Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en una nueva jornada de represión a las protestas. Además, otras 30 personas fueron heridas por policías y soldados durante una manifestación de trabajadores portuarios en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Al menos unos 500 agentes de seguridad participaron en el operativo en las cercanías de Yadanabon, un astillero estatal. Balas de goma, munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes recibió el movimiento de desobediencia civil que exige la restitución del gobierno de presidenta y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. Una de las personas asesinadas es un menor de edad a quien le dispararon en la cabeza, según indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios, citado por AFP. "La mitad de los heridos recibió disparos con munición real", agregó el socorrista. La segunda víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de llegar al hospital. Los testigos afirmaron que la policía también reprimió con proyectiles metálicos fabricados con tornillos y lanzados con tirachinas. "Es como una zona de guerra", dijeron.

Hace tres noches las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores ferroviarios en Mandalay por haber adherido al movimiento de resistencia contra la Junta y el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, antigua Birmania. Otra nueva ola de represión llegó poco después de que los ciudadanos salieran a las calles para rendir tributo a Mya Thwet Thwet Khine. La joven de 20 años murió ayer luego de permanecer en estado crítico después de haber sido baleada el pasado nueve de febrero, unos días antes de su último cumpleaños.

La familia de Mya Thwet Thwet Khine anunció su muerte, la primera confirmada desde el golpe de Estado que puso en el poder al general Min Aung Hlaing. En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, unas mil personas se reunieron para recordar a la primera víctima del gobierno militar.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad continuaron ampliando medidas restrictivas. Anoche el país volvió a tener un apagón de Internet, lo mismo ocurrió en las últimas seis noches. Si bien la conexión fue restaurada a la mañana siguiente, las autoridades bloquearon Wikipedia, la plataforma de información libre y colaborativa. El gobierno ya había restringido el acceso a Facebook, desde donde la ciudadanía convocaba a las manifestaciones.

De acuerdo con datos de una ONG de asistencia a presos políticos, cerca de 550 personas han sido detenidas en menos de tres semanas. Entre ellos funcionarios huelguistas, monjes, responsables políticos y activistas. Sólo unas 40 personas han sido puestas en libertad.

Desde el departamento de Estado de EEUU condenaron "la violencia contra el pueblo de Birmania" luego de la muerte de Mya Thwet Thwet Khine. Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes para analizar medidas contra el Ejército birmano."Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles", afirmó Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE.

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Sábado, 06 Febrero 2021 05:09

Inútil sacrificio

Inútil sacrificio

Al desoír las advertencias, el líder opositor Aleksei Navalny, adversario irreconciliable del presidente Vladimir Putin, con su regreso a Rusia hizo un sacrificio inútil a partir de dos errores: suponer que no podían encarcelarlo, ya que la fiscalía durante seis años no solicitó prisión efectiva hasta dos días antes de que concluyera la condena a libertad condicional, y creer que, de ocurrir ese escenario, su preparado contragolpe –el video sobre el presunto palacio de Putin en el mar Negro– sacaría a la calle a millones de indignados y que las bien remuneradas fuerzas del orden le darían la espalda al Kremlin.

La represión sofocó la protesta, sin precedentes ambas, pero sin inclinar la balanza hacia los que se atrevieron a expresar su opinión pese a los riesgos: 10 mil detenidos en tan sólo dos manifestaciones. El Kremlin quedó con imagen abollada y Navalny con la sensación de que su valiente gesto de volver a su país no provocó la caída del régimen y de que no podrá recobrar pronto la libertad.

Una vez condenado a dos años y ocho meses de prisión, es de suponer que la siguiente instancia no va a satisfacer el recurso de apelación y, en consecuencia, Navalny será trasladado a una lejana colonia penitenciaria, como se denomina aquí una suerte de territorio cerrado para prisioneros donde los condenados son obligados a trabajar y duermen no en celdas, sino en barracones para decenas de personas. Ahí, sin acceso a Internet, estará aislado y no podrá influir en ninguna acción política.

Mientras tanto, la maquinaria del Estado seguirá fabricando causas contra Navalny. Ayer mismo comenzó el juicio por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que exhortó, en un anuncio de tv, a votar por la nueva Constitución, junto con una veintena de famosos y desconocidos.

Navalny, en Twitter y Telegram, los llamó "lacayos vendidos" y "traidores". Nadie se quejó, pero no faltó quien lo demandara por ofender al anciano que no sabe qué es Internet. Dentro de una semana continuará el juicio, que puede terminar con una elevada multa o incluso hasta dos años más de cárcel. Habrá otros procesos y Navalny no sería el primero en convertirse en moneda de cambio para, tras unos años de castigo ejemplar, expulsarlo del país y obtener alguna concesión en beneficio de la élite gobernante.

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Manifestantes rusos encaran a elementos de la policía antidisturbios en el segundo fin de semana de protestas para exigir la liberación del líder opositor Aleksei Navalny. Durante al menos seis horas los inconformes fueron un dolor de cabeza para la autoridad.Foto Ap

Moscú. Ni las numerosas detenciones previas ni el desmesurado despliegue policial impidieron que ayer decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar en al menos 85 ciudades de Rusia sin temor a exponerse a la brutal represión que suele ser habitual en cualquier manifestación no autorizada y que en esta ocasión se saldó con un nuevo récord de detenidos, al menos 5 mil 135, en una primera estimación con datos que llegan de todo el país.

Tan sólo en Moscú la ONG OVD-info reportó mil 653 detenidos a las 23:45 (hora local), de ellos 82 periodistas que cubrían las marchas de inconformes con la política del Kremlin, la mayoría estudiantes universitarios, conscientes de que podían sufrir detenciones al azar, golpizas, multas elevadas e incluso condenas a varios años de prisión.

Las protestas, por segunda semana consecutiva, dejaron de ser un fenómeno exclusivo de la capital de Rusia y las muestras de rechazo al presidente Vladimir Putin comienzan a cobrar fuerza en el interior del país, en unos lugares más que en otros.

