Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 07:54

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enColombia
La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

Publicado enInternacional
Poeta, lingüista y política, Espinosa ha sido canciller y ministra de Defensa en Ecuador

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), no hay otra salida para la crisis actual en Venezuela que la vía de la negociación, el diálogo y la paz. La afirmación pertenece la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “La situación de carencias en Venezuela es grave y quien está sufriendo es el pueblo venezolano, pero a la vez la única manera de resolver esto es a través del diálogo, del acuerdo, de una negociación política seria entre las partes”, sostiene en esta entrevista con PáginaI12 en la que defiende el multilateralismo y critica el nacionalismo extremo. La diplomática visita Buenos Aires para asistir a la Conferencia para la Cooperación Sur-Sur, que cerrará hoy, una reunión de los jefes de estado de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina con cancilleres, ministros y altos funcionarios de países en desarrollo, incluyendo el vicepremier chino, además de autoridades de organismos multilaterales como el secretario general de la ONU. 

Poeta, lingüista y política, Espinosa ha conquistado puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres. Es la cuarta mujer (y la primera latinoamericana) que preside la Asamblea General de la ONU en sus 73 años de existencia. Antes, fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador.


“La situación en Venezuela está drenando la energía de nuestra propia región”, afirma la Presidenta y se preocupa porque lo que dice puede no ser políticamente correcto. “La energía que podría ser utilizada para más cooperación y para más encuentros de temas de preocupación común, pero el foco está puesto en Venezuela, que es el único tema de agenda. Y eso es penoso”, explica. La salida de la crisis debe ser negociada, afirma y reafirma Espinosa, en la misma línea en que se ha pronunciado también el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Hay que montar un proceso que permita un acercamiento, un diálogo y una negociación real, que incluya a los muchos actores que existen en la oposición”, dice la diplomática.


Mientras tanto, el organismo que representa concentra su accionar en la asistencia humanitaria: “Debemos generar el tejido necesario para la atención humanitaria en Venezuela, responder a las necesidades materiales de su gente”. No obstante, tampoco pierde de vista el papel que juegan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una afectación real a las sanciones que se han tomado que finalmente terminan perjudicando al pueblo de Venezuela”, afirma.


Sin embargo, Venezuela no es el único país con problemas para alimentar a su población. Según Espinosa, la falsa promesa de la globalización ha causado estragos.


“Producimos más alimentos, pero el nivel de hambre crece. Las desigualdades se han profundizado”, señala. Según el último informe de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2017, 821 millones de personas pasaron hambre. Una de cada nueve personas en el mundo. “Entonces, el tema de distribución es clave y reducir las brechas de desigualdad es uno de los retos más grandes que tenemos los países de renta media, entre ellos, toda América Latina”, sentencia.


La lista de los problemas del mundo sigue y la funcionaria de la ONU los enumera: el fenómeno migratorio internacional, el crecimiento del número de personas desplazadas por conflictos violentos, el aluvión de refugiados, el crecimiento del extremismo violento, el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, el cambio climático.


Para solucionarlos, Espinosa dice que tiene que lograr acuerdos entre los 193 países miembro de la ONU, o al menos entre la mayoría de ellos. Cuenta que estos acuerdos son cada vez más complicados. Ya casi no se aprueban resoluciones por consenso, sino que cada vez hay más polarización entre las distintas posturas. También, dice, hay países que no están contribuyendo a fortalecer el sistema multilateral. “La cruzada que como Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas estoy haciendo es reposicionar el multilateralismo como una respuesta necesaria e irremplazable a los problemas globales. Porque estamos viendo el resurgimiento de posiciones nacionalistas extremas y al unilateralismo como respuesta. Y estamos viendo que esas voces van ganando espacios, legitimidad y votos. Eso sí es preocupante” reflexiona.


Espinosa, asimismo, es plenamente consciente de las falencias que la clase política en su conjunto, incluyendo a la ONU, tienen al hacer frente a los problemas globales. “Nuestra capacidad de respuesta tanto en el escenario multilateral, como en el de las políticas nacionales ha sido insuficiente. Entonces existe una gran frustración y una gran puesta en duda de la capacidad de las instituciones de poder responder a lo que está pasando”, asume. No obstante, durante su tiempo al frente de la Asamblea, se propone impulsar cambios en esa línea. “En mi presidencia el lema para este año es ‘Hacer que las Naciones Unidas sean relevante para las personas’, conectar nuestro trabajo al nivel más cercano de la gente”, indica. Sola no va a poder. Necesita, dice, el apoyo de los países. “También hay un nivel político que tiene que ser responsable de cumplir lo que acordamos, por eso estamos en esta cruzada de cumplir con lo que está escrito en el papel”.

Publicado enInternacional
Razones y sinsentidos del ingreso al Comando Sur

El hecho de que un general del ejército de Brasil se integre al Comando Sur, una dependencia del Pentágono de Estados Unidos, es una decisión con la suficiente trascendencia como para mover a fondo el tablero geopolítico regional. Se trata de la alianza entre las dos fuerzas armadas más poderosas del continente.


