La Francia que Macron sedujo lo cuestiona hoy al rojo vivo

En apenas un año Macron pasó de ser un joven educado y nuevo a un hombre con una arrogancia monárquica. Los chalecos amarillos ganan apoyos en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros van a sumarse a las protestas.


La República tiembla. 89.000 fuerzas de orden desplegadas (8.000 en París), 12 blindados en circulación, teatros y espectáculos públicos retrasados, museos cerrados, la Torre Eiffel clausurada, partidos de fútbol aplazados y centenas de interpelaciones, los chalecos amarillos pusieron a Francia en un estado de alerta global ante la perspectiva de la manifestación convocada para este sábado 8 de diciembre por ellos y otros sectores opuestos al presidente Emmanuel Macron. Los claros gestos de apaciguamiento asumidos por el Ejecutivo cuando accedió en dos tiempos a la exigencia central de los chalecos amarillos no bastaron para desmovilizar este magma de bronca social que estalló hace unas semanas. El gobierno decidió primero suspender el aumento del gasoil, de la luz y la electricidad por un período de 6 meses y luego lo amplió a todo el año 2019.


Las posturas de quienes tienen la intención de reclamar una modificación substancial de las políticas del poder político no se modificaron. Tanto el presidente Macron como su primer ministro, Édouard Philippe, intervinieron en varios planos con el fin de aplacar el fuego. El responsable del Ejecutivo hizo un llamado a “la responsabilidad de todos los actores del debate público, dirigentes políticos, sindicales, editorialistas, ciudadanos”. Philippe agregó que lo que estaba en juego era “la seguridad de los franceses y no la de las instituciones”. A las protestas del sábado organizadas por los chalecos amarillos se le agregan las manifestaciones previstas el mismo día (en otro recorrido) en el marco de la movilización internacional por la justicia climática.


Con justa razón ente lo ocurrido en París y otras ciudades en las manifestaciones que tuvieron lugar durante las últimas dos semanas, la Presidencia y el gobierno temen que la violencia llegue a los extremos. El mismo mandatario francés evocó la existencia de “un núcleo duro de varios miles de personas” capaces de venir a la capital francesa “para romper y matar”. Los chalecos amarillos sumaron apoyos no sólo en los sondeos sino también en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros piensan sumarse a las manifestaciones. La dramatización del miedo responde a la densidad de la bronca observada en París el pasado fin de semana y a la posición intransigente de algunas cabezas de los chalecos amarillos.

Una de sus figuras más visibles, Eric Drouet, convocó a “tomar el Palacio del Elíseo” (la sede de la presidencia francesa). De hecho, es le convergencia de varias oposiciones y el protagonismo violento de las extremas derechas, de las extremas izquierdas así como la radicalización de algunos chalecos lo que ha tornado la perspectiva muy complicada. Según una nota interna de los servicios de inteligencia revelada por los medios, existe una “movilización de la extrema derecha que sueña con la revolución, otra de la extrema izquierda que pregona la insurrección” mientras que hay “una franja de los chalecos amarillos que se radicalizan en la violencia y la política”. El temor a actos desmedidos condujo a los sindicatos a intervenir en los llamados al normalidad. Las tres grandes centrales sindicales, la CFDT, CGT y FO, difundieron un comunicado en el que le piden al gobierno que atienda las demandas sociales y “garantice de una buena vez por todas negociaciones reales”.


El diálogo se ha perdido entre cielos obscuros. Francia parece saltar más allá de los cuestionamientos de una medida y de una política para instalarse en una suerte de repudio tajante de su presidente. Hay, también, una confusión asombrosa entre muchos jóvenes de la sociedad civil. PáginaI12 habló con un grupo de jóvenes que discutían en un café sobra las manifestaciones del sábado. Ante las imágenes de un Porsche incendiado, los jóvenes mostraron su total desacuerdo con que se incendiara un auto que un “señor pagó de su bolsillo”.

En cambio, estaban totalmente de acuerdo con que se destruyeran y saquearan los símbolos de la República, las paradas de colectivos, las estaciones de Metro, los semáforos y las calles. A Emmanuel Macron se le dio vuelta el cuadro. La Francia que él sedujo en apenas un año, la que lo admiró y llevó a la presidencia, ahora lo cuestiona con niveles de irritabilidad al rojo vivo. En 2017, Macron se vistió con el traje del hombre providencial que había salvado a Francia del populismo y la extrema derecha. Era joven, educado y nuevo. En 2018 aparece en cambio como un hombre testarudo, aislado entre bancos y lobbies, ignorante de las problemáticas de las clases pobres y de una arrogancia monárquica. Una columna-llamado publicada por Atac, la fundación Copérnico y firmada por decenas de sindicalistas, intelectuales, artistas e investigadores sintetiza la certeza polémica que el jefe del Estado instaló en el corazón del país. El movimiento de los chalecos amarillos “se caracteriza por su auto organización horizontal y plantea la exigencia de una democracia real contra una presidencia autoritaria y despreciativa”. En un chispazo repentino y casi sin aviso, el macronismo perdió lo que había conquistado en el póker político. Las imágenes difundidas en las redes sociales que muestran la dureza de la policía arrestando como delincuentes a jóvenes bachilleres movilizados contra Macron no hacen sino contribuir a asentar la idea de un poder vertical y autoritario. El ex banquero que en 2017 entendió a los electores, en 2018 dejó de entender a su país y, este, se lo hace saber.


