Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

Publicado enColombia
Jueves, 03 Octubre 2019 06:01

Fragmentos de un espejo roto

Fragmentos de un espejo roto

La independencia de las provincias de Centroamérica fue proclamada el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala, en una encerrona de próceres temerosos del futuro que se apresuraba delante de sus ojos. Guatemala era entonces asiento de la Capitanía General, desde donde se gobernaba el destino de seis provincias, contando Chiapas, las que, tras el derrumbe silencioso del gobierno colonial, no volvieron a avenirse nunca, dominadas por las discordias entre liberales y conservadores.

En Centroamérica, desde entonces un traspatio, la independencia llegó como una carambola, después que en otros países del continente, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, culminaban, o estaban por culminar, las grandes epopeyas bélicas que dieron a la historia latinoamericana nombres como los de Miranda, Bolívar, San Martín, Sucre, O’Higgins.

Hay distintas maneras de contar la historia, y por tanto, de fijar las fechas de las celebraciones. Las bisagras del imperio colonial comienzan a aflojarse en 1808, cuando España cae bajo la férula del imperio napoleónico y en América, gran paradoja, la chispa de la independencia se enciende con proclamas de defensa de la legitimidad del reinado de Fernando VII, depuesto por los franceses. El Cabildo de Caracas, para dar un solo ejemplo, se proclama como la "Junta Suprema Conservadora" de los derechos de aquel monarca tan dual, al que la historia llama indistintamente "El Deseado" y "El rey felón".

Tras la proclama de la independencia, los próceres tenían el oído puesto en el destino de México, el vecino poderoso de entonces, y pocos meses después de la firma del acta oficial del 15 de septiembre de 1821, temerosos de quedarse solos, corrieron a anexar a las recién independizadas provincias al imperio de Agustín de Iturbide, que no tardó en fracasar. Chiapas se integró a México independiente en 1823.

La independencia centroamericana cayó como una fruta madura del viejo árbol colonial. Fue el resultado de un trámite burocrático confuso, aceptado en algunas de las provincias, rechazado en otras; o, como ocurrió en León, Nicaragua, la dualidad: las autoridades suscribieron el "acta de los nublados", que proclamaba la independencia de España, "hasta tanto que se aclaren los nublados del día".

El acta del 15 de septiembre lleva a la cabeza la firma del capitán general don Gabino Gaínza, quien no hacía sino cambiar de casaca. De gobernador español, pasaba a jefe del gobierno independiente, y los firmantes que concurrieron con él, tenían, en su mayoría, una impecable hoja al servicio de los intereses coloniales, ya agónicos para entonces en todo el continente.

En el primer punto del acta se explica, con diáfana claridad, la razón fundamental para que aquellos que representaban el poder de la corona se lo transfirieran a ellos mismos convertidos en autoridades republicanas. Ese primer punto dice, de manera textual, que se declara la independencia "para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo". Más claro no canta el gallo de la historia.

Sin embargo, si el acta del 15 de septiembre se firmó sin costo de sangre, alentó las disensiones y las disputas intestinas. La sangre habría de derramarse abundantemente después en continuas guerras intestinas entre criollos y mestizos, que buscaban mantener viva la nueva República Federal proclamada en 1824, y los conservadores monárquicos, que rechazaban la federación como un plan de los francmasones. Y estas guerras vinieron a sellar nuestra suerte definitiva: la de ser, hasta ahora, pedazos sueltos de un todo común. Una frustración que no cesa.

El verdadero prócer de este sueño imposible que se llama Centroamérica fue el general Francisco Morazán, empeñado a lo largo de una década en unir los fragmentos dispersos y darle a la región una entidad política federal, hasta que murió fusilado en Costa Rica en 1842. Luego, cada pequeño país cogió su propio camino.

