Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta en la plaza San Martín de Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Tras ocho días consecutivos de marchas pacíficas protagonizadas por los jóvenes, Perú espera que Francisco Sagasti, titular del Congreso y opositor a la vacancia de Martín Vizcarra, juramente este martes como nuevo presidente interino.

 

Eran apenas unos recién nacidos cuando sus padres tuvieron que salir a las calles para exigir la caída del autoritario exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), han padecido casi toda su vida una educación y una sanidad públicas fuertemente precarizadas por políticas neoliberales, y tienen hoy como hábitat alternativo a las redes sociales. Así son los centennials peruanos, los protagonistas del desenredo de una crisis política que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, decenas de heridos y desaparecidos, y que Perú se haya liberado en seis días del Gobierno de Manuel Merino de Lama, acusado de golpista y usurpador.

La juramentación este martes del congresista Francisco Sagasti como presidente de Perú, opositor junto a otros 18 congresistas a la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020), ha sido la señal de que lograron su propósito: torcer a una mayoría del Congreso acusada de golpista por haber utilizado la figura constitucional, aunque polémica por su amplio margen de interpretación, de vacancia por "incapacidad moral permanente" para remover a Vizcarra del poder.

La lucha empezó la noche del lunes en que el Legislativo vacó a Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, pero que se fue acrecentando desde la toma de mando del congresista de centroderecha Manuel Merino de Lama, y la posterior juramentación de su gabinete de ministros el jueves. Miles de ellos tomaron las calles y plazas y se ubicaron en la primera fila, para bloquear, con creatividad y recursos aprendidos en Youtube, las excesivas bombas lacrimógenas y perdigones que la Policía Nacional lanzó contra marchas pacíficas de protesta en todo el país. Resistieron con gritos de "Merino no me representa" y cubiertos con banderas del Perú, a una brutal represión que fue condenada por organismos nacionales e internacionales como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las manifestaciones se dieron consecutivamente hasta el sábado, día en que se convocó a una marcha nacional, y en el que las abusivas acciones de represión perpetradas por la Policía provocaron la muerte de los jóvenes universitarios Jack Bryan Pintado (22), que fue disparado con diez proyectiles en el rostro, cabeza y tórax; e Inti Sotelo Camargo (24), con cuatro proyectiles, uno de ellos en el corazón. Se sumaron también casi un centenar de heridos con perdigones, graves y leves, decenas de desaparecidos, y por lo tanto el pedido de gran parte de la clase política peruana de que Merino renuncie, algo que terminó por hacer al día siguiente.

Por ello, fue a los jóvenes a los que se refirió este lunes el congresista Francisco Sagasti Hochhausler, del centroderechista Partido Morado, en sus primeros segundos como flamante presidente del Congreso de Perú; y que luego ocupará interinamente el cargo de presidente de la República, hasta culminar el quinquenio de 2016-2021, el 28 de julio de 2021.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes expresando sus puntos de vista, y prácticamente sin violencia. Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado han fallecido, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo este lunes en el hemiciclo, ante los aplausos de los presentes.

La tensa mañana del lunes

Sagasti, un ingeniero industrial, reconocido investigador académico y catedrático de 76 años, que tiene en su hoja de vida haber sido consultor y asesor de organismos internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OEA, llegó este lunes a presidir la mesa directiva del Parlamento, en un segundo proceso de votación por una nueva mesa directiva.

Y es que el mismo domingo de la renuncia de Merino, en el hemiciclo solo existía un único acuerdo claro: que la nueva mesa estuviera integrada exclusivamente por congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia (19 de 130), como gesto de respeto al sentir popular. Por ello, la conformación de la primera lista presentada el domingo por la noche, encabezada por la izquierdista Rocío Silva Santisteban y que tenía como vicepresidente al propio Sagasti, no alcanzó los votos necesarios, aún cuando había sido planteada con el compromiso de apoyo de otras bancadas.

Así las cosas, Perú se acostó el domingo y amaneció este lunes prácticamente acéfalo, sin un presidente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, solo dirigido por el gabinete de ministros del presidente saliente. Hasta que la tarde del lunes, el Partido Morado, el único que votó en bloque contra la vacancia, decidió reemplazar una lista presentada a primeras horas de la madrugada del lunes, que integraban solo los miembros de su bancada, y por ello con poca aceptación previa, por una que conformaba junto con otros partidos.

Llegó así, minutos antes de las dos de la tarde, la que terminó siendo la lista única (hubo una intención de los congresistas provacancia de presentar una segunda, pero no prosperó). Esta estuvo presidida por Sagasti, cuyo carácter democrático y conciliador había sido resaltado como clave para lograr un consenso entre bancadas, y la completaron la congresista izquierdista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio; el congresista de centroderecha Luis Roe, de Acción Popular; y la congresista de centroderecha Matilde Fernández, de Somos Perú; que ganó con un total de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.

Generación del Bicentenario

Algo que han reconocido diversos políticos ha sido la importancia de la participación juvenil, y sobre todo de los chicos centennials, en el reencauzamiento del orden democrático en Perú. Un trascendental papel que les ha valido ser llamados Generación del Bicentenario, en referencia a la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del país latinoamericano, y por el halo de heroicidad que atañe. Entre ellos, la congresista Mirtha Vásquez, recientemente electa primera vicepresidenta del Legislativo, que agradeció este lunes ante los medios "a todos esos jóvenes" por haber dado "una lección para poder reconducir lo destinos del Estado".

 17/11/2020 07:55 Actualizado: 17/11/2020 07:57

Mercedes Palomino

@mercepalm

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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Protestas en Lima contra el gobierno de Merino. (EFE)

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años y otro de 24 años heridos por arma de fuego

 

La zozobra política en Perú alcanzó este sábado un punto álgido con una nueva y masiva movilización contra el Gobierno de transición de Manuel Merino, cuya dura represión dejó al menos dos muertos que abonan tanto el sólido rechazo a su figura como su cada vez mayor debilidad. Decenas de miles de peruanos marcharon por calles y avenidas de todo el país en una movilización de rechazo espontánea, coordinada tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces, muy diversa, mayoritariamente joven y con una dominante presencia femenina.

