Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

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Jornada de huelga general en Cataluña: 6 preguntas para entender qué está pasando

El paro culmina una semana de protestas tras la sentencia de cárcel a la mayoría de los líderes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.

Este viernes los sindicatos catalanes independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) han convocado una jornada de huelga general en Cataluña. Aunque en el comunicado conjunto que ambas organizaciones han publicado aducen que las "políticas de austeridad y de gobernanza neoliberal" han configurado un escenario de "ataque a los derechos de la clase trabajadora", lo cierto es que el llamamiento se produce en una semana de convulsión en la vida catalana. Además, está previsto que las llamadas 'marchas por la libertad' confluyan en Barcelona.

Hasta el miércoles se habían producido más de 352 heridos, 97 detenidos y 174 agentes de policía lesionados, según comunicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de medios convocada para dar a conocer los últimos datos disponibles de la situación en Cataluña.

1- ¿Por qué comenzaron las protestas?

El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum de autodeterminación calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional de España. En un proceso que no gozó de garantías, votaron 2 millones de ciudadanos, alrededor de la mitad de quienes tienen derecho a voto en la región, y el resultado fue un apoyo muy mayoritario a la independencia de Cataluña. Unos días después, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró de forma unilateral la independencia, aunque la suspendió inmediatamente después.

Desde entonces se empezó a instruir una causa judicial que ha culminado con la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública este lunes, en la que condena a los responsables de ese proceso soberanista.

La mayoría debe cumplir penas de entre 9 y 13 años de cárcel, de los que ya han cumplido dos en prisión preventiva. Entre los condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y cinco exconsejeros del Gobierno que encabezó Puigdemont.

La sentencia ha sido tachada unánimemente desde el ámbito independentista, que considera a los condenados presos políticos, de desproporcionada, por lo que dieron comienzo las protestas para denunciar por el proceso que ha desembocado en este fallo y para pedir el indulto.

2- ¿Qué ha pasado durante las protestas?

Desde el lunes por la mañana las protestas se han sucedido. Si bien el lunes se vivió una situación delicada con el colapso del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona, lo cierto es que la tensión con las fuerzas del orden han ido subiendo de intensidad hasta desembocar en disturbios.

  • Lunes, 14 de octubre

La plataforma 'Tsunami Democràtic', que se gestó este verano y se dio a conocer a principios de septiembre, convocó nada más conocer el contenido de la sentencia una concentración en el centro de Barcelona y posteriormente hizo un llamamiento a acudir al aeropuerto de la ciudad para colapsarlo. Se trataba de una acción planificada con anterioridad y que finalmente fue un éxito al lograr que más de 8.000 personas tomaran la infraestructura barcelonesa.

Se cancelaron más de 100 vuelos y la jornada acabó con enfrentamientos con las fuerzas policiales, que cargaron contra la multitud. Las protestas también tuvieron lugar en otros puntos tanto de Barcelona, como del resto de Cataluña, y se saldaron con más de 130 heridos, uno de ellos, un joven de 22 años, perdió un ojo a consecuencia de un disparo con pelota de goma. Ese día se produjeron también las primeras detenciones.

  • Martes, 15 de octubre

Las protestas continuaron el martes con numerosas movilizaciones por todo el territorio catalán. Los manifestantes estaban llamados a concentrarse ante las sedes de las Delegaciones del Gobierno de diversas ciudades. En Barcelona la protesta comenzó a tener tintes violentos, con el lanzamiento de objetos, la construcción de barricadas y por primera vez, empezaron a verse hogueras en la ciudad.

La Policía volvió a cargar contra los manifestantes y esta segunda jornada dejó 125 heridos y 30 detenidos tan solo en la capital catalana.

  • Miércoles, 16 de octubre

Esta jornada comienzan las "marchas por la libertad". Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) organizaron un nuevo acto de protesta. En esta ocasión cinco columnas partieron desde cinco puntos del interior de Cataluña con el objetivo de caminar 100 kilómetros y reunirse este viernes a mediodía en Barcelona como forma de manifestar el rechazo hacia la sentencia del Tribunal Supremo.

