Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
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3 de diciembre de 2018

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:31

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

El modelo capitalista sufre una crisis profunda desde el 2007-2008, cuando el pánico financiero se espació por todo el mundo. Una década después, el modelo no logra reponerse y al parecer se avecina una nueva crisis aún más profunda.



“En un sistema de producción en el cual todo el complejo edificio del proceso de reproducción social se basa en el crédito, si este se interrumpe de forma repentina y sólo tienen curso los pagos en efectivo, es evidente que debe producirse una crisis, una corrida en procura de medios pagos. En consecuencia, a primera vista, toda la crisis se presenta como una simple crisis de crédito y dinero”.
Carlos Marx.

 

La experiencia del pánico financiero es propia del capitalismo. En el siglo XIX se vivieron varias situaciones de ese tipo y Marx en el tercer tomo de El Capital se ocupó de dilucidar la lógica intrínseca de ese acontecimiento histórico que ninguna sociedad humana había vivido. Ese hecho es fundamental para captar la especificidad del modo de producción capitalista, y también para reconocer sus limitacionesm así como para poder pensar y obrar más allá de ese modo de producción.

 

Hoy existe un consenso entre los economistas sobre la pauta que caracteriza la crisis financiera: se detiene la economía porque ningún banco presta y el dinero se esfuma. Al así ocurrir se espera que el Estado salga a rescatar los bancos para poder garantizar de nuevo el funcionamiento del crédito y la inversión.

 

Ejemplo de una crisis financiera

 

La caída del banco Lehman Brothers, acaecida el 15 de septiembre de 2008, fue uno de los puntos culminantes de la crisis financiera que desencadenó el desinfle de la burbuja inmobiliaria en el año 2007. Richard Fuld, el presidente ejecutivo de ese banco, un año después de la desaparición súbita de esa institución centenaria, declaraba en una comparecencia en la Cámara de Representantes que no entendía porque las máximas autoridades de las finanzas norteamericanas (la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro) no habían salvado el banco, y dijo que esa certeza íntima lo acompañaría: “[…] hasta el día en que me entierren”.

 

Las vicisitudes del proceso que culminó con la desaparición del banco se pueden seguir en el libro del secretario del Tesoro Henry M Paulson Jr. El título es un acierto: “On The Brink” (*). Efectivamente, la experiencia vivida por esos actores de la crisis fue la de estar frente el abismo. El libro escrito al modo de un diario, cuenta la angustia padecida ante la posibilidad de la desaparición de la red de instituciones financieras globales que mantienen el capitalismo en esta fase de su existencia. Y la caída de Lehman fue el detonante que los puso frente a esa posibilidad. Hoy, una década después, la élite dirigente del capitalismo global no ha podido superar los efectos de ese dramático acontecimiento y lo que se vislumbra en el horizonte inmediato es la posibilidad de otra crisis.

 

¿Se acerca una crisis de tipo política global?

 

Lo interesante del proceso en desarrollo es que el catalizador de esta nueva crisis es de tipo político. El presidente de los Estados Unidos para el periodo 2016-2020 Donald Trump, durante lo que lleva de su ejercicio ha quebrantado los consensos mínimos que las élites globales venían tratando de consolidar, después del pánico del 2007 y 2008. Este personaje logra la Presidencia de los Estados Unidos aprovechando el resentimiento y la impotencia de los norteamericanos afectados por esa crisis, pero también porque al final quienes se beneficiaron de los esfuerzos de la sociedad para superar la crisis fueron los mismos que la desencadenaron.

Trump centró su discurso de campaña en la crítica a Wall Street y a los políticos de Washington. Esa crítica fue perfectamente asimilada por la mayoría del electorado norteamericano. Lo que no se asimiló fue la autenticidad del personaje que levantaba la crítica. Ahora la sociedad norteamericana tiene al frente del Estado a alguien que recuerda a Luis Napoleón Bonaparte, el personaje que surgió de la crisis capitalista de 1848 y a Hitler, el personaje que surgió de la crisis de la década del 30 del siglo XX y que condujo a la humanidad a la carnicería de la Segunda Guerra Mundial.

 

Ahora (agosto de 2018), la élite norteamericana desesperada con el personaje trata de llevarlo a juicio. Ante esa posibilidad, Trump advirtió que su destitución podría ser el detonante de la nueva crisis. En una entrevista con Fox New dijo: “Si se me sometiera a un proceso de destitución, los mercados financieros se hundirían”.

 

Estamos, por tanto, frente a una coyuntura político-económica sin antecedentes en el capitalismo contemporáneo. La solución que se encuentre para salir de la crisis que se avecina podría ser el comienzo de la construcción de un modo de producción más allá del capitalismo o, de nuevo, una solución que prolongue el funcionamiento del agónico modo de producción capitalista.

 

* Paulsons H. On the Brink. Business Plus, NeW York, 2010.

 

Publicado enEdición Nº250
Martes, 08 Agosto 2017 06:22

La lucha por la forma del excedente

La lucha por la forma del excedente

Palabras extrañas, probablemente. Aun cuando el excedente es un concepto clave en la comprensión de los antagonismos que cruzan la sociedad capitalista, que no es posible superar en una sociedad dividida en clases, el concepto permanece en el desconocimiento o en el olvido de las izquierdas prácticamente en todas partes. Es imposible superar esos antagonismos porque en ellos no cabe consenso alguno. ¿Puede llegarse a un consenso entre las clases sociales sobre una tasa de explotación aceptable?

No obstante, es posible pensar en una mejora continua del empleo y de las condiciones de vida, si la lu¬cha por la inclusión de los excluidos logra pesar crecientemente en la política económica, especialmente en la inversión pública. Es esta lucha la que está relacionada con las ideas que encierra el título de este artículo.

Téngase presente que en el sistema capitalista el conflicto político más general no se da entre las clases sociales. El cambio social ocurre en el espacio autónomo de lo político, que involucra a la economía, por supuesto, pero no es un enfrentamiento de clase contra clase. De este modo, si un movimiento populista lucha por la radicalización de la democracia, es decir, por el abatimiento de la exclusión, es decir, por la inclusión real de todos a los derechos de todos y a los bienes que produce la sociedad (la nutrición, la educación, la salud, el ocio), es decir, por el abatimiento de la inicua desigualdad que como nunca domina la escena social en el mundo, es preciso que la política mande sobre la economía; y si ese movimiento accediera a las instituciones, o al menos llega a pesar lo suficiente sobre las decisiones políticas acerca de la marcha de la economía, es esencial no perder de vista ese referente teórico que es el excedente, a la hora de la formulación de las políticas económicas y sociales de Estado.

En lo que sigue haremos un bosquejo sobre el concepto que nos ocupa. El concepto al que hacemos referencia, en El capital se llama "producto excedente" (capítulo VII, tomo I, apartado 4, en la traducción de Wenceslao Roces, FCE; en la que estuvo al cuidado de Pedro Scaron, Ed. Siglo XXI, se traduce como "pluproducto"). Nada cambia en cuanto al contenido del concepto entre ambas traducciones. Agreguemos que el uso más generalizado para quienes conocen la obra de Marx es simplemente "excedente".

Marx veía el producto anual total y el neto, desde varios puntos de vista. Uno de ellos es este: producto necesario + producto excedente = producto neto.

El producto necesario es la parte del producto neto que constituye el agregado de los medios físicos vitales destinados al mantenimiento normal y la reproducción de la vida de los trabajadores del sector productivo en las condiciones sociales y económicas existentes. A esos medios físicos también se les llama bienes-salario.

El producto excedente es la parte del producto neto total físico, cuyo valor es igual a la magnitud de la plusvalía. Ambas partes del producto neto provienen del trabajo de los asalariados de los sectores productivos.

El producto excedente, en términos dinerarios, nos aparece como ganancias de la industria y ganancias de la agricultura capitalista, y más tarde –conceptualmente– aparecen como la distribución de parte de esas ganancias en ganancias del comercio (sector que también puede agregar valor al producto en actividades como el empaque o el transporte), o como los intereses financieros, así como en la forma de los salarios distintos a los pagados en el sector productivo, y como impuestos y otros ingresos del Estado.

Ese conjunto de ingresos constituye el excedente, el cual cobra la forma física final de consumo de los capitalistas, de la inversión realizada por los mismos, y de los bienes materiales en que se traduce el gasto corriente y la inversión públicos.

Queda claro entonces que no es lo mismo que el excedente tenga la forma física de mansiones inimaginables donde ocurre el boato insolente de "los de arriba", o la forma de yates de millones o de autos superlujosos, o que tenga la forma de una inversión para producir joyas extravagantes para los ricos, a que tenga la forma de inversión en una fábrica o en un agrocultivo que produzcan bienes-salario. Así, la lucha por la forma del excedente es lograr que la inversión vaya a la producción de bienes-salario.

Es preciso que crezca aceleradamente la inversión en la producción de bienes-salario, porque así se crea empleo, a que la inversión obliga, se pagan salarios, y se producen los bienes que esos salarios compran. La soberanía alimentaria, una clave.

