HRW denuncia que la policía colombiana lanza proyectiles desde tanquetas a manifestantes

07-05-21.-La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días y que, justamente, reclaman contra la brutalidad policial que, según la ONG Temblores, ha dejado 37 víctimas mortales, denunció este jueves (06.05.2021) Human Rights Watch (HRW).

"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.


Vivanco, que pidió al Ministerio de Defensa "dar explicaciones" sobre el uso de esta arma, publicó un video en el que se ve cómo policías lanzan desde una tanqueta proyectiles a un grupo de manifestantes en Bogotá. Es la respuesta a varios videos que circularon a principios de esta semana, y que causaron dudas sobre su procedencia, pues se veían proyectiles lanzados en Bogotá como si fuera un escenario de guerra.

Por otra parte, el director para las Américas de HRW aseguró el 5 de mayo que han recibido 31 denuncias sobre muertes durante las manifestaciones, de las cuales han podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha confirmado la Fiscalía colombiana.

"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DD.HH. en estas circunstancias", agregó Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.

Esta denuncia se suma a la hecha el pasado 5 de mayo por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades colombianas "poner fin a la represión de las manifestaciones" y "cesar la militarización de las ciudades". También, exigió que se garantice que "los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública", incluso la reforma tributaria que se proponga tras el retiro de la iniciativa que desató las protestas.

El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, "el uso excesivo e innecesario de la fuerza" ante las manifestaciones. "Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Por, aporrea

 

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Un grupo de personas baila durante una protesta en rechazo a la violencia ocurrida en las protestas, en el Parque Nacional de Bogotá (Colombia), este 6 de mayo de 2021. — Carlos Ortega / EFE

La protesta social que comenzó el 29 de abril en Colombia contra una reforma tributaria ha desembocado en tal represión policial que hace difícil contabilizar en tiempo real los muertos, los heridos y los detenidos. También los casos de violencia sexual, un fantasma que emerge como en los peores tiempos del terror.

BARRANQUILLA (COLOMBIA)

06/05/2021 23:51

Constanza Vieira

"No responder por ningún motivo con violencia ante agentes. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ellos las armas. ¡La vida primero!", dice un meme viral y distribuido por Whatsapp. A la puesta del sol comienza esa versión colombiana de la noche de los lápices.

Ante la inusual brutalidad policial contra la huelga nacional reiniciada el 28 de abril (porque esa huelga estaba en marcha antes de la pandemia), abundan las advertencias para guardarse en casa a las 6 de la tarde. "No hay garantías para la vida", alertan los mensajes.

El cuerpo de los y las manifestantes no solo es atacado con chorros de agua a presión, patadas, bolillo -como se llama a la munición no letal- o simplemente a bala. La organización civil Temblores ha documentado hasta el mediodía del 5 de mayo diez casos de violencia basada en género, es decir, contra mujeres.

"Hay subregistro", aclara a Público Emilia Márquez, de esa ONG que triangula sus propios datos con cifras oficiales, publicaciones de prensa, información vertida por las redes sociales e informes de activistas de derechos humanos, para evitar repeticiones y disminuir errores: "Hay dificultad para documentar en tiempo tan real".

El subregistro no es sólo porque la realidad no se detiene. "Los casos de violencia sexual siempre son los más subregistrados porque a las víctimas les da mucho miedo denunciar". Además, "cuando denuncian las mujeres, no son tomadas en serio".

Temblores gestiona la plataforma Grita, donde se reciben las denuncias de los casos de brutalidad policial -esta es su especialidad-. En alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con centros de estudios jurídicos, como el de la Universidad de los Andes, Temblores facilita acompañamiento legal gratuito. Explica, en este sentido, que cuando se trata de violencia de género no se dan a conocer los nombres de las víctimas, ni datos que puedan conducir a ellas.

La protesta social es un escenario en el que existe un riesgo diferenciado cuando se es mujer o se tiene orientación sexual diversa, pues hay más formas de discriminación, mayor exposición a las agresiones y a la violencia estatal.

La organización feminista Sisma Mujer, que ofrece asistencia jurídica y psicológica, habilitó este 5 de mayo una línea de atención prioritaria sobre violencia sexual en el contexto de la huelga nacional. Cuatro personas reportaron hechos relacionados con este delito el primer día, de las cuales solo una respondió a las 9 de la noche al mensaje de recepción de Sisma. No es mucho lo que se puede averiguar cuando el miedo es rey.

La persona que atiende la línea de atención solo ha podido detallar a Público que este caso ocurrió en Bogotá y que se trata de una mujer desaparecida tras ser detenida por el ESMAD (escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional). No se conoce su edad ni ocupación, tampoco se puede saber en qué lugar de la capital colombiana ocurrió la captura.

La Defensoría del Pueblo es una de las fuentes estatales de triangulación de Temblores durante los sucesos violentos que están ocurriendo en distintas ciudades colombianas. En el sitio web de la entidad dependiente del Ministerio Público se puede completar un formulario para denunciar distintas modalidades de violencia contra mujeres y personas LGBTI.

El formato pregunta, en este orden, por agresión física, psicológica, verbal, tocamientos inapropiados, acceso carnal violento u otros hechos de violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza, retención arbitraria basada en género en contra de la persona o de algún familiar, feminicidio o tentativa de feminicidio (una figura tipificada en el Código Penal Colombiano), homicidio contra la persona o contra alguien del grupo familiar, tortura física o psicológica, desaparición forzada.

Según la Campaña Defender la Libertad un Asuntos de Todas, en su boletín 7 sobre la huelga nacional, también emitido al mediodía del 5 de mayo, quince personas fueron víctimas de violencia de género por parte de agentes del ESMAD.

Defender la Libertad es una coordinadora técnica de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, también aglutina organizaciones sociales, estudiantiles, culturales y comunales, y busca conformar una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil. Sin embargo, su Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) no ha sido actualizada con los datos de los sucesos acaecidos desde la semana pasada, cuando se activó la huelga nacional.

Bajo el lema ‘como la policía no nos cuida’, Defender la Libertad publicó hace un año, junto con agrupaciones como Sisma Mujer, instrucciones sobre qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la protesta social.

Antecedentes en protestas anteriores

El informe "Bolillo, Dios y Patria", publicado por Temblores en enero de 2021, menciona 102 hechos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública desde 2017. Al menos, tres de ellos tuvieron visos de represalia contra la protesta cívica.

Esos tres sucesos sí están documentados. Ocurrieron en septiembre de 2020, durante las manifestaciones contra la muerte de Javier Ordóñez, un padre de familia y estudiante de Derecho, a quien la policía redujo con una Taser antes de quitarle la vida. La muerte de Ordóñez, que pedía clemencia en el suelo y en estado de indefensión, recordó el  "No puedo respirar" de George Floyd que encendió las protestas contra la violencia policial racial en Estados Unidos el año pasado.

Temblores denunció que el abuso sexual contra las tres mujeres de entre 22 y 23 años se produjo en una oficina policial de atención inmediata (CAI), en el Centro Internacional de Bogotá, un espacio de comercios y oficinas aledaño al casco histórico.