Por la noche, Barcelona volvió a vivir una jornada de disturbios con más de 400 contenedores y una decena de vehículos calcinados, y de nuevo barricadas, lanzamientos de objetos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. También en Madrid cargó la Policía contra un grupo de manifestantes que se habían trasladado desde una concentración en la Puerta del Sol en apoyo al independentismo catalán hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. En este momento, los detenidos en Cataluña ascendían en total a 97 y los heridos a 352.

  • Jueves, 17 de octubre

El jueves comenzó con una manifestación de los estudiantes que recorrió las calles del centro de Barcelona. Alrededor de 25.000 jóvenes protestaban principalmente por dos motivos: en primer lugar, para mostrar su rechazo a la condena de los líderes independentistas; y en segundo lugar, para pedir la dimisión del Gobierno catalán en su conjunto por haber reprimido las manifestaciones con "una brutalidad generalizada hacia manifestantes y periodistas".

Sin embargo, el hecho más destacable de esta cuarta jornada de protestas fue la irrupción de grupos de extrema derecha en las calles de Barcelona, provocando numerosos altercados con los manifestantes independentistas y cargas policiales. Hay al menos 19 heridos y 18 detenidos. 

3- ¿Cuáles son las próximas movilizaciones previstas?

Además de la huelga general convocada para este viernes, que coincide con la llegada de las denominadas "marchas por la libertad", se vaticinan otras acciones.

El próximo 26 de octubre está prevista la convocatoria de una macromanifestación respaldada por partidos políticos y entidades independentistas. Esta acción iba a coincidir con el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero finalmente La Liga ha aplazado el encuentro. 

Por otro lado, la plataforma 'Tsunami Democràtic' lleva días anunciando una próxima acción, aunque aún no se sabe en qué consistirá. De momento anima a sus seguidores a instalar su aplicación en el teléfono móvil y, aunque el miércoles anunciaban que ya eran más de 15.000 personas las que lo habían hecho, decían que necesitaban muchas más para llevar a cabo su próximo proyecto de protesta.

En sentido contrario, el partido político Ciudadanos ha convocado un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra "los violentos". Este acción es considerada por muchos como una provocación, pues el partido encabezado por Albert Rivera está liderando el llamamiento de las formaciones de la derecha para que el Gobierno de España aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana.

4- ¿Quién convoca las protestas?

Hay una diversidad de actores que se encuentran detrás de las convocatorias de los diversos actos de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo. Los siguientes son los más importantes.

  • Tsunami Democràtic

Esta plataforma surgió durante el verano y aún no se sabe quién está detrás de ella, aunque ha trascendido que algunos de sus integrantes ya participaron en la preparación del referéndum declarado inconstitucional del 1 de octubre de 2017. No tienen cara visible, pero desde principios de septiembre han estado llevando a cabo acciones con el fin de preparar el terreno para cuando se conociera el veredicto.

Aunque su convocatoria más importante ha sido la del colapso del aeropuerto de Barcelona del pasado lunes, anuncian continuamente futuros actos que aún no han concretado.

  • Asamblea Nacional de Cataluña (ANC)

Se trata de una organización nacida en 2012 con la finalidad de conseguir la independencia de Cataluña. Su expresidente es Jordi Sánchez, uno de los políticos que han sido sentenciados en el juicio del 'procés'.

Ha estado detrás de grandes movilizaciones, como las de la Diada, la festividad oficial de Cataluña, que desde hace más de un lustro se ha convertido en un gran acto independentista.

  • Òmnium Cultural

Es una organización de la sociedad civil con más de cinco décadas de existencia. Su presidente, Jordi Cuixart, también es otro de los condenados por el Supremo. Al igual que ANC persigue la independencia de la región y ha coordinado sus esfuerzos para la preparación de las últimas Diadas.

  • Comités de Defensa de la República

Los CDR nacieron para defender el referéndum del 1 de octubre, pero tras su celebración y posterior declaración de inconstitucionalidad continuaron con sus actividades enfocadas en la consecución de la independencia y en la denuncia de la represión.

A diferencia de Tsunami Democràtic actúan de manera descentralizada en multitud de cédulas distribuidas por el territorio catalán y han sido vinculadas con actos de sabotaje y vandálicos. Hace apenas unas semanas nueve de sus integrantes fueron detenidos por estar en posesión de materiales con los que se podría fabricar artefactos explosivos.

