Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

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Minority Report en las policías europeas: llegan los sistemas de predicción de delitos

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.



Algoritmos para predecir en qué zonas es más probable que tengan lugar robos u otro tipo de crímenes, algoritmos para ayudar a decidir si imponer prisión preventiva o no a una persona pendiente de juicio. Los algoritmos han llegado y también lo han hecho a los sistemas policiales y judiciales europeos. Y de ello alerta la comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović. “Aunque aún se encuentran en sus etapas experimentales, el uso de algoritmos de aprendizaje automático en los sistemas de justicia penal es cada vez más común”, afirma Mijatović en un texto publicado en la web del Consejo de Europa en el que señalaba los resultados “potencialmente discriminatorios” de este tipo de programas de predicción de delitos.


Como ejemplo, cita PredPol, un programa diseñado por el departamento de policía de Los Ángeles (Estados Unidos) en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que extrapola los datos de estadísticas criminales CompStat —sí, esa que usaban los policías de la serie The Wire—. ¿Cómo funciona? En la web de PredPol se explica que calcula las predicciones en base a tres tipos de datos: tipo de crimen, localización y fecha y hora. No usa información personal, ni demográfica, étnica o socioeconómica —se afirma en la web—, y los resultados se representan en un Google Map en el que se localizan las áreas con más alto riesgo de delitos cada día y en cada turno. En 2013, la policía de Kent (Reino Unido) compró los derechos de uso del programa por 100.000 libras anuales. Lo probó durante cinco años y en noviembre de 2018 desechó su uso, anunciando que seguirían trabajando en esa dirección, con un nuevo proyecto o construyendo su propio sistema. “Predpol tenía un buen historial de predecir dónde es probable que se cometan los crímenes”, afirmaba entonces John Phillips, superintendente de la policía de Kent, al Financial Times . “Lo que es más difícil es demostrar que hemos podido reducir el crimen con esa información”.


Este programa de algoritmos, así como otros parecidos usados en otras zonas de Reino Unido —como Manchester, Yorkshire o West Midlands— fueron criticados por organizaciones como Big Brother Watch en un informe en el que citaban estudios realizados sobre este tipo de sistemas que concluían que estos refuerzan patrones ya existentes de discriminación y dan lugar a una retroalimentación, conllevando que la policía sea enviada a vecindarios en los que ya hay una presencia excesiva de policías, independientemente de la tasa real de criminalidad.


Otro de los sistemas de algoritmos a los que hace referencia la comisaria de Derechos Humanos europea es la Herramienta de Evaluación de Riesgo de Daños (HART por sus siglas en inglés), usada por la policía de Durham, también en Reino Unido, para decidir si mantener o no a un sospechoso de un delito en custodia o si derivarlo a un programa de rehabilitación. Para ello, Hart utiliza hasta 34 categorías diferentes de datos que van de la edad y el sexo al historial delictivo. Y, al menos hasta abril, también usaba el código postal del sospechoso, lo que desde Big Brother Watch señalan que deriva en la criminalización de la pobreza. Un informe de 2018 elaborado por el Royal United Services Institute for Defence and Security Studies —que no es precisamente un lobby conservador en cuanto a tecnología aplicada a defensa y seguridad— también alertaba de que sistemas como Hart “reproducirán inevitablemente los sesgos inherentes a los datos que se les proporcionan”, lo que perjudicará a las minorías étnicas y religiosas.


Pero más allá de la experiencia británica, este tipo de sistemas de algoritmos también han llegado a otros países de la Unión Europea, como Italia, donde el sistema XLAW se usa en Nápoles y Venecia para prevenir robos, o en Alemania, donde el sistema Precobs —que suena aún más a los precons de Minority Report— se usa ya, de manera corriente o en fase piloto, en los cantones de Aargau, Basel, Baden-Württemberg, Babaria, en Sajonia y en Zug. Precobs también se usa desde 2013 en Zurich (Suiza) para prevención de robos en viviendas.