Las jóvenes fueron detenidas porque una de ellas estaba fumando un cigarrillo en la calle, se les acusó de consumir marihuana. Como solo una mujer policía las podía requisar, se las llevaron detenidas al CAI. Allí, la mujer policía no mostró compasión aunque fue consciente de que las detenidas estaban siendo manoseadas por los uniformados. Después de abusar de ellas, las pusieron en libertad cuando el novio de una de las mujeres pagó a los agentes, en pesos colombianos, una cantidad equivalente a 30 euros.

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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

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Martes, 13 Abril 2021 05:37

Un día de furia en Estados Unidos 

La policía reprimiendo las protestas antirracistas en Minnnesota.  ________________________________________ Imagen: AFP

Toque de queda en Minneapolis, tiroteo en Tennessee, disturbios en California

El asesinato de otro afroamericano a manos de la policía generó nuevas y masivas movilizaciones. Por la tarde un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela de Tennessee. Y los nazis marcharon en California

 

Estados Unidos volvió a vivir horas de furia en las calles. Las autoridades de Minnesota declararon el estado de emergencia y un toque de queda a partir de las 19 horas en la ciudad de Minneapolis tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía, justo cuando se acerca el fin del juicio por el asesinato de George Floyd. Según el departamento policial de Brooklyn Center, el domingo una agente quiso usar su pistola taser para inmovilizar a Daunte Wright, demorado por una infracción de tránsito, pero se confundió y disparó con su arma de fuego, lo que acabó con la vida del joven de 20 años. El presidente Joe Biden se pronunció sobre el incidente y dijo que las manifestaciones pacíficas son comprensibles, pero que "no hay absolutamente ninguna justificación" para los disturbios.

El mismo lunes al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee. La violencia también estalló durante el fin de semana en una playa del sur de California cuando una manifestación de supremacistas blancos chocó con unos 200 movilizados del movimiento Black Lives Matter. En las protestas, disueltas por la policía, se vieron a manifestantes portando símbolos nazis, del Ku Klux Klan y del expresidente Donald Trump.

El caso Daunte Wright

El último crimen racial que enluta a Estados Unidos se produjo el fin de semana en Brooklyn Center, un barrio de las afueras de Minneapolis, y la víctima fue identificada como Daunte Wright. La versión del Departamento de Policía local es que el joven manejaba su auto y tras ser demorado en un control policial se determinó que tenía una orden judicial pendiente por una infracción. Daunte volvió a ingresar a su vehículo, pero al ignorar la voz de alto una agente policial disparó y el impactó acabó con su vida.

A contramano de la versión policial Katie Wright, madre de Daunte, dijo que a su hijo le dispararon antes de volver a entrar al vehículo y que había sido demorado por llevar colgado un ambientador del espejo retrovisor de su auto, algo considerado "delito" en el estado de Minnesota. 

Este lunes el comandante de la policía de la localidad de Brooklyn Center, Tim Gannon, señaló que la agente involucrada en el crimen no quería disparar pero confundió su arma de fuego con su pistola taser. "Fue una descarga accidental que resultó en una trágica muerte", señaló.

En clara protesta por el crimen de Wright, el domingo cientos de personas se concentraron frente a la sede del departamento policial de Brooklyn Center. La muchedumbre encendió velas y escribió un claro mensaje con tiza en la calle: "Justicia para Daunte Wright". La policía pidió a los manifestantes que se dispersaran, estos no lo hicieron y allí comenzó la represión. Dispararon gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras. Luego, hacia la medianoche, se movilizó la Guardia Nacional.

En una rueda de prensa conjunta el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul (las dos mayores ciudades del estado) anunciaron este lunes el estado de emergencia y toque de queda. Las medidas están destinadas a evitar posibles incidentes en la noche en las que se prevén protestas como las que se vivieron el domingo. 

Las movilizaciones por el asesinato de Daunte Wright tienen lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, el policía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en esa misma ciudad. Floyd murió cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en un comercio. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que le produjo lesiones por las que más tarde murió asfixiado.

Tiroteo fatal en Tennessee

La violencia continuó el lunes por la tarde en la ciudad de Knoxville, en donde al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria. El agresor intercambió disparos con la fuerza policial y un sospechoso fue detenido. 

Bob Thomas, superintendente de los centros educativos del condado de Knox, aclaró en su cuenta de Twitter que el edificio que alberga el instituto fue rápidamente asegurado y que los estudiantes que no se vieron envueltos en el incidente fueron enviados a casa con sus familias.

Los tiroteos en centros de enseñanza son un flagelo recurrente en Estados Unidos desde la trágica masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999. Denunciando una "epidemia" de violencia armada, el presidente demócrata Joe Biden dio a conocer la semana pasada una serie de medidas para limitar el uso y portación de armas de fuego en el país, aunque reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de pistolas y rifles. 

Supremacistas en las calles

El domingo, una multitud de manifestantes agrupados bajo la consigna White Lives Matter llenaron las calles cerca del muelle de Huntington Beach en California, donde se cruzaron con protestantes contra el racismo y la violencia policial. Los supremacistas se dispersaron rápidamente después de que la policía declarara una "asamblea ilegal" en medio de enfrentamientos cada vez más hostiles.

La movilización atrajo a una muestra representativa de personas con creencias de ultraderecha como los Proud Boys, partidarios del uso de armas para legítima defensa y antiabortistas. De un lado de la calle se podía ver a manifestantes contra el racismo gritando: "¡Nazis, váyanse a casa!", mientras del otro un grupo nutrido agitaba sus banderas a favor de Trump. 

Las autoridades no saben quien organizó el evento del White Lives Matter, pero fue convocado través de redes sociales como Telegram. Incluso algunos vecinos de la ciudad de Huntington aseguran haber recibido flyers del Ku Klux Klan, situación que encendió las alarmas del movimiento contra el racismo. Además de las que se vieron en Huntington, se multiplicaron reducidas protestas en Seattle, Columbia y Nueva York.

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Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Una motocicleta en llamas en una de las protestas acontecidas esta semana en Mandalay, Myanmar. — REUTERS

Dos meses después del golpe de estado en el país asiático, el conflicto parece cada vez más violento, con cientos de muertos y miles de heridos en las calles de las grandes ciudades.

 

La brutal represión del Ejército de Myanmar contra el movimiento de desobediencia civil pacífico desatada tras el golpe del 1 de febrero está sumiendo al país asiático en un estado de guerra civil. Los más de 500 manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía desde el inicio de las protestas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, nos revela una guerra enormemente desigual: el Tatmadaw (como se conoce al Ejército) cuenta con casi todas las armas pero carece casi totalmente de apoyo popular, mientras que la oposición al golpe ha logrado unir a un país profundamente dividido por las diferencias étnicas, religiosas y económicas.

Ciudades como Yangon, la antigua capital, o Mandalay, están tomadas por el Tatmadaw, una fuerza de ocupación que considera a cualquier ciudadano como un enemigo en potencia. La violencia y el caos tras el golpe han llevado a varios países, entre ellos España, a urgir a sus nacionales que abandonen Myanmar lo antes posible. Pero el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el territorio, pero sí se han sucedido huelgas de diversos sectores que han paralizado la economía. Por ejemplo, el puerto de Yangon está totalmente paralizado por el paro de los estibadores y transportistas, según informa el medio birmano Frontier Myanmar.

