Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados

La violencia del Estado colombiano no da respiro, tampoco la constante violación de los derechos humanos. Ahora el turno es para quienes están en presión.

No valieron los llamados elevados ante el gobierno de Iván Duque, ni las denuncias públicas por parte del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia* recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí viven, producto del Covid-19, las solicitudes para aplicar medidas de higiene al interior de estos establecimientos, a la par de la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria, dándole paso así a descongestionar los centros de reclusión, otorgando libertades humanitarias como parte de la misma. En contra de este proceder, humanitario y lógico en las circunstancias de pandemia que padece el mundo y Colombia como parte del mismo, la sociedad colombiana vio la luz del domingo 22 de marzo con la nefasta noticia de una masacre en la Cárcel Nacional Modelo –Bogotá–, así como el asesinato de otros dos presos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.

Desinterés y silencio gubernamental que llevó a los presos a elevar su presión, coordinando un cacerolazo para las horas nocturnas del 21 de marzo, por llevarse a cabo en más de una docena de cárceles y penitenciarias del país (La Picota, La Modelo, Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Cómbita, Palmira, Buen Pastor de Bogotá. El asesinato ya registrado fue la respuesta de un gobierno que está de espaldas a las mayorías sociales, tanto antes de la pandemia que tiene en casa a 50 millones de connacionales, como antes de la misma, de lo cual da testimonio el 21N y las jornadas de protesta que le siguieron.

Desde varios días atrás el Movimiento Nacional Carcelario denuncia las insuficientes medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión, insuficientes para prevenir un contagio generalizado con el Covid-19. Denuncia que los protocolos de seguridad son pésimos, el relevo de las guardias es el mismo que han implementado por años, sin usar protección como guantes o tapabocas. También perdura la falta de gel antibacterial en las cárceles.

Situación de riesgo que se suma a la realidad que en salud y enfermedad son cotidianas en estos centros de castigo, como es la existencia de enfermos, hombres y mujeres, de VIH, cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, más vulnerables, con un sistema inmunológico deficiente para un posible contagio masivo de la pandemia coronavirus, ancianos sin goce de políticas de atención especiales, entre algunas de las problemáticas que hacen el castigo más severo.

El sistema nacional penitenciario carga inmensas falencias, hasta el punto que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, junto con otras sentencias que han seguido a lo largo de una década, declaró la prevalencia de una violencia sistemática de derechos humanos hacia los presos, como: el hacinamiento, la falta de agua potable, alimentación de baja calidad, aéreas de sanidad que no se encuentran adecuadas, todo lo cual crea deficiencias en salubridad y genera unas condiciones de alto riesgo para la vida de los internos y el desconocimiento de los derechos humanos. Realidad que hoy día se traduce en un escenario propicio para el contagio del coronavirus, lo que tendrá unas consecuencias gravísimas para los presos en particular y la sociedad en general.

La angustia que viven los presos, producto de la pandemia en curso, no es gratuita ni inventada, es el producto de una crisis mal manejada, en donde la sociedad en general ha quedado expuesta a una sobrecarga de desinformaciones e insuficientes políticas sociales por parte del gobierno nacional, el cual se afanó en promulgar medidas para proteger al empresariado, al tiempo que dejó sin alternativas económicas y de protección social a las mayorías sociales, ahora obligadas al aislamiento social.

“El hacinamiento es tan grave que se trasladó a las Unidades de Reacción Inmediata (Uris), estaciones de policía. No dan abasto estos sitios. La única forma de generar deshacinamiento es por medio de generar domiciliarias o liberaciones humanitarias. Es importante tener en claro las reivindicaciones del Movimiento Nacional Carcelario”, aseguró en entrevista con desdeabajo, Gloria Silva, abogada y defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

Es una realidad incomprensible la que hoy constata la sociedad colombiana, pues mientras se llama al asilamiento general, y a procurar guardar distancia con vecinos, quienes están en prisión permanecen hacinados, conviviendo cuerpo a cuerpo, padeciendo de cortes de agua, teniendo que realizar todo lo concerniente al aseo personal sin garantías de desinfección de baños y sanitarios.

Una realidad que desconocen las autoridades del ramo. Tanto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, como el general Norberto Mujica Director del Inpec, en la mañana del 22 de marzo, en un informe entregado al país, tildaron los amotinamientos como plan criminal de fugas y aseguraron que no existen problemas sanitarios en las cárceles.

“No se conocen hasta ahora infectados de coronavirus en las cárceles a nivel nacional pero varios presos tienen síntomas como gripa. ¿Hasta dónde están funcionando los protocolos por parte del Gobierno?”, cuestionó la abogada Gloria Silva quien comentó que pronto saldrán comunicados de plataformas defensoras de derechos humanos ante lo ocurrido.

Es la realidad de hacinamiento y alto riesgo de contagio que viven quienes están en prisión, lo que motivó al equipo desdeabajo a proponer la urgente descongestión de los centros de reclusión, y para que así sea:

“1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”. (Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html). La masacre llevada a cabo en La Modelo hace más palpable la crisis humanitaria que viven quienes padecen el castigo carcelario y hace más urgente liberar a miles de quienes pasan sus días en espera de un incierto futuro.Link de la nota:

*https://web.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2796180223806973?__tn__=K-R

Testimonios

En cubrimiento de lo sucedido en La Modelo, desdeabajo conversó con familiares de quienes están presos, mujeres y hombres que a las afueras del penal aguardan con angustia alguna información que les indique si su familiar está entre los asesinados. En su rostro se refleja la intranquilidad, y en sus ropas la húmedad producto de los chorros de agua con que fueron reprimidos por parte del Esmad algunas horas antes.

Ellos nos narraron que desde días atrás, al momento de ingresar a visita, padecen el decomiso de alimentos y de los utensilios de aseo, ni uno ni otro pueden ingresarse una vez se conoció el avance de la pandemia.

A eso se agrega la medida, recién tomada, de impedir las visitas semanales. Es decir, los presos padecen doble aislamiento.

Pero además, aseguraron, los asesinados tienen que ser más de 23, tal vez 50, 70, o quienes sabe cuantos, pues en horas de la mañana del domingo 22 de marzo, salieron de la cárcel unos 6 furgones, que como es conocido tienen capacidad para cargar hasta 15 cuerpos.

