ahora bajo control, asedio y presión de las redes pandilleriles, será efectiva si el aparato gubernamental se vuelca allí. Es un paso importante, pero un diseño de ese tipo deja por fuera a otros actores clave, tal vez con menos recursos, pero de mayor impronta en el imaginario colectivo. Hay que pasar de reparar cositas a reconstituir escenarios económicos, sociales, culturales y hasta político-organizativos.


En este punto, el flamante gobierno encabezado por Nayib Bukele se juega su destino. Se ha ensayado ya bastante, y mal, porque se ha creído que hay un buen camino y un mal camino, y que el éxito está en atraer al buen camino a los jóvenes extraviados en el mal camino. Si las cosas del mundo fueran así, las soluciones estarían a la vuelta de la esquina.


A la par de esto, el nuevo gobierno deberá ingeniárselas para desatar, fomentar y facilitar dinámicas de actividad económica que impacten sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Otra perspectiva será de poca ayuda. Sin embargo, esas nuevas dinámicas gestoras de otro rumbo económico chocan desde el arranque mismo con los seculares desequilibrios estructurales salvadoreños, que, de no atenderse al menos los que tienen que ver con el modelo productivo (no el modo de producción, que son palabras mayores), el déficit de la balanza comercial seguirá delatando con nitidez: 5904.5 millones de dólares (exportaciones) frente a 11.725.8 millones de dólares (importaciones). Si en esto no hay cambios apreciables, equivaldrá a seguir hablando de nada y el futuro de El Salvador seguirá sombrío.


Los dos grandes asuntos anteriores –convivencia y economía– deberán despegar con cierto éxito o al menos con algún ímpetu que permita atisbar algo distinto, para que temas como el de la prioridad nacional de la primera infancia, que traería la paz social a El Salvador, puedan realizarse.
Y paremos de contar. Por ahora.

Jaime Barba, de REGION Centro de Investigaciones de El Salvador.

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

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Cuba 2018-2019: Coyuntura y perspectiva

El tránsito entre 2018 y 2019 en Cuba tuvo dos peculiaridades. Por un lado, sirvió para rememorar el 60 Aniversario del inicio de un proceso que se propuso transformar el país en cuatro direcciones: independencia nacional, justicia social, buen gobierno y una economía próspera y sustentable. Ese proceso, que ha implicado 60 años de resistencias y sacrificios populares, tomó rápidamente el título que mantiene hasta hoy: la Revolución Cubana.

Si hubiera que hacer un balance sintético, se podría decir que en esos 60 años el país alcanzó por primera vez el ejercicio pleno de su soberanía y se transformó en un actor a nivel global por sus políticas anti-hegemónicas y de solidaridad internacional; avanzó sustancialmente en salud pública y educación, aunque quedaron lagunas en sectores como la vivienda y el transporte público; eliminó los grandes casos de corrupción y creó un sistema político nuevo, más ajustado a la voluntad popular, aunque mediado por la figura y genio de un líder como Fidel Castro, lo que unido al clima de plaza sitiada en el que tuvo que sobrevivir, condujo a un régimen democrático imperfecto con una institucionalidad vertical y autoritaria, en el cual la burocracia estatal y partidista adquirió una excesiva discrecionalidad; no pudo construir un modelo económico próspero y sustentable, independiente del sostén externo, mientras que las fuerzas productivas estuvieron restringidas por un sistema de administración altamente centralizado y poco creativo.


Al analizar las falencias de este proceso siempre habrá que recordar que el gobierno cubano estuvo y está bajo la constante presión de una política persistentemente hostil de un poderosísimo enemigo, otrora socio privilegiado: los Estados Unidos.


En segundo lugar y paradójicamente, 2018-2019 también marcó la primera gran transformación política postrevolucionaria: la transferencia de poder de la generación histórica que dirigió la Revolución a otra más joven compuesta por mujeres y hombres nacidos por lo general después de 1959.


Esa transferencia necesitó de una nueva constitución en la cual el sistema político cubano se reconoce por primera vez como un estado socialista de derecho, con todo lo que ello implica.


El proceso de redacción, discusión, aprobación y proclamación de esta nueva Magna Carta, que no estuvo exento de las tendencias verticalistas de la cultura política cubana, ocupó la atención primaria de la ciudadanía entre julio del 2018 y abril del 2019, incluyendo una consulta popular que fue un gran ejercicio de deliberación democrática.


La última fecha sirvió también para hacer un balance del primer año de gobierno del presidente electo en abril del 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.


Ese balance, pues, desbordó los marcos del calendario formal. Díaz-Canel, ingeniero de formación, pero cuadro político con una amplia trayectoria partidista y gubernamental, recibió como herencia un proceso de reforma económica y política en marcha, diseñado en lo fundamental durante los 12 años de gobierno de su predecesor, el general Raúl Castro.
El objetivo central de esa estrategia es crear lo que la propaganda oficial ha designado como un “socialismo próspero y sustentable” a partir de una “actualización del modelo económico y social” cubano.


Ello no es una ruptura con los logros alcanzados bajo el liderazgo de Fidel Castro, más sin embargo, como afirmara el propio Raúl Castro el 27 de julio del 2007: “Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.”


Durante su mandato el expresidente y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió más de una vez que el principal enemigo que enfrentaba esta transición era “la vieja mentalidad”, con lo cual quedó evidente lo que muchos analistas, incluyendo el que suscribe, han señalado: bajo el signo de la unidad existe una aguda lucha entre dos tendencias, la que privilegia el cambio y la innovación y la que insiste en el continuismo y la inmovilidad.


Como lo han demostrado los 12 años precedentes, no puede haber continuidad sin transformación y sin adaptación a las cambiantes circunstancias domésticas y externas. Desde el poderoso centro ideológico del Partido se insiste en la consigna de “somos continuidad”, lo que puede socavar en la conciencia y las esperanzas ciudadanas sobre la necesidad del cambio.


En un sistema de partido único siempre hay el peligro de confundir realidad con propaganda; después de todo cualquier constructo ideológico-propagandístico no es más que una interpretación de la realidad y la realidad puede ser muy terca. No hay que olvidar un precepto fundamental del marxismo: la práctica es el criterio de la verdad.


Aunque tanto Raúl Castro como Díaz-Canel, han enfatizado que la batalla principal que enfrenta Cuba es la de la economía, el año que pasó será recordado, sobre todo, por los cambios políticos impulsados por las propias autoridades cubanas, entre los cuales se encuentra una importantísima ampliación del espacio público con el impulso oficial al uso de Internet, a la presencia de las autoridades en las redes sociales y al énfasis en el gobierno electrónico.


En este balance del 2018, sigue siendo deficitario el proceso de transformación económica. Tanto desde el gobierno como en los círculos académicos se reconoce que no se alcanzan las metas propuestas y que quedan muchas políticas aprobadas por implementar.


Hay dos elementos claros: toda la política del presidente Díaz-Canel tiene por objetivo actualizar el modelo socio económico con vistas a crear ese tan ansiado socialismo próspero y sustentable; y el presidente personalmente realiza un enorme esfuerzo de trabajo y comunicativo para lograrlo.


Pero el 2018 terminó en medio de graves escaseces.


Los desafíos que enfrenta el gobierno cubano en materia internacional son enormes debido a la creciente hostilidad de la administración de Donald Trump y los graves acontecimientos en Venezuela. También hay aspectos positivos en que sustentarse pero no siempre se aprovechan todas las reservas con la premura necesaria.


Sin embargo, no se debe olvidar, hoy más que nunca, que economía y política se encuentren indisolublemente imbricadas.


En el futuro no podrá hablarse de un balance político positivo de este período, no importa cuánto se logre en ese terreno, si el devenir económico del país no se encamina firme e irrevocablemente hacia las metas trazadas en los documentos principales conocidos abreviadamente como Lineamientos, Conceptualización y Visión 2030.


Y ahí es donde está el gran déficit de los últimos años, incluido el 2018, y el gran desafío del 2019 y los futuros. Se sabe y está definido lo que hay que hacer, pero no se acaba de lograr que el gobierno en su totalidad implemente con audacia y vigor lo acordado. Y el tiempo se nos está acabando.


Por Carlos Alzugaray

Diplomático, escritor y educador, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

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Congreso de Honduras retira las reformas a los sistemas de educación y salud, pero siguen las protestas

Tegucigalpa. Cerca de 4 mil maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron este martes protestas que el lunes causaron destrozos en el centro de Tegucigalpa, pese a que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron el movimiento.

Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coreando "fuera JOH", siglas del nombre del presidente Juan Orlando Hernández.

Dirigentes del movimiento dijeron que buscaban el apoyo de ambos organismos para defender el derecho a los servicios de salud y educación después de que el Congreso aprobó reformas que, según los manifestantes, llevarán a la privatización de esos dos sectores.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas "sin posibilidad de volverlas a aprobar".

Sin embargo, la protestas continuaron en diferentes zonas del país con manifestaciones y bloqueos de carreteras.

"No creemos en palabras, las palabras se las lleva el viento", dijo durante la caminata la presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa.

En la capital, manifestantes bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad.

Figueroa afirmó que los incendios en cuatro edificios ocurridos el lunes durante violentos enfrentamientos con piedras y bombas lacrimógenas entre manifestantes y policías fueron causados por "infiltrados" de los agentes del orden.

El Ministerio de Seguridad rechazó que agentes policiales hayan herido a un manifestante que fue atendido en un hospital por un balazo en el pecho.

En redes sociales circularon videos de un hombre sin uniforme disparando junto a agentes policiales, tras lo cual aparece el manifestante ensangrentado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó los incidentes.

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La imposible gobernabilidad de las derechas

Cuando comenzó el declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB).

El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.


Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.
En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.


Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.


En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.


La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.


Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.


En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.


En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.


La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.
La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.


La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.


Brasil, Argentina y Colombia…

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