Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enColombia
Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enEdición Nº258
Sábado, 08 Junio 2019 04:45

Papelones de la OEA

Papelones de la OEA

Ha surgido en América Latina una diplomacia irresponsable, bélica, arrogante, indocta y muy peligrosa. La derecha diplomática contemporánea es un horror y debe suscitar una suerte de mueca de asco entre los conservadores latinoamericanos que, en décadas anteriores, sugirieron trazar las líneas estratégicas del lugar geopolítico que ocupaba América Latina. Nadie representa mejor la barbarie que corroe la diplomacia latinoamericana como el actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el señor Luis Almagro. El diplomático uruguayo recibió en nombre de la OEA el premio a la democracia otorgado por el Comité Judío Americano por la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y las dictaduras. Pero Almagro, en su discurso, se equivocó de continente, de temática, de época, de enemigos y le faltó el respeto a todo que lo somos. Este títere de Washington osó decir que “Irán y Hezbollah tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representa una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo”. Esto es imperdonable. Ni siquiera está en juego el tema de Nicolás Maduro, o que sea de derecha o de izquierda, o que se tenga una visión ultraconservadora de las relaciones internacionales o de las alianzas oportunas o inoportunas, ni que se esté por o contra Maduro. Se trata de un acto de barbarie diplomática monumental. Irán y el Hezbollah no son nuestro tema ni nuestro conflicto sino de Occidente. Es sí, por la imborrable tragedia de los atentados contra la Embajada de Israel en la Argentina y el de la AMIA, un tema de la justicia argentina. En ningún caso un dirigente latinoamericano, en nombre de una organización panamericana, puede hacer nuestra la agenda de Washington, ni expandir la obscenidad del antisemitismo ni, menos aún, olvidar los cientos de miles de muertos que ha dejado el narcotráfico en varias de nuestras democracias. En lo que atañe al antisemitismo, seguramente el señor Almagro desconoce la extraordinaria capacidad de América Latina para hacer suyos a los semejantes. Nunca se paseó por Buenos Aires, ni por el barrio de Polanco, en Ciudad de México. No estamos en Europa y nada tuvimos que ver con la Shoah, con Auschwitz y el nazismo. Habrá habido y aun persisten retazos nauseabundos de antisemitismo, pero jamás ha sido una política de Estado. Muchos de nuestros países, en especial la Argentina, son hijos de la integración de los millones de judíos que llegaron a este lado de América huyendo del exterminio europeo. La insensatez del Secretario General de la OEA es una amenaza para nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra credibilidad en la escena internacional y nuestra manera de entender y aceptar a los otros. 

Pero su alegato contiene otros atentados contra la verdad y la razón. Tratar a Venezuela de narcodictadura es ignorar las decenas de miles de muertos que el narcotráfico provoca en México o Colombia. El imperio de arriba tampoco es inocente: los narcos mexicanos y colombianos producen, transfieren al Norte su producto y los beneficios. El dinero del narcotráfico se blanquea en el sistema financiero occidental mientras los muertos por la violencia del narcotráfico ennegrecen las calles de nuestra América. Excelentísimos señores presidentes de Argentina y Brasil, saquen de ese puesto a ese personaje grosero, patotero e ignorante que repite, en nuestro nombre, lo que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en febrero de este año.


“Hezbollah tiene células activas y, con su accionar, los iraníes, están afectando a los pueblos de Venezuela y de toda América del Sur”. Si se quiere ser amable, lo que diga Pompeo representa muy bien la licuadora donde el Departamento de Estado mezcla los ingredientes del cóctel con el sabor de sus intereses, es decir, su confrontación con Irán, su pacto con Arabia Saudita, sus aficionados movimientos en el Líbano y Siria y, desde luego, su cruzada en Venezuela. Son sus temas y los destila con el mal gusto y la inoperancia que la administración de Donald Trump ya ha patentado en todo el planeta.