Pese a que los equipos de seguridad del Estado no los dejan acercar al lugar de los hechos, ellos y ellas permanecen allí, con ojos abiertos y oídos atentos, aguardando la nefasta o la buena noticia que traiga alguna voz desde el interior del sitio de encierro.

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Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:41

Estado de sitio

Estado de sitio

"El ambiente de este país es bélico, se siente en la calle", me dice Mónica González, la periodista chilena ganadora del premio a la excelencia García Márquez, que ha venido a Managua para participar como jurado de los premios de periodismo que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y le sobra razón.

La ceremonia se ha celebrado bajo acoso, con escuadrones de policías antimotines apostados en las afueras del local, y los invitados entrando de a poco, escondiéndose de las cámaras de los teléfonos celulares de los oficiales de policía, o de los agentes de civil.

El número de fuerzas policiales ha aumentado en más de 5 mil efectivos desde que estalló en abril de 2018 la rebelión popular que congregaba cada día a centenares de miles en las calles, sobre todo jóvenes, reclamando un cambio democrático.

Hoy, tras la ola de represión que dejó al menos 500 muertos, más de 2 mil heridos, cerca de un millar de presos políticos y unos 65 mil exiliados, la decisión del régimen es paralizar a la gente. No sólo que no salga a manifestarse, sino que quienes están anotados como peligrosos, o quienes organizan las demostraciones, ni siquiera puedan salir de sus casas. Casa por cárcel.

Sus viviendas son cercadas por pelotones de agentes que no les permiten dirigirse a sus trabajos, ni proveerse de alimentos. Se puede ver en los videos que las propias víctimas, o sus vecinos, filman, y que son trasmitidos por las redes sociales. Las protestas, hechas con valentía, la invocación de los preceptos constitucionales, son recibidos con oídos sordos.

Manifestarse, porque la voluntad de hacerlo lejos de extinguirse se exacerba, se ha convertido en toda una guerra de la pulga que se libra a diario. Ante cada demostración anunciada, el despliegue policial se vuelve grotesco por la desproporción: hasta 20 transportes repletos de fuerzas antimotines y de policías de línea, muchos de ellos recién reclutados, y tan jóvenes como los manifestantes a los que tienen órdenes de reprimir.

Una de las últimas veces, cuando los protestantes corrieron a refugiarse con sus banderas de Nicaragua en un centro comercial, los escuadrones de antimotines, marchando de cuatro en fondo, como una tropa de ocupación, penetraron por los corredores, ahuyentando a su paso a compradores y paseantes, hasta el patio de comidas, que hicieron desalojar de todos sus clientes mientras buscaban a los muchachos, confundidos entre la gente.

Cada rotonda está constantemente vigilada por contingentes armados, porque son consideradas probables lugares de concentración de manifestantes, lo mismo que las afueras de la catedral y los demás templos católicos. Después de que el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, acogiera a un grupo de madres en huelga de hambre, y después que ellas, tras el acoso, decidieron salir, quedaron cortadas la energía y el agua potable. La represión tiene también el color de la venganza.

Un país no puede vivir de manera permanente en una situación de asfixia, ni bajo la pretensión de imponer el miedo y el silencio como regla de autoridad, o como castigo, ni se puede enjaular a los ciudadanos en sus propias casas cada día, ni llevarlos de manera recurrente a los centros de detención, ni fotografiar cada uno de sus movimientos, ni despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar lo que escriben o archivan en sus redes sociales.

La pretensión, que desborda ya el absurdo, es perseguir no sólo al que sale a la calle con una bandera, sino averiguar lo que opina y lo que opinan sus amigos, qué piensan del régimen, de qué manera se ríen en sus memes y mensajes del poder que busca controlar todo. Hasta que un día se les ocurra decretar un apagón digital, porque entrar en todas las conciencias es una tarea imposible, aún para el Gran Hermano o la Gran Hermana.

No es viable la vida social en un país donde todos los ciudadanos son tratados como sospechosos de ser enemigos públicos, sospechosos de apartarse del canon de rígida conducta política dictado por el régimen. Enemigos de la verdad oficial que es la verdad única, que no admite el menor grito de protesta, ni el menor desdén, ni la menor sonrisa de burla. La aspiración suprema del poder es entonces el silencio absoluto, la conformidad sin resquicios.

Se supone que hay elecciones para el año que viene. ¿Es posible elegir, con la gente encerrada en sus casas, sin derecho a manifestarse en las calles, sin acudir a mítines electorales en las plazas públicas, o aquellos que acudieran perseguidos por subversivos?

¿Sin que los medios de comunicación aún confiscados sean devueltos a sus dueños, con periodistas apaleados y despojados de sus cámaras y grabadoras, y con policías armados de teléfonos celulares fotografiando a los votantes en las urnas, o, aún más probable, patrullas policiales o turbas garrote en mano impidiendo votar?

¿Elecciones bajo estado de sitio, y, además, bajo las mismas reglas del juego, con el tribunal electoral bajo el control del partido oficial, y los votos contados de antemano?

Es una buena pregunta para la comunidad internacional. Porque de esta manera, estaríamos aún más lejos de la paz y de la democracia.

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Imagen de la represión contra Patricio Bao, de 69 años.

La represión es una constante desde que empezó la revuelta social en octubre pasado

Los uniformados no solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. El ataque contra Patricio Bao se viralizó.

Desde Santiago. Los carabineros como significante más elocuente del aparato represivo han superado la teoría de Hobbes en el Leviatán. No solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. Patricio Bao tiene 69 años. Fue apaleado el 8M cuando había acompañado a la marcha a su esposa e hijas. Indefenso, terminó con diez puntos en la cabeza y cuatro en el párpado derecho. Su historia se mediatizó porque un video del ataque que sufrió se volvió viral.

Por muy poco no ingresó al listado de personas con trauma ocular o pérdida de la visión. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) son 445 hasta el 18 de febrero. En esta ciudad se sale de la casa, el trabajo, un bar o el hotel donde se está alojado, pero nunca se sabe en qué condiciones se regresa. Si sano, herido o envuelto en una mortaja.