En España, este tipo de sistemas predictivos también han comenzado a hacerse hueco. A finales de 2015 Rivas (Madrid) fue el primer municipio en comenzar a experimentar con el sistema Pred-Crime. Su policía local lo usó durante nueve meses tras los cuales lo descartaron. “Necesita seguir desarrollándose para ser realmente eficaz”, señalan a El Salto desde el prensa del Ayuntamiento. Diseñada por EuroCop Security Systems, empresa constituida en 2004 y que a día de hoy cuenta con doce empleados y, en 2017, facturó 3,7 millones de euros —casi el doble que en los dos ejercicios anteriores—. En España, su administrador único y director general, financiero, comercial, de márketing y de informática es Ramón García Esteve.


También en 2015, desde la Policía Nacional se comenzó a desarrollar un sistema parecido de la mano del policía científico Miguel Camacho Collados, que en 2014 había recibido una beca Fullbright para estudiar este tipo de sistemas, en colaboración con la Universidad de Granada, la UCLA y la Policía de Los Ángeles, siguiendo la senda de PredPol. Aunque no hay más información sobre el posterior desarrollo de este sistema, desde finales de 2018 sí entró en fase piloto en la Policía Nacional otro sistema basado en algoritmos, en este caso para detectar denuncias falsas, Veripol, también desarrollado por Camacho e instalado ya en todas las comisarías.

2019-05-12 12:02:00

Viernes, 03 Mayo 2019 06:13

Assange resiste la extradición

Assange resiste la extradición

“No deseo entregarme para ser extraditado a EE.UU. por haber hecho un periodismo que ha protegido a muchas personas”, dijo el ciberactivista.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos. El australiano de 46 años compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, luego de haber sido condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel. “No deseo entregarme para ser extraditado a Estados Unidos por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas”, afirmó el activista y periodista en su declaración. Luego de su videoconferencia de ayer, el juez Michael Snow decidió que Assange deberá comparecer nuevamente en el tribunal el próximo día 30. Al mismo tiempo varias decenas de partidarios del activista australiano se congregaron frente a la corte con carteles que decían “Liberen a Assange” y “No a la extradición”.


“La batalla comienza realmente hoy”, declaró en tanto el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que calificó la sentencia como “un escándalo” y aseguró que el experto informático está muy afectado por la posibilidad de ser encarcelado por un año, luego de los 2.488 días que pasó recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. “La extradición está basada en una ofensa menor que puede ser castigada con cinco años de cárcel”, advirtió en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Básicamente, lo consideramos como una estrategia para poder presentar luego más cargos contra él. Todo parece indicar que podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje de 1970, que prevé incluso la pena de muerte”, afirmó.


Assange está recluido en la prisión de Belmarsh, un centro de alta seguridad en el suroeste de Londres. Allí permanece desde el 11 de abril cuando fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Assange se había refugiado en Londres en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense.


Su plataforma online se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. Washington, por su parte, afirma querer juzgarlo solo por piratería informática. Estados Unidos sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono. En la misma línea, la fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que ella pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks. Ben Brandon, un representante de la justicia estadounidense, confirmó ayer que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel. Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.


Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido para que Assange no sea entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas en el mundo.


Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán”. Pero por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe”. La primera ministra Theresa May declaró en sintonía con Hunt al afirmar que “nadie está por encima de la ley”.

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1º de Mayo francés con marcha y represión

Cientos de miles salieron a protestar y en París se desató la violencia en las calles

El encono que suscita el presidente Emmanuel Macron y los símbolos de su mandato son tan densos como en los primeros días del movimiento de los chalecos amarrillos.

Rojo, amarillo y negro fueron los colores de este virulento 1º de Mayo en París donde se aunaron en las calles los sindicatos, los grupos autónomos y Black Blocs y los chalecos amarillos. Cuarenta mil manifestantes desfilaron en la capital francesa para cerca de 400 mil en todo el país. La cifra es corta comparada con otras épocas pero las protestas en París derivaron en choques violentísimos entre grupos de manifestantes y la policía y, también, en una serie de saqueos y destrozos en el Boulevard de Montparnasse y sus alrededores.


El encono que suscita el presidente Emmanuel Macron y los símbolos de su mandato son tan densos como en los primeros días del movimiento de los chalecos amarrillos, en noviembre de 2018. La gente se la agarró otra vez con todo lo que respiraba lujo o riqueza. Dejó intactos a los bares de perfil popular y destruyó locales coquetos y bancos. Los sindicatos protestaron con vehemencia por la brutalidad de las cargas policiales. Las fuerzas del orden barrieron contra todo el mundo, incluso los sindicalistas perfectamente identificados y poco inclinados a los saqueos. La CGT denunció la “violencia sin precedentes e indiscriminada”.