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Una nueva protesta de los ‘chalecos amarillos’ degenera en caos en París

Las fuerzas de seguridad detienen a más de 400 personas y dispersan a centenares de manifestantes en el Arco del Triunfo. Hay más de 130 heridos

Coches incendiados, un monumento nacional asaltado, enfrentamientos en varios puntos neurálgicos de París, un presidente desbordado y a 11.000 kilómetros de distancia, y una oposición comprometida por su apoyo a un movimiento de objetivos inciertos. Francia, país donde la tentación revolucionaria nunca está lejos y forma parte de la identidad como la bandera y el himno, flirtea con la crisis política. Los llamados chalecos amarillos desafiaron de nuevo ayer al Gobierno francés con una manifestación que terminó con desórdenes públicos graves, decenas de heridos y detenidos y una sensación de descontrol poco habitual en la capital francesa. El Ejecutivo se plantea declarar el estado de emergencia en el país en caso de que se repitan los incidentes, según ha declarado Benjamin Griveaux, portavoz del Go bierno a Reuters.


Emmanuel Macron, que se encontraba en Argentina en la cumbre del G20, afronta el momento más complicado de su mandato desde que ganó las elecciones en 2017. El presidente francés sigue sin encontrar la fórmula para desactivar una revuelta cuyo grito más extendido va contra él: “Macron, dimisión”. No sirvió de nada su discurso el martes con propuestas vagas para abordar la subida del precio del carburante. Aunque las protestas de los chalecos amarillos —la prenda fluorescente que debe estar en todos los vehículos— están lejos de ser masivas, dos de cada tres franceses las apoyan.


El movimiento empezó a gestarse en octubre, por medio de las redes sociales, como una queja por el precio del diésel, cuyas tasas no han dejado de aumentar hasta equiparse casi a la gasolina. No es una cuestión técnica. Para millones de franceses que viven en ciudades pequeñas y medianas, el coche es una herramienta de trabajo. Cada aumento —habrá otro en enero— supone una carga onerosa para automovilistas a los que les cuesta llegar a fin de mes. La finalidad medioambiental de las tasas —se trata de disuadir del uso de energía contaminante— no les convence. La ven como un agravio, una muestra más de la desconexión de la Francia de las ciudades globalizadas, la Francia donde el medio de transporte es el metro, la bicicleta (o hasta el patinete). En definitiva: la Francia de Macron.


Pero el movimiento ahora plantea un abanico de reivindicaciones variopintas, que van desde la bajada de todas las tasas hasta la dimisión del presidente. Desde hace dos semanas, lo chalecos amarillos no han dejado de bloquear, con distinta intensidad, rotondas y accesos viarios en todo el país. Por tercer sábado consecutivo, ayer también se manifestaron en París y otras ciudades. Y, por segundo sábado consecutivo, la violencia empañó las convocatorias.


Las autoridades habían decidido que, al contrario que el 24 de noviembre, restringirían el acceso a los Campos Elíseos, escenario de enfrentamientos la semana pasada. Para entrar en la avenida había que superar controles policiales. El resultado es que quedó casi vacía. Todo se concentró en las calles y avenidas de los alrededores y en la plaza Charles de Gaulle, donde se ubica el Arco del Triunfo, símbolo nacional de la República francesa. La batalla, con intensidad variable, se prolongó toda la jornada, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer.

Por Marc Bassets
París 2 DIC 2018 - 03:34 COT

 

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Control y caos. Honduras, entre la expulsión y la esclavitud

Las escenas recorrieron el mundo: miles de familias hondureñas cruzando hacia el norte fueron interceptadas en la frontera con México por fuerzas de robocops con escudos de plástico, toletes y gases lacrimógenos. Mujeres u hombres defendían a sus niños cargándolos mientras enconchaban el cuerpo. La gente arremetía contra las cercas de seguridad. Los presidentes de Honduras y Guatemala pedían su retorno. Donald Trump vociferaba contra la ineptitud de los presidentes centroamericanos y amenazaba cortarles toda ayuda, por permitir que “hordas de delincuentes” amenacen SU frontera.

Días después hubo un segundo envión que en la frontera mexicana enfrentó con palos y piedras las balas de goma, los toletazos y gases. Un tiro en la cabeza mató a un caminante.


El caos fue mayor: que si avanzan, que si los regresan, que si se evaden por el río en lanchas, que si los meten a refugios o a campos de concentración, que si el gobierno mexicano (el que va a entrar, que de algún modo ya funciona), les otorga asilo y les ofrece empleo. Y entonces unos huyen y otros no saben qué hacer. Faltan medicinas, comida, techo, cuidados mínimos para infantes y mayores por igual. Circulan videos de personajes repartiendo dinero para emprender la marcha. Proliferan y se confrontan narrativas.


Hay quien mira la mano de Trump que con esta marcha se posiciona contra las fronteras abiertas y contra la entrada de personas calificadas de subnormales, degeneradas y criminales y promueve descalificación y expulsión en aras de las elecciones internas estadunidenses de noviembre.


Gobernando desde twitter, Trump colecciona frases: “Pandilleros y otras personas muy malas están mezcladas con la caravana que se dirige a nuestra frontera Sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que emprendan el proceso legal requerido. Esto es una invasión y nuestros militares estarán esperándolos”, es la frase más circulada. “Miro al partido demócrata conducir este asalto a nuestro país (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles vigentes) desde Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes no están haciendo lo necesario para impedir que este flujo de personas, incluidos muchos criminales, entren a México rumbo a Estados Unidos”. Y más: “El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos elementos criminales y DROGAS, que escurren hacia dentro, es más importante para mí, como presidente, que el comercio o el ‘USMCA’. Esperamos que México frene esta embestida en su frontera norte. ¡Es culpa de los demócratas y sus leyes débiles!”.


Hay quien culpó a Maduro, a un contendiente de la izquierda hondureña, y en el paroxismo de la rumorología, Trump comenzó a alegar en sus twitazos que habían aprehendido gente de Medio Oriente en Centroamérica ligada a la caravana.