Nosotros no tenemos nada ver con eso. Sólo que sí, ahora nos compromete por deber Venezuela así como en los años 80, América Latina se comprometió en América Central para frenar la guerra que la Rusia comunista y la administración de Ronald Reagan habían exportado a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Un compromiso con sensatez y neutralidad, no ideológico. ¿Y dónde están los hombres del Hezbollah y los iraníes que aún no los hemos visto en esta década? Todo mezclado, armado con escoria y un oportunismo desenfrenado que rompe todos los pisos de la decencia diplomática. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha sobrepasado la línea roja. Las confrontaciones ideológicas están atravesadas por muchos excesos. Esta exuberancia diplomática no es admisible. No hay narcodictaduras sino narcodemocracias. No hay antisemitismo sino antisemitas. Requerimos de diplomáticos juiciosos, con sagacidad y capacidad pedagógica, que puedan expresar lo que somos y no los odios ideológicos o los caprichos dictados por los imperios. Sus guerras nunca fueron las nuestras: hemos sido víctimas de ellas. El señor Secretario General de la OEA se cayó del mapa y del calendario. Es un hombre del pasado. No nos está representando como latinoamericanos sino que nos está insultando y degradando ante cualquier perspectiva de negociación. Nadie nos podrá tomar en serio. ¿Alguien puede imaginar a este Señor hablando ante la Unión Europea donde prima la cultura del diálogo y la negociación por más extenuante que sea? Es una vergüenza para cada una de nuestras democracias, para nuestro sueño de paz común, para nuestra tolerancia y nuestra identidad forjada por la conjugaciones de orígenes plurales.


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Publicado enPolítica
Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 07:54

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

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La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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Poeta, lingüista y política, Espinosa ha sido canciller y ministra de Defensa en Ecuador

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), no hay otra salida para la crisis actual en Venezuela que la vía de la negociación, el diálogo y la paz. La afirmación pertenece la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “La situación de carencias en Venezuela es grave y quien está sufriendo es el pueblo venezolano, pero a la vez la única manera de resolver esto es a través del diálogo, del acuerdo, de una negociación política seria entre las partes”, sostiene en esta entrevista con PáginaI12 en la que defiende el multilateralismo y critica el nacionalismo extremo. La diplomática visita Buenos Aires para asistir a la Conferencia para la Cooperación Sur-Sur, que cerrará hoy, una reunión de los jefes de estado de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina con cancilleres, ministros y altos funcionarios de países en desarrollo, incluyendo el vicepremier chino, además de autoridades de organismos multilaterales como el secretario general de la ONU. 

Poeta, lingüista y política, Espinosa ha conquistado puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres. Es la cuarta mujer (y la primera latinoamericana) que preside la Asamblea General de la ONU en sus 73 años de existencia. Antes, fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador.


“La situación en Venezuela está drenando la energía de nuestra propia región”, afirma la Presidenta y se preocupa porque lo que dice puede no ser políticamente correcto. “La energía que podría ser utilizada para más cooperación y para más encuentros de temas de preocupación común, pero el foco está puesto en Venezuela, que es el único tema de agenda. Y eso es penoso”, explica. La salida de la crisis debe ser negociada, afirma y reafirma Espinosa, en la misma línea en que se ha pronunciado también el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Hay que montar un proceso que permita un acercamiento, un diálogo y una negociación real, que incluya a los muchos actores que existen en la oposición”, dice la diplomática.


Mientras tanto, el organismo que representa concentra su accionar en la asistencia humanitaria: “Debemos generar el tejido necesario para la atención humanitaria en Venezuela, responder a las necesidades materiales de su gente”. No obstante, tampoco pierde de vista el papel que juegan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una afectación real a las sanciones que se han tomado que finalmente terminan perjudicando al pueblo de Venezuela”, afirma.


Sin embargo, Venezuela no es el único país con problemas para alimentar a su población. Según Espinosa, la falsa promesa de la globalización ha causado estragos.