“¡Tiemblen, vecinos!”, podría ser la conclusión que saquen países como Venezuela, Cuba y otros del Caribe y Centroamérica ante la tremenda decisión de las fuerzas armadas de Brasil y Estados Unidos. De hecho, es la primera vez en la historia que un general del ejército brasileño se integra al Comando Sur. Pero el hecho más llamativo fue el lugar y la forma en la que se hizo público: una comisión del Senado en Washington, donde compareció el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, el 7 de febrero.


El informe rendido por Faller sostiene que hay tres países sudamericanos con los cuales el Pentágono tiene lazos especiales: Chile, Colombia –el segundo es el primer socio latinoamericano de la Otan, mientras el país trasandino se ha integrado a través del Anillo del Pacífico a “la mayor marina de guerra del mundo”– y Brasil –que fue el primero en firmar un acuerdo para la utilización pacífica del espacio–, con el que se completa el trío de alianzas estratégicas del Pentágono en la región (Valor, 13-II-19). El hecho de que el anuncio se haya concretado en los mismos días en los que la administración Trump lanzaba una potente ofensiva sobre el gobierno de Nicolás Maduro no pudo pasar desapercibido para ningún observador.


El propio Faller dejó traslucir las intenciones de su gobierno cuando afirmó en el Senado que existen seis países definidos como “amenazas” a los intereses estadounidenses: Rusia, China, Irán, y, en paralelo, aseguró que cuentan con “aliados autoritarios” en la región, en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.


Siguiendo los pasos de su presidente, Faller criticó los préstamos de China a esos tres países, que en su opinión se proponen el control de los puertos y conseguir presencia en la infraestructura vinculada al canal de Panamá. En cuanto a Rusia, su principal preocupación es el apoyo militar de Moscú a Caracas, en particular con modernos sistemas de misiles antiaéreos, que podrían neutralizar la indudable superioridad de la fuerza aérea de Estados Unidos, la que mantiene un control casi exclusivo de los cielos de la región.


VOCES CONTRARIADAS.


Los principales medios de Brasil, como Folha de São Paulo, destacaron que las primeras críticas surgieron de Itamaraty, la poderosa cancillería con la que el presidente Jair Bolsonaro mantiene tensos lazos desde que nombró a un fundamentalista como Ernesto Araújo a cargo de las relaciones internacionales. Según las fuentes, los funcionarios de carrera “mostraron preocupación con la posibilidad de que un cargo en la jerarquía de las fuerzas armadas de Estados Unidos venga a legitimar una eventual intervención militar en la región” (Valor, 13-II-19).


Fuentes de la cancillería destacaron que la integración de oficiales en el ejército estadounidense es contrario a los documentos aprobados por el Congreso en Brasilia, que promueven las relaciones multilaterales sin privilegiar a una sola nación, en referencia a la Estrategia Nacional de Defensa definida en 2008 bajo el gobierno de Lula.


Celso Amorin, diplomático y buen conocedor del ambiente militar, ya que fue ministro de Defensa con Dilma Rousseff, dijo que el nombramiento de un militar brasileño en el comando de interoperabilidad del Comando Sur servirá para “legitimar una eventual intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y conferirle a una unidad de aquel país un papel similar al de la Otan, sin que ningún tratado haya sido firmado con tal objetivo”.


Apenas una semana después, el almirante Faller se reunió con la plana mayor de las fuerzas armadas, en una visita de dos días al país, en la que debatió con sus pares el candente tema de la “ayuda humanitaria” a Venezuela y sacó tiempo para visitar el astillero donde se debería construir el primer submarino nuclear, que Estados Unidos no ve con buenos ojos.


El ex presidente Fernando Henrique Cardoso terció en la polémica, al criticar de manera frontal al canciller Araújo. Cardoso escribió en su Twitter que “nuevas elecciones libres son el camino para el futuro democrático en Venezuela”, porque “las intervenciones militares no conducen a la democracia” (Valor, 4-III-19).


El canciller lo insultó. Dijo que Cardoso “defiende tradiciones inútiles de retórica vacía”, que él –en cambio– “desprecia abiertamente”. Fue mucho más lejos y cuestionó la tradición de 25 años de política exterior brasileña, por estar basada en el “consenso” que, en su opinión, fue el que permitió “el predominio creciente del bolivarianismo en América del Sur”. Sin ironía y con una frase que mueve a risa, aseguró que en el caso de la crisis con Venezuela “no fue Brasil quien siguió a Estados Unidos, sino al contrario”.

MILITARES MIRANDO A CHINA.


