Alan Dershowitz, integrante del equipo legal de Donald Trump, en el Senado de Estados Unidos. Foto Afp

El presidente de EU amenaza a sus acusadores; temen por la integridad física del demócrata Adam Schiff

 

Nueva York. Una revelación "explosiva" que podría descarrilar la defensa de Donald Trump en el juicio político es el tipo de sorpresa con la que soñaban los demócratas, y la pesadilla temida por los republicanos durante este proceso, mientras el equipo legal continuó su segundo día de argumentos para descartar los cargos para la destitución, poco después de que su cliente amenazó en tono siniestro a sus acusadores.

Una filtración reportada por el New York Times de un fragmento del libro que John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, publicará en marzo, contradice la versión del presidente de que nunca se ordenó el congelamiento de unos 391 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para obligar a ese país a declarar una investigación contra los demócratas.

En el libro, Bolton afirma que el presidente le dijo en agosto del año pasado que deseaba que esa asistencia fuera condicionada a cambio de una declaración pública del nuevo gobierno ucranio de que impulsaría una investigación contra los demócratas, en particular su contrincante electoral Joe Biden.

De inmediato, los demócratas calificaron esto de "revelación explosiva" y el líder de la bancada minoritaria demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió convocar a Bolton durante el juicio político en la cámara alta, así como indagar si existe "un encubrimiento masivo de la Casa Blanca".

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que con esta revelación, los senadores republicanos ahora enfrentan una decisión "entre nuestra Constitución o un encubrimiento".

Hasta ahora, la Casa Blanca y el liderazgo del Senado estaban logrando su objetivo de anular toda solicitud de testigos y documentos adicionales para llevar el juicio a su conclusión lo antes posible, incluso a finales de esta semana.

Con la revelación, algunos senadores republicanos ahora podrían contemplar convocar a más testigos, como Bolton. Los demócratas habían insistido en eso, pero no lograban el apoyo necesario de por lo menos cuatro senadores republicanos para obtener una mayoría simple de 51 votos requeridos. Con la revelación, de pronto eso se vuelve una posibilidad y hay reportes de que la Casa Blanca ya se está preparando para frenar tal solicitud si el Senado vota por llamar a Bolton y otros testigos.

Por su lado, Trump, muy posiblemente con otra de sus más de 16 mil 241 mentiras documentadas (https://www.washingtonpost.com/ graphics/politics/trump-claims-database/) rápidamente rechazó las afirmaciones del libro referido en un tuit: “Yo NUNCA le dije a John Bolton que la asistencia a Ucrania estaba ligada a una investigación sobre los demócratas, incluidos los Biden… Si John Bolton dijo eso, es sólo para vender su libro”.

Todo esto, antes de que su equipo de defensa continuara por la tarde y noche con sus labores ante el Senado, donde curiosamente no abordaron el tema de Bolton, y procedieron con sus argumentos de que Trump no cometió ningún delito y por lo tanto, su impeachment no es constitucionalmente válido.

Kenneth Starr, una de las dos estrellas en su equipo de defensa, quien fue el fiscal especial en el impeachment de Bill Clinton hace 21 años y que ha sido comentarista contratado por Fox News, el canal favorito de la Casa Blanca, elaboró su versión de la historia legal del proceso de impeachment, logrando un acuerdo no común en este proceso entre demócratas y republicanos, en el sentido de que ofreció una de las intervenciones más "aburridas" de este juicio hasta la fecha, argumentado que no hubo delito, y por lo tanto, no hay caso, según la Constitución.

Calificó el proceso de impeachment de "una guerra" que divide al país, y que en este caso se está empleando como "una arma política" para "revertir una elección".

La otra estrella, el ahora profesor emérito de leyes de Harvard Alan Dershowitz –integrante del equipo defensor de OJ Simpson, quien dice haber votado por Hillary Clinton, amigo y abogado defensor del acusado de trata sexual de mujeres, incluidos menores de edad, Jeffrey Epstein, quien recientemente se suicidó mientras esperaba juicio, y también acusado de una relación sexual con una de las "amigas" de Epstein (lo cual niega)–, ofreció su magno argumento anoche, de que los dos cargos contra Trump no son delitos sujetos al impeachment de acuerdo con la Constitución.

Concluyó –con referencias históricas aparentemente muy sesudas– que los "redactores de la Constitución no aceptarían este criterio" para definir los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso como delitos sujetos al impeachment, y por lo tanto, este proceso no tiene validez. Más aún, señaló que al presentar estos cargos, se "pone al Congreso por encima de la ley", o sea, de lo mismo que se acusa al presidente.

Mientras, con sus abogados estrellas ofreciendo lecciones sobre la Constitución y el pensamiento supremo de los fundadores de la república, Trump continuó los ataques contra sus acusadores. Pero el domingo envió un tuit que provocó alarma por su amenaza siniestra contra el jefe de los diputados-fiscales designados por la cámara baja para presentar los cargos en el juicio político. "El tramposo Adam Schiff es un POLÍTICO CORRUPTO, y probablemente un hombre muy enfermo. ¡No ha pagado el precio, aún, por lo que le ha hecho a nuestro país!"

Algunos observadores expresaron preocupación sobre si tal mensaje podría poner en peligro físico a Schiff.

Publicado enInternacional
¿Cómo va el proceso para la revocatoria?

Iniciando su tercer año de gobierno y según las encuestas*, Enrique Peñalosa se mantiene como uno de los alcaldes más impopulares entre los más de mil con que cuenta Colombia. Cumplido un año del inicio del proceso que pretende su revocatoria, es necesario analizar porqué es uno de los alcaldes más impopulares del país.


La disputa por la alcaldía de Bogotá ha sido un elemento clave en la vida política nacional. No es para menos, pues su capacidad de contratación y manejo de burocracia es inmenso. La salida de la izquierda de este fortín histórico de los gremios más poderosos del país y la llegada, por segunda vez, de Enrique Peñalosa al despacho del Palacio Liévano, propiciaron el reposicionamiento de intereses económicos y políticos, y con ellos el reencausamiento de un modelo urbano, que sumados a la serie de insatisfacciones con el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, propiciaron que al cumplirse su primer año de mandato tomaran forma diferentes comités para adelantar la revocatoria del aún hoy Alcalde.

 

Las revocatoria en el país

 

Según la Registraduría Nacional, durante el año 2017 se registraron más de 100 procesos de revocatoria de mandato a lo largo y ancho del país; de estos solo 3 llegaron a las urnas y ninguno de ellos prosperó. Llama la atención que, a pesar de que la Ley 134, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, existe desde el año 1994, y que la Ley 1757 del 2015 redujo los porcentajes necesarios de firmas y votantes para estos procesos, a la fecha ninguna revocatoria de mandato haya cumplido con su objetivo.

 

Si bien la ley establece los requisitos y mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda llegar a las urnas, los que se cumplen cuando la Registraduría Nacional aprueba las firmas de los ciudadanos, el CNE da su visto bueno y se da la convocatoria a votación por parte del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso; cabe aclarar que tal ley no define los tiempos máximos que cada autoridad puede tomarse para cumplir su parte, por lo que pueden presentarse demoras en el proceso.