5- ¿Hay más actores importantes?

  • Fuera de España

Además de los líderes condenados y los políticos catalanes en activo, el actor más importante es Carles Puigdemont.

Después de la organización del referéndum y de la declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica para escapar de la acción de la Justicia española, al igual que otros miembros de su Gobierno. Desde allí trata de internacionalizar el conflicto catalán y de recabar apoyos políticos del exterior.

En España se encuentra en busca y captura y su situación jurídica sería similar a la del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que ha sido condenado a 13 años de cárcel, recibiendo la sentencia más dura de todas. Sin embargo, en los países europeos ya ha logrado sortear varias euroórdenes cursadas por la Justicia española, pues las autoridades judiciales de Alemania y Bélgica solo se avenían a entregarle por el delito de malversación de fondos, no por los de rebelión o sedición.

  • En España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pareció tener una postura más flexible con respecto a sus relaciones con las instituciones catalanas, aunque desde que está al frente del Ejecutivo no ha tenido acercamientos con la Generalitat. Tras conocer la sentencia ha asegurado que no habrá indultos para los líderes condenados y ha advertido que podría intervenir la autonomía catalana si se dieras las circunstancias.

Los partidos de la derecha, Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, son partidarios de utilizar más mano dura con los independentistas. El abanderado del 155 es Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no en vano su formación nació en Cataluña –antes de dar el salto a nivel nacional– y ha basado su discurso político en la oposición al independentismo.

Unidas Podemos es el único grupo parlamentario nacional partidario de buscar una solución política al conflicto y abandonar la senda judicial.

  • En Cataluña

El presidente catalán, Quim Torra, ha defendido siempre la actuación de su predecesor en el cargo. De hecho, en el pleno de urgencia celebrado el jueves por la mañana ha anunciado que entre sus planes se encuentra la celebración de un nuevo referéndum esta misma legislatura, lo antes posible.

El hemiciclo catalán se encuentra dividido entre los autodenominados constitucionalistas (socialistas, populares y Ciudadanos) e independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Candidatura d'Unitat Popular), con los Comunes haciendo de bisagra entre ambas posiciones. Aunque los soberanistas tienen en la actualidad mayoría absoluta, se encuentran en un equilibrio que podría decantar la balanza hacia el lado contrario con cualquier pequeño cambio en la correlación de fuerzas en futuras elecciones.

6- ¿Cómo se originó el conflicto?

El conflicto se remonta a 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía que había sido aprobado primero en el Parlamento catalán, después en las Cortes Generales de España y posteriormente había sido refrendado por la ciudadanía catalana en referéndum.

A pesar de la amplia legitimidad obtenida y de haberse cursado por los cauces legales, el Partido Popular interpuso un recurso ante en Tribunal Constitucional que fue en parte estimado.

Desde entonces el movimiento independentista comenzó a aumentar sus adeptos, que rechazaban el fallo judicial y denunciaban que su autonomía era recortada. Así, a partir de 2011 se comenzó a conmemorar la Diada de una manera masiva y con un claro corte independentista.

Los apoyos soberanistas fueron aumentando paulatinamente y en 2014 el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó una primera consulta, en ese caso no vinculante. Las vías de diálogo con el Gobierno de Rajoy (2011-2018) fueron inexistentes y, finalmente, los partidos independentistas convocaron el referéndum de 2017.

Publicado: 18 oct 2019 07:23 GMT | Última actualización: 18 oct 2019 09:34 GMT

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones

La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad en los últimos cuatro meses.

Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según ha dicho Lam, quien ha añadido que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".

"Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", ha dicho Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia". Defiende que tomar la decisión de aprobar este tipo de legislación "no ha sido fácil, pero necesario" y aclara que se trata de una legislación subsidiaria que se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para que los legisladores puedan modificarla, pero ya después de haber sido implementada.

Asimismo, Teresa Cheng, Secretaria de Justicia, indica en la comparecencia del Ejecutivo ante la prensa que la legislación "no socavará las libertades de las personas, que pueden asistir a reuniones, siempre y cuando no utilicen máscaras".
La ley contempla sentencias de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (3.188 dólares), especifica el Secretario de Seguridad del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu.