Lo pudimos comprobar el lunes bien entrada la tarde, sobre la avenida Alameda, en las cercanías del Palacio de la Moneda. Una caminata de pocas cuadras se transformó en la retirada inmediata del lugar. Los sufrientes a diario, santiaguinos de a pie, hombres y mujeres que buscaban el Metro para salir de la zona o esperaban el bus en la parada, fueron atacados con chorros de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta. ¿Qué hacían? Simplemente miraban a su alrededor, filmaban a los carabineros con sus celulares y unos pocos les gritaban “Pacos culiados”.

Los uniformados formateados en los usos y costumbres de la dictadura de Pinochet están cebados. De nada sirvieron los cursos sobre Derechos Humanos que les dio el gobierno. Reciben un doble mensaje. Porque el principal es despejar la calle y gastar la munición disponible si fuera necesario. Una joven quedó paralizada por el gas pimienta junto a las vallas que protegen los jardines que rodean La Moneda. La gente solidaria discutía con qué antídoto ayudarla. Agua tibia, leche fría, agua con bicarbonato, lo que hubiera a mano. Un muchacho gaseado caminaba sin ver mientras a sus espaldas los carabineros se enseñoreaban en la calle. Los dos o tres activistas que arrojaban piedras a cien metros no eran el blanco elegido por la represión. Al menos esta vez. Había que alejar de la Alameda las presencias molestas.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología Rodolfo Fortunatti profundizó en lo que pasa desde su columna El Estado contra las personas, allá por noviembre: “Si para quienes detentan las altas posiciones de poder y de riqueza la verdadera sorpresa de esta coyuntura fue la revuelta social, para el pueblo llano protagonista de la protesta, en cambio, la causa de todos los asombros fue el comportamiento del poder, ese modo desnudo y lacerante que vino a sacudir la conciencia política. Vio en los soldados que ocuparon las calles a las mismas fuerzas prepotentes, abusadoras y violentistas de la dictadura, como si la cultura cívica en democracia y derechos humanos de las últimas tres décadas, no los hubiera permeado, porque no lo ha hecho”.

Fortunatti es demócrata cristiano. No habla desde una barricada, ni desde las calles insurrectas. Pero su opinión es un buen termómetro para tomarle la temperatura al hartazgo y la ruptura que vive la mayoría de la sociedad chilena con el gobierno derechista de Sebastián Piñera. En la esquina de Teatinos y Alameda, a pasos de La Moneda, o más allá en la peatonal Ahumada, los carabineros rociaron con un cóctel de agua y gas a todo aquel que pudiera ser un testigo incómodo. Pero la gente ya no les teme. Tiene más rabia que miedo, como Carlos Vivanco, un estudiante secundario de 18 años que quedó ciego de su ojo izquierdo: “Me quisieron meter dolor, pena, miedo, pero siento que me hizo el efecto contrario: tengo más rabia que miedo”, decía allá por diciembre.

Es una de las 34 personas que sufrieron pérdida de la visión o estallido según el INDH porque les dispararon con balines o perdigones. Ellas se reúnen en un espacio colectivo cuya sigla es VTO: Víctimas de Trauma Ocular. Hay que transitar por las mismas calles donde los condenaron a vivir con algún tipo de discapacidad visual y comprender la perversión del método empleado para reprimirlos. Al estruendo de un disparo o una rociada de gas pimienta puede sobrevenir la ceguera. Si será momentánea o para siempre lo determinarán los Pacos, mote que proviene de la manera en que se llamaba antiguamente a los carabineros (Personal A Contrata de Orden y Seguridad).

El brazo armado del Estado en las calles de Santiago tiene sus mentores en el Congreso, la Justicia y los medios oficiales. A la rebelión popular de octubre, se le respondió con una ley que incorporó el “desorden público” como delito en el Código Penal. El proyecto de senadores y diputados oficialistas tuvo entre sus pregoneros a Gonzalo Fuenzalida Figueroa, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y político de Renovación Nacional, el partido de Piñera.

En marzo del año pasado publicó en su cuenta de Twitter un afiche con la frase “No todos los menores de edad son blancas palomas” acompañado por el dibujo de un niño que apuntaba con un cuchillo en la mano y se cubría con un antifaz. De esa forma buscaba acompañar la iniciativa presidencial para ampliar los controles de identidad a los menores de 14 años. Es este fascismo social del que habla el portugués Boaventura de Sousa Santos, o el fascismo penal que menciona en un artículo la doctora en teoría política chilena Camila Vergara, el que mueve el músculo represivo del Estado. Los carabineros son la cara más expuesta de un gobierno que desde octubre de 2019 acumula 32 muertos, 3.765 heridos, 1.835 víctimas de torturas y violaciones, además de unas 10 mil detenciones,.

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Un trabajador sanitario mide la temperatura a una profesora de una escuela primaria en Jiangsu. Zhao Qirui / SIPA Asia vía ZUMA / DPA

En los últimos meses, los ciudadanos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión y los expertos advierten que esto puede convertirse en la "nueva norma"

Lily Kuo - Hong Kong

09/03/2020 - 22:51h

En los últimos dos meses, los ciudadanos chinos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión gubernamental. Para entrar a tu complejo residencial o a tu lugar de trabajo ahora hace falta escanear un código QR y dejar por escrito tu nombre, tu número de DNI, tu temperatura y tus últimos viajes.

Los operadores de telefonía están rastreando los desplazamientos de la gente y redes sociales como WeChat y Weibo han abierto líneas directas para reportar sobre otros posibles enfermos. En algunas ciudades incluso se recompensa al que denuncia a un vecino enfermo.

A la vez hay empresas chinas desplegando tecnologías de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla. Hay varias aplicaciones que, a partir de los datos sanitarios de cada ciudadano, alertan al resto cuando se les acerca alguien infectado o alguien que ha estado en estrecho contacto con un infectado.

Además de cerrar ciudades enteras, las autoridades estatales han implementado un sinfín de medidas de seguridad para contener el brote del coronavirus. Todos los que tienen que hacer cumplir las normas, desde los altos cargos hasta los empleados municipales, repiten el mismo estribillo: estamos en un "momento extraordinario" (feichang shiqi) que requiere medidas extraordinarias.

Tras infectar a más de 80.000 personas y provocar la muerte de unas 3.000, el número de nuevas infecciones por coronavirus en China ya está en descenso, pero los ciudadanos y los analistas se preguntan cuántas de estas medidas extraordinarias van a pasar a ser ordinarias.