Nadie va a obligar a los capitalistas a producir bienes-salario. Luego entonces es inexcusable una reforma fiscal cierta y suficiente. Con los ingresos públicos pueden montarse empresas productoras de bienes-salario, incluso en asociación con los privados, porque, dada la vasta proporción de los excluidos sobraría mercado para producir y para absorber esa producción. Y los privados que quieran producir bienes salario, bienvenidos.

La inversión en la producción de bienes-salario, como puede advertirse, significa avanzar en la inclusión social por la vía del empleo. Un lapso prolongado de inversión acelerada, significa más ingresos para el Estado, porque habría partido de una reforma fiscal cierta, y porque la inversión y el empleo referidos elevarían el producto y, por ende, la recaudación fiscal. Todo ello podría convertirse en una de las espirales virtuosas que empujan el desarrollo.

Publicado enEconomía
Martes, 18 Julio 2017 06:56

Colombia, una economía en apuros

Colombia, una economía en apuros

Una economía enferma y sin gente. Este es el gran logro de los últimos gobiernos de Colombia gracias a las decisiones económicas que se tomaron. Santos, Uribe, Pastrana y un largo etcétera de presidentes que hicieron siempre lo mismo en contra de la vida de los ciudadanos. La política económica fue tan injusta como ineficaz. La desindustrialización del país es un hecho irrefutable: el peso de la actividad industrial retrocedió del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016. Esto debido, fundamentalmente, a dos grandes razones:


1) La apertura comercial por la vía de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea fue determinante para crear una economía reprimarizada y dependiente de la importación. Dos datos hablan por sí solos: uno, 8 de cada 10 dólares gastados para importación se destinan a la compra de bienes manufactureros; dos, 8 de cada 10 dólares exportados son materias primas (principalmente combustibles y minería).


2) La economía se financiarizó de tal manera que la economía real quedó subordinada al mundo de las finanzas. La banca, en detrimento de la industria, ganó peso en los últimos años y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB en la actualidad, cuando la cifra era del 23% en 1990. No solo ganó mucho peso sino que lo hizo en forma muy concentrada: el 80% de los recursos del sistema financiero se encuentran en manos de cinco bancos.


La economía colombiana está en fase terminal. Se ha ralentizado fuertemente su tasa de crecimiento. Se aprecia una caída de la productividad, en parte también explicada por su baja inversión en Investigación y Desarrollo. En porcentaje del PIB, el gasto en I+D colombiano se ubica cuatro veces por debajo del promedio de la región. La participación de la agricultura en el PIB también se redujo: de 8,1 a 6% entre el 2002 y 2016. Y esta economía ineficaz se sustentó en un importante ritmo de endeudamiento. Solo en los últimos cuatro años, la deuda externa pasó de 78 a 119 mil millones de dólares (21 a 42% del PIB). Este peso muerto sobre la economía se observa claramente en el presupuesto público: 15 de cada 100 pesos se destinan a pagar deuda.


Nacer en Colombia es desgraciadamente una gran desventaja para cualquier niño, joven, mujer, trabajador, adulto-mayor. Solo unos pocos salen ganando. El 1% más rico de Colombia concentra el 20,5% de los ingresos totales del país. Al resto, esto es, a la gente de a pie, le toca sufrir. En 2016 la pobreza monetaria alcanzó al 28% de la población, es decir a 13 millones de personas.


Veamos, grupo a grupo, cuál es la situación económica de la población colombiana.


– Niños: 1 de cada 3 viven en condiciones de pobreza muldimensional; la mitad de los niños hasta los dos años padecen hacinamiento crítico; 8 de cada 10 niños entre 3-5 años no puede acceder a la educación inicial gratuita.


– Jóvenes; el 30% por ciento de los jóvenes alcanza a anotarse en la educación superior y gran parte la terminan abandonando. El desempleo juvenil asciende al 17,6%. Hay más de 1 millón de jóvenes sin trabajo y otros 5 millones inactivos.


– Mujeres; el salario promedio de las mujeres se ubica 28% por debajo de los hombres. El 25% por ciento de las mujeres jóvenes está desocupada.


– Trabajadores: el salario mínimo es el tercero más bajo de la región. El 55% de los trabajadores gana menos del salario mínimo. La desocupación asciende al 12% de la población activa. La mitad de los trabajadores están en la informalidad laboral.


– Adultos-mayores. Colombia registra la tasa de pobreza en la tercera edad de las más alta de América Latina. Menos del 40% de la población de adultos mayores recibe una pensión; en las zonas rurales únicamente el 10% de la población está cubierta.


Colombia no puede presumir ni de bienestar microeconómico ni de estabilidad macroeconómica. Es un modelo fallido en materia económica. Todas las políticas económicas han fracasado. La subida del IVA al 19% ha contraído el consumo y ha mermado el poder adquisitivo a la gente. La demanda sigue a la baja: en los cinco primeros meses del año, las ventas al detalle disminuyeron un 1,4%. El precio de la gasolina es abusivo en un país petrolero. La política de vivienda es inexistente: el déficit de vivienda en Colombia es del 24,7%, 3,5 millones de viviendas; el PIB en construcción se desplomó, fue negativo (valor interanual del -8,4% a abril de 2017).


Mejor no seguir con más datos. Ya son suficientes para demostrar que la economía colombiana además de ser injusta, no funciona. Lo mejor es comenzar a buscar alternativas lo más pronto posible en otras propuestas económicas alejadas del pasado y de las élites. La solución económica está en la gente, y no por afuera.

Por Alfredo Serrano Mancilla (@alfreserramanci)
Doctor en Economía, Director CELAG

 

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Manuel Sutherland: “Se derrochó la renta petrolera y la crisis explotó”

"La política monetaria del Banco Central de Venezuela ha sido realmente negativa, muy nociva para la salud de la economía", afirma Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, y articulista de medios internacionales, en entrevista con "La Razón"*. "En este 2016, se ha impreso dinero inorgánico de manera grosera, se ha triplicado con respecto a 2015, de manera innecesaria", agrega.


Sostiene, asimismo, que estas medidas no están frenando la caída de la economía y solo han inundado al mercado de papel moneda que solo ha contribuido a elevar los precios de los productos, bienes y servicios. "Es un dinero que no tiene respaldo, que no se corresponde con las necesidades de pago de la población, por tanto, es inflacionario", señala.
Una de las principales consecuencias es la destrucción del salario real, asegura. "Sin embargo, es algo que le sirve al Gobierno para justificar los incrementos de salarios nominales que no se ven reflejados en el poder adquisitivo. Son, simplemente, una ilusión monetaria para engañar a la gente humilde que ve como se deprime su poder adquisitivo. Estos incrementos, no obstante, son menores que el incremento en los precios que causan", explica.


"Hay un desastre, un caos monetario debido a estas políticas económicas que no se corresponden con la realidad concreta del país", destaca. "Aunque la actualización del cono monetario era necesaria, la misma se está realizando de manera apresurada, brusca, tosca y con niveles alarmantes de improvisación. Preocupan las dificultades absurdas e innecesarias que les hacen pasar a millones de venezolanos", señala.


Mafias reciclan el efectivo


¿Cómo impactará sobre la economía la renovación del cono monetario?


No habrá una consecuencia a nivel macro, salvo mayor facilidad y rapidez en las transacciones, y cierta normalidad con los cajeros automáticos. Sí me preocupa el desastre monetario en cuanto a la obligación de cambiar más de 6 mil millones de piezas de a cien bolívares en diez días, es un plazo corto, extremadamente forzado. La banca nacional, por lo general, está atestada de miles de personas durante la época navideña y con este cambio se está creando un caos monetario sumamente grande.


¿Esta medida acabará con las mafias que especulan con el dinero en efectivo?


No. La mayor parte de ese dinero es administrado por mafias armadas que reciclan rápidamente su dinero efectivo para hacer negocios. El cambio del cono monetario no impedirá que esto siga ocurriendo, por el contrario, podría facilitarlo porque permitiría simplificar las operaciones. Sin embargo, pienso que es exagerada la importancia que se le da a esa gente. Es estúpido creer que hay gente que atesora bolívares (billetes de 100 Bs.) cuando estos sufren la inflación más alta del planeta por cuarto año consecutivo.


¿El nuevo cono contribuye a solucionar los problemas que enfrenta la economía?


Es una decisión racional y necesaria, el problema es que ha llegado muy tarde y de manera muy improvisada; además, se ha aplicado de manera atropellada y ha habido poca información y detalles. Inclusive, el tiempo para el depósito y canje debe ser mucho mayor para que las personas tengan más facilidad tal y como se previó en el año 2008 con la reconversión monetaria, que resultó mejor organizada.


¿Esta medida impactará sobre el índice inflacionario?


Los nuevos billetes y monedas no incrementarán ni reducirán la inflación, no impactará en la fijación de precios, no mejorará la economía porque es simplemente un cambio nominal.