Con gran responsabilidad, The Guardian rastreó el rumor a una información de Pete Hegseth del programa televisivo Fox and Friends, que afirmó que en Guatemala habían capturado gente del Estado Islámico, según “un discurso del presidente Jimmy Morales al periódico Prensa Libre”, donde declaraba haber capturado cien terroristas. “El secretario de Inteligencia, Mario Duarte, indicó que los detalles de estas capturas son información reservada”. Sam Wolfson, del Guardian, no dejó de anotar que el discurso de Morales “ocurrió el 11 de octubre, días antes que se formara la caravana. No hay otros informes de que miembros de ISIS hayan sido descubiertos en dicho país”. Pero las informaciones fueron retomadas por otras publicaciones, sin especificar detalles, como Judicial Watch, buscando confirmar alguna conexión entre caravana y terroristas. Por eso el link dice: “terroristas-de-isis-capturados-en-guatemala-conforme- avanza-la-caravana-a-eu”. Trump tuvo que reconocer que no tenía mayor evidencia de estos rumores.
El Guardian anota que Trump acusa a los demócratas de estar tras el éxodo hondureño al afirmar: “un montón de dinero fue entregado a la gente para llegar a la frontera en vísperas del día de elecciones”. Se rumora que Soros y sus ONG están inmiscuidos. El periódico hondureño La Tribuna, y hasta el mismísimo padre Solalinde miran la mano de Georges Soros en el éxodo, del mismo modo que antes, se dice, respaldó las llamadas “revoluciones de colores” en Yugoslavia y Medio Oriente.


Sea o no cierta la implicación de Soros, o de los aparatos de inteligencia estadunidenses de Trump con tal de crear la percepción de riesgo si llegaran más demócratas al poder en las elecciones intermedias estadunidenses, lo innegable es el enorme caos, la confusión, devastación, despojo y violencia que sufre el pueblo hondureño desde al menos el siglo XIX, cuando Estados Unidos fijó el destino de la nación como un espacio, primero predado como república bananera por la United Fruit y luego utilizado para confrontar, desestabilizar y corromper cualquier movimiento contrario a los intereses corporativos en la región.


Honduras se transformó en un gran escenario para operaciones encubiertas. Luis Hernández Navarro apunta: “Honduras, escribió Gregorio Selser, es una república alquilada al imperio, es el portaviones estadunidense en América Central. Hoy es, además, un buque insignia de la narcopolítica continental que hace agua”.


Es imprescindible entender que la gente huye de condiciones de violencia, confusión y deshabilitación extremas donde se ha hecho imposible la vida cotidiana, ya no digamos las labores creativas que le permitieran a la población ejercer sus propias estrategias de sobrevivencia. Donde las escenificaciones de movimientos forzados de población, mediante engaños, han sido parte de su historia reciente, como sabemos quienes vivimos la guerra Contra en Honduras que movilizó al exilio a miles de “refugiados” procedentes de Nicaragua, con el fin de vaciar regiones, predar ayuda humanitaria, ejercer controles extremos sobre la población desplazada incluido el reclutamiento forzoso, e intensificar la guerra contra el entonces Estado del sandinismo triunfante.


Hoy en Honduras se impone la siembra de palma aceitera a punta de paramilitares, los cárteles transnacionales se disputan el cultivo y tráfico de drogas y la vida no vale ni siquiera una mirada porque el violento caos cotidiano es la moneda de cambio.


Las cifras oficiales dicen que al año son asesinadas 57 personas por cada 100 mil habitantes: 14 personas diarias. Honduras es uno de los países más violentos del mundo, en particular San Pedro Sula: se dice que la ciudad más violenta del planeta.


Según datos sistematizados por 321.org, en la región la gente vive con menos de 1.9 dólares al día. El 64.3% de su población vive por debajo de la tasa de incidencia de pobreza. El punto más álgido según Philip Alston, el relator de extrema pobreza de la ONU, es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia ONU han fomentado “agresivamente” la privatización de servicios básicos.
Según Alston: “Privatizar la justicia, la protección social, las prisiones, la educación, la sanidad básica y otros bienes públicos esenciales, no se puede hacer a costa de tirar por la ventana la protección de los derechos humanos”. La destrucción y el acaparamiento de la infraestructura cotidiana de la vida es lo que promueven las Zonas Económicas Especiales, enclaves de desvío de poder donde funciona un gobierno privado dentro del Estado nacional y se acaparan paulatina o repentinamente las funciones “normales” de los ámbitos de competencia “legal”.


La expansión frenética y masiva de plantaciones, paramilitarismo, sicariato y deshabilitación impuestos por las corporaciones y el crimen organizado hacen de Honduras un “paraíso de inversión” y un basurero de la vida humana, por el amedrentamiento y la precarización generalizadas. Quienes migran, en este exilio forzoso que parece diseñado para cumplir varios planes a la vez, serán detenidos si logran llegar a Estados Unidos y ahí cumplirán con ser mano de obra esclavizada (un dólar diario) en los centros de detención privados, tan caros al sistema judicial estadunidense.

 

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Condenan defensores de DH operativo contra la caravana

Arriaga, Chis., Unos 200 policías federales trataron de impedir el paso de la caravana de centroamericanos cuando ingresaba al estado de Oaxaca, para "informarle" acerca de los beneficios de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que regularicen su situación migratoria y se acojan al programa Estás en tu casa para obtener trabajo y educación, entre otros beneficios.

"Esta oportunidad se ha venido construyendo con las cosas que el gobierno considera que reúnen todos los requisitos de lo que ustedes necesitan para tener una estancia en nuestro país", dijo el comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal (PF), Benjamín Grajeda Regalado, a los representantes de los migrantes.