Para el Kremlin las manifestaciones que piden la libertad del líder opositor Aleksei Navalny –quien se encuentra en prisión preventiva desde el mismo día de su regreso de Berlín, el 17 de enero, y en espera de un juicio, mañana, que puede condenarlo a años de cárcel–, son impulsadas desde el exterior, en particular por Estados Unidos al que atribuye una "grosera injerencia" en sus asuntos internos, al tiempo que justifica el uso desproporcionado de la fuerza por ser protestas ilegales, al no contar con el permiso de las autoridades debido a la "situación epidemiológica", razón por la cual hace días condenaron a arresto domiciliario a los principales colaboradores de Navalny.

Difícil saber si las protestas de ayer se pueden equiparar en número a las del sábado anterior, pero –a juzgar por lo que pasó en Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, las ciudades más pobladas del país– es obvio que durante al menos seis horas los manifestantes no pudieron ser frenados y pusieron de cabeza a la policía, unidades antidisturbios y guardia nacional, que desde temprana hora bloquearon por completo el centro de estas urbes, cerraron decenas de estaciones del Metro, modificaron las rutas del transporte público de superficie, instalaron vallas en las calles y estacionaron decenas de camiones para trasladar a los eventuales detenidos.

En Moscú –con una sorprendente organización horizontal sin líderes visibles, mediante breves mensajes en redes sociales que trató de silenciar la policía–, las columnas de protestantes no buscaron concentrarse en un solo sitio, sino que se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas del orden al separarse en numerosos grupos para avanzar por otras zonas de la capital y más adelante volverse a juntar, y así varias veces, provocando el desplazamiento frenético de un lugar a otro de los uniformados.

Rompen cerco policiaco

Varios centenares de manifestantes lograron romper el cerco policial y se aproximaron a la prisión de Matrosskaya Tishina, donde está recluido Navalny, para lanzar consignas en su apoyo.

A convocatoria de los colaboradores de Navalny que están en la clandestinidad o lograron refugiarse en otro país, como Iván Zhdanov y Leonid Volkov, mañana mucha gente tratará de acercarse a la corte que juzgará al opositor para exigir su libertad.

Las actuales protestas obedecen también a la indignación que causó en muchos rusos, jóvenes sobre todo, el supuesto palacio que atribuye Navalny a Putin, un video disponible en YouTube que a la fecha está por llegar a 106 millones de vistas.

Los desmentidos del Kremlin no han sido convincentes y el más reciente intento parece más bien la enésima confirmación de que a veces es peor el remedio que la enfermedad: el magnate de la construcción y banquero Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia de Putin desde que ambos se aficionaron al yudo, dijo el sábado anterior ser el dueño del polémico palacio.

Rotenberg concedió sólo una breve entrevista a un medio electrónico que cuenta con el beneplácito del Kremlin y se limitó a afirmar que el palacio es suyo y que no hay nada de ilegal en eso, sin mostrar ningún documento que lo demuestre ni precisar cuándo lo compró, cuánto le costó, quién se lo vendió, qué relación tiene él con las empresas en paraísos fiscales que figuran como propietarias, por qué varias empresas del sector público financiaron su construcción o cómo es que otros potentados y amigos de Putin hicieron generosas donaciones.

Tampoco aclaró Rotenberg quién autorizó que el presunto hotel que ahora quiere construir ahí tenga helipuerto y viñedos propios, cómo es que la vigilancia de la propiedad de un particular corre a cargo de los servicios secretos que protegen a los más altos funcionarios o por qué está prohibido acceder por tierra, mar y aire, entre muchas otras preguntas que no consideró necesario hacerle el periodista.

Por uan Pablo Duch

Corresponsal

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Decenas de miles de rusos salen a la calle por la libertad de Navalni.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía y hubo 1.294 detenidos

 

Las autoridades rusas detuvieron durante las protestas de este sábado en apoyo al líder opositor Alexéi Navalni a 3.296 personas en 122 ciudades de Rusia, informó hoy el portal OVD-info.

En las anteriores protestas anticorrupción convocadas por Navalni el 12 de junio de 2017 fueron arrestadas 1.769 personas en más de 150 ciudades rusas, recordó el portal Meduza.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía, hubo 1.294 detenidos y en San Petersburgo 489.

Las protestas fueron convocadas por el equipo de Navalni para exigir su libertad y la dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder opositor se encuentra en estos momentos encarcelado a la espera de juicio, por haber presuntamente violado las condiciones de su pena suspendida dictada en 2014, que podría convertirse en una pena de cárcel real de 3,5 años.

A diferencia de protestas anteriores, que apenas trascendían de las dos principales ciudades rusas, las manifestaciones se registraron por todo el país, siendo las más activas Novosibirsk, Voronezh, Nizhni Nóvgorod, Kazan y Jabárovsk.

El equipo de Navalni calificó estas manifestaciones como las "mayores de la historia rusa contemporánea". "Fue una protesta a escala de todo el país. Le mostramos a Putin nuestra fuerza", afirmaron los seguidores del opositor, al convocar a nuevas manifestaciones para el próximo fin de semana.

Según los opositores, la jornada del sábado significó "una victoria del valor y el espíritu sobre el terrorismo de estado".

El equipo de Navalni llamó a sus seguidores a no dejarse amedrentar por "los propagandistas" del Estado y prometió reembolsar las multas impuestas por las autoridades. 

EFE
Moscú

24/01/2021 09:30

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Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio operativo de rescate humanitario con miles de elementos del orden del INM, organizados, equipados y entrenados para auxiliar en la frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana. Foto Afp / Fabiola Martínez, Agencias y Redacción

Camotán. Unos 9 mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala, en camino a México, el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.

Pese a que un decreto facultaba a la policía utilizar la fuerza para contener el avance del viernes, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial a la agencia de noticias Afp.

Un último grupo cruzó ayer la frontera ordenadamente y sin resistencia, y al igual que el resto pasó por alto el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19. Tomas de video compartidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)mostraban a gente que vitoreaba al ingresar mientras agentes fronterizos los veían e intentaban impedir que bloquearan el tránsito.

La dependencia, citada por la agencia de noticias Reuters, indicó que al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus.

"Es imposible que continúen su ruta. Las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidas allá adelante", dijo el director del IGM, Guillermo Díaz, a cientos de migrantes agrupados a orillas de una carretera en Vado Hondo, también en Chiquimula.

