Activistas representan una extinción en el Museo de Ciencias Naturales este lunes. En vídeo, imágenes de las protestas este fin de semana en Londres. AFP | ATLAS

Un movimiento de desobediencia civil paraliza la ciudad al bloquear localizaciones clave durante una semana y visibiliza la crisis ambiental. Más de mil personas han sido detenidas

 

Algo extraño está sucediendo para que el lunes de Pascua de 2019, un 22 de abril, los policías que vigilan los alrededores de Marble Arch, el histórico cruce de caminos en el corazón de Londres, vayan en manga corta y aguanten estoicos el sol de plomo que cae sobre la capital británica. Vigilan a más de 1.000 activistas acampados en el césped que rodea la estatua de bronce de una enorme cabeza de caballo que bebe agua, la obra de Fiddian Green que se ha convertido en el centro de todas las manifestaciones y protestas que acoge la gran urbe.

Londres ha acaparado estos días el protagonismo de un nuevo movimiento de desobediencia civil —con incidencia más moderada en otras capitales europeas como París y Berlín— que ha relanzado la lucha ciudadana por el futuro del planeta. Se llama Extinction Rebellion (ER) y suma fuerzas al movimiento estudiantil, que de Australia a Sudamérica está denunciando a través de miles de protestas la desidia de los adultos ante la amenaza —más presente que futura— del calentamiento global. Bajo una carpa improvisada con lona naranja y tablones de madera, unas 50 personas combaten el calor y escuchan las instrucciones del equipo de ER, que ha conseguido paralizar el centro de la ciudad con una semana de protestas no violentas. Desde cortes de tráfico y bloqueos de infraestructuras clave hasta performances sobre la extinción de la humanidad que se han saldado con más de 1.000 detenciones. Quieren medidas extremas para combatir el cambio climático y han decidido que el tiempo se ha agotado.


—“Primero nos ignorarán, luego se reirán de nosotros, más tarde nos combatirán y, finalmente, habremos ganado. ¿Sabéis quién dijo estas palabras?”, pregunta uno de los oradores.


—“Ghandi”, responde con timidez una chica de apenas 16 años.


Sonríe ante la aprobación de su interlocutor y del resto de los convocados. Escucha con ojos abiertos las instrucciones de los activistas. “Mostrad respeto al resto de ciudadanos; no recurráis nunca a la violencia, ni verbal ni física; no os ocultéis el rostro; asumid la responsabilidad y las consecuencias que conlleva saltarse la ley; y nada de alcohol ni de drogas en estas premisas”, explica Nick Onlley, uno de los voluntarios fundadores de ER.


“Creo que el resultado esta primera semana ha sido positivo, pero esto es una carrera a largo plazo”, explica Onlley a EL PAÍS. “Y no nos cansaremos de pedir perdón al resto de ciudadanos londinenses. Sabemos que están irritados por las irrupciones en el tráfico y por el modo en que hemos alterado su día a día. Pero lo que más nos anima es la coletilla con la que siempre acompañan sus reproches: ‘Tenéis razón, y yo estoy de vuestro lado, pero tenéis que darnos un respiro’. La clave está en que comparten nuestros objetivos”.


El propio alcalde, el laborista, Sadiq Khan, ha mostrado cierta comprensión hacia el movimiento. “Comparto la pasión de los que combaten el cambio climático con sus protestas, y apoyo su derecho democrático a la protesta legal y pacífica. Pero todo esto está pasando factura a nuestra ciudad —a las comunidades de vecinos, a los comercios y a la Policía—. Está siendo contraproducente para la causa y para nuestra ciudad. (...) Mi mensaje hoy a todos los manifestantes es claro: dejad que Londres vuelva a su vida de siempre”, escribía Khan este domingo en un comunicado. La trampa, denuncian los activistas, está en la última frase del texto, que en su idioma original suena altamente sospechosa: “Let London return to business as usual”. Business as usual. Que todo siga igual.


Del millar de personas detenidas durante las protestas de la semana, medio centenar ha sido acusado formalmente de actos vandálicos. Los manifestantes han bloqueado localizaciones clave de Londres como Oxford Circus, Waterloo Bridge, los alrededores del Parlamento. O la plaza de Marble Arch, donde las autoridades han preferido hacer la vista gorda y permitir, bajo estricta vigilancia policial, que centenares de activistas acampen, organicen asambleas, monten cantinas y zonas improvisadas de letrinas y den así color y presencia al movimiento.

Este domingo les visitó Greta Thunberg, la activista sueca adolescente que ha impulsado la revolución climática global de los estudiantes y agitado más conciencias que cualquier cumbre oficial contra el calentamiento del planeta. “Nos enfrentamos a una crisis existencial, a una crisis climática y a una crisis ecológica que nunca antes fueron abordadas como crisis. Las han ignorado durante décadas”, dijo a los manifestantes. Thunberg se reunirá a lo largo de la semana con relevantes políticos británicos como el líder laborista, Jeremy Corbyn.
Protagonistas del mundo de la cultura, como la actriz Emma Thompson, han visitado también a los acampados y les han mostrado su apoyo. “Marquemos nuestra misión con el objetivo necesario: movilicemos al 3,5% de la población para cambiar el sistema”, dice uno de los carteles que preside la asamblea de Marble Arch. Se inspira ER en la teoría de la politóloga estadounidense, Erica Chenoweth, quien lleva años defendiendo que basta con lograr el apoyo de ese porcentaje de la población, a través de la desobediencia civil, para derribar a un dictador o acabar con un sistema.


Siempre ha habido voces bienintencionadas pero escépticas que han puesto en duda estos movimientos tan improvisados y asamblearios. “No llegarán a ningún lado, porque no saben qué quieren realmente”, dijeron políticos veteranos ante las protestas del 15-M español. La diferencia radique quizás en esta revolución surgida en Londres en medio del sofocante calor de la Semana Santa, en que en este caso se sabe perfectamente lo que se persigue. Un Reino Unido libre de emisiones de dióxido de carbono para 2025, un cuarto de siglo antes de lo que proponen los sesudos analistas oficiales del Gobierno británico. Y la estrategia cuenta con tres patas muy sólidas.


Una alianza de jóvenes y no tan jóvenes que han sabido distinguir lo importante de lo urgente y arrancar del enredo del Brexit el debate público, para centrarlo en el cambio climático. El peso y autoridad de alguien tan venerado en esta isla como Sir David Attenborough, quien a sus 92 años realizó una impactante “llamada a las armas” esta semana en la BBC, con su documental Climate Change: The Facts (Cambio Climático: Los Hechos). “Sé que puede sonar aterrador, pero las evidencias científicas nos dicen que si no tomamos medidas drásticas durante la próxima década, podemos enfrentarnos a un daño irreversible de la naturaleza y al derrumbe de nuestras sociedades”, alertaba Attenborough en un tono que hasta la prensa conservadora británica ha elogiado como necesario. Y como tercera pata, una clase media moderada dispuesta a aprovechar el impulso de las protestas en la calle —“el efecto del flanco radical”, lo llaman los sociólogos— para colocar en primera línea de la agenda política la amenaza más grave del siglo XXI.


Dependerá todo ese optimismo que hoy desborda el campamento de Marble Arch de que ER sostenga en el tiempo su campaña, evite cualquier atisbo de violencia y logre desviar la irritación de los londinenses tres kilómetros al sureste de la ciudad, hacia Westminster, donde se halla el Parlamento británico.


 Adoptar medidas urgentes o no llegar


Evitar el desastre. La acumulación de gases de efecto invernadero es tal que el calentamiento no se puede revertir, solo dejarlo dentro de unos límites manejables. La meta es tratar de que la subida media de la temperatura no supere los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales en 2100, aunque los expertos temen que esto ocurra entre 2030 y 2050 si el mundo sigue el ritmo actual de emisiones.


Océanos en peligro. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), calcula que el nivel del mar se elevó a un ritmo de 1,7 milímetros por año durante el siglo XX. En este siglo, estiman, que el océano ascenderá, de media, entre 0,22 y 0,44 metros respecto a los niveles de 1990.


Objetivos en duda. La utilización de energías renovables es imprescindible para poner freno al calentamiento, pero la Comisión Europea pone en duda que Austria, Alemania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y España puedan cumplir con el objetivo de empleo de ese tipo de fuentes. Naciones Unidas emitió un informe en marzo elaborado por 250 científicos en el que se dice que la no adopción de medidas urgentes está teniendo repercusiones potencialmente irreversibles en el medio ambiente y la salud humana.