La asonada se produjo dos meses después de las elecciones del pasado noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, volvió a obtener la mayoría tras sus primeros cinco años en el Gobierno. El Ejército había acusado sin pruebas a al Gobierno de fraude electoral y finalmente el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, tomó el poder horas antes de la primera sesión parlamentaria y arrestó a Suu Kyi, a decenas de diputados electos de su partido y centenares de conocidos activistas.

Min Aung Hlaing predica que la toma de poder es constitucional y que su intención es celebrar nuevas elecciones tras un año de gobierno. Pero sus promesas de defender la democracia suenan cada vez más vacías a medida que se acumulan los muertos. Este golpe supone, paradójicamente, el desmantelamiento del sistema constitucional diseñado por la anterior junta militar (que gobernó entre 1988 y 2011), y que ha sido enormemente beneficioso para los generales desde que decidieron embarcarse hace un decenio en una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada".

La Constitución asegura al Tatmadaw el control de tres ministerios clave (Defensa, Interior y Fronteras), una autonomía casi total con respecto al Gobierno civil y el 25% de los escaños en el Parlamento. Además, los generales han contado con una aliada inesperada en su transición: Aung San Suu Kyi, quien, tras 15 años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen, en 2011 decidió aceptar las reglas del juego impuestas por la junta militar, lo que culminó con la victoria electoral de su partido en 2015.

Suu Kyi y su ‘laissez faire’ a los militares

La Dama, como se conoce a Suu Kyi en Myanmar, nunca ocultó su intención de cambiar la Constitución para poner al Ejército bajo control civil, pero la Carta Magna está blindada para que cualquier enmienda sea imposible sin el asentimiento del Ejército. Entretanto, Suu Kyi y su partido mostraron tener más en común con el Ejército de lo que parecía durante la época de la dictadura.

En primer lugar, Suu Kyi apoyó sin reservas las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine, que provocaron miles de muertos y el éxodo de casi 800.000 refugiados a la vecina Bangladesh. Los rohingya llevan sufriendo un régimen de apartheid desde hace décadas y abunda el racismo contra ellos en Myanmar, donde son considerados erróneamente ‘inmigrantes ilegales’ de Bangladesh. La LND de Suu Kyi no es ajena a ese racismo y ha contribuido enormemente a exacerbarlo.

Suu Kyi también apoyó al Ejército en sus conflictos con las decenas de guerrillas etnonacionalistas que luchan por la autonomía de las regiones fronterizas del país. Desde que Myanmar se independizara de los británicos en 1948, ha estado dominada por los bamar, la etnia mayoritaria que ha intentado imponer un modelo centralista sobre minorías que históricamente han pertenecido a reinos de las periferias. Durante su mandato, la Dama intentó poner en marcha un proceso de paz con los distintos grupos armados, pero fracasó estrepitosamente, en gran medida debido a que no tenía control sobre el Ejército, pero también por su negativa a hacer concesiones políticas, como señalaba en su día un informe de International Crisis Group.

Por otra parte, Aung San Suu Kyi nunca se atrevió a tocar los intereses económicos de los generales, que controlan gran parte de la economía y son protagonistas del expolio de los recursos naturales a través de empresas privadas y grandes conglomerados de su propiedad, lo que organizaciones como Justice for Myanmar llevan años denunciando.

Hasta el golpe de estado del 1 de febrero, los militares y la LND habían alcanzado un incómodo, pero conveniente, modus vivendi, como explica el historiador Thant Myint-U en su reciente libro The Hidden History of Burma. Ello hace de la asonada un misterio, aún más difícil de resolver dada la absoluta opacidad del Tatmadaw, como reconocen expertos en el Ejército de Myanmar como el australiano Andrew Selth. Más allá de la ambición personal de Min Aung Hlaing, es muy posible que, ante una LND cada vez más asertiva tras su segunda victoria electoral, los generales perdieran la paciencia y decidieran "poner en su sitio" al gobierno civil.

Ahora, con Aung San Suu Kyi incomunicada, tras su arresto después del golpe, el movimiento de desobediencia civil ha cobrado vida propia y nadie quiere volver a la "democracia disciplinada" de los generales, esa que pactó la Dama.

La inesperada solidaridad interétnica

Las protestas también se han extendido a la mayoría de las regiones donde habitan las minorías étnicas, que demandan una nueva constitución federalista. Mientras tanto, los bamar que viven en las zonas centrales, alejados de los conflictos en las fronteras, están sufriendo ahora la misma brutalidad por parte del Ejército que las minorías han padecido durante decenios, lo que está generando un incipiente movimiento de solidaridad interétnica sin apenas precedentes en Myanmar.

Hasta los rohingya están recibiendo muestras de apoyo por parte de los bamar, que en algunos casos han manifestado su arrepentimiento por no haberlos apoyado cuando el Tatmadaw los estaba masacrando hace cuatro años, algo impensable hace solo unos meses.

Asimismo, un grupo de diputados electos en las últimas elecciones ha formado un gobierno clandestino, el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento, CRPH) que está tratando de crear un ejército federal que una a todos los grupos armados para combatir al Tatmadaw. Muchas de las guerrillas han expresado su solidaridad con el movimiento de desobediencia civil, pero formar dicho Ejército supondría un trabajo diplomático casi titánico, ya que algunos de estos grupos rebeldes parecen poco dispuestos a luchar y otros están enfrentados entre sí, tal y como advierte el experto David Mathieson.

La población de Myanmar está prácticamente sola frente al Ejército en un contexto internacional en el que la ONU muestra una vez más su impotencia. En este escenario, una intervención extranjera es poco probable y las sanciones contra los generales por parte de países occidentales son escasamente efectivas mientras cuenten con el apoyo de poderosos aliados como China o Rusia, dos de los ocho países que enviaron representantes a las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipidó, el 27 de marzo, mientras el Ejército mataba a más de 100 civiles en otras localidades.

Aunque se han producido algunas deserciones de oficiales de bajo rango, es poco probable que se produzca una rebelión dentro de un Ejército muy cohesionado, casi totalmente aislado de la sociedad y acostumbrado a considerarse el único garante de la unidad nacional, como muestra una investigación publicada por New York Times. Esa posibilidad disminuye a medida que el Tatmadaw comete más crímenes y más oficiales están implicados en ellos; pocas cosas unen tanto como la responsabilidad compartida en crímenes de lesa humanidad. Mientras Myanmar parece sumirse en una guerra civil, solo una unión de los diferentes grupos armados y el movimiento de protesta podría alterar el desequilibrio de fuerzas actual frente al brutal Ejército de Min Aung Hlaing, pero queda por ver si eso será posible.

Madrid

02/04/2021 22:04 Actualizado: 02/04/2021 23:02

Carlos Sardiña Galache//twitter.com/@CSGalache">@@CSGalache

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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Sábado, 27 Marzo 2021 08:33

Oracle vende represión en China

Oracle vende represión en China

Las presentaciones de Oracle sobre el aparato de seguridad de China suscitan una serie de graves cuestiones para la compañía, que se encuentra implicada en el sistema de defensa de EE UU.