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años con una herida por arma de fuego en la cabeza y otro de 24 años con cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego. Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que solo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.

Hasta ahora el presidente transitorio no se ha pronunciado por estas muertes, pero sí lo hizo su antecesor, Martín Vizcarra, quien lamentó los decesos y culpó directamente de ellas a "la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo".

Aún sin los jóvenes fallecidos, y más allá de los números, esta marcha marca un hito en la vida política del país y ya hubiera supuesto una presión extra sobre Merino, que ha visto como algunos ministros ya han dimitido tras haber asumido el cargo hace dos días y cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Mayor fuerza

La movilización fue, si cabe, mayor que la que el jueves último, y en Lima volvieron a verse las mismas imágenes de apoyo masivo a las protestas en la céntrica plaza San Martín, donde se congregaron más de 15.000 personas a las que añadir varios miles más que marcharon en otros lugares de la capital. Tal y como en ocasiones anteriores, hubo graves disturbios en el entorno de la sede del Congreso de la República, protegido por varios círculos de policías, con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas.

Uno de esos disparos fue el que causó la muerte del joven. Además, hubo varios heridos, algunos de gravedad, según pudo verse en las transmisiones de televisión y a través de las redes sociales. A falta de valorar aún el alcance de la represión, que la Defensoría del Pueblo calificó como "uso indebido de fuerza", todo parece indicar que las escenas vividas en el corazón de la capital peruana tendrán consecuencias para un Ejecutivo muy cuestionado por su manejo con mano dura e intransigente de esta situación.

El carácter descentralizado y acéfalo de la protesta dejó también marchas y concentraciones menores, pero también muy nutridas, en prácticamente todos los distritos de la capital, donde los incidentes brillaron por su ausencia.

En el quinto día consecutivo, que la movilización congregara a un número mayor de personas parece ir en contra de las previsiones del Gobierno, cuyos responsables estimaron que la gente "ya se cansaría" de protestar y que sin embargo acudió en masa pese a la amenaza de represión.

"Constitucionalidad"

Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro Ántero Flores-Aráoz salieron a defender la "constitucionalidad" de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso. En su primera, y muy breve, aparición ante un medio de comunicación peruano Merino insistió en la tesis del Ejecutivo de no dar credibilidad a la movilización y no asumir los reclamos de la población.

Así, llegó a indicar que él prestaba "respaldo a la juventud" que protestaba, si bien interpretó de forma un tanto forzada que el clamor popular era por la situación económica y social causada por el covid-19. Nada en la movilización de esta jornada permite sostener esa tesis, pues el principal reclamo ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del Gobierno de Merino.

"Merino, NO eres mi presidente", "Merino, el pueblo te repudia", "No me representas", "Merino usurpador" o, más crudamente, "Me orino en Merino" y "Fuera, mierda", han sido los lemas recurrentes de estos días que se repitieron en la jornada de hoy.

Renuncia y escisiones

La presión hacia Merino y su gobierno, formado por técnicos y políticos de marcado carácter conservador y derechista, comenzó a llegar también por parte del Congreso, que puso al presidente en el poder, pero que ahora parece responder a la exigencia ciudadana. A los anuncios ya conocidos de que varias fuerzas que apoyaron la destitución de Vizcarra ahora evalúan hacer lo mismo con Merino si atiende el pedido de dimisión que ya llega de miembros de su propio partido, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, que ejerce de manera interina las funciones de presidente del Congreso mientras Merino es presidente de la República, también exigió la renuncia del mandatario y anunció una reunión de la junta directiva de portavoces para evaluar la renuncia de la mesa directiva del hemiciclo. Si dimite la mesa directiva del Congreso, el parlamento deberá elegir una nueva de consenso entre las distintas fuerzas que asuma la Presidencia de Perú hasta las elecciones de abril de 2021.

Varios partidos ya retiraron este sábado su apoyo a una comisión parlamentaria que iba a seleccionar los candidatos para formar el Tribunal Constitucional, un órgano clave en esta crisis y que el gobierno de Merino quería llevar a cabo pese a su carácter de transición y pese a que las elecciones generales que renovarán el Congreso se harán en menos de cinco meses.

Dimitir, ¿por qué?

Poco antes de la marcha, Flores-Aráoz declaró ante la prensa que pese a las protestas, que había dicho no saber a qué se debían, el presidente no pensaba dimitir por que muchos peruanos lo respaldan. "Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir", dijo en declaraciones al Canal N.

Flores-Aráoz pidió "tranquilidad" y conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial, pues "la política es diálogo, no imposición". Las escenas tanto de unidad y objetivo común multitudinario para desbancar al gobierno de Merino como de violencia innecesaria e innegable, que fue transmitida en directo por medios de comunicación y redes sociales, hablan lamentablemente un intento de imposición, que los peruanos en las calles no parecen aceptar

EFE

15/11/2020 - 09:32 Actualizado: 15/11/2020 - 09:32

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Simpatizantes del Frente Polisario responden a una arenga en uno de los campos de refugiados saharauis en Rabuni, Argelia, el viernes 13 de noviembre.Javier Martín Rodríguez / EFE

La organización saharaui sostiene que ha bombardeado cuatro bases militares y dos puestos de vigilancia marroquíes y ha causado bajas. Rabat guarda silencio

 

El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali, anunció este sábado la ruptura del alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra. Desde la otra parte, el Estado marroquí guardó silencio. Mientras el Frente Polisario informaba sobre ataques contra posiciones del “enemigo”, varios medios marroquíes se centraron en los mensajes de apoyo que Rabat ha recibido desde países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania.