 

La revocatoria en Bogotá

 

A comienzos de mayo pasado, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó en la Registraduría 650.000 firmas que avalaban el proceso de revocatoria del alcalde capitalino. Sin embargo, por esas mismas fechas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró públicamente en algunos medios de comunicación, que este mecanismo de participación ciudadana estaba siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país, relacionándolo incluso con intereses personales y venganzas políticas. Por tal motivo, a finales de mes el CNE solicitó a la Registraduría Nacional un informe detallado de todos los procesos de revocatoria que se adelantaban para ese entonces en el país. Como resultado de ese ejercicio, citaron a todos los mandatarios y promotores de los procesos de revocatoria en audiencias públicas para que el CNE los escuchara y definiera si las revocatorias eran o no legítimas.

 

En junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emitió un informe en donde solicitaba correcciones en las cuentas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa pues supuestamente se había presentado una violación en los topes de las donaciones recibidas. Gustavo Merchán, fiscal de Sintrateléfonos y presidente de Unidos Revocamos a Peñalosa, declaró que se trataba de un mal entendido en las cuentas presentadas y que el proceso de revocatoria no podía detenerse por detalles como ese. Sin embargo, en agosto el CNE rechazó por segunda vez las cuentas presentadas argumentando fallas e inconsistencias en firmas y números, lo cual generó una fuerte indignación en algunos sectores políticos de la ciudad que señalaron que el Consejo estaba actuando de mala fe al demorar a propósito este proceso de revocatoria, basándose en inconsistencias que no existían. Toda esta situación fue utilizada por el magistrado liberal Emiliano Rivera para elaborar la ponencia que en la actualidad tiene suspendido el proceso de revocatoria en la Sala Plena de la máxima autoridad electoral del país.

 

Es necesario señalar que además de las dilaciones por parte del CNE, la Registraduría Nacional también ha jugado en contra. Mes y medio después de que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó las firmas en la Registraduría, esta presentó un primer aval que fue rechazado por el equipo de Peñalosa, quién solicitó un peritaje a las firmas avaladas. La fecha límite para emitir el nuevo certificado de las firmas se estableció para el mes de septiembre, pero este fue presentado a finales de octubre, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera en el proceso y ordenara a la Registraduría agilizar la certificación.
En todo esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido clave para destrabar el proceso. El pasado 5 de diciembre emitió un fallo en donde buscaba presionar a la Sala Plena del CNE para que determinara si le daba vía a la revocatoria o no; no obstante el 13 de diciembre, fecha límite para definir la revocatoria, esta se vio frenada debido a las recusaciones presentadas contra algunos magistrados de la sala, especialmente la que imputaba al magistrado Armando Novoa porque algunos funcionarios de su despacho habían firmado los formularios para la revocatoria, cayendo así en parcialidades. Por lo anterior, antes de que la Sala Plena del CNE pueda sentarse a discutir la ponencia de Rivera, debe citar un conjuez que le permita resolver la recusación contra Novoa.

 

Lo grave de esta situación es que mientras la Registraduría y el CNE dilatan el proceso de revocatoria, Peñalosa continúa rigiendo la ciudad, lo que ha significado para Bogotá la aprobación del presupuesto para la realización del metro elevado, decisión que le significó a Peñalosa una investigación en la Contraloría por supuesto detrimento patrimonial; la inminente y polémica construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima, que deja de lado la Av. Boyacá a pesar de que ya existen estudios para esta última; la modificación de la política de humedales de la ciudad, que de ahora en adelante permitirá la construcción de obras de cemento dentro de los ecosistemas; la posible ampliación del tiempo de operaciones y el área del relleno sanitario de Doña Juana; el incumplimiento en la construcción de colegios y jardines infantiles; el aumento del endeudamiento de la ciudad, que de ser aprobado por el concejo ascendería a los 7 billones de pesos; la amenaza a la reserva Tomas Van Der Hammen, que es vista por Peñalosa como un potrero donde se deben construir vías y vivienda para ampliar la ciudad.

 

Como si fuera poco, en este pulso de abogados que ha contado con el silencio cómplice de los medios oficiosos de comunicación que tanto hostigaron a Gustavo Petro cuando se defendió con iguales armas para impedir la consulta sobre su revocatoria, entre dilataciones, obstrucciones, bloqueos y manzanillismo de todo tipo, alarma que el plazo máximo para que pueda desarrollarse la revocatoria del alcalde de Bogotá se cumpla en los próximos 6 meses. Lo que significa que la ciudadanía bogotana, proclive por la revocatoria, está ante el límite máximo de tiempo para poder cumplir con su propósito, para poder vencer la capacidad legalista de una burguesía constructora y comerciante que a través de abogados y legalismos ha logrado, hasta ahora, impedir la citación a la consulta de la revocatoria. Un triunfo parcial que ya les garantiza que así Peñalosa salga del Palacio Liévano su plan de Gobierno quedará en marcha. Una derrota y/o un triunfo agridulce.

 

* Según la última encuesta de percepción ciudadana, el 73% de los bogotanos considera que la ciudad va por mal camino, el 51% considera que el nivel de corrupción ha aumentado y el 84% mantiene una imagen desfavorable del actual mandatario.

 


 

Recuadro

 

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Publicado enEdición Nº242
Jueves, 23 Noviembre 2017 11:23

¿Le llegó la hora a Peñalosa?

¿Le llegó la hora a Peñalosa?

En el proceso que busca revocar a Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, debe garantizarse que las instituciones encargadas respeten el ritmo de revocatoria.

 

El pasado 26 de octubre la Registraduría dio luz verde para convocar a las elecciones que buscan revocar la alcaldía de Enrique Peñalosa. El comité Unidos Revocamos a Peñalosa recolectó 706.708 firmas, de las cuales 233.008 fueron anuladas y 473.700 avaladas; necesitando solo 271.817 para convocar a la votación. Los intentos de Enrique Peñalosa por obstaculizar el proceso de su revocatoria, si bien dilataron todo este proceso consultivo, fueron fallidos y ahora tendrá que asumirla, sí le permitieron ganar tiempo para dejar amarrada la visión que tiene del territorio y de la cosa pública (que esta vez es sobre todo privada), para que bajo tales parámetros deba administrar quien posiblemente lo suceda al frente de la ciudad.

Como podrá recordarse, bastaron 6 meses de mandato para que la ciudadanía, organizaciones sociales y sindicales se organizaran para exigir la revocatoria del mandato a Enrique Peñalosa. Unidos Revocamos a Peñalosa fue el comité de revocatoria que nació en el segundo semestre de 2016, donde confluyen más de 50 organizaciones en representación de los excluidos, despojados y violentados por las políticas y el modelo de ciudad de la alcaldía en curso, aspectos enlistados en lo que son Las razones para revocar a Peñalosa (ver recuadro 1).