 "Necesitamos una reacción emocional de los ciudadanos"

Por Rafa de Miguel


Boudewign Dominicus (Londres, 28 años) es de origen holandés pero se ha criado en Londres y se siente de esta ciudad más que de ninguna parte del mundo. Trabaja en una ONG pero se ha tomado unos días de vacaciones para colaborar voluntariamente con la campaña de movilizaciones impulsada por Extinction Rebellion. Forma parte del equipo que puso en marcha este movimiento hace un año.


Pregunta. ¿Quién va a decidir las acciones de protesta de los próximos días?


Respuesta. No tenemos una dirección centralizada. Se organizarán en las próximas horas pequeños grupos de asambleas y serán ellos los que tomen las decisiones. Cada activista decidirá en cuál quiere participar y hasta qué punto desea comprometerse. Tenemos una oficina central en Londres, pero nuestro objetivo es que en los próximos días sean las distintas asambleas repartidas por todo Londres las que estudien cuáles serán las acciones que más les convienen.


P. ¿No temen provocar un efecto contrario en los ciudadanos de Londres?


R. Somos conscientes de que la gente se ha enfadado y se seguirá enfadando, pero vamos a seguir siendo respetuosos con todos. Y con los primeros, con la policía, que está realizando su trabajo escrupulosamente. Ni siquiera hacemos una enmienda a la totalidad a nuestros políticos. Sabemos se han hecho avances en la lucha contra el cambio climático, y que se han tomado medidas correctas. Pero han bajado el ritmo, y algunas promesas correctoras, como los subsidios a energías más limpias, se han echado atrás con excusas presupuestarias. Por eso no podemos reducir la presión.


P. ¿Quieren que este sea un movimiento global? ¿Están coordinados?


R. Tenemos un coordinador internacional, y sabemos que la corriente está cobrando alza en otros países como Francia u Holanda. Pero no podemos hablar de coordinación propiamente dicha. Al ver cómo rebotan nuestros mensajes en otros países a través de las redes sociales nos damos cuenta del impacto que está logrando ER, pero ten en cuenta que, por ejemplo, los consejos que damos aquí a nuestros activistas para responder legalmente ante una detención o una carga policial no valen para otros lugares donde la ley es diferente.


P. ¿Cuál sería su objetivo final?


R. Lograr una reacción emocional de la gente. No somos ni antisistema ni antigobierno. De hecho, en nuestro credo está sostener que esta causa está por encima de la política. Queremos que esto se convierta en un asunto público de primer orden, y que la gente nos diga, estoy cabreado pero estoy de acuerdo con vosotros.

Por Rafa de Miguel
Londres 23 ABR 2019 - 03:15 COT

Publicado enMedio Ambiente
"Los ‘chalecos amarillos’ se desarrollaron en un desierto político". Entrevista

La historia social nunca se acaba, menos aún en una sociedad como la francesa donde la idea de igualdad organiza los pilares de la narrativa nacional desde la revolución de 1789. Los «chalecos amarillos» irrumpieron desde la periferia, desde el corazón herido de una Francia a la que se llamó erróneamente «invisible». En un momento en el cual, como casi todas las sociedades occidentales, el país atravesaba una profunda crisis de representatividad, los gilets jaunes construyeron la suya en una zona de aislamiento. A lo largo de todo el territorio, empezaron ocupando las rotondas, es decir, ese lugar circular de cruce de caminos que comunica con rutas que se internan en los pueblitos, esos páramos hace mucho tiempo dejados al abandono por un Estado que cerró estaciones de trenes, escuelas, correos y bancos. De aquella soledad periurbana o perirrural saltaron a la capital francesa, ante el asombro de los analistas de París. El gobierno francés se quedó mudo y paralizado, tanto más cuanto que venía de una serie ininterrumpida de victorias rotundas contra los sindicatos y otros movimientos sociales: impuso su reforma laboral sin muchos sobresaltos y luego la reforma de uno de los mitos de Francia, la empresa nacional de ferrocarriles, la sncf.

Los «chalecos amarillos» atravesaron los intersticios de las certezas del poder y la copiosa ignorancia de los medios. Se vistieron con el chaleco fluorescente que se debe llevar obligatoriamente en los autos y ganaron una visibilidad incuestionable. Con el correr de los días, la visibilidad se tornó en legitimidad y esta, en un respaldo masivo de la población. De las rotondas, que jamás abandonaron, pasaron a París. En la capital francesa armaron uno de los revuelos sociales más intensos de que se tenga memoria. A diferencia de otros momentos de tensión social, los «chalecos amarillos» desplazaron el punto de resistencia. En lugar de los barrios populares, fueron a manifestar en el corazón de la riqueza: los Campos Elíseos y sus súper ricas avenidas adyacentes, donde están concentradas las riquezas más abultadas del mundo. El Estado se asustó. Llegó a sacar a la calle más policías que manifestantes, reprimió con una violencia inaudita, arrestó de forma preventiva, impidió a mucha gente que fuera a las manifestaciones de los sábados. La represión policial dejó, al cabo de dos meses, cientos de detenidos y heridos graves: mutilados de manos o pies, gente que perdió un ojo. En defensa de su modelo, el Estado llegó a violar las propias reglas que él mismo había fijado. Nada disuadió a los «chalecos amarillos». Aunque se fueron dividiendo entre el sector más radical que anhela derribar al gobierno en la calle y otro más moderado que aspira a convertir el movimiento en una entidad política, la insurrección amarilla persiste tanto como su mensaje original: vivimos en un sistema de acumulación demente y de exclusión radical donde se pretende que unos pocos paguen las condiciones de vida de la modernidad. No fueron de derecha ni de extrema derecha, ni tampoco de izquierda o de extrema izquierda, ni tampoco ecologistas. Objeto de múltiples intentos de manipulación y cooptación política, los «chalecos amarillos» no entregaron su fuerza y su legitimidad al mejor postor. Su aparición vino acompañada de varias invenciones sociales: no solo el chaleco, también la articulación entre las redes sociales y la realidad y esa forma inédita de haber bautizado cada manifestación de los sábados como un «acto». Una forma de decir que la gran pieza de teatro sigue en el escenario.


El sociólogo francés Michel Wieviorka ha seguido con rigor los rumbos de esta insurrección popular. Wieviorka es uno de los intelectuales más reputados de Francia. Su obra sociológica teórica se sitúa en una línea que toma en cuenta la globalización tanto como la construcción individual y la dimensión subjetiva de los actores. Con sus primeros trabajos, empezó a construir una suerte de sociología de la acción a partir de los consumidores de la década de 1970. Ello lo llevó a interesarse en los movimientos sociales y en fenómenos como el racismo, el terrorismo y la violencia. En 1989, su libro Societés et terrorisme [Sociedades y terrorismo] le valió un rápido reconocimiento internacional. Sus obras traducidas al español son: El espacio del racismo (Paidós, Barcelona, 1982); La primavera de la política (Libros de la Vanguardia, Barcelona, 2007); El racismo: una introducción (Gedisa, Barcelona, 2009); Otro mundo. Discrepancias, sorpresas y derivas en la antimundialización (fce, Ciudad de México, 2009); Una sociología para el siglo xxi (uoc Ediciones, Barcelona, 2011); La violencia (Prometeo, Buenos Aires, 2018) y El antisemitismo explicado a los jóvenes (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2018). Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), Wieviorka es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París. Le entrevistó para la revista Nueva Sociedad Eduardo Febbro, corresponsal en Francia del diario argentino Página/12.


-¿Cómo definiría usted el levantamiento de los «chalecos amarillos»? ¿Acaso fue una revuelta fiscal, una revuelta ecológica o, más globalmente, la manifestación de un hartazgo general contra la desigualdad?


Ha sido un movimiento social en un contexto de crisis política y social. Es una parte de la sociedad que dice no aceptar sus condiciones de vida, que quiere pagar menos impuestos y, de alguna manera, rehúsa pagar la transición ecológica. Se ha dicho que los «chalecos amarillos» eran una suerte de Francia invisible. En realidad, era invisible solo para quienes no quisieron verla. No era en nada invisible. Muchos trabajos han demostrado la existencia de una Francia que no vive en las mismas condiciones en las que se vive en el centro de París. En este país hay muchas desigualdades sociales, hay regiones que se han convertido en desiertos. Cuando alguien vive en un lugar donde ya no hay trabajo, ya no hay servicios públicos, donde no hay escuela para los niños ni maternidad para atender los nacimientos; cuando no hay más estaciones de trenes, ni correos, en suma, cuando todo esto desaparece, la gente se dice: la vida no es posible.