"Los invitamos a regresar, por favor. Tenemos camiones, buses para que retornen a su lugar de origen. Tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Umán (en la frontera con México)", agregó Díaz, quien, a diferencia de varios de los migrantes, sí usaba cubrebocas.

El gobierno de Guatemala lamentó la "transgresión" de su soberanía nacional. "Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales".

En un comunicado, pidió a Honduras "contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente", un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de 4 mil migrantes fue disuelta en Guatemala.

La caravana se adentró en territorio guatemalteco, llegando hasta Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Algunos grupos fueron en busca de instituciones de respaldo al migrante, y otros recibieron apoyo de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear "fuera JOH", iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

La mayoría partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. En su trayecto aún se toparán con varios controles policiales dentro de Guatemala antes de llegar a la frontera con México.

Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota, en noviembre pasado, y la falta de empleo causada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.


A punta de palos y gases frenan a seis mil migrantes en Guatemala

 

Vado Hondo. Miles de migrantes que ingresaron a pie a Guatemala en su viaje desde Honduras rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia fueron frenados ayer por la policía, que lanzó gas lacrimógeno, y militares que aporrearon a quienes insistían en avanzar.

Al cierre de esta edición, los migrantes estaban cercados en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, frontera con Honduras. Según cifras oficiales, hasta este lugar llegaron al menos 6 mil de las 9 mil personas que se estima ingresaron a Guatemala.

Tras cruzar por la fuerza el punto fronterizo Florido, miles de migrantes empezaron a concentrarse por la tarde del sábado en un retén militar en Vado Hondo, donde primero les pidieron documentos y una prueba negativa a Covid-19 en medio de forcejeos, que en la noche escalaron a choques.

Por lo pronto, al menos 21 de los migrantes de la caravana dieron positivo a la prueba de Covid-19, y ya fueron trasladados a los centros de bienestar respiratorio cercanos, indicó anoche el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en su portal Prensa Libre.

El cruce hacia Vado Hondo, en el kilómetro 177 de la carretera al Atlántico, se llenó de migrantes hondureños que se toparon con un cordón del ejército.

Dos grupos que suman en total unos 6 mil migrantes y que pernoctaron en la zona, se unieron ayer temprano para tratar de atravesar la barricada de más de 3 mil policías y soldados, pero fueron repelidos, informó la autoridad migratoria guatemalteca.

"Esto es demasiado (la actitud de la policía). Venimos de forma humilde. No estamos haciendo mal a nadie", señaló a Afp la hondureña Marisol Domínguez, de 35 años. La mujer viaja con su esposo huyendo de la crítica situación económica en su país, agravada por el paso desastroso de los huracanes Iota y Eta, en noviembre.

Desde la noche del sábado los migrantes están varados a la intemperie en este punto estratégico a menos de 50 kilómetros de la frontera, pues es difícil continuar por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

A lo largo de la jornada algunas mujeres rezaron en voz alta frente al muro militar que los frenó, implorando ayuda divina para continuar la travesía, mientras por momentos los ánimos se caldearon y los migrantes parecían prepararse para nuevos intentos de pasar.

Imágenes de video compartidas por el gobierno de Guatemala mostraron a cientos de migrantes, muchos sin cubrebocas, presionando contra un muro de las fuerzas de seguridad, que usaban palos para repeler la oleada de personas. Muchos resultaron heridos, pero al cierre de esta edición no había cifras.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y utilizaron una granada aturdidora para dispersar a la multitud, confirmó un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters.

La orden de los uniformados fue evitar el paso ante el riesgo de contagios de Covid-19, de acuerdo con lo que dispuso el presidente Alejandro Giammattei al autorizar el uso de la fuerza para contener el éxodo.

"No somos delincuentes. No entiendo por qué nos están tratando mal", lamentó Carlos, de 26 años, originario de San Antonio de Cortés y quien viaja con su esposa y dos pequeñas hijas.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, en el departamento de Cortés, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras"; comentó que los campos de plátano se perdieron con los huracanes.

La caravana arrancó el viernes pasado, a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Entre viernes y sábado Guatemala envió de regreso a mil 383 migrantes, entre ellos 192 niños, que ingresaron desde Honduras, dio a conocer la autoridad migratoria.

Aunque algunos migrantes dijeron estar alentados por una posible flexibilización de las políticas migratorias bajo una nueva administración en Estados Unidos, la dura respuesta sugiere que Biden podría beneficiarse de las medidas de línea dura del presidente republicano saliente Donald Trump.

"Lo que había dicho el presidente nuevo, Joe Biden, era que pasáramos todas las caravanas. Entonces, no me explico por qué está pasando esto, por qué los guatemaltecos se ponen a favor de los estadunidenses y los mexicanos", sostuvo el hondureño Joaquín Ortiz.

El director general de Migración guatemalteca, Guillermo Díaz, afirmó que los migrantes no pasarán. Quien quiera hacerlo debe mostrar los documentos pertinentes y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Advirtió que, tras los incidentes en Vado Hondo, detectaron que marchan “infiltrados, elementos de maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado”.

Un funcionario del equipo de transición de Biden aconsejó a los migrantes no dirigirse a Estados Unidos. "Superar los desafíos creados por las políticas caóticas y crueles de los últimos cuatro años, y los presentados por Covid-19, llevará tiempo", admitió el funcionario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, y agregó: "el viaje a Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente peligroso".

Condenan uso de la fuerza

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, condenó la represión en la que varios migrantes resultaron heridos y consideró “deplorable el brutal uso de la fuerza.

"La migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna", reclamó Rodas, y apremió a las instituciones guatemaltecas a "respetar" la integridad de todos los migrantes.

La PDH llamó a las autoridades de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, así como la seguridad de los menores de edad que integran la caravana, en especial los que viajan sin compañía de un adulto.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, anunció el pasado jueves la activación de un protocolo de seguridad para la protección de los migrantes irregulares de la nueva caravana, tuiteó la institución. En el mismo sentido se expresó Ricardo López, coordinador de la Defensoría Nacional de Personas Migrantes en Honduras.

Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 kilómetros por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (en la zona suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

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Julian Assange, frente a la embajada de Ecuador en febrero de 2016.