El Frente Polisario aseguró el sábado por la mañana haber causado víctimas mortales a Marruecos y “considerables pérdidas materiales” en la madrugada del viernes al sábado mediante bombardeos efectuados contra cuatro bases militares (entre ellas, las de Mahbes, Hauza, Auserd) y dos puestos de vigilancia. Al caer la tarde del sábado, la organización saharaui emitió su segundo parte de guerra, en el que informaba de que había continuado con los bombardeos contra las bases militares de Mahbes y Bagari y hostigado al “ocupante” en la zona de Guerguerat.

Desde El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, Ahmed Tanji, fundador del grupo de periodistas saharauis Equipe Media, indicó en conversación telefónica: “Aquí han puesto más policías y militares por todas partes. El viernes reprimieron una manifestación de saharauis. Y hoy sábado, algunos agentes marroquíes han lanzado piedras contra algunas casas de activistas saharauis”.

Los 240 observadores que integran la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) no han podido evitar las hostilidades sobre el terreno. La labor de la ONU se ha visto sobrepasada más que nunca en los últimos 29 años, desde la firma del alto el fuego

El ministerio de Exteriores de la RASD emitió el sábado un comunicado en el que indicaba que, tras llevar 29 años a la espera de que se celebre un referéndum de autodeterminación, el pueblo saharaui ha perdido su confianza en las Naciones Unidas y en su misión sobre el terreno. Para la organización saharaui, la misión de la ONU se ha convertido en “custodio” de la explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental, lo que considera un “expolio”.

La comunidad internacional también asiste impotente al desarrollo de los hechos. El ministerio de Exteriores de España, antigua potencia colonial del Sáhara, instó a las partes a través de un comunicado difundido el viernes por la noche a reanudar las negociaciones. Lo mismo hicieron varios representantes de la Unión Europea y de la ONU.

La situación en el Sáhara Occidental vivió el viernes el momento de mayor violencia desde 1991. Fuerzas del ejército marroquí disolvieron una protesta de civiles saharauis que mantenían cerrada desde el 21 de octubre la carretera que une el Sáhara Occidental con Marruecos. El ejército marroquí señala que en ningún momento tomó contacto con civiles, pero ambas partes reconocen que durante la operación de desalojo intercambiaron disparos, sin que se registrara en principio ningún herido. El sábado por la tarde el tráfico en el paso de Guerguerat quedó restablecido por el Ejército marroquí, según indicó informó la agencia oficial MAP. El comunicado no mencionó ningún ataque del Frente Polisario.

Marruecos no reconoce bajas por ahora

Ante el hecho de que Rabat no haya reconocido hasta el momento ninguna baja mortal, una fuente del Frente Polisario alegó: “Marruecos no va a reconocer ni que estamos en guerra ni que han sufrido bajas mortales. Solo lo reconocerán cuando entremos en algunas de sus bases militares. Marruecos nunca reconoció que tuvimos presos a 4.000 de sus soldados durante la guerra que mantuvimos [1976-1991].

Respecto a la desproporción que hay entre los dos bandos, la citada fuente añadió: “Somos conscientes. Nunca hemos negado que ellos son mucho más poderosos que nosotros. Pero el muro que ellos construyeron en el desierto juega a nuestro favor. Porque el muro [construido a lo largo de 2.500 kilómetros en el desierto] les obliga a atrincherarse. Y esa posición nos da la ventaja de marcar el ritmo de las ofensivas”.

Mientras el Frente Polisario señala abiertamente que la guerra se ha desatado en el Sáhara Occidental al cabo de 29 años, Rabat no se expresa en los mismos términos. El Estado Mayor de Marruecos indicó en un comunicado el viernes por la tarde que, frente a los disparos recibidos de la parte del Frente Polisario, sus fuerzas decidieron responder y provocaron la huida de los “milicianos”.

Por Francisco Peregil

Rabat - 14 nov 2020 - 15:23 COT

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Participantes en la protesta en la plaza San Martín en Lima, en el quinto día de movilizaciones en rechazo a la remoción del presidente Martín Vizcarra. Foto Afp

Lima. En el quinto día de protestas contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, un grupo de jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron violentamente reprimidos por la policía cuando intentaron llegar a la casa del nuevo mandatario Manuel Merino y a inmediaciones de la del primer ministro, Ántero Flores Aráoz, informó ayer la televisión local.

Los choques se produjeron luego que antenoche 27 jóvenes resultaron heridos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en protestas contra el gobierno de Merino, algunos con balas de goma y otros con armas de fuego, reportaron fuentes médicas y organizaciones de derechos humanos.

Además, el Poder Judicial prohibió ayer al destituido ex mandatario salir del país durante los próximos 18 meses debido a las investigaciones en su contra por los presuntos pagos ilícitos que recibió cuando era gobernador del departamento sureño de Moquegua (2011-2014).

Miles de personas marcharon la noche del jueves en la capital y en otras ciudades peruanas en rechazo al nombramiento del presidente interino Manuel Merino, quien remplazó a Vizcarra a cinco meses de las elecciones generales de abril para completar el mandato hasta julio de 2021.

Jorge Amorós, director del hospital Almenara de Lima, indicó a periodistas que a este centro ingresaron dos personas con heridas de "armas de fuego", y una de ellas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Pese a que no precisó el calibre de las balas que hirieron a las víctimas, apuntó que "se trata de perdigones".

Percy Pérez Shapiama, de 27 años, recibió un impacto en el abdomen, que le causó tres perforaciones en los intestinos, por lo que fue operado, mientras Luis Aguilar Rodríguez, de 26, tuvo un disparo en el tórax que no requirió cirugía y su estado es estable, detalló Amorós.

El ministro de Salud, Abel Salinas, dijo al Canal N que el proyectil que hirió a Pérez "aparentemente es un perdigón", aunque indicó que hay que esperar los peritajes oficiales. La prensa peruana indicó que los policías antidisturbios dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaron manifestarse en el Congreso.