Parece evidente que los militares brasileños se encuentran en una posición muy delicada. Tienen demasiado peso en el gobierno de Bolsonaro como para no preocuparse por los dislates del presidente y del canciller. Recordemos que Bolsonaro le había prometido a Trump una base militar del Pentágono en Brasil, hasta que los uniformados dijeron nones, siempre por boca del vice Hamilton Mourão, el imprescindible apagafuegos en estos dos primeros meses en el cargo.


Un fracaso del gobierno Bolsonaro puede golpear fuertemente el prestigio de las fuerzas armadas, que tienen más de cien cargos en el gobierno, desde ministerios hasta grandes empresas como Petrobras y Eletrobras. Mourão se empeña en tomar distancias de su presidente y de la familia, que todas las semanas twitea algún disparate, o sube a las redes videos obscenos o publica frases que resultan chocantes, incluso para sus más fieles aliados.


El enfrentamiento público con el secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno, que fue dimitido por el presidente, fue quizás el más notorio escándalo, al punto que algunos medios y analistas especulan con la renuncia del presidente y la asunción de Mourão, porque le daría más estabilidad al gobierno.


Pero el tema central es qué va a suceder con la tradición nacionalista de la que siempre se enorgullecieron las fuerzas armadas. Bajo la dictadura militar, nunca hubo un alineamiento automático con Estados Unidos, aunque militaban en el mismo campo ideológico contra el comunismo. Ahora las cosas son mucho más complejas que medio siglo atrás, porque el comercio exterior de Brasil depende de exportar soja y mineral de hierro a China.


Los militares brasileños no parecen sentirse cómodos participando en una acción militar contra un país de la región. Mourão ya dijo que los militares brasileños no van a participar en ninguna acción armada contra Venezuela. Brasil ha auspiciado algunos golpes de Estado en la década del 70, en particular en Bolivia. Otra cosa sería quedar entrampados en una acción militar que no decidieron y que tiene a China entre sus objetivos estratégicos.

Publicado enInternacional
Miércoles, 05 Diciembre 2018 05:46

Satélite de Washington

Satélite de Washington

Cuando se eligió presidente, el capitán del Ejército Jair Bolsonaro prometió reducir los 29 ministerios que heredará de Michel Temer a 15. Luego dijo que serían 17. Esta semana nombró al vigésimo ministro. E insinuó que podrá crear otros tres. 

De los veinte ya nombrados, cinco son militares, además del vice-presidente, que es general. Retirado, pero general. A no ser durante la dictadura, nunca hubo tantos generales en el gobierno.


De los 20 ministerios anunciados hasta ahora, algunos aspectos merecen atención, a empezar por el nivel bajísimo de los nombrados. Hay de todo un poco, pero - a excepción de los militares - lo que prevalece son la mediocridad, la excentricidad y en algunos casos específicos, la increíble reversión que se anuncia, un retroceso sin antecedentes a excepción de lo que ocurrió luego del golpe militar de 1964 y la dictadura que duró 21 años.


Uno de esos retrocesos anunciados se dará en el campo de la política externa. Si a lo largo de los ocho años de las dos presidencias de Lula da Silva se logró implantar una política que el entonces ministro Celso Amorim definió como “activa y altiva”, y que prevaleció pese al poco interés que la sucesora, Dilma Rousseff, dedicó al tema en sus seis años de gobierno, lo que ahora se anuncia es altamente preocupante.


La apuesta en un mundo multipolar se reveló acertada: con Lula en la presidencia, Brasil logró, por primera vez, ocupar y consolidar un espacio nítido en el escenario global.
Luego hubo el golpe parlamentario que destituyó a DIlma Rousseff e instaló en el sillón presidencial a un desacreditado Michel Temer, literalmente ignorado por los líderes de peso real en el mundo.


Muy rápidamente el protagonismo conquistado disminuyó, aunque no haya desaparecido de todo.


Ahora, el escenario es otro, muy otro. Para empezar, uno de los hijos del presidente electo, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, no suspende por un solo día su ardiente defensa de alinear plenamente Brasil a los Estados Unidos de uno de sus ídolos intocables, el presidente Donald Trump.


El futuro presidente nombró como ministro de Relaciones Exteriores el diplomático Ernesto Araujo. Se trata de un funcionario de carrera mediocre, que fue elevado al puesto de embajador hace pocos meses, y que jamás ocupó una embajada.


En la actual estructura del Itamaraty, como es llamado en Brasil en ministerio de Relaciones Exteriores, ocupaba, hasta ser nombrado, un puesto de tercera línea. En términos concretos, lo que hizo Bolsonaro puede ser comparado a nombrar a un comandante para ministro del Ejército, atropellando a todos los oficiales superiores.
La indicación de Araujo para el puesto nació de una sugerencia de Olavo de Carvalho, un astrólogo que se autonombró filósofo y defiende el pensamiento de la extrema derecha más fundamentalista.