El próximo 4 de enero la justicia británica decidirá sobre su extradición en un caso cuyas consecuencias pueden ir mucho más allá del destino particular del fundador de Wikileaks

 

¿Es Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un periodista? Algunos profesionales creen que sí: es un tipo que intenta conseguir información y la distribuye. Otros creen que no: los periodistas no deberían publicar información sin contrastarla y analizarla previamente y deben dar siempre la opción de defenderse a las personas aludidas, algo que Assange nunca ha hecho. El debate está servido desde hace una década, pero lo que le ocurra a este programador informático el próximo 4 de enero, cuando se decidirá su extradición a Estados Unidos, podría tener consecuencias en el ejercicio de la libertad de prensa en el futuro. 

Esta es la tesis que defiende el documental The War on Journalism: The Case of Julian Assange, estrenado este martes en Barcelona en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos con la presencia del padre de Assange y del relator de la ONU sobre torturas Nils Melzer. El certamen contará con más de 110 películas entre las que se encuentran trabajos de Ai Weiwei o del iraní Jafar Panahi, cuya película 3 Faces ganó el galardón de mejor guion en el Festival de Cannes. 

En 2010, Wikileaks obtuvo la mayor filtración de documentos secretos militares y diplomáticos de la historia. Las revelaciones permitieron demostrar todo tipo de crímenes de guerra llevados a cabo por Estados Unidos. Desde las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib hasta el asesinato en Bagdad de 11 civiles -entre ellos, dos reporteros de la agencia Reuters- por parte de militares estadounidenses que dispararon desde dos helicópteros. "No necesitas ser ningún especialista para ver que eso fueron crímenes de guerra", señala en el documental Nils Melzer, el relator de la ONU.

Ninguno de los autores de estos presuntos crímenes de guerra ha sido juzgado ni condenado. En cambio Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del Ejército estadounidense y la filtradora de todos los documentos a Assange, pasó varios años en la cárcel hasta que Barack Obama la indultó en 2017 poco antes de abandonar la Casa Blanca. Había sido condenada a 35 años entre rejas.

En el caso de ser extraditado, Assange (Townsville, Australia, 1971) se enfrentará a penas de 175 años de cárcel por 17 acusaciones bajo la ley de espionaje de Estados Unidos. La norma, aprobada en 1917 durante la primera guerra mundial, ha sido objeto de polémica e impugnada varias veces en los tribunales a lo largo del último siglo. No es la primera vez que el Gobierno estadounidense la intenta utilizar contra informaciones incómodas y uno de los ejemplos más ilustres fue el de los llamados papeles del Pentágono, publicados en 1971 por The New York Times en primer lugar y después por The Washington Post.

A Assange se le acusa de solicitar y recibir información clasificada, una práctica que supone la rutina para no pocos periodistas. "¡Pero si es lo que hago yo para ganarme la vida!", exclama en el documental Barton Gellman, periodista de investigación de la revista The Atlantic y ganador de un premio Pulitzer. 

Precisamente el debate que lleva una década instalado entre muchos periodistas -¿Es el fundador de Wikileaks uno de los nuestros?- es el mismo que se dirimirá si Assange es extraditado. En el caso de que fuese condenado por espionaje, algunos de los periodistas más prestigiosos del mundo consideran que podría ser la antesala de otras condenas a reporteros que publican material sensible.

La difícil relación de Assange con los medios

Cuando Wikileaks obtuvo los documentos confidenciales, Assange decidió trabajar con medios de distintos países para publicar el material que le había conseguido Manning. Acudió primero a The Guardian, que propuso compartir la filtración con The New York Times y Der Spiegel ante el gran volumen de información que debía manejarse. Para una posterior filtración Assange contó también con Le Monde y El País. La abogada del programador informático recuerda que, si al australiano se le procesa por recibir y publicar información clasificada, también estos medios deberían ser juzgados por los mismos hechos. "Recibir y publicar información no te convierte en un espía", opina la letrada en el documental.

Assange, sin embargo, no trabajaba igual que un periodista. Tanto The New York Times como The Guardian, los medios que más lo trataron, acabaron teniendo muy mala relación con el fundador de Wikileaks. Assange les reprochaba que dejaran buena parte de la información sin publicar para no poner vidas o operaciones de inteligencia en peligro. También le enfadaba que no quisieran enlazar sus informaciones a la web de Wikileaks, donde todos los documentos se publicaban prácticamente de manera íntegra.

Los medios, por su parte, acabaron hartos del afán de notoriedad de Assange así como de su difícil carácter. Normalmente una fuente de este tipo pide discreción, pero él buscaba protagonismo. Bill Keller, en ese momento director del Times, lo definió como "elusivo, arrogante, manipulador y volátil" en un largo artículo en el que describió la relación del periódico con él.

A pesar de las diferencias con Assange y de sus reservas a definirlo como un periodista, tanto Keller como Alan Rusbridger, otrora director de The Guardian, creen que juzgarle por espionaje en EE.UU. puede tener consecuencias nefastas para la libertad de prensa en todo el mundo. "Me sorprende que tanta gente no vea que este caso tiene implicaciones preocupantes para todos los periodistas", señaló Rusbridger el pasado agosto.

El documental también apunta a las pocas posibilidades de que Assange tenga un juicio justo tanto en la decisión de extraditarlo, que se tomará en el Reino Unido, como si acaba siendo trasladado a EE.UU. Según el film, la jueza británica que decidirá sobre su extradición tiene un cónyuge y un hijo con intereses en empresas de ciber inteligencia. Sobre el juicio en EE.UU, el tribunal donde se juzgará su caso se conoce como el "tribunal del espionaje" porque las personas que formarán el jurado o sus familiares tienen muchos números de estar relacionadas con agencias de seguridad estadounidenses. 

En pocos kilómetros a la redonda de donde se le juzgará están la sede de la CIA, la del FBI, la del Pentágono y la del Departamento de Seguridad estadounidense en un distrito en el que también se han asentado un gran número de empresas de seguridad que son contratistas de las mencionadas agencias gubernamentales. Uno de los asesores más prestigiosos del país a la hora de elegir a miembros del jurado rechazó formar parte de la defensa de Assange cuando se enteró del distrito en el que se celebraría el juicio. "No tienes nada que hacer", le dijo este especialista, que participó en juicios tan mediáticos como el de O.J Simpson entre 1994 y 1995.