Ha habido entonces una ceguera política acumulada por parte de los sucesivos gobiernos.


El problema es el tratamiento político de todo esto. No ha habido propuestas políticas pensadas seriamente para esta parte de la población. Esto empezó a gestarse a finales de los años 70, principios de los 80. Pero no es el único problema de este país. También está la problemática de los suburbios. Y todo esto nunca fue objeto de políticas fuertes. No se pensó en reabrir servicios públicos, no se pensó en tomar en cuenta a toda esa gente para la cual el automóvil es indispensable. Hay muchas familias que necesitan hasta dos automóviles. Viven lejos del lugar del trabajo. A menudo, marido y esposa viven a 50 o 60 kilómetros del lugar de trabajo. Tampoco hay escuelas para los niños y entonces tienen que ir a trabajar con el auto y también usarlo para llevar y traer a los chicos de la escuela. Todos estos problemas nunca fueron tratados de manera seria.


-Hay también dos elementos constantes que surgen con esta crisis: la ruptura, en Francia, del sistema colectivo de solidaridad, y el abismo entre la población, sus necesidades y la dirigencia política global. ¿Está de acuerdo?


Sí. Francia, como muchos otros países, vive un proceso de fragmentación. Y en este proceso desaparecen las formas de solidaridad colectiva, o se transforman en nacionalismos y repliegue sobre sí mismo. Pero esto es apenas un aspecto del problema. El otro es la crisis del sistema político. En Francia, las formas clásicas de la democracia liberal, o sea, la representación política, no funcionan más. Los partidos clásicos ya no funcionan y esto explica en mucho los problemas. La gente siente que los partidos políticos no la representan, que están lejos, que esos partidos pertenecen a un tiempo antiguo y que no son los que necesita hoy. En esta situación, el poder está desconectado de la población, sin capacidad de mediación. Pero esta crisis de la representación no atañe solo a los partidos políticos, también engloba a los sindicatos, a las asociaciones.


Estamos en un país donde las mediaciones políticas y sociales se están debilitando, donde el poder ha funcionado de manera tecnocrática. Hay poca política y mucha racionalidad que no toma en cuenta la vida de la gente. Los partidos políticos no funcionan bien. Han perdido la capacidad de plantear propuestas. Esta es la razón por la cual los «chalecos amarillos» se desarrollaron en un desierto político. No hay correas de transmisión política. Está el poder central del gobierno, el presidente, está luego el pueblo y en el medio no hay nada para llevar a cabo una mediación. El gobierno tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, pero los diputados de su partido, La República en Marcha, fueron muy, pero muy poco inteligentes.
Mucho se ha dicho en todo el mundo que Francia volvía a marcar la pauta de la revuelta social. La izquierda radical ve en los «chalecos amarillos» la realización del sueño de una insurrección ciudadana. Sin embargo, el perfil de los «chalecos» es más complejo.


Los «chalecos amarillos» no hablan mucho de insurrección. Pero como la gente necesita tener marcadores históricos, intenta buscar algo que ligue a los «chalecos amarillos» con esas referencias. Y allí, desde luego, aparece la Revolución Francesa. Sin embargo, los «chalecos amarillos» no son un movimiento revolucionario. Sí, es cierto que se habla del presidente Emmanuel Macron y del poder como del rey Luis xvi o de su esposa María Antonieta. Sin embargo, no se trata de un movimiento revolucionario que quiere tomar el poder. Hubo mucha violencia durante las manifestaciones, pero no fueron los actores centrales quienes la desencadenaron. Son otros, son gente que vino a romper cosas y a enfrentarse con la policía, son gente que tiene ideas políticas de extrema izquierda o de extrema derecha. Admito que hubo «chalecos amarillos» que actuaron de forma violenta, pero no son el corazón del movimiento. No se trató de un movimiento que pretendiera acabar en una revolución.


Allí está la idea de que, al no ser un movimiento identificado, puede ser utilizado peligrosamente por uno u otro sector político.


En su corazón, el movimiento de los «chalecos amarillos» está diciendo: tenemos problemas sociales y queremos que el poder nos responda de manera social, o sea, queremos dinero para vivir mejor, queremos pagar menos impuestos. Son, por consiguiente, demandas sociales. Pero fuera de los «chalecos amarillos», en la extrema izquierda, se dice: «Este movimiento quiere la revolución». En la extrema derecha se dice: «Los ‘chalecos amarillos’ tienen que saber que los problemas de Francia son la inmigración, el islam y la identidad nacional». Cada sector los etiqueta con sus ideas. Pero la verdad es que los «chalecos amarillos» nunca hablaron así. Insisto: no es un movimiento político, no es un movimiento de extrema izquierda o de extrema derecha. Tal vez haya gente adentro radicalizada, más abierta a ideas extremistas, pero en ningún caso fue ese el perfil de los gilets jaunes. No tienen nada que ver con el comunismo, ni con el fascismo. Es muy difícil hacer comparaciones, y no solo históricas, sino también en el espacio de hoy. Hay gente que dice que los «chalecos amarillos» fueron un poco como en Italia, con La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, o como en Reino Unido con el Brexit, o como los votantes de Donald Trump en Estados Unidos y como en Brasil con Jair Bolsonaro. No son comparaciones válidas. Los «chalecos amarillos» son una cosa única y muy distinta de todo lo demás.


-Hay en este movimiento algo que lo diferencia de todas las demás soluciones que los países buscaron colectivamente a través de las elecciones. ¿No han pedido un cambio de poder, que el poder cambie su forma de gobernar?


Exactamente. En Italia hay problemas del mismo tipo. La gente votó por Beppe Grillo (5 Estrellas) o a favor de la extrema derecha de Mateo Salvini. En Reino Unido los problemas también son similares, y allí la gente optó por salir de Europa. A su vez, en Brasil, los electores llevaron a Bolsonaro al poder. Entonces, lo que constatamos es que en todos esos países la respuesta a los problemas sociales fue directamente política. La gente se dijo que con cambios políticos su situación iba a mejorar. En Francia no pasó eso. Aquí, la gente dijo: «Queremos una respuesta del gobierno a nuestros problemas». Hubo una inteligencia colectiva impresionante.


Esto constituye ya una innovación en sí, pero hay más. Por ejemplo, los «chalecos amarillos» nacieron en las redes sociales, pero con un perfil y una dinámica distintos de los que se pudieron ver en otros países o en la «primavera árabe».


Hoy no se puede hablar de movimientos sociales sin tomar en cuenta las redes sociales, internet o los teléfonos móviles. Las nuevas tecnologías de la comunicación son centrales. Sin embargo, la fuerza de los «chalecos amarillos» consistió en decir: «Vamos a articular lo digital con la presencia concreta en todo el territorio nacional». Es decir, la vida concreta de actores que viven y se encuentran en cada lugar y, además, que se tornan visibles con los famosos chalecos amarillos. Entonces, se trata de un movimiento digital con, por un lado, internet y las redes sociales y, por el otro, una dimensión visible en todo el territorio. Los «chalecos amarillos» articularon las dos vertientes. Antes de los chalecos tuvimos Ocuppy Wall Street en eeuu o los indignados del 15-m en España y otros movimientos de este tipo. Ambos tienen una cierta manera de articular las redes con un lugar concreto de encuentro. Pero claro, solo un lugar de encuentro. Aquí, con los «chalecos amarillos», la ocupación, el encuentro, fue en todo el territorio nacional. Además, el mismo chaleco amarillo les dio una visibilidad muy fuerte que funcionó muy bien en la televisión. Desde este punto de vista, estuvimos frente a un movimiento muy innovador. Han sido muy visibles. Por otra parte, ha sido un movimiento horizontal. Aquí no hay ningún líder carismático. Los «chalecos amarillos», al menos hasta ahora, no quieren o no han sido capaces de promover a un líder fuerte.

-Este perfil que los caracteriza ¿no puede acaso volverse un problema, o sea, acarrear su propia extinción?


Los «chalecos amarillos» enfrentaron el problema de transformar la horizontalidad en una verticalidad de tipo político. Habrá que ver.