"No sé qué pasará cuando termine la epidemia, ni me atrevo a pensarlo", dice Chen Weiyu, de 23 años. Empleada en Shanghai, tiene que entregar diariamente una revisión médica a su empresa. Para poder pasar al parque de la oficina tiene que escanear un código QR y registrarse: "El control ya estaba por todas partes, la epidemia acaba de hacer transparente esa vigilancia, que en tiempos normales no vemos".

Otros, como el activista de Guangzhou Wang Aizhong, son más categóricos sobre el futuro. "No hay duda de que esta epidemia ha dado más razones al Gobierno para vigilar a la gente, no creo que las autoridades descarten mantener este nivel de vigilancia tras el brote", dice. "Podemos sentir un par de ojos mirándonos todo el rato en cuanto salimos o nos quedamos en un hotel, estamos completamente expuestos a la vigilancia gubernamental".

Según los expertos, el virus surgido en diciembre en Wuhan ha proporcionado a las autoridades la excusa perfecta para acelerar la recopilación masiva de datos personales y rastrear a los ciudadanos, una perspectiva peligrosa teniendo en cuenta la falta de leyes estrictas sobre el uso de los datos personales.

La misión tiene el objetivo de trepar lentamente para quedarse, sostiene la investigadora principal de China para Human Rights Watch, Maya Wang. En su opinión, lo más probable es que usen al virus como un catalizador para aumentar el régimen de vigilancia masiva, igual que los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing o que la Expo de Shanghai en 2010: "Tras estos eventos, las técnicas de vigilancia masiva se hicieron más permanentes".

"Con el brote del coronavirus, enseguida se hicieron realidad la restricción a la libertad de movimientos y la puntuación del riesgo de cada uno", dice Wang. "Con el tiempo cada vez vemos un uso de la tecnología más intrusivo y menos capacidad de los ciudadanos para resistirlo".

"La vigilancia intrusiva ya es la nueva norma"

Para mucha gente en China, los nuevos niveles de vigilancia pública son obstáculos burocráticos extra, más frustrantes que siniestros, y una demostración de la incapacidad del Gobierno en la gestión del brote. Aunque los altos cargos hablen de ella con orgullo, el sistema de vigilancia de China está lleno de lagunas. Hubo muchas críticas por el caso de una ex paciente infectada que logró viajar de Wuhan a Beijing en febrero, mucho después de que la cuarentena entrara en vigor.

En la mira de los ciudadanos está la aplicación 'Código de Salud', de Alipay. Utilizada en más de 100 ciudades, la app distingue a los individuos con uno de tres colores en función de sus últimos viajes, del tiempo pasado en los focos de contagio y de la cercanía a posibles portadores del virus. Dentro de poco se van a introducir en el programa los números del DNI para permitir a cada persona comprobar el color de los demás.

Un internauta se quejaba en la red social Weibo de que su color había pasado de verde a amarillo (que obliga a cuarentena) solo por conducir a través de Hubei, sin parar. "Ni siquiera puedo salir a comprar pan o agua", decía otro en la provincia de Jiangsu, después de que su código pasara inexplicablemente a amarillo tras un viaje de trabajo.

Muchos se quejan de que la aplicación es sólo "para la galería" (xingshi zhuyi), una forma de que los funcionarios de menor nivel impresionen a sus superiores imponiendo restricciones a los ciudadanos. "Tengo un código de salud, un pase para mi complejo residencial y otro certificado de salud y aún así no puedo entrar en mi casa", escribió alguien en el apartado de comentarios. "Esto es una estupidez, por favor, déjennos movernos", puso otro.

Entre las medidas hay soluciones de tecnología avanzada y otras más comunes. En los espacios públicos se ha desplegado un ejército de empleados públicos para vigilar los puntos de entrada, exigir a los peatones que anoten sus datos o interrogar a la gente sobre sus últimos desplazamientos. Se han cerrado los lugares de culto, como las mezquitas, y en muchas ciudades y regiones se han prohibido las reuniones y hasta las cenas de pocas personas.

En febrero, empleados públicos de la provincia de Sichuan disolvieron un grupo de 10 personas que se había reunido en una fiesta para jugar al mahjong y les obligaron a leer en voz alta una disculpa que grabaron en vídeo. "Nos equivocamos, prometemos que no habrá una próxima vez y también vigilaremos a los demás", se los escucha decir en el vídeo, con las cabezas ligeramente inclinadas.

En otros vídeos publicados en Internet se ha visto a funcionarios locales atando a un hombre a un poste o tirando a la gente al suelo por no llevar la mascarilla. Hace poco despidieron a los policías de Wuhan que fueron grabados golpeando a un hombre por vender verduras en la calle.

La agencia oficial de noticias Xinhua recordó la semana pasada a los ciudadanos que quienes violen las medidas de prevención y control pueden ser condenados a entre tres y siete años de prisión, si es un caso especialmente grave, de acuerdo con lo estipulado por el código penal chino.

"La vigilancia intrusiva ya es la 'nueva normalidad'", cuenta Stuart Hargreaves, que en la Facultad de Derecho de la Universidad China de Hong Kong se especializa en leyes de privacidad y de información. "La pregunta para China es saber, si es que existe, cuál es el nivel de vigilancia que la población se niega a tolerar", añade.

Algunos temen que, en parte, las medidas continúen porque los ciudadanos se acostumbren a ellas. Desde Chengdu, Alex Zhang, de 28 años, lo relaciona con la teoría sobre el estado de excepción del filósofo italiano Giorgio Agamben, que escribió sobre la continuación de medidas tomadas durante emergencias.

"Este tipo de gestión y de pensamiento para enfrentarse al brote también puede usarse en otros ámbitos, como en los medios de comunicación, en el periodismo ciudadano o en los conflictos étnicos", dice Zhang. "Los ciudadanos aceptarán el método porque ya ha sido usado, se convertirá en lo normal".