"Para aquellos que decidan ad¬herirse al programa, estamos listos para trasladarlos y tenemos todos los medios para que inicien los trámites. Estamos aquí por una razón humanitaria, pues ya no queremos que esos grupos vulnerables se sigan arriesgando; les pedimos la oportunidad de explicarles de primera mano las dudas que hayan quedado en el aire y quienes estén de acuerdo los acompañaremos para que lleguen a un lugar donde no pasen problemas."

Los centroamericanos partieron a las 3 horas de este sábado de Arriaga, Chiapas, hacia Tapanatepec, Oaxaca, pero en los límites con esta entidad había un retén con unos 200 uniformados.

Un kilómetro antes de llegar al retén –cerca de las 5 horas– detuvieron su marcha mientras representantes de las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos de ambas entidades fungieron como mediadores para transmitir la información de Grajeda Regalado a los representantes de la caravana y viceversa.

Tras el intercambio de mensajes, el comisario de la PF y los representantes de los migrantes dialogaron varios minutos en la carretera.

"Queremos presentarles de primera mano el programa" anunciado por Peña Nieto el viernes, les dijo el jefe policiaco, acompañado por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca, Jacobo Rodríguez. Un representante de la caravana respondió al comisario. "Después de hacer la exhortativa, ¿van a permitir el paso?"

–La instrucción que tenemos es seguir aquí y exhortándolos para esa invitación –dijo el funcionario.

–La respuesta es "no habría paso" –sugirió el vocero migrante.

–No, sólo para aquellos que se quieran sumar [al proyecto presidencial] –confirmó el representante del gobierno.

Arturo Peimbert, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, expresó al responsable del operativo: "No vemos esto como medida viable, no la reconocemos, pero sí privilegiamos la paz, por eso nos ofrecemos para girar un mecanismo que ayude que no se desborden los ánimos".

Ambas partes acordaron un plazo de 20 minutos para que se despejara la carretera y cerca de las 8:05 horas, después de tres de diálogo, se dio paso libre para que continuaran su marcha a Tapanatepec, Oaxaca.

A su llegada a ese municipio, los centroamericanos se concentraron en el parque central y otros en calles aledañas. Muchos, cansados, lastimados de los pies, otros enfermos; de inmediato personas altruistas les ofrecieron comida caliente.

Más tarde informaron que dejarán Tapanatepec a las 4 horas de este domingo, un contingente rumbo a Niltepec y otro a Juchitán.

Por la noche trascendió que los representantes de los desplazados acordaron posponer el viaje de este domingo y continuarlo el lunes, luego de que a un migrante guatemalteco se le atribuyó el intento de robarse un niño, lo que ocasionó que unos 100 centroamericanos intentaran golpearlo. El presunto raptor se ocultó debajo de una banca donde se mantuvo protegido por ciudadanos mexicanos, que lo entregaron a la policía sano y salvo. Al mediodía de hoy definirán el siguiente paso.

Elio Henríquez y Diana Manzo
Corresponsales

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Miércoles, 24 Octubre 2018 17:22

Centros penitenciarios de control social

Centros penitenciarios de control social

Lo que gritan es muy diciente: “cállese marrano hijueputa”; “abajo, marica, ¿es qué no escucha?”; “este hijueputa es el más fastidioso de todos”; “marrano hijueputa”; “ese es el cacique, ese hijueputa es el cacique”; “ahí sí no es hombre ¿no?”; “ahí sí llora como una nena”; “ya no se cree malo ¿no?”; “sea barón, gonorrea”; “esas gonorreas casi matan al man”. Los insultos corresponden a un video que muestra a varios hombres jóvenes semidesnudos tirados en el suelo boca abajo. Uno de ellos, al que llaman Marrano, llora de dolor al ser golpeado con un palo en la retaguardia. Si uno, como espectador, sólo tuviera acceso a los audios, y no a las imágenes, podría pensar que quienes golpean e insultan, a quien por nombre le dicen Marrano, hacen parte de una banda delincuencial que cobra venganza, posiblemente por las heridas propinadas por éste a uno de los suyos. Así se escuchan y así se ven. Pero no, no son ninguna banda enemiga, el video muestra que quien golpea y quienes insultan al joven reducido es la Policía Nacional y quienes están tirados en el piso son algunos de los jóvenes del centro penitenciario El Redentor.

 

El video salió a la luz pública el 11 de octubre y desde entonces se desató un debate sobre el funcionamiento del centro reclusorio. Un debate que, sin embargo, se centró en el comportamiento de los reclusos y no en la represión de los oficiales. Pero ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Para justificar de forma velada el comportamiento de los policías. Así lo insinúa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, entidad encargada de proteger a los adolescentes y jóvenes: “se acude a la policía sólo cuando la situación ya está fuera de control y, pues, desafortunadamente suceden estos excesos, que nada los justifica”, aclara.

 

Pero el “nada lo justifica” ya no sirve, es sólo un accesorio para curarse en salud. Antes ya había dicho que en lo corrido del año los reclusos se han amotinado en más de 20 ocasiones y que constantemente les encuentran armas, que no son adolescentes sino jóvenes entre los 18 y 28 años. Es decir, ya deslegitimó a los reclusos. No es difícil imaginar entonces que los policías implicados compartan su lógica. No es difícil imaginar escucharlos decir “claro, ahora sí arman tremendo escándalo por los reclusos, pero ¿quién habla de los policías que los reclusos hirieron?”. Porque, como se escucha en el video, al parecer uno de los policías dice: “esas gonorreas casi matan al man”, refiriéndose a uno de los uniformados heridos.

