Lunes, 10 Diciembre 2018 07:38

El salario, más que mínimo, vital

Fernando Molina

En Colombia, ¿permite el salario mínimo vivir en dignidad a quien lo devenga? La pregunta, pertinente en tanto cada año por estos días se da cita la Mesa de concertación laboral, tiene respuesta conocida: un quejido lastimero, desprendido de una vida, muchas vidas, de cientos de miles, de quienes no tienen para malvivir más que la venta de su fuerza de trabajo, cerca de 1.800.000 que en nuestro país devengan 781.242 pesos más los 88.211 de subsidio de transporte, menguado recurso del cual también se valen su núcleo familiar para pasar el día a día. Un millón de pensionados también viven al límite bajo tal ingreso, lo que obliga a muchos de ellos a proseguir por otras vías su esfuerzo laboral.


El mundo del trabajo en nuestro país es de una inmensa precariedad: integrada la población económicamente activa por 25 millones de personas, 12 millones de la misma labora en la informalidad, 6,5 millones cuentan con empleo precario y el 9,5 por ciento está desempleada (2.370.000 personas). El 85 por ciento del total de quienes trabajan gana menos de dos salarios mínimos. El 50 por ciento de este conjunto de hombres y mujeres, que cada día tienen que salir a vender su fuerza de trabajo, recibe por la misma un ingreso inferior al salario mínimo. Un 15 por ciento (3.740.000 personas), parte constitutiva de la llamada clase media, devenga más de dos salarios mínimos y debe cubrir una canasta básica familiar (CBF) que asciende a $ 3.200.000 pesos. No es casual, por tanto, que el país cuente con 13 millones de pobres por ingresos insuficientes, y que al mismo tiempo registre como el segundo más desigual de la región y el séptimo en todo el mundo (1).


Para quienes obtienen el salario mínimo, el trabajo y la remuneración correspondiente no están en equilibrio y ésta no se corresponde con el nivel de las necesidades que implican el costo de la CBF, estimada en 1.300.000 pesos, mucho menos para hacer realidad un mínimo vital, como lo estipula la propia Carta Constitucional en su artículo 53, así como el artículo 112 del Estatuto del Trabajo (2). El mínimo vital se entiende como el ingreso requerido por una persona para cubrir todas aquellas necesidades básicas que le demanda la existencia misma, y así poder vivir en dignidad, sin carencias y limitantes en techo, vestido, alimento, salud, educación, recreación, cultura, y tantos otros aspectos que todos tenemos que atender sin restricciones para no sentirnos negados o excluidos, como lo estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948 (Ver informe especial).


Es claro que en el país el salario mínimo recibido por los trabajadores rasos no corresponde a este mínimo vital y escasamente alcanza para lo más básico que requiere el trabajador, a fin de reproducir su fuerza de trabajo, así como para que su cónyuge y su prole estén bajo un techo seguro y tengan un plato en la mesa que satisfaga las demandas de energía esencial que requiere su cuerpo, de modo que funcionen al límite, pero no para mucho más. En estas condiciones, la posibilidad de recreación y descanso, de asistir a una sala de cine o a una obra de teatro, a un parque a recrearse, de ir a otras partes de su país y del mundo, quedan como lujos, añoranzas, sitios y sucesos que escasamente la televisión creará como falsa ilusión de gozar y conocer.


No es extraño, por tanto, que en cada familia dos o más de sus integrantes tengan que vender su fuerza de trabajo para responder por las demandas de cada día, como tampoco que uno o varios de ellos deban laborar no 8 horas del día sino 12, 14 o más, en uno o en varios trabajos, tal vez uno de ellos estable y tras cumplir con su jornada formal salir a desplegar oficios varios por cuenta propia.


De esta manera, de ser el trabajo un derecho por ejercer libremente, entendido como espacio de realización personal y colectiva, y oportunidad para poner en práctica saberes y compartir con otros en pos de un mundo mejor, un espacio, por tanto, de satisfacción diaria ante las circunstancias en que es llevado a cabo, termina siendo todo lo contrario: un espacio que niega sueños y capacidades; una rutina diaria a la cual se asiste por obligación pero no por mucho más.