El “extremo centro” de Macron pega y con saña. Trescientos cincuenta periodistas se quejaron legítimamente del trato agresivo, intimidatorio, a menudo con violencias físicas y verbales de las fuerzas del orden con ellos. Parece que cubrir una manifestación callejera en Francia es más peligroso que estar en una verdadera guerra. Los periodistas denunciaron “los golpes”, la “incautación del material, las amenazas y los insultos”. Las fuerzas del orden hasta se permiten borrar por la fuerza las cartas memoria de las cámaras. Todo un espectáculo democrático al revés.


La doctrina del mantenimiento del orden reactualizada en marzo pasado se caracteriza por un recurso desmedido a la fuerza. Todo lo que se asemeja a un manifestante es interceptado por la policía con unos modos de corte inobjetablemente dictatorial. Se trata de intimidar.


El gobierno tiene además un nuevo paquete legislativo para reprimir donde hasta se ha incluido la prohibición de ir con la cabeza o la cara tapada. Una vez más, los extremismos de los Black Blocs y la respuesta policial amplificaron el impacto político de una manifestación con niveles de convocatoria más bien modestos. Al igual que ocurre cada sábado con las protestas de los chalecos amarillos, hay poca gente y mucho eco social y político. La represión ha terminado de marcar con fuego el mandato presidencial. Desde noviembre hasta ahora, hay cientos de personas gravemente heridas, con miembros amputados y ojos perdidos por los disparos de la policía. Y jamás ha habido como ahora tantos miles y miles de personas arrestadas y juzgadas sin equidad.


No es una casualidad si uno de los emblemas más repudiados este primero de mayo fue la figura de Alexandre Benalla, el hoy ex guardaespaldas de Macron que, hace exactamente un año, apareció disfrazado de policía -no lo era-golpeando a los manifestantes en una plaza del distrito 5 de Paris. Su caso es un himno a la impunidad y a la manipulación: para protegerlo, los consejeros presidenciales alteraron imágenes, sancionaron a funcionarios policiales, luego él mintió ante las comisiones parlamentarias, siguió usando pasaportes diplomáticos cuando ya no trabajaba más en la presidencia, falsificó documentos oficiales, violó los controles judiciales en curso y, mientras cumplía sus funciones, firmó contratos de seguridad para proteger a oligarcas rusos ligados a Vladimir Putin. Benalla se dio el lujo de publicar una foto en Twitter con un arma en la mano cuando no tiene permiso para portar armas. Benalla sigue gozando de libertad de movimiento. Cualquier ciudadano común estaría hace rato en una celda de alta seguridad de la cárcel de La Santé. Su señoría goza de toda la piedad de un sistema que lo acurruca. Máscaras con su figura, eslogans y canciones fueron una consigna masiva en este primero de mayo. “En caso de abuso, está Benalla como cobertura”, decía un cartel que un hombre llevaba en la mano y cuyo rostro estaba tapado con una máscara de Alexandre Benalla. Este episodio político-policial de una mediocridad chapucera se ha adherido a la imagen pública del macronismo como el sobrenombre que le pusieron a Emmanuel Macron en 2017, “el presidente de los ricos”.


Los Black Blocs y las extremas izquierdas esperaban hacer de este primero de mayo un nuevo escenario de batalla. Lo lograron una vez más. A su manera, junto a la represión policial indiscriminada, empañaron la esencia de este día del trabajador donde lo fundamental era reclamar por los derechos laborales y la igualdad y cuyos protagonistas suelen ser los sindicatos. El sindicato de la violencia hurtó el primer plano.

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Jueves, 02 Mayo 2019 06:14

Condenan el asilo de Julian Assange

Condenan el asilo de Julian Assange

Un tribunal condenó al fundador de WikiLeaks, que había perdido su asilo diplomático, a 50 semanas de reclusión.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado ayer a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal londinense lo condenó a 50 semanas de reclusión por este delito pasible de un año de prisión, por el que fue detenido el 11 de abril dentro de la legación ecuatoriana después de que Quito le retirara el asilo diplomático que le había concedido casi siete años antes.


Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática”: hoy debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años. “El combate continúa”, afirmó el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, afirmando que “mañana empieza la batalla más dura y más importante” que podría constituir “una cuestión de vida o muerte para Assange”.


El editor y experto informático, de 47 años, llegó al juzgado en un furgón policial desde la prisión de Belmarsh, donde pasó las últimas dos semanas, con un desafiante puño en alto y mejor aspecto que cuando fue detenido. Vestido con chaqueta negra sobre una camiseta gris, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto. “¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una manifestante mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz”.


Subrayando que vigilarlo durante tantos años tuvo un costo para los contribuyentes británicos, la juez Deborah Taylor le reprochó que se pusiera “deliberadamente” fuera del alcance de la justicia.”Es difícil imaginar un ejemplo más grave de este delito”, afirmó ayer durante la audiencia, dirigiéndose a Assange. “Al esconderse en la embajada, el 19 de junio de 2012, el acusado se había quitado del alcance -de la justicia-, de manera deliberada, al tiempo que permanecía en el Reino Unidoexplotando su posición privilegiada para incumplir la ley”, dijo la magistrada en su resolución.


Assange, a su vez, contestó que hizo lo que pudo. Lo hizo en una carta de arrepentimiento que fue leída por su abogado, quien aseguró que éste decidió quedarse en la legación ecuatoriana por “las amenazas que recaían sobre él desde Estados Unidos y que lo ensombrecían todo”. En su carta el periodista pide “disculpas sin reservas” a aquellas personas que consideren que les ha “faltado al respeto” por la manera en la que ha conducido su caso.”Me encontré en apuros con circunstancias difíciles. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho”, se justifica Assange en la misiva, en la que admite que lamenta el curso que ha tomado la situación. “Esas dificultades -continúa la carta- “tuvieron un impacto en muchas otras personas”.


Por su parte, el abogado que representa al fundador de WikiLeaks, Mark Summers, subrayó que durante los últimos años su cliente había sido controlado por el temor a ser entregado a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por los miles de cables difundidos por su portal. “Mientras le llovían las amenazas desde EE.UU., éstas empañaron todo lo que tenía que ver con él. Dominaron sus pensamientos. No fueron inventadas por él, le fueron controlando”, explicó el letrado.


El fundador de la plataforma de filtraciones, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012. Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador para evitar a una extradición a Suecia, que lo había requerido en relación a una investigación por posibles delitos sexuales que posteriormente fue archivada.


Una de las posibles acusaciones en Suecia prescribió en 2015 y la otra fue abandonada en 2017 después de interrogar en la embajada ecuatoriana a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio protección diplomática. La abogada británica Jennifer Robinson, que representa a Assange, aseguró recientemente que éste está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación mientras su padre pedía desde Sidney que el informático, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, fuera extraditado a Australia.


“La cuestión clave por el momento”, había dicho Robinson, “es la extradición a Estados Unidos”. Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición. La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña que nunca fue utilizada, en el contexto de una mega filtración de documentos que sí fueron extraídos por Mannning y publicados por WikiLeaks.


Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel en 2012 (había sido condenada a 35 años de prisión y Obama la perdonó después de siete), volvió a ser detenida el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.

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Más de 500 detenidos por las protestas contra el cambio climático en Londres

Miles de personas se han sumado esta semana al movimiento promovido la organización ecologista Extinction Rebellion por en un intento por forzar al Gobierno a tomar medidas para hacer frente al calentamiento global.

Más de 500 personas han sido arrestadas esta semana y 10 han sido acusadas desde que comenzó la protesta de Extinction Rebellion para reclamar a las autoridades británicas medidas drásticas para frenar el cambio climático, según el último balance que ha proporcionado este miércoles la Policía Metropolitana.

Activistas de la organización ecologista Extinction Rebellion han alertado al diario local The Guardian de que los detenidos estarían siendo trasladados a comisarías a las afueras de la capital británica. "Los que han sido detenidos están siendo llevados a muchas partes, incluso fuera de Londres", ha indicado un portavoz.