2017 Hiperinflacionario


¿Cómo evalúa la política monetaria del Gobierno?, ¿A cuáles sectores ha enriquecido?


La política monetaria del gobierno estimula el crecimiento de los niveles de precios, desafortunadamente, no se prevén medidas para recoger la liquidez del mercado, ni de venta en bonos en bolívares (u otras operaciones de mercado abierto para "enfriar" el ritmo inflacionario), por el contrario se ha disminuido el encaje legal. Por otra parte, las políticas para disminuir el gasto público no han sido suficientemente acertadas se han mantenido muchos presupuestos derrochadores aunque ahora tengan un poder adquisitivo mucho menor. La caída de los ingresos ha sido cubierta con una desorbitada impresión de dinero inorgánico. La base monetaria fue expandida en más de 90 mil por ciento entre el período de 1999-2016 (diciembre). Otra propuesta en la cual se ha afincado el Gobierno es el control de precios dirigido por la SUNDDE (Superintendencia Nacional de Precios Justos): esta ha fracasado de manera rotunda y drástica. La SUNDDE no ha tenido éxito en ningún momento y se ha convertido en un gran elefante blanco, significa un gran gasto para el Estado venezolano ya que se encarga de fiscalizar precios que suben y suben, sin ellos poder hacer nada. Ese organismo no tiene una herramienta real para disminuir los precios y, por el contrario, sus presiones suelen causar mayor escasez, es decir, empeora las cosas.


¿Hay signos en la economía que alertan que nos acercamos a la hiperinflación?


Hay quienes sostienen que se puede hablar de hiperinflación en Venezuela. Hay quienes aseguran que se puede hablar de hiperinflación cuando supera el 50 % mensual, es decir, más de 1.000 % anual. Es posible que este año estemos muy cerca de esos cuatro dígitos. Algunos calculan que la inflación podría ubicarse en 700 % uo 800 %. Si tomamos estos valores, podríamos decir que el año que viene podría ser hiperinflacionario. Debemos recordar que la inflación más alta que hemos tenido en nuestra historia, antes del año 2015 –cuando fue de 180 %-, fue aproximadamente 100 %, en 1994. En 2016 podría superar ocho veces la inflación más alta de nuestra historia previa. Es una subida tremenda de precios que ha destruido por completo el poder adquisitivo de los venezolanos. La principal consecuencia es que habrá menos posibilidad para producir, implica despidos, menor cantidad de ventas y significa el cierre de fuentes de empleos. El 2017 puede ser peor en este sentido, ya que los problemas económicas se han agudizado, y las malas decisiones económicas se han profundizado. Medidas de disciplina fiscal ortodoxas, que podrían ser urgentes para evitar una bancarrota estatal, pueden acarrear siderales aumentos en servicios públicos que los pueden convertir en impagables y atizar más la pobreza galopante que nos azota.


Manufactura cae drásticamente


¿Es necesario unificar el tipo de cambio para la divisa?


La unificación es una necesidad. Porque 10 bolívares por cada dólar es un tipo de cambio absurdo e irreal, solo ha traído corrupción, robo y fraude que ha enriquecido a mafias paraestatales y privadas. Ese dólar debería subir al menos a la cotización DICOM (660 bolívares) de manera obligatoria y comenzar a flotar de manera que el BCV pueda intervenir y desarrollar una política monetaria seria. A partir de allí el Gobierno podría comenzar a atraer los capitales extranjeros (como dice tratar de hacer) con una seria formalización del mercado de divisas, y entonces destruir a Dólar Today si, en efecto, se deja que el bolívar flote.


¿Ha aumentado el nivel de productividad del país o persiste la política de importación?


La producción en el área de la manufactura ha caído drásticamente. Los cálculos más moderados hablan de una caída del 30 % o 40 % (1997-2016), es difícil precisarlo por la falta de cifras oficiales. Esta caída tan marcada y severa ocurre en momentos cuando hay más tecnología y mayor desarrollo industrial a nivel mundial. La caída de la producción y la productividad impulsa la inflación, destruye los salarios y precariza el trabajo. Hay que hacer un gran plan de industrialización nacional y de inversiones que permitan rescatar del pozo donde se encuentra la economía venezolana.
La minería no sustituye al petróleo


¿Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción y las políticas de agricultura urbana están elevando el abastecimiento de alimentos?


Los Clap son una pésima forma de distribuir alimentos, es atrasada, poco eficiente y eficaz. Son los alimentos que hace dos o tres años se conseguían con facilidad en los supermercados pero que ahora los envuelven en una bolsa que entregan cada 20, 30 o 40 días. Además, exigen muchas veces pago en efectivo, listas, censos, colas, es decir, es un mecanismo engorroso. Por su parte, la agricultura urbana es prácticamente un chiste, no es una política seria, no se desarrolla en ninguna parte, no tiene sentido práctico, representa un gasto administrativo que no permite impulsar la productividad.


¿Qué pasó con la inversión extranjera en Venezuela?, ¿por qué se ha detenido?


Mientras exista la Ley de Precios Justos y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, es muy difícil que los inversionistas deseen colocar sus divisas en el país, ya que existe una fuerte incertidumbre en la forma de repatriación de los capitales previamente invertidos. Sin un mecanismo fluido de venta de divisas, no habrá inversiones importantes en la economía nacional. Si el Gobierno quiere que haya inversiones extranjeras no puede tener esa normas y leyes que dificultan de tal forma el comercio más sencillo. Obviamente, no creo que las inversiones extranjeras sean la panacea que nos vas a rescatar de la crisis, hay muchos que tienen esa ilusión lamentable.


¿Es favorable la decisión de la Opep de reducir la producción petrolera?, ¿hay una esperanza para el crudo venezolano?
Es positivo, sin embargo, insuficiente ante el ritmo de gastos del Gobierno. El Gobierno necesita que el barril supere los 100 dólares y es muy difícil que el barril se vuelva a ubicar a ese precio.


¿El Arco Minero acabará con el rentismo petrolero?


La renta petrolera es más útil para el desarrollo aguas abajo y la industrialización que la minería. Es una locura pensar que la minería podrá sustituir a la renta petrolera. El Arco Minero, es un ecocidio criminal, un acto de privatización grotesco, de un territorio del tamaño de Cuba entera, y en el mejor de los casos puede generar hasta 8 mil millones de dólares anuales y eso equivale al 10 % de las exportaciones petroleras durante un buen año (ej. 2008, 2011). Los daños ecológicos que ahí se causarán serán 100 veces más costosos que lo que se pueda obtener de ahí. La destrucción de bosques y reservas de agua dulce causará terribles estragos y dejará un dinero que no servirá para cubrir ese daño.


¿Quién hace la guerra económica?


La "guerra económica" es una teoría disparatada, propia de personas que aseguran que el Banco de la República de Colombia secuestró la mitad de todo el efectivo de Venezuela en sus bóvedas y que luego las envió a Suiza, Ucrania, Alemania etc. Aquí lo que ha habido es un derroche doloroso de la renta petrolera. Si se hubiera ahorrado el 10 % de las exportaciones tuviéramos 90 mil millones de dólares en reservas internacionales, de ahorrar el 20 % tuviéramos 180 mil millones de dólares en reservas, 7 años de importaciones -no fraudulentas- garantizadas sin problemas.


Para evitar seguir cavando el foso de la miseria extrema es urgente plantear una moratoria en el pago de la deuda externa, no podemos pagar más deudas mientras la gente se muere de hambre, inanición o por falta de medicinas que cuestan menos de dos dólares. Otros gobiernos como Rusia, Argentina y Ecuador han tenido renegociaciones de deuda exitosas... es vital hacerlo. Igualmente el gobierno tiene que entender que el socialismo se construye desarrollando fuerzas productivas, es decir, aplicando la ciencia y tecnología más avanzadas a la producción. Lamentablemente insiste en financiar a la pequeña-burguesía, a la propiedad mercantil comunitaria y a la gran burguesía que ha sido corresponsable de fugar alrededor de 500 mil millones de dólares en algo más de un decenio. Desgraciadamente el gobierno no tiene confianza en emprender grandes proyectos productivos dirigidos por la clase obrera de manera democrática, abierta y transparente. Se podrían hacer muchas cosas, pero el gobierno insiste en escuchar sólo a "economistas" e ideólogos que lo alaban y con fervor acrítico aplauden cualquier medida estatal, de derecha o izquierda. Con esa receta se llegó hasta acá, y no se saldrá de acá.

18 de enero de 2017.-

Por: La Razón / Carlos Díaz | Miércoles, 18/01/2017 08:06 PM |

* Entrevista publicada el 19 de diciembre de 2016.
** Esta versión fue ligeramente ampliada en algunos puntos por el entrevistado, en aras de la didáctica.