La coordinadora nacional de Derechos Humanos reportó que las protestas dejaron 11 heridos, entre ellos algunos periodistas, que presentaron impactos de proyectiles y contusiones. La agencia de noticias Afp indicó que uno de sus reporteros gráficos recibió el impacto de perdigones en un brazo y una pierna durante la multitudinaria protesta.

La concentración en la plaza San Martín transcurrió de manera pacífica por unas cuatro horas hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse al Congreso, que recibe la ira de miles de peruanos tras haber destituido a Vizcarra por "incapacidad moral" el lunes.

Los inconformes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los policías, quienes dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersarlos. En redes sociales se ha reportado la respuesta desmedida de la policía, con agentes de seguridad infiltrados entre los manifestantes y el uso de gas pimienta desde helicópteros.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, rechazó que la policía haya utilizado armas letales y destacó que sólo usa gas lacrimógeno y balas de goma cuando una protesta se desborda. La autónoma Defensoría del Pueblo rechazó "las amenazas" que sufrieron abogados de organizaciones de derechos humanos y solicitó la actuación de la fiscalía.

"Todo Perú está encendido, todos estamos muy enojados por la situación que está pasando en nuestro país", aseguró José Vega, manifestante de Lima, donde muchos portaban pancartas diciendo que Merino no los representa.

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Sábado, 14 Noviembre 2020 06:06

«En Nicaragua el control es asfixiante»

Monica batodano./ Afp, Miguel Alvarez

Con la líder sandinista disidente Mónica Baltodano

 

En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha endurecido su política de represión de los movimientos sociales y de ataque a las libertades democráticas en busca de evitar un levantamiento como el de 2018. En esta entrevista, la ex comandante guerrillera sostiene que la actual crisis pandémica ha hecho la situación insostenible para las clases populares y que, a pesar de la retórica antimperialista del presidente, el régimen sigue políticas económicas y migratorias diseñadas en Estados Unidos.

Mónica Baltodano, comandante guerrillera durante la revolución sandinista y ministra de Asuntos Regionales en los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rompió con Daniel Ortega en 1998 a raíz de los pactos que el actual presidente nicaragüense fraguó con el derechista Arnoldo Alemán. Desde su actual lugar de militancia, la Articulación de Movimientos Sociales, Baltodano denuncia la tenaz represión del régimen orteguista y teme que las elecciones de noviembre de 2021 no hagan más que legitimarlo.

—¿Cómo describirías la situación que vive en estos momentos Nicaragua?

—Desesperante. La pandemia vino a profundizar la crisis económica derivada de la crisis política y social que se abrió con la sublevación de abril de 2018. Después de dos años de decrecimiento y en camino al tercero, con cierres de centros de trabajo y migración forzada de más de 100 mil nicaragüenses, la pandemia ha profundizado la pobreza general del país. Un callejón sin salida para las grandes mayorías.

A la par, el Estado y todas sus instituciones mantienen un férreo control sobre el pueblo, a través de represión directa –capturas, criminalización de la protesta bajo cargos falsos, asedio y vigilancia permanente sobre los luchadores y la oposición– e indirecta, recurriendo a todas las armas en su poder, como el uso del fisco contra cientos de opositores. El ejemplo más patético es el reciente embargo por deuda fiscal del Canal 12, uno de los tres canales de televisión abierta independientes que quedaban en el país.

En las últimas semanas el control ha sido asfixiante. [Los agentes del régimen] entran a las casas encubiertos como delincuentes y se llevan celulares, computadoras. Dejan rótulos con amenazas, como hicieron con la dirigente feminista María Teresa Blandón. Hay patrullas que siguen durante todo el día a los elementos más visibles de las organizaciones opositoras y decenas de policías rodean las actividades bajo techo, como han hecho recientemente con la Asociación de Madres de Abril, que agrupa a familiares de asesinados por la represión, o con la Asociación María Elena Cuadra, que trabaja con mujeres de las maquilas y cuyo local fue rodeado durante cinco horas. También se usa a grupos paramilitares para rodear las reuniones, arrojar piedras a los participantes y pinchar las llantas de sus vehículos. Ya ha habido heridos graves, como ocurrió a comienzos de octubre con la periodista Verónica Chávez, quien quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras recibir una pedrada en la cara.

—Por lo que puede verse, el régimen busca la forma de perpetuarse combinando la represión con una legislación más estricta contra el movimiento popular. ¿Qué medidas concretas ha tomado en ese sentido?

—Tiene tres proyectos de ley: el de regulación de agentes extranjeros, que califica como tal a toda organización o ciudadano que reciba fondos del extranjero. Obliga a las personas naturales que lo hagan a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación y le da al gobierno facultades omnímodas para intervenir las actividades personales o de las asociaciones, con la discrecionalidad que le permite el control absoluto del Poder Judicial. Establece además que un «agente externo» no puede participar en política, con lo que se busca intervenir en las candidaturas electorales. Otro proyecto es el de cadena perpetua para los crímenes de odio, definidos de un modo genérico, que permite aplicarla a los disidentes políticos. Un tercer proyecto, ya a punto de ser aprobado, es el de ciberdelitos, que la gente ha bautizado como «ley mordaza». Se busca intervenir en las redes sociales e investigar y enjuiciar a los opositores que se expresan por estos medios.

—El régimen se encamina hacia elecciones generales, pero cuenta con la simpatía de sectores económicos y políticos. ¿Podrías detallar un poco estos apoyos?

—Las elecciones se deberían realizar en noviembre de 2021, pero la dictadura no da ninguna señal de cambiar nada. Dado que tiene el control de todos los poderes del Estado, no hay intersticios institucionales a los que recurrir.