Miles de personas se han sumado esta semana al movimiento en un intento por forzar al Gobierno a tomar medidas para hacer frente al calentamiento global. "La gente no quiere esto pero la inacción por parte del Gobierno ante este tipo de emergencia nos deja sin alternativa", ha explicado la organización.


El martes las manifestaciones se extendieron a las zonas de Marble Arch, Waterloo Bridge, Oxford Circus y Parliament Square, lo que provocó atascos en las áreas colindantes.
Este miércoles se proponían paralizar también el metro de Londres, si bien no han conseguido su objetivo porque, entre otras cosas, se han desplegado efectivos adicionales y se ha bloqueado la señal WiFi. La anécdota de esta tercera jornada la han protagonizado cuatro activistas que se han encadenado a la valla de la casa del líder laborista, Jeremy Corbyn, de acuerdo con la cadena de noticias BBC.

Varios de los manifestantes ubicados en el puente de Waterloo, según ha podido saber la corresponsal de Público en Londres Cristina Casero, llevaban protestando desde el lunes para solicitar al gobierno medidas urgentes para acabar con la crisis climática. Según los activistas, los agentes han procedido a su detención alegando que estaban interrumpiendo el tráfico, una información confirmada por uno de los policías allí presentes. Asimismo, los activistas han confirmado a Casero que, una vez puestos en libertad, volverán al mismo sitio a continuar con la protesta.


La organización Extinction Rebellion

Extinction Rebellion asegura que cuenta con 331 grupos de acción afiliados en 49 países distintos y denuncia que 222 de sus activistas han sido detenidos en todo el mundo en acciones de desobediencia civil no violenta. En noviembre fueron detenidas 85 personas en Londres cuando miles de activistas, familias y pensionistas bloquearon cinco puentes del Támesis.

En Reino Unido, Extinction Rebellion exige al Gobierno emisiones cero de gases de efecto invernadero para 2025 y un plan de emergencia ciudadano similar al impulsado durante la Segunda Guerra Mundial.


Casi un centenar de intelectuales han suscrito un manifiesto de Extinction Rebellion publicado en octubre en The Guardian. "Se ha roto el contrato social y por consiguiente no solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber moral puentear la pasividad y flagrante dejación de funciones del Gobierno y rebelarnos para defender la vida", explica el texto.

18/04/2019 11:27 Actualizado: 19/04/2019 10:12
PÚBLICO / AGENCIAS

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Lunes, 15 Abril 2019 07:03

El mensaje y el mensajero

El mensaje y el mensajero

El régimen encabezado por alguien que tiene entre sus consignas que los medios son "enemigos del pueblo" acaba de proceder penalmente contra Julian Assange, director fundador de Wikileaks. Este es un ataque contra todos los que ejercemos este oficio en el mundo (incluidos los que trabajamos en este periódico), pero también para cualquiera que considera que el pueblo tiene derecho de saber lo que los gobiernos hacen en sus nombres.

Noam Chomsky opinó que el arresto de Assange es "escandaloso" por la aparente colusión entre gobiernos –Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador y Suecia, en este caso– para “silenciar a un periodista que estaba produciendo material que la gente en el poder no deseaba compartir con las multitudes… Wikileaks estaba revelando cosas que la gente debería saber sobre los que están en el poder. A los que están en el poder no les gusta eso, por lo tanto, lo tienen que silenciar… es un escándalo que ocurre una y otra vez”. También es escandaloso, comentó en un foro en Boston moderado por Democracy Now, que una vez más se demostró el alcance extraterritorial de Estados Unidos "para controlar lo que otros están haciendo en otras partes del mundo, eso es espantoso" (vale recordar que Assange no es estadunidense, sino australiano).

“Assange cometió los pecados imperdonables de avergonzar al establishment… Y ahora será castigado por nuestros pecados”, argumentó Jonathan Turley, profesor de leyes en la Universidad George Washington en un artículo publicado en USA Today.

Sin embargo, Assange es detestado por buena parte de los políticos demócratas que uno supondría defenderían la libertad de prensa. No perdonan que Wikileaks haya divulgado miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la contienda presidencial de 2016 y que según ellos dañó la candidatura de Hillary Clinton (ella mismo declaró hace un par de días que Assange debe enfrentar "lo que se merece").