Esta realidad nos enfrenta a una de las derrotas inocultables vividas por la clase obrera, pero también por el conjunto social en la última parte del siglo XX: tener que trabajar más de 8 horas diarias. Tres ochos, y entre ellos 8 horas de trabajo, fue la divisa por la cual se batieron miles de miles en el siglo XIX, reglamentada como triunfo en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, presionados los poderes tradicionales de entonces para ello por las acciones de la Revolución Soviética, que la instituyó como beneficio para su población, obligando al capitalismo a copiar y así neutralizar la ofensiva obrera de la época.


Otra derrota vendría en el curso de este mismo siglo, también para el conjunto social: la idealizada liberación de la humanidad que propiciaría la tecnología, creando todas las condiciones para la reducción de la jornada de trabajo y facilitando, así, la “pereza” como derecho y espacio para la creación libre y colectiva, abriendo todas las condiciones para dejar atrás la alienación que acompaña la venta de la fuerza de trabajo.


Como lo constatan en su día a día los millones que no tienen otra opción que salir al mercado laboral a vender lo único que tienen, ahora no sólo se trabajan más de 8 horas diarias sino que, además, el nivel de productividad de quien ejecuta algún oficio es mucho mayor que lo aportado por sus pares de hace 50 o más años, generando, por consiguiente, mayor plusvalía a su patrón. No son casuales, entonces, los niveles de rentabilidad que hoy conoce la humanidad y los de concentración de la riqueza, todo ello potenciado por la especulación en los mercados y la financiarización que cruza al sistema social como un todo.


Pero esa situación de precariedad no parece aún suficiente para el capital. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, repitiendo un ‘mantra’ que lo acompaña desde las épocas en que estuvo al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, insiste en que “el salario mínimo en Colombia es un chiste, ridículamente alto, y debe ser reducido”, para lo cual utiliza un recurso retórico con disfraz de argumento técnico, esgrimido por la Ocde: la distancia entre el salario mínimo y el promedio de los salarios del país es muy estrecha. Dado que el salario promedio está alrededor de 1.250.000 pesos, los 869.453 pesos del salario mínimo actual (salario directo más subsidio de transporte) son un valor muy cercano al 70 por ciento, mientras que en México ese porcentaje es del 29,4 por ciento, en Chile asciende hasta el 47,4 por ciento y en un país europeo como España es aproximadamente del 37 por ciento.


Bueno, sí, ¿pero eso qué significado tiene si es que puede asignársele alguno? Al esgrimir las cifras, lo que, por ejemplo, no nos cuentan es que en España menos del uno por ciento de los asalariados percibe dicho salario mínimo, pues la remuneración de la mayoría es considerablemente superior, mientras que en Colombia al menos una tercera parte de los asalariados devenga el mencionado salario mínimo.


Ahora, si en un ejercicio de lógica suponemos que todos los asalariados devengan el salario mínimo, el valor de éste sería igual al promedio; es decir, representaría el ciento por ciento de tal promedio. ¿Sería ese un dato que permita afirmar que es un salario alto? No, evidentemente, pues, si hablamos en términos de salarios relativos, tan solo podemos decir que son mayores o menores a determinado dato tomado como parámetro. Altos o bajos son adjetivos que, en el caso de las remuneraciones, únicamente empiezan a tener sentido si los medimos en términos de satisfacción de necesidades y de reproducción del conjunto material de la sociedad.


En otras palabras, afirmar que la distancia entre el salario promedio y el mínimo debe ser elevada porque sí, sin más elementos argumentales, no es más que una “trampa cazabobos” que, o bien es resultado de la perversión del entendimiento o de la intencionalidad, y en cualquiera de los casos no es más que el proceder de las lógicas convencionales del “pensamiento único”, que ha tenido como resultado el indiscutido aumento de las asimetrías sociales que hoy nadie sensato niega. En cifras, lo que propone el Ministro enriquecido con los bonos de agua, es decir, con significativas dentelladas al presupuesto de los pequeños municipios del país, es que el salario de la tercera parte de colombianos pobres sea reducido a un valor de 256.000 pesos si nos guiáramos por el porcentaje mostrado para México, o de 321.000 si lo hiciéramos por el de España.