Publicado enEconomía
Finlandia experimentará desde enero el reparto de una renta básica de 560 euros al mes

La Seguridad Social finlandesa ha elegido a 2.000 ciudadanos desempleados para pagarles 560 euros al mes y examinar la utilidad de implementar la medida

Un grupo de 2.000 ciudadanos finlandeses elegidos mediante un muestreo aleatorio entre los desempleados del país se convertirán a partir de enero de 2017 y durante un periodo de dos años en protagonistas del experimento mediante el que la Seguridad Social de Finlandia (Kela) quiere examinar la utilidad de implantar una renta básica, que durante la duración del estudio consistirá en el cobro de 560 euros al mes libres de impuestos.
La institución ha explicado que mediante este experimento pretende analizar cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para afrontar los cambios del mercado laboral y cómo podría hacerse que promoviera la participación activa, proporcionando mayores incentivos para trabajar, así como reduciendo la burocracia y simplificando el sistema de subsidios.


El experimento, que se extenderá entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, contempla el pago de 560 euros al mes a cada uno de los participantes, que en caso de periodos inferiores a un mes cobrarán 18,67 euros por día.


Esta cantidad se mantendrá invariable durante la duración de la prueba y no será reducida por ningún otro ingreso que los beneficiarios pudiesen obtener. De hecho, en caso de encontrar empleo, los participantes seguirán cobrando esta renta básica, aunque una cantidad equivalente se les deduciría del cobro de determinados beneficios sociales.


Los 2.000 ciudadanos participantes en el experimento fueron, con algunas excepciones, elegidos aleatoriamente entre un grupo objetivo de 175.000 personas de entre 25 y 58 años que recibieron el pasado mes de noviembre algún tipo de subsidio o pensión por desempleo por razones distintas de una baja temporal y que no cobraban prestación por paro.


La Seguridad Social finlandesa precisó que los beneficiarios de esta renta básica recibirán el primer pago de 560 euros el próximo 9 de enero de manera automática y sin necesidad de contactar o someterse al control de Kela.


"Aquellas personas incluidas en el estudio recibirán la renta básica automáticamente, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con Kela", indicó Marjukka Turunen, responsable legal de la Seguridad Social finlandesa, quien recordó, no obstante, que los participantes deberán comunicar aquellos beneficios o restricciones que impidieran el cobro, como iniciar el servicio militar, empezar a cobrar una pensión o mudarse fuera del país.
Según Kela, que ha comunicado por carta este miércoles la identidad de las personas seleccionadas para el estudio, el 48% de los beneficiarios de la renta básica serán mujeres y el 52% hombres. Un 30% tiene edades comprendidas entre los 25 y 34 años, el 29% entre 35 y 44 años, y el 41% entre 45 y 58 años.


Asimismo, la Seguridad Social finlandesa indicó que durante los dos años previstos de funcionamiento del experimento supervisará su evolución a través de los datos registrados, por lo que no someterá a controles a los participantes para averiguar su situación laboral.


"Se dejará en paz a los participantes en el estudio de población durante el experimento. Kela no les llamará regularmente para preguntarles su situación laboral, que, en su lugar, será monitorizada mediante los datos registrados", añadió Turunen.

 

EUROPA PRESS - HELSINKI
29/12/2016 - 12:59h
29/12/2016 - 12:59h

Publicado enSociedad
Experiencia de América latina para Davos

Esta semana, diversos líderes mundiales se reúnen en el Foro Económico Mundial para dialogar sobre la forma de mejorar el estado actual del mundo y de afrontar los retos más urgentes. Hay mucho sobre lo que conversar, en particular acerca de la crisis mundial de desigualdad, que se ha hecho especialmente visible en los últimos años, tras la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. La desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y plantea un grave riesgo para el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la estabilidad social.


El impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social es evidente en América latina y el Caribe. Aunque la región ha logrado un éxito considerable en la reducción de la extrema pobreza durante la última década, sigue mostrando niveles altos de desigualdad del ingreso y de la distribución de la riqueza, que han obstaculizado el crecimiento sostenible y la inclusión social. En América latina y el Caribe, la desigualdad está impidiendo retornar a una trayectoria de crecimiento inclusivo, ante un entorno exterior desalentador, con una proyección de crecimiento para 2016 que la Cepal estima en un 0,2 por ciento.


Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últimos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10 por ciento más rico de la población de América latina había amasado el 71 por ciento de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1 por ciento más rico de la región tendría más riqueza que el 99 por ciento restante.


Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América latina crecieron en promedio un 21 por ciento anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región según las estimaciones de Oxfam. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una gran parte de los beneficios del crecimiento de América latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media. Este grado extremo de desigualdad y de concentración del ingreso también se ve confirmado por los análisis de los datos fiscales disponibles relativos a la renta personal en diversos países de la región.


Salvaguardar los avances ya logrados por América latina y garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible deben ser prioridades para todos los países de la región. En consecuencia, la Comisión Económica para América latina y el Caribe y Oxfam están decididas a trabajar de manera conjunta para promover y construir un nuevo consenso contra la desigualdad. No existe una panacea para este problema, pero sí es posible tomar medidas que, combinadas, podrían marcar una gran diferencia. La reforma tributaria es un buen lugar para empezar.


Unos sistemas tributarios inadecuados, así como la evasión y la elusión de impuestos, cuestan a América latina miles de millones de dólares en ingresos tributarios impagados, unas cantidades que podrían y deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. El incremento de los ingresos tributarios es clave para la inversión pública en la reducción de algunas de las brechas históricas de la región, como el acceso marcadamente segregado a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la infraestructura.


En muchos países, el sistema tributario se apoya de forma particular en los impuestos sobre el consumo, que resultan especialmente gravosos para los grupos de ingresos bajos y medianos. Además, los sistemas tributarios de la región suelen estar más orientados a los ingresos laborales que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre bienes inmuebles y sucesiones, de manera que se incrementa la concentración de la riqueza, que es aún mayor que la concentración del ingreso. La recaudación del impuesto sobre la renta personal es relativamente baja, especialmente entre los grupos con ingresos más altos. La Cepal calcula que la tasa impositiva media efectiva para el 10 por ciento más rico solo equivale al 5 por ciento de su ingreso disponible. Como resultado, los sistemas tributarios de América latina son seis veces menos efectivos que los europeos en lo referente a la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad.


Además, los gobiernos otorgan un trato de favor a las compañías multinacionales en materia de impuestos, por medio de reducciones excesivamente generosas de las tasas de los impuestos de sociedades en muchos países de la región. Según algunos cálculos, la carga impositiva para las empresas nacionales equivale al doble de la carga efectiva soportada por las compañías multinacionales.


A esto hay que añadir las terribles tasas de elusión y evasión de impuestos en la región. De acuerdo con las estimaciones, las pérdidas de recaudación del impuesto sobre la renta de las empresas van del 27 por ciento del ingreso potencial de la tributación de las empresas en el Brasil al 65 por ciento en Costa Rica y el Ecuador. La Cepal estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron a América latina en 2014 más de 190.000 millones de dólares, es decir, un 4 por ciento del PIB regional.


Un sistema tributario internacional arcaico y disfuncional también proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para que eviten pagar los impuestos que les corresponden en justicia.


La pérdida crucial de ingresos procedentes de los productos básicos y el estancamiento experimentado por muchas economías hacen que el pueblo de América latina no pueda permitirse que una parte tan amplia de los ingresos y la riqueza de la región estén libres de impuestos. Es absolutamente esencial que todos paguen los impuestos que les corresponden según sus medios económicos, de modo que se pueda financiar un crecimiento sostenible e inclusivo, no solamente en América latina, sino en todo el mundo.


Con objeto de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los gobiernos tendrán que tomar medidas concertadas y coordinadas para la creación de un sistema tributario adaptado al siglo XXI. Los gobiernos deben implementar sistemas tributarios más progresistas en sus respectivos territorios y fortalecer la cooperación mundial y regional para evitar una competencia perversa entre naciones en el ámbito tributario. Los países de América latina y el Caribe también podrían reforzar los impuestos sobre los bienes inmuebles o volver a introducir el impuesto sobre sucesiones. Asimismo, deben trabajar conjuntamente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para reformar el sistema tributario internacional, de modo que las empresas multinacionales y los ricos no puedan aprovechar las lagunas de la legislación tributaria ni esconder sus riquezas en paraísos fiscales con objeto de evitar pagar sus impuestos.


¿Qué puede aportar la experiencia de América latina a los líderes políticos y los encargados de tomar decisiones del sector privado y la sociedad civil, que se preparan para participar en la próxima reunión en Davos? Esa experiencia muestra que la decisión de afrontar la desigualdad debe formar parte de un nuevo pacto social para mejorar la situación actual del mundo y que cualquier plan para hacer frente a esa desigualdad e impulsar el crecimiento inclusivo debe otorgar un papel destacado a la creación de un sistema tributario más justo.

 

Por Alicia Bárcena * y Winnie Byanyima **
* Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal).
** Directora ejecutiva de Oxfam Internacional.