La conexión española con la CIA

El documental también aborda la conexión española con el caso Assange, fruto de la participación de una compañía de Jerez en el espionaje al fundador de Wikileaks cuando estaba recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo encerrado durante casi ocho años tras pedir asilo al país sudamericano.

Esta empresa española, llamada U.C Global, fue contratada en un principio por la propia embajada para velar por la seguridad de Assange. La compañía, no obstante, fue presuntamente captada por la CIA para obtener información sobre las actividades del australiano dentro de la embajada. Así lo aseguraron tres extrabajadores de la empresa ante la Audiencia Nacional en calidad de testigos protegidos.

Según el documental, el director de esta empresa, David Morales, viajó en 2016 a una feria de seguridad en Las Vegas. Fue allí donde presuntamente conectó con la CIA y empezó a colaborar con la inteligencia estadounidense. Empleados de U.C Global sustituyeron entonces todas las cámaras de la embajada de Ecuador por equipos que también registraban el audio. Incluso se pusieron grabadoras dentro del lavabo, donde Assange celebraba reuniones ante las sospechas de que le espiaban. La intrusión llegó incluso hasta los encuentros de Assange con sus abogados en los que preparaba su defensa. 

"Soy un mercenario y voy a pecho descubierto", aseguró Morales a uno de los trabajadores de su empresa, que acabó denunciando los hechos cuando vio que el espionaje también alcanzaba a la mujer de Assange y a su hijo. Morales niega que trabajara para la CIA y asegura que fue el Gobierno de Ecuador quien le ordenó espiar al programador informático. Afirmó el pasado febrero ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que la persona que le hizo el encargo fue el exembajador ecuatoriano Carlos Abad. Casualmente Abad había fallecido unos meses antes.

Según el documental, que se basa en las declaraciones de los extrabajadores ante el juez, quien conectó a Morales con la CIA fue otro viejo conocido de los medios españoles. El hombre que presuntamente hizo de intermediario fue Sheldon Adelson, el gran magnate del juego que en lo más profundo de la crisis aterrizó en España con un faraónico proyecto de casinos, llamado Eurovegas, que supuestamente iba a generar 250.000 puestos de trabajo. Catalunya y la Comunidad de Madrid se pelearon por esa inversión, que finalmente quedó en una mera declaración de intenciones.

Por Pol Pareja

1 de diciembre de 2020 22:41h

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Tijanóvskaya. La voz de la oposición. Foto: Sipa vía AP Images

Desde mayo pasado, cuando arrestaron a su esposo, Svetlana Tijanóvskaya saltó a la palestra política para defender las libertades en Bielorrusia. En agosto incluso fue la candidata electoral de la oposición unificada que enfrentó al gobierno de Aleksandr Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder y se niega a dejarlo pese al veredicto de las urnas. Hoy, desde el exilio, Svetlana habla de sus anhelos de regresar a su país a vivir con mayores libertades. Y sentencia: “Resistiremos al invierno, a la primavera, a lo que sea necesario. No pararemos”.

 

ROMA (Proceso).– "No acepto que se me diga que (nuestro movimiento) ha sido derrotado”, contesta tajante Svetlana Tijanóvskaya cuando se le señala un hecho: tres meses después de las elecciones de agosto pasado en Bielorrusia, en las que los opositores acusaron al presidente Aleksandr Lukashenko de fraude e iniciaron jornadas de protesta, él sigue inamovible y no hay avance en las negociaciones para llevar a cabo nuevos comicios.

“Son tres meses que los bielorrusos salen a la calle, protestan contra este régimen y su violencia y muestran solidaridad. Es una victoria. La forma de pensar de los bielorrusos ha cambiado para siempre; ya hemos ganado. Sólo es cuestión de tiempo”, sostiene desde el exilio la lideresa de la oposición bielorrusa unificada.

Incluso anticipa: “Resistiremos al invierno, a la primavera, a lo que sea necesario. No pararemos”.

Svetlana Tijanóvskaya (Mikashévichy, 1982) tiene 38 años y encabeza la rebelión contra Aleksander Lukashenko, el político europeo que ha estado en el poder durante 26 años y es considerado como una de las últimas reliquias soviéticas. 

Esta batalla sin final hace temblar el tablero geopolítico. Por un lado está el involucramiento de la cercana Rusia –aunque el movimiento de protesta no tiene un marcado sesgo antirruso y el sector económico y de la defensa bielorrusa están fuertemente vinculados a Moscú–; por el otro, está la escalada represiva del gobierno de Minsk y el parangón con la Venezuela de Nicolás Maduro que algunos analistas han hecho.

Hasta mayo pasado, Tijanóvskaya era una figura desconocida. Pero el arresto ese mes de su marido, el bloguero Serguéi Tijankovki –un opositor bielorruso muy activo–, dio un vuelco a su vida. 

Ese hecho la convirtió en la candidata independiente en el proceso electoral que culminó en agosto, pues ella supo aunar los sectores de la oposición y en los últimos tres meses se convirtió en el rostro y voz de un movimiento dispuesto a echar del poder a Lukashenko. 

En esta lucha Tijanóvskaya ha tenido a su lado a otras dos mujeres: Maria Kolesnikova, quien hoy está en la cárcel, y Veronika Tsepkalo, quien optó por el exilió para evitar la prisión.

Desde Vilna (Lituania), donde se refugió tras denunciar el fraude electoral, Tijanóvskaya atendió a esta periodista en una videollamada que culminó con una reflexión sobre la pandemia de la covid-19 y el papel que ella ha desempeñado en este proceso de cambio en Bielorrusia, país inmerso en el estancamiento económico.

 

Nadie nos ha escuchado

 

–¿Señora Tijanóvskaya, se considera aún la presidenta electa de Bielorrusia? –se le pregunta a la opositora bielorrusa. 

–Nunca me consideré así. Algunos me llaman de esa manera pero no le doy importancia; yo misma evito ese término. Lo que es evidente es que hubo fraude en las últimas elecciones y por eso no sabemos cómo votaron los bielorrusos. 

–En efecto, la cuestión es que, tres meses después de su acusación de fraude y de la escalada represiva del gobierno, Luka­shenko sigue ahí y no ha habido avances en la petición de la oposición de una transición que lleve a unas nuevas elecciones. ¿Es una derrota? ¿Qué ha fallado? 