La lista de innovaciones es larga. Por ejemplo, incluye también la temática ecológica. La revuelta nació con una protesta contra una medida gubernamental destinada, en principio, a financiar la mal llamada transición ecológica. El Poder Ejecutivo pretendía equiparar el precio del gasoil, que es más barato, con el del combustible común.
Sí, el movimiento se desencadenó a raíz del aumento del precio de los combustibles. La gente empezó a decir que los «chalecos amarillos» estaban en contra de la transición ecológica. La verdad es un poco más compleja. Después de que estallara la revuelta, el gobierno dijo que esos impuestos eran para la protección del medio ambiente, pero la verdad es que se trató más que nada de recaudar más impuestos, muy poco se habló antes de ecología. Al mismo tiempo, los «chalecos amarillos» decían: «No estamos en contra de la transición ecológica, pero ¿por qué tenemos que pagarla nosotros?». Son un movimiento que no trata sobre la transición ecológica, no se mete con la ecología, no se opone a la transición ecológica, pero termina introduciendo la idea según la cual hay una contradicción: ¿qué queremos hacer? ¿Queremos financiar la transición ecológica o queremos ayudar a los más pobres a vivir normalmente?


-Pero toca el tema de la justicia fiscal, el famoso artículo xiii de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 donde se expresa claramente que se paga según lo que se tiene. Allí aparece la noción plena de igualdad.


Ocurre que hubo una falta inicial, un pecado original cometido por el presidente Macron. Cuando llegó al poder en 2017, lo primero que hizo fue modificar el impuesto aplicado a las grandes fortunas, el isf. El gobierno inició su trayectoria política con esta medida y otras más que estaban claramente a favor de las empresas. La gente empezó a decir que el gobierno les daba mucho a los ricos, a las empresas, y al final es a nosotros a quienes nos toca pagar. Hay una idea muy fuerte de que Macron es el presidente de los ricos y de los poderosos; que es, además, un presidente arrogante, que habla de manera negativa y displicente sobre muchos temas. Por ejemplo, una vez dijo que, para la gente que no tiene trabajo, es muy fácil encontrar uno. «Basta con cruzar la calle y hay un trabajo». Tal vez, a veces, sea así para algunos, pero para la mayoría de la gente no es el caso. Hay muchos ejemplos sobre la falta de inteligencia política y sentido social de muchos integrantes del aparato de poder. El caso más extraordinario es el del presidente del grupo parlamentario del partido de gobierno, La República en Marcha. En un momento de la crisis de los «chalecos amarillos», Gilles Le Genre dijo: «Fuimos demasiado inteligentes». Eso equivale a decir que los otros eran demasiado estúpidos. En suma, son gente arrogante, gente que no sabe hacer política. Son gente que aplica la política del poder.


En este sentido, el rechazo a la arrogancia de los ricos fue muy poderoso. Jamás se había visto en Francia una manifestación en la que la gente atacara, en París, el barrio de los ricos, ni menos aún los símbolos de la nación, como el Arco de Triunfo o la Tumba del Soldado Desconocido. Esta vez sí. No fueron la Plaza de la Bastilla, la Plaza de la Nación o la Plaza de la República los escenarios de la confrontación, sino los Campos Elíseos o la Avenida Foch. No hay que olvidar que este movimiento no nació en París sino en el interior. Puede que haya gente en París con alguna simpatía o sensibilidad cercana hacia los «chalecos amarillos», pero no fue la mayoría. El corazón de los «chalecos amarillos» está fuera de la capital. En tiempos pasados, los momentos importantes, insurreccionales, con movimientos sociales fuertes, surgían en París, eran genuinos de la ciudad. Pero los «chalecos amarillos» acuden a la capital desde el interior del país para manifestar con la intención de ir lo más cerca posible del poder político. Y el poder político está en París, en los alrededores de los Campos Elíseos. El movimiento no manifestó en esos barrios porque ahí se encontraba el dinero o la riqueza, sino porque allí se encontraba, precisamente, el poder político. Y como el dinero, la riqueza y el poder político residen en los mismos lugares, los unos porque viven allí y los otros porque en esas zonas funciona, precisamente, el poder político, ocurrió lo que vimos. Al menos al principio, los «chalecos amarillos» ocuparon los barrios pudientes no como una crítica contra los ricos, sino para llegar lo más cerca posible de donde estaba el poder presidencial.


-¿Qué lecciones deja la insurrección amarilla francesa en el campo político y social?


Este movimiento significa que salimos de un mundo y entramos en otro. Significa que salimos de un tipo de sociedad y nos dirigimos hacia un perfil nuevo de sociedad. Y lo que realmente estaban diciendo los «chalecos amarillos» era precisamente esto: no queremos pagar para este cambio. No queremos ser ni los que van a desaparecer, ni los que van a empobrecerse. No nos corresponde a nosotros pagar por este cambio. Los «chalecos amarillos» plantean la pregunta clave: ¿quién va a pagar por eso?


La otra lección que aporta esta revuelta concierne a la forma misma de la insurrección: hoy ya no hay movimientos sociales importantes si no son capaces de articular lo digital, o sea, internet y las redes sociales, con la presencia concreta, física, en el terreno. Ambos son necesarios. Si un movimiento es solo virtual, no funcionará. Hacen falta las dos dimensiones: las nuevas tecnologías de la comunicación y la presencia territorial masiva. Esto es nuevo. El repertorio de las formas de acción colectiva ha cambiado. Desde luego, no son los primeros que demuestran esto, pero los gilets jaunes lo han llevado a la práctica de forma muy, muy fuerte. Hay más lecciones. Este movimiento es simpático en términos sociales. No es un azar que 70% de la población lo respalde. Sin embargo, los «chalecos amarillos» son una catástrofe en muchas otras dimensiones: ¿cómo se construirá Europa con un movimiento que obliga al gobierno a no obedecer las reglas comunes europeas en términos de presupuesto? A su manera, los «chalecos amarillos» debilitan la construcción europea. En segundo lugar, en cierta forma, los «chalecos amarillos» han sido un movimiento en favor del automóvil, lo que es contrario a la transición ecológica. Esto ocurrió en un país que era uno de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Los «chalecos amarillos» son socialmente simpáticos y, al mismo tiempo, introducen problemas de otra naturaleza. Y estos problemas son las temáticas del futuro. Se trata de un movimiento defensivo cuyo costo consistirá en hacer que el futuro sea mucho más difícil, inclusive para los actores del movimiento. Aclaro que los «chalecos amarillos» no son antimodernos, pero sí dicen que no quieren pagar por la modernización y el cambio. Es eso.
Michel Wieviorka


Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París.

Por Michel Wieviorka
19/04/2019

 

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 Un trabajador en la línea de producción de móviles de la fábrica de Huawei en Dongguan, el pasado mes de marzo. WANG ZHAO AFP

Empleados de empresas tecnológicas protestan contra jornadas de nueve a nueve, seis días a la semana, que apoyan empresas como Alibaba22


 Mi novia me lo advirtió: me estaba cambiando el carácter. Ya no me reía con los amigos. Estaba de peor humor, y siempre cansado”. Lenny Zhang, de 24 años y especialista en medios digitales, recuerda con horror su trabajo en una startup de realidad virtual en Pekín. “Al principio no estaba mal porque aún no había mucho que hacer. Pero cuando empezamos a tener clientes, eso cambió. Había que estar siempre en la oficina trabajando hasta tarde, y por supuesto sin más paga. Los fines de semana el jefe podía llamarte, si se daba alguna urgencia, y tú tenías que ir. Si te marchabas pronto, aunque no tuvieras nada que hacer, estaba mal visto: no estabas trabajando lo suficientemente duro”, relata.


Lo que Lenny Zhang (nombre supuesto) describe es lo que en China se conoce como la cultura del “9-9-6”. Trabajar todos los días de nueve a nueve, seis días por semana. Algo que en otros países puede sonar familiar; las críticas a las duras condiciones laborales han llegado incluso a Silicon Valley. Pero en la segunda potencia mundial, la insólita protesta de los trabajadores en empresas tecnológicas surgida en las últimas semanas tiene, como casi todo en este país, especiales “características chinas”.


Es insólita tanto por haber encontrado una vía para expresarse públicamente —la plataforma para desarrolladores de código GitHub— en un país donde impera la censura, como por el debate nacional que ha generado. Un debate que se ha puesto al rojo vivo después de que magnates como Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, hayan salido a defender ese régimen laboral.