Hay sectores del gran capital, principalmente ligados a los bancos y a las inversiones energéticas, que tienen temor a perder todos los privilegios que consiguieron con Ortega. Por eso todavía cabildean para que no se endurezcan las presiones internacionales y se produzcan situaciones que no puedan controlar. Pero lo hacen con mucha discreción para no sufrir más descrédito entre la ciudadanía.

Además, Ortega conserva vínculos con algunos personeros de la Iglesia Católica y con numerosas iglesias evangélicas. Por supuesto, cuenta con el control férreo sobre el núcleo duro del FSLN, que ronda un 20 por ciento del electorado. Pero su apoyo principal descansa hoy en las armas, la Policía, el ejército y las fuerzas paraestatales.

—¿Cómo es la situación de la protesta social? La dificultad para seguir en las calles es evidente.

—Los grupos organizados han desplegado diversas formas de resistencia, que con la pandemia se han debilitado, como los piquetes de agitación sorpresivos en centros comerciales, esquinas y otros lugares públicos. Esos piquetes son inmediatamente rodeados por policías, por eso deben realizarse cerca de un lugar donde la gente pueda refugiarse. Se hacen pintadas, se pegan papeletas de forma clandestina, en la oscuridad de la noche. Se usan profusamente las redes sociales, con «tuitazos» o conciertos virtuales. Se elevan globos con mensajes escritos y los colores de la resistencia: azul y blanco. Pero incluso esas actividades son sometidas a represión. Hace unas semanas hubo una redada contra 40 activistas después de que amanecieron papeletas pegadas con la imagen de Ortega y el lema: «Se va». De todos modos, lo más relevante de la resistencia son los esfuerzos que se hacen para ampliar la capacidad organizativa de la gente.

—La comunidad internacional presiona contra la represión, pero eso no parece surtir efectos prácticos. ¿Cuáles serían los soportes internacionales del régimen?

—Desde que se instaló [en 2019] la segunda fase del diálogo entre el gobierno y la oposición, que duró apenas unas semanas, es obvio que Estados Unidos apuesta a lo que llamamos «aterrizaje suave». Para ellos eso significa llegar a las elecciones de 2021 a cualquier precio. La propuesta de la gente, sin embargo, era «¡que se vayan!»: que las autoridades renuncien y se forme un gobierno de transición que prepare nuevas elecciones. Para algunos de nosotros es un suicidio ir a elecciones con Ortega controlando todo.

Así como Ortega despliega eventualmente una retórica antimperialista, el gobierno de Estados Unidos se ha ido en pura retórica antiorteguista. Es cierto que hay sanciones personales a 24 allegados al régimen, incluida la vicepresidenta y tres hijos de la pareja, pero los efectos reales son dudosos. En la práctica, Ortega sigue las mismas políticas del Consenso de Washington y la doctrina de seguridad y migración que favorece a Estados Unidos, pero es obvio que ahora no le garantiza al imperio, ni en Nicaragua ni en la región, la misma estabilidad que antes de 2018.

A nivel internacional, Ortega recibe aún el apoyo de algunos Estados, como Cuba, Venezuela, Rusia e Irán y de algunos partidos comunistas, pero ha perdido terreno. Si nos atenemos a la votación de la última resolución sobre Nicaragua del Parlamento Europeo, que exhorta a no aprobar las leyes represivas de las que hablaba anteriormente, Ortega también tiene el respaldo de algunas fuerzas de la ultraderecha fascista.1

—Desde la distancia da la impresión de que Venezuela se ha erigido en ejemplo: los que mandan resisten al pueblo apoyados en la fuerza militar y policial y en una base reducida pero muy fiel.

—Así es. Es sorprendente cómo el régimen de Ortega copia medidas que han aplicado en Venezuela y viceversa. Comparten un modelo común de sobrevivencia en el poder a cualquier precio. Pero aquí no hay petróleo.

—¿Cómo ves el futuro inmediato?

—El aplastamiento de la sublevación popular invirtió el orden de prioridad nacional. Para el gran capital, salvar la economía es lo principal. La democracia y los derechos humanos pueden esperar. Los más de 100 presos políticos y los exiliados también pueden esperar, mientras el país vive de facto bajo estado de sitio, con todas las garantías y derechos conculcados, lo que hace enormemente compleja la recuperación de las calles como escenario político.

La dictadura, pues, coincide con el gran capital en una «salida realista»: la realización de elecciones en noviembre de 2021, como sea. Aunque se hagan bajo las mismas reglas de juego imperantes ahora. Ortega juega con el tiempo y busca reformas cosméticas para quedarse, sino con el Ejecutivo, al menos con una fuerza suficiente en el parlamento y con sus incondicionales en el ejército, la Policía y demás poderes del Estado. Este sería el escenario más nefasto.

Un segundo escenario sería lograr la libertad para todos los presos políticos y, con el pueblo en las calles y con las organizaciones populares como actores, conseguir que se den elecciones, pero tras reformas electorales profundas. Conseguir, por ejemplo, nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral y en todo el aparato institucional, la depuración del padrón electoral, la posibilidad de construir coaliciones independientes no sometidas a los partidos legales y la vigilancia internacional del proceso.

Un tercer escenario posible es que los sectores más reaccionarios de Estados Unidos logren unir a la derecha oligárquica clásica, banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas (que hasta 2018 eran aliados de Ortega), con elementos de las fuerzas armadas y apuesten a una acción de fuerza o a un relevo político concertado vía elecciones.

Otra posibilidad es la de una nueva sublevación: que las extremas restricciones que vivimos abonen la conciencia para una sublevación que saque a Ortega del poder y se creen espacios para una transición democrática. El régimen sabe que esto puede ocurrir, por eso mantiene sus planes represivos a pleno vapor. Este escenario supone colocar la agenda social por encima de la politiquería, construir coaliciones que giren en torno a las necesidades más sentidas del pueblo y centrarse en la organización de la resistencia para mantener desde la calle las reivindicaciones de las y los luchadores insurrectos y de los héroes asesinados desde abril.