 

La policía de la provincia china de Liaoning estaba saturada de montañas de datos recogidos a través de medios invasivos: registros financieros, información de viajes, registro de vehículos, redes sociales e imágenes de cámaras de vigilancia. Para que todo eso tuviera algún sentido, necesitaban tener un software sofisticado de análisis de datos. Aquí entra Oracle, el gigante informático norteamericano, cuyos productos pueden encontrar datos relevantes entre los disparatados registros del departamento de policía para relacionarlos con las investigaciones en marcha.

Así lo explicó un ingeniero de Oracle destinado a China en una conferencia de programadores celebrada en la sede central de la empresa en California en 2018. Las diapositivas de la presentación, subidas a la web de Oracle, comienzan con un “resumen de caso” que enumeraba cuatro “productos de Oracle usados por” la policía de Lianoing para hacer análisis y predicción de crímenes.

Una diapositiva muestra cómo el software de Oracle permite que la policía de Liaoning pueda crear diagramas de red basados en registros hoteleros para localizar a cualquiera que pueda ser relacionado con un determinado sospechoso. Otra muestra el uso del software para crear paneles policiales con “puntos calientes de seguridad”. Fotos de lo que es claramente el interfaz informático de la herramienta muestran una cara difuminada y varios nombres chinos. La presentación concluye que este software ayudó a la policía, cuyas bases de datos habían sido “incomprensibles”, a localizar más fácilmente a los “sujetos/objetos/eventos clave”, y a “identificar posibles sospechosos”, algo que en China a menudo quiere decir disidentes.

Los representantes de Oracle han comercializado el análisis de datos desarrollado por la empresa para su uso por parte de la policía y contratas de la industria de seguridad en toda China, según decenas de documentos de la compañía disponibles en su web. En al menos dos casos, estos documentos implican que los departamentos de policía regionales usaron este software en sus operaciones. Uno de ellos es la presentación sobre la provincia de Liaoning. El otro es un documento de Oracle que describe a la policía de la provincia de Shanxi como “cliente” necesitado de una plataforma de espionaje. Oracle también se jactaba de que sus servicios de análisis de datos para la seguridad fueron usados por otras entidades policiales chinas. Según estos documentos, esto incluía a la policía de Xinjiang, provincia donde se desarrolla el genocidio contra los musulmanes uigures y otros grupos étnicos.

En sus materiales promocionales, Oracle afirma que su software puede ayudar a la policía a sacar provecho de la información procedente de documentos online, registros policiales, registros hoteleros, matriculación de coches, bases de datos de ADN e imágenes para el reconocimiento facial. Las presentaciones de Oracle incluso sugerían que la policía podía usar sus productos para combinar la actividad en redes sociales con las completas bases de datos del Gobierno chino que hacen seguimiento de los consumidores de drogas y de personalidades del mundo del entretenimiento, un grupo que incluye a las trabajadoras sexuales. Los empleados de Oracle también han intentado vender tecnología de la empresa para la “policía en la nube” china, una gran plataforma de datos implementada como parte del Estado vigilante.

Varios de estos materiales de Oracle sugieren que la empresa ha ido bastante más allá de promocionar sus productos entre la policía china, que funciona como parte del Ministerio de Seguridad Pública del país: una presentación que detalla los productos de bases y análisis de datos de Oracle contiene una diapositiva titulada “Oracle y la industria de defensa nacional”. A ese título le sigue una lista de múltiples entidades militares chinas, incluido el Ejército Popular de Liberación, la Corporación Nacional China de energía nuclear, y la Corporación China de Ciencia Aerospacial y Tecnología. Las agencias de defensa también son el evidente objetivo de otras dos presentaciones de Oracle en idioma chino, de las cuales la más reciente está fechada en 2015, y de los eventos llamados “Foro Oracle de intercambio sobre programación en la nube para las Fuerzas Armadas de Policía del Pueblo” y el “Seminario Oracle de informatización para la Aviación de Xi’an y la Industria Nacional de Defensa”, ambos detallados en la web de Oracle. Se desconoce si cualquiera de las entidades militares chinas está usando software de Oracle o si la compañía tiene algún acuerdo con ellas.

Con todo, los documentos muestran una imagen inquietante de una empresa que sacrifica sus valores declarados para introducir sus productos de análisis de datos en China, donde el recolector de datos más impresionante es el Gobierno chino.

Las presentaciones de Oracle sobre el aparato de seguridad de China suscitan una serie de graves cuestiones para la compañía, que se encuentra implicada en el sistema de defensa de EE UU. Según declaró el año pasado, entre sus clientes se encuentran “las cinco ramas del Ejército de EE UU”, y tiene contratos recientes o en proceso de aprobación con la NASA, el Departamento de Comercio y la CIA. Oracle también ha trabajado estrechamente con diversos departamentos de policía estadounidenses.

Esta colaboración de Oracle con el Gobierno ayudó a éste y a Walmart a desplazar a sus rivales en la puja el año pasado por el control de la actividad en EE UU de TikTok, la red social china de vídeos, después de que el Gobierno de Trump ordenara a TikTok encontrar un comprador estadounidense para sus actividades en el país. La propuesta de acuerdo, pendiente de una decisión judicial, estaba impulsada por el temor de que la matriz pekinesa de TikTok pudiera proporcionar datos sensibles de los usuarios a las autoridades chinas. Pero en un extraño giro, los documentos muestran que Oracle ha promocionado el uso por parte de esas mismas autoridades de su software en un ejemplo extremo de anteponer los beneficios a los derechos humanos.

“Las empresas no deberían vender al Ministerio de Seguridad Pública ningún tipo de sistema de control policial de vigilancia predictiva”, asegura Maya Wang, una investigadora de Human Rights Watch en China, que se encontraba entre un grupo de expertos que comentó algunas de las presentaciones de Oracle para la web The Intercept. “No deberían de tener ningún tipo de negocios con el Ministerio de Seguridad Pública. Esto suscita preguntas sobre el papel que Occidente ha representado para inspirar y construir los sistemas de vigilancia de China”.

Además de la preocupación en lo relacionado con los derechos humanos, los documentos apuntan a profundas cuestiones de seguridad nacional. Una de las presentaciones de tema militar cita el trabajo de Oracle con la defensa estadounidense en un evidente esfuerzo de obtener contratos chinos de programación en la nube. “El hecho de que una empresa norteamericana de tecnología esté comercializando aplicaciones para incrementar el poder de combate del Ejército chino es claramente un mal criterio, especialmente dada la avidez con la que Oracle sigue buscando oportunidades de trabajo con el Departamento de Defensa”, afirma Elsa Kania, colaboradora del Center for a New American Security y experta en la estrategia militar de China, después de revisar los documentos más relevantes. “Esto nos dice algo sobre la búsqueda de beneficio y cuota de mercado por encima de cuestiones de ética o diligencia debida”. 