“Producimos más alimentos, pero el nivel de hambre crece. Las desigualdades se han profundizado”, señala. Según el último informe de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2017, 821 millones de personas pasaron hambre. Una de cada nueve personas en el mundo. “Entonces, el tema de distribución es clave y reducir las brechas de desigualdad es uno de los retos más grandes que tenemos los países de renta media, entre ellos, toda América Latina”, sentencia.


La lista de los problemas del mundo sigue y la funcionaria de la ONU los enumera: el fenómeno migratorio internacional, el crecimiento del número de personas desplazadas por conflictos violentos, el aluvión de refugiados, el crecimiento del extremismo violento, el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, el cambio climático.


Para solucionarlos, Espinosa dice que tiene que lograr acuerdos entre los 193 países miembro de la ONU, o al menos entre la mayoría de ellos. Cuenta que estos acuerdos son cada vez más complicados. Ya casi no se aprueban resoluciones por consenso, sino que cada vez hay más polarización entre las distintas posturas. También, dice, hay países que no están contribuyendo a fortalecer el sistema multilateral. “La cruzada que como Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas estoy haciendo es reposicionar el multilateralismo como una respuesta necesaria e irremplazable a los problemas globales. Porque estamos viendo el resurgimiento de posiciones nacionalistas extremas y al unilateralismo como respuesta. Y estamos viendo que esas voces van ganando espacios, legitimidad y votos. Eso sí es preocupante” reflexiona.


Espinosa, asimismo, es plenamente consciente de las falencias que la clase política en su conjunto, incluyendo a la ONU, tienen al hacer frente a los problemas globales. “Nuestra capacidad de respuesta tanto en el escenario multilateral, como en el de las políticas nacionales ha sido insuficiente. Entonces existe una gran frustración y una gran puesta en duda de la capacidad de las instituciones de poder responder a lo que está pasando”, asume. No obstante, durante su tiempo al frente de la Asamblea, se propone impulsar cambios en esa línea. “En mi presidencia el lema para este año es ‘Hacer que las Naciones Unidas sean relevante para las personas’, conectar nuestro trabajo al nivel más cercano de la gente”, indica. Sola no va a poder. Necesita, dice, el apoyo de los países. “También hay un nivel político que tiene que ser responsable de cumplir lo que acordamos, por eso estamos en esta cruzada de cumplir con lo que está escrito en el papel”.

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Razones y sinsentidos del ingreso al Comando Sur

El hecho de que un general del ejército de Brasil se integre al Comando Sur, una dependencia del Pentágono de Estados Unidos, es una decisión con la suficiente trascendencia como para mover a fondo el tablero geopolítico regional. Se trata de la alianza entre las dos fuerzas armadas más poderosas del continente.


“¡Tiemblen, vecinos!”, podría ser la conclusión que saquen países como Venezuela, Cuba y otros del Caribe y Centroamérica ante la tremenda decisión de las fuerzas armadas de Brasil y Estados Unidos. De hecho, es la primera vez en la historia que un general del ejército brasileño se integra al Comando Sur. Pero el hecho más llamativo fue el lugar y la forma en la que se hizo público: una comisión del Senado en Washington, donde compareció el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, el 7 de febrero.


El informe rendido por Faller sostiene que hay tres países sudamericanos con los cuales el Pentágono tiene lazos especiales: Chile, Colombia –el segundo es el primer socio latinoamericano de la Otan, mientras el país trasandino se ha integrado a través del Anillo del Pacífico a “la mayor marina de guerra del mundo”– y Brasil –que fue el primero en firmar un acuerdo para la utilización pacífica del espacio–, con el que se completa el trío de alianzas estratégicas del Pentágono en la región (Valor, 13-II-19). El hecho de que el anuncio se haya concretado en los mismos días en los que la administración Trump lanzaba una potente ofensiva sobre el gobierno de Nicolás Maduro no pudo pasar desapercibido para ningún observador.


El propio Faller dejó traslucir las intenciones de su gobierno cuando afirmó en el Senado que existen seis países definidos como “amenazas” a los intereses estadounidenses: Rusia, China, Irán, y, en paralelo, aseguró que cuentan con “aliados autoritarios” en la región, en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.