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Jueves, 26 Noviembre 2015 11:31

De nuevo les esculcan la chequera

De nuevo les esculcan la chequera

infatigables en la actividad codiciosa

de sus largos dedos astutos
Jorge Zalamea1

 

Las Cajas de Compensación Familiar (ccf), un complemento social y solidario del mundo del trabajo integrado a la economía nacional y la relación patrón-trabajador en los años 40 del siglo XX, que en la actualidad suman 43 instituciones que administran más de 4.8 billones de pesos correspondientes al aporte del 4 por ciento sobre la nómina que cancelan cerca de 539.000 empleadores por la afiliación de 8,2 millones de sus trabajadores, están en el ojo del huracán2. Por un lado los patrones piden desmontar sus aportes, con las cuales estas sobreviven, y por el otro el Gobierno, afanado de ingresos, pretende que paguen impuesto de renta y complementarios.

 

Las opiniones y la confrontación de intereses gana espacio. Las ccf, el Gobierno Nacional, las Centrales Obreras y la opinión periodística, debaten este año sobre el destino del Sistema de Compensación Familiar (scf). Acotar los roles de las Cajas, centralizar e integrar el sistema, fiscalizar recursos desmontando parafiscales, ampliar la cobertura de la prestación de servicios y cambiar el modelo financiero de la compensación familiar, parecen ser los puntos críticos al respecto.

 

¿Qué dicen estos distintos actores?

 

La Comisión de Expertos ad honorem creada por la ley 1739 de 2014 propuso en agosto de este año que las Cajas pasen a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta e impuestos complementarios, de conformidad con las normas aplicables a las sociedades limitadas y bajo control de la Dian3. Sin embargo, y según la propuesta de la Comisión, las actividades y programas financiados con el subsidio familiar, estarían exentas del impuesto. De esta manera ha quedado expreso en el Informe de la Comisión sobre la reforma al Régimen Tributario Especial para asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin áimo de lucro y que fue entregado al Ministro de Hacienda el 25 de agosto de este año. Faltan aún, sin embargo, las recomendaciones de la Ocde sobre la materia, las que el Gobierno espera para definir en todos sus matices su actuación final.

 

Por ello es que la coyuntura resulta de alto interés para las ccf, pues hoy, exentas de ciertos pagos, perciben ingresos por cerca de 12 billones de pesos anuales derivados no solo del aporte del 4 por ciento, sino de las demás actividades que desarrollan, tales como el mercadeo o la intermediación financiera que les permite la legislación a lo largo de la última década.

 

Desde octubre del año pasado, y luego de un largo debate público sobre el asunto sostenido en los años previos, el gobierno nacional en cabeza de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, plantearon a las Cajas un pacto para focalizar sus actividades y servir al Estado en la financiación y ejecución de la política social. Pareciera que la reorientación de este Gobierno para el SCF no pretende su extinción para pronto, pero sí les metera la mano, debilitándolas y contribuyendo a desmejorar sus servicios. Así pareciera indicarlo el lánguido cauce de la economía nacional.

 

Por el empresariado, tanto la Anif como Fedesarrollo se han manifestado de manera reiterada en contra del pago de ese 4 por ciento (parafiscalidad) para la compensación familiar. Su argumento, igual al sustentado cuando lograron que el día fuera extendido hasta las 10 de la noche, ahorrándose así 4 horas de trabajo nocturno, es que tal pago les dificulta la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Lo cierto es que a pesar de todos los beneficios que cada vez les dan, la cotidianidad del mundo del trabajo, y de la injusticia social en Colombia prosigue igual o, por lo menos, sin mejora franca.

 

Por su parte Asocajas, durante su XXVII Congreso realizado a finales de octubre del año en curso, expuso la necesidad de una reforma orientada hacia una mayor integración de las Cajas, a la ampliación de la cobertura para los trabajadores del campo, a la formación de capital humano a través de la educación y a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Horizontes comunes, estos, que camuflan el carácter salarial de las prestaciones sociales y del aporte del 4 por ciento destinado a la compensación familiar, y que no tocan cuestiones profundas como la participación de los trabajadores en la dirección y administración del sistema y de las cajas mismas.

 

También las centrales sindicales y los trabajadores se han manifestado en defensa de los aportes a las Cajas. Desde su VI Congreso, efectuado en septiembre de 2014, la CUT tomó parte activa en la discusión en contra de la transformación de las ccf en entidades de rentabilidad económica, rechazando los recortes de los recursos o su redireccionamiento hacia la financiación de funciones, cargas y responsabilidades sociales del Estado, pues éste debe atender tales necesidades sin deteriorar el Sistema de Compensación Familiar.

 

Justamente, durante el último año, el sindicato de Comfama (Asotraconfama) y la CUT, han insistido en esta discusión nacional. En una publicación de septiembre de 2014 titulada "2 ensayos sobre el Sistema de Compensación Familiar en Colombia", el sindicato propuso crear un fondo común para las Cajas con recursos provenientes o bien del Fondo de Regalías Mineras y Energéticas, o bien de las utilidades de la banca. El sindicato considera, igualmente, que ese fondo puede ser provisto con recursos provenientes de la tributación a las empresas que explotan y prestación servicios públicos, como también con un porcentaje del valor producido por la explotación del espectro electromagnético o de los ahorros de la guerra que anuncia obtener el Gobierno con el proceso de paz. A ello se suma la propuesta de Asocajas para utilizar recursos de impuestos como el Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) en la financiación de las cargas prestacionales y las obligaciones que el Estado viene tercerizandoles a las Cajas.

 

Así mismo, y en un proceso de varios años, los legisladores han reformando parcialmente el Sistema. Por ejemplo, la ley 789 de 2002, en su artículo 16, amplía los servicios que pueden prestar las Cajas hacia actividades de intermediación financiera, de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. También la ley 100 de 1993 les asigna funciones para la prestación de servicios de salud. La ley 920 de 2004 también las autoriza para adelantar actividades financieras. Todas estas normas permiten la utilización de los recursos del subsidio familiar en áreas de servicios que o son responsabilidad del Estado central o sirven a los flujos del capital financiero. En tales autorizaciones fluye un tufillo hacia el desmonte de la parafiscalidad. Habría que añadir a ello que esta tendencia no busca acabar con las prestaciones sociales sino fiscalizar sus recursos haciéndoles exacción a favor del Estado para el financiamiento y la ejecución de su política social.

 

Por su parte, las altas Cortes reconocen, del subsidio familiar, su carácter de prestación social en beneficio de los trabajadores, su naturaleza en tanto prestación para la seguridad social del país, su accionar como mecanismo de redistribución del ingreso nacional y su correspondencia con el postulado esencial de la democracia participativa del Estado. Pero no así su naturaleza salarial, que es posible notar si se comprende la relación compleja del trabajo como productor de la riqueza social. La jurisprudencia sobre el subsidio familiar conlleva a cierta ambigüedad, ya que su naturaleza, como derecho fundamental, está restringido a situaciones de vulnerabilidad como la vejez, la niñez, o aquellas en que haya riesgo inminente sobre el mínimo vital del beneficiario.


Debate y pugan que ya llega a otros escenarios, como el informativo y periodístico, donde tratan de demostrar que el sistema está viciado y deformado por la corrupción –por lo cual lo mejor sería acabarlo–. Para ello denuncian el uso indebido de dineros públicos en 7 Cajas, supuesto síntoma de un capitalismo compinchero4.

 

Pero el seguimiento mediático también enfoca la crónica mercantil de sus ventas y alianzas, dejando de lado y sin reflexión el modelo de compensación solidaria –entre trabajadores y empresarios– que le dio origen al sistema, así como su pertinencia actual, más aún en una sociedad marcada por la concentración de la riqueza y el ahondamiento de la brecha social.

 

¿Qué implicaciones hay en todo esto?

 

De concretarse la pretensión oficial, las clases medias, una vez más, estarían pagando la crisis económica de los próximos años. Con afán impositivo, ante la disminución en las exportaciones, el encarecimiento del dólar, el aumento del desempleo y del subempleo, más el panorama de recesión mundial, el Gobierno, con claro sentido de clase, no hecha mano de los más ricos sino que acude, por un lado, a la austeridad fiscal y, por el otro, a sancionar con más impuestos a los trabajadores formales.

 

Pero no solo las clases medias pagan. La totalidad de trabajadores ya lo hacen y para el Gobierno está bien que continúe de esta manera. Así lo indica la nueva ley de primer empleo que propone eliminar los aportes del 4 por ciento a empresas que contraten jóvenes sin experiencia. Es claro, mientras la pirámide poblacional presiona a la ampliación del empleo, las políticas económicas la encausan hacia una mayor flexibilización laboral y a una más intensa explotación de la mano de obra.

 

Los riesgos para los trabajadores en la actual coyuntura son múltiples, pero aún resulta incierto el porvenir. Es cierto que el sistema merece una reforma para lograr mayor integración y que las prestaciones sociales deben encaminarse hacia la universalidad. Pero integrarse a qué y universalizarlas cómo, no son cuestiones fáciles de asumir, pues está de por medio el aporte del 4 por ciento y la participación de los trabajadores en la dirección del sistema y de las Cajas mismas.