Desde la independencia hemos vivido bajo la regla de oro que Giuseppe de Lampedusa expresa en El Gatopardo, muy siciliana y muy universal: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie…”

Casi ya dos siglos de historia independiente en una región fragmentada, y tantas veces olvidada, que se sitúa lejos de cualquier asomo de entidad o unidad política, y donde los vínculos geográficos, históricos y culturales resultan siempre apartados por intereses espurios; una crónica cortedad de miras, que en pleno siglo XXI deja la modernidad, que implica el desarrollo integral y la justicia social, en una lejana quimera.

La pregunta de si somos una nación, o queremos serlo, ni siquiera está planteada. Los discursos retóricos y demagógicos sobran. Los organismos de integración son decorativos, un parlamento, una corte de justicia, tal como si para construir una casa se comenzara por el techo, sin tener primero los cimientos.

En lugar de próceres, como Morazán, lo que hemos tenido son ilusionistas de oficio. Y continuamos mirándonos en los fragmentos de un espejo roto.

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Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

Publicado enEdición Nº261
Grupo en la OEA busca abrir la puerta a una intervención armada en Venezuela

Washington. Doce países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) votaron ayer en favor de convocar a los cancilleres de las 19 naciones signatarias para que aborden la crisis venezolana, durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que abre la puerta a una intervención armada regional a la república bolvariana, que a su vez consideró "nula" la decisión.

Varios países que no integran el TIAR se pronunciaron contra invocar el tratado. Bolivia se retiró de la sala y México y Uruguay dijeron que el TIAR es inapropiado para responder a una crisis interna como la venezolana. Más aún, México rechazó de forma "rotunda" la propuesta al argumentar: "consideramos que no hay un conflicto armado en el continente que amerite" su aplicación.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tuiteó que su país "repudia" la infame pretensión de un reducido grupo de gobiernos belicistas de la OEA que pretenden alterar la paz de nuestra patria y la región valiéndose de un írrito instrumento para satisfacer la ansias de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Venezuela”.

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, representada por el emisario de la oposición Gustavo Tarre, aprobaron que los cancilleres del TIAR se reúnan durante la segunda mitad de septiembre, sin precisar sitio ni fecha. Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú se abstuvieron y Bahamas se ausentó.

El secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, señaló que la convocatoria demuestra que el gobierno de Nicolás Maduro tiene una "influencia desestabilizadora" en la región.

El TIAR prevé opciones que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, la suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas y la opción de acciones coercitivas de carácter militar.

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Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

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Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enEdición Nº258
Sábado, 08 Junio 2019 04:45

Papelones de la OEA

Papelones de la OEA

Ha surgido en América Latina una diplomacia irresponsable, bélica, arrogante, indocta y muy peligrosa. La derecha diplomática contemporánea es un horror y debe suscitar una suerte de mueca de asco entre los conservadores latinoamericanos que, en décadas anteriores, sugirieron trazar las líneas estratégicas del lugar geopolítico que ocupaba América Latina. Nadie representa mejor la barbarie que corroe la diplomacia latinoamericana como el actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el señor Luis Almagro. El diplomático uruguayo recibió en nombre de la OEA el premio a la democracia otorgado por el Comité Judío Americano por la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y las dictaduras. Pero Almagro, en su discurso, se equivocó de continente, de temática, de época, de enemigos y le faltó el respeto a todo que lo somos. Este títere de Washington osó decir que “Irán y Hezbollah tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representa una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo”. Esto es imperdonable. Ni siquiera está en juego el tema de Nicolás Maduro, o que sea de derecha o de izquierda, o que se tenga una visión ultraconservadora de las relaciones internacionales o de las alianzas oportunas o inoportunas, ni que se esté por o contra Maduro. Se trata de un acto de barbarie diplomática monumental. Irán y el Hezbollah no son nuestro tema ni nuestro conflicto sino de Occidente. Es sí, por la imborrable tragedia de los atentados contra la Embajada de Israel en la Argentina y el de la AMIA, un tema de la justicia argentina. En ningún caso un dirigente latinoamericano, en nombre de una organización panamericana, puede hacer nuestra la agenda de Washington, ni expandir la obscenidad del antisemitismo ni, menos aún, olvidar los cientos de miles de muertos que ha dejado el narcotráfico en varias de nuestras democracias. En lo que atañe al antisemitismo, seguramente el señor Almagro desconoce la extraordinaria capacidad de América Latina para hacer suyos a los semejantes. Nunca se paseó por Buenos Aires, ni por el barrio de Polanco, en Ciudad de México. No estamos en Europa y nada tuvimos que ver con la Shoah, con Auschwitz y el nazismo. Habrá habido y aun persisten retazos nauseabundos de antisemitismo, pero jamás ha sido una política de Estado. Muchos de nuestros países, en especial la Argentina, son hijos de la integración de los millones de judíos que llegaron a este lado de América huyendo del exterminio europeo. La insensatez del Secretario General de la OEA es una amenaza para nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra credibilidad en la escena internacional y nuestra manera de entender y aceptar a los otros. 