Siguiendo los pasos de su presidente, Faller criticó los préstamos de China a esos tres países, que en su opinión se proponen el control de los puertos y conseguir presencia en la infraestructura vinculada al canal de Panamá. En cuanto a Rusia, su principal preocupación es el apoyo militar de Moscú a Caracas, en particular con modernos sistemas de misiles antiaéreos, que podrían neutralizar la indudable superioridad de la fuerza aérea de Estados Unidos, la que mantiene un control casi exclusivo de los cielos de la región.


VOCES CONTRARIADAS.


Los principales medios de Brasil, como Folha de São Paulo, destacaron que las primeras críticas surgieron de Itamaraty, la poderosa cancillería con la que el presidente Jair Bolsonaro mantiene tensos lazos desde que nombró a un fundamentalista como Ernesto Araújo a cargo de las relaciones internacionales. Según las fuentes, los funcionarios de carrera “mostraron preocupación con la posibilidad de que un cargo en la jerarquía de las fuerzas armadas de Estados Unidos venga a legitimar una eventual intervención militar en la región” (Valor, 13-II-19).


Fuentes de la cancillería destacaron que la integración de oficiales en el ejército estadounidense es contrario a los documentos aprobados por el Congreso en Brasilia, que promueven las relaciones multilaterales sin privilegiar a una sola nación, en referencia a la Estrategia Nacional de Defensa definida en 2008 bajo el gobierno de Lula.


Celso Amorin, diplomático y buen conocedor del ambiente militar, ya que fue ministro de Defensa con Dilma Rousseff, dijo que el nombramiento de un militar brasileño en el comando de interoperabilidad del Comando Sur servirá para “legitimar una eventual intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y conferirle a una unidad de aquel país un papel similar al de la Otan, sin que ningún tratado haya sido firmado con tal objetivo”.


Apenas una semana después, el almirante Faller se reunió con la plana mayor de las fuerzas armadas, en una visita de dos días al país, en la que debatió con sus pares el candente tema de la “ayuda humanitaria” a Venezuela y sacó tiempo para visitar el astillero donde se debería construir el primer submarino nuclear, que Estados Unidos no ve con buenos ojos.


El ex presidente Fernando Henrique Cardoso terció en la polémica, al criticar de manera frontal al canciller Araújo. Cardoso escribió en su Twitter que “nuevas elecciones libres son el camino para el futuro democrático en Venezuela”, porque “las intervenciones militares no conducen a la democracia” (Valor, 4-III-19).


El canciller lo insultó. Dijo que Cardoso “defiende tradiciones inútiles de retórica vacía”, que él –en cambio– “desprecia abiertamente”. Fue mucho más lejos y cuestionó la tradición de 25 años de política exterior brasileña, por estar basada en el “consenso” que, en su opinión, fue el que permitió “el predominio creciente del bolivarianismo en América del Sur”. Sin ironía y con una frase que mueve a risa, aseguró que en el caso de la crisis con Venezuela “no fue Brasil quien siguió a Estados Unidos, sino al contrario”.

MILITARES MIRANDO A CHINA.


Parece evidente que los militares brasileños se encuentran en una posición muy delicada. Tienen demasiado peso en el gobierno de Bolsonaro como para no preocuparse por los dislates del presidente y del canciller. Recordemos que Bolsonaro le había prometido a Trump una base militar del Pentágono en Brasil, hasta que los uniformados dijeron nones, siempre por boca del vice Hamilton Mourão, el imprescindible apagafuegos en estos dos primeros meses en el cargo.


Un fracaso del gobierno Bolsonaro puede golpear fuertemente el prestigio de las fuerzas armadas, que tienen más de cien cargos en el gobierno, desde ministerios hasta grandes empresas como Petrobras y Eletrobras. Mourão se empeña en tomar distancias de su presidente y de la familia, que todas las semanas twitea algún disparate, o sube a las redes videos obscenos o publica frases que resultan chocantes, incluso para sus más fieles aliados.