 

Para completar esta disputa que afecta directamente a los trabajadores, y en un sentido contrario a la participación democrática, algunas Cajas promueven políticas antisindicales5, lo que debilita aún más el llamado y ráquitico pacto social.

 

La tarea es para los trabajadores

 

En una situación así, la controversia ha de considerar la naturaleza del aporte del 4 por ciento, la capitalización social de este régimen parafiscal sui generis, el carácter de pacto entre clases que reviste el aporte, su razón como empresas sociales que tienen las ccf, su democracia interna, la participación de los trabajadores en la dirección del sistema, la participación de la sociedad en este debate, las condiciones económicas de los trabajadores formales e informales en la perspectiva del trabajo decente, la actual crisis fiscal y económica, la crisis de las políticas neoliberales en el mundo contemporáneo y las desigualdades de género, entre otras muchas.

 

La tarea es enorme para los trabajadores, pues por parte de quienes han venido desmontando la parafiscalidad, hay ya argumentación y medios a su favor. Es necesaria una ofensiva sindical que se arisque por el fortalecimiento de los sindicatos relacionándose con ligas de usuarios, integrando a las familias a su activididad cotidiana y buscando el contacto con ese mayoritario mundo del trabajo no integrado de manera formal al sistema, combinado todo ello con una estrategia jurídica que permita proteger la naturaleza parafiscal y prestacional del aporte del 4 por ciento.

 

Esto es parte del reto, pero también debe buscarse la manera de ampliar y reformular los mecanismos de participación de los trabajadores en las políticas del scf y promover el debate en la sociedad sobre el futuro de las ccf, del subsidio familiar, del scf, de la seguridad social y la política social colombiana. Es necesaria, incluso, una comprensión transitoria entre clases que establezca horizontes comunes como la universalización de la seguridad social pero fortaleciendo la economía solidaria, pues tanto el aporte del 4 por ciento sobre la nómina como el capital acumulado por las Cajas, hacen parte del valor generado por el esfuerzo diario de los trabajadores a lo largo de los últimos 70 años de historia nacional.

 



1 Zalamea, Jorge; "El sueño de las escalinatas".
2 Los recursos manejados por las Cajas están destinados para cerca de 10 millones de beneficiarios, entregados a través del subsidio familiar. Estos recursos pueden ser pagados en servicios, en especie o en dinero según la ley 21 de 1982, considerada como la ley orgánica de la compensación familiar. De ese 4 por ciento, 1,5 billones anuales (30,94%) son destinados al pago de 4,9 millones de cuotas monetarias cada mes, 534 mil millones a más de 41.000 subsidios de vivienda, 1,2 billones (25,19%) a servicios sociales, 410 mil millones (8,59%) para su administración y control y 1,15 billones (24,08%) para los distintos fondos que la legislación establece.
3 Ver: https://comisionreformatributaria.files.wordpress.com/2015/09/segundo-informe-comisic3b3n-expertos-equidad-y-competitividad-tributaria-final.pdf
4 Así ha sido calificadas por Salomón Kalmanovitz en una columna del 2 de septiembre de 2012 publicada en el diario El Espectador.
5 Pueden indicarse casos como el despido de 22 fundadores del sindicato de Colsubsidio –Sintracolsubsidio– en abril de 2011, o el despido sin justa causa de Gloria Stella Pabón quien se desempeñó como auxiliar de ama de llaves en Colsubsidio Paipa (Boyacá), quien participó en la fundación de Sintracolsubsidio y fue despedida el mismo día en que la empresa fue notificada de la creación del sindicato. También la táctica del director de Comfamiliar Huila en 2013, Armando Ariza, presionando a los dirigentes sindicales a pensionarse antes de tiempo; táctica que fue efectiva en la reducción del sindicato en pocos años. O bien, la intransigencia en las negociaciones y la insistencia en convenciones colectivas o prebendas a los negociadores de Finamérica (Compañía constituida por Cafam, Comfenalco Cartagena, Colsubsidio y Comfandi Valle del Cauca, la ONG norteamericana ACI International y la Fundación Compartir, y que hoy se ha transformado en Bancompartir).

 


Recuadro 1

 

Apuntes de historia jurídica sobre el scf en Colombia

 

En 1949 se crea, mediante la ley 90, el primer Sistema de Seguridad Social en Colombia. El 22 de febrero de ese año, mediante convención colectiva entre los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia y sus patronos, se da vida al pago de tres pesos mensuales por cada hijo menor de 15 años que tuviera el trabajador.

 

El establecimiento de un salario mínimo por medio de los decretos 2663 y 3747 de 1950, dejó de lado la discusión sobre el subsidio familiar hasta cinco años después. En marzo de 1954, en el plenum nacional de la Unión de Ttrabajadores de Colombia (UTC) se propone el subsidio familiar para trabajadores con hijos, el que debería recaudarse a través de las ccf a las que los patronos aportarían sumas proporcionales a los salarios pagados por cada empresa. Ese mismo mes, también en Medellín, durante la XI Asamblea General de la Andi fue aprobada la proposición de los trabajadores. Nace, pues, Comfama, la que en cinco años logra cuadruplicar su gestión respecto al número de beneficiarios y de trabajadores afiliados.

 

Para el años 1957, la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla expide el decreto 118 del 21 de junio por medio del cual incrementa los salarios, establece el subsidio familiar y crean el Sena. Poco después expiden el decreto 1521 del 24 de julio y reglamentan el cumplimiento de la obligación legal y el funcionamiento de las nuevas cajas de compensación.

 

En la década del 60 fue ampliado el pago del subsidio de la cuota monetaria hacia la prestación de servicios en especie para las familias; comenzando por el campo de la salud. Desde 1963 las ccf administran el sistema. Pero también en esta década, con la ley 69 de 1966, ratificada posteriormente por la ley 56 de 1973, la afiliación a las Cajas debía pasar del nivel nacional al regional según las divisiones político administrativas del territorio.

 

La Ley 25 de 1981 crea la Superintendencia del Subsidio Familiar (ssf). En 1982 la ley 21 modifica el régimen del subsidio y amplía las áreas de servicios que pueden prestar las Cajas. Ese mismo año desaparece Sintraconfama que había surgido en 1975 y había logrado hacer firmar tres convenciones colectivas a la patronal, las mismas con su desaparición pasarían a ser simples estatutos de personal. Los trabajadores de esta Caja no se quedan quietos, en 1994 crean Asotraconfama, logrando en poco tiempo elevar a nivel de convención colectiva los derechos planteados en esas tres convenciones.

 

En 1984 se modifica la ley 21 de 1982 para reconocerle participación a los beneficiarios del subsidio en los consejos directivos de las Cajas.

 

La ley 100 de 1993 otorga funciones y responsabilidades a las Cajas en la prestación del servicio de seguridad social en salud y la gestión del fondo para la niñez. Hace lo propio la ley 115 de 1994, ley General de Educación.

 

Hasta 2002, con la ley 789, aumentan aún más el rango de acción de las Cajas; en su artículo 16, amplían los servicios que pueden prestar hacia actividades de intermediación financiera, actividades de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. Con la ley 920 de 2004 las autorizan para adelantar actividades financieras. El decreto 0722 de 2013 les asigna la administración del subsidio al desempleo.

 

Muchas otras normas han orientado esta tendencia a convertirlas en entidades de rentabilidad económica y en soportes de la política social del Estado en materia de vivienda de interés social, por ejemplo.

 

Falta, sin embargo, una reconstrucción histórica de la formación del sistema, que demuestre el carácter solidario y de clase del subsidio familiar, y la acumulación de capital permitido con ello.

Publicado enEdición Nº219
"La matriz de la estructura social no se ha modificado"

Investigadores latinoamericanos y europeos se reunieron entre el 13 y el 15 de mayo en Bariloche en el III Seminario Internacional sobre Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Concluyeron que en América del Sur hay más inclusión pero que las matrices de poder no fueron modificadas en lo esencial.

Sociólogos de ocho universidades nacionales argentinas, de la Udelar de Uruguay, de la Veracruzana de México, de las chilenas Diego Portales, Católica y la Universidad de Chile, y de la Universidad de Barcelona, España, analizaron los cambios sociales vinculados a la inclusión durante la última década en América Latina. Brecha dialogó con Eduardo Chávez Molina, sociólogo de la Uba y del Instituto Gino Germani de Buenos Aires, y con Leticia Muñiz Terra, de la Universidad de La Plata, organizadores del encuentro.

 

—¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este seminario?