–Nada ha ido mal. Todo está yendo maravillosamente. ¿Ha visto lo que ha pasado y sigue ocurriendo en Bielorrusia? ¡Son tres meses que los bielorrusos salen a la calle, protestan contra este régimen y su violencia, muestran solidaridad! Es una victoria. La forma de pensar de los bielorrusos ha cambiado para siempre. No, no acepto que me diga que ha sido una derrota. Ya hemos ganado; sólo es cuestión de tiempo…

–Pero esto no ha pasado aún. Supongo que estará molesta. 

–Sí que estoy molesta. Se ha declarado presidente sin serlo (pese a que fue reconocido sólo por dos grandes potencias, Rusia y China, Lukashenko juró como presidente en septiembre). Hace como si nada hubiera pasado, como si viviera en otro mundo y nosotros no fuéramos nada. Pero si de verdad fuera un líder se daría cuenta de que los bielorrusos han cambiado y escucharía a su gente. 

“El primer mes nosotros intentamos dialogar con él. No nos respondió. Entonces intentamos buscar la ayuda de mediadores europeos para entablar un diálogo. Pero tampoco nos ha escuchado. 

–¿Cuál es su objetivo ahora? 

–Nuevas elecciones transparentes, libres y justas, con observadores internacionales y una nueva comisión electoral. Y, por supuesto, considerada la violencia sin precedente (de las fuerzas del orden bielorrusas contra los manifestantes) de estos meses, ahora también queremos que los responsables de esas atrocidades sean castigados. 

–¿Qué piensan hacer? 

–Continuar las protestas, manifestarnos hasta el final. No hay manera de que Lukashenko pueda impedirlo; no somos un movimiento que se mueve ahora con un solo líder. Hay mucha autoorganización. No hay nadie que él pueda encarcelar que nos haga colapsar. Queremos vivir con mayores libertades. 

–¿No se está enfriando ya la protesta? 

–El movimiento se está transformando. Tal vez algunos días ha habido menos gente en la calle, por el miedo que hay, pero el reto permanece. No se pueden olvidar todos los golpes, las muertes –al menos tres desde el inicio de las protestas–, los arrestos –de 800 manifestantes el domingo 8 tras una protesta para exigir la renuncia de Lukashenko– . Es duro, pero no nos rendiremos. 

–¿Cree que resistirán al invierno y a la pandemia? 

–Resistiremos al invierno, a la primavera, a lo que sea necesario. No pararemos. El gobierno (de Lukashenko) lo debería entender: la única salida es el diálogo. No queremos que nadie sufra física y económicamente. Queremos diálogo. Tan sencillo como esto: sentarse y hablar. 

–¿Hablar con quién, con Lukashenko? 

–Si hay algo que hemos entendido en estos meses es que él no se sentará en una mesa con nosotros. Por eso estamos esperando a otra persona del gobierno que asuma esta responsabilidad (de abrir una negociación con la oposición unificada), dispuesta a acabar con la violencia y a escuchar a las personas de Bielorrusia. En Luka­shenko no confiamos más. Es un hombre que se considera por encima de su gente. 

 

Nuevas señales

 

–¿Se ha establecido alguna negociación hasta ahora? 

–No. Nada. Le tienen tanto miedo que nadie se atreve. 

–Y eso que también la relación entre Lukashenko y Rusia parece de amor–odio. 

–Si hablamos del Kremlin, al principio sí vimos que le daban dinero y lo apoyaban, pero ahora no lo están apoyando abiertamente, sólo están observando y esperando a ver qué pasa. Hace unos días en los medios rusos incluso mostraron imágenes de la protesta y de la violencia contra los activistas. Nos pareció una señal.

–¿Qué cree que lo empujaría a irse?

–Mucha presión, fuera y dentro del país. La presión del mundo.

–En estos meses de exilio, usted se ha dedicado a buscar nuevos apoyos para su causa. Pidió ayuda al gobierno británico, a la canciller alemana, Angela Merkel, y a la UE (Unión Europea). ¿Se ha sentido realmente respaldada?

–Las sanciones (de la UE a funcionarios cercanos a Lukashenko) han sido un apoyo real y concreto. Estoy segura de que a la brevedad serán ampliadas. Además, la UE no ha reconocido la legitimidad de su presidencia. Entendemos que Europa no puede ponerse en nuestro lugar pero sí quisiéramos que las naciones europeas fueran más valientes y rápidas en sus respuestas.

–¿Sigue intacta la alianza entre los movimientos de la oposición que usted lidera?

–Sí. Han dicho muchas cosas de nosotros, cosas horribles: así es la propaganda… Pero seguimos unidos como nunca en nuestra determinación de lograr un cambio.

–En su protesta ha habido una participación muy activa de las mujeres.

–Porque estamos luchando juntas. No hemos estado detrás, también hemos estado físicamente delante de ellos, cuando la policía los quería golpear.

–Se vieron imágenes duras de la represión de la policía bielorrusa, pero al menos al principio también pareció que se rehusaban a lanzarse contra las mujeres. ¿Tienen simpatizantes en las fuerzas del orden? 

–¿Si tenemos simpatizantes en la policía? 

–Sí, en la policía y, más en general, en las instituciones. ¿Los tienen?

–Estoy absolutamente segura de que de las personas que forman parte de la policía y de las instituciones la mayoría también quiere un cambio y le gustaría apoyarnos, pero, como le dije, mantienen un comportamiento de sumisión, como si fueran esclavos. 

–¿Por qué Lukashenko se niega a irse? 

–No conozco sus razones. Es un hombre solo que vive con el miedo a que lo traicionen y que ahora, estoy segura de esto, siente pánico porque sabe que la gente ha cambiado mucho. 

 

Cada persona es un líder

 

–¿Sus protestas seguirán siendo pacíficas? 

–Mire, nuestra estrategia ha sido esa: mantenernos pacíficos. Y hasta ahora esto se ha mantenido. No ha habido violencias procedentes de nuestro bando. Pero no soy responsable por lo que hace cada persona en Bielorrusia. 

–¿Cuántos activistas hay encarcelados? 

–Ya durante la campaña electoral había unos 100; ahora muchos otros entran y salen. 