También ardoroso admirador de Trump, el futuro ministro de Relaciones Exteriores tiene ideas que, en términos delicados, podrían ser clasificadas como extravagantes. Asegura, por ejemplo, que la defensa del medio ambiente y los acuerdos climáticos obedecen a maquinaciones comunistas, y que la globalización va contra los mandamientos de Dios.


La alineación automática e irrestricta con Washington, defendida tanto por el más agresivo de los muy agresivos hijos de Bolsonaro como por el futuro ministro, significará el abandono total de la política implantada por Lula. Transferir la embajada brasileña en Israel a Jerusalén, por ejemplo, significará un golpe fatal para las exportaciones de proteína animal para los países árabes, que hoy por hoy resultan en casi nueve mil millones de dólares anuales. Alejarse de China significará romper con el país que se transformó en el principal mercado para las exportaciones brasileñas, dejando un superávit cercano a 30 mil millones de dólares a cada año.


Relegar el Mercosur a su casi desaparición implicará perder Argentina, el segundo mayor mercado para manufacturas brasileñas y nuestro tercer socio comercial.
Por más que Estados Unidos sea el segundo socio brasileño en el escenario global (superado solamente por China), lo que se perderá rompiendo con aliados arduamente conquistados no será compensado.


Existen, además, otros aspectos preocupantes: lo que se insinúa como la política de defensa y seguridad pública del gobierno Bolsonaro abrirá espacio para que la influencia de Washington sobre el país sea decisiva.


El país que tiene 208 millones de habitantes, ostenta una de las diez mayores bases industriales del planeta, cuya economía - pese a todo el desastre llevado a cabo por Temer y el golpe institucional engendrado en 2015 y que culminó al año siguiente - se sitúa entre las diez principales del mundo, con ese peso ocupó un espacio global significativo y supo transformarse en un interlocutor efectivo, parece condenado a desaparecer.


Hemos conocido, en la dictadura militar, lo que significa transformarse en un satélite de Washington.


Todo indica que no hemos aprendido nada. Pobre Brasil.

Publicado enInternacional
Brasil fue la primera parada de Mattis en su primera visita oficial en Sudamérica.

La reciente gira del secretario de Defensa, James Mattis, tuvo en Brasil su escala más importante al promover asociaciones estratégicas en áreas clave, pero sobre todo por promover el "liderazgo" regional de su aliado. El Pentágono desempolva el papel de "gendarme regional" que atribuyó a Brasil durante el período de contención del comunismo.

La intervención de Mattis ante cadetes y oficiales en la Escuela Superior de Guerra (ESG) en Río de Janeiro, el 14 de agosto, fue una pieza trascendente por sus constantes insinuaciones para revivir el período en el que ambos países fraguaron una estrecha alianza política, militar y económica con el objetivo de disciplinar la región sudamericana.

Defendió una "alianza estratégica" entre EEUU y Brasil y elogió el papel de "liderazgo" de Brasilia que, en su opinión, se manifestó "prudente ante las acciones desestabilizadoras de Venezuela". El mensaje fue muy claro: ante los países con los que Washington mantiene litigios, el papel de Brasil es decisivo porque encarna aquello que EEUU no puede hacer directamente y para lo que necesita de sus aliados.


La segunda cuestión a tener en cuenta es que este giro en las relaciones, que recoloca a Brasil en la órbita de la política regional de EEUU, se viene perfilando desde hace ya dos años, incluso antes de la destitución de Dilma Rousseff por el Parlamento, en agosto de 2016.


Los dos aspectos en los que se manifiesta de forma más clara este viraje se relacionan con la industria aérea y la espacial. La inminente absorción de la tercera aeronáutica del mundo, la brasileña Embraer, por la norteamericana Boeing, afianza la presencia del Pentágono en Brasil. En paralelo, Mattis firmó el 12 el agosto un acuerdo de cooperación en el área espacial.


El acuerdo consiste en compartir informaciones y servicios en el marco del Space Situational Awareness (SSA) para aumentar la seguridad de los vuelos espaciales y se involucra operativamente al Comando Estratégico de EEUU (USSTRATCOM). El espíritu de este acuerdo forma parte del proceso que está llevando a que empresas privadas ligadas al Pentágono puedan utilizar la base satelital de Alcántara, algo que poco tiempo atrás era un tabú porque vulnera la soberanía brasileña.

Que la ESG se esté plegando a la política del Pentágono para América Latina, reviste una gran importancia y da cuenta del hondo viraje que se ha producido en Brasil en los últimos años.


La ESG es el más importante centro de pensamiento estratégico de América Latina y del sur del mundo. Allí se forman no solo los militares brasileños, sino los principales cuadros empresariales y de la administración pública. La Escuela tiene una tradición de elaboración de pensamiento propio y ha jugado un papel decisivo en la construcción de una de las principales potencias del mundo actual.


El golpe de Estado de 1964, que instauró una de las dictaduras más largas del continente, fue impulsado por una alianza entre EEUU, el empresariado nacional y multinacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo fue contener el comunismo en toda la región y promover el crecimiento económico de Brasil, a través del llamado "milagro económico", que lo llevó a desplazar a Argentina que hasta ese momento era la economía más pujante de la región.