—Podríamos señalar la existencia de una heterogeneidad de situaciones en relación con la desigualdad y movilidad social de los países latinoamericanos. Esta heterogeneidad se advierte y analiza fundamentalmente centrando la mirada en los distintos modelos de acumulación implementados en los países en los últimos quince años y en las transformaciones o no que dichos modelos trajeron consigo.
Mientras algunos destacan un creciente proceso de inclusión social, señalando a las clases populares como las principales protagonistas de esa inclusión, otros dicen que el proceso de recuperación económica que tuvo lugar no significa un cambio sustantivo en la conformación de la estructura social y de clases. La impronta estatal ha tenido un rol preponderante, a través de transferencias directas e indirectas.


—¿Se puede definir y delimitar conceptualmente a las clases sociales en América Latina?

—Es un debate enorme para las ciencias sociales de la región. Los comienzos de esa conceptualización se dieron en la década de 1950, cuando los ejes de discusión giraban en torno a cuáles serían los potenciales actores que podían encarnar y dirigir un proceso de cambio social transformador y las políticas de sustitución de importaciones parecían llegar a su apogeo.


La revolución cubana marcó un antes y un después de época en el debate sobre las clases sociales. Sobre todo cuando se intentaba visualizar a los actores con capacidad de dirigir el cambio social: los obreros, las clases medias administrativas y militares, los pobladores de barrios pobres y periféricos, los campesinos. Por otro lado, el sociólogo brasileño Florestán Fernández insistía en los diferenciales en el funcionamiento de las clases sociales en América Latina en relación con el contexto europeo.


—¿Cuál es la relación entre desigualdad y movilidad social?

—Los estudios sobre de­sigualdad social y movilidad están fuertemente vinculados, porque ambos permiten analizar las transformaciones que pueden desarrollarse en la estructura social de un país, o de un conjunto de países. Si la desigualdad permite descubrir esferas donde se produce una distribución diferencial de bienes, servicios, accesos y responsabilidades, que originan grados de libertad, autonomía, posiciones y posibilidades de realización personales distintas, resulta inevitable su vinculación con los estudios de movilidad, porque son los que permiten ver si se produce un ascenso o descenso de un actor en la estructura social y comprender cómo ocurren.


—Los gobiernos progresistas de la región, ¿incidieron sobre las estructuras de clase en las respectivas sociedades?

—Hay polémicas y controversias sobre los mismos procesos políticos y sus impactos económicos y sociales. Así funciona el mundo académico, digamos. Pero también hay algunos acuerdos que apuntan a reconocer una ampliación de derechos de la población, por vía de leyes de reconocimiento para pueblos originarios, mayores libertades de orientación sexual, reconocimiento de tratados de derechos humanos internacionales, y mayor capacidad regulatoria del Estado sobre aspectos de la relación entre capital y trabajo. Y tal vez ese es el punto nodal de la experiencia de los gobiernos progresistas de América latina, y su punto distintivo respecto a otros contextos y a períodos anteriores. Esa mayor regulación va acompañada de un fuerte proceso de desmercantilización de ciertos aspectos de la vida social, que mejora la protección social de la población. Por ejemplo, las transferencias de ingresos, la mayor oferta educativa pública tanto en sus niveles iniciales como terciarios, principalmente en el caso argentino y venezolano, las transferencias hacia pensionistas y jubilados que no hicieron aportes contributivos directos en su vida activa (sobre todo en Bolivia y Argentina, con casi el 100 por ciento de la población mayor de 65 años protegida).


—¿Y lo negativo?

—Hay deudas innegables, como la proliferación y cierto nivel de desafectación de derechos del cuentapropismo informal y marginal, y las condiciones de hábitat inadecuadas para pobladores de las grandes ciudades principalmente, donde la calidad y el acceso a servicios siguen siendo una deuda social.


—¿Se modificaron los patrones de distribución de recursos entre las clases sociales?

—Por la información existente, se da una paradoja muy peculiar. La matriz de la estructura social no se ha modificado sustantivamente. Esa estructura social, como expresión de los espacios sociolaborales existentes, se ha ampliado. Y la forma de redistribución se ha alterado internamente, en mayor beneficio de los trabajadores asalariados, principalmente sindicalizados, y con mayor protección estatal, producto de pertenecer a actividades reguladas. Es allí además donde se concentra el núcleo de la puja distributiva, de alto alcance particularmente en Brasil, Argentina y Uruguay.


—¿Cómo inciden los procesos de movilidad social en el futuro de las democracias regionales?

—En general las expectativas de movilidad social son amplias, pero en muchos casos van acompañadas de expectativas de consumo, que en el marco de políticas inclusivas y redistributivas pueden llevar a tensiones en el marco de las regulaciones públicas. Hay que admitir que las expectativas son diferentes de acuerdo a la posibilidad concreta de ascenso social en cada país. Son procesos amplios, y dependen tanto de capacidades individuales como estructurales.


Existen varios formatos de posibilidades de movilidad social ascendente. En la actualidad es la educación superior, y en menor medida la capacidad de asumir riesgos económicos productivos por parte de las personas, lo cual requiere condiciones estructurales que estabilicen esas aspiraciones, y condiciones institucionales que lo habiliten, cuyo mecanismo democrático es imprescindible.


—¿Disminuyó la desigualdad en los últimos diez años en la región?

—Sí. Pero hay un llamado de atención sobre la incapacidad de medir los ingresos de las clases altas, principalmente. Y también es cierto que los procesos de concentración económica siguen existiendo, e incluso algunos investigadores plantean que se han acentuado.

 


 

El "Wall Street Journal", Venezuela y Estados Unidos

 


Por José Manuel Martín Medem


El gobierno de Venezuela debería agradecer la torpeza del supuestamente magnífico Wall Street Jour­nal. Dispara por la culata, uno de los autodenominados "medios de comunicación más influyentes".


El diario de los negocios ha intentado convertir en noticia de repercusión internacional los murmullos procedentes de los servicios secretos de Estados Unidos. Los periódicos, las radios y las televisiones de todo el mundo que han reproducido lo publicado por el Wall Street Journal anuncian que los tribunales estadounidenses están a punto de procesar por complicidad con el narcotráfico a funcionarios y militares del gobierno venezolano. Pero no es eso lo que cuenta el periódico utilizado como campana para convocar al desprestigio de la democracia de Venezuela. No es lo mismo el ruido envenenado que depositan sobre la superficie de la denuncia que la información detallada en la profundidad de la crónica.


El gobierno de Venezuela debería recomendar la lectura atenta y reposada de lo publicado por el diario. Lo siguiente es lo que en esa crónica se reconoce.


• Que toda la información utilizada procede de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de sus servicios secretos. A lo largo del texto se admite ¡15 veces! que las versiones utilizadas son municiones facilitadas por los responsables de organizar y aplicar la política estadounidense contra el gobierno de Venezuela. Es poco creíble una información que sólo se basa en filtraciones interesadas.


• Que en Estados Unidos intentan desde hace diez años fabricar procesamientos por narcotráfico contra el gobierno venezolano sin haberlo conseguido, por no contar con pruebas incuestionables.


• Que la operación en marcha consiste en provocar deserciones de funcionarios y militares para convertirlos en "testigos" a cambio de compensaciones que incluyen la residencia en Estados Unidos. "Los servicios secretos estadounidenses –reconoce el Wall Street Journal– han acelerado en los últimos dos años el reclutamiento de desertores que ofrezcan información útil." Agentes de esos servicios explican al diario que "exiliados venezolanos ayudan a contactar con funcionarios gubernamentales para proponerles que se conviertan en desertores y se refugien en Estados Unidos".

 

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Las ignoradas y/o silenciadas causas de la gran recesión

En los últimos años se han ido publicando toda una serie de informes que coinciden en mostrar que algo preocupante y alarmante ha estado ocurriendo en la distribución de las rentas en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte (ver Determinants of functional income distribution – Theory and empirical evidence, International Labour Organization, 2013; Global Wage Report 2012/13. Wages and equitable growth, International Labor Organization; Effects of Globalization on Labor's Share in National Income, Anastasia Guscina, Inernational Monetary Fund, 2006). Estos y otros trabajos coinciden en que:


1. Las rentas derivadas del trabajo han ido disminuyendo (como porcentaje de todas las rentas) desde finales de los años setenta y principios de los años ochenta. Aunque este descenso ha ocurrido en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte (Norteamérica y la Unión Europea), ha sido más marcado en los países europeos que en los países de Norteamérica (EEUU y Canadá). En Alemania y en Francia ha sido bastante acentuado (un descenso de 9 puntos), aunque en España ha sido incluso mayor (10 puntos).


2. Este descenso de las rentas del trabajo ha ido acompañado de un aumento de las rentas del capital (como porcentaje de todas las rentas).


3. Las rentas que han crecido en mayor medida dentro de las rentas derivadas del capital han sido aquellas rentas procedentes de la propiedad del capital financiero.


4. De las rentas del capital no financiero, un porcentaje muy elevado de ellas, un 35%, ha sido en forma de pago de dividendos (a los accionistas) a costa de subfinanciar las compensaciones salariales.