En un comunicado dirigido a The Intercept, la portavoz de Oracle, Jessica Moore, dijo que los materiales mostraban “lo que nuestros productos pueden hacer si otros los desarrollan” y eran “ideas aspiracionales de desarrollo de negocio” que “no indican ninguna ejecución planificada o intencionada de ventas o soporte”. La compañía no está vendiendo software de análisis de datos “para ninguno de los objetivos finales sugeridos en los materiales”, señaló. “Dichas actividades serían incoherentes con los valores esenciales empresariales y ciudadanos de Oracle, incluyendo nuestra declaración sobre derechos humanos”.

También señaló que Oracle realiza “profundas evaluaciones” para asegurar que sus exportaciones cumplen con las restricciones comerciales, incluyendo cualquier acuerdo con el Ejército chino. Preguntada acerca de la evidente labor de comercialización de Oracle dirigida a entidades relacionadas con el ejército, escribió que “cualquier transacción de ese tipo debería cumplir totalmente con las leyes y regulaciones vigentes de EE UU en materia de control de exportaciones y sanciones económicas. Punto. Y más allá de nuestras obligaciones legales y reglamentarias, Oracle es muy prudente y precavida incluso en cómo enfocamos tales oportunidades”.

Moore definió la noticia del ingeniero sobre el uso del software de Oracle por parte de la policía de Liaoning como “una presentación comercial” de tipo “téorico” y señaló que no “representa ni demuestra la implementación de ninguna solución tecnológica concreta de Oracle”. La herramienta “requeriría de un trabajo extenso con la contraparte para ser desarrollada e implementada”.

Un antiguo directivo de Oracle, Xavier Lopez, señaló a The Intercept, que acciones de marketing como el ejemplo de la policía de Liaoning suelen presentarse en conferencias de tecnología para mostrar a los desarrolladores cómo pueden construir software personalizado para determinadas industrias o entidades gubernamentales a partir de plataformas genéricas de Oracle. López co-presentó un ejemplo similar de uso de datos con la policía china en la conferencia Oracle OpenWorld de 2017 en San Francisco, una conferencia anual de carácter masivo que atrae a cerca de 60.000 participantes. La presentación indicaba que un “departamento chino de policía” sin especificar había usado análisis de gráficos de Oracle para centrarse en sospechosos mediante el procesamiento de “documentos, redes sociales, contenido web, salas de chat, registro de vuelos, registro de estancias hoteleras y bases de datos abiertas públicamente [sic] disponibles”.

Lopez confirmó que “esa policía provincial de China usó el software para desarrollarlo”, en referencia al análisis de datos descrito en la diapositiva. “Simplemente compartieron con nosotros información genérica sobre cómo se había usado”. No recordaba qué provincia proporcionó la información.

Acerca de la presentación de Lopez, Moore declaró que “no tenemos ninguna implementación conocida con un ‘departamento chino de policía”, y que “la definición de ‘ejemplo de uso’ es muy diferente de un producto o servicio real e implementable, que Oracle no tiene”.

Lopez tenía claro, no obstante, que su presentación no era hipotética: “Los datos no venían de nosotros. Los datos vinieron de esa provincia. La provincia usa ese software, otorgan una licencia a ese software para su uso en diferentes cosas, para distintos tipos de uso. Y este era un ejemplo de cómo lo usaron para este ejemplo particular de uso”.

Team USA 

Oracle tuvo sus comienzos a finales de los ‘70 desarrollando bases de datos para la CIA y todavía alimenta su reputación de estar íntimamente aliada con el Gobierno de EE UU. Su cofundador y presidente del consejo, Larry Ellison, criticó los planes de Google de 2018 de desarrollar en China una máquina de búsqueda censurada declarando a Fox Business que estaba en marcha “una fuerte competición con China. Yo voy con el equipo de EE UU”. El hecho de que Google “vaya a China y facilite que el Gobierno chino vigile a su pueblo es bastante perturbador”, añadió.

Por otro lado, la ejecutiva de Oracle Safra Catz es delegada de la Comisión de Seguridad Nacional para la Inteligencia Artificial, una iniciativa apoyada por el Departamento de Defensa que pretende mantener el dominio de EE UU en ese campo. Una preocupación clave de la comisión ha sido la creciente pericia técnica de China y, en su papel como delegada, Catz ha recibido actualizaciones semanales en su mail por parte del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para China acerca del “comportamiento malicioso del Partido Comunista Chino”.

“La preocupación es que los ejecutivos de Oracle estén condicionando la política estadounidense de seguridad nacional y al mismo tiempo le pasen tecnología a la policía china para usos de espionaje”, señaló Jack Poulson, que dimitió de Google en 2018 después de que The Intercept desvelara los planes de la empresa sobre los buscadores en China, y ahora es director ejecutivo de la ONG Tech Inquiry, que monitoriza la discriminación, vulneraciones de derechos humanos y flujos financieros de las empresas de tecnología. “Esta no es la primera empresa que lo hace, pero puede ser uno de los ejemplos más indignantes”.

Oracle se encontraba cómoda con el Gobierno de Trump, un hecho que puede haber ayudado en su puja por TikTok. Catz fue miembro del equipo asesor de Trump durante el traspaso de poderes en 2016, y donó 130.600 dólares para la campaña de reelección de Trump el año pasado. Pero el destino del acuerdo de TikTok puede estar ahora en manos de Joe Biden. TikTok ha estado enfrentándose judicialmente a la orden ejecutiva de Trump, y la respuesta del Gobierno de EE UU a este desafío está prevista para hoy [posteriormente a la redacción de este artículo, Biden suspendió la orden de venta de activos de TikTok]. La semana pasada, el Wall Street Journal informó de que el Gobierno de Biden había paralizado de manera indefinida el acuerdo TikTok-Oracle-Walmart. No obstante, técnicamente Oracle todavía está en la carrera por adquirir una parte significativa de la actividad de TikTok en EE UU. Según los términos propuestos en el acuerdo, Oracle albergaría los datos de los usuario que fluyen por la aplicación de TikTok en EE UU como principal inversor de una empresa independiente llamada TikTok Global. También podrá tener acceso al código fuente de TikTok.

El interés de Oracle tanto por TikTok como por el control policial a través de los datos nace de su esfuerzo continuado por introducirse en el pujante mercado en la nube y su expansión relacionada de desarrollos de inteligencia artificial. Las raíces de la empresa se encuentran en el software de bases de datos, pero en la última década ha adquirido varias startups de búsqueda online y análisis de datos. Oracle también se ha convertido en uno de los principales vendedores de datos. Asegura vender datos de más de 300 millones de personas en todo el mundo, lo que llama “la mayor colección mundial de datos de terceras personas”.

Estos esfuerzos forman parte de la tendencia global que está llevando a las grandes tecnológicas a interesarse por la seguridad, un proceso en el que empresas más especializadas como Palantir y Predpol se están viendo desplazadas por las grandes empresas de plataforma como Amazon, IBM y Microsoft. Las aplicaciones y el software de Oracle han sido usadas por el departamento de policía de Chicago y la policía del Estado de Illinois, así como por varios gobiernos locales de EE UU.