El enfrentamiento público con el secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno, que fue dimitido por el presidente, fue quizás el más notorio escándalo, al punto que algunos medios y analistas especulan con la renuncia del presidente y la asunción de Mourão, porque le daría más estabilidad al gobierno.


Pero el tema central es qué va a suceder con la tradición nacionalista de la que siempre se enorgullecieron las fuerzas armadas. Bajo la dictadura militar, nunca hubo un alineamiento automático con Estados Unidos, aunque militaban en el mismo campo ideológico contra el comunismo. Ahora las cosas son mucho más complejas que medio siglo atrás, porque el comercio exterior de Brasil depende de exportar soja y mineral de hierro a China.


Los militares brasileños no parecen sentirse cómodos participando en una acción militar contra un país de la región. Mourão ya dijo que los militares brasileños no van a participar en ninguna acción armada contra Venezuela. Brasil ha auspiciado algunos golpes de Estado en la década del 70, en particular en Bolivia. Otra cosa sería quedar entrampados en una acción militar que no decidieron y que tiene a China entre sus objetivos estratégicos.

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Miércoles, 05 Diciembre 2018 05:46

Satélite de Washington

Satélite de Washington

Cuando se eligió presidente, el capitán del Ejército Jair Bolsonaro prometió reducir los 29 ministerios que heredará de Michel Temer a 15. Luego dijo que serían 17. Esta semana nombró al vigésimo ministro. E insinuó que podrá crear otros tres. 

De los veinte ya nombrados, cinco son militares, además del vice-presidente, que es general. Retirado, pero general. A no ser durante la dictadura, nunca hubo tantos generales en el gobierno.


De los 20 ministerios anunciados hasta ahora, algunos aspectos merecen atención, a empezar por el nivel bajísimo de los nombrados. Hay de todo un poco, pero - a excepción de los militares - lo que prevalece son la mediocridad, la excentricidad y en algunos casos específicos, la increíble reversión que se anuncia, un retroceso sin antecedentes a excepción de lo que ocurrió luego del golpe militar de 1964 y la dictadura que duró 21 años.


Uno de esos retrocesos anunciados se dará en el campo de la política externa. Si a lo largo de los ocho años de las dos presidencias de Lula da Silva se logró implantar una política que el entonces ministro Celso Amorim definió como “activa y altiva”, y que prevaleció pese al poco interés que la sucesora, Dilma Rousseff, dedicó al tema en sus seis años de gobierno, lo que ahora se anuncia es altamente preocupante.


La apuesta en un mundo multipolar se reveló acertada: con Lula en la presidencia, Brasil logró, por primera vez, ocupar y consolidar un espacio nítido en el escenario global.
Luego hubo el golpe parlamentario que destituyó a DIlma Rousseff e instaló en el sillón presidencial a un desacreditado Michel Temer, literalmente ignorado por los líderes de peso real en el mundo.


Muy rápidamente el protagonismo conquistado disminuyó, aunque no haya desaparecido de todo.


Ahora, el escenario es otro, muy otro. Para empezar, uno de los hijos del presidente electo, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, no suspende por un solo día su ardiente defensa de alinear plenamente Brasil a los Estados Unidos de uno de sus ídolos intocables, el presidente Donald Trump.


El futuro presidente nombró como ministro de Relaciones Exteriores el diplomático Ernesto Araujo. Se trata de un funcionario de carrera mediocre, que fue elevado al puesto de embajador hace pocos meses, y que jamás ocupó una embajada.


En la actual estructura del Itamaraty, como es llamado en Brasil en ministerio de Relaciones Exteriores, ocupaba, hasta ser nombrado, un puesto de tercera línea. En términos concretos, lo que hizo Bolsonaro puede ser comparado a nombrar a un comandante para ministro del Ejército, atropellando a todos los oficiales superiores.
La indicación de Araujo para el puesto nació de una sugerencia de Olavo de Carvalho, un astrólogo que se autonombró filósofo y defiende el pensamiento de la extrema derecha más fundamentalista.