Neera Tanden, directora del Center for American Progress, un think tank encabezado por clintonistas, acusó en un tuit que "Assange fue el agente de un Estado proto-fascista, Rusia, para minar la democracia. Ese es comportamiento fascista. Todos en la izquierda deberían de repudiar lo que hizo, no celebrarlo". No mencionó que lo que fue revelado fue que Clinton y su equipo mintieron al público y sus trampas contra la campaña de Bernie Sanders para asegurar su nominación como candidata.

Otros "liberales" y demasiados periodistas justificaron el no defender a Assange con el argumento de que los cargos presentados por el Departamento de Justicia no tienen que ver con el ejercicio periodístico y/o que él no es periodista. Otros expresaron su antipatía contra el personaje por su megalomanía, su arrogancia o hasta por su comportamiento personal.

Pero como señala Alan Rusbridger, el ex editor ejecutivo de The Guardian, quien colaboró con Assange (y con quien se acabó peleando), publicar los archivos secretos oficiales obtenidos por Chelsea Manning y entregados a Wikileaks, no es el punto. En un artículo publicado en el Washington Post argumentó que “las leyes que protegen la libertad de expresión no deberían depender de la simpatía, salud mental o higiene personal de aquellos que están en la línea de fuego… aquí se tiene que considerar las implicaciones para la libertad de expresión”. Concluyó: “si creemos que la luz del día es una condición necesaria para la democracia…entonces la defensa de reporteros de investigación, a pesar de qué tan difíciles y hasta equivocados podrán estar, es importante”.

Por ahora, los responsables de violaciones a los derechos humanos, engaños y atentados contra las libertades civiles no han enfrentado la justicia, mientras Manning, Edward Snowden, Daniel Ellsberg, junto con periodistas (incluido el proyecto de Wikileaks) que entregaron los mensajes sobre todo esto al público son criminalizados y declarados "enemigos del pueblo". Ese es un truco antiguo, culpar al mensajero para intentar anular el mensaje.

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Domingo, 24 Marzo 2019 05:34

La represión ya está en marcha

La represión ya está en marcha

Para contener a los 3.000 manifestantes de París, hubo muchos policías y símbolos como el recurso al Ejército francés.


El nombre del partido presidencial La República en Marcha se volvió ayer “La Represión en Marcha”. Los chalecos amarillos que, en toda Francia, participaron en la décima novena jornada de manifestaciones pusieron al frente de sus marchas ese cartel en signo de repudio al denso operativo policial con el que, esta vez, el Ejecutivo decidió impedir que se repitieran los saqueos de la semana pesada. Para contener a los 3.000 manifestantes de París hubo no sólo muchos policías sino, además, muchos símbolos. El más pesado es el recurso al Ejército francés. Los incendios y las depredaciones del sábado 16 de marzo en la Avenida de los Campos Elíseos, la convergencia entre los chalecos amarillos más radicales y los Black Blocs y la destrucción de las insignias bandera de las marcas del lujo mundial (el restaurant Le Fouquet’s, de Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, Foot Locker, Longchamp, Zara) desencadenaron una purga inédita entre los altos mandos policiales, la prohibición de manifestar en ciertos barrios de París y otras ciudades así como la implementación de un red represiva sin precedentes. A medio día, más de 5.000 “controles preventivos” habían sido realizados por las fuerzas del orden. Capitales provinciales como Niza, Toulouse o Burdeos prohibieron a los chalecos toda manifestación en los centros donde se encuentran las boutiques de lujo. En París, los Campos Elíseos, los alrededores del Palacio presidencial y de la Asamblea Nacional fueron vedados a los manifestantes por los 6.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en París.