El descontento empezó a palparse, según cuentan empleados del sector, el año pasado. No es que hasta entonces las largas jornadas laborales fueran algo raro. Pero a partir de entonces, a la intensísima competitividad de las empresas tecnológicas chinas empezó a sumársele la desaceleración generalizada de la economía. Las compañías empezaban a contratar menos. En enero, la oferta de trabajo en el sector había caído un 15% con respecto a 12 meses antes, según la página de anuncios de empleo Zhaopin. Había que producir más con menos y por el mismo sueldo, y cada uno debía arrimar —aún más— el hombro. O correría el riesgo de quedarse en la calle, por despido o por quiebra de la empresa.
Claro que nunca dicho explícitamente, o en público. La ley china prevé horarios de trabajo de 40 horas semanales. Si se sobrepasan, el empleado debe recibir una compensación, y en todo caso el número de horas extras no debe superar las 36 por mes.


Un proyecto viral


En marzo un grupo de desarrolladores anónimos creó en GitHub, una plataforma para compartir códigos de programación, una página irónica, 996.ICU. El nombre hacía referencia a un dicho entre los trabajadores del sector en China: “si trabajas 9-9-6, acabarás en la unidad de cuidados intensivos (ICU, en sus siglas inglesas)”.


La página incluye recomendaciones —“márchate a casa sin complejos a las seis”— y un listado de más de 150 empresas que aplican ese régimen de trabajo, incluidos gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei, o ByteDance, la empresa madre de la aplicación de vídeos cortos TikTok. La “licencia anti996”, que ya han adoptado más de 90 proyectos en GitHub, obliga a las firmas que quieran usar el software de esos proyectos a respetar las leyes laborales. El golpe de genio de la iniciativa es que la censura, por mucho que lo desee, no puede bloquear GitHub: las tecnológicas chinas necesitan esta plataforma para compartir código.


996.ICU inmediatamente se hizo viral, el proyecto más compartido de toda la plataforma. Claramente, mucha gente se sentía identificada. Pero quizá todo hubiera quedado en una anécdota puntual.


Hasta que la semana pasada hablaron Jack Ma y Richard Liu, el presidente del otro gigante logístico, JD.com. Y levantaron ampollas. En un comentario en redes sociales, Ma, uno de los hombres más ricos de China, opinaba que los trabajadores deben ver como una bendición poder trabajar 9-9-6. Sin ese régimen —que hizo posible que su empresa despegara—, la economía del país “muy probablemente perdería ímpetu y vitalidad”. “Si entras en Alibaba, tienes que estar dispuesto a trabajar 12 horas al día. Si no, ¿para qué vienes? No necesitamos a los que trabajan ocho horas cómodamente”.


Liu, por su parte, consideraba que su empresa se ha llenado de “vagos” por los que no puede sentir ninguna simpatía. Sus opiniones son tanto más hirientes por cuanto la compañía —en situación delicada y que según el digital especializado The Information se plantea despedir a 12.000 personas, el 8% de la plantilla— advertía en un correo interno filtrado que se deshará de los que no “luchen duramente”, con independencia de sus circunstancias personales.


Comentarios como estos han disparado aún más la indignación. “En las compañías de software de Shanghái estos días no se habla de otra cosa”, apunta un analista de datos. En opinión de varios empleados de compañías tecnológicas, si el debate ha calado tan hondo es porque, por primera vez, las empresas han defendido en público y a las claras unas prácticas que “hasta ahora nadie decía directamente que había que cumplir. La presión estaba ahí, pero funcionaba por insinuaciones, por sobreentendidos”.


Los medios de comunicación oficiales, que reflejan la opinión del Gobierno chino, han participado también en el debate, ahora centrado en lo adecuado —o no— del equilibrio entre trabajo y vida personal que ofrecen las empresas chinas. El Diario del Pueblo, el periódico del Partido Comunista, aseguraba conciliador en un editorial el domingo pasado que “los trabajadores que critican el 9-9-6 no pueden ser acusados de vagos o pusilánimes. Hay que tener en cuenta sus verdaderas necesidades”.


“El problema es que el mercado chino es realmente intenso y competitivo”, opina Lenny. “A la mayor parte de la gente no se le pasa por la cabeza que no hace falta estar tantas horas. Nos han inculcado que para tener éxito y para ganar dinero hay que trabajar muy, muy duro”.


Al joven desarrollador le parece una buena noticia la movilización, aunque se declara escéptico sobre sus posibilidades de éxito. “Esto había que haberlo hecho hace 10, 20 años, cuando el sector tecnológico empezaba. Ahora es demasiado tarde, ya está todo demasiado consolidado”. Él piensa votar con los pies y marcharse a Europa a ampliar estudios en dos o tres meses. "Si puedo, me quedaré allí. No quiero volver al 9-9-6".


No todos están en contra

M.V.L.


Aunque las críticas han tenido un amplio eco, no todos los trabajadores del sector, ni mucho menos, se consideran explotados o están en contra de echar todas las horas posibles, día tras día. Amber Qi, de “veintipocos años” y empleada en una empresa de robótica en Cantón, es una de ellos. Trabaja cada día de diez a diez, seis días a la semana. A veces, siete. Pero no considera que sea algo exagerado: “Hay casos peores”, asegura.


En el suyo, “no me importa trabajar tantas horas —dice—. Me gusta el equipo que formamos en la empresa. Es útil trabajar todo este tiempo: si estamos cansados, podemos irnos a casa a descansar un rato, no somos de los que estamos en la oficina perdiendo el tiempo sin ser productivos”.


La joven resta importancia a las declaraciones de Ma: “hay que ponerlas en el contexto del típico jefe chino, que pretende adoctrinar a sus empleados. Eso puede funcionar para la gente de 30, 40 años. Pero a los más jóvenes no nos hace falta que nos lo diga el jefe. Si nos motiva el proyecto, le echaremos las horas que haga falta. Si no, nos iremos”. ¿Se ve pudiendo mantener este ritmo siempre? Cuando sea mayor —asegura—, “cambiaré de trabajo, a uno donde se hagan menos horas”.

 

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 20 ABR 2019 - 10:56 COT

 

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Manifestantes contra el cambio climático bloquean el acceso a las oficinas de varias multinacionales

 Miles de manifestantes contra el cambio climático han bloqueado este viernes el acceso a las oficinas de varias multinacionales en el distrito empresarial de La Défense, situado en la capital de Francia, París, según ha informado Greenpeace.


"Acaba de arrancar una de las mayores acciones de desobediencia civil organizadas en Francia", ha dicho a primera hora del día, antes de agregar que "más de 2.000 ciudadanos están bloqueando el distrito de La Défense para denunciar la alianza tóxica de Emmanuel Macron y el Gobierno francés con grandes compañías contaminadoras".


Posteriormente, ha reclamado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se dejen de palabrería y actúen ya" para hacer frente cal cambio climático.


Según las informaciones recogidas por la agencia de noticias Reuters, algunas de las oficinas cuyos accesos han sido bloqueados son las del banco francés Société Générale, la de la eléctrica estatal EDF y la de la petrolera Total.


Los manifestantes portan carteles con imágenes del presidente francés en los que se puede leer 'Macron, presidente de los contaminantes'. Otro eslogan decía 'Escena de crimen climático' sobre la fachada de vidrio de Société Générale. La Policía ha lanzado gas pimienta contra un grupo de personas que bloqueaba la entrada principal del banco con una sentada, según Reuters. Algunos manifestantes se han atado entre ellos y otros lo han hecho a barandillas de metal, dificultando los esfuerzos de la Policía para dispersarles.
Greenpeace y el grupo activista Les Amis de la Terre (Amigos de la Tierra) han criticado en numerosas ocasiones a Société Générale por su financiamiento a inversiones de petróleo y gas, en particular al proyecto gasífero Rio Grande LNG en Estados Unidos.


La protesta tiene lugar después de una serie de manifestaciones coordinadas por el movimiento Extinction Rebellion en Londres esta semana, que causó problemas en el sistema de transporte público de la capital británica.


En estos tres días, miles de manifestantes han bloqueado puntos neurálgicos de Londres, como Marble, Waterloo y Oxford Circus, además del entorno del Parlamento. Las autoridades han confirmado cerca de 350 detenidos en las protestas.


El objetivo de Extinction Rebellion, que había llamado a hacer una gran acampada con la que paralizar al menos durante una semana el centro de Londres, es que el Gobierno británico adopte medidas drásticas para reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono para 2025.

19/04/2019 19:31 Actualizado: 19/04/2019 19:34

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Alan García, un presidente acosado por la corrupción

García se suicidó disparándose un tiro en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa con una orden de captura por el caso Odebrecht, en el que fue procesado por cobro de coimas.