 

Es muy posible que el motivo de la conducta de los policías haya sido precisamente esa; que, tras ver a uno de los suyos lastimado, al parecer por el joven a quien llaman Marrano, hayan actuado ciegamente, con rencor. Con esta descripción, tal y como se insinúa en medios de comunicación, es hasta muy posible que la opinión pública simpatice con los oficiales y condene a los reclusos, a pesar de ver las fuertes imágenes de estos en el piso. Sin embargo, la Fuerza Pública no es un grupo de individuos común y corriente, son una entidad, se supone, formada y capacitada para saber cómo actuar en casos de crisis. Son una institución, supuestamente, democrática y que por lo tanto sus funcionarios no deben actuar como la gente común y corriente. Por esto, no es posible justificarlos, ni mucho menos simpatizar con su conducta.

 

Ahora, si el debate estuviera encaminado en esta dirección nos estaríamos preguntando más bien por la formación y funcionamiento de la Policía, no sólo por el centro reclusorio. Aquí ganan pertinencia preguntas como: ¿en realidad los policías están formados para manejar casos como el que tratamos? Y con esto no sólo se puede hacer referencia a las estrategias de reducción y sometimiento de los reclusos, sino a la formación psicológica y emocional (hasta moral) para manejarse cuando las cosas se salen de control. ¿Se discierne con los policías la forma en que entienden a los reclusos? Esto es fundamental que lo hicieran ya que, por la naturaleza de su oficio es muy posible que la imagen que construyen sobre el delincuente en general (y el recluso en particular) esté reducida a sus características negativas, es decir, que tiendan a demonizarlos, a verlos como la escoria de la sociedad y con ello pierdan todo sentido de compasión, comprensión y entendimiento ¿Los policías tendrán, entonces, una reflexión/trabajo continuo con profesionales, por ejemplo del área de la psicología, para evitar que deshumanicen al delincuente? Estas son las preguntas que también deberían estar en el centro del debate, mucho más cuando la Procuraduría advierte que el comportamiento de los oficiales dentro del reclusorio es posiblemente sistemático.

 

Signos de crisis

 

La indignante golpiza propinada a los reclusos por parte de los oficiales, sumado al hecho de que los reclusos constantemente se están amotinando, es una muestra más de la crisis estructural del sistema penitenciario. Este es un fenómeno sobre el cual muchos estudiosos del tema han llamado la atención, pero tal vez también es uno de los más rezagados, olvidados e ignorados. Las variables de la crisis están en todas las dimensiones, comenzando por la infraestructura, como afirma la misma doctora Pungiluppi, para quien El Redentor es inadecuado e insuficiente en términos de espacio. Esta es una realidad no sólo para este reclusorio sino para la gran mayoría de este tipo de centros de reclusión con que cuenta el país. Constantemente se escucha en los noticieros los índices de hacinamiento en las cárceles, los cuales pueden sobrepasar cuatro veces su capacidad.

 

Otra variable tiene que ver con la demora en la formulación de las sentencias. Más del cincuenta por ciento de los presuntos delincuentes pasan años privados de su libertad hasta que se de una sentencia. Esta es, por un lado, una de las causas del hacinamiento, aunque no la determinante.

 

Pero el problema más relevante en términos sociales tiene que ver con los procesos de resocialización. Es bien conocido este fenómeno en la opinión pública. Se sabe que los reclusos aprenden a delinquir en los centros de reclusión tanto como en la misma calle. Una gran contradicción si se cree, como se nos dice a menudo, que la función de dichos centros es la de rehabilitar y resocializar a quienes infringen las leyes. Funciones que en realidad nunca han existido ni han estado dentro del radar de los formuladores de la política pública. En realidad, como afirma Michael Foucault, las cárceles son centros de control social, específicamente de las clases bajas y los movimientos sociales. Su función, contrario a lo propagandeado, es la de someter y destruir al disidente.

 

Sistema penitenciario: la nueva forma de esclavitud

 

La crisis estructural del sistema penitenciario no sólo es un problema de Colombia, es uno de los más importantes del mundo. En el documental Enmienda 13, de la directora Ava DuVernay (Selma, Scandal), autores como Angela Davis, Van Jones, Michelle Alexander, afirman que el sistema penitenciario en Estados Unidos es la forma como se logró perpetuar la esclavitud de la población negra a pesar de la abolición formal de la misma como sistema económico. Dichos autores muestran cómo se han transformado en el tiempo las causas del encarcelamiento. Durante el siglo XIX y parte del XX se apresaba a las personas negras que se consideraban ociosas o vagas. Luego, criminalizaban a los actores de los movimientos sociales antiracistas y a favor de los derechos civiles de las personas negras, por fomentar el caos e ir en contra de la ley. Hasta llegar a la década de los sesenta del siglo XX con el gobierno de Nixón, cuando inició la lucha contra las drogas.

 

A partir de este momento se emprendió una guerra sistemática contra los consumidores, productores y expendedores de drogas. Una política que, se sabe, tiene como objetivo el control social de la población marginal para impedir que se organicen y así fomentar el miedo de unos con otros. Este análisis que enuncia el documental es fundamental como puerta de entrada para entender nuestra propia realidad. El observatorio de niñez, del Icbf, muestra que la causa principal del encarcelamiento en adolescentes y jóvenes es el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Un cambio radical en la política sobre el tema de las drogas, del punitivo a uno con enfoque de salud pública, sacaría a miles de adolescentes y jóvenes de los reclusorios donde se exponen a ambientes de riesgo. Sin embargo, más de diez millones de personas, sumadas a la indiferencia de otros tantos millones, eligió a un presidente que volvió a penalizar la dosis mínima. Lo cual traerá como consecuencia un incremento en el número de reclusos que nunca serán resocializados.