Para Lee, "la medida ayudará a los agentes de la Policía recolectar información", dado que "en los últimos cuatro meses la mayoría de la gente que ha participado en incidentes violentos usaba máscaras para ocultar su identidad con el objetivo de lanzar cócteles molotov y causar daños a edificios públicos".

Sin embargo, la prohibición puede avivar aún más las protestas en la ciudad financiera, ya que cientos de personas ya se han echado este viernes a las calles del distrito financiero de Central para protestar contra esta ley coreando eslóganes como "Hong Kong, resiste".

Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante casi cuatro meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.


No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.

04/10/2019 - 11:03h

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 Una manifestante, durante su arresto, este domingo en Hong Kong. En vídeo, crónica de las protestas. GETTY IMAGES | ATLAS

Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles, en la mayor manifestación desde hacía un mes en Hong Kong, para protestar contra el Gobierno chino en una concentración que, a tramos, contó con incidentes de violencia. Centenares de policías salieron de las bocas de metro, de callejones, de furgonetas enviadas por la Comisaría central para detenerlos, en una operación de limpieza por todo el centro de la antigua colonia que se prolongó durante horas y que dejó claro el profundo cisma que se ha creado no solo entre manifestantes y los Gobiernos de Hong Kong y Pekín; también, entre la Policía local y los ciudadanos de a pie.

Los altercados entre ambas partes fueron los más violentos hasta la fecha en tres meses de protestas. Los dos lados han endurecido sus tácticas en vísperas de los festejos con los que China quiere celebrar por todo lo alto los 70 años de la República Popular —uno más que los que llegó a cumplir la ahora difunta Unión Soviética—. Los manifestantes están dispuestos a aguar la fiesta; la Policía y el Gobierno autónomo, a impedírselo.

Que los altercados de este domingo, el décimo séptimo de protestas en la antigua colonia británica, iban a tener una escala mucho mayor que en fines de semana previos quedó claro desde primera hora de la tarde. Ya antes de comenzar la manifestación, para la que el grupo convocante no había pedido autorización previa de la Policía, los agentes lanzaron varias rondas de gases lacrimógenos en la cabeza de la marcha, en Causeway Bay, uno de los grandes núcleos comerciales hongkoneses.

Los manifestantes también habían dejado claro que querían hacerse oír más que nunca, en la ciudad y en el exterior. El lema oficial de la marcha era “contra el totalitarismo global”; muchos jóvenes portaban distintas banderas —Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda, Estonia, Senegal— y lemas en varias lenguas. La imagen del presidente chino, Xi Jinping, se había transformado en una alfombra sobre la que los movilizados pateaban con entusiasmo; abundaban los carteles en los que las estrellas de la bandera nacional china se habían convertido en una esvástica. Todos los manifestantes ocultaban su rostro en mayor o menor manera.

Las cargas policiales comenzaron a mitad de recorrido, en lo que pareció un cambio de táctica con respecto a otras ocasiones. Grupos de jóvenes radicales habían cubierto con carteles y pintadas negocios supuestamente de propiedad prochina, roto cristales y lanzado cócteles molotov contra la boca de metro de Wan Chai, una de las más concurridas en la isla de Hong Kong. Los antidisturbios dispararon abundantes rondas de gas pimienta y balas de plástico; una hirió a una periodista indonesia.

En la cabecera de la manifestación, en torno a los edificios de Gobierno, los antidisturbios —conocidos popularmente como los raptors— utilizaban cañones de agua, más rondas de gases lacrimógenos, más balas de plástico. El gas pimienta aún seguía flotando en el ambiente minutos después de que, finalmente, cargaran contra los manifestantes y detuvieran a decenas de ellos. La escena se repitió en diversos puntos de la ciudad, mientras el público increpaba ruidosamente a los agentes y estos —devolviendo a veces los insultos— trataban a su vez de impedir el trabajo de los periodistas, intentando deslumbrarles con luces o —en alguna ocasión— lanzando gas lacrimógeno en lo que pareció un gesto intencionado.