La dictadura no da espacio ni respiro, vivimos bajo un régimen del terror, pero el pueblo ha logrado ya una victoria estratégica que será clave frente a cualquier escenario. Hemos logrado sobrevivir, resistir. Estamos de pie ante la política del miedo y el terror. Cada día que nos organizamos y resistimos somos más fuertes y estamos más cerca del fin de la dictadura.

Por Raúl Zibechi
13 noviembre, 2020

  1. La resolución del Parlamento Europeo del 8 de octubre tuvo 694 votos a favor, 64 abstenciones y 21 votos en contra. De estos últimos, ocho provinieron de la ultraderecha, uno de un nacionalista conservador, diez del GUE (izquierda europea) y dos del Partido Comunista griego.
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La estatua de Mary Wollstonecraft 'Madre del feminismo' de la artista Maggi Hambling, en Newington Green, Londres.  — Paul Childs / REUTERS

Mary Wollstonecraft, autodidacta inglesa, feminista, pensadora y defensora de la Revolución francesa, publicó los 'Derechos del Hombre y de la Mujer' poniendo la educación al centro de la igualdad de género. Se adelantó a sufragistas y filósofos.

 

Nadie sabe qué pensaría Mary Wollstonecraft (1759-1797) del lío que se ha armado con la inauguración, en su merecido honor, de la estatua de una mujer desnuda en un parque del norte de Londres, donde ella y un grupo de mujeres abrieron una escuela para educar a niños y niñas con igualdad en 1780. Por entonces tenía 21 años, trabajaba de asistenta en Bath pero tuvo que regresar a Londres para cuidar de su madre moribunda y de sus hermanos (era la segunda de siete). El padre, empobrecido y violento, descargaba en su familia los efectos del fracaso de sus negocios y el exceso de la bebida.

Mary aprendió sola a leer, a escribir, francés y alemán y atendía charlas o conferencias a las que tenía acceso a través de familias conocidas. El experimento educativo de 1780 y su aspiración a ser profesora se torcieron; se fue a Irlanda para trabajar de niñera en una familia acomodada.

Regresó a Londres en 1787 con el objetivo de hacerse escritora. "Seré la primera de un nuevo género", escribió a una de sus hermanas. El editor Joseph Johnson le proveyó trabajo de traductora del francés y del alemán y con él empezó a publicar sus propias obras; tradujo Of the Importance of Religious Opinions y Elements of Morality, for the Use of Children.

La experiencia en Irlanda brotó en 1788 en Original Stories from Real Life como la muerte de una amiga surgió en la novela Mary: A Fiction.

La educación de las niñas para que, de mayores, sean iguales a los hombres era al centro de su pensamiento y discusiones. Publicó en 1790 Vindication of the Rights of Men en respuesta a los críticos ingleses de la Revolución francesa. Este fue el texto que la dio a conocer como pensadora, escritora y filosofa.

Se hizo famosa como teórica de los derechos sociales y políticos, en lugar de naturales, de las personas. Se profesionalizó. Durante este tiempo en Londres se enamoró del artista casado Henry Fuseli con el que estaba dispuesta a vivir en un triangulo amoroso que escandalizó a la esposa de Fuseli. Mary, rechazada, optó por irse a París a ver y defender en persona la Revolución de la que tanto se hablaba en Inglaterra.

En 1892, a los 33 años, publicó Vindication of the Rights of Women, que con el de los hombres se convirtió en una especie de precursora de los Derechos Humanos antes que estos adquiriesen el término contemporáneo.

En Francia se incorporó al grupo de ingleses revolucionarios, entre ellos Helen Maria Williams, en un periodo de convulsión revolucionaria entre girondinos y jacobinos, y la guillotina y el terror como arma contra los opositores. Vio como Luís XVI era conducido a la Asamblea Nacional para ser juzgado.

En París se enamoró del revolucionario americano Gilbert Imlay con el que tuvo una hija, Fanny Imlay, nacida en mayo de 1794. Mary escribía a sus hermanas identificándose como  "señora Imlay" pretendiendo ser parte de un matrimonio que no existía.

El invierno de 1794-95, el que congeló el río Sena, pilló a Mary sola con su bebé mientras publicaba su análisis de la revolución y defendía el orden social basado en la razón en el que deberían vivir los hombres y mujeres en igualdad.

En abril de 1795 Mary llegó a Londres en busca de Gilbert, viajó a Suecia, Noruega y Dinamarca publicando cartas de estos países que han venido a ser un pionero libro de viajes.

El rechazo de Gilbert a formar la familia que ella deseaba la llevó a dos intentos de suicidio hasta que el círculo literario del editor Joseph Johnson, de nuevo, y las escritoras Mary Hays, Elizabeth Inchbald y Sarah Siddons la acogieron en el grupo en el que conoció a William Godwin; se casaron en marzo de 1797 y en agosto nació su segunda hija, Mary, que con el tiempo se convertiría en Mary Shelley, autora de un libro tan conocido como Frankestein, publicado en 1818.

A raíz del parto, Mary sufrió una infección de placenta que la llevó a la muerte con 38 años, a los pocos días de ser madre por segunda vez; la primera reconocida socialmente como legítima. Un concepto, el de la legitimidad, que ella disputa, pero al que se aviene en su relación con su primer marido. Godwin defendía la abolición del matrimonio, sin embargo, escribió emotivas y elaboradas razones para justificar su cambio de opinión.

El viudo de Mary Wollstonecraft publicó Memoir al año siguiente, en 1798, del fallecimiento de ella, la biografía de la mujer que vivió contra las normas de su tiempo.

Transcurrió tiempo para que las sufragistas pusieran de nuevo el énfasis en la educación de las mujeres para votar por sus propias convicciones, y más tiempo para que el feminismo rescatara a la escritora y filosofa revolucionaria que ahora vuelve a escandalizar con motivo de una estatua en su honor.