El papel asignado a Brasil fue el de convertirse en "el centro de irradiación de la expansión imperialista en América Latina", como lo analizó el sociólogo y economista Ruy Mauro Marini, quien describió el papel de su país en la región como "subimperialismo". El ideólogo de esta alianza fue uno de los miembros más destacados de la ESG, el coronel Golbery do Couto e Silva, el mayor estratega geopolítico de Brasil.


Pero hoy no existe el comunismo como amenaza y el dispositivo de "seguridad nacional" que esgrimieron los regímenes proestadounidenses en la década de 1960 tiene escasa utilidad. Según los EEUU y el Pentágono, la amenaza principal es China que está avanzando de forma notable en la región. El argumento de la amenaza china sustituye como excusa al comunismo y juega un papel muy similar en los planes del Pentágono.


Una muestra de la nueva estrategia es el reportaje de The New York Timesdel 28 de julio dedicado a la base china de investigación espacial en la Patagonia argentina. La antena tiene unos 50 metros de altura, pesa 450 toneladas y el recinto de 200 hectáreas está bajo control del Ejército chino. El proyecto se inició con el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), pero el actual de Mauricio Macri reafirmó su alianza estratégica con el dragón.

El hecho de que China haya desplazado a EEUU como primer socio comercial de Sudamérica, es apenas el primer paso para una mayor presencia directa. Las crecientes inversiones chinas en infraestructura y ahora la base espacial en la Patagonia, parecen haber disparado las alarmas, ya que Sudamérica podría estar siguiendo los pasos que llevaron a Pekín a posicionarse como potencia determinante en África.


La Casa Blanca declaró al 2018 como el "Año de las Américas", por su necesidad de reposicionarse en el continente. En el debate informal luego de su ponencia en la ESG, Mattis se enfiló contra China. Acusó a ese país de promover una "economía predatoria", de utilizar los créditos y préstamos para "eliminar" la soberanía de países y puso como ejemplo el caso del puerto Hambantota en Sri Lanka.

El puerto fue construido por China con un préstamo de 1.250 millones de dólares en el marco de importantes inversiones en carreteras, plantas de energía, puertos y aeropuertos en un país clave para la Ruta de la Seda. En diciembre pasado se acordó el arriendo del puerto a China durante 99 años por una cifra similar a la inversión realizada. Lo gestiona una empresa mixta (China Merchant Port Holdings) en la que los chinos tendrán70% de participación.

El gran temor del Pentágono es que China logre desplazar a EEUU de América del Sur o se convierta en una amenaza para su dominio en una región que desde hace más de un siglo considera como su patio trasero.

Publicado enInternacional
Martes, 21 Agosto 2018 07:34

De cultivos y buques militares

De cultivos y buques militares

El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre funcionarios colombianos y James Mattis. Preocupa el envío del buque USNS Comfort.

 Para Estados Unidos, que el hemisferio occidental sea un lugar próspero y seguro depende de las relaciones entre Estados, como lo dejó claro en su visita a América Latina el secretario de Defensa de Washington, James Mattis. En su paso por Colombia, el enviado del Pentágono se reunió con su homólogo, Guillermo Botero, ministro de Defensa, y el recién posesionado mandatario Iván Duque, con quienes de una vez acordó traer a aguas colombianas un buque norteamericano para, según dijeron, atender refugiados venezolanos con recursos y personal médico norteamericano. La noticia levantó, sin embargo, críticas pues podría tratarse de una provocación del Norte o bien de un asiento estratégico militarmente pese a que, según explicó Mattis, la embarcación solo incorporará personal humanitario y no soldados.


El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre mandatarios. A la potencia mundial y al gobierno de Duque les preocupa que en los últimos años, tras las conversaciones de paz entre Farc y el gobierno de Santos, las hectáreas de cultivos se duplicaran en vez de reducirse. Según EE.UU. en 2017 los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 11 % alcanzando 209.000 hectáreas. Por su parte, en su informe del mismo año la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito informó que dichos cultivos aumentaron en 52% pasando de 96 mil hectáreas sembradas a 146 mil.


“Buscaremos fortalecer los lazos de amistad y cooperación, por primera vez con el nuevo Gobierno, en pro de los intereses binacionales, enmarcado en el concepto de corresponsabilidad”, dijo el ministro colombiano de Defensa sin referirse al tema siempre vedado: la responsabilidad de América del Norte en el consumo, tráfico y lavado de activos del narcotráfico.