“Mira en lo que se han convertido”, sollozaba Sophia, una joven menuda. “Mi abuelo, mi abuela, son partidarios de China. Puedo entenderlo. Ellos me dan sus argumentos e intentan razonar. Esta Policía no solo es que defienda a China. No razona, nos ataca, nos insulta, han perdido por completo su ética profesional”.

Una investigación sobre la violencia policial es una de las demandas principales de los manifestantes, que reclaman también sufragio universal, la puesta en libertad de los detenidos en las protestas y que se retire la descripción de “disturbios” a las manifestaciones. Hasta ahora, la única reivindicación que se ha visto cumplida ha sido la retirada del proyecto de ley de extradición cuyo trámite desencadenó las movilizaciones el pasado 9 de enero.

A lo largo de las avenidas del centro de Hong Kong, la Policía seguía avanzando para retirar las barricadas, algunas incendiadas, que los manifestantes habían dejado en su retirada. Tras ellos, centenares de ciudadanos les seguían increpando.

 Hong Kong 30 SEP 2019 - 00:21 COT

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Domingo, 22 Septiembre 2019 05:36

Volvieron los chalecos amarillos 

La policía reprime  en la protesta de los chalecos amarillos en Bordeaux.  Imagen: AFP

La convocatoria coincidió con las movilizaciones de sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. El saldo: represión, gases lacrimógenos y 160 detenidos.

Los chalecos amarillos volvieron a salir a las calles en París, en una jornada de protesta en la capital francesa. Ese mismo día también convocaron sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. Esto encendió la alarma del gobierno francés que desplegó un mega operativo con 7.500 policías en las calles. Los agentes no dudaron en reprimir las movilizaciones que tuvieron un saldo aproximado de 160 detenidos.

Los chalecos amarillos intentan volver a tomar fuerza en la que fue su 45ª jornada de protestas. Se concentraron en varios puntos de la capital francesa, como en la plaza de la Madeleine, para manifestarse contra las políticas del presidente francés La jornada no había sido autorizada por el gobierno, pero sus integrantes la mantuvieron y acabaron siendo dispersados con gases lacrimógenos en distintos puntos de la ciudad. 

El colectivo indicó en su cuenta en las redes sociales "Le nombre jaune" (El número amarillo), creada para ofrecer sus propias cifras, que la participación se elevó a un mínimo de 91.430 personas. También formaron parte de la jornada los denominados “black blocs”, grupos de personas que visten completamente de negro y apoyaron a los “chalecos amarillos”. En medio de un gran dispositivo de seguridad que blindó la capital francesa, los agentes también reprimieron a los manifestantes que se dirigían hacia la avenida de los Campos Elíseos. El operativo policial comenzó el viernes por la tarde, cuando acordonaron barrios enteros del centro de la capital. Durante toda la jornada policías de uniforme y de civil cachearon a los asistentes.

Las movilizaciones de los chalecos amarillos comenzaron en noviembre del año pasado en oposición a la suba de los impuestos al gasoil. En diciembre alcanzaron su punto más álgido con las protestas contra la represión que sufrieron en movilizaciones anteriores. La presión ejercida por este grupo obligó al presidente Macron a anunciar un paquete de medidas económicas para mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora. Sin embargo muchos de sus miembros las consideraron insuficientes y reanudaron la toma de las calles. El movimiento se extendió, aunque en menor medida, a países como Bélgica, Holanda, Alemania y España.

Esta movilización coincidió con otras dos. Por un lado el Frente Obrero llamó a salir a las calles contra la reforma del sistema jubilatorio que promueve el ejecutivo francés. También convocaron a una marcha grupos defensores del medio ambiente, un día después de la histórica “huelga mundial por el clima", que en Francia no resultó muy importante (en torno a 10.000 personas en París). En otras partes de Francia también se organizaron este sábado manifestaciones por la "urgencia climática y social". En Lyon (centro-este), unas 5.000 personas se congregaron por la mañana en el centro de la ciudad, según la prefectura. "Stop al ecocidio", se leía en la pancartas. Ante los enfrentamientos con la policía paricina, las oenegés Grenpeace y Youth For Climate, que convocaron, instaron a los manifestantes a abandonar la marcha.

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Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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