La imagen más impactante es, sin embargo, la presencia del Ejército francés cuya primera misión, el operativo Centinela diseñado en 2015 para proteger de los ataques terroristas los lugares públicos, fue ampliada ahora a la represión. El muy cuestionado Ministro de Interior, Christophe Castaner, dictó la consigna “impunidad cero”. La democracia macronista ha sido incapaz de resolver la crisis de los chalecos amarillos y terminó desplazando al Ejército para resguardar los símbolos de la ostentación y la riqueza. La imagen del gobierno se ha ido degradando a la par de la de los chalecos amarillos. El movimiento paga el tributo de las escenas de violencia y destrucción que las manifestaciones dejan a su paso. En los últimos días, una encuesta de opinión realizada por Odoxa demuestra la erosión de los chalecos: el 58% de los encuestados considera que la violencia le ha restado mucho crédito a los chalecos amarillos mientras que un 55% anhela que se terminen las manifestaciones. Las cifras son igualmente adversas para el gobierno. 76% cree que el Ministro de Interior no podrá mantener el orden público, 70% siente que Emmanuel Macron es igualmente incapaz y 67% piensa lo mismo del Primer Ministro Édouard Philippe. Cuatro meses de crisis debilitaron a todos los actores. El movimiento comenzó el 17 de noviembre con dos identidades permanentes: una, a lo largo de la semana, con la ocupación de las rotondas: la otra, el sábado, con las manifestaciones en las ciudades. Los intentos oficiales de desactivar la tensión no se completaron. Incluso si los chalecos se dividieron y fueron perdiendo impacto y respaldo (en un momento 76% de la población los apoyaba), la onda amarilla prosiguió su ruta. El telón que tapaba la Francia desértica se desplomó. El decorado de la felicidad liberal quedó al desnudo y, desde entonces, los chalecos han ido sembrando su propia agenda ante la impotencia política del gobierno y el presidente.


“Emmanuel Macron, el vértigo autoritario”, escribe el portal de información Mediapart. Unos 350 universitarios firmaron este fin de semana un texto contra “el grave peligro que corre la población con la política del gobierno”. La derecha, en cambio, se posiciona en contra de los chalecos amarillos. Uno de sus portavoces más camaleónicos, el filósofo Bernard-Henry Lévy, acusa a los chalecos de encarnar un “nihilismo mortífero”. Ese “vértigo” se explica por la obsesión de evitar que los sectores más duros del movimiento hagan causa común con los Black Blocs, tal y como ocurrió a mediados de marzo. Con el paso de las semanas, los grupos políticos radicales se mezclaron con los chalecos amarillos. El último que subió al escenario fue Black Bloc. Estos radicales vestidos de negro y pasamontañas están constituidos por una mezcla de antifascistas, anarquistas y los llamados autónomos. En un bar de París, uno de los Black Bloc explica a PáginaI12 que la situación insurreccional creada por los chalecos amarillos resultó un terreno de acción propicio y, sin que haya habido ninguna coordinación previa, “se plasmó en la calle de forma irremediable porque nadie acepta que la respuesta a una demanda social sea la represión salvaje”. Julien es un Black Bloc miembro del llamado “Comité invisible” que en 2007 publicó un famoso ensayo, “La Insurrección que viene” (La Fabrique Edition). Este libro, en sus primeras línea, constata que “cualquiera sea el ángulo desde el que se lo mire, la situación presente no tiene salida”. Por ello postula que la “insurrección no es sólo necesaria, sino también ineluctable”. A su manera, para ellos, los chalecos amarillos han sido el tambor que activó el nacimiento de esa insurrección.


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Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

Publicado enColombia
El gobierno de Macron, en la encerrona amarilla

Los meses pasan y el presidente francés Emmanuel Macron no termina de salir de la pesadilla política e institucional que surgió en noviembre de 2018 cuando estallaron las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos. Sábado tras sábado, con mayor o menor éxito, la ola amarilla no se disuelve. El Ejecutivo empezó a respirar con alivio durante las últimas semanas cuando se notó claramente que la movilización amarilla perdía su fuerza. Pero este fin de semana la convergencia en la Avenida de los Campos Elíseos entre los chalecos amarillos y los llamados “black bloc” derivó en un nuevo episodio de escenas de violencia y destrozos espectaculares cuyos objetivos fueron los símbolos de la riqueza ostentativa: los grupos de violentos aprovecharon la manifestación de los chalecos para saquear y destruir uno de los emblemas mundiales de la opulencia y el signo distintivo de los Campos Elíseos, el restaurant Le Fouquet’s. También arremetieron contra el local central de Hugo Boss, un banco, Lacoste, Nespresso, Foot Locker, Longchamp o Zara. La gran Avenida donde se concentran los comercios más caros del planeta atraviesa uno de los barrios más acomodados de la capital francesa. Desde el principio de las manifestaciones, los chalecos amarillos hicieron de esa exquisita zona urbana su plato de resistencia. El 24 de noviembre y el primero de diciembre de 2018 hasta el Arco de Triunfo y su Tumba del Soldado desconocido fueron saqueados. El impacto de las últimas imágenes ha sido enorme y el gobierno tuvo que salir a apagar el incendio político que se le venía encima por su incapacidad de mantener el orden público. El Primer Ministro francés, Édouard Philippe, anunció que, en adelante, las manifestaciones en el barrio y en la misma Avenida de los Campos Elíseos estaban prohibidas. Luego del anuncio cayó la primera cabeza: Philippe adelantó la destitución del Prefecto de París, Michel Delpuech. 