También ardoroso admirador de Trump, el futuro ministro de Relaciones Exteriores tiene ideas que, en términos delicados, podrían ser clasificadas como extravagantes. Asegura, por ejemplo, que la defensa del medio ambiente y los acuerdos climáticos obedecen a maquinaciones comunistas, y que la globalización va contra los mandamientos de Dios.


La alineación automática e irrestricta con Washington, defendida tanto por el más agresivo de los muy agresivos hijos de Bolsonaro como por el futuro ministro, significará el abandono total de la política implantada por Lula. Transferir la embajada brasileña en Israel a Jerusalén, por ejemplo, significará un golpe fatal para las exportaciones de proteína animal para los países árabes, que hoy por hoy resultan en casi nueve mil millones de dólares anuales. Alejarse de China significará romper con el país que se transformó en el principal mercado para las exportaciones brasileñas, dejando un superávit cercano a 30 mil millones de dólares a cada año.


Relegar el Mercosur a su casi desaparición implicará perder Argentina, el segundo mayor mercado para manufacturas brasileñas y nuestro tercer socio comercial.
Por más que Estados Unidos sea el segundo socio brasileño en el escenario global (superado solamente por China), lo que se perderá rompiendo con aliados arduamente conquistados no será compensado.


Existen, además, otros aspectos preocupantes: lo que se insinúa como la política de defensa y seguridad pública del gobierno Bolsonaro abrirá espacio para que la influencia de Washington sobre el país sea decisiva.


El país que tiene 208 millones de habitantes, ostenta una de las diez mayores bases industriales del planeta, cuya economía - pese a todo el desastre llevado a cabo por Temer y el golpe institucional engendrado en 2015 y que culminó al año siguiente - se sitúa entre las diez principales del mundo, con ese peso ocupó un espacio global significativo y supo transformarse en un interlocutor efectivo, parece condenado a desaparecer.


Hemos conocido, en la dictadura militar, lo que significa transformarse en un satélite de Washington.


Todo indica que no hemos aprendido nada. Pobre Brasil.

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Brasil fue la primera parada de Mattis en su primera visita oficial en Sudamérica.

La reciente gira del secretario de Defensa, James Mattis, tuvo en Brasil su escala más importante al promover asociaciones estratégicas en áreas clave, pero sobre todo por promover el "liderazgo" regional de su aliado. El Pentágono desempolva el papel de "gendarme regional" que atribuyó a Brasil durante el período de contención del comunismo.

La intervención de Mattis ante cadetes y oficiales en la Escuela Superior de Guerra (ESG) en Río de Janeiro, el 14 de agosto, fue una pieza trascendente por sus constantes insinuaciones para revivir el período en el que ambos países fraguaron una estrecha alianza política, militar y económica con el objetivo de disciplinar la región sudamericana.

Defendió una "alianza estratégica" entre EEUU y Brasil y elogió el papel de "liderazgo" de Brasilia que, en su opinión, se manifestó "prudente ante las acciones desestabilizadoras de Venezuela". El mensaje fue muy claro: ante los países con los que Washington mantiene litigios, el papel de Brasil es decisivo porque encarna aquello que EEUU no puede hacer directamente y para lo que necesita de sus aliados.


La segunda cuestión a tener en cuenta es que este giro en las relaciones, que recoloca a Brasil en la órbita de la política regional de EEUU, se viene perfilando desde hace ya dos años, incluso antes de la destitución de Dilma Rousseff por el Parlamento, en agosto de 2016.


Los dos aspectos en los que se manifiesta de forma más clara este viraje se relacionan con la industria aérea y la espacial. La inminente absorción de la tercera aeronáutica del mundo, la brasileña Embraer, por la norteamericana Boeing, afianza la presencia del Pentágono en Brasil. En paralelo, Mattis firmó el 12 el agosto un acuerdo de cooperación en el área espacial.