Otros derechos al desagüe


Desde la década de los 80 del siglo pasado, la participación de los salarios en la renta nacional está en descenso en todo el mundo. En Estados Unidos, donde la participación salarial registró tradicionalmente un índice elevado, los salarios han decaído del 66 al 60 por ciento en los últimos 35 años, en una tendencia que da muestras de acelerarse. La desregulación y la flexibilización laboral han tenido un papel importante y desastroso en ese hecho. Problemas como el abaratamiento del despido, la práctica desaparición de la negociación colectiva –sustituida por la negociación individual del trabajador con la empresa– y contratos como los de “cero horas”, en los que, aunque el trabajador debe estar disponible en todo momento para trabajar, su tiempo de labor y de remuneración queda limitado a los intervalos en los cuales la empresa quiera utilizarlo, han aumentado a tal grado la volatilidad de los ingresos de las personas, hasta el punto en que hoy son muy pocos los trabajadores que tienen seguridad sobre el monto por percibir en un período.


El fin del modelo fordista, en el cual el empleo industrial y las organizaciones de trabajadores de ese sector jalonaban al conjunto de los asalariados por mejores condiciones laborales, no ha podido ser asimilado, quizá porque no ha sido lo suficientemente entendido, debilitando la correlación de fuerzas sociales en contra de los grupos subordinados. El retroceso de la sindicalización es uno de sus efectos y ha dado lugar a que, en las negociaciones, la debilidad sea una de las constantes que conducen a perder todavía más conquistas, cosechadas décadas atrás.


En este panorama, presentar el salario como hecho nefasto para el crecimiento, y el aumento de las ganancias como la cara buena y aceptable del asunto, fue un triunfo ideológico de la economía convencional que hoy es esgrimido y aceptado como si habláramos de un axioma. El principio de la respuesta está en remarcar que la fuerza de trabajo es una “mercancía ficticia” y que el salario, presentado como su “precio”, no es otra cosa que un malabarismo social para dejar a los trabajadores a merced del capital, y a la sociedad en grave riesgo de una distopía, tal como lo exponía Karl Polanyi a comienzos de la segunda mitad del siglo XX: “La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esa mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, psicológica y moral que es el ‘hombre’ al que se aplica ese título. Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición” (3).


Por tanto, el salario, así se quiera velar su naturaleza, es una categoría de la distribución del ingreso social y, por más que la economía convencional insista en presentar su valor ‘ideal’ como dato técnico, lo cierto es que, como hecho social que mide la participación de los trabajadores en el producto nacional, su definición resulta ser de carácter político y refleja el poder real de los asalariados. La imposición por decreto del salario mínimo como una constante, en la que el valor fijado por el gobierno colombiano no ha hecho más que ratificar las posiciones de los empresarios, es simple reflejo del inexistente peso de los trabajadores en la estructura del Estado.


En estas condiciones, la Mesa de concertación laboral, para que no reproduzca –como hasta ahora lo hace– el ritual anual de tire y afloje de un salario mínimo que no garantiza ni el propio sentido de lo estipulado en la Carta Constitucional, y que no compromete sino a una minoría de la población económicamente activa, debiera pasar por alto la discusión concerniente al salario mínimo, y adentrarse en la realidad y la complejidad del país y del mundo del trabajo hoy realmente existente.


Es necesario, entonces, discutir otros modelos de jornada laboral por iniciativa de quienes representan a la clase trabajadora, de suerte que las 8 horas de trabajo pasen a ser cosa del pasado, dándoles paso a jornadas de 6 o menos horas, como resultado concreto de la mayor productividad que hoy se tiene en el trabajo, pero también como opción para quebrar el desempleo estructural que registra el país. Como resultado concreto, menos horas de labor sin reducción de la remuneración salarial total.