 

Así, su política contra las drogas es una política que alimenta la criminalidad si se entiende de esta manera: al ser un negocio ilegal, sus conflictos inherentes no se pueden resolver por medio de la justicia ¿qué significa esto? Que, si un productor sorprende a uno de sus expendedores robándole la mercancía, no recurre a la justicia para apresarlo, sino a métodos violentos, como el sicariato, propio de una economía ilegal. Legalizar el negocio reduciría el número de jóvenes y adolescentes muertos o encarcelados por asesinar.

 

Retórica oficial

 

Luego de darse a conocer el video que evidencia la brutalidad policial y sin exponer las causas que lleva a los jóvenes allí recluidos a cometer conductas por las caules pierden su libertad, la retórica oficial se ha centrado en decir que desean una gran reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –Srpa–. La directora del Icbf ha dicho, por ejemplo, que su enfoque deseado sería que la última opción para castigar a los jóvenes delincuentes sea la reclusión, que antes buscaría otras estrategias, como la labor social. Una propuesta que suena bonita ante un micrófono de un medio de comunicación, pero que no deja de ser buenas intenciones. Es difícil creer que la gran reforma se haga porque, para lograrla, se tendría primero que reformar, para empezar, la política contra las drogas. Si esto no se hace, a la par de una reforma del sistema penitenciario, los problemas estructurales continuarán. Pero, para que se de un giro de esta importancia, se requiere un tipo de gobierno radicalmente distinto al actual, uno que no utilice las cárceles como sistema de control social y la guerra contra las drogas como excusa para conseguirlo.

 

Publicado enEdición Nº251
Domingo, 21 Octubre 2018 07:36

¿Derechos humanos, alguien?

¿Derechos humanos, alguien?

Es en extremo difícil hallar un país o alguna otra estructura política que no haya violado derechos humanos de algún modo.

Algunas veces, la violación implica asesinar a un disidente.

Algunas veces la acción es menos severa, sin embargo tiene un efecto muy negativo sobre la vida y las actividades de la víctima de la violación.

Con raras excepciones, la estructura política acusada de violar los derechos humanos niega haberlo hecho.

La evidencia dura de una violación es difícil de obtener y circular. La entidad acusada de violar derechos humanos tiende, en la mayoría de los casos, a ignorar protestas, y como tal mantiene intacta la supuesta violación.

Algunas instancias actuales sometidas a discusión pública son: Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Holanda, Suecia, Latvia, Polonia, Hungría, la República Checa, Turquía, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Sudáfrica, Yemen, Irak, Irán, Pakistán, India, Myanmar, Indonesia, Australia, China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón.

Cualquier país en esta lista tiene algunos defensores que se escandalizan por la acusación mientras otras personas lo ponen hasta arriba de su lista acusatoria.

Esta ya muy enorme lista no incluye a entidades dentro de los llamados Estados soberanos. Enlistarlas habría alargado la lista tremendamente.

¿Qué podemos concluir de esta totalmente poco clara discusión acerca de los derechos humanos? Concluyo que no podemos utilizar la categoría de derechos humanos en sí misma. Puede ser útil tal vez si la situamos en un contexto complejo de la situación en una entidad política dada, pero ciertamente no puede sostenerse en sí misma.

Mi segunda conclusión es que, hasta ahora, la categoría ha permitido lograr muy poco. A como la usa la mayoría de los activistas, se ha alejado del análisis del sistema capitalista y por tanto de la lucha central de nuestros tiempos.

Traducción: Ramón Vera-Herrer

 

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El 68 a medio siglo. "Es una profunda herida"

A 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) "mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanciones a los responsables de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968". El organismo internacional exhortó firmemente al Estado mexicano a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral, como lo han hecho otras instancias globales.

En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional. La directora ejecutiva de esa organización en México, Tania Reneaum Panszi, se refirió a los hechos de 1968 como una profunda herida. Representa la larga sombra de impunidad que empaña al sistema de justicia.

Respecto de la reciente apertura de los archivos del movimiento 68 por la Universidad Nacional Autónoma de México, Reneaum Panszi dijo que contribuye a la construcción de la memoria colectiva, pero no será suficiente. El caso no debe cerrarse hasta que se divulgue toda la información, se lleve a los responsables ante la justicia y sobre todo, se establezcan mecanismos para garantizar la no repetición de estos hechos.

Por separado, la ONU-DH resaltó: "El despertar cívico (del 68) que, encabezado por la juventud estudiantil, denunció la arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático basado en un régimen de libertades mediante la acción pacífica y la reivindicación del diálogo".

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aseveró que "la causa de los derechos humanos en México no se puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad de hace cinco décadas. En una parte considerable, los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país son legatarios del movimiento estudiantil de 1968".

La ONU-DH alentó a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido en 1968, reconocer en la gesta estudiantil un motivo permanente de inspiración para la causa de los derechos humanos y extraer las lecciones conducentes para evitar que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan trágicos como los que entonces sacudieron a México.


A 50 años, no se olvida


Hoy hace medio siglo el movimiento estudiantil que había cimbrado durante más de dos meses a la sociedad y a la institucionalidad política mexicanas fue aplastado mediante una conspiración represiva, urdida en las más altas esferas del poder, que desembocó en una masacre y en una persecución política tan implacable como injustificable y cuya huella de dolor e indignación perdura hasta nuestros días. Vistas en retrospectiva, las reivindicaciones de los estudiantes movilizados resultaban de obvio cumplimiento en un entorno de normalidad democrática: liberación de los presos políticos, supresión de los apartados del Código Penal que legalizaban la persecución política, destitución de los mandos de la policía capitalina implicados en abusos de autoridad, indemnización a las víctimas, supresión del Cuerpo de Granaderos y castigo a los funcionarios responsables de la violencia en contra de los inconformes.