–Su marido es uno de ellos, sigue en prisión, ¿verdad? 

–Sí.

–¿Tiene algún contacto con él? 

–Todos tienen derecho a recibir a sus abogados, pero no a sus familias; tampoco podemos hablar con ellos por teléfono. Nuestras prisiones son inhumanas.

–¿Tienen pruebas de torturas?

–Tenemos muchas pruebas de maltratos, torturas e incluso violencias sexuales contra personas arrestadas después de las protestas de agosto. El Estado no ha abierto investigación alguna. De lo que ocurre en las prisiones sabemos menos porque los que están allí tienen mucho más miedo, no quieren hablar. Estamos recolectando documentación. Por eso es importante lo del Mecanismo de Moscú (la OSCE usó esta herramienta para publicar el 6 de noviembre un informe, rechazado por Lukashenko y Rusia, en el que se sostiene que hubo fraude en las elecciones de agosto).

–¿La pandemia ha tenido algún papel en la protesta?

–Fue uno de los motivos que ha empujado a las personas a protestar. (En los meses de la primera ola) todos vieron cómo el gobierno no ayudaba a la gente, ni a los médicos, nos decían que podíamos curarnos bebiendo vodka. Hubo una actitud muy irrespetuosa de las autoridades hacia los ciudadanos: funcionarios que se burlaron de los enfermos, médicos y enfermeros abandonados a sí mismos y completamente desprotegidos. Y, a la vez, también se organizaron colectas de dinero para costear las mascarillas y el material sanitario de los hospitales. Así, las personas entendieron que, uniéndose, pueden lograr el cambio.

–¿Tiene planes de volver a Bielorrusia? 

–Claro que sí. Amo a mi país. Quiero vivir en Bielorrusia. Quiero que mi gente viva allá. Regresaré tan pronto como me sienta segura allí. Ahora estoy bajo investigación criminal en mi país; mi marido está en prisión, y realmente no puedo permitirme volver. 

–Efectivamente, casi todos los líderes de la protesta están en el exilio o en la cárcel. 

–Pero, ¿sabe qué? Ahora cada persona es un líder. 

* Una versión reducida de esta entrevista fue publicada en el diario español El Periódico en su edición del sábado 14.

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Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sostiene que esta conducta forma parte de "un patrón constante e histórico"

 

La organización exhortó al Gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir las represiones. También señalan la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Piñera. 

A un año del estallido de las protestas sociales en Chile, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos. El presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, convocó a una comisión para reformar la fuerza de seguridad.

"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Guevara, "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia”, los actos de violencia hacia los manifestantes que salieron a las calles hace casi un año “se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".

La organización no gubernamental realizó una investigación en la que señala al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, como responsables de avalar la conducta de los agentes de la fuerza policial chilena.

Los integrantes de Amnistía Internacional señalaron que, a pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

El 18 de octubre de 2019 estalló una ola de protestas, en principio encabezadas por estudiantes de Santiago de Chile y que luego se extendieron a otras ciudades y sectores sociales. Las manifestaciones son las más grandes que vio el país desde el fin de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Los Carabineros reprimieron las protestas sociales iniciadas el año pasado con balines antidisturbios disparados hacia el rostro de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de Naciones Unidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares y dos de ellas quedaron totalmente ciegas.

El informe de Amnistía Internacional denuncia que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".

"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.

El accionar represivo de la fuerza de seguridad continúa hasta hoy. A principios de octubre, un miembro de Carabineros arrojó a un manifestante, Anthony Araya, al Río Mapocho provocándole heridas de gravedad.

Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad social se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a salir a las calles. El 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito para reformar la Constitución -la que está vigente es la que dejó Pinochet- y el Gobierno de Piñera espera que la medida apacigüe la protesta social.

Según Amnistía Internacional, los abusos de Carabineros forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".

La semana pasada, Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:13

¿Quién dio la orden?

La policía avanza hacia los manifestantes en Bogotá el 9 de septiembre. Efe / Youtube

El 9 y 10 de septiembre la Policía Nacional de Colombia abrió fuego contra manifestantes durante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez a manos de agentes de la institución. El país suma otra masacre y ya son 56 en lo que va del año

 

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Bogotá arde. Mientras, policías, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y guardias de seguridad armados con pistolas, palos y motos protagonizan una imagen que antes se entendía como aislada. Al caer la noche, miembros de la Policía Nacional se convierten en verdugos. Disparan contra el pueblo y, como lo registran decenas de videos en todo el país, asesinan indiscriminadamente. 

Los gritos, disparos y sirenas se mezclan en el aire. Agentes apuntan y disparan por las angostas calles bogotanas en contra de quien tengan en frente. ”Quiubo, gonorrea”, “apague eso”, “¿se va a hacer matar?”, son algunas de las consignas que se desprenden de las gargantas excitadas de policías en toda la ciudad. El sonido de los balazos es seco. Las motos aceleran sobre los cuerpos de manifestantes. La gente corre y responde con piedras, patadas, insultos. 

Van al menos once muertos y 403 heridos. 72 con heridas de bala. Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, afirma que las autoridades “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía” y cierra con la pregunta que ronda a esta masacre: “¿Entonces a quién obedecen?”

Algunos culpan a vándalos. Hablan de violencia como si el Estado no tuviera responsabilidad. Lloran por buses y hormigón. Se pasan la pelota entre instituciones mientras la sangre de la noche anterior se seca en el adoquín cubierto de escombros y casquillos. 

Las protestas comenzaron tras el asesinato de Javier Ordoñez, un hombre de 43 años que, acusado de violar la cuarentena, fue sometido por miembros de la Policía con constantes descargas eléctricas. A pesar de esto, los forenses encontraron nueve fracturas craneales y golpes en el pómulo, el cuello, los hombros y el tórax que desembocaron en su muerte. La golpiza le fue propinada dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI).

“Por favor, no más”, fueron las palabras del abogado que suplicaba por su vida. Una vez difundida la noticia de su muerte, el coronel Alexander Amaya declaró ante medios nacionales que durante el procedimiento una persona  “presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales”. 

Bogotá arde y en las calles agentes persiguen a manifestantes para golpearlos entre varios. Los patean en el piso. “¡Asesinos!” gritan los testigos. 