La escultora Maggi Hambling defiende la figura plateada de un conjunto de formas femeninas de las que emerge una mujer desnuda como un homenaje a lo esencial en Mary (sus ideas) y lo que comparte con todas las mujeres. "Si se la viste, se le añaden elementos que la diferencian de otras mujeres; es un homenaje a ella; no una representación de ella", ha explicado la artista a la BBC.

Otras mujeres, en cambio, aducen que no se identifican con la imagen ni con los valores ideológicos que representa la feminista y precursora de los Derechos Humanos en la figura que surge desnuda en el parque donde Mary en su día fracasó como profesora y triunfó como pensadora.

12/11/2020 10:07 Actualizado: 13/11/2020 07:15

 

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Minga indígena, negra y campesina en Colombia: romper el cerco, tejiendo con las iguales

Más de 8.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes llegan a Bogotá para denunciar las masacres que se están produciendo en toda Colombia con la complicidad del Gobierno de Iván Duque.

 

“Guardia, guardia. Fuerza, fuerza”, corean miles de jóvenes levantando sus chontas (bastones de madera), mostrando la decisión de los pueblos originarios, negros y campesinos de defender la vida y el territorio, durante la Minga que ha llegado el domingo 18 de octubre por la noche a Bogotá. Son 8.000 voluntades que recorrieron 450 kilómetros desde Cali, en el sur del país, hasta la capital, movilizando 500 vehículos, muchísimas chivas (autobuses abiertos de las regiones rurales) y caminando en forma ordenada, flanqueados por la Guardia Indígena.

Es la única movilización organizada con objetivos precisos, capaz de poner en movimiento a la sociedad colombiana. Prueba de ello es que todos los medios, aún los más derechistas, están cubriendo la Minga, y que la ultraderecha del Centro Democrático, el uribismo —partidarios del ex presidente Álvaro Uribe—, interpuso una denuncia porque, dicen, “la movilización está violando los protocolos de bioseguridad y poniendo en riesgo a la ciudadanía”.

Lo cierto es que la llegada de miles de indígenas, afros y campesinos a Bogotá movilizó a buena parte de la capital, donde fue recibida por los jóvenes que ganaron las calles en noviembre pasado, durante el paro nacional, y las ocuparon nuevamente el 9 y 10 de setiembre en respuesta al asesinato de un abogado por la policía. Las chivas multicolores circulaban rebosantes al son de pitos y tambores.

La alcaldía de Bogotá, de centro-izquierda y opuesta al uribismo, encabezada por Claudia López, acondicionó el Palacio de los Deportes para que miles de marchistas pudieran alojarse en condiciones, algo que negaron alcaldes de la derecha por donde paso la Minga. En tanto, el presidente Iván Duque mantiene su negativa a dialogar directamente.

¿Buscar al presidente o a los pueblos?

El nombre completo de la movilización es “Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz”, y se desarrolla cada vez que los pueblos se sienten profundamente agredidos. Hubo muchas mingas desde la Constitución de 1991 que incorporó los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Porque a pesar del reconocimiento de sus territorios y de un enfoque diferencial en términos de salud, de educación o de justicia propias, los pueblos originarios necesitan garantías, precisan de cierto nivel de equilibrio y armonía territorial para poder desarrollar esos derechos.

Estas grandes marchas salen casi siempre del suroccidente del país, sobre todo de los 84 resguardos de los ocho pueblos indígenas del departamento del Cauca, motor rebelde e histórico escenario de procesos de transformación social en Colombia. El epicentro de la diversidad de comunidades suele encontrarse en Santander de Quilichao (Cauca) o Cali (Valle del Cauca), como sucedió esta vez.

La legitimidad social y política de las mingas, conformadas en torno al sujeto colectivo indígena, con destacada participación del pueblo nasa y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es tan amplia, que ningún gobierno las rechaza frontalmente. Durante el recorrido de cuatro días, miles de personas la rodearon con cariño y solidaridad. Hasta un grupo de Hare Krishna les entregó alimentos y agua en su llegada a Bogotá, mientras familias y vendedores ambulantes les acercaban agua y gaseosas de manera espontánea.

Las mingas suelen presentar demandas al Estado colombiano, que desde las reformas constitucionales de 1991 aporta ingentes recursos a los cabildos indígenas. Sin embargo, la principal demanda en esta ocasión es por la vida, contra la represión y las permanentes masacres que desangran Colombia. “Hacemos el llamado para que nos levantemos pacíficamente, para que dejemos de ser pisoteados, ¡ya no más desconocimiento al pueblo!”, gritaba el vocero de la Consejo Regional Indígena del Departamento de Caldas a su llegada a la Plaza Bolívar de la capital.

En lo que va de año, en el Cauca hubo nueve masacres con 36 víctimas, cifra que se eleva a 67 en todo el país. “El Gobierno colombiano está atentando contra la pervivencia de los pueblos indígenas del Putumayo con la implementación de políticas extractivistas”, aseguraba el vocero de los pueblos indígenas del Putumayo. “Tenemos un Gobierno que no gobierna, tenemos un Gobierno que nos masacra, nos desaparece”, aseguraba la vocera de la organización de Ciudad en Movimiento.

Los territorios indígenas, negros y campesinos son codiciados por las grandes multinacionales mineras y por el narcotráfico, que buscan despejar poblaciones para hacerse con tierras para explotar recursos. Esa es la causa última de la violencia, la misma que provocó una guerra de cinco décadas que no consiguieron frenar los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC.

La respuesta indígena ha sido negociar para que el Estado aumente los recursos que traspasa, que en esta ocasión el Gobierno de Duque —heredero de Uribe—, promete serán hasta 2.600 millones de dólares solo para los indígenas. Ante tamaña legitimidad social de la Minga, el Gobierno una vez más dice estar dispuesto al diálogo, pero todos los gobiernos dicen lo mismo y luego incumplen lo firmado.