Estados Unidos es el país que más consume drogas en todo el mundo, tal como lo reconoció Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump a inicios de este año. En su visita a Perú, en febrero pasado, Tillerson aseguró: “Tenemos que reconocer que nuestro país es el mayor consumidor de drogas ilícitas. Desde ahora comenzaremos a trabajar en ese problema”. De todas formas, en su paso por Colombia el secretario de Defensa no hizo mención a posibles compromisos de su país en ese sentido aunque sí acentuó en que le preocupa que la producción de cocaína en Colombia esté por las 921 toneladas anuales.


La guerra contra las drogas que se libra ferozmente en Colombia desde los años noventa, pero de a poco en la gran potencia, ha dejado millones de víctimas mortales y tiene hoy bajo amenaza a los sectores más desprotegidos del país: los campesinos e indígenas que se dedican al cultivo de la hoja en territorios apartados y pobres donde la única posibilidad de obtener ingresos para comer y sobrevivir es esta actividad ilícita. Allí los ilegales han copado toda la economía amenazando a los locales de trabajar para ellos y así evitar asesinarles”en caso de no cooperar”.


Pese a que gracias al Acuerdo de Paz se pactó con las comunidades un plan amplio de sustitución voluntaria que empezó su marcha, el recién llegado ministro de Defensa anunció que pondrá mano firme a la erradicación forzosa. La presión de Estados Unidos por disminuir las hectáreas y la obsesión de la derecha por mostrarle resultados al gobierno de Trump, parecieron ponerse de prioridad ante el compromiso firmado entre el gobierno y las Farc –el mayor controlador de territorios sembrados de coca antes de la dejación de armas– la tensión, unas 125 mil familias campesinas en todo Colombia.


El narcotráfico siempre ha sido el tema número uno en la agenda Colombia-Estados Unidos pero la visita del Pentágono tras la llegada de Duque a Casa de Nariño tiene un componente especial: con el acuerdo de paz que goza de toda legitimidad constitucional y entre la comunidad internacional la prioridad es la sustitución voluntaria que evite más derramamiento de sangre. Comprendiendo el marco jurídico, quizá, el presidente Duque alivianó los anuncios del ministro Botero y dijo la semana anterior, después de la visita de la Casa Blanca, que los acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos se cumplirán tal y como fueron suscritos. Pero que quiere ver resultados.


Sin embargo, la prioridad en la visita James Mattis a Colombia fue el vecino país de Venezuela. Al volver a Washington los funcionarios de Trump dieron detalles sobre el buque que Colombia aceptó tener en sus aguas. “Miembros de las FF.AA. y profesionales médicos trabajarán junto con los socios regionales para apoyar sus esfuerzos que incluyen, entre otros, hacer frente al impacto de la crisis humanitaria venezolana”, dijo el Pentágono en un comunicado del viernes pasado. Después se supo que la embarcación que llegará será el USNS Comfort que, según el portavoz, “cuenta con los equipos necesarios para ayudar al sistema sanitario de Colombia”.


Unos 900 mil venezolanos ingresaron a Colombia el año pasado según la Cancillería colombiana y al gobierno Trump le preocupa su salud. Algunos críticos opinan que la calidad de “humanitaria” de la embarcación es sospechosa y que podría cambiar su estatus a militar a antojo de la Casa Blanca. Teniendo en cuenta que Colombia suele ceder ante las peticiones de Estados Unidos pues se trata de su principal socio en la región logrando presencia militar autorizada en siete bases militares de todo el país y estadía de unos 600 “contratistas” del gobierno de Estados Unidos en tareas militares.


“El USNS Comfort, además de más de mil camas, cuenta con una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio y una farmacia; al igual que un helipuerto habilitado para el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño”, señalaron las comunicaciones.

 

Publicado enColombia
Trump ante Corea del Norte e Irán, en 15 puntos

Rompe el acuerdo nuclear con Irán, logrado tras siete años de arduas negociaciones, mientras afirma que busca un pacto sobre las armas nucleares de Corea del Norte (CN). ¿Qué pretende Trump, realmente?

“Hagan un trato o les asesinaremos”, es el ultimátum del presidente de EEUU a los mandatarios de Irán y de CN, y el subconsciente le traiciona la poner el ejemplo de Gadafi: O sea, ¿al líder libio no le mataron los “rebeldes demócratas”, sino los terroristas bajo el mando de EEUU?

1. La táctica perseguida por Trump con ambos países ha sido plantear exigencias imposibles de cumplir para ser rechazadas, provocando situaciones bélicas. En palabras de John Bolton “una reunión entre Trump y Kim es útil solo porque inevitablemente fallaría, y luego EEUU podría moverse rápidamente a la siguiente fase, presumiblemente una confrontación militar”. Estos profesionales de la manipulación de conciencias y de hacer “guerras preventivas”, presentan una acción agresiva como justificada. Es lo que EEUU hizo con Yugoslavia: En febrero de 1999 rechazó la propuesta de Belgrado para iniciar conversaciones de paz, el regreso de los desplazados, y la formación de una asamblea descentralizada para los pueblos. Pero, Washington pretendíaacabar con el ultimo estado socialista de Europa. Le impuso el “Acuerdo de Paz de Rambouillet”, que convertía el país en un feudo de la OTAN, y preveía la separación de Kosovo, hoy la segunda base militar más grande de EEUU. Lo mismo pasó con Afganistán: Según Kabir Mohabbat, empresario contacto entre EEUU y Talibán, Mula Omar ofreció la entrega incondicional de Bin Laden y sus lugartenientes al Tribunal de la Haya, a la Unión Europea o a propio EEUU. Sin embargo, Bush le dio largas hasta el octubre de 2001 cuando mandó a 300.000 soldados a ocupar el estratégico país, bajo el pretexto del 11S. Y sucede lo mismo con los palestinos.