No soportó ser detenido por cargos de corrupción. El ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa para apresarlo. La orden de detención se dispuso en el marco de las investigaciones judiciales ligadas a la trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Se trataba de una detención preliminar por diez días, luego de la cual la fiscalía podía haber solicitado su arresto preventivo hasta por tres años mientras se desarrollara el proceso judicial en su contra.
Ayer, poco después de la seis de la mañana, hora local, la policía ingresó a la vivienda del ex jefe de Estado con una orden judicial para detenerlo. García dijo que iba a llamar a su abogado y fue a su cuarto, donde se disparó en la sien izquierda. La bala salió por el lado derecho de la cabeza. Inmediatamente lo llevaron a un centro médico, donde falleció minutos después de las diez de la mañana.


La detención preliminar contra García se ordenó por el supuesto cobro de sobornos a Odebrecht durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011. Se investiga los sobornos pagados durante la gestión de García por la construcción de una línea del Metro de Lima, por la cual funcionarios de Odebrecht han confesado haber pagado 24 millones de dólares en sobornos, y por la construcción de una ruta que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de una coima de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y que fue ejecutada durante la administración de García, período en el cual el precio de la construcción se duplicó.


En los últimos días se conoció, por documentos entregados por Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, que el secretario de García cuando éste era presidente, Luis Nava, quien también fue su ministro, habría recibido 4,5 millones de dólares de Odebrecht. Nava recibió ese dinero cuando era secretario del entonces presidente, cargo desde el cual no tenía ninguna función ni poder directo sobre las obras concedidas a Odebrecht, por las cuales la empresa pagó sobornos para ganar las licitaciones y sobrevalorar dichas obras.


Su único poder era su cercanía al presidente. La fiscalía tenía la hipótesis que Nava era en realidad un testaferro e investigaba a García como el posible receptor final de esos sobornos. No era la única investigación judicial contra el fallecido ex presidente.


Documentos de Odebrecht han permitido encontrar un pago oculto de la empresa a García por 100 mil dólares y justificados como retribución a una conferencia del ex presidente. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal con 200 mil dólares de la constructora a su campaña electoral.


Junto con la orden de detención a García, se ordenó el arresto de otras ocho personas, entre ellas el secretario Nava y un ministro del gobierno de García.


Cuando en noviembre pasado se dispuso su prohibición de salida del país, García intentó eludir las investigaciones judiciales pidiendo asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado. Esta vez, tal vez sintiéndose ya sin salida, optó por el suicidio.


En un mes Alan García iba a cumplir 70 años. En 1985, a los 36 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país luego de ganar ampliamente las elecciones como candidato del socialdemócrata Partido Aprista.


Su primer gobierno estuvo marcado por la hiperinflación, escándalos de corrupción, el crecimiento de la violencia política interna y violaciones a los derechos humanos en el marco del combate a la subversión armada. Acusado de corrupción al terminar su gestión, se fugó del país. Regresó en 2001 luego que los cargos en su contra prescribieron y en 2006 se convirtió en presidente por segunda vez.


En su segundo gobierno dio un radical giro a la derecha. Esta segunda gestión también estuvo marcada por denuncias de corrupción. En eso no hubo cambios con su primer gobierno. Con muy buenos contactos en el sistema de justicia, tenía fama de intocable. Pero su suerte había comenzado a cambiar con el estallido del escándalo Odebrecht que lo tocó directamente.

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Paramilitarismo en plena acción: espionajes; invasión y control de tierras y reiteración de amenazas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.


Avanza este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo se encuentra en el punto más alto de lo ilegitimo, no se alcanza a saber por qué tanta barbarie y el Estado lo sigue permitiendo, las tropas militares entran por las veredas supuestamente detrás de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por nadie, claro es que se mantienen cerca de las casas de la población civil o en los puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de informantes. Es de público conocimiento que alias “René”, antiguo combatiente del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de la zona y coordina las diversa formas de control de la población civil, como impuestos, restricciones, actividades de las juntas comunales etc.


En las últimas semanas se han presentado supuestos enfrentamientos entre militares de la brigada XVII y grupos paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de material de guerra, pero detrás de estos supuestos combates están las amenazas que sigue recibiendo la población civil por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a la comunidad nacional e internacional.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguiente:


• El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del 21 de febrero de 2005 perpetrada por los paramilitares y la fuerza pública, allí, los paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma vereda, donde manifestaron: “sabemos cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los requisitos que tienen las personas que cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de esa comunidad “porque esa comunidad no durará mucho tiempo”.

• El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían algunos colaboradores de los paramilitares, entre ellos alias “pollo”, quien en septiembre y octubre de 2018 amenazó de muerte por vía celular a nuestro representante legal Germán Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar contra nuestra comunidad si seguimos entrando allí con nuestras comisiones de trabajo, lo cual se ha venido dando cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades privadas allí.

• El miércoles 20 de marzo de 2019, en horas de la tarde, llegó a nuestra Comunidad información de una nueva amenaza de los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano.

• El jueves 4 de abril de 2019, mientras miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para sembrar un lote de maíz, encontraron que un grupo de 7 pobladores de la zona, entre los cuales se encontraba el reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban también haciendo siembras de maíz sin permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación de la Comunidad se acercó a hacerles el reclamo, pero ellos respondieron que sólo estaban allí “ganándose un jornal”, lo que quería decir que detrás de ellos había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los pobladores, a quien en la zona llaman “El Viejo”, les dijo a los miembros de la Comunidad que ésta tenía que retirar de internet todas las constancias en las cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca lo han mencionado en las constancias. Sin embargo, el poblador que hizo este reclamo, estaba entre los promotores de la invasión.


El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz conmemoró sus 22 años de existencia. Varios amigos de la Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha hacia el caserío de San José donde nació nuestra Comunidad; allí se dio lectura nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad y destruido por quienes luego llegaron allí invitados por la fuerza pública para repoblar el espacio abandonado. En la tarde se realizaron varias actividades culturales de carácter interno y se hizo memoria de toda nuestra historia.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 15 de 2019

Publicado enColombia
 América Latina no es la región con mayor número de lenguas, ni de hablantes, pero sí es la que presenta más diversidad. Pablo Linde

Desde la Patagonia hasta Mesoamérica, un atlas actualiza las lenguas originarias de pueblos indígenas, amenazados hoy por todo tipo de presiones económicas y culturales, que luchan por mantenerlas vivas

De las comunidades más recónditas de la Amazonía a los barrios de las grandes ciudades sudamericanas como Lima o Buenos Aires, las naciones originarias y sus idiomas nativos atraviesan todo el territorio de América Latina. Memoria viva de saberes que han sobrevivido a lo peor de las conquistas europeas, las lenguas originarias perviven amenazadas por la presión económica sobre sus territorios, el éxodo rural y la falta de apoyo público.


Por el patrimonio cultural que representan y la vulnerabilidad que llega al peligro de extinción inminente en muchos casos, la Unesco declaró 2019 como Año internacional de las lenguas indígenas. Para la institución, el derecho de una persona a utilizar el idioma que prefiere es “un requisito previo para la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión”.


América Latina no es la región con mayor número de lenguas, ni de hablantes —una estimación muy aproximativa podría arrojar 25 millones—, pero sí es la que presenta más diversidad. Los alrededor de 500 idiomas nativos que se hablan se agrupan en 99 familias que se extienden desde la Patagonia hasta Mesoamérica, según el Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas de América Latina, publicado en 2009 bajo el auspicio de Unicef y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y que se mantiene como uno de los trabajos más completos para mapear esta realidad.


Esa diversidad es la principal riqueza lingüística de la región, pues es un reflejo de la diversidad cultural y étnica de sus pueblos y permite investigar la historia del poblamiento del territorio a lo largo de los milenios, según explica Inge Sichra, sociolingüista austriaca radicada en Cochabamba (Bolivia), coordinadora del Atlas y fundadora del Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes).


Lenguas sin Estado


Para la escritora mixe y lingüista Yásnaya Elena Aguilar, no existen características lingüísticas comunes a todos los idiomas originarios, pero sí una sociopolítica. “Son lenguas de pueblos que han sufrido colonización, pero también que no formaron un Estado propio”, explica.