El acuerdo consiste en compartir informaciones y servicios en el marco del Space Situational Awareness (SSA) para aumentar la seguridad de los vuelos espaciales y se involucra operativamente al Comando Estratégico de EEUU (USSTRATCOM). El espíritu de este acuerdo forma parte del proceso que está llevando a que empresas privadas ligadas al Pentágono puedan utilizar la base satelital de Alcántara, algo que poco tiempo atrás era un tabú porque vulnera la soberanía brasileña.

Que la ESG se esté plegando a la política del Pentágono para América Latina, reviste una gran importancia y da cuenta del hondo viraje que se ha producido en Brasil en los últimos años.


La ESG es el más importante centro de pensamiento estratégico de América Latina y del sur del mundo. Allí se forman no solo los militares brasileños, sino los principales cuadros empresariales y de la administración pública. La Escuela tiene una tradición de elaboración de pensamiento propio y ha jugado un papel decisivo en la construcción de una de las principales potencias del mundo actual.


El golpe de Estado de 1964, que instauró una de las dictaduras más largas del continente, fue impulsado por una alianza entre EEUU, el empresariado nacional y multinacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo fue contener el comunismo en toda la región y promover el crecimiento económico de Brasil, a través del llamado "milagro económico", que lo llevó a desplazar a Argentina que hasta ese momento era la economía más pujante de la región.


El papel asignado a Brasil fue el de convertirse en "el centro de irradiación de la expansión imperialista en América Latina", como lo analizó el sociólogo y economista Ruy Mauro Marini, quien describió el papel de su país en la región como "subimperialismo". El ideólogo de esta alianza fue uno de los miembros más destacados de la ESG, el coronel Golbery do Couto e Silva, el mayor estratega geopolítico de Brasil.


Pero hoy no existe el comunismo como amenaza y el dispositivo de "seguridad nacional" que esgrimieron los regímenes proestadounidenses en la década de 1960 tiene escasa utilidad. Según los EEUU y el Pentágono, la amenaza principal es China que está avanzando de forma notable en la región. El argumento de la amenaza china sustituye como excusa al comunismo y juega un papel muy similar en los planes del Pentágono.


Una muestra de la nueva estrategia es el reportaje de The New York Timesdel 28 de julio dedicado a la base china de investigación espacial en la Patagonia argentina. La antena tiene unos 50 metros de altura, pesa 450 toneladas y el recinto de 200 hectáreas está bajo control del Ejército chino. El proyecto se inició con el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), pero el actual de Mauricio Macri reafirmó su alianza estratégica con el dragón.

El hecho de que China haya desplazado a EEUU como primer socio comercial de Sudamérica, es apenas el primer paso para una mayor presencia directa. Las crecientes inversiones chinas en infraestructura y ahora la base espacial en la Patagonia, parecen haber disparado las alarmas, ya que Sudamérica podría estar siguiendo los pasos que llevaron a Pekín a posicionarse como potencia determinante en África.


La Casa Blanca declaró al 2018 como el "Año de las Américas", por su necesidad de reposicionarse en el continente. En el debate informal luego de su ponencia en la ESG, Mattis se enfiló contra China. Acusó a ese país de promover una "economía predatoria", de utilizar los créditos y préstamos para "eliminar" la soberanía de países y puso como ejemplo el caso del puerto Hambantota en Sri Lanka.

El puerto fue construido por China con un préstamo de 1.250 millones de dólares en el marco de importantes inversiones en carreteras, plantas de energía, puertos y aeropuertos en un país clave para la Ruta de la Seda. En diciembre pasado se acordó el arriendo del puerto a China durante 99 años por una cifra similar a la inversión realizada. Lo gestiona una empresa mixta (China Merchant Port Holdings) en la que los chinos tendrán70% de participación.

El gran temor del Pentágono es que China logre desplazar a EEUU de América del Sur o se convierta en una amenaza para su dominio en una región que desde hace más de un siglo considera como su patio trasero.

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