Dilación del proceso

 

Aferrado al Palacio de Liévano, Enrique Peñalosa y todo el aparato político, económico y electoral del país, trabajaron para obstaculizar el ritmo de la revocatoria. Peñalosa se benefició de tutelas y distintos alegatos ante la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Bogotá con la clara intención de frenar el deseo revocatorio pululante en los sectores populares bogotanos, aunque no así en los clubes de empresarios y negociantes de lo público.

“Hay un intento de parte de fuerzas políticas en el poder por frenar el proceso de revocatoria. Por un lado, las acciones jurídicas emprendidas por Peñalosa a través del abogado Sierra Puerta, que ha venido presentando una serie de recursos jurídicos ante la Registraduría, ante el Consejo Nacional Electoral, unas tutelas que ha perdido en todos los casos; llevó a que la Registraduría hiciera una revisión exhaustiva de todas las firmas que presentamos como comité, encontrando que más de 400 mil firmas son válidas”, manifestó Diego Pinto, uno de los representantes del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, en entrevista con desdeabajo televisión.

Este proceso ha sufrido muchos intentos de dilación no solo por parte del Alcalde, sino también por el Consejo Nacional Electoral al momento de enredar las decisiones que tienen que ver con la emisión del certificado de entrega de cuentas.

 

Los riesgos que corre la revocatoria

 

Se corre el riesgo de que los partidos tradicionales que siempre han estado en el poder frenen un proceso que ha sido totalmente democrático. Desde el comité pro revocatoria se teme que estos partidos aliados a Peñalosa, tumben todo el proceso con acciones fraudulentas que ayuden a respaldar al Alcalde. En palabras de Diego Pinto, “Es importante que la ciudadanía esté alerta ante cualquier intento de obstaculización; si logramos presionar al Consejo Nacional Electoral, lo que se va a venir es que una vez nos entreguen el certificado de cuentas, la Registraduría debe solicitarle al Presidente que cite al referendo de revocatoria en un lapso de no más de 2 meses”.

Desde el 12 al 19 de noviembre, se habilitó la página www.votemosya.com donde la ciudadanía podrá votar de manera virtual a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con revocar el mandato de Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde de Bogotá para el periodo 2016-2019? Unidos Revocamos a Peñalosa, espera obtener más de 1 millón de votos en este simulacro, que ayudará a tener una proyección de sufragios en las urnas. Como también esperan que la convocatoria oficial para votar la revocatoria sea a más tardar en enero de 2018.

Lo más urgente para el proceso es que las instituciones encargadas respeten el ritmo de la revocatoria. Para que Peñalosa sea removido de su cargo de alcalde, son necesarios 236.850 votos por el Sí, obtenidos los cuales se nombrará un alcalde encargado para terminar el periodo de esta alcaldía; de no suceder así Peñalosa terminará su mandato normalmente. Unidos Revocamos a Peñalosa exige que las instituciones respeten las reglas y jueguen limpio y no las cambien una vez los procesos populares involucrados en la revocatoria exijan democracia electoral y empiecen a construir la ciudad que todas y todos quieren.

 

Por una Bogotá distinta

 

Las organizaciones que integran el comité Unidos Revocamos a Peñalosa, tienen el acuerdo de ir juntos hasta el referendo revocatorio, porque entienden que no es únicamente una unidad política, sino también social y cultural. El acuerdo va hasta que se revoque a Peñalosa, el único criterio que tienen como comité es frenar la prohibición de derechos y en esa medida construir el modelo de ciudad que se acomode a las necesidades y deseos de la ciudadanía.

 

Publicado enEdición Nº241
Martes, 25 Julio 2017 18:57

La despeñada de Peñalosa

La despeñada de Peñalosa

Algunos dicen que Enrique Peñalosa es un alcalde arrogante, distante y frío, que “no sabe comunicar a la ciudadanía sus ideas” otros, incluso, le reprochan que hable como un muchachito gomelo de universidad privada, pese a sus 63 años, en realidad eso son nimiedades. Lo grave y verdaderamente sustantivo es que Peñalosa está llevando a Bogotá por una senda que a mediano plazo no puede concluir sino en un despeñadero. Por desgracia la gente en Bogotá no ha tomado consciencia suficiente del rumbo equivocado del Alcalde Mayor.

 

Más allá de su estilo arrogante y su contumacia en persistir en sus caprichos que son presentados por él y por muchos áulicos de la gran prensa, como fruto de la más esclarecida mente de visionario urbanista y excelso tecnócrata que haya gobernado la ciudad, lo serio e importante es que hay desentrañar las consecuencias de su enfoque y su modelo de ciudad. Es necesario recordar que lo que suele caracterizar a los tecnócratas no es propiamente su visión estratégica integral sino la imposición de decisiones y modelos de gestión unilaterales, rígidos y sin consideración alguna por las consecuencias, sobre todo, las consecuencias e impactos sociales desfavorables para los sectores sociales más excluidos y segregados.

 

Su modelo de ciudad está al servicio del gran capital y de los grandes intereses que se mueven alrededor de la jugosa contratación pública y la aplicación del enfoque neoliberal privatizador. Sus políticas de expansión urbana mantienen y refuerzan la segregación social y espacial de una ciudad, así como le sirven en bandeja la Sabana de Bogotá a los monopolios de la construcción. Basta mirar lo contenta que está Camacol con su “reactivación de la industria de la construcción” y el apetito que ya se les nota ante el suculento plato que les ofrecerá el nuevo POT que debe ser formulado a partir de este año.

 

La senda de las equivocaciones

 

En el Plan Plurianual de Inversiones 2016-2020 llama la atención como es la inversión proyectada por sectores. Integración Social recibirá 5 billones 310 mil millones, Hábitat 5 billones y medio, Salud 10 billones 887 mil millones, Educación 15 billones, mientras que para Movilidad, esto es, fundamentalmente lo que se destinará a las troncales transmilenio y el metro elevado, se invertirán 33 billones de pesos, esto es 3 billones más que salud, educación e integración social, sumadas. Esto indica a las claras cuáles son las prioridades de la actual administración en relación con la proporción entre la inversión social y la inversión en infraestructura.

 

Para Peñalosa la inversión social de su plan es una moneda de cambio, o peor aún un garrote para amenazar y chantajear, si no se le acepta su modelo neoliberal y privatizador. Luego de conocida las prioridades de la inversión peñalosistas, resulta descarado, por decir lo menos, su amenaza de que si no se le acepta la venta del 80% de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, suspendida por un fallo en primera instancia de un juez en días pasados, se reducirá la inversión social en hospitales y colegios. Es decir, si no se le acepta desmantelar y privatizar una empresa fundamental en los activos de la ciudad, con un promisorio mercado de usuarios y en momentos en que el desarrollo de las telecomunicaciones exige potenciar y proyectar la empresa como un bien público, entonces los paganinis y los damnificados serán los sectores populares. Sobran los demás comentarios a esa infantil soberbia de chico neoliberal, rabioso, consentido y altanero.

 

Mientras tanto Enrique Peñalosa se empecina en la construcción de más troncales de Transmilenio, (su Plan de Desarrollo tiene contemplado construir 57 km, esto es, construir en su administración el equivalente a más del 50 % de los 112 Km ya existentes) a sabiendas de que este modo de transporte no resuelve el grave problema de la movilidad de la ciudad.

 

En ediciones anteriores de Desde Abajo y en numerosos artículos de otros medios de comunicación se ha denunciado incontrastadamente como él, hoy Alcalde Mayor de Bogotá, tiene claros intereses en la venta de los sistemas transmilenios en el mundo, así como sus estrechos vínculos con una entidad patrocinada por la transnacional Volvo, fabricante de buses articulados, para la cual trabajo y recibió importantes pagos hasta el 2015.

 

Aparte de los intereses creados señalados, con una tremenda irresponsabilidad y por un mezquino capricho, que ya le va constando miles de millones de pesos a la ciudadanía, decidió desconocer lo adelantado por la administración Petro en relación con el Metro para Bogotá. Claro está que con la inestimable ayuda del Gobierno de Santos a través del incompetente DNP.

 

Este aplazamiento, que hecha por la borda los años y los miles de millones de pesos ya pagados en estudios y en diseños del metro subterráneo, no es otra cosa que escamotear la anhelada idea de empezar a construir un Metro Pesado en Bogotá. Un metro de verdad, que sea la espina dorsal de un gran sistema de transporte masivo, multimodal e integral que recupere en este aspecto, el retardo de décadas de Bogotá y su región metropolitana. Región que ya sobrepasa los 9 millones de habitantes.

 

Como la oposición frontal al metro era políticamente insostenible en los días de la campaña electoral, lo cual explica sus ambigüedades y balbuceos sobre este tema por aquellos días, Peñalosa, una vez ya en el gobierno, sin ningún tipo de sustento serio, decidió que el metro tenía que ser elevado, con el peregrino argumento de que sale más barato. Peo no contento con esto, se le ocurrió la “brillante idea” de hacerlo en sus tramos más importantes por encima del transmilenio de la Avenida Caracas y la Autopista Norte.

 

Un metro elevado en principio es más barato que uno metro pesado subterráneo, pero a largo plazo resulta más costoso, mientras que con un metro pesado subterráneo pasa todo lo contrario. Un metro elevado, por definición tiene que ser liviano y jamás tendrá la capacidad de carga de uno subterráneo. Un metro de verdad requiere ser pensado no para tener una sola línea sino a futuro tener muchas líneas y por lo tanto, requerir de estaciones de interconexiones entre ellas. Esto exige grandes estaciones subterráneas, con andenes de abordaje de 80 o a veces 100 metros de longitud y tener dos y tres niveles, con sus respectivas escaleras de entrada y salida de miles de personas. Esto resulta prácticamente imposible de hacer en estaciones elevadas, por sus costos y por el exabrupto arquitectónico de situarlas encima de grandes avenidas y de zonas peatonales. Basta recordar la cicatriz urbana, que cual cuchillada en la cara, estropea el centro de Medellín por donde pasa el metro en su tramo elevado y la grotesca mole alzada donde se conectan las dos líneas.

 

La densificación de las grandes ciudades metropolitanas requiere de edificios de mayores alturas, grandes zonas verdes, muchas vías peatonales y muchas vías vehiculares y ferroviarias de superficie, elevadas en algunos tramos, pero sobre todo, requiere y exige construir hacia abajo, adecuar el subsuelo para las grandes infraestructuras del transporte y la movilidad. Ello permite aprovechar los espacios subterráneos brindando dotaciones y equipamientos urbanos para usos comerciales, de servicios, institucionales y de recreación cultural, anexas a los grandes flujos de personas en el subsuelo.

 

Basta imaginar cómo será la construcción del metro peñalosista por encima del actual Transmilenio. Un metro elevado requiere gruesos pilones, con cimientos de entre 3 a 5 metros de profundidad (exactamente la profundidad por donde pasan las instalaciones de acueducto y alcantarillado de la ciudad) a intervalos de no más de 50 o 60 metros, sobre el cual y a una altura de más de 8 metros se tendrán que colocar gruesas vigas en concreto armado. Una obra de esas características, que no se hace en uno o dos años, sino en mucho más, dado el alto riesgo e impacto urbano, no podrá hacerse por encima de un Transmilenio en funcionamiento, con miles de personas moviéndose en los buses articulados, saliendo y entrando a los vagones estaciones. Ni hablar de los que sucederá con las supuestas estaciones elevadas conectadas además con los supuestos grandes centros comerciales.

 

Por más que Enrique Peñalosa quiera mostrar su preocupación por los temas ambientales y desvaríe en relación con la recuperación de la ronda del río Bogotá, con lanchitas y todo, o que proclame la conversión de los cerros orientales en un inmenso parque forestal, lo cierto que su política de urbanización expansiva, adentro y fuera del perímetro de Bogotá y sus desacertadas decisiones en torno a la Reserva Thomas van der Hammen, para él unos simples potreros, retratan palmariamente su despreocupación por un urbanismo sostenible y por tomar en serio el problema del cambio climático.

 

Según el artículo 65 de la Ley 134 de 1994, la motivación de la revocatoria de una persona al frente de una alcaldía o de una gobernación puede proceder, luego de un año de gobierno –Peñalosa lleva ya más de año y medio– por dos causales o razones: “por insatisfacción general de la ciudadanía” o por “incumplimiento del programa de gobierno”.

 

Peñalosa, podría pasar a la historia si se convierte en el primer alcalde revocado por dos razones, aparentemente contradictorias pero que en el fondo son una sola, la primera, por el descontento general ante su gestión y la segunda, curiosamente, no por incumplir, sino todo lo contrario, por persistir en su nefasto programa de gobierno.

 

La ciudanía de Bogotá tiene la palabra.

Publicado enEdición Nº237
Revocatoria. El año en que haremos historia

Como buen camaleón esperó 16 años resguardado en diferentes partidos. Ahora, algunos confundidos y con amnesia político-histórica de los abusos por él cometidos en su primera administración, le dan la oportunidad de repetirlos. Enrique Peñalosa II, ejemplo de lo que el pueblo no debe aceptar.

 

Los que siempre se lucraron del esfuerzo de todos/as, los que han manejado esta ciudad como si fuera propiedad privada, necesitaban recuperar lo parcialmente perdido durante 12 años. Y para ello no ahorraron esfuerzos, logrando su propósito en las elecciones de 2015.

 

No ocultan su ambición ni mezquindad. Desde los primeros días de la nueva alcaldía Peñalosa fueron con todo contra las políticas y logros que favorecían a los sectores populares capitalinos. Por ello, desde esas primeras semanas, diversos sectores ciudadanos preocupados por la ciudad que vamos a heredar a las futuras generaciones, nos dimos cita para fijar un qué hacer.

 

Para fundamentar nuestro propósito asistimos al Concejo de Bogotá, donde, sin gran discusión 32 concejales militantes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, parte del Verde, Centro Democrático, le aprobaron al “nuevo” Alcalde el cuestionado y demandado Plan Distrital de Desarrollo, en el cual, entre otras perlas, resalta su artículo 133 numeral 3. Otras fuentes de financiación “tales como la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el corto y mediano plazo”.

 

Carta blanca. Ese entre otros significa “lo que quiera vender”, además que lo facultan a reestructurar lo que desee del Distrito, llevando a cabo una campaña de despidos y desconocimiento de lo actuado por anteriores administraciones. De esta forma la actual administración está en contravía del artículo 259 de la Constitución Política, que explicita sobre el funcionario elegido de manera popular, y su plan de gobierno “[...] imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”, que para el caso del capitalino el tipo de procederes aquí comentados nada tienen que ver con lo anunciado en su plan de campaña. Es más, el hoy Alcalde también entregó al Concejo Territorial de Planeación Distrital un documento diferente, violando así la ley 152 de 1994.

 

Es por ello que los ciudadanos reunidos de manera voluntaria decidimos asumir, de acuerdo a la Constitución Política y su artículo 103 “La revocatoria del mandato”, a la par de las leyes 131 y 134 de 1994 y la 1757 de 2015, que son las que regulan la participación ciudadana.

 

Para darle vía a este propósito, y de acuerdo a lo estipulado por la Ley, decidimos: 1. Organizar el comité “Unidos revoquemos a Peñalosa”, y así poder realizar el proceso respectivo, 2. Recolectar los apoyos necesarios, en total 271.818 firmas del censo electoral, equivalente al 30 por ciento de los 906.058 votos obtenidos para llegar al cargo, 3. Pasar a la verificación de lo recogido por parte de la Registraduría y su viabilidad constitucional, 4. Que ésta convoque a la votación popular en Bogotá, 5. Movilizar a la ciudadanía para que se acerque a las urnas con una participación no inferior a 1.092.230 bogotanos lo cual equivale al 40 por ciento de los votos válidos del total obtenidos el 25 de octubre de 2015 y de estos votos 548.000 deben ser por el SÍ, lo cual equivale a la mitad mas uno del dato anterior, 6. Una vez convalidada esta votación, liderar una nueva elección, en esta ocasión por alguien que encabece la alcaldía de la capital del país colocando al frente un proyecto de ciudad colectivo, elaborado con la ciudadanía, para que de verdad favorezca a las mayorías de quienes acá habitan.

 

El propósito de este año es hacer historia, por nuestros hijos y nietos. Por primera vez en la “democracia más antigua de América”: revocar lo que estorba y elegir a quien le sirve al pueblo y no a los intereses del gran capital.

 

Esfuerzo nada fácil pero que SÍ es posible. A la par que avancemos tras este empeño, sus aliados tratarán de cambiarle la imagen: entregarán viviendas en Bosa con Germán Vargas Lleras; aprobarán y harán efectiva la entrega de dinero –con Juan Manuel Santos al frente– para diferentes proyectos urbanos. Lo ensalzarán, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. En fin, harán lo posible y lo imposible para dividir y boicotear este proceso, pero pese a todo ello debemos avanzar como un solo cuerpo en pro de su Revocatoria.

 

* Dirigente CUT-Bogotá.

Publicado enEdición Nº231
Martes, 24 Enero 2017 17:38

2017, año de consultas populares

2017, año de consultas populares

En el afán por defender diferentes derechos, el año 2017 será recordado como aquel en el que distintas poblaciones colombianas, así como grupos de interés, se batieron en las urnas por la defensa de sus territorios, creencias, en procura de gobiernos honestos, por alcaldes probos, abiertos a la justicia y vida digna. Mecanismos de participación directa, como el plebiscito y referendo, es el recurso a que acuden. En estas circunstancias, el 2017 promete ser el preámbulo de la agenda electoral presidencial del 2018.

 

Fallidos fueron los intentos para llevar a cabo consultas populares durante el 2016, iniciativas gestadas por organizaciones sociales, políticas y ambientales en sus municipios y departamentos como mecanismo último para evitar la destrucción de sus territorios por megaempresas foráneas que en nada aportan al bienestar de las poblaciones afectadas.

 

Decididos a su defensa, las comunidades de diferentes municipios acudieron al Artículo 105 de la Constitución, el cual da vía libre a la consulta popular como mecanismo de participación directa: “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”1.

 

Armados de este derecho, se batieron durante el 2016 en una lucha constante en contra de la explotación minero-petrolera y la corrupción, lucha dilatada hasta el 2017 que apenas inicia, un año donde las consultas de diverso orden abrirán un escenario de reivindicación popular, ¿Será este fenómeno uno de los tantos reflejos de la crisis que refleja la democracia realmente existente en nuestro país?

 

La gesta

 

En particular, el segundo semestre del 2016 fue un período intenso para las poblaciones de los territorios colombianos seleccionados para la ejecución de fracking y la minería a gran escala por diferentes multinacionales, dentro de las que sobresalen AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

 

Inmenso territorio. Alrededor de 10 municipios solicitaron a la Corte Constitucional la aprobación de la consulta popular como mecanismo para exigir su derecho sobre los territorios y soberanía sobre los hidrocarburos, simultáneamente a estos procesos, el Gobierno, como respuesta, no dudó en desatar atropellos contra las organizaciones y líderes sociales2.

 

Como parte de esta disputa, el fenómeno de las consultas populares generó un ambiente de controversia al interior de la Corte Constitucional, donde el debate entre dos magistrados definió el retroceso que tomarían estas iniciativas. El caso puntual fue el municipio de Ibagué, donde la consulta fue defendida y aprobada por el magistrado Jorge Iván Palacio con la ponencia en contra de la explotación de petróleo por medio de la ejecución de fracking3. Pero días antes de que esta consulta se llevara a cabo, el magistrado Bastidas calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa, lo cual la inhabilitó y aplazó los comicios.
En su versión original, el interrogante al elector era:

 

“¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

 

Ante esta misma situación quedaron expuestas las comunidades campesinas, indígenas y afro de municipios como Cajamarca (Tolima), Paujil, Montañita, Doncello (Caquetá) y San Martín (Cesar), donde las multinacionales del petróleo y de la minería se abren paso con la ayuda de la represión del Estado.

 

Pese a este traspié, la esperanza de poder recuperar las más de 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 en producción sigue firme. La modificación de las preguntas promete, por ejemplo, que el próximo 22 de enero la población de Cajamarca (Tolima) por fin se pronuncie en las urnas ante las acciones que en su municipio lleva a cabo la multinacional AngloGold Ashanti.

 

En su versión final, luego de la revisión del magistrado Bastidas, de considerar que el gobierno local del municipio de Ibagué estaba sobrepasando el poder del gobierno nacional, el interrogante quedó así:

“¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades mineras metalíferas en todas las modalidades?”.

 

Hasta el momento esta es la única consulta con fecha fija. Mientras tanto, los demás territorios siguen adelantando sus procesos participativos para llegar a igual posibilidad.

 

2017: defensa del territorio, la vida y... ¿la democracia?

 

No sólo minería y medio ambiente. Las consultas se abren a otros ámbitos, uno de ellos el que sintoniza a Bogotá, Bucaramanga y Neiva: la revocatoria de sus respectivos alcaldes. En estas tres capitales fueron inscritos comités de impulso de tal medida. Su común denominador: los hoy alcaldes prometieron en campaña un conjunto de obras que lejos están de ser realidad.

 

En el caso de Bogotá, la propuesta de revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, “deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015”.

 

Además de los artículos que sustentan el derecho a la revocatoria, el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó 18 razones por las cuales exigen un cambio de mandato (ver recuadro).

 

De igual manera, en Bucaramanga el comité promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, informa que “la iniciativa Popular de revocatoria del mandato [...] está motivada por la inconformidad de los [email protected] de diferentes sectores de la ciudad, que están afectados e inconformes por el incumplimiento al plan de gobierno, por haber sido engañados por las promesas hechas en campaña por Rodolfo Hernández y la forma como ha afectado la ciudad y los sectores más deprimidos”.

 

Las propuestas de campaña que quedaron congeladas una vez inició su gestión al frente de la ciudad, son:

 

  • Reingeniería a Metrolínea y ‘Metrocable’
  • Soluciones de vivienda para 20 mil familias
  • Solución técnica a las basuras
  • Centro cultural en los cerros orientales
  • ‘Repensar’ el espacio público de la ciudad
  • Empresa de servicios integrados

 

También en Neiva los pobladores consideran que el municipio necesita estar en manos de alguien que pueda administrar mejor los recursos, y que en lugar de reducir las ofertas de empleo para los neivanos, las amplíe. Su motivación para la recolección de más de 22 mil firmas para la realización de la revocatoria es que: “[...] ha tenido un cambio radical y no ha cumplido su programa de gobierno. Él se comprometió básicamente en dos cosas: generar bienestar social y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, ni ha generado bienestar social porque se ha llevado la contratación de Neiva para fuera del departamento”, manifestó Calderón Cuéllar, uno de los líderes de la revocatoria, y tampoco ha atacado los casos de corrupción presentes en sus secretarías.

 

A un año de electos los gobiernos municipales, las poblaciones exigen cambios para re direccionar e intentar subsanar las grietas sociales, políticas y económicas que los recientes alcaldes electos profundizaron en pocos meses.

 

Por si fuera poco

 

El 2016 también posibilitó un escenario para que la exfiscal Viviane Morales abriera dentro del Congreso de la República el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema ha dividido a la Iglesia, los organismos de control, Ongs, universidades y al Estado entre lo que sería un derecho o un acto de irresponsabilidad para la sociedad.

 

De acuerdo a la exfiscal, la familia tradicional es el único modelo que posibilita el bienestar de un niño. Pero tal como lo expresó la senadora Claudia López “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”. Sin embargo, la motivación y argumentación ortodoxa de la senadora Morales, se reforzó con lo sucedido en el plebiscito por la paz y la maquinaria de la campaña del No.

 

Este referendo, al ser uno de los que más opiniones encontradas han despertado en nuestra sociedad, también es uno de los que más ha avanzado en su aprobación, en procura de un modelo de familia única e invariable.

 

A la par de éste, empieza la recolección de firmas para que el Congreso de la República le dé vía libre a la cadena perpetua para quienes violen niños.

 

Como puede concluirse, el 2017 será un año de intensa actividad política-territorial, en el cual el territorio, el agua, la explotación de hidrocarburos y minerales, el patrimonio público, los derechos humanos fundamentales y la vida, ocupan el campo de batalla entre quienes realmente los necesitan y aquellos que solo ven en ello un lucro económico para su propio beneficio y doctrinas. La democracia que tenemos, atacada por las voces de lucha que reclaman sus derechos, se pone a prueba.

 

1 http://www.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
2 Ver Magazine DATV 5, http://bit.ly/2iTdgaD.
3 http://www.cmi.com.co/justicia/corte-constitucional-ataca-el-fracking/403891/

 


 

Recuadro 1


En Bogotá, las razones contra Peñalosa

 

• No hacer el Metro subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
• Subirle 200$200 a Transmilenio.
• Dejar a los bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
• Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en Colombia para venderla a privados.
• Quitar bicicletas gratuitas de la carrera 7ma.
• Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
• Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4; privatizó toda la contratación de la salud en el distrito, el hemocentro distrital y el banco de órganos.
• Perseguir vendedores ambulantes sin darles alternativas.
• Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 Billón de pesos en utilidades para la ciudad.
• Permitir las corridas de toros
• Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
• Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
• No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
• Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó por meter más y más Transmilenios.
• Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4 Billones y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 Billones de pesos que pagaremos con impuestos.
• Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
• Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causado tanto daño ambiental, económico y social.
• Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.

Publicado enEdición Nº231
Sábado, 12 Noviembre 2016 06:24

Retoman el diálogo político en Venezuela

Retoman el diálogo político en Venezuela

Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia.

 

El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudaron ayer, a instancias del Vaticano, un diálogo que busca resolver la profunda crisis de Venezuela, en un campo minado al estar en disputa la continuidad del chavismo en el poder.


Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia, abordados en mesas separadas. El presidente Maduro, afirmó ayer que está dispuesto a mantener el diálogo emprendido con la oposición para resolver la crisis política, pero “sin bravuconerías ni ultimátums. “Yo he hecho todo lo posible e imposible para que haya diálogo de paz con la derecha y estoy dispuesto a seguir, pero sin ultimátum, sin bravuconerías’’, aseguró el mandatario en su programa radial La hora de la salsa.


La declaración se produce en la antensala de la segunda reunión de la mesa de conversaciones bilaterales, convocada con el fin de analizar los avances de cuatro mesas temáticas. El diálogo entre el gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue instalado el pasado 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).


La MUD insiste en un referendo revocatorio contra Maduro -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre de 2017. Pero el mandatario, cuyo período finaliza en enero de 2019, reiteró que la agenda electoral ya está definida, dando a entender que no puede haber modificaciones. “En unos meses tenemos elección de gobernadores, vamos a prepararnos para ganarlas’’, sostuvo. “Queremos que esta sea una mesa de diálogo victoriosa (...), que podamos navegar las aguas de lo que queda del año 2016, los años 2017 y 2018. Naveguemos en paz’’, exhortó Maduro.


En la misma línea el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, descartó un adelanto de los comicios presidenciales. “No hay referéndum ni hay elecciones generales, aquí lo que hay es revolución, felicidad y tranquilidad para nuestro pueblo’’, aseguró ayer ante miles de partidarios en Mérida (oeste).Otro punto planteado por la MUD es la liberación de lo que consideran presos políticos, pero Cabello rechazó que el diálogo se convierta en una ley de amnistía’’. “No puede convertir, la derecha venezolana, el diálogo en una ley de amnistía para que salgan los asesinos’’, dijo.


La oposición exigió resultados concretos del diálogo para ayer, bajo amenaza de retirarse de la mesa y retomar su ofensiva contra Maduro que incluye una marcha al palacio presidencial de Miraflores, suspendida el 3 de noviembre. Ante ello, Cabello señaló que el chavismo está preparado para contener una movilización opositora hacia Miraflores. “Si ustedes nos quieren ver en la calle, provoquen a este pueblo’’, desafió. Maduro había anunciado que el gobienro entregaría en la cita un documento con su visión de una salida a la crisis, y solicitó a la oposición no levantarse de la mesa. “Quiero que estén sentados en el proceso de diálogo que se inicia, hay que tener paciencia’’, dijo el mandatario en su programa radiofónico.


El diálogo se abrió cuando la tensión estaba al tope por la suspensión, el 20 de octubre, de un referendo con el que la MUD buscaba revocar el mandato de Maduro. De no fructificar el proceso, el conflicto podría escalar de nuevo. A la cita asistieron el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli, y los ex gobernantes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur.


Luego de la tregua de once días, la oposición, que quiere evitar que el gobierno use el diálogo para ganar tiempo, acudió a la mesa exigiendo resultados concretos. “Venezuela es una olla de presión y la válvula, que era el revocatorio, la soldaron. La MUD busca en la mesa la solución electoral. O nos devuelven el referendo o se activa un acuerdo para adelantar elecciones’’, declaró el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó una acción legal que buscaba reactivar la consulta, al declarar inadmisible un recurso presentado por la MUD, según un fallo difundido ayer.


“No estoy obsesionado con elecciones, mañana eso lo decidirá el pueblo en el 2018. Resolver lo económico, esa es mi obsesión’’, declaró Maduro. Pero para la oposición un cambio de gobierno es la única salida a la devastación económica del país petrolero, agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y una inflación que rondará este año 475 por ciento según el FMI. “Somos escépticos. Los venezolanos necesitamos señales de cambio. Estamos al límite, la situación económica es una bomba que puede explotar’’, declaró el ex candidato presidencial Henrique Capriles.


Analistas ven improbable que el gobierno acepte reactivar el referendo o adelantar elecciones. Según Luis Vicente León, presidente de Datan lisis, ello implicaría la salida del chavismo del poder, dada la impopularidad del 76,4 por ciento que tiene Maduro, según la firma Venebarómetro. “Parece que la tendencia de la oposición es negociar imposibles’’, declaró el politólogo socialista Nícmer Evans, fuerte crítico de Maduro. Para Evans la MUD cometió el error de paralizar, antes de ver logros del diálogo, la movilización en la calle, quedándose sin mecanismo de presión. “Lo demás es pedirle al otro que entregue todo (el poder) a cambio de nada’’, agregó Evans.


Además de la desactivación de las protestas, la presión internacional bajó con el diálogo, apoyado incluso por Estados Unidos. Pero la elección de Donald Trump abre ahora interrogantes sobre la actitud hacia el proceso de conversaciones. Los analistas ven más factible avanzar en otras áreas. La MUD también exige un canal humanitario de suministro de alimentos y medicinas. Además, la sustitución de autoridades electorales y de justicia -a las que acusa de oficialistas- y la restitución del Parlamento, de mayoría opositora pero declarado en desacato por la corte suprema.

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Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció ayer en rueda de prensa que la coalición opositora MUD cumplió con el requisito de reunir 200 mil firmas como primer paso para la activación de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro

 

Caracas.

 

La oposición de derecha de Venezuela, congregada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cumplió con el requisito inicial de reunir 200 mil firmas, equivalente a 1 por ciento del padrón electoral, para avanzar en la activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE), que validó las firmas y huellas recolectadas durante junio.

 

"Los 24 estados cumplieron con el requisito de 1 por ciento (que representan 200 mil rúbricas) de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría", informó en conferencia de prensa Tibisay Lucena, presidenta del CNE.

 

Con la validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la activación de la consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el CNE debe responder en un máximo de 15 días naturales y luego, en 15 días hábiles, fijar la fecha y los puntos de recolección de 4 millones de firmas, equivalente a 20 por ciento del padrón, necesarias para convocar a la consulta.

 

Para ir a la siguiente etapa, la MUD exigía desde la semana pasada el pronunciamiento del CNE, al que acusa de ser aliado del gobierno y de retrasar el proceso para evitar que la consulta se realice antes del 10 de enero de 2017.

 

Ese fecha límite es clave. Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, se debe convocar a elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los completaría el vicepresidente.

 

Lucena detalló que en total la MUD logró autentificar 399 mil 412 firmas, que son casi más del doble de lo requerido. Agregó que en el proceso de revisión de las 200 mil rúbricas se detectaron irregularidades, como inconsistencias entre firmas y huellas, lo que podría tratarse de casos de "usurpación de identidad".

 

Por lo anterior, dijo: "vistas las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso".

 

Según Lucena, el CNE ha recibido dos solicitudes de información de la fiscalía, ante la cual Maduro presentó una denuncia por usurpación, que se suma a una demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por supuesto fraude en el acopio de voluntades. Además, hay unos 8 mil 600 recursos legales interpuestos por el oficialismo.

 

Para revocar el mandato de Maduro se necesitan más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido en 2013. Según la firma Venebarómetro, 74.4 por ciento de los venezolanos reprueban su gestión y 64 por ciento de los electores votarían por sacarlo del poder.

 

El gobierno de Maduro enfrenta una grave crisis política y económica, cuyo malestar se ha visto reflejado en protestas por una escasez de alimentos y medicinas que alcanza 80 por ciento. A esto se suma una inflación galopante de 180.9 por ciento durante 2015, y según proyecciones del Fondo Monetario Internacional llegará a 720 por ciento para 2016.

 

El gobierno, que atribuye la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una "guerra económica" de empresarios, asegura que no habrá referendo este año.

 

Horas antes de conocerse el pronunciamiento del CNE, Jorge Rodríguez, representante de Maduro en la comisión de validación de firmas, dijo que el referendo revocatorio que promueve la oposición de derecha contra el presidente "está muerto legalmente", debido a una serie de irregularidades en las firmas que presentó.

 

Además, se entregaron al CNE nuevos elementos "del más gigantesco fraude en la historia de Venezuela", añadió el también alcalde de Caracas, en referencia a irregularidades en las rúbricas del 1 por ciento del padrón electoral nacional recolectadas por la oposición.

 

Según el oficialismo, el CNE ha precisado que de un millón 957 mil 779 firmas reunidas por la coalición opositora, unas 605 mil 727 no cumplieron con los criterios establecidos por la norma para iniciar el proceso.

 

De ellas, 307 mil 747 no cumplieron con uno o más criterios, y que 97 mil 158 planillas sólo contenían datos en un campo: 86 mil 337 sólo tenían el nombre y el apellido, 80 mil 105 sólo la huella del elector, 18 mil 338 sólo el ciudadanos a revocar, 7 mil 823 sólo el cargo a revocar, mil 805 sólo la firma y 396 sólo la célula del elector.

 

Por último, añade que entre las irregularidades también había 10 mil 995 firmas de personas fallecidas.

 

El secretario estadunidense de Estado, John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a "no jugar a los retrasos" en el proceso de referendo revocatorio que impulsa la oposición. Añadió que “la Constitución venezolana garantiza el derecho de los venezolanos a que su voz sea escuchada a través del proceso de referendo.

 

"Llamamos a las autoridades venezolanas a permitir que este proceso avance de una manera oportuna y justa, y no jugar a retrasos que vayan en ventaja de una parte frente a otra, en vez de en ventaja de la democracia", apuntó Kerry.