El pliego petitorio de 1968 era ilustrativo del círculo vicioso entre inconformidad y represión. En lugar de actuar con visión de Estado, sensibilidad política y apego a la legalidad, el régimen diazordacista optó por asesinar, herir, encarcelar, desaparecer, encarcelar y calumniar a jóvenes que ejercían su derecho a la libre manifestación, así como a varios de sus profesores y referentes políticos. La masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue el punto más alto de una insensatez que empezó por la violencia policial contra una marcha pacífica que conmemoraba la Revolución Cubana y siguió por ataques a balazos desde edificios públicos y privados a concentraciones estudiantiles y el allanamiento de las más importantes sedes de la educación media superior y superior, entre ellas la Preparatoria 1 en San Ildefonso, Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás y la Unidad Profesional Zacatenco.


En el colmo del extravío, el gobierno federal movilizó al Ejército Mexicano contra la población civil. Y no se detuvo: continuó, después de los sucesos de Tlatelolco, con la persecución, el encarcelamiento y la realización de remedos de juicios penales a líderes y participantes del movimiento estudiantil.


Éste fue aplastado, pero el presidencialismo priísta no logró recuperar nunca su credibilidad ni su autoridad moral. El descontento social por el autoritarismo, la cerrazón y el carácter antidemocrático del sistema político dio lugar al surgimiento de movimientos armados y a la guerra sucia que se desarrolló en los siguientes dos sexenios.
En forma paralela, los sucesos del año de los Juegos Olímpicos llevaron a diversos sectores de la sociedad a una reflexión política que se fue concretando en propuestas políticas de participación electoral, en proyectos de organización sindical y agraria al margen de las corporaciones oficiales y en la integración de proyectos informativos que buscaban romper el cascarón del discurso único y la verdad oficial repetida en todos los medios.


En suma, el movimiento estudiantil de 1968 y su trágico y bárbaro desenlace quedaron impresos en la conciencia nacional y fueron modelando un desarrollo político que llevó a la conquista de los primeros cargos de representación para partidos de izquierda en 1979 y 1982; a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988; al triunfo de la oposición en los primeros comicios realizados en la capital del país, en 1997; a la victoria de Morena el primero de julio de este año, y al derrumbe del PRI.


A pesar de represiones, cooptaciones y mediatizaciones, en el medio siglo transcurrido desde la masacre de Tlatelolco tres generaciones han mantenido vivo el espíritu democratizador del movimiento estudiantil de 1968, precursor de las libertades conquistadas en ese periodo. Sin embargo, el poder político ha conseguido hasta ahora obstruir el esclarecimiento y la justicia para los sucesos de hace 50 años, cuyo saldo jurídico sigue siendo el de la más completa impunidad, un saldo en el que se originan los principales extravíos institucionales que aún persisten en el país y explica la necesidad de mantener viva la consigna: 2 de octubre no se olvida.

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Ortega declara ilegales las protestas en Nicaragua

Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.

Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.


“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.


Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobernó el país latinoamericano durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.


El pasado sábado Ortega alertó a los empresarios de que enviaría a la policía para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un “terrorismo económico” en este país.


La advertencia de la Policía se da un día después de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilización permanente como forma de intimidación a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del país. Una de las últimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado sábado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno murió un adolescente de 16 años y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibió un disparo en el brazo derecho. Está por ver si el anuncio de la Policía de este viernes logrará desmovilizar las próximas protestas.


El viernes por la tarde, la Policía también allanó las oficinas del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública. El Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP y a su director, Félix Maradiaga, de financiar actos de “terrorismo” para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Policía decomisó documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el céntrico Reparto San Juan de Managua.


Las autoridades ya habían girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. “El de la Policía es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas más básicas del Estado de derecho. Es una posición torpe del régimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS, en conversación telefónica desde el país norteamericano. El experto calificó, además, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de "un atropello más a la sociedad civil" nicaragüense.


Maradiaga participó a primeros de septiembre en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discutió por primera vez la crisis nicaragüense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció en esa ocasión las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de Ortega.


A mediados de julio, el Parlamento nicaragüense –controlado por Ortega– aprobó una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva” que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del régimen para criminalizar a sus críticos. La ONU advirtió en esa ocasión que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.


Desde entonces han sido detenidas –según cifras oficiales– más de 200 personas acusadas de “terrorismo”. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las cárceles del país podría superar los 300, la mayoría por protestar contra el régimen. El miércoles, la CIDH recomendó al Gobierno "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el régimen.

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Hay 12 mil 800 menores migrantes en detención, cifra sin precedente en EU

La detención de niños migrantes alcanzó índices jamás vistos: 2 mil 400 menores estaban detenidos en mayo de 2017, cifra que subió a 12 mil 800 este mes, informó este lunes el diario The New York Times.

El incremento que ha puesto a prueba la capacidad de los refugios, no se debe al aumento de menores entrando por la frontera, sino a una reducción en el número de infantes que son liberados, sugiere una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Trabajadores sociales aseguran que el cuello de botella está poniendo demasiada tensión lo mismo en los menores migrantes que en el sistema que cuida de ellos.

Actualmente, los refugios operan a 90 por ciento de su capacidad; en mayo de 2017 operaban a 30 por ciento.

Muchos cruzaron la frontera sin sus padres y fueron enviados a más de 100 refugios distribuidos principalmente en el suroeste de Estados Unidos.

Los datos recopilados y reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos al Congreso dan cuenta de que a pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para desalentar la migración de centroamericanos, no ha variado el flujo de menores que cruzan la frontera; la única diferencia es que ahora menos familiares y responsables de los menores acuden para hacerse cargo de ellos por miedo a la estricta aplicación de las leyes migratorias, derivada de la política de tolerancia cero dispuesta por Trump.