En este punto, la movilización indígena oscila entre dos variables: exigir un debate político con el Gobierno que posicione el derecho a la vida y a un territorio en paz o establecer dialogo con pueblos y sectores sociales, en particular urbanos, para tejer una red de alianzas contra el modelo neoliberal extractivo. No son contradictorias, pueden incluso ser complementarias, pero el debate se centra en las prioridades.

Pero en esta ocasión es diferente, la única demanda es por la vida. La mayora Blanca Andrade del programa Mujer del CRIC, resume el debate a su modo: “Vamos a salir porque hay mucha violencia, mucha indignidad, la gente ya no puede transitar tranquila por la comunidad. Los pueblos tenemos dignidad y no pueden pasar por encima nuestro. Uno ve cómo matan campesinos, sectores urbanos y no pasa nada. No hay justicia que haga respetar los derechos de los pueblos y los sectores sociales y tenemos que salir a decirlo”.

Denuncia el terrorismo del Estado y asegura que “este Gobierno ha sido el más terrorista y está violando el pacto de paz, pero nos dice terroristas a los pueblos”. Y aquí viene el punto: “Nosotros queremos verlo para decirle esto. No para lo económico, porque para resolverlo trabajamos. No vivimos de plata que nos den sino de la tranquilidad de la vida. Para mí no es importante ir a Bogotá, es una pantalla y allá no sirve ir. Acompañar a los otros sectores y reunirnos con ellos es más importante que ver al presidente. Cuando queremos hablar con el gobierno ahí se embolata (entrevera) la autonomía”.

Una autoridad masculina del resguardo de Corinto, agrega: “La Minga sale a Bogotá porque el Gobierno no quiere dialogar. Pero lo fundamental no es encontrarnos con el Gobierno sino con los sectores sociales, es una ruta política porque nos están matando”.

La potencia de las comunidades

Movilizar entre 8.000 y 10.000 personas durante 15 días, entre la espera inicial a Iván Duque en Cali, el recorrido hasta la capital y luego el acampe de cara a la huelga general del miércoles 21 de octubre, donde se espera una masiva y maciza movilización, requiere una fuerza de base que ningún otro sector de la sociedad es capaz de enseñar. La fuerza indígena se concentra en las estribaciones andinas del Cauca, en sus fabulosos valles donde las comunidades mantienen la diferencia de sus culturas y cosmovisiones con increíble tenacidad.

Sería injusto decir que los indígenas caucanos reproducen su cultura, sin más. También la van modificando, en un ejercicio espiritual y colectivo de actualización. El papel de las mujeres, por ejemplo, ya no es el mismo de cinco décadas atrás, cuando se fundó el CRIC. Ellas tienen cargos en comunidades y resguardos, en medios de comunicación, en la Guardia Indígena y en todos los espacios, aunque con menor intensidad en las cúpulas que, cero novedad, tienden a ser masculinas.

La forma de elegir autoridades, también va mutando. Del modo “electoral”, en sintonía con la cultura política hegemónica, van pasando a modos más comunitarios de elección, anclados en sus cosmovisiones, que implica elegir por la calidad de los valores y las conductas, más que por la facilidad de palabra de la persona.

La fuerza de las comunidades puede medirse en dos direcciones. La primera, más directa, como sostén de la vida material, de la cotidianeidad, en la que la diversidad de cultivos, las ferias de trueque, los rituales de armonización, la medicina y la justicia propias, son algunas de sus manifestaciones más potentes. Durante la pandemia multiplicaron las formas tradicionales de intercambio, como el trueque sin dinero pero también sin equivalencias (un quilo por un quilo), sino en base a las necesidades de cada familia.

Esas prácticas no capitalistas sustentan una autonomía real, potente en las bases territoriales y más difuminada a medida que se “sube” en la estructura. La Guardia Indígena es la clave de bóveda de la autonomía del movimiento, en general, y expresa la potencia de sus comunidades, en particular.

Pero hay una segunda dimensión de esta fuerza colectiva. Se relaciona con la capacidad de influenciar a otros y otras que no son indígenas, como sucede ahora en la Minga. La cultura de la resistencia, ya no es la misma de 1971, año de fundación del CRIC. Cinco décadas es un tiempo suficiente para evaluar la influencia de los pueblos originarios en la cultura política de abajo. Sus experiencias se expanden horizontalmente, como manchas de aceite.

Entre los 102 pueblos originarios de Colombia, agrupados en la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), ya son 70.000 guardias organizados. Además se han creado las Guardias Cimarronas entre los pueblos negros, la primera en 2009 en Palenque, y las Guardias Campesinas están dando sus primeros pasos desde 2014, recuperando las “guardias cívicas” de la lucha por la reforma agraria de 1974.

Desde 2018, se realizan encuentros interétnicos e interculturales entre las guardias indígena, campesina y cimarrona. Entre los desafíos que se plantean estos encuentros, figuran la articulación zonal, regional y nacional de las guardias, la formación política y operativa, con el objetivo de fortalecer el control territorial para defender la autonomía.

En el Cauca, cuna y núcleo del movimiento resistente, el Proceso de la Liberación de la Madre Tierra es probablemente la punta de lanza de la acción directa colectiva. En los últimos cinco años recuperaron 12 fincas del agronegocio de caña, alrededor de 4.000 hectáreas, cuya “liberación” ha costado vidas y cárcel, pero marca a fuego los objetivos del movimiento.

Por ahora, pese a todas las dificultades externas y tensiones internas, los pueblos indígenas, negros y campesinos de Colombia pueden celebrar: Bogotá los recibió con los brazos abiertos, dialogan con la población y confluyen con las centrales sindicales en una enorme jornada de lucha. Rompieron el cerco militar, paramilitar y mediático, que no es poco en tiempos de guerra contra los pueblos.

Por Raúl Zibechi

Berta Camprubí

22 oct 2020 05:30

Publicado enColombia
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