Traducido por Francisco de Zárate

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Cientos de miles de cámaras escrutan Moscú

Las organizaciones de derechos civiles alertan de que la expansión de los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial pueden ser un arma de represión masiva

Moscú aspira a desafiar a China como uno de los lugares más video-escrutados del mundo. La capital rusa ha amasado una de las redes de videovigilancia más completos, con hasta 200.000 cámaras en una sofisticada malla público-privada. El alcalde, Serguéi Sobyanin, aliado de Putin y a quien muchos ven como un posible sucesor, aspira no solo a que esa telaraña se desarrolle sino también a que toda la red disponga de uno de los sistemas de reconocimiento facial más avanzados fuera del gigante asiático como parte de su arsenal de lucha contra el crimen. Pero en un país que reprime la protesta y acalla a los opositores, esta videovigilancia masiva inquieta a las organizaciones de derechos civiles, que alertan de que se podrá usar para rastrear a personas ‘incómodas’ para el poder; además del riesgo del uso de esos datos.

Aliona Popova está convencida de que ha sido víctima de ese sistema de Gran Hermano. La abogada y conocida activista por los derechos de las mujeres fue detenida después de haber participado en una protesta contra el acoso. Sospecha que fue rastreada por una de las miles de cámaras de vigilancia con sistema de reconocimiento facial sembradas por Moscú. “Sin transparencia y garantías, en las manos equivocadas, esta tecnología se convertirá en un arma para la represión masiva de las libertades civiles”, lamenta Popova, que ha acudido a los tribunales con su caso y tiene otros procesos abiertos para limitar el uso de estos sistemas. Sus primeras demandas han sido desestimadas por ahora, despejando el camino para el escrutinio masivo. La ley rusa no regula el análisis de imágenes de vigilancia no consensuada, una laguna que deja su uso muy abierto.

La frondosa maraña de cámaras de vigilancia en el metro moscovita, las calles, organismos oficiales o en los portales de multitud de edificios graba al menos 1.500 millones de horas de metraje al año. Y Moscú, que lleva años apostando por el uso de las nuevas tecnologías y que se ha convertido en número uno en “efectividad del Gobierno electrónico en la prestación de servicios públicos", según un ranquin de la ONU, quiere usar la inteligencia artificial y el Big Data para analizar esos millones de datos. Ahora, la capital rusa ha elevado el envite y ha adquirido un sofisticado –y controvertido— sistema que permite el reconocimiento facial “en tiempo real” en las bases de datos policiales y de seguridad.

El software, desarrollado por la compañía NtechLab, busca los rostros pero también proporciona un reconocimiento en directo, por lo que es más rápido, ha afirmado la compañía, que se hizo famosa hace unos años por lanzar una polémica aplicación (FindFace) que permitía hacer una foto a alguien y rastrearlo en la red social rusa VKontakte (similar a Facebook y con 97 millones de usuarios activos al mes); una herramienta definida como “el fin del anonimato” que NTechLab cerró para centrarse en soluciones para empresas y Gobiernos. Como el sistema que ha vendido a Moscú por casi 3 millones de euros, según la licitación, y que las autoridades de la capital rusa combinarán con otros.

La mitad de las cámaras de la red de vigilancia de Moscú tienen ahora algún tipo de herramienta de reconocimiento facial. Y pronto, esa red “se convertirá en una de las más grandes del mundo, solo rivalizada por los sistemas chinos”, presumió el alcalde Serguéi Sobyanin. La capital de Rusia está todavía lejos del nivel de China, pero es la segunda ciudad de Europa con más cámaras, tras Londres, según varios análisis. “Será magnífico, los delincuentes se mantendrán alejados de Moscú; no habrá lugar para que se escondan aquí”, argumentó el político durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, a mediados del año pasado. El Ayuntamiento de Sobyanin, que aspira a convertir Moscú en el modelo-espejo en el que se miren todas las ciudades del país, asegura que el sistema condujo a la “captura” de hasta 10 delincuentes buscados cada mes el año pasado. “Las grabaciones de las cámaras de vigilancia se utilizan en la investigación de aproximadamente el 70% de los delitos. No solo faltas administrativas, también de delitos importantes”, afirma un portavoz del Consistorio. Y en plena epidemia global de coronavirus, las autoridades han recalcado que utilizarán estos sistemas para detectar a todo aquel que vulnere la cuarentena.

En los últimos meses, la alarma de las organizaciones de derechos civiles por el uso de la videovigilancia en Moscú se ha intensificado. En verano, en plena oleada de protestas por unas elecciones libres en la capital, el Ayuntamiento realizó un nuevo pedido de tecnología de reconocimiento facial –que se empezó a implantar por primera vez antes del Mundial de Fútbol de 2018— e implantó un mecanismo para transmitir en vivo las protestas a los funcionarios de seguridad. Entidades como Human Rights Watch o Amnistía Internacional (AI) sostienen además que los datos captados por las cámaras no solo se compararán con los archivos de seguridad sino también con toda la información disponible online, lo que permitirá poco a poco trazar perfiles, algo más similar al modelo chino.

"La tecnología de reconocimiento facial es por naturaleza profundamente intrusiva, pero además la ausencia total de transparencia y responsabilidad puede derivar en que se tomen represalias contra la protesta pacífica a un nivel inédito”, considera Natalia Zviáguina, responsable de AI Rusia.

También tiene un carácter disuasorio, dicen. “Muchas personas evitarán participar en acciones de protesta, asistir a reuniones religiosas o ir a un club sabiendo que les están siguiendo. Y esto ya supone una violación del derecho a la protesta civil pacífica, el derecho a la reunión y la libertad de expresión”, remarca Sarkís Darbinián, abogado de la organización especializada RosKomSvoboda. “La gente vivirá con miedo constante”, añade. Organizaciones como la suya creen que el caso de Aliona Popova no es único y que algunos de los ciudadanos detenidos tras una protesta fueron identificados gracias al sistema videovigilancia; también al rastreo que hacen los oficiales de seguridad de las imágenes difundidas por los medios y las redes sociales.

Mijaíl Aksel trata de bromear con que el suyo fue uno de los primeros casos. El “detenido piloto”, ironiza. El joven de 21 años, activista destacado del partido de extrema izquierda La otra Rusia, vinculado al escritor Eduard Limonov, fue detenido en el metro de Moscú en 2018. Se le informó que los sistemas de seguridad de la estación lo habían identificado como un criminal buscado. Le mostraron su ficha, con su foto y otros datos personales, pero como no aparecía ningún cargo ni tampoco un número de caso, hicieron una llamada rápida y terminaron por soltarle. “Creo que estaban probando el sistema, debieron empezar por orden alfabético y me tocó. Pero lo que sucedió conmigo le puede ocurrir a cualquiera”, alerta.

Hace unas semanas, Katrín Nenásheva también fue arrestada. Pero la activista de 25 años buscó las controvertidas cámaras y las desafió. La joven artista forma parte de un movimiento que se maquilla el rostro para protestar de manera simbólica contra los sistemas de videovigilancia. “No entendemos cómo funciona esta tecnología, tampoco dónde van a parar nuestros datos, que además tienen sin nuestro consentimiento. El sistema es un auténtico peligro”, remarca.

Pero estas herramientas de reconocimiento facial es solo una de varias medidas similares que Rusia está implementando de forma masiva, alertan las organizaciones de derechos civiles. Una nueva ley permite y dispone que se graben las llamadas a los móviles, por ejemplo, recalca el abogado Darbinián. Y recuerda que el Kremlin ha puesto en marcha normas para controlar Internet y que las autoridades obligan a las empresas a almacenar los datos de sus usuarios en territorio ruso. Las que se han negado, como Facebook o Twitter, han recibido multas o incluso el bloqueo en Rusia, como LinkedIn.

También está la ansiedad por el destino y el acceso a esos miles de datos. Más de 16.000 empleados del Gobierno, oficiales de inteligencia y de seguridad pueden acceder a los 1.500 millones de horas de metraje grabados por la red moscovita. La realidad es que muchas de esas grabaciones están disponibles para la compra en Internet. Y ni siquiera en la Deep Web, sino en páginas fácilmente accesibles por cualquiera, señala el periodista Andrey Kagánskij, que hizo una investigación hace meses. Las imágenes cuestan unos 2.500 rublos (unos 30 euros al cambio), afirma el reportero, colaborador de MBK media, que tuvo acceso a algunas de esas filmaciones “a la carta”.

Pero mientras que en los países occidentales la privacidad se ha convertido en una gran preocupación, en Rusia no está en la lista de inquietudes principales de los ciudadanos. De hecho, se cuentan por miles quienes se están ofreciendo como voluntarios para los programas que han puesto en marcha bancos o supermercados para pagar con el perfil biométrico.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 08 Mar 2020 - 07:48COT

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Un centro de detención utilizado para la minoría musulmana uigur en Kunshan Industrial Park, en la provincia de Xinjiang. Ng Han Guan / AP

Según un informe, al menos 80.000 uigures han sido trasladados a otras partes de China como empleados en "condiciones que remiten a trabajos forzados"

 

Al menos 80.000 uigures han sido trasladados desde la provincia de Xinjiang (al oeste de China), algunos de ellos directamente desde centros de detención, a fábricas de toda China que producen para decenas de marcas multinacionales, entre ellas Apple y Nike, según revela un informe elaborado por el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI).

Elaborado a partir de noticias, imágenes de satélite y documentos públicos, el informe identifica 27 fábricas en nueve provincias chinas donde desde 2017 trabajan empleados trasladados desde los 'centros de reeducación' de Xinjiang en el marco del programa llamado 'Ayuda a Xinjiang'.

El informe del ASPI, con sede en Canberra, habla de condiciones que "remiten directamente a trabajos forzados". Los trabajadores viven en dormitorios separados, les exigen que aprendan mandarín y les someten a formación ideológica, denuncia el informe. Son vigilados a menudo y les prohíben las prácticas religiosas, añade la investigación.

Según los documentos del Gobierno chino analizados por el ASPI, suelen tener cuidadores asignados y restringida la libertad de movimiento. De acuerdo con el informe, las fábricas forman parte de la cadena de suministro de 83 marcas internacionales, entre las que figuran Apple, Nike y Volkswagen.

La política con los uigures y otras minorías musulmanas ha puesto a China en el punto de mira internacional: hasta un millón y medio de personas de Xinjiang han sido internadas en unos campos de reeducación que, según Pekín, son centros de formación profesional voluntaria. El Gobierno chino también afirma que, en su mayoría, los "estudiantes" de estos centros se han "graduado" y regresado a la sociedad.

El informe del ASPI se suma a las cada vez más numerosas pruebas de que los exdetenidos siguen siendo objeto de un fuerte control y, en algunos casos, forzados a trabajar tras ser liberados de los campos. Según sus autores, el número de personas enviadas a otras partes de China dentro de este programa de trabajo "probablemente sea muy superior" a 80.000.

"Este informe expone una nueva fase de la campaña de reingeniería social china dirigida a ciudadanos de minorías al aportar nuevas pruebas de que en fábricas de toda China se usa mano de obra uigur forzada dentro de un plan de transferencia de mano de obra respaldado por el Estado que está contaminando la cadena de suministro mundial", escriben los investigadores.

Titulado 'Uigures en venta', el informe destaca el caso de Qingdao Taekwang Shoes, una fábrica en el este de China que produce zapatos para Nike. En su mayor parte, las personas trabajando en la fábrica eran mujeres uigures de las prefecturas de Hotan y Kashgar (sur de Xinjiang) que asistían a clases nocturnas con un plan de estudios similar al de los campos de reeducación.

Según los información del Gobierno, se exigía a las trabajadoras que asistieran a la escuela nocturna 'Semilla de granada', llamada así por la política que pretende acercar a las minorías étnicas y al grupo étnico mayoritario Han tanto "como las semillas de una granada". En esa escuela, los trabajadores estudian mandarín, cantan el himno nacional chino y reciben "educación patriótica". Los funcionarios de seguridad pública y otros empleados del Gobierno deben informar a diario sobre el "pensamiento" de los trabajadores uigures.

Según los investigadores, cada vez hay más anuncios online de "mano de obra uigur con el respaldo del Gobierno". En uno de ellos se decía: "Ventajas de los trabajadores de Xinjiang: gestión de estilo semimilitar, capaces de aguantar las dificultades, sin pérdidas de personal... ¡pedido mínimo de 100 trabajadores!".

Las multinacionales afirman respetar las normas

El informe pide a Pekín que permita a las multinacionales acceder libremente a las fábricas de China para investigar posibles casos de trabajos abusivos o forzados y que se hagan inspecciones y auditorías que verifiquen la correcta implementación de las medidas de respeto a los derechos humanos.

"A medida que se abordan estos problemas, es crucial que no se haga más daño a los trabajadores uigures o que, por ejemplo, se les transfiera de forma involuntaria de vuelta a Xinjiang, donde su seguridad no está siempre garantizada", dice el texto.

"Apple está comprometido en asegurar que todas las personas en nuestra cadena de suministro sean tratadas con la dignidad y el respeto que merecen. No hemos visto este informe, pero trabajamos cerca de todos nuestros proveedores para asegurar que nuestros altos estándares se mantienen", ha declarado al periódico The Washington Post un portavoz de la empresa tecnológica, Josh Rosenstock.

The Washington Post también ha publicado el testimonio de un portavoz de Volkswagen: "Ninguna de las fábricas mencionadas es actualmente proveedora directa de Volkswagen. Estamos comprometidos con nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestro negocio en las que tenemos autoridad directa".

"Nuestro compromiso es respetar las normas laborales internacionales en todo el mundo", ha dicho la portavoz de Nike. También, ha afirmado que sus proveedores "tienen estrictamente prohibido utilizar cualquier tipo de trabajo en prisión, forzoso, en condiciones de servidumbre o de aprendizaje".

Según Kim Jae-min, director ejecutivo de Taekwang (la empresa surcoreana que gestiona la fábrica de QingdaoTaekwang), entre los 7.100 trabajadores de la planta había unos 600 uigures traídos para compensar la escasez de mano de obra local.

02/03/2020 - 21:17h

Traducido por Francisco de Zárate.

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Coronavirus: la militarización de las crisis

Hay que remontarse a los periodos del nazismo y del estalinismo, casi un siglo atrás, para encontrar ejemplos de control de población tan extenso e intenso como los que suceden en estos días en China con la excusa del coronavirus. Un gigantesco panóptico militar y sanitario, que confina a la población a vivir encerrada y bajo permanente vigilancia.

Las imágenes que nos llegan sobre la vida cotidiana en amplias zonas de China, no sólo en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, donde viven 60 millones, dan la impresión de un enorme campo de concentración a cielo abierto por la imposición de cuarentena a todos sus habitantes.

Ciudades desiertas donde sólo transita el personal de seguridad y de salud (https://bit.ly/2P2rlls). Se toma la temperatura a todas las personas a la entrada a los supermercados, centros comerciales y conjuntos residenciales. Si hay miembros de la familia en cuarentena, un sólo miembro tiene derecho a salir cada dos días para comprar víveres (https://bit.ly/2wCDnM7).

En algunas ciudades quienes no usen máscaras pueden terminar en la cárcel. Se alienta la utilización de guantes desechables y lápices para presionar los botones del ascensor. Las ciudades de China parecen lugares fantasmas, al punto que en Wuhan casi no encuentras personas en las calles (https://bbc.in/37KPKT3).

Es necesario insistir en que el miedo está circulando a mayor velocidad que el coronavirus y que en contra de lo que se hace creer, "el principal asesino en la historia de la humanidad fue y es la desnutrición", como destaca una imprescindible entrevista en el portal Comune-info (https://bit.ly/2SNMnqq).

Lo habitual en la historia ha sido poner en cuarentena a personas infectadas, pero nunca se ha aislado de este modo a millones de personas sanas. El médico y académico del Instituto de Salud Global de la University College London, Vageesh Jain, se pregunta: "¿Se justifica una respuesta tan drástica? ¿Qué pasa con los derechos de las personas sanas?" (https://bit.ly/2wCDnM7).

Según la OMS, cada infectado de coronavirus puede contagiar a dos más, mientras el enfermo de sarampión contagia de 12 a 18 personas. Por eso Jain asegura que más de 99.9 por ciento de los habitantes de la provincia de Hubei no están contagiados y que "la gran mayoría de la población atrapada en la región no se encuentra mal y es poco probable que se infecte".

El boletín 142 del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP) reflexiona: "China desencadenó un plan de acción de emergencia de magnitud sin precedentes después de sólo 40 muertes en una población de 1.2 mil millones de personas, sabiendo que la gripe mata a 3 mil personas en Francia cada año". En 2019 la gripe mató a 40 mil personas en Estados Unidos (https://bit.ly/3bYb9eX). El sarampión mata 100 mil personas cada año y la influenza (gripe) medio millón en el mundo.

El LEAP sostiene que estamos ante un nuevo modelo social de gestión de crisis, que cuenta con el visto bueno de Occidente. Italia siguió ese camino al aislar 10 pueblos con 50 mil habitantes, cuando había sólo 16 personas con coronavirus (https://bit.ly/32fmyCE).

China ejerce un sofisticado control de la población, desde la video-vigilancia con 400 millones de cámaras en las calles hasta el sistema de puntos de "crédito social" que regula el comportamiento de los ciudadanos. Ahora el control se multiplica, incluyendo la vigilancia territorial con brigadas de vecinos "voluntarios" en cada barrio.

Quisiera entrar en varias consideraciones, no desde el punto de vista sanitario sino del que deja el manejo de esta epidemia a los movimientos antisistémicos.

La primera, es que siendo China el futuro hegemón global, las prácticas del Estado hacia la población revelan el tipo de sociedad que las élites desean construir y proponen al mundo. Las formas de control que ejerce China son sumamente útiles a las clases dominantes de todo el planeta para mantener a raya a los debajo, en periodos como de hondas convulsiones económicas, sociales y políticas, de crisis terminal del capitalismo.

La segunda, es que las élites están usando la epidemia como laboratorio de ingeniería social, con la finalidad de estrechar el cerco sobre la población con una doble malla, a escala macro y micro, combinando un control minucioso a escala local con otro general y extenso como la censura en Internet y la video-vigilancia.

Considero que estamos ante un ensayo que se aplicará en situaciones críticas, como desastres naturales, tsunamis y terremotos; pero sobre todo ante las grandes convulsiones sociales capaces de provocar crisis políticas devastadoras para los de arriba. En suma, ellos se preparan frente a eventuales desafíos a su dominación.

La tercera, es que los pueblos aún no sabemos cómo vamos a enfrentar estos potentes mecanismos de control de grandes poblaciones, que se combinan con la militarización de las sociedades ante revueltas y levantamientos, como está sucediendo en Ecuador (https://bit.ly/2v56pmE).

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Por violaciones a los DD.HH. durante las protestas en Chile. Bachelet llama a fijar responsabilidades

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en Chile y Ecuador existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”. También apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”, informó el portal de noticias chileno La Tercera.

En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).

La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó "con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.

a oficina que encabeza Bachelet en la ONU envió una delegación al país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, que elaboró un lapidario informe presentado el 13 de diciembre donde se constataron “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido.

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Viernes, 14 Febrero 2020 06:25

Cuerpos, piernas, ojos

Cuerpos, piernas, ojos

¿Será una casualidad que los soldados israelíes les disparan a las piernas a los manifestantes palestinos en Gaza –descendientes de refugiados, víctimas de una limpieza étnica expulsadas durante el Nakba, hoy presos en una prisión al aire abierto más grande del mundo− que en el contexto de la Gran Marcha del Retorno (bit.ly/2SCAMJj) pretenden regresar (simbólicamente) a sus casas denunciando las inhumanas condiciones del bloqueo israelí y las periódicas "incursiones punitivas"? Ya casi 300 gazaítes han sido asesinados –una verdadera masacre− y 30 mil quedaron heridos, muchos con balas vivas, balas de acero cubiertas de goma o recipientes de gases lacrimógenos, sobre todo en las piernas, también con la prohibida munición de fragmentación: más de 120 manifestantes tuvieron que sufrir una posterior amputación (bit.ly/2NKV4Pn). ¿Será una casualidad que los carabineros chilenos les disparan a los ojos a los manifestantes que se rebelan en contra del saldo del modelo neoliberal –creciente costo de vida, sueldos bajos, pensiones, salud y educación ultraprivatizados, etcétera−, un sistema que los tiene precarizados y endeudados y quienes –"después de una dosis de sedantes y calmantes" (bit.ly/2RgQSc9)− finalmente despiertan y abren ojos a las injusticias? Ya casi tres mil personas quedaron heridas –y hubo unos 30 muertos− en una brutal y totalmente desproporcionada respuesta gubernamental al estallido social muy en sintonía con "las mejores tradiciones" de la dictadura pinochetista, incluidos más de 400 que perdieron un ojo por disparos adrede en la cara con perdigones y balas de goma con centro metálico (bit.ly/2Nyv21t), algunos incluso ambos (bit.ly/3ajNKUj).

No. No es ninguna casualidad.

A medida que el cuerpo tiende a ocupar el centro de la política –"un paso de la economía política a la biopolítica que aún no hemos reflexionado lo suficiente" (bit.ly/2ujlW2j)−, y la creciente politicidad se manifiesta cada vez más y más en él, el control y la represión se enfocan más y más en "contenerlo" −el proceso marcado a su vez por el auge de "necropolítica" (A. Mbembe, Necropolitics, 2019) y "securocratismo" (J. Halper, War against the people, 2015)− apuntando también a sus determinadas y sintomáticas partes: "piernas para caminar"/"ojos para ver".

Por donde sea –en contexto de la guerra global desde arriba a los migrantes o la revuelta antineoliberal global desde abajo (bit.ly/2GC5Bbx)− el mundo está lleno de cuerpos reprimidos, heridos, detenidos, cercados, golpeados, apaleados, gaseados, mutilados, quebrados, atropellados, masacrados, violados, encarcelados, desaparecidos.

Quizás nunca como ahora la mutilación se vislumbraba tanto como una oficial y "legítima" herramienta del control público y política del Estado (bit.ly/35JsPGU). Quizás nunca como ahora la tortura de un cuerpo particular equivalía tanto a la tortura de un "cuerpo social" en su totalidad y nunca ha sido tan globalizada (los generales latinoamericanos del Plan Cóndor igual han sido "precursores tempranos" de esta trasnacionalización).

Según la Sociedad Chilena de Oftalmología el número de heridos con lesiones oculares "es totalmente inusual para la historia del país y del mundo" y si a algo se asemeja "es a lo que pasa en Palestina" (bit.ly/35VQpAd); pero mientras allí −según un estudio 1990-2017 de la revista médica BMJ Open− se han reportado 300 lesiones en los ojos por balas de goma, "en Chile sólo en tres semanas tuvimos más de estas que en tres décadas del conflicto israelí-palestino" ( bbc.in/2RnauKr ).

Como subraya A. Mbembe, "la ocupación israelí de Palestina es un gran laboratorio de técnicas de represión, control, vigilancia y separación". Incluso "un paradigma de lo que viene para nuestro planeta" regido ya por una "arquitectura de contención" de la que Gaza es un "modelo": un "territorio encarcelado", sujeto a periódicas incursiones militares y asesinatos masivos, donde una peculiar y particular forma del control biopolítico consiste en abdicar de responsabilidad por la suerte de los encarcelados, algo “que se vuelve central para nuestros tiempos y ya está integrado en nuestras ‘democracias’” (bit.ly/36UNR5N).

Lo que vemos en las calles chilenas donde los manifestantes, que a pesar de que pueden perder un ojo, −igual que los palestinos que se manifiestan a pesar de que pueden perder una pierna− dejan el miedo encarnado en los cuerpos que dejó la dictadura militar (el "choque" con el que el "modelo chileno" fue implantado por Pinochet) frente a las fuerzas del "orden" que, en sus ojos, son verdaderas "fuerzas de ocupación extranjeras que consideran su ciudadanía enemiga" (bit.ly/3bbf87k), es igualmente paradigmático: por un lado, dada la historia y el presente de cooperación militar entre Israel y Chile (bit.ly/2SlI4m2), es una "creativa" –más violenta/más brutal− realización del "modelo Gaza exportado" (“la ‘exportación de la ocupación’ es la base de la economía israelí”, bit.ly/2Hd74Fp); por otro, una muestra de cómo las tecnologías israelíes de "contención de cuerpos" –fuerza letal, fronteras, vigilancia− resultan útiles para ir manteniendo al militarizado y excluyente orden neoliberal global (véase: T. Miller, Empire of borders, 2019), siendo el propio Israel su producto perfecto, indistinguible de Chile: una sociedad profundamente neoliberalizada, marcada por abismales desigualdades, creciente costo de vida, vivienda, etcétera. (bit.ly/379jAAh).

Por, Maciek Wisniewski, periodista polaco

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