Aguilar, que recientemente fue protagonista de un histórico discurso en mixe en el Congreso mexicano, destaca que en fechas de la independencia, en 1810, alrededor del 65% de la población de México hablaba una lengua indígena y actualmente solo el 6,5% lo hace. Todo un proceso de homogeneización cultural que se apoyó en el sistema educativo desde los tiempos de la Revolución (1910-1921) y que continúa hoy en el trato con las instituciones públicas, que funcionan casi exclusivamente en español.


En su opinión, los casos más graves son la sanidad y el sistema de justicia, que casi nunca cuentan con intérpretes, algo que pone en riesgo la libertad y la vida de las personas. No siempre fue así. Frente a un Estado “que se comporta monolingüe”, Aguilar reivindica la experiencia histórica de Oaxaca —el estado del suroeste mexicano donde se asienta el pueblo mixe—, donde en el siglo XIX los profesores de las escuelas municipales eran empleados de las comunidades y enseñaban en las lenguas propias.


Cuando la cultura oficial solo se redacta en español y apenas existe educación formal fuera de eso, escribir literatura contemporánea en una lengua originaria es casi un acto de heroísmo. Eso hace la poeta maya Briceida Cuevas Cob desde inicios de los años noventa. Su poesía se fija en “las cosas sencillas que nos van deslumbrando”, como “un amanecer, que es un proceso” o “el comportamiento de un árbol”, explica en una entrevista. Su método de creación es bilingüe: primero escribe en maya y luego en español, dando vida a un segundo proceso creativo que es también “un puente” para llegar a quienes no pueden leer los originales.


Cuevas Cob es originaria de la comunidad de Tepakán en Campeche, México. En esa zona, participando en talleres de escritura y creando una suerte de movimiento cultural, se formó un grupo de autores mayas a finales del siglo XX. “Hablar de la importancia de la escritura en lengua originaria es hablar de este proceso y palpar un resultado que se mira a través del gran número de escritores que escriben actualmente”, explica.


Recursos y éxodo rural


El bastión de las formas de vida indígenas ha sido tradicionalmente el medio rural, con poblaciones culturalmente más homogéneas. Hoy, la pervivencia de estas culturas y sus medios de expresión están amenazadas por las presiones económicas sobre los territorios y la migración hacia las ciudades.
Según Aguilar, “el reto más fuerte para los pueblos indígenas es el neoextractivismo”, ya que la lucha por los recursos produce ataques sobre sus territorios y bienes comunes. La activista lamenta que, mientras que las instituciones y la sociedad mexicana aplauden las expresiones culturales de los indígenas, quienes se involucran en las luchas en defensa del territorio se enfrentan a la represión e incluso al asesinato.


“La mayoría de los activistas que han sido asesinados en México en defensa del territorio y los recursos han sido activistas de pueblos indígenas”, señala. Según la ONG Global Witness, la agroindustria y la minería son los principales negocios vinculados al asesinato de líderes ecologistas en el mundo y América Latina es la región que más sufre este tipo de ataques.
Otra amenaza para la diversidad lingüística es el éxodo rural, algo que hace que incluso algunos idiomas tan hablados como el quechua o el aymara estén en peligro. Sin las políticas adecuadas de refuerzo del bilingüismo, la vida en la ciudad interrumpe en muchos casos la transmisión de la lengua de madres a hijos.


Para Sichra, se deben oficializar los idiomas originarios más hablados y hacerlos equiparables al castellano, pero eso debe implicar políticas efectivas: que en las instituciones públicas funcione el bilingüismo, que los funcionarios tengan las competencias necesarias y que se utilicen en la educación de manera integral.


Cuevas Cob también reclama que en las comunidades indígenas el idioma propio sea la lengua vehicular de la educación, pero reconoce que estudiar en maya no ofreceautomáticamente mejores condiciones de vida y opina que la promoción del lenguaje originario y las oportunidades de desarrollo para su pueblo tienen que ir a la par.

En tiempos de globalización e Internet, el español se vuelve más atractivo. “Es complicado porque un niño crece, está en el Face, en las redes sociales, y pocas veces se interesa en un texto en lengua indígena”, dice la escritora. “Cuando estudié la primaria en los setenta todos los niños hablábamos en maya, no podíamos hablar en español porque nos daba risa y no sabíamos”, recuerda.


Lo digital y las buenas prácticas


Quizás una forma de revitalizar los idiomas originarios es llevarlos al ámbito digital, coinciden algunos expertos, y son numerosas las iniciativas para ello. En El Alto (Bolivia), los jóvenes bilingües del colectivo Jaqi Aru han traducido Facebook, están desarrollando un curso de aymara para Duolinguo y crean artículos para la versión de Wikipedia en su lengua, que ya tiene 4.410 entradas.


Además, existen versiones de la enciclopedia digital en quechua (con más de 21.000 artículos), náhuatl y guaraní, así como proyectos para desarrollar versiones en maya o wayuunaiki. Otro tanto puede decirse de Firefox, el navegador de Internet de código libre: bajo el proyecto Mozilla nativo, distintos grupos trabajan en la traducción de sus aplicaciones para Android y escritorio a CH’ol (México), mixteco, paipai purépecha, tének, triqui, tojolobal, tostil, zapoteco y dos variedades de náuhatl en México, al guaraní en Paraguay, al ixil y kaqchikel en Guatemala o al náuhuat pipil en El Salvador.


También hay experiencias positivas desde el Estado. Paraguay se acerca a una situación de bilingüismo total con enseñanza de guaraní en las escuelas y uso habitual en las instituciones públicas, los negocios y la vida cotidiana. El 77% de sus habitantes habla guaraní paraguayo, según su censo de 2012, una variedad que utiliza la mayoría criolla y mestiza del país, de modo que algunas clasificaciones no lo consideran una lengua originaria.


Sichra destaca el buen ejemplo de Perú, donde el Ministerio de Cultura está encauzando acciones “desde la comunidad”, haciendo participar a los hablantes y generando políticas de estímulo entre los funcionarios para aprender y usar el quechua. En Perú también se estrenó en 2017 la película Wiñaypacha, la primera del país rodada íntegramente en aymara.


Algunas de las lenguas más habladas


Quechua: se habla en Perú, Bolivia, Ecuador, y, en menor medida, en Colombia, Argentina y Chile. El Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, de 2009, estima que en el área andina viven más de seis millones de quechuas, aunque no todos son hablantes.


Aymara: se habla principalmente en Bolivia y Perú, y el Atlas sociolingüístico estima que casi dos millones y medio de aymaras viven en la zona andina. Como el quechua y otros idiomas nativos de Sudamérica, fue medio de evangelización desde el siglo XVI hasta finales del XVIII, lo que contribuyó a una fijación normativa temprana, explica la sociolingüista Inge Sichra. “Las leyes de la Corona más los afanes republicanos han ido luego contra esas lenguas generales y en favor de la castellanización. Se ha difuminado esa fuerza normativa y las lenguas han vuelto a su estado natural de alta variabilidad”, explica.


En México se hablan 55 idiomas originarios distintos, según el Atlas. Entre estos, destacan por su número de hablantes el náhuatl (1,3 millones), el maya (759.000), las lenguas mixtecas (423.000) y las zapotecas (411.000), entre muchas otras.


El guaraní: existen pueblos que hablan idiomas de la familia tupí-guaraní en Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, pero la variedad más hablada es el guaraní paraguayo. En el censo de 2012 de Paraguay, eran más las personas que declaraban hablar esa variedad guaraní que quienes hablaban español.


Lenguas (y pueblos) en riesgo


Muchos de los idiomas originarios cuentan con pocas decenas o centenares de hablantes, o ya se han extinguido y solo quedan registros. Según el Atlas, hay 122 idiomas con cien hablantes o menos en los países de América Latina, como el chortí en Honduras, el paraujano en Venezuela, el culina en Brasil o el leco en Bolivia.


En la Amazonia, donde viven alrededor de 800.000 indígenas de casi 250 pueblos o naciones, perviven muchas de las lenguas en situación de peligro. Muchas de sus comunidades, especialmente las que viven de manera más tradicional o en aislamiento voluntario, son los más vulnerables a la explotación petrolera, la minería ilegal, la explotación forestal y la construcción de infraestructuras carreteras y energéticas. Las mismas fuerzas que amenazan con acabar con su biodiversidad amenazan gravemente sus culturas originarias.