El Jefe del gobierno le reprochó a los responsables policiales que la “estrategia” que se había elaborado en la contención de los manifestantes esta vez no se aplicó “en condiciones satisfactorias”. El problema radica en que esas “condiciones satisfactorias” implican el uso reiterado de un arma represiva, el BLD, la cual, en estos cuatro meses de protestas, dejó decenas de personas mutiladas con ojos, pies y manos arrancadas por los proyectiles BLD. El poder traslada así su gestión aproximativa de esta crisis hacia la actuación de la policía. No queda alternativa: si reprime demasiado son unos salvajes, y si no lo hace no cumple con su deber. El uso desmedido de la fuerza por parte de las unidades policiales motivó incluso una advertencia de las Naciones Unidas. El pasado seis de marzo, La Comisaria de la ONU encargada de los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, interpeló a las autoridades francesas para que se llevara a cabo una “investigación profunda sobre el uso excesivo de la fuerza”.


Toda la construcción política diseñada por la presidencia para salir de la crisis amarilla se vino abajo. El poder inventó un “debate nacional” entre los franceses durante el cual se debía discutir sobre los grandes problemas del país, entre ellos los planteados por los chalecos amarillos. Macron participó en persona y hasta la indigestión en esos debates transmitidos por la televisión. La receta pareció dar sus resultados. El “Presidente de los ricos” descendió a las arenas del pueblo al tiempo que, entre divisiones internas, cierto cansancio, infiltraciones radicales y violencia, los chalecos amarillos perdían su movimiento ascendente. Emmanuel Macron reencarnó en Francia el perfil de nuestro Domingo Faustino Sarmiento: “la espada, la pluma y la palabra”. Con la espada reprimió, con la pluma se dirigió a Francia para convocarla al debate y con la palabra instauró un diálogo con la sociedad. La invariable lógica que se instituyó en esta confrontación no varió y el gobierno vuelve a estar en la encerrona amarilla. Las manifestaciones nunca fueron extraordinariamente masivas pero si muy extendidas y violentas. El último fin de semana de vandalismos en los Campos Elíseos los Black Bloc se infiltraron entre los chalecos amarillos y repitieron las escenas que habían protagonizado el primer de mayo de 2018 en el distrito 5 de París cuando destruyeron un McDonald’s. Los Black Bloc están compuestos por activistas de la ultraizquierda y otras corrientes oriundas de horizontes políticos diversos. Aunque la gran mayoría de los chalecos amarillos no son ultra violentos, estos episodios tienen una doble consecuencia: al mismo tiempo que apuntan a la inoperancia del gobierno también empañan la imagen de los chalecos y los arrincona en el espacio público.


El poder no encuentra la salida, tanto más cuanto que, en lo esencial, no ha expuesto sus respuestas a la triple crisis que lo acecha: política, social e institucional. Ese es el diagnóstico que hacen todos los comentaristas, desde la derecha hasta la izquierda. En su último editorial, el vespertino liberal Le Monde escribió: “es la eficacia del Estado y de su jefe así como la de los poderes públicos la que está en tela de juicio”. Le Monde sugiere que, a partir de los chalecos amarillos, es “el mandato de Macron lo que está en suspenso”. Esa es la sensación que subsiste: la de una leve pero persistente sombra amarilla que perturba el sueño del gobernante, lo mantiene en “suspenso” sin que este acierte con la ventana que lo extraiga de la pesadilla.


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