De igual modo, se impone la discusión sobre cómo avanzar hacia un modelo de país en el cual la justicia y la felicidad sean dos de sus premisas fundamentales, como crear industria urbana y rural de distinto tipo; con especificaciones por región, grupos humanos, cultura y saberes; ambientalmente amable, y con capacidad para satisfacer el mercado interno y cubrir una parte del externo.

Serían una industria y un modelo laboral por potenciar que acojan la participación directa, con voz y voto de quienes asisten a un puesto de trabajo, en forma tal que su labor no sea sólo operar una máquina o dinamizar un proceso cualquiera sino, además, participar controlando y dirigiendo la razón misma de ser de la empresa a la cual está integrado. Y, por esta vía, participar del diseño del tipo de país que requerimos.


Sería ésta una discusión con patrones y gobierno para construir modelos propios que permitan dejar atrás el desempleo estructural que afecta a Colombia, a la par de romper la informalidad laboral, el subempleo, el desempleo disfrazado, y, con todo ello, los salarios precarios e insuficientes, creando condiciones reales para que el mínimo percibido cada mes pase a ser vital.


Tal polémica tripartita, con iniciativa obrera, permitiría comprometerse en encontrar fórmulas para superar la desigualdad social que postra a millones de connacionales, excluidos, negados en un continuum de desarrollos sociales que hoy pudieran servir para que todos vivamos mejor, no sólo unos cuantos, y así realizar, por fin, el potencial de la ciencia y la tecnología como productoras y multiplicadoras de saberes para liberar a la humanidad de la esclavitud del trabajo. Como prolongación de ello, oportunidad para elevar la capacidad creadora de mujeres y hombres y –¡cómo no!– vía para la redistribución de los bienes que deben ser de todos, sentando así las bases para la justicia, la libertad y la solidaridad efectivas.


La discusión sobre el salario mínimo, como la han llevado hasta ahora, es un debate anual ritualizado, por superar. Validos de la iniciativa alternativa hay que desnudar ante el país los privilegios de que gozan los más ricos a todo nivel, como efecto directo del control que ejercen del poder, y de un mundo del trabajo reglamenetado de acuerdo a sus requerimientos. Hay que impedir, así, que prosiga la discusión esteril sobre el alza en uno o dos puntos más de la tasa de inflación, cerrando así el paso a propuestas como las de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) el pasado 26 de octubre, al aprovechar la instalación de la Mesa de concertación de política salariales y laborales, y sentar de una en el 4 por ciento su apuesta de reajuste del salario mínimo para 2019 (4), dejando claro que, a pesar de ser el sector que más gana en el país, nada quieren saber de salario vital y de posibilidad de vida digna para las mayorías, mucho menos de redistribuir riqueza ni de construir un país de todos y para todos.


Es una iniciativa y un debate pertinente que exigiría adelantarse en el curso, por lo menos durante todo un año, con mesas y submesas desplegadas por todo el país, en que sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores por contrato a término indefinido y reglados por otro tipo de éste, subempleados y desempleados, deliberen y dibujen el país que realmente requerimos, presentando ante su contraparte el debate sobre la justicia social como imperativo para el futuro y para el ahora.


Sería una saludable confrontación de modelos de país por llevarse a cabo, además, en barrios y veredas, allí donde millones tienen hoy sus pequeños talleres y negocios de mercadeo, quebrando por esa vía la estructura sindical tradicional, dinamizando y dándole sentido de actualidad a esa histórica forma organizativa que en Colombia, por diferentes motivos, nunca ha logrado representar a las mayorías.


Temas, todos ellos, y otros más, sobre los que no habrá concertación ni cercanía de ningún tipo, pero vitales de encarar para diseñar entre los de abajo el país que deseamos. Debate y acción necesarios para retomar la iniciativa obrera y tejer una bandera de múltiples colores bajo la cual arropar a los 25 millones que conforman la población económicamente activa del país (con beneficio extendido para el total de quienes habitan este territorio, parte del sistema mundial), fuerza suficiente para hacer realidad el sueño de que el trabajo no sea factor de opresión sino de libertad.

 

1. La República, 16 de noviembre de 2017, https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469.
2. Art. 112. Salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital es aquel que percibe el trabajador como contraