Domingo, 05 Julio 2020 06:27

La nueva fase de anexión israelí

La nueva fase de anexión israelí

Regresemos a Balfour. No se trata de si Israel se anexará Cisjordania más adelante este mes, o cuánto o cuánto más de ella. Se trata de la promesa original británica de 1917 –o el pecado original, si uno es árabe– y lo que expresaba en palabras. Porque, después de la verborrea acerca de la "simpatía" británica y las "aspiraciones" sionistas, la única oración de la Declaración Balfour sostenía que el gabinete en Londres veía "con ojos favorables el establecimiento en Palestina de una patria nacional para el pueblo judío". Y las palabras más importantes de esta oración eran "nacional" y "en Palestina". Podemos olvidar las tonterías sobre proteger los derechos de las "comunidades no judías existentes en Palestina", porque no teníamos la menor intención de hacer nada por el estilo. Por eso –y bien harían los lectores en echar una ojeada a ese malévolo documento– Alfred Balfour prefirió evitar identificar a esas misteriosas "comunidades no judías" como árabes, musulmanas o cristianas.

Así pues, primero veamos lo de "nacional", adjetivo de "nación", que en lenguaje actual significa un Estado. Al menos es lo que hemos tenido que aceptar, porque, si Balfour sólo quiso decir "nación" en el sentido de comunidad colectiva –es decir, un "pueblo"–, ¿por qué usaría las palabras "pueblo judío" después de haber expresado apoyo a una patria "nacional" para él? Pero la segunda expresión, de igual importancia, es "en Palestina". Porque Balfour –que, en efecto, significa el gabinete de guerra británico de 1917 en pleno– no especificó a qué parte de "Palestina" se refería cuando escribió sobre la "patria" judía.

¿Fue a la sección que se convirtió en Israel más de 30 años después? ¿O una porción mayor? ¿O todo lo que en 1920 se volvió el mandato británico sobre Palestina, es decir, lo que hoy es Israel, Cisjordania y la ciudad de Jerusalén (y Gaza, que por el momento, y por obvias razones, es otra historia). Incluso se podría alegar que la "Palestina" a la que Balfour se refirió en 1917 incluía Transjordania: lo que hoy se conoce como el reino de Jordania, en el otro lado del río Jordán, más adelante sustraído a Palestina por los británicos.

Entonces, cuando Benjamin Netanyahu les dijo hace dos meses a los israelíes que la extensión de la soberanía de Israel hacia Cisjordania sería "otro glorioso capítulo en la historia del sionismo", su predecesor sionista, Chaim Weizmann –quien tuvo extensa participación en la redacción y semántica de la Declaración Balfour– sin duda habría afirmado que ese objetivo ya se había alcanzado.

¿Acaso los británicos no habían hablado de "Palestina" sin hacer la menor delimitación geográfica de la "patria nacional" que los judíos establecerían dentro del futuro mandato? En otras palabras, en 1917 los judíos bien pudieron haber creído que los británicos les ofrecían una "Palestina" mucho más grande –de hecho, toda Palestina– de la que al final se puso en el camino de Israel en 1948. En esos días, por supuesto, "Cisjordania" no existía en la nomenclatura de judíos o árabes.

Las "comunidades no judías" (los árabes cristianos y musulmanes) en Palestina –a quienes Balfour no ofreció una "patria nacional"– vivían en todo ese territorio. Sin embargo –y esta es la expresión estremecedora de la declaración–, no se mencionaba que esos pueblos vivieran allí. Meramente "existían" allí (como en "los derechos de las comunidades no judías existentes en Palestina"). Eran una mayoría de los pobladores de Palestina, pero en definitiva no eran definidos según su identidad, sino según la identidad de quienes crearían su "patria" allí. Eran "no judíos".

Todo esto se remonta, desde luego, a las fronteras. Si los británicos creyeron que habían prometido –o si los judíos pensaban que les habían prometido– toda Palestina, entonces, ¿qué tonterías son estas acerca de una "anexión"? ¿Acaso los sionistas han olvidado el objetivo original de la Declaración Balfour? Así pues, ahora viene la verdadera amenaza a la noción misma de la "anexión".

Porque, si en efecto declara la soberanía israelí sobre el resto del antiguo mandato británico, ¿qué ha sido Cisjordania desde que fue ocupada por Israel en la guerra árabe-israelí de 1967? Esa conquista territorial –en un conflicto que los árabes empezaron– convirtió a Israel en potencia ocupante, con todas las obligaciones que entonces deben recaer sobre ella. Pero el argumento de Israel, todo este tiempo, fue y es que es un territorio "en disputa" –a menos que sea anexado, supongo–, puesto que no era un "territorio soberano" de nadie que pudiera ser "ocupado" cuando los israelíes se adentraron en Cisjordania hace 53 años. Por consiguiente, la noción misma de una "Palestina" árabe, de acuerdo con los israelíes, no existe porque no tiene todos los atributos de un Estado. Hagamos a un lado por el momento la aceptación de Naciones Unidas de su calidad de Estado: es la definición de esa calidad la que ha sido el fundamento de la negativa israelí a aceptar la existencia de una Palestina árabe.

Aquí volvemos a la ironía final de todo el proyecto colonial israelí en Cisjordania. Porque, si la lastimera versión de "Palestina" que tiene el presidente Abbas –Gaza y Cisjordania– carece de los atributos vitales de un Estado, tampoco Israel los tiene. En efecto, ¿qué país de la Tierra es incapaz de decir a su propio pueblo –ya no digamos al resto del mundo– dónde está su frontera este? ¿Corre por el centro de Jerusalén? ¿Alrededor del este de Jerusalén? ¿Alrededor del borde de los mayores desarrollos coloniales de Cisjordania, construidos, como siempre nos lo recordamos, casi por completo sobre la tierra de otro pueblo (los árabes)? ¿Irá a ser esta la nueva "frontera este" de Israel, sobre la que Netanyahu ha estado amenazando a los palestinos –alentado por Donald Trump y Jared Kushner– en meses recientes?

Pero si esta "anexión" se dará ahora en etapas –puede consumir un asentamiento aquí, un "puesto ilegal" en otra parte (fenómeno este último que es una de las excusas más risibles de Israel para engullir tierra ajena) –, de todos modos no define la ubicación de la frontera este israelí. La nueva anexión de Netanyahu, si va a ser poco a poco, tamaño salami, bocado a bocado, solo será otra frontera temporal, una frontera desangelada esperando la creación de una demarcación "soberana" más, que también será provisional.

En otras palabras, si Israel quiere una frontera este, tendrá que decir al mundo dónde va a estar la frontera final. Entonces tendrá todos los atributos de un Estado. Y no puede hacerlo –y Netanyahu no puede– porque de inmediato cobraría existencia el Estado de apartheid que los críticos de Israel afirman que es. En el momento en que Israel nos diga que toda la línea del río Jordán (no solo la parte norte) es la frontera de Israel, entonces los árabes de Cisjordania estarían viviendo sin derechos o votos dentro del Gran Israel.

Es interesante en qué terminos se han expresado en las semanas pasadas las objeciones a los planes de Netanyahu, si vamos a tomarlos en serio, así como consideramos lunático al gobierno de Trump. La Unión Europea ha resaltado la ilegalidad de tal despojo de tierra. Boris Johnson –quien ha elogiado y condenado la Declaración Balfour en el curso de pocos años, dependiendo de si buscaba nuevos acuerdos comerciales con Israel– ahora ha dicho en su artículo en un diario israelí que está "inmensamente orgulloso de la contribución británica al nacimiento de Israel en la Declaración Balfour de 1917".

Sin embargo, salvo dos tibias referencias a la "justicia" –tanto para israelíes como para palestinos, claro–, toda su tesis se basa en la idea de que las propuestas de anexión "fallarán en el objetivo de asegurar las fronteras israelíes (sic) y serán contrarias a los intereses israelíes a largo plazo". Sería, escribió, "una violación al derecho internacional". Y sería un regalo a los antisemitas ("esos que quieren perpetuar las viejas consejas acerca de Israel").

Sin embargo, ni una sola vez señala Johnson que la razón principal de oponerse a la anexión de Cisjordania es que es incorrecta e inmoral, un acto criminal de robo masivo de tierras que dejará a todo un pueblo –o a las "comunidades no judías", como hubiera dicho Balfour– sin los hogares y la tierra que en derecho les pertenece. Esta –que no es ninguna minucia de legislación internacional– es la razón principal por la que millones de personas en todo el mundo están atónitas ante la determinación israelí de adueñarse de ese territorio.

Y hasta que las potencias occidentales "civilizadas" impidan que Israel cometa esa inmoralidad –esa crueldad–, Netanyahu puede soplar y resoplar acerca de la anexión para contento de su corazón, e incluso poner la nueva, pero temporal alambrada fronteriza israelí sin sentir el menor temor.

Así pues, en vez de ponderar por qué Netanyahu y Gantz podrían estar divididos con respecto a su proyecto colonial –o cuánto temen una victoria de Joe Biden y, por tanto, tienen que empujar hacia delante, o cuánto temen una derrota de Trump y por tanto tienen que poner en suspenso sus nuevos planes coloniales, o qué contramedidas puede imponer la Unión Europea a la economía israelí, o qué tanto preocupa a Johnson su seguridad–, recordemos que todo esto se refiere a la existencia de Israel como Estado.

Para tener un Estado, debe tener fronteras. Pero sostener su reclamo de una frontera que abarque toda Cisjordania socava la moralidad sobre la cual existirá el Estado que vaya a crearse al final, con todos los atributos necesarios. Ese es el meollo del asunto. Quizá lo demostremos cuando los periodistas, comentaristas y analistas gastemos tanto tiempo en reportar y examinar los cargos de presunta corrupción contra Netanyahu –que él niega– como lo hacemos con respecto al crimen masivo e inminente de robar para siempre la tierra y propiedad de otro pueblo.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

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Sábado, 27 Junio 2020 06:28

Justicia europea da revés a Israel

Justicia europea da revés a Israel

Nunca he sido partidario de un boicot. ¿Sanciones contra Italia después que Mussolini invadió Abisinia? Olvídenlo. ¿Sanciones contra España en la guerra civil? Baldaron al legítimo gobierno republicano. ¿Sudáfrica? Siempre pensé que los rufianes del apartheid sabían que les había llegado la hora: estaban demasiado rebasados en número para sobrevivir. ¿Sanciones contra Saddam Hussein? Risibles. ¿Sanciones contra Siria? No sirvieron para derrocar a Assad, así que vamos a sancionarla de nuevo. Y no olvidemos las sanciones contra Rusia. ¿Alguien ha visto que Putin recoja su tienda en Sebastopol?

¿Sanciones contra Israel? Hasta Uri Avnery estaba en contra. Tiendo a estar de acuerdo con él. PERO…

Sí, siempre hay un pero. Y, en este caso, merece las mayúsculas. Como muchas noticias importantes, el veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) contra la condena en Francia de 11 activistas que demandaban un boicot de productos israelíes quedó sepultado bajo la pandemia de obsesión periodística con el Covid-19. En 2015, con un trasfondo de condenas políticas del propio Israel, el más alto tribunal de apelaciones de Francia convalidó sentencias que condenaban a los activistas por incitación al racismo y antisemitismo.

Lo que esto significaba, en mi concepto –aunque ningún tribunal francés se atrevió a sugerir tanto–, era que cualquiera que intentara persuadir a los tenderos o comerciantes de París, Lyon o Marsella de no comprar naranjas, uvas o sistemas de seguridad de Israel era antisemita. Siempre he dicho y escrito que hay montones de nazis verdaderos y antisemitas en el mundo –a quienes todos debemos combatir–, pero que acusar falsamente de racismo a los críticos de Israel acabará por hacer respetable el antisemitismo.

No importa: fueron sentenciadas 11 personas que forman parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), acusadas del terrible crimen de distribuir volantes en el estacionamiento de un supermercado de Alsacia y vestir playeras con letreros que llamaban a boicotear productos israelíes. Se les ordenó pagar 13 mil euros en multas y daños a los grupos pro israelíes que entablaron la demanda original contra ellos. No es difícil, mirando en retrospectiva al proceso, ver por qué la CEDH no podía digerir esta obra de descarado teatro político cuando emitió su propio juicio, hace poco más de una semana.

Cuando el movimiento BDS demanda la retirada israelí de los territorios palestinos ocupados, Israel se ocupa en trazar un plan junto con los estadunidenses para anexarse –contra todo derecho internacional– la propiedad y territorio de árabes con los espurios argumentos de que los palestinos no tienen una nación y, por tanto, no califican como "ocupados": solo viven en territorio "en disputa". Es la misma frase que el Departamento de Estado, para vergüenza eterna, también usa, aunque, para ser justos con el mesiánico Trump, fue Colin Powell, como secretario de Estado de Barack Obama, el primero en ordenar a las embajadas estadunidenses que emplearan ese término cobarde. La insinuación israelí de que ahora puede engullirse la tierra de alguien sobre la base de que no cuenta con un pasaporte nacional fue un bocado que la Corte Europea nada más no pudo tragar.

El BDS –otro de esos acrónimos que detesto– se ha desvanecido de la vista en los meses pasados. Solo Reuters y el Irish Times –que tiene su propia historia de expropiación colonial– dieron espacio a lo que de hecho fue una noticia muy cáustica. Cuando uno se da cuenta de que el pecado original de los manifestantes franceses fue vestir playeras con la leyenda "Palestina vivirá" y mostrar en carritos de supermercado de Alsacia (en 2009 y 2010) que tanto los aguacates como las toallitas para bebé eran importados de Israel (y repartir volantes que hablaban de los "crímenes de Israel en Gaza"), no es difícil ver por qué los jueces europeos consideraron que todo el asunto era una charada.

Los franceses, según esta decisión, tendrán que desembolsar 101 mil 180 euros y devolverlos a los 11 hombres y mujeres indefensos que expresaron sus opiniones políticas y fueron criminalizados por ello.

El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión. También es importante mostrar los grupos que presentaron las demandas contra los manifestantes por incitación a la discriminación: la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, Abogados sin Fronteras, Alianza Francia-Israel y la "Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo".

Aún más importante es repetir lo que los siete jueces europeos concluyeron: que la convención "deja poco espacio a restricciones a la libertad de expresión en el campo del discurso político o asuntos de interés general. El discurso político es a menudo virulento por naturaleza y fuente de desacuerdos. Sin embargo, es de interés público, a menos que degenere en incitación a la violencia, el odio o la intolerancia".

Francia ha violado el artículo 10 de la convención, decretaron los jueces. Es instructivo hacer notar que el caso francés fue presentado conforme a una ley de libertad de prensa que data de 1881. También es interesante que, mientras el mundo en general mira con indiferencia la campaña del BDS, el gobierno israelí se preocupa en extremo por sus efectos tanto en la economía del país como en su estatus internacional. En particular le inquieta el enfoque de los grupos de derechos sobre las armas y la tecnología que usa Israel para suprimir las manifestaciones palestinas, y que han sido fabricadas en todo o en parte en Europa y/o Estados Unidos. ¿Cuánto falta, por ejemplo, para que una familia árabe cuyo pariente ha sido muerto por un arma fabricada en la UE o EU demande al fabricante de armas en su propio territorio por vender sus productos a Israel?

Pero antes de que nadie aplauda demasiado fuerte por la independencia judicial europea –las decisiones de la CEDH tienen precedencia sobre los tribunales nacionales europeos–, vale la pena echar una ojeada también a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Acaba de decidir, después de adquirir fama de perseguir sobre todo a gobernantes negros africanos por violación de derechos humanos, que necesita mirar más de cerca los abusos perpetrados por los estadunidenses en Afganistán y por Israel en los territorios palestinos ocupados.

Ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Estatuto de Roma que instituyó la CPI, quizá deseando evitar que los arrastren a Holanda para someterlos a un poco de observación jurídica. Michael Pompeo, el actual esbirro de Trump en el Departamento de Estado, ya ha dicho que no permitirá que estadunidenses y sus “aliados en Israel… sean cuestionados por esa corrupta CPI”.

El Estado de Palestina es reconocido por las Naciones Unidas y ratificó el Estatuto de Roma hace cinco años. Pero, claro, también aquí Israel dice que Palestina carece de las características normales de un Estado soberano… que difícilmente podría poseer, puesto que se encuentra bajo ocupación israelí. Y ¿adivinen de qué acusó Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional en enero pasado? Adivinaron: de ser "antisemita".

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

Publicado enInternacional
La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

Siguen más firmas…

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Protesta contra la reforma jubilatoria de Macron en Marsella.  ________________________________________ Imagen: AFP

Los trabajadores portuarios retomaron las medidas de fuerza

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Emmanuel Macrón luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Se espera que otros gremios se sumen.

Nuevas manifestaciones en Francia tras la aprobación parcial del proyecto de reforma jubilatoria lograda el miércoles por el presidente Emmanuel Macron. El oficialismo francés logró que la Asamblea Nacional aceptara el proyecto tras sobrevivir a dos mociones de censura. Para eso aplicó un polémico artículo constitucional con el que logró evitar el debate en la Asamblea. Así dio el primer paso necesario para avanzar en el proceso legislativo. Ahora resta que la ley se apruebe en segunda lectura en Diputados tras lo cual pasará al Senado. El proyecto pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Macron luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Estibadores y agentes portuarios decidieron entrar en paro en los puertos de Nantes, Rouen, Marsella, Le Havre y La Rochelle, a petición de la Federación Nacional de Puertos y Muelles (CGT). "Consideramos que este es un proyecto de ley que solo resultará en más horas de trabajo y pensiones más bajas", dijo el Secretario General de la CGT, Serge Coutouris. Toneladas de mercancías quedaron varadas causando serios problemas de suministro en varios sectores. “Estamos listos para continuar durante varios meses”, sentenció el sindicalista. De esta manera se esbozan nuevos días de protesta en toda Francia.

El miércoles, en una jornada larga y llena de críticas la Asamblea francesa logró la primera aprobación del proyecto de reforma jubilatoria. El gobierno del primer ministro Edouard Philippe hizo una jugada maestra: aprovechó una reunión de emergencia por la propagación del coronavirus para anunciar que el gabinete había decidido el uso del artículo constitucional 49-3. Este permite la aprobación por decreto de un proyecto de ley -si no hay mociones de censura de la oposición- o su paso express por las dos cámaras del parlamento sin mediar debate. Philippe justificó la utilización del 49-3 denunciando la "obstrucción" de la izquierda radical, que había presentado miles de enmiendas para volver más lento el debate.

Solo un éxito de las mociones de censura podía impedir que se trate en la Asamblea la reforma. Pero ambas iniciativas presentadas por la oposición fracasaron por amplio margen. La moción del partido de derecha Los Republicanos sólo obtuvo el apoyo de 148 diputados. En tanto que la presentada por los partidos de izquierda La Francia Insumisa, Izquierda Socialista y el Partido Comunista, obtuvo tan sólo 91 votos. Necesitaban 289. En la madrugada del miércoles, antes de que se efectuaran las votaciones, la Asamblea fue una batalla campal. Hubo acusaciones cruzadas entre defensores y críticos al proyecto en torno a la validez de la aplicación o no del artículo 49-3. Sin embargo, una vez superado el escollo de las mociones, el oficialismo continuó con el tratamiento del proyecto.

Por su parte, el primer ministro insistió en que se trataba de una reforma de "justicia social" y afirmó que se hubiesen necesitado "ocho semanas", incluyendo los sábados y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. Por lo que se tomó la vía legislativa sin debate. Así la bancada oficialista en la cámara logró avanzar con la aprobación en general del proyecto de reforma previsional. Todo indica que la segunda votación, en particular, será antes del viernes. Una vez que se tenga esa mención, el proyecto de reforma pasará al Senado donde tendrá el mismo tratamiento exprés.

Otros gremios también prometieron plegarse al plan de lucha de los portuarios. De esta manera se retomarán las huelgas que comenzaron en diciembre. A fin de año, la reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. En el momento más fuerte de la movilización, hubo hasta 1,8 millones de manifestantes en las calles, según las cifras de la CGT. Para los sindicatos la nueva ley jubilatoria significará la pérdida de derechos adquiridos. El gobierno, en cambio, sostiene que el nuevo sistema será "más justo y más simple".

Pese a la victoria del oficialismo, la oposición no dejó de manifestar sus críticas y denuncias contra el gobierno. "Ustedes han fracturado el país", sentenció la diputada socialista Valérie Rabault. Poco después, el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, prometió que continuará luchando contra la reforma jubilatoria con una “guerrilla popular y parlamentaria pacífica”. "El Presidente Macron subestima con su capricho la capacidad de resistencia de los parlamentarios, pero sobre todo subestima el rechazo del pueblo francés a su proyecto", sentenció Melenchón.

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Activistas participan en una marcha convocada por el movimiento 'Ni una menos' contra la violencia de género en Buenos Aires. Emiliano Lasalvia / AFP

En los últimos días se han convocado varias protestas en distintos países de la región para reclamar el derecho al aborto y repudiar los feminicidios y la violencia machista.

santiago de chile

18/02/2020 22:42

Meritxell Freixas

@MeritxellFr

Cada día, un nuevo 8 de marzo. Al menos mientras siga habiendo mujeres asesinadas por hombres, violadas o que sufren la vulneración de sus derechos. Así lo entienden las mujeres latinoamericanas que en las últimas semanas (y meses) han ocupado las calles y plazas de varias ciudades del continente para rechazar cualquier tipo de violencia machista. El feminismo en América Latina está más vivo que nunca.

Este miércoles el foco está puesto en Argentina, donde las mujeres se congregarán en los alrededores del Congreso de Buenos Aires y en otras 100 ciudades del país, con sus pañuelos verdes, para exigir la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019 y que garantiza el aborto hasta la semana 14. Actualmente el país se rige por una ley de 1921 que tipifica el aborto como delito, excepto en casos de violación y de riesgo para la madre.

"Es un tema que está siempre presente. Estamos haciendo una demostración de fuerza ante declaraciones auspiciosas respecto de la aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo", explica Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocante de la actividad. "Queremos demostrar en las calles que estamos exigiendo que las declaraciones se transformen en ley ya", añade.

Esta demanda histórica de las feministas argentinas cuenta con el respaldo explícito del presidente, Alberto Fernández, quien pretende presentar su propia propuesta el 1 de marzo, coincidiendo con el inicio del período legislativo en el Congreso argentino.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo últimamente también ha sido tema en Colombia. Desde que en 2006 el aborto se despenalizó en tres supuestos (malformación fetal, riesgo para la gestante y violación), varias personas han presentado acciones legales para reponer su penalización total. Dos de éstas se discutirán en los próximos días en la Sala Penal del tribunal, justo cuando trascendió una nueva polémica sobre el tema. En la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, una mujer interrumpió su embarazo de manera voluntaria cuando tenía siete meses de gestación y en contra de la voluntad del padre. Pese a estar amparada por una de las tres causales, su caso se mediatizó y fue duramente criticada por sectores de la opinión pública.

México apunta a la prensa sensacionalista

En México las mujeres dicen que viven bajo estado de "emergencia nacional". Eso por las brutales cifras de feminicidios que registra el país: 10 mujeres mueren asesinadas al día y, en total, hay más de 90 homicidios en 24 horas. El último caso se conoció el lunes. La víctima, una niña de siete años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en bolsas de basura y con señales de tortura después de varios días desaparecida. La sociedad mexicana no tiene tiempo de recuperarse del estado de conmoción por el último feminicidio y se ve obligada a asumir y gestionar colectivamente uno nuevo.

Este martes un grupo de mujeres se manifestó afuera del Palacio Nacional para repudiar una vez más la violencia machista. "¿Cómo podemos soportar vivir en un país con tanta violencia?", rezaba la pancarta de una de las manifestantes. La semana pasada la rabia e indignación de las mujeres se también se expresó en las calles de la capital. Se unieron para repudiar el feminicidio de Ingrid Escamilla y el tratamiento mediático de su muerte en la prensa mexicana. "Con nuestras muertes hacen espectáculo", denunciaron las mujeres en la manifestación que apuntó a varios de los medios más sensacionalistas que difundieron las imágenes del cuerpo de la mujer en las que aparecía despellejada.

La periodista Itxaro Arteta, del medio digital Animal Político, explica que desde hace unos seis meses ha habido varias manifestaciones en contra de la violencia hacia las mujeres en México. "Procuran ser sólo de mujeres y se pide que no vayan hombres, ni periodistas ni camarógrafos. Incluso las manifestantes pidieron que solo fueran policías mujeres, aunque a veces van algunos hombres de reserva", dice Arteta. La comunicadora explica que hubo una serie de protestas todo el día, primero ante la sede de gobierno —el presidente López Obrador ha lanzado varios comentarios inapropiados a la hora de castigar la violencia de género— y luego en dos medios sensacionalistas.

Chile, el estallido y el nuevo proceso constituyente

"Un violador en tu camino", el himno del colectivo chileno Las Tesis surgido a partir del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y en el marco del estallido social que atraviesa el país desde hace cuatro meses, se ha cantado en las últimas protestas de México y se entonará también este miércoles en Argentina con la participación de sus creadoras.

En Chile, el movimiento feminista ha tomado un rol protagónico en la crisis política y social. Más allá de la repercusión de la performance a nivel mundial, las chilenas han levantado la voz contra las denuncias de agresiones sexuales y vejámenes perpetradas por agentes del Estado en el marco de las protestas: el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 192 denuncias por violencia sexual desde el 18 de octubre.

Otro flanco es en el ámbito político. Las mujeres están dando la pelea para asegurar la paridad de género en el proceso constituyente que se abrirá en el país. Quieren asegurarse de que la mitad de las sillas de quienes redactarán la nueva Constitución serán para mujeres. Lo exigen en las calles, en las asambleas e incluso en el Congreso, donde un grupo de activistas irrumpió e interrumpió a gritos una sesión legislativa para visibilizar su demanda.

El 8M será una fecha clave no sólo para las feministas, sino porque ha sido la elegida para retomar las movilizaciones después de la pausa del verano. La Coordinadora Feminista 8M ha convocado una huelga general "plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente y transfeminista, lesbofeminista, inclusiva, anticarcelaria e internacionalista" que dará el disparo de salida a un nuevo ciclo de masivas protestas en la rebautizada Plaza Dignidad. "Hemos programado la agenda de marzo sobre todo bajo dos perspectivas; una darle continuidad a lo que fue el proceso de construcción de la huelga feminista de 2019, en tanto de ir instalando y profundizando nuestra agenda en contra de la precarización de la vida", apunta Francisca Fernández, vocera de la organización.

"Por otra parte, otra arista fundamental es posicionar la idea del proceso constituyente como la construcción de un nuevo horizonte político desde los pueblos, territorios y comunidades. La huelga será fundamental para visibilizar que tenemos que tener una asamblea constituyente, plurinacional, feminista y popular que es lo fundamental", concluye la activista

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De Argelia a Iraq, los pueblos del mundo árabes vuelven a revelarse abiertamente

 Estamos asistiendo a la segunda oleada de protestas y rebeliones en el mundo árabe. La primera comenzó en diciembre de 2010 y provocó la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. También provocó disturbios en Bahrein y Siria, por no hablar de numerosos movimientos de protesta en Marruecos, Argelia, Iraq y Sudán. Luego vino la contrarrevolución, cristalizada dramáticamente en Egipto con en el golpe de julio de 2013 financiado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Combinación de represión con inyección de capital fresco –de los países del Golfo o de los ingresos del petróleo– y algunas concesiones más o menos formales, pareció confirmar que el viejo orden se mantenía utilizando la amenaza de guerra civil como elemento disuasorio frente a los manifestantes de todos los sectores.

Y sin embargo, quienes una vez más, particularmente en Occidente, albergaban la esperanza de que la “estabilidad” volvía han tenido que cambiar de opinión. En 2019 se ha reavivado la llama revolucionaria: en Sudán un levantamiento popular derrocó la dictadura de Omar Al Bashir, casi treinta años en el poder; en Argelia, una enorme oleada de protestas frustró la candidatura para un quinto mandato de un presidente decrépito y ha seguido exigiendo el fin de un “sistema” que ha desangrado al país; el pueblo iraquí se está levantando para denunciar el sistema impuesto por Estados Unidos en 2003 sostenido por Irán y apuntalado en el confesionalismo y la corrupción. Y finalmente los libaneses, hartos de los mismos males, han salido a las calles exigiendo “que se vayan todos”. Incluso los egipcios, controlados y aplastados por un aparato represivo sin parangón en la historia del país, salieron a la calle a protestar en septiembre en manifestaciones modestas pero extendidas al Cairo, Suez, Alejandría y Mahalah Al Kubra.

El Estado por encima de la ciudadanía

Esta segunda ola se nutre de las mismas razones que la primera: estructuras de poder autoritarias que abusan del pueblo deteniendo a la gente arbitrariamente y no sólo por razones políticas, encarcelando, brutalizando, y torturando; situaciones sociales insoportables marcadas por un desempleo generalizado, sobre todo entre los jóvenes, y enormes disparidades que se agravan cada día. Oriente Próximo es la región más desigual del mundo. La injusticia social está en el centro del movimiento, más incluso que en 2011.

Estos hirak [ movimientos], como se denomina a todos estas revueltas, han aprendido las lecciones del pasado: rechazan la lucha armada a pesar de la brutalidad de la represión –como en Iraq y Sudán–, impiden los intentos de dividir a los manifestantes por sesgos confesionales, y desacreditan el fantasma de las “conspiraciones extranjeras”. Asimismo han tomado conciencia de que la verdadera confrontación no está entre supuestos sectores laicos y supuestos islamistas. Pero se enfrentan a una gran dificultad, un obstáculo que sortearon en 2011-2012: imaginar un nuevo orden económico y social.

Cuando el mundo árabe cambió

Para comprender la dificultad de esta tarea debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, a los años de la descolonización y a las luchas por una verdadera independencia política aunada a la exigencia de eliminar las bases militares y la influencia occidentales. Las antiguas colonias o “protectorados” también se comprometieron a recuperar sus recursos naturales, construir un poderoso sector público y aplicar la reforma agraria. Este proyecto se materializó de Egipto a Iraq y de Argelia a Siria. El desarrollo de los sistemas de educación y salud mejoró considerablemente las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población. A estas opciones se sumó una política exterior independiente dirigida a la no alineación. A pesar del alto precio a pagar –un aparato policial omnipresente y la drástica reducción de las libertades civiles– la mayoría de fuerzas políticas hicieron suyo ese programa en los años sesenta y setenta, tanto si estaban en el poder como en la oposición.

Sin embargo, la derrota de los países árabes en junio de 1967 en su guerra contra Israel, la muerte del presidente Gamal Abdel Naser en 1970 y del presidente argelino Huari Bumedian en 1978, así como la intensificación de la crisis del “sistema socialista” representado por la URSS, marcaron un punto de inflexión. Y con la llamada crisis del petróleo de 1973, las monarquías del Golfo aumentaron su influencia en la región.

A escala internacional, la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo hicieron que el “consenso de Washington” [1] se impusiera al resto del mundo, y los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en la única vía hacia el desarrollo. “No hay alternativa”, proclamó Margaret Thatcher. Los planes elaborados por el FMI, aprobados por el Banco Mundial y la Unión Europea, se aplicaron sin tener en cuenta las consecuencias sociales.

Con su política de infitah [apertura económica], el presidente egipcio Anwar El Sadat comprometió a su país en una dirección que pronto siguieron otros. El sector público paralizó su actividad, a veces simplemente se vendió a intereses privados. A partir de entonces, las élites miraron a Washington y dieron la espalda a las “viejas” reclamaciones nacionalistas y a su apoyo al pueblo palestino. Las libertades civiles retrocedieron porque los diversos cuerpos policiales seguían dominando toda la actividad política.

Los políticos se mantienen unidos

Este modelo neoliberal basado en el libre comercio ha resultado desastroso para la gente común. En lugar de asumir las tareas del sector público, el sector privado ha invertido todos los beneficios de su saqueo en paraísos fiscales. Millones de jóvenes bien formados no han encontrado buenos trabajos en sus países y muchos han emigrado en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. La caída del mercado en 2008 confirmó que la naturaleza de la crisis no se limitaba al mundo árabe, como demostró Grecia o Chile. Y mientras tanto, la amenaza del calentamiento global probablemente volverá a esta región en inhabitable.

Estrecha es la puerta

Hoy empieza a surgir una nueva cultura política democrática que requiere programas económicos que no pueden reducirse a “paga tus deudas y abre tus mercados”. Sin embargo, ya no hay ningún otro modelo disponible, excepto el capitalismo de estado a la manera china, lo que implica trampas inhumanas como la subcontratación y la explotación feroz de mano de obra local, un modelo que ya no se puede poner en práctica fácilmente hoy en día porque la subcontratación está pasada de moda, los mercados se están cerrando y la emigración es cada vez más peligrosa para quien la emprende.

¿Qué hacer? Contrariamente a lo que muchos dirigentes occidentales imaginan, la estabilidad no puede restaurarse sin transformaciones políticas profundas. Mantener a las élites actuales en el poder significa agravar el caos que afecta directamente a organizaciones radicales como Al Qaeda, ISIS o algún otro movimiento que aún no ha nacido. El otro camino, estrecho, escarpado y lleno de obstáculos, es el de la nueva cultura pluralista emergente y el desarrollo de economías nacionales basadas en la satisfacción de las necesidades reales de las personas. Y esto requiere una ruptura con la lógica neoliberal y el libre comercio desenfrenado.

Por lo tanto, se plantea la cuestión, tanto para Francia como para la UE, de si vamos a acompañar estas opciones o nos vamos a aferrar a un dogma anticuado que sólo puede empeorar una inestabilidad por la que también nosotros tendremos que pagar un alto precio.

Nota:

  1. Nota del editor: “El Consenso de Washington” se refiere a un acuerdo tácito entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apoyado por el Tesoro de Estados Unidos, para proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo en dificultades sólo a condición de que adopten principios de estricta disciplina presupuestaria, reorientando el gasto público hacia sectores que garanticen un rendimiento positivo de la inversión, reformando sus leyes tributarias, desregulando sus mercados y garantizando la estabilidad monetaria.

Por Alain Gresh y Jean Pierrer Sereni

Orient XXI

Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

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El Gobierno británico anunció este sábado que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica ("fracking") para la extracción de gas o petróleo. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo EFE

El Ejecutivo toma la decisión a partir de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) que concluye que hoy en día no es posible predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados a la fracturación hidráulica

Las actividades de extracción en Preston New Road ya habían sido suspendidas en agosto después de que se registrara un seísmo de 2,9 grados de magnitud

 

El Gobierno británico anunció este viernes que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica – conocida como 'fracking'– para la extracción de gas o petróleo por la imposibilidad de predecir los seísmos que pueda ocasionar.

El gabinete ministerial ha tomado la decisión sobre la base de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) "que constató que actualmente no es posible predecir con precisión la probabilidad o magnitud de los terremotos relacionados con las operaciones de 'fracking", según un comunicado del departamento de Energía.

Añade que dicho informe publicado este viernes concluye que no es posible con la tecnología actual predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados con la fracturación hidráulica.

"Las propuestas separadas para cambiar el proceso de planificación de los sitios de 'fracking' ya no se llevarán adelante en este momento", anuncia el Gobierno británico.

Dicho método de extracción de gas o petróleo "no podrá continuar en Inglaterra", insistió el Ejecutivo.

Los trabajos exploratorios para determinar si el esquisto podría ser una nueva fuente de energía nacional, aportando beneficios para la economía y la seguridad energética del Reino Unido "se han pausado ahora, a menos que se proporcionen pruebas adicionales y hasta que se puedan llevar a cabo de forma segura aquí", agrega el comunicado.

El Gobierno británico afirma que la exploración de las reservas de gas de esquisto de Inglaterra solo podrá continuar si la ciencia demuestra que es segura, sostenible y de mínima perturbación para quienes viven y trabajan cerca.

Sobre la base de la perturbación causada a los residentes que viven cerca de Preston New Road, en Lancashire, y este último análisis científico, el Gobierno anuncia "una moratoria sobre el 'fracking' hasta que se proporcionen nuevas pruebas convincentes".

La secretaria de Negocios y Energía, Andrea Leadsom, expresa en la nota oficial que después de revisar el informe de la OGA sobre la reciente actividad sísmica en Preston New Road "está claro que no podemos descartar impactos inaceptables futuros en la comunidad local".

Por esa razón, añade, "he llegado a la conclusión de que deberíamos poner una moratoria sobre el 'fracking' en Inglaterra con efecto inmediato".

Las actividades de extracción en Preston New Road fueron suspendidas desde que se registró un seísmo de 2,9 grados de magnitud el 26 de agosto pasado.

 

EFE - Londres

02/11/2019 - 10:06h

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:23

Elogio del tumulto

Elogio del tumulto

 

15M, conflicto independentista... Nuestra democracia tiene fobia al conflicto y sin embargo el conflicto es fuente de toda vitalidad y justicia social.

"De los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes" (Maquiavelo)

 

¿Cuál es la principal aportación de Maquiavelo al pensamiento político? Según el filósofo francés Claude Lefort, es la idea de división social. No hay armonía en ningún sitio, toda sociedad se encuentra dividida entre los Grandes que quieren dominar y el pueblo que rechaza ser dominado. Entre ambos hay desunión, tumulto y conflicto. La vitalidad y la justicia de cualquier sociedad se juega siempre en la disposición que da a esa división insuperable.

¿Será el conflicto absorbido, sofocado o tendrá alguna vía abierta para desplegarse? De la respuesta a esta pregunta se deducen según Maquiavelo-Lefort los tipos de organización social: el principado, en el cual las instituciones están por encima de la sociedad y se protegen de sus agitaciones; la república, en la cual la ley se deja afectar por el conflicto y se transforma para darle una respuesta; la anarquía, donde el conflicto no tiene ninguna respuesta y corre el riesgo de pudrirse o convertirse en guerra civil.

En la primera opción, la ley es propiedad de los Grandes y su avidez de poder y riqueza no encuentra ningún freno, la sociedad queda sometida. En la segunda, la rapacidad de los Grandes encuentra un límite, el conflicto del pueblo logra modificar las leyes establecidas, su deseo de no ser gobernados se inscribe en derecho (la creación del tribuno de la plebe en Roma, por ejemplo). En la tercera, la situación se detiene, se estanca o se pudre al no encontrar ninguna forma de elaboración.

Pueblo es lo que no quiere ser dominado. La república es la imposición de la cosa pública al partido de los ricos. Sólo el tumulto, el conflicto que viene de abajo, da lugar a la generación de nuevas leyes y a la libertad política; es el mayor factor de cambio histórico.

Nuestra organización social no se parece en nada a una república, sino que encaja perfectamente con la definición del principado. Pretende ignorar que hay división entre dominantes y dominados, entre gobernantes y gobernados, es ciega al hecho de que siempre hay división, que la división es insuperable. Piensa la arquitectura institucional como una "solución" y un "sistema armónico" donde cada cosa tiene su lugar y su función establecida por siempre jamás: la gente vota, los partidos legislan, la Constitución marca las reglas de juego de la vida en común, los gobernantes disponen y los gobernados acatan.

¿Y si desacatan? Ningún conflicto tiene razón de ser: es un disfuncionamiento, una anomalía, una locura irracional, algo que no debería ser y que no pasaría "si el pueblo entendiese" (la complejidad de la situación, las exigencias de Bruselas, la necesidad de expresarse en los cauces de la ley, etc.). Un poco de pedagogía, vía antidisturbios o tribunal supremo, servirán para explicarle bien las cosas.

Tres ejemplos

Lo llaman democracia pero no lo es. Lo nuestro es más bien un sistema cerrado y al servicio de las exigencias de explotación y poder de los Grandes, una oligarquía con algunos mecanismos internos (pocos) de control recíproco entre los oligarcas, una cultura consensual que tiene verdadera fobia y pavor al conflicto, esto es, al motor de la vitalidad social y de la justicia, un poder elevado sobre la gente común que no se deja afectar o transformar por las reivindicaciones populares.

Algunos ejemplos recientes:

-cuando el rechazo de cómo somos gobernados se expresó en el 15M, el conflicto abierto no afectó para nada a las estructuras de poder ni se tradujo en ninguna ley (ni siquiera la razonabilísima propuesta de ley sobre la vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca apoyada en miles de firmas y consenso social). El 15M fue reprimido por una parte a través de cargas policiales, heridos y detenidos, sistemas de penalización administrativa vía multas, procesos penales, hasta la ley mordaza finalmente que considera delito gestos activistas básicos como testimoniar sobre la brutalidad policial o circular convocatorias.

Por otra parte, el conflicto fue absorbido por vías de cooptación más sutiles: una cierta incorporación por parte de los políticos de algunas palabras, algunos gestos, algunas demandas, pero sin afectación alguna, sin que esa "integración" supusiese cambio real alguno. Puro maquillaje, cosmética, gestos simbólicos disociados de cambios materiales. Ninguna modificación sustancial en el ámbito institucional. Sólo nuevos condimentos para el "relato" político: símbolos, guiños comunicativos, retóricas y algunos detalles menores (transparencia, primarias).

Sofocando (vía represión o cooptación) el conflicto propuesto por el 15M, se perdió una oportunidad de reinventar nuestra democracia (que no lo es). Los problemas señalados por el 15M no se elaboraron creativamente, simplemente se han congelado y ahora se pudren. Hasta el próximo tumulto.

-el 1 de octubre de 2017, dos millones de personas acuden a votar en un referéndum simbólico por la independencia. Es un gesto de desobediencia que llama la atención sobre la extensión de malestar con respecto a un tipo de encaje territorial, a un tipo de democracia de muy baja intensidad. No se trata simplemente de una cuestión nacional, nacionalista o identitaria, es algo evidente para quien tenga oídos y los use para escuchar. Se expresa ahí un rechazo del sistema político español, hay un deseo de otra situación, de otras reglas de juego, de una república, etc. La respuesta es… ninguna. La represión del 1 de octubre primero, la judicialización de la política después.

Según Maquiavelo, si la vida de Roma fue larga y justas muchas de sus leyes se debió a que la sociedad y la institución era permeable al conflicto. En nuestra sociedad la ley -un instrumento para la vida en común- se convierte en un fetiche sagrado, es decir que no se puede profanar, es decir que no se puede tocar. Al revés, en su nombre se pone fin a todo lo que interrumpe el orden.