En tanto, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), advirtió en un informe publicado este miércoles que el muro que la administración de Trump pretende construir en la frontera con México aumentará la cifra de muertes de indocumentados, pero no reducirá el flujo migratorio.

En el informe Muerte, daño, fracaso: Impactos pasados y futuros de los muros en la frontera México-Estados Unidos, la ACLU destacó que la construcción de más bardas fronterizas "sería un tremendo derroche de dólares provenientes de los impuestos, agravaría el daño a las comunidades vecinas y al medio ambiente, y aumentaría la tasa anual de muertes de migrantes".

En tanto, el senador Jeff Merkley, de Oregon, dio a conocer documentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que muestran que la administración Trump desvió 9.8 millones de dólares de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias hacia la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas para incrementar la detención de migrantes.

El senador Merkley calificó el hecho de "escandaloso", y añadió "no fue suficiente con separar a miles de menores de sus padres, el gobierno eligió pagar por este horrendo programa a cambio de disminuir su capacidad de respuesta ante la devastadora temporada de huracanes que se avecina".

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Domingo, 09 Septiembre 2018 10:41

Nicaragua. Camino al aislamiento

Nicaragua. Camino al aislamiento

La expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el régimen de Nicaragua parece incomprensible para algunos, y un desacierto de fondo para otros. Pero en cualquier caso, no conduce sino al aislamiento internacional.

Antes de que la cancillería diera por terminada la presencia de la misión, ya el propio Daniel Ortega, en un discurso que presagiaba la decisión, había acusado al organismo de ser “instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte… manejada por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros… los que los transportaron desde África para que trabajaran… son infames”.

La conclusión es, entonces, que las investigaciones que la misión de derechos humanos de Naciones Unidas ha llevado adelante no son sino un ardid malintencionado del viejo colonialismo europeo, urdido contra un indefenso país del tercer mundo. Pero ¿quién es el alto comisionado bajo cuyo mandato se preparó el informe?

El diplomático jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, quien ha sostenido una firme posición en favor de Palestina en el conflicto con Israel y en 2015 declaró que Estados Unidos estaba obligado a llevar a juicio a los miembros de la CIA responsables de casos de tortura. Raro esclavista. Y la diatriba alcanza también a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, lejos también de cualquier credo colonialista, quien muy pronto sustituirá a Hussein.

La vigilancia del respeto a los derechos humanos es hoy día regla universal que rebasa las fronteras. Y los organismos regionales y mundiales que los tutelan nacen de un largo proceso que ha llevado a las naciones a aceptar no sólo la necesidad de su existencia como elemento de civilización, sino a acatar sus informes.

Son muy pocos los casos en que la inconformidad con los señalamientos de estos organismos provoca la descalificación de sus reportes, y más escasos aún aquellos en que se decreta su expulsión tras invitarlos a realizar visitas presenciales. Una acción semejante significa ponerse al margen de la comunidad internacional o de espaldas a ella.

Los integrantes de las misiones de derechos humanos que han acudido a Nicaragua son profesionales intachables, y responden a la seriedad e integridad de quienes encabezan estos organismos. Descalificarlos puede ser eficaz para contentar a los propios partidarios, pero no para convencer a los gobiernos y a la comunidad internacional. Y tampoco ayuda para nada a reconciliar al país, porque lo que viene a confirmarse es una voluntad de impunidad. Muy sabiamente el jefe de la misión expulsada, el jurista peruano Guillermo Fernández Maldonado, ha propuesto la integración de una comisión internacional de la verdad para profundizar en los hechos.

La retórica denigratoria que acompaña la expulsión no tiene ningún peso frente a los señalamientos de acciones de represión oficial y paramilitar, consideradas en el informe como violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos, lo cual incluye el uso desproporcionado de la fuerza, casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción de acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, tortura y violencia sexual, criminalización de las protestas ciudadanas. Lo que tiene peso es el hecho mismo de la expulsión.

Y, seguramente, lo más irritante para el régimen es que el informe contradice la narrativa oficial del golpe de Estado. "Golpistas" ha sido el título que conforme a esa narrativa se ha dado constantemente a los miles de participantes en las protestas populares.

Al cerrar las fronteras al escrutinio de los hechos violatorios de los derechos humanos, el régimen desconoce el orden internacional, en el que se basa hoy día la convivencia entre las naciones de todo tamaño y poderío. ¿Puede Nicaragua vivir bajo una política de fronteras cerradas? ¿Puede el régimen valerse solo, aislado como está de la propia sociedad nicaragüense?

A lo largo de la historia ha habido naciones que se han encerrado en sí mismas, ignorando a las demás. Pero se ha tratado de países vastos en su geografía, autosuficientes en sus recursos y, por supuesto, poderosos, como ocurrió con China bajo las dinastías Tang y Ming. Pero Nicaragua es un país pequeño, interconectado de manera natural a las naciones vecinas y miembro fundador tanto de la Organización de Estados Americanos como de Naciones Unidas, y no puede renunciar a sus obligaciones internacionales sin afrontar consecuencias jurídicas y económicas.

La crisis que vivimos no tiene salida en el aislamiento, sino, por el contrario, en buscar y no alejar el respaldo internacional, que lleve a un diálogo nacional, ahora pospuesto por voluntad cerrada del régimen, y que ese diálogo abra las posibilidades de una salida democrática que, lejos de haber terminado, parece prolongarse de manera indefinida.

El camino escogido es cada vez más equivocado y aleja las soluciones que pasan necesariamente por el restablecimiento pleno de la democracia y el respeto sin condiciones a los derechos humanos.

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