Durante dos noches los Centros de Atención Inmediata son abrazados por las llamas. No sólo por el caso de Javier. La lista es interminable. 1. En el CAI de Bosa Laureles policías abusaron de una mujer. 2. En el CAI de Codito policías torturaron y obligaron a detenidos a jugar ruleta rusa. 3. En el CAI de Soledad los policías torturaron y robaron a defensores de derechos humanos. 4. En el CAI de La Gaitana se denunció que secuestraron y torturaron a un joven. 5. En el CAI de Britalia doce policías fueron vinculados con microtráfico de drogas. 6. En el CAI de Oneida policías extorsionaban a los residentes. 7. En el CAI de Las Américas cuatro policías violaron a una niña de 13 años que fue a usar el baño. 8. En el CAI de San Diego, dos mujeres de 22 y 23 años denunciaron abuso sexual por parte de uniformados durante las protestas del 10 de septiembre.

Bogotá arde y la gente se pregunta: ¿quién nos cuida? 

Son las diez de la noche del 10 de septiembre y mientras el fuego se atiza, el miedo crece. Los videos son contundentes y no dejan espacio para supuestos: La Policía está disparando contra manifestantes. Lo hacen apuntando a la cabeza, al corazón y a las piernas. No son balas perdidas, no son errores de procedimiento. Nos están matando. 

Los videos inundan las redes. En Twitter se habla de muertos. Cuerpos tirados en el piso sobre charcos de sangre son iluminados por las llamas. “¡Lo mataron, lo mataron!, tombos hijueputas. No lo dejemos ahí. Lo mataron”— se puede escuchar en un video en el que un manifestante con un disparo en la cabeza es rodeado por otras personas. 

Luego de dos noches de masacre a manos del Estado el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo afirma que todo es orquestado a través de las redes sociales. Saltan las siglas ACAB, el término antifa, y una declaración: “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia”. A la par, la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal afirma, en un medio de amplia difusión nacional, que el expresidente Juan Manuel Santos está detrás de todo. 

¿Cómo se ve una dictadura? Hace una semana Transparencia Internacional alertó sobre la concentración de poder del presidente Iván Duque. Resaltó el hecho de que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” y que la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están en manos de allegados y exfuncionarios del gobierno. Todo esto poco después de que se dio a conocer que el ejecutivo pagó a la firma Du Brands para perfilar a los influenciadores que hablaban bien o mal del gobierno, misma compañía que firmó un contrato de más de $3.000 millones de pesos, de recursos para la paz, con el fin de mejorar la imagen del mandatario.

A esto se le suman las 55 masacres ocurridas en Colombia durante lo corrido de 2020. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en nueve meses ha habido doce masacres en Antioquia, ocho en Cauca, Nariño y Norte de Santander, cinco en Putumayo, cuatro en Chocó, dos en Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar, tres en Atlántico, una en Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta y Cesar. Y a pesar de que Iván Duque insista en llamarlos “homicidios colectivos”, la lengua no tiene medias tintas. La matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida es una masacre. 

Bogotá arde y todos son culpables menos los que disparan.

Los disturbios crecen. Los proyectiles se incrustan en rejas, postes, muros y carne —“¡Socio, no se vaya. No se vaya, perro!” se puede escuchar en otro video mientras jóvenes intentan mantener a un manifestante con vida después de recibir un disparo. 

Cabe resaltar que la brutalidad policial no es nueva en Colombia. Hace poco más de dos meses Anderson Arboleda, un joven de 24 años, murió en Puerto Tejada después de que un policía lo golpeara en la cabeza por violar la cuarentena. Al igual que en noviembre de 2019 Dylan Cruz fue asesinado por el ESMAD con una escopeta calibre 12 durante el Paro Nacional. En Colombia la muerte no envejece. 

¿Dios y Patria? El lema institucional de la Policía Nacional de Colombia habla de amor perfecto, generosidad absoluta y justicia plena. Pero el accionar de sus miembros durante décadas no deja más que rabia y frustración. Las manifestaciones siguen, así como los disparos y el fuego. El ritmo febril de la violencia se toma la capital del país.

En la mañana del 11 de septiembre, entre las cenizas de los CAI, se erigen bibliotecas comunitarias en respuesta a la brutalidad policial. Los ciudadanos las bautizan en honor a los muertos. Se pintan murales, decenas de libros son donados y la música aparece. En la noche las protestas serán pacíficas aunque la Policía seguirá persiguiendo y atacando. 

El gobierno ofrece recompensas y las calles siguen tibias. Los testimonios de personas agredidas por agentes aumentan. Incluso gente que estaba en su casa, como Alexis Valencia Conto, relata el momento en el que desde la misma dirección en la que estaba la Policía empezaron a llover balas calibre 9mm. Una de ellas se alojó en el pecho de su hermano, Robert. 

Agentes con chaquetas al revés para que no puedan ser identificados, amenazas a periodistas, golpizas deliberadas en grupo, persecución, perfilamiento, ataques a residencias y nombres que no deben ser olvidados: Andrés Felipe Rodríguez, 23 años; Julieth Ramírez Mesa, 18 años; Alexander Fonseca, 17 años; Fredy Alexander Mahecha, 20 años; Germán Fuentes, 25 años; Angie Paola Baquero, 29 años; Jaider Alexander Fonseca, 17 años; Christian Andrés Hurtado, 27 años; Larwan Estiben Mendoza, 26 años; Gabriel Estrada Espinosa, 31 años y Julián Mauricio González, 27 años.

Son las nueve y treinta y siete de la mañana del 12 de septiembre de 2020 y anoche, durante una alocución presidencial, Iván Duque habló de que la Policía tuvo una actitud gallarda durante la masacre, mencionó deportaciones e invitó a tener confianza en las instituciones. Se sabe, también, que el mandatario rechazó la reforma estructural de la Policía. Por ahora, mientras la sangre ya es una mancha seca, los políticos le “ofrecen el perdón a las víctimas”, los actos simbólicos continúan y la cúpula de la institución sigue intacta después de que, en palabras de la alcaldesa, ocurriera el hecho “más grave que ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia”, el 6 de noviembre de 1985. 

Mientras Bogotá arde Colombia es manejada desde una finca.

Por Nicolás Rocha Cortés 12/09/2020

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