Sofocando el conflicto abierto el 1 de octubre, se cierra una oportunidad de reinventar el encaje territorial, las reglas de juego de la convivencia, las hechuras mismas del Estado y el significado mismo de España, algo que no sólo se desea en Catalunya. El conflicto que no encuentra ninguna respuesta o forma de elaboración se pudre, amenaza convertirse en conflicto horizontal entre la propia gente de abajo.

-un tercer ejemplo que no me resisto a poner aunque sea de otra índole: el caso de Podemos. Los líderes de Podemos nos han abrasado los oídos desde su aparición con sus lecturas tan sabias sobre Maquiavelo. Pero, ¿qué encontraban en Maquiavelo? Lo más banal: que lo político es una técnica, que el poder lo es todo, la separación entre moral y política, el juego de tronos (ganar o morir). Ni rastro de la idea más fecunda del florentino: dar espacio a lo que disiente, la fecundidad del conflicto. Todo lo contrario, en un proceso alucinante y un tiempo récord, se ha laminado y expulsado a todos los que pensaban distinto ¡y todo ello sin quitarse el 15M de la boca! La misma cultura política de fobia a la división.

Resultado: se pierde la oportunidad de reinventar la forma-partido y lo que queda de Podemos es una cosa homogénea, por tanto rígida, por tanto débil, por tanto en vías de extinción. A falta de un verdadero balance autocrítico, encarnado, con efectos y no sólo retórico, Íñigo Errejón va por el mismo camino.

Sin conflicto, ni vitalidad ni justicia

Tanto a izquierda como a derecha, "el gobierno es permanentemente enemigo del cambio". La derecha odia con todas sus fuerzas (casi físicamente) cualquier anomalía: desde los manteros hasta las casas okupadas pasando por toda expresión popular ingobernable. La izquierda por su parte tiende a la hipocresía: su sueño -el sueño más que evidente de Pedro Sánchez por ejemplo- es gobernar como la derecha pero con los votos (y la legitimidad) de la izquierda. Y la Nueva Política, por su parte, fetichiza las nociones de "orden" y "estabilidad" como si se pudiese imponer la cosa pública al partido de los ricos (que es trasversal a todos los partidos) sin ningún conflicto o inestabilidad de por medio.

Unos y otros hablan del Estado del bienestar, pero olvidan que este fue justamente un efecto de la división social y la capacidad de conflicto de la gente de abajo. En medio de condiciones muy duras, las luchas obreras consiguieron la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salario, derechos sociales, etc. Nada de armonía, uno se divide en dos: hay patrones y hay obreros, el tumulto se expresa como lucha de clases y el "reformismo" es justamente la plasticidad de la ley en su regulación. Todo eso -con los infinitos claroscuros de la dialéctica entre lucha e integracion de los que no nos vamos a ocupar aquí- ya no existe. El sistema no reconoce la división social, ahora somos todos "empresarios de nosotros mismos". El neoliberalismo desmantela todas las mediaciones que respondían creativamente al conflicto y ya no hay espacio alguno para el resto popular ingobernable. El capitalismo hoy se ha desbocado por ausencia de conflicto.

Si nuestra democracia es tan raquítica y suscita tan poco entusiasmo se debe precisamente a esto: no se deja afectar por los tumultos de abajo, no quiere saber nada de la energía del demos, es incapaz de ninguna fluidez o plasticidad instituyente a no ser que lo pida el Banco Central, convierte lo que es producto y herramienta (la ley) en el factor determinante y primero. El Estado de Derecho, que nació para poner límites a la arbitrariedad del poder, se convierte hoy en un sistema cerrado y sacralizado, enemigo de toda energía instituyente. No nos hemos librado aún de la teología en política.

Desafectada, a esa democracia se la puede llevar el viento, el viento de cualquier "posfascismo" actual. Pero la responsabilidad cae toda del lado de quienes han sostenido una concepción puramente consensual de la democracia.

¿Hay esperanza? Ninguna, mientras seamos pueblo iluso, creyendo que las cosas cambian solas, por la gracia de políticos buenos o de las astucias de la razón en la historia. Alguna, si somos pueblo negativo y desconfiado, pueblo-plebe. "Es una opinión plebeya y un punto de vista negativo suponerle al gobierno una mala voluntad" (Hegel). Es justo el punto de vista que necesitamos, todo el rato. La plebe es justamente el pueblo cuando se hace valer, el que grita "no nos representan", el que sabe que las leyes justas son siempre fruto del tumulto y las ganas de libertad de abajo.

La democracia no es una sociedad armónica o armonizada (tampoco bajo los modelos utópicos de la autogestión o la democracia digital), sino la sociedad que abre paso al conflicto, una sociedad efervescente y abierta al cambio que subordina lo instituido a lo instituyente, esa sociedad que experimentando la inestabilidad consigue obtener la mayor estabilidad, en la que cualquiera (y no sólo los que monopolizan la cosa pública) puede hablar, actuar y ser tenido en cuenta, la sociedad donde la pregunta por la vida buena y la justicia se mantiene abierta, donde la ley es puesta en juego por el conflicto sin ser exactamente su producto. Democracia es sostener la división social, la posibilidad infinita de la división.

En "Mientras dure la guerra", la última película de Amenábar, el personaje de Franco explica su decisión de alargar la guerra en la necesidad de exterminar al otro. "Si no en dos días estaremos en las mismas, los españoles siempre están a la gresca". Es el espíritu de cruzada que aún pervive: hay que suprimir el mal. Pero no se trata de cambiar el franquismo por el imperio de la ley sacralizada e intocable, sino justamente de aprender a convivir con la gresca y elaborarla. Así y sólo así enterraríamos de una vez por todas los restos del dictador. Hay que romper la representación dominante que ve en la división y el conflicto el principio de la decadencia y el declive. El mal es el acicate del bien, de los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes.

"La república es superior a todos los demás regímenes: se presta al movimiento" (Lefort-Maquiavelo).

Por Amador Fernández-Savater

Interferencias

 

Gracias por las conversaciones a Diego, a Hugo, a las amigas del taller de los lunes.

 

Referencias:

Maquiavelo: lecturas de lo político, Claude Lefort, Trotta.

Claude Lefort, la inquietud de la política, Edgar Straehle, Gedisa.

La democracia contra el Estado, Miguel Abensour, Colihué.

Fuente: http://www.eldiario.es/interferencias/Elogio-tumulto_6_953014711.html

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