Pero Oracle también ha vendido aplicaciones policiales de su software en países con antecedentes deplorables en materia de derechos humanos, incluyendo no sólo China sino también Brasil, México, Pakistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, según documentos de la empresa y contratos policiales desvelados por The Intercept, así como evidentes presentaciones de empleados de Oracle subidas a Slideshare y otras páginas. Los documentos dejan claro que el software puede usarse para aumentar la vigilancia. Un folleto de marketing global de Oracle sacado de su página web señala que la policía “necesita juntar en una sola fuente el análisis del crimen y el análisis de redes sociales”. Otro sugiere que el software de Oracle puede ayudar a la policía a filtrar 700 millones de mensajes al día a partir de las principales aplicaciones de redes sociales –incluyendo WeChat y Weibo- así como salas de chat, foros, comentarios y medios informativos. Bajo el epígrafe “Obstáculos pendientes”, menciona la “protección a la privacidad”.

“Disponemos de muchas pruebas del potencial negativo de este tipo de tecnologías para las poblaciones negras y de las afueras” en las favelas y otros vecindarios pobres de Rio de Janeiro, señala Pablo Nunes, investigador del Centro de Estudios para la Seguridad y la Ciudadanía en Río de Janeiro. “También refuerza la criminalización de ciertos espacios de la ciudad”.

Algunos materiales de marketing de Oracle afirman que su tecnología puede ayudar a los agentes a prevenir o anticiparse al crimen. Se trata de una afirmación engañosa incluso en sociedades con una fuerte protección de las libertades civiles. En China, que carece de libertad de prensa y de otros medios para la rendición de cuentas a la ciudadanía, la policía puede usar el big data para justificar fundamentalmente cualquier decisión, y en el peor de los casos, la detención de uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang. “Los sistemas democráticos normalmente tienen que enfrentarse a algo de resistencia y de respuesta por parte de la gente que sufre discriminación”, señala Wang, de Humans Rights Watch. “Pero en China la policía no tiene que responder ante ninguna presión. Así que el muy imperfecto diseño del sistema puede empeorar sin más”. El visto bueno de Oracle es parte de este deterioro.

Moore, la portavoz de Oracle, declara que los clientes globales de la empresa y los usos finales están “autorizados” y que los productos de la compañía no han sido específicamente diseñados para la vigilancia o la lucha contra el crimen. “Terceras partes o integradores de sistemas pueden desarrollar productos a partir de nuestra tecnología”, escribe, “y pueden ser configurados o implementados para esos usos, pero esto requeriría de un proceso profundo de consultoría y desarrollo de dicho sistema”.

Vigilancia integrada 

Los documentos de Oracle desvelados por The Intercept cubren el periodo entre 2010 y 2020. Describen ampliamente un enfoque llamado “vigilancia socialmente activada” o “vigilancia integrada”, que conlleva la fusión de las fuentes tradicionales de información para la policía con los datos procedentes de redes sociales. El objetivo, según un documento, es eliminar “barreras y cuellos de botella, facilitando una visión de 360 grados que comprenda el ciclo de vida de la víctima, el testigo, el sospechoso y el incidente”, de modo que se pueda vigilar “tanto el mundo físico como el digital”.

Una figura prominente en la promoción de este concepto fue Hong-Eng Koh, un antiguo agente de policía de Singapur que trabajó en Oracle entre 2010 y 2016, al menos parcialmente desde Pekín. Koh es descrito en documentos de Oracle, en el registro de una conferencia de Oracle y en sus propias (y de sus colegas) entradas en redes sociales como “principal director” o “líder global” de Oracle para las áreas de justicia y seguridad ciudadana en ese periodo. Según los documentos, Koh supervisó un grupo de empleados que contactó con agencias gubernamentales de todo el mundo acerca de las aplicaciones policiales del software de Oracle. Moore, de Oracle, afirma que la empresa jamás tuvo un “grupo de Justicia y Seguridad Ciudadana, pero reconoce que había un grupo de empleados que trabajaban con Koh. Añade que Koh “desempeñaba un rol dentro del área de Soluciones Industriales Globales centrado en posicionar los productos de Oracle en varias industrias, incluyendo el sector público”.

Koh parece ser un fan entusiasta del trabajo policial. “¿En qué otro trabajo te dan una pistola propia?”, se lee en un post sobre sus primeros días como agente en Singapur, en lo que parece ser su cuenta de LinkedIn. “Durante algunos meses, me sentí tan ‘empoderado’ que estando fuera o dentro de servicio, llevaba la pistola y mis balas con entusiasmo allá donde fuera”. (Koh no respondió a múltiples correos electrónicos y mensajes en LinkedIn para comentar estos hechos).

En Oracle tenía otras poderosas herramientas a su disposición. En los documentos, Oracle lanza una serie de software de analíticas y de proyecto dirigida a usos policiales y llamada Oracle Business Intelligence, también en China. Dicho software tiene amplias aplicaciones y es muy utilizado por las empresas en su análisis de negocio. Lopez, el antiguo ejecutivo de Oracle, declara que aunque los ingenieros de Oracle no ajustan el software del tipo Business Intelligence pensando en un sector específico, Oracle sí lo comercializa para usos específicos. “Cuando comercializas algo, quieres que tu marketing ilustre como puede personalizarse o modificarse o tunearse un software genérico para resolver los problemas de tu sector”, señala. Añade que a menudo los ingenieros de Oracle pueden añadir características al software basándose en el intercambio con los gobiernos o las empresas. Un vídeo subido a la web de Oracle titulado “Transformando la Justicia y la Seguridad Ciudadana” propone una estrecha colaboración con la policía para integrar “datos almacenados en un solo núcleo de información”. “Podemos ayudarte a construir tu manera ideal de hacer las cosas”, dice.

Oracle es el principal proveedor mundial de software para bases de datos, y para los departamentos de policía que ya usan las bases de datos de la empresa, una ventaja de la oferta analítica de Oracle es que le pueden añadir más fácilmente otras capas de software.

Los documentos corporativos reseñados por The Intercept señalan que cada país tiene diferentes leyes sobre el uso de datos para la vigilancia policial, pero pasan por encima de cualquier consideración sobre las libertades civiles. “Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer”, dice el documento de Oracle sobre “vigilancia socialmente activada”, en el que Koh figura como coautor. “Si una persona no tiene problemas con publicar entradas en redes sociales públicamente, él o ella deben entender que cualquiera, incluyendo empresas de marketing, agencias gubernamentales e incluso criminales, pueden ver dichos contenidos sin su permiso”. “Internet tiene memoria”, continúa el documento.

Internet no ha olvidado a Koh. Una cuenta de Slideshare a su nombre contiene presentaciones que detallan el trabajo con departamentos de policía de todo el mundo, y su cuenta de LinkedIn contiene lo que parece ser una foto de Koh con los Pakistan Rangers, una organización policial paramilitar.

Big data y regímenes represores

Parece que Koh ha encontrado un público atento entre los regímenes represivos cuyas autoridades han atesorado una gran cantidad de información. Durante la última década, las autoridades chinas han tratado de usar el big data para prevenir cualquier incidente que amenace al Partido Comunista. El presidente chino, Xi Jinping, ha hablado de preservar la “estabilidad” mediante la vigilancia de eventos imprevistos. “La lógica es que ya no sirve con reaccionar a los eventos, porque entonces ya es demasiado tarde”, señala Edward Schwarck, un estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford que ha escrito sobre el origen de la vigilancia policial predictiva en China. “Lo que tienes que hacer es adelantarte a los acontecimientos”.