 

Esta declaración se dio en momentos en que fiscales de Estados Unidos anunciaban que acusarán a dos ex altos funcionarios antinarcóticos venezolanos, entre ellos a quien se convertiría en comandante de la Guardia Nacional, por su presunta participación en una trama de distribución de cocaína.

 

La acusación de una corte federal de Brooklyn identificó a Néstor Reverol, ex director general de la agencia antinarcóticos, y al ex subdirector Edylberto Molina, que luego se convirtió en agregado militar en Alemania.

 

En tanto, el papa Francisco admitió la posibilidad de que un representante del Vaticano participe en el grupo internacional de mediación que intenta poner en marcha un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.

 

El Tribunal Supremo de Justicia declaró que serán nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional,mientras se mantengan en ejercicio tres diputados opositores reincorporados recientemente, tras ser impugnados por supuestas irregularidades en los comicios en los que fueron elegidos.

 

El organismo calificó de desacato la decisión tomada por el Legislativo, tras advertir que podría activar acciones judiciales.

 

 

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Miles validan firmas para el referendo contra Maduro

Miles de venezolanos hacían fila este lunes en colegios, estadios, bibliotecas, plazas y otros sitios para validar ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) las firmas que registraron para pedir la activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó hace dos semanas que de las casi dos millones de firmas que recogió la oposición en mayo para convocar al revocatorio, unas 605 mil fueron invalidadas, pero quedaron habilitados para refrendar sus firmas 1.3 millones de ciudadanos; sólo son necesarias alrededor de 200 mil firmas válidas.

La validación continuará hasta el viernes, y el CNE tiene hasta el 26 de julio para revisar las firmas.

De proceder la validación, la oposición deberá reunir 3.9 millones de firmas en tres días. En caso de lograrlo, el CNE tiene 15 días para revisarlas, pudiendo rechazarlas y solicitar nuevas.

Si el CNE considera que se ha alcanzado el número requerido de firmas y huellas, debe convocar al referendo dentro de los siguientes 90 días.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insistió en que en Venezuela hay "una situación de grave alteración de la vida institucional", en declaraciones al diario colombiano El Tiempo.

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Domingo, 12 Junio 2016 07:37

Maduro dice no a un referéndum en 2016

“Esto se hace para que no haya fraude como hubo hace doce años”, dijo Maduro.
 
Maduro llamó a sus partidarios a revisar si sus firmas fueron falsificadas y agregadas en las planillas para solicitar el referéndum. Indicó que de las 1,85 millón de firmas, más de 600.000 fueron declaradas fraudulentas.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que si la oposición reúne los requisitos legales para activar un referéndum revocatorio de su mandato, éste se celebraría en 2017.

 

Maduro descartó que la consulta que tramita la oposición con firmas de electores se realice este año, como plantean los impulsores de la consulta, lo que abriría las puertas a una nueva elección presidencial en 2016. Es que si se hace en 2017 y triunfa el revocatorio, un vice completaria el mandato de Maduro. El gobernante denunció que la oposición presentó un paquete podrido con firmas falsas y retó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a venir a Venezuela con el traje de Superman. Maduro afirmó que el 31 por ciento de las firmas que presentó la oposición para solicitar el referéndum son fraudulentas, lo que acarreará acciones legales contra quienes lo proponen. El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió 1,3 millones de firmas de los 1,85 millones que entregó la oposición y fijó la semana del 20 al 24 de junio para la validación de esas rúbricas, cuando los firmantes irán a los centros regionales del CNE para ratificar sus intenciones.

 

“Ellos (oposición) trataron de incendiar el país y no pudieron. Si cumplen los requisitos, el referéndum será el próximo año y punto.

 

Debemos respetar al CNE. Si el CNE dice que en el curso de este año han reunido los requisitos, el referéndum será en marzo de 2017, iremos al referéndum y lo ganaremos con el pueblo en la calle”, aseveró Maduro. Además, agregó que si el CNE dice que no cumplieron los requisitos constitucionales y reglamentarios, el país debe acoger esa decisión soberana de los poderes públicos.

 

Maduro llamó a sus partidarios a revisar si sus firmas fueron falsificadas y agregadas en las planillas para solicitar el referéndum, al tiempo que gritó “no al fraude”. Indicó que de las 1,85 millones de firmas de electores que entregó al oposición al CNE para pedir el referéndum, más de 600.000 fueron declaradas fraudulentas. A su vez, dijo que el CNE estableció la validación de las firmas para evitar el supuesto fraude ocurrido en 2004, cuando fue activado un referéndum contra el presidente Hugo Chávez, quien aceptó miles de firmas falsas, según Maduro, para ir a la consulta en un intento para que la oposición entrara en el camino democrático. “Todo esto se hace para garantizar que no habrá fraude como hubo hace 12 años. Esto se hace para garantizar que cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, salimos a reconocer”, aseveró. “Pero no nos vamos a calar más fraudes, firmas falsas y si quieren que se traigan a Almagro vestido de Rambo y Superman, con los interiores por fuera. Aquí lo espero, Almagro, ridículo. Imagínense ustedes a Almagro como Rambo, con los interiores por fuera. Almagro y sus interiores por fuera de Superman. Qué ridículo, te esperamos en la bajadita, la historia te tendrá en el infierno de la traición, basura. A Venezuela se respeta y la vamos a hacer respertar”, afirmó Maduro.

 

El líder opositor Henrique Capriles respondió a Maduro, que el referendum revocatorio será este año. “¡El revocatorio será este año y punto! ¡Ratifico lo dicho, el Pueblo firmó impecablemente! ¡Y en todo caso para algo está la validación!”, escribió Capriles en su cuenta de Twitter.

 

Almagro convocó para la próxima semana el Consejo Permanente de la OEA para debatir a crisis venezolana y la posible invocación de la Carta Democrática Interamericana. Maduro dijo que en las firmas entregadas por la oposición para pedir el referéndum había 11.000 muertos y 1300 condenados por cargos de narcotráfico, homicidio y secuestro. “Ellos tenían que recoger 200.000 firmar, las tienen, si querían convocar el referéndum este año. Pero ahora están pasando la vergüenza de todo esto”, indicó y atribuyó la responsabilidad del desastre de las firmas al líder opositor Henrique Capriles, principal impulsor del referéndum.

 

Por su parte, los cancilleres de Argentina, Chile y Uruguay se manifestaron ayer complacidos por el anuncio del Consejo Nacional Electoral(CNE) de Venezuela de autorizar la validación de las firmas vinculadas al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. “La decisión constituye un primer paso hacia la pacificación que permite alentar la esperanza de que el proceso iniciado pueda alcanzar resultados positivos en el menor tiempo posible para todos los venezolanos”, señalaron en una declaración conjunta los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Susana Malcorra; de Chile, Heraldo Muñoz; y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa. El referéndum revocatorio puede activarse este año, ya que el mandato de seis años del presidente Nicolás Maduro llegó a la mitad. El proceso incluirá una semana de “reparos” de firmas, durante la cual los electores podrán retirar sus decisiones en caso de que hayan cambiado de opinión.

 

 

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