5. El énfasis en pagar dividendos ha determinado un cambio de actitud del mundo empresarial, enfocado en conseguir la máxima cantidad de beneficios lo más pronto posible (short-term benefits). Los gerentes de las grandes empresas han enfatizado el corto plazo, en lugar del largo plazo, en su comportamiento gerencial. Como consecuencia, los propietarios y gerentes del gran capital no financiero han expandido su dimensión financiera, comprando activos financieros, diluyéndose la línea de expansión entre capital financiero y capital productivo. La gran mayoría de las empresas de automóviles, por ejemplo, financiaron sus propias ventas, convirtiéndose en empresas también financieras, que se expanden a costa de invertir en productos financieros.


6. El hecho de que las rentas del trabajo hayan descendido como porcentaje de todas las rentas quiere decir que las rentas del capital han crecido más rápidamente que las rentas del trabajo, como resultado de que el aumento de la riqueza y de la renta total se ha distribuido de una manera muy desigual, favoreciendo sistemáticamente, durante este periodo 1980-2014, a las rentas del capital sobre las del trabajo. Es decir, que el mundo del capital ha ido consiguiendo más y más renta a costa del mundo del trabajo.


El contexto político de los cambios económicos


Los informes no analizan el contexto político de estos cambios. Pero cualquier observador de la vida política del mundo capitalista desarrollado puede ver que las causas más importantes de lo que estaba ocurriendo (véanse mis libros Neoliberalismo y Estado del bienestar. Ariel Económica, 1997; y Globalización económica, poder político y Estado del bienestar, Ariel Económica, 2000) eran las intervenciones públicas de los Estados que, a partir de los gobiernos del Presidente Reagan en EEUU y de la Sra. Thatcher en Reino Unido, se extendieron por la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es decir, EEUU y la Europa occidental. Estas intervenciones, conocidas como neoliberales, fueron la respuesta del mundo del capital a las conquistas laborales y sociales que el mundo del trabajo había conseguido durante la época dorada del capitalismo (1945-1980). Consistían en lo que llaman "la flexibilización de los mercados laborales", que es el término utilizado para definir la posibilidad de despedir a los trabajadores y debilitar a los sindicatos, con un aumento de la precariedad y una disminución de los salarios, destruyendo puestos de trabajo, lo que genera desempleo (una de las medidas más eficaces para disciplinar al mundo del trabajo). También, y como parte de su objetivo de debilitar a este último, estas políticas públicas recortaban derechos sociales, además de derechos laborales. El neoliberalismo no es, pues, ni más ni menos, que las prácticas en defensa del mundo del capital a costa del mundo del trabajo. Y el aumento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo es un indicador de ello.


La crisis económica consecuencia del dominio del mundo del capital sobre el mundo del trabajo


Esta reducción de las rentas del trabajo determinó un descenso de la demanda doméstica, puesto que la mayoría de esta está generada por el consumo popular, que depende de los salarios y del tamaño de la población asalariada. Cuando estos bajan, la demanda doméstica se resiente.
Ahora bien, dos hechos ocurrieron que permitieron que el descenso de las rentas del trabajo no causara un mayor descenso de la demanda doméstica del que tuvo lugar. El crecimiento económico fue menor en el periodo neoliberal (1980-2014) que en el periodo anterior (1945-1980) en la mayoría de países capitalistas desarrollados, pero habría sido incluso menor si no hubiera acontecido la reunificación alemana, por una parte, y el gran crecimiento del capital financiero, por otra. La primera implicó una enorme inversión pública en aquel país, lo que, debido a la centralidad de la economía alemana en Europa, estimuló toda la economía europea (ver mi artículo "Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual", Le Monde Diplomatique, julio de 2013). Lo segundo -el gran crecimiento del sector financiero- fue resultado directo de la necesidad de las familias (y de las pequeñas y medianas empresas) de endeudarse, como consecuencia del descenso de las rentas del trabajo. De ahí el punto 3 enunciado anteriormente, es decir, que las rentas procedentes del capital financiero hayan crecido muy rápidamente durante el periodo neoliberal. Es más, la relativamente baja rentabilidad de la economía productiva, es decir, de la economía que produce bienes y servicios (debido precisamente al descenso de la demanda), explica que las rentas del mundo del capital –como los beneficios empresariales- hayan ido más y más a inversiones especulativas del capital financiero, lo cual explica los puntos 4 y 5. Es decir, la actividad especulativa ha ido amentando mucho más rápidamente que la actividad productiva. Y ahí está el origen de la Gran Recesión que, al explotar las burbujas especulativas (sean las burbujas que sean), quebró el sistema financiero -altamente especulativo-, generando la crisis más aguda que hayamos conocido desde la Primera Gran Depresión a principios del siglo XX. El colapso del sistema financiero permitió ver el enorme problema económico que estaba siendo ocultado por el crecimiento económico generado por las burbujas, y que era el gran vacío de la demanda (con el agravante de que ahora, a este problema de escasez de demanda se le ha sumado un enorme endeudamiento, tanto privado como público).


Las soluciones necesarias y urgentes son fáciles de ver


Las soluciones son, en realidad, muy fáciles de ver. La evidencia acumulada históricamente –tanto en la manera como se salió de la Gran Depresión en los años treinta y cuarenta, y como en la manera como Europa se recuperó después de la II Guerra Mundial- muestra que se tendría que hacer un giro de casi 180º en las políticas públicas que se han seguido, con un gran aumento de las rentas del trabajo a costa de las rentas del capital, y muy en especial de las rentas del capital financiero, que están hipertrofiadas. España es un claro ejemplo de ello: el sector financiero es tres veces superior, en términos proporcionales, al existente en EEUU, absorbiendo un número excesivo de recursos. En realidad, la banca debería considerase un servicio público –que podría o no ser una banca pública, de la misma manera que los taxis, que son privados, realizan un servicio público- que, como condición de su existencia, debería ser la de proveer crédito. El sector público bancario, por cierto, debería también extenderse, corrigiendo la situación actual en la que España tiene uno de los sectores bancarios públicos más pequeños de la UE-15, y es a la vez uno de los países donde es más difícil conseguir crédito. Naturalmente, la banca privada, que tiene excesivo poder en este país, controlando gran parte de los medios, se opondrá radicalmente a estas medidas, lo cual exigiría tomar medidas públicas que impidieran la instrumentalización de las instituciones políticas y mediáticas por parte de dicho poder fáctico (como ocurre en España, incluyendo Catalunya), medida urgente y necesaria para sanear la democracia española.


El Estado, tanto central como autonómico y local, debería comprometerse a alcanzar el pleno empleo, con salarios -como promedio, más altos- y condiciones laborales mejores (incluyendo el descenso del tiempo de trabajo), potenciando el poder del mundo del trabajo –tanto en el lugar de trabajo (incluyendo sistemas de cogestión y/o cooperativismo) como en la negociación colectiva-. Hoy España tiene enormes necesidades –como en las áreas del Estado del bienestar y en las ambientales- que necesitan grandes inversiones públicas, encaminadas además a llenar enormes vacíos que estimulen a la economía.


Estas son las medidas que deberían centrar las políticas económicas de un gobierno progresista. Ni que decir tiene que ello se facilitaría si cambiaran las coordenadas de poder europeas, con un cambio muy marcado de las sensibilidades políticas que hoy dominan Europa (conservadores y neoliberales), las cuales también dominan España (incluyendo Catalunya). Un punto central es el cambio del Banco Central Europeo (BCE), que debería convertirse en un banco Central en lugar de un lobby de la banca, como he señalado en múltiples ocasiones.


Una última observación. Se me dirá que, sin cambios en la Eurozona, España no puede hacer los cambios que sugiero. El hecho de dar importancia determinante de lo posible a causas externas –la externalización de responsabilidades- caracteriza a aquellas voces que insisten en que no hay alternativas posibles a las que se imponen desde Frankfurt (sede del BCE), Bruselas (sede de la Comisión Europea), Berlín (sede del gobierno Merkel) o Madrid (sede del gobierno PP), lo cual no es del todo cierto (ver libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A.).

Zapatero podría haber conseguido más dinero manteniendo el impuesto de patrimonio (2.100 millones de euros) o anulando las rebajas del impuesto de sucesiones (2.552 millones de euros), que congelando las pensiones (1.200 millones de euros). Rajoy hubiera conseguido casi el mismo dinero, 6.000 millones de euros, revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan el 0,12% de todas las empresas), que recortando la sanidad pública. El hecho de que escogieran una alternativa en lugar de otra no se debió a razones externas, sino a unas de muy internas: el grado de influencia diferencial sobre el Estado de distintos colectivos que están en el país. Ni que decir tiene que las causas externas son importantes, pero no puede concluirse como está ocurriendo hoy en España que sin un cambio en la Eurozona es muy poco lo que puede hacerse en España (incluyendo Catalunya). Esto es lo que las fuerzas conservadoras y liberales quieren que la gente se crea para así justificar las políticas que están imponiendo a la ciudadanía sin que tengan ningún mandato popular para así hacerlo.

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