2. EEUU ha rechazado la propuesta chino-rusa del “Doble congelamiento”: de que Washington pare sus ejercicios militares en la frontera de CN, y éste a cambio detenga sus pruebas nucleares y de misiles.

3. Trump pide a CN que haya una ‘desnuclearización completa, verificable e irreversible’, que significa la destrucción de las armas nucleares y la eliminación de su uranio almacenado, y a cambio de nada. Si se porta bien y cumple, quizás una vez desarmado mande levantar las sanciones, y les proporcione tecnología, ayuda económica, y la retirada de las tropas de Corea del Sur. ¿Realmente piensa que los coreanos, que en 1953 perdieron el13% de su población bajo 32.000 toneladas de bombas de napalm de EEUU, y de hambre y desesperación, son suicidas o estúpidos? Al poner el ejemplo de la “solución de Libia” como la “pedagogía del terror”, el propio Trump muestra la calidad de su materia gris: Gadafi se deshizo de las armas químicas en 2003 y en 2011 su desarmado país fue arrasado bajo toneladas de bombas de la OTAN. También está la “lección de irán”: aunque renuncies a tu programa nuclear y firmes un acuerdo, lo pueden drogar, someter a tu nación a unas duras sanciones y una vez exhausto, sepultarte bajo las cenizas y escombros.


Los verdaderos objetivos de Trump con Corea del Norte

4. Impedir un acercamiento entre los dos coreas, y su posible reunificación. Que Corea del Sur tenga una vía directa de dialogar con el Norte, resta la capacidad de presión de EEUU a CN, y debilita sus planes bélicos. Fue un movimiento audaz de Kim el intentar separar a CS de EEUU.

5. Trump pretende ser visto como “el gran estadista”, preocupado por la paz mundial, y merecedor (como Obama) de un Nobel, quizás por sus méritos en conseguir el monopolio de las armas nucleares y tener el único en tener el derecho de su uso.

6. Intensificar la guerra económica contra China, bajo el nombre de sanciones secundarias y tras “el fracaso de las negociaciones”.

7. Dominar el espacio de influencia de China, aunque el Sr. Xi hará todo lo posible para evitar una guerra o una Corea unificada bajo el control de Washington.

8. Amenaza a CN para intimidar a China y Rusia, para que acepten sanciones más severas contra este país (que perjudica a las dos potencias) impidiendo una guerra.

9. Ahora que está perdiendo terreno político-económico a China en esta región, aumentar la presencia militar de EEUU en Guam y construir nuevas bases militares en CS (por la empresa estadounidense Gilbane Federal de Concord que ha recibido 133,4 millones de dólares). Ya ven, el simple anuncio de una amenaza sube los beneficios de las compañías de armas. Rusia, por su parte, exhibirá sus misiles en el Pacífico en respuesta al despliegue de THAAD en Corea del Sur por EEUU.

10. Dijo Trump que intentar llegar a un acuerdo con CN era “perder el tiempo”. Su gobierno ha sido constituido para organizar grandes guerras. Entre las razones del cese de Rex Tillerson (que estaba en favor de dialogar con Irán y CN) fue poner fin a la diplomacia y entregar la política exterior al Pentágono y la CIA.


11. Es poco probable hoy un ataque de EEUU contra CN, ya que lo suyo es agredir a los estados con una considerable inferioridad militar como Yugoslavia, Afganistán, Yemen, Irak, Libia o Siria. Pero, la hipótesis planteada por Gardiner Harris en New york Times, es interesante: si mueren 10.000 estadounidenses en un ataque convencional de CN [¡te referirás a uno de bandera falsa!], la presión del pueblo estadounidense sería: ‘Es hora de eliminar a este tipo’, y el conflicto terminará en una guerra de entre 60 a 100 días.


12. La prioridad de Trump es Irán. Nadie en EEUU le está presionando a “borrar del mapa” a CN, mientras los lobbies pro israelí y por saudí utilizan chantaje y soborno (en forma de contratos de armas, sobres con dinero a los diputados, financiar la campaña electoral, etc.), para arrastrar a EEUU una guerra contra a Irán. Y eso a pesar de que Tel Aviv también detesta a CN, porque Pyongyang no reconoce al estado israelí, y por sus relaciones con Irán.