En los últimos 20 años China ha introducido los documentos de identidad electrónicos, el registro de identidad online, lectores automáticos de matrículas y puestos de control equipados con cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial. “Todo el mundo usa móviles o WeChat, toda clase de dispositivos que pueden ser seguidos y generan muchas secuencias de datos”, señala Daniel Sprick, un experto en Derecho chino de la Universidad de Colonia que estudia la vigilancia policial predictiva en China. Algunos datos recogidos a través del emergente sistema de crédito social proveen información accesible también para la policía, añade. “De este modo la policía está en la posición de tener una exclusiva serie de datos sobre más o menos todo lo que quiera saber”.

En Brasil, el Gobierno ha trabajado incansablemente para fusionar información y crear megabases de datos de sus ciudadanos. El Registro Base de Ciudadanos del país, por ejemplo, reúne más de 50 tipos distintos de información sobre los brasileños, incluyendo detalles de empleo, salud e información biométrica, como huellas digitales y fotos de rostros. Bajo la dirección del presidente Jair Bolsonaro, la policía federal brasileña también está creando un sistema de datos unificado que reúne datos biométricos y criminales de todos los Estados del país.

De manera similar, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también se han apuntado a amasar datos de sus ciudadanos. En Dubai, la policía ha introducido un programa de vigilancia masiva llamado Oyoon, que significa literalmente ‘ojos’. El programa, que implica 5.000 cámaras de vigilancia, permite supuestamente a la policía seguir a la gente a lo largo de la ciudad subiendo la foto de su ficha policial a una base de datos.

Koh asegura en la cuenta de LinkedIn que su equipo ha “desarrollado con éxito múltiples soluciones tecnológicas” para la policía en cada uno de estos tres países.

Mara Hvistendahl

Traducido por Diego Sanz Paratcha.

27 MAR 2021 06:45

‘Defund the police’: el final de la policía en EE UU y el principio de una seguridad pública radical

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial, auguran desde los movimientos ciudadanos que exigen recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social.

 

Una mezcla de incredulidad e ira alumbró Ferguson, Misuri, dos veces en 2014. La primera fue después de que, en verano, el agente Darren Wilson disparase mortalmente varias veces a Michael Brown, de 18 años. La segunda, cuando en noviembre se supo que Wilson no sería procesado. Fue entonces cuando la administración Obama decidió mover ficha para atajar políticamente el problema policial. El resultado fue una comisión de expertos que, meses después, haría públicas 59 recomendaciones que parecían poder rebajar la mortalidad a manos de las fuerzas del orden. No fue así. The Washington Post comenzó en 2015, y tras observar deficiencias en los datos del FBI, a registrar las cifras, que se han mantenido estables en torno a los mil muertos al año. La proyección de 2021 parece confirmar la media: en mes y medio ya son 98.

Es precisamente tras uno de los asesinatos que engrosan esa tenebrosa estadística, el de George Floyd en Mineápolis el pasado mayo, cuando el movimiento alrededor del eslogan “Defund the Police” empezó a tomar impulso mediático y político. El objetivo: recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta, a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social. “Durante los últimos seis meses, ha habido campañas que, en unas veinte ciudades, han conseguido una desinversión policial de 840 millones de dólares y que, al menos, 160 millones se redirijan a las comunidades”, afirma Woods Ervin, de Critical Resistance, una de las organizaciones abolicionistas que integran la constelación del movimiento.

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a, por ejemplo en el caso de la primera, comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar. Para Critical Resistance, “estos recortes son un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 millones gastados anualmente en policía en el país, pero representan un buen avance, un giro en la tendencia”. “Oakland consiguió expulsar a la policía de las escuelas”, añade el sociólogo Alex Vitale. Se libera así una dotación de 2,5 millones de dólares que puede ser aprovechada en equipos de orientadores sociales o infraestructura educativa.

Vitale, autor de uno de los ensayos de referencia sobre el tema, que llega esta primavera traducido al castellano como El fin de la policía (Capitán Swing, 2021), hace una enmienda a la totalidad. “El movimiento Defund the Police es una expresión del rechazo a enfocar los problemas mediante reformas policiales. No creo que este sistema policial sea reformable. Lo que mucha gente está señalando es que incluso cuando la policía está actuando de acuerdo a procedimientos correctos, sigue siendo la herramienta errónea para una vasta mayoría de situaciones a las que se aplica”, sostiene desde Nueva York, un escenario difícil para la lucha contra la violencia uniformada.

Para él, el verano pasado dejó al descubierto también las diferencias de tempos políticos entre aquellas ciudades que tenían movimientos de base coordinados y aquellas en las que las organizaciones apenas empezaban a funcionar para presionar más intensamente por menos policía. “Esta ciudad —explica— es un ejemplo de lugar donde la mayoría de grupos preocupados por el problema policial estaban todavía hablando de reforma. Aquí no ha habido una acción coordinada en pro de alternativas. Se consiguió muy poco en ese sentido en el último presupuesto de la ciudad. Demasiados políticos o bien temen al departamento de policía, o bien a quienes apoyan a la policía en sus propios distritos. Esto ocurre porque no ha habido tanta organización a nivel vecinal hasta ahora, cuando sí empieza a haber una que pone al departamento de policía bajo un montón de presión. Seguramente haya una gran batalla sobre esto en el próximo presupuesto”.

La reforma, cristalizada en ocasiones como el exceso o negligencia de agentes concretos, es también rebatida desde Critical Resistance. “El problema de la teoría de las manzanas podridas es que, si se piensa que hay algo que no funciona en el entrenamiento o la dotación policial, se justifica que se les dé más dinero”, afirma Ervin. “Creo que el cambio que hemos visto en unos años, que va desde la petición de cuentas legales a los agentes, al movimiento para desinvertir en policía, es muy importante. Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar. No estamos a favor de la austeridad, queremos que ese dinero se invierta, y de hecho en mayor cantidad, pero no ahí”.

Garantes de un sistema quebrado

Las alternativas implican un cambio radical a la hora de abordar la seguridad pública. No una mejor —o incluso menor— policía, sino otro enfoque político ayudado por un impulso social del presupuesto. En palabras de Vitale, “no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos en cada comunidad. Ver si existe, por ejemplo, un problema de violencia juvenil, o de sobredosis, o de robos, o de absentismo escolar. Cada uno de ellos necesitará un tipo diferente de solución. No necesitamos respuestas policiales de alta calidad a crisis relacionadas con la salud mental, sino respuestas críticas que no implican a la policía. No necesitamos agentes con mayor diversidad, o mejor entrenados, en el departamento de narcóticos; necesitamos acabar con la guerra de las drogas y devolver la cuestión a las autoridades competentes en salud pública”, defiende.

O incluso, como apunta Ervin, puede que “a veces haya situaciones que no necesitan una respuesta” que involucre al cuerpo armado. Prefiere hablar de “inversión estructural, como en el caso de la vivienda. O si hubiera mayor dotación en cuanto a salud mental, habría menos llamadas referentes a episodios de este tipo, por ejemplo en la calle”.