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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Raúl Castro, primer secretario del PCC, flanqueado por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel (a la izquierda), y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, ayer durante la proclamación de la nueva Constitución aprobada en referendo.Foto Afp/Cubadebate

La Habana. Cuba debe prepararse para enfrentar una crisis económica y de desabasto derivados del incremento de la hostilidad estadunidense hacia la isla y su aliada, Venezuela, advirtió este miércoles el ex presidente Raúl Castro, quien al mismo tiempo aclaró que no se llegaría a una situación tan crítica como la vivida en los años 90.

"Se adoptaron varias decisiones para encauzar el desempeño de la economía, resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico, sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha", agregó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba durante el discurso ante el Parlamento para anunciar la entrada en vigencia de una nueva Constitución aprobada en referendo en febrero pasado.

"Es necesario que estemos alerta y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales, y que la situación podría agravarse en los próximo meses", añadió Castro.

"No se trata de regresar a la fase aguda del Periodo Especial de la década de los años 90. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante", manifestó.

Muchos cubanos recuerdan con malestar el Periodo Especial, cuando la caída de la Unión Soviética los dejó sin combustible, sufrían apagones, serios racionamientos de alimentos y una caída de 36 por ciento del PIB entre 1990 y 1993.

Hoy la isla recibe la mitad de su petróleo de Venezuela con planes de créditos blandos, al tiempo que muchos de sus ingresos dependen de la venta de servicios profesionales a dicho país, pero también tiene crecientes ingresos de turismo y remesas.

Aunque Cuba nunca tuvo abundancia de productos o marcas, recientemente las tiendas lucen un poco más vacías y algunos productos aparecen de manera intermitente, como pollo, huevos, leche en polvo y papel sanitario, y directivos de las firmas importadoras estatales –los únicos que operan el comercio minorista– indicaron que hay falta de liquidez en el país.

El presidente estadunidense, Donald Trump, revirtió una política de acercamiento de su predecesor Barack Obama con el objetivo de presionar un cambio de sistema político en Cuba, mediante mayores sanciones a la economía de la isla.

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Miércoles, 10 Abril 2019 05:53

La fallida estrategia de EE.UU. en Venezuela

La fallida estrategia de EE.UU. en Venezuela

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se quebró y Juan Guaidó no logró manejar los hilos del poder. Tampoco funcionó la amenaza de una intervención.

El asalto debía ser corto, el gobierno de Maduro no estaba en condiciones de resistir. Sobre esa certeza Estados Unidos (EE.UU.) desencadenó una estrategia para derrocarlo: construyó a Juan Guaidó como presidente 2.0, lo dotó de una ficción de gobierno, un reconocimiento internacional, una narrativa articulada entre medios de comunicación, un aceleramiento de sanciones económicas en diferentes niveles. A partir de la superposición de las variables debían darse los diferentes resultados, hasta llegar a la negociación forzada o la salida.


El curso de los acontecimientos no fue como aparecía en el papel. El primero y principal fue el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), un elemento medular que debía suceder y no lograron. Para eso fueron descargadas una serie de tácticas, desde la conspiración interna con apoyo de dólares, visas, y garantías, hasta la estrategia de la amenaza latente de posible intervención por parte de EE.UU. Una combinación de bluff, es decir de pistola descargada apuntada de frente, con fechas de condensación para intentar el quiebre, como lo fue el 23 de febrero.


El segundo acontecimiento que debía darse, de menor capacidad de definición en el objetivo, era el apoyo masivo de Guaidó en las calles. Su discurso afirma que el 90% de la población lo apoya. Las imágenes de su capacidad de movilización muestran que el primer impulso del 23 de enero –día de su autonombramiento reconocido por un twitt de Donald Trump– perdió fuerza. Una de las razones principales está en la crisis de expectativas producto de que la promesa de desenlace inmediato no se dio. Otra es que se trató de una construcción artificial, mediática, diplomática, que no logró convocar más allá de la histórica base social de la derecha, marcada por el corte de clase, geográfico, de condiciones materiales de vida, de idiosincrasia, e imaginarios. La oposición se parece demasiado a sí misma.


El tercer punto fue el intento de volcar a los sectores populares a las calles, para lo cual los apagones y su consecuente faltante de agua eran el escenario provocado más favorable. El resultado tampoco fue el esperado: la imagen extendida fue la de una mayoría en busca de resolver los problemas, de forma individual, colectiva, articulada al gobierno. Las protestas, impulsadas en su casi totalidad por la derecha, fueron pequeñas y sin capacidad de irradiación.


Cada una de esas variables tiene puntos de retroalimentación. La crisis de expectativas se debe, por ejemplo, a la constatación de que la Fanb no se ha quebrado, que Guaidó habla de una inmediatez que no sucede, y de la conclusión que al no darse ninguno de los tres resultados, entonces solo queda pedir por la intervención internacional encabezada por Estados Unidos. Esa misma narrativa intervencionista aleja a su vez a quienes podrían ver en la propuesta de Guaidó una alternativa a la situación actual, política y económica. Convocar a las mayorías para lograr una acción de fuerza internacional se topa con evidentes barreras.


El derrocamiento de Maduro no parece posible en la relación de fuerzas nacionales. Ha demostrado que el asalto no será corto, y que el chavismo, que es más que un gobierno, está en condiciones de resistir. De ser un asunto nacional, Guaidó perdería fuerza hasta entrar en la lista de dirigentes de la oposición marcados por el peso de la derrota. El problema es que este nuevo intento de golpe de Estado se armó sobre un punto de no retorno: una construcción de EE.UU. de una fachada de gobierno paralelo, reconocido luego por la Unión Europea, Gran Bretaña, Israel, Canadá, gobiernos de derecha de América Latina. ¿Qué hacer con Guaidó si el plan no da resultados producto del error de cálculo inicial?


La pregunta es por EEUU, su actual administración en la combinación Donald Trump-neoconservadores, y lo que se denomina el Estado profundo, es decir las estructuras de poder real, invisibles, que constituyen y garantizan el desarrollo estratégico de EE.UU. en la disputa geopolítica. Una derrota en Venezuela sería atribuida a la administración, en un período pre electoral, y sería doble: la permanencia de Maduro, es decir la incapacidad de alinear el punto clave del continente latinoamericano, como su implicancia en el cuadro internacional.
Esto último ha tomado particular fuerza en los últimos días, en voz y tuits de diferentes voceros norteamericanos, como Elliot Abrams, encargado especial para Venezuela, Mike Pompeo, secretario de Estado, John Bolton, consejero de seguridad nacional, y Craig Faller, jefe del Comando Sur. Sus diferentes declaraciones han conformado una narrativa que sitúa a Venezuela como base de operaciones de Rusia, Irán, Cuba y China, y al gobierno de Maduro como subordinado a cada uno de esos gobiernos y sus respectivos servicios de inteligencia, militares, en particular de los tres primeros.


Sobre esa construcción de escenario EE.UU. ha anunciado los próximos pasos. Pompeo irá a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, Abrams a España y Portugal, y han convocado a la tercera reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la cuestión Venezuela. Todavía no han anunciado los objetivos para cada uno de los movimientos, aunque es posible prever que existirá una dimensión privada y una pública de los acuerdos. Sobre la segunda podría ser avanzar en lo que parece un objetivo de EE.UU.: declarar al gobierno de Venezuela como organización transnacional del crimen, y calificar a los “colectivos” –una forma de organización popular del chavismo– como grupos terroristas, que, afirmó Bolton, “socavan la Constitución y la integridad territorial de Venezuela”. De cada elemento se desprenden nuevas posibles acciones.


Ese aumento de presiones, bloqueos, aislamientos, no plantea aún, más allá del repetido “todas las opciones están sobre la mesa”, la posibilidad de la intervención militar. El mismo Abrams volvió a alejar esa hipótesis el pasado jueves. ¿Cómo piensan entonces escalar para lograr el desenlace con la combinación de estas acciones? EE.UU. necesita definir vías, capacidades de operaciones en el territorio, acuerdos internos y diplomáticas. Sobre esto último la posición de la Unión Europea, en voz de Federica Mogherini, mantiene que se debe “preparar el terreno para que se celebren elecciones presidenciales libres y transparentes lo más pronto posible”.


¿Estaría dispuesto EE.UU. a un desenlace negociado con posible permanencia de Maduro? Por el momento no lo parecen, así como tampoco a una derrota en Venezuela, que sería, como ya lo han explicitado, geopolítica. Mañana será la reunión del Consejo de Seguridad convocada para abordar este punto. La derecha por su parte llamó a movilizaciones. El cuadro sigue en movimiento.

 

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