13. Si bien una guerra contra CN no beneficia a ningún país (hasta Corea del Sur y Japón se oponen), los que desean contener a Irán, además de una decena de países árabes, Israel y Turquía, es el propio EEUU, donde los halcones siguen con el Proyecto de Reconfigurar Oriente Próximo, para cambiar su mapa, trazado hace un siglo por otras potencias imperialistas, Gran Bretaña y Francia en el Acuerdo Sykes-Picot. Hoy es el imperialismo estadounidense quien quiere adaptarlo a sus necesidades: crear mini- estados controlables (si no, tierra quemada), para así garantizar su hegemonía militar sobre las reservas de hidrocarburo de una región que además es próxima a Rusia y China. Washington cree que el costo de la guerra con Irán es menor que el de una contra CN.


14. Es imposible que EEUU abandone sus ambiciones militares. No aceptará la demanda de Kim sobre la retirada total de las tropas de EEUU de Corea del Sur a cambio de abandonar sus armas. Según el general Paul Selva, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, el Pentágono se prepara para la guerra contra 4 + 1 amenazas: Irán, Rusia, Corea del Norte, China, y el terrorismo.


15. Para una mente como la Trump, marcada por el Excepcionalísimo norteamericano”, hay dos grupos de países: 1) EEUU, que tiene derecho a dominar al mundo, y 2) los que deben ser sometidos a él.

 

Publicado enInternacional
La OEA acuerda iniciar el proceso de suspensión de Venezuela

19 países dan el visto para aplicar la mayor sanción de la entidad al país gobernado por Nicolás Maduro y desconocen las últimas elecciones

La Organización de Estados Americanos (OEA) castigó formalmente al gobierno venezolano al aprobar este martes una resolución que considera ilegítimas las elecciones presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro y activa el proceso para suspender al país caribeño del organismo interamericano. Fueron 19 países -se necesitaban al menos 18 votos- los que decidieron sancionar a Caracas en la cuadragésima octava asamblea general, celebrada en Washington este lunes y martes. Cuatro miembros rechazaron el documento y 11 se abstuvieron.


La resolución de 10 puntos fue aprobada por Estados Unidos, los 14 países del Grupo de Lima —entre ellos, las principales potencias de América Latina— y República Dominicana, Bahamas, Jamaica y Barbados. El documento declara “ilegítimo” el comicio presidencial venezolano del 20 de mayo por no haber contado con las garantías para considerarse un proceso libre. También incluye una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El punto más polémico es el que exige que se apliquen “de manera estricta” los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana de la OEA, que establecen que se puede intervenir en un Estado cuando se ha producido la rotura del orden democrático.


Bolivia, que aseguró estar de acuerdo con varios aspectos de la resolución, la rechazó por considerar "inaceptable que desde el supuesto de ayudar a Venezuela se adopten decisiones unilaterales". Este voto, más el de Venezuela, Dominica y San Vicente y las Granadinas, fueron los únicos que votaron en contra. Hubo 11 abstenciones, entre ellas la de Uruguay, Ecuador y Nicaragua.


El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó "la resolución Pence" de "un fraude". "Los que han aprobado esta resolución también están apoyando una posible intervención militar en Venezuela. Allá ustedes con sus conciencias", apuntó."Ellos nunca se enfocan en la verdad y la realidad".


El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo una vez clausurada la asamblea, que "Venezuela está en caída libre". En referencia a Arreaza, afirmó que "no representa a otra cosa que a un presidnete ilegítimo y una asamblea ilegítima".

 

La aprobación de la resolución es solo el primer paso. Para seguir adelante con la sanción, se debe convocar un Consejo Permanente, órgano que está compuesto por los embajadores ante la OEA de los Estados miembro. Ahí se debatiría la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar el tema. Solo se puede realizar esa sesión extraordinaria para decidir la suspensión de Venezuela si dos tercios de los Estados la respaldan. Esto se traduce en 24 de los 35 votos (Cuba pertenece al organismo pero no participa).


En una Asamblea General extraordinaria se debatiría la suspensión de Venezuela y, para aprobarse, serían necesarios otra vez 24 votos. "Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia, así que lo primero será abrir el canal de ayuda humanitaria", dijo Almagro.


La mayor sanción que puede otorgar la OEA solo se ha aplicado a dos países en sus 70 años de historia: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba, en 1962, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro de 1959.


Venezuela defendió en reiteradas ocasiones que no pueden expulsar a Venezuela porque “ya se fue”. Caracas pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017 y por reglamento no será efectiva hasta abril de 2019. "El régimen de Maduro no tiene la posibilidad de elegir si quiere quedarse o irse. La Carta Interamericana Democrática lo decidirá", defendió Almagro en rueda de prensa.

 

Washington 6 JUN 2018 - 02:45 COT

Publicado enInternacional
Página 1 de 6