Ambas fuentes coinciden en resaltar la conexión entre el sufrimiento psíquico con algunos casos de actuación policial. Según un estudio publicado por la gubernamental Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre un 6 y un 10% de los contactos que el cuerpo armado tiene con la población son con personas que sufren trastornos de gravedad. Y estas son alrededor de un 20% de las víctimas mortales anuales de los disparos de los agentes.

Solo desde el inicio de la pandemia, cualquier estadounidense que haya querido ha podido ver en los medios cómo la policía de Rochester, Nueva York, redujo hasta la asfixia mortal a Daniel Prude la misma noche en que atravesaba por un episodio psicótico. O a Nicolás Chávez, baleado más de veinte veces entre 28 policías durante una crisis en Houston. O a Linden Cameron, un chico de 13 años con síndrome de Asperger tiroteado una decena de veces en Salt Lake City.

Desde Critical Resistance recuerdan que un contexto más profundo puede encontrarse en los recortes a la salud mental perpetrados por la administración Reagan. El republicano tardó solo un año en tirar por la borda la Mental Health Systems Act de Jimmy Carter que proyectaba un mayor gasto federal para una red especializada. Durante la llamada “desinstitucionalización” de pacientes en los años 80, muchos quedaron expulsados del sistema sanitario, desprotegidos, quedando a merced de la amenaza del sinhogarismo y la criminalización.

 “Soportamos cuarenta años de austeridad neoliberal promovida por ambos partidos. Los alcaldes han confiado en la policía para manejar las consecuencias económicas de ese modelo, como son una inmensa desigualdad, precariedad o inseguridad material, un sinhogarismo masivo, una salud mental sin tratar o el abuso de sustancias. Y se dota de más dinero a la policía para continuar desarrollando esa estrategia neoliberal”, indica Vitale, antes de desarrollar ampliamente esa idea: “En este país se ha convertido cada problema, especialmente en las comunidades con bajos ingresos y en las racializadas, en algo a manejar por parte de la policía. Ese modelo reproduce las desigualdades de raza y clase que atraviesan este país. Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública. En las comunidades de clase media se teme a la gente de fuera de ellas, y se recurre a la policía para ello, y en las comunidades más pobres sucede igual pero con parte de la propia gente que vive allí. En estas comunidades hay mayor receptividad a las alternativas policiales porque es donde se ha experimentado la problemática policial mucho más que en las de clase media, donde la policía es a menudo una abstracción y no hay apenas vivencias de primera mano con su intervención. Muchos activistas tratan de hacer hincapié en que cuando confías tu propia seguridad pública en la policía eso está liberando más respuesta policial sobre otra gente. Necesitamos que la gente tome conciencia sobre la responsabilidad que tienen en habilitar ese modelo y lo que implica”.

Ervin lo concreta en el caso de la población afroamericana, que incluso ha extendido el uso de la expresión “calling the police on black people” para designar la facilidad con la que algunas personas blancas telefonean a esta fuerza armada en situaciones cotidianas, sesgados por una sospecha racista.

Los humoristas Trevor Noah y Dulce Sloan expusieron en su programa algunos de estos delirantes casos —que pueden desembocar en escenas violentas o traumáticas para sus víctimas—, dejando constancia además del agravante de que en varios episodios fueran niños de ocho y nueve años sobre quienes se pidió actuación policial. El primero rozó con su mochila a una mujer en una tienda y esta pensó que se trataba de una agresión sexual. El niño simplemente vendía botellas de agua en la calle para costear un viaje a Disneyworld. “Creo que este país —opina Ervin— está empezando a ser consciente de a qué temprana edad empieza esta rapidez en llamar a la policía contra personas negras. Es algo que ocurre, es un lugar común. Para nuestra organización, la policía ha servido para manejar un sistema racista desde su creación”. Si volvemos a la estadística, las personas negras tienen una tasa doblemente mayor que las blancas en cuanto a mortalidad por disparos de la policía, constituyendo el 13% de la población total de Estados Unidos.

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial desde arriba, coinciden Critical Resistance y Vitale. “Tanto Biden como Obama criticaron el eslogan ‘Defund the Police’. Seguramente Joe Biden y Kamala Harris lleven a cabo reformas que entorpezcan el movimiento progresista en torno a la policía y la política penitenciaria”, prevé Ervin. “El propio Biden dejó claro que no apoyaba este enfoque. De hecho, él es uno de esos políticos que se ha sostenido en el modelo policial para llevar a cabo la estrategia neoliberal. Tiene en el departamento de Justicia a varias personas que proceden de aquella fallida reforma y han mostrado cierta apertura a otro sistema policial, pero parece que esta administración invertirá más dinero en policía. No menos”, apunta Vitale. Será una lucha, recuerdan ambos, que tendrá como motor decisivo el impulso de la organización de los movimientos de base.

Ignacio Pato

@ipatolorente

22 mar 2021 06:00

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Empeora represión en Myanmar; fuerzas de seguridad matan a 38 manifestantes

Rangún. Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron ayer a unas 38 personas en el peor día de represión desde que la líder Aung Sang Suu Kyi fue víctima de un golpe de Estado, el 1º de febrero, lo que llevó a la emisaria de la Organización de Naciones Unidas para esta nación asiática, Christine Schraner Burgener, a condenar el "continuo baño de sangre".

La diplomática suiza Christine Schraner Burgener aseveró que "la comunidad internacional, y aun actores regionales, debe unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas".

En un comunicado señaló que el Ejército de Myanmar desafía los llamados internacionales a la moderación, y agregó que sus contactos dentro del país le dieron "relatos desgarradores de asesinatos y maltratos contra manifestantes, así como tortura de prisioneros".

Al menos 22 manifestantes fueron abatidos por la policía en un suburbio pobre e industrial de Rangún, la principal ciudad de Myanmar, después de que se incendiaron fábricas financiadas por China, dijo un grupo de defensa.

Otros 16 manifestantes murieron en otros lugares, señaló la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), así como un policía.

La embajada china refirió que muchos empleados chinos resultaron heridos y quedaron atrapados en ataques incendiarios por asaltantes no identificados en fábricas de ropa en Hlaingthaya y señaló que pidió a Myanmar que proteja las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar. El régimen golpista impuso la ley marcial en Hlaingthaya y otro distrito de Rangún, polo comercial de Myanmar y la antigua capital, anunciaron los medios estatales.

Myawadday, la cadena de televisión dirigida por el Ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que se incendiaran cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes, y unas 2 mil personas impidieron que los camiones de bomberos los alcanzaran. Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas solicitando comentarios.

El doctor Sasa, representante de los legisladores electos de la asamblea que fue derrocada por el Ejército, expresó solidaridad con el pueblo de Hlaingthaya. "Los atacantes, enemigos del pueblo de Myanmar, el malvado SAC (Consejo Administrativo del Estado), serán responsables de cada gota de sangre que se derrame", dijo en un mensaje.

Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, estableció la AAPP. Precisó que más de 2 mil 150 personas habían sido detenidas hasta el sábado.

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