Pero su alegato contiene otros atentados contra la verdad y la razón. Tratar a Venezuela de narcodictadura es ignorar las decenas de miles de muertos que el narcotráfico provoca en México o Colombia. El imperio de arriba tampoco es inocente: los narcos mexicanos y colombianos producen, transfieren al Norte su producto y los beneficios. El dinero del narcotráfico se blanquea en el sistema financiero occidental mientras los muertos por la violencia del narcotráfico ennegrecen las calles de nuestra América. Excelentísimos señores presidentes de Argentina y Brasil, saquen de ese puesto a ese personaje grosero, patotero e ignorante que repite, en nuestro nombre, lo que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en febrero de este año.


“Hezbollah tiene células activas y, con su accionar, los iraníes, están afectando a los pueblos de Venezuela y de toda América del Sur”. Si se quiere ser amable, lo que diga Pompeo representa muy bien la licuadora donde el Departamento de Estado mezcla los ingredientes del cóctel con el sabor de sus intereses, es decir, su confrontación con Irán, su pacto con Arabia Saudita, sus aficionados movimientos en el Líbano y Siria y, desde luego, su cruzada en Venezuela. Son sus temas y los destila con el mal gusto y la inoperancia que la administración de Donald Trump ya ha patentado en todo el planeta.


Nosotros no tenemos nada ver con eso. Sólo que sí, ahora nos compromete por deber Venezuela así como en los años 80, América Latina se comprometió en América Central para frenar la guerra que la Rusia comunista y la administración de Ronald Reagan habían exportado a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Un compromiso con sensatez y neutralidad, no ideológico. ¿Y dónde están los hombres del Hezbollah y los iraníes que aún no los hemos visto en esta década? Todo mezclado, armado con escoria y un oportunismo desenfrenado que rompe todos los pisos de la decencia diplomática. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha sobrepasado la línea roja. Las confrontaciones ideológicas están atravesadas por muchos excesos. Esta exuberancia diplomática no es admisible. No hay narcodictaduras sino narcodemocracias. No hay antisemitismo sino antisemitas. Requerimos de diplomáticos juiciosos, con sagacidad y capacidad pedagógica, que puedan expresar lo que somos y no los odios ideológicos o los caprichos dictados por los imperios. Sus guerras nunca fueron las nuestras: hemos sido víctimas de ellas. El señor Secretario General de la OEA se cayó del mapa y del calendario. Es un hombre del pasado. No nos está representando como latinoamericanos sino que nos está insultando y degradando ante cualquier perspectiva de negociación. Nadie nos podrá tomar en serio. ¿Alguien puede imaginar a este Señor hablando ante la Unión Europea donde prima la cultura del diálogo y la negociación por más extenuante que sea? Es una vergüenza para cada una de nuestras democracias, para nuestro sueño de paz común, para nuestra tolerancia y nuestra identidad forjada por la conjugaciones de orígenes plurales.


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Publicado enPolítica
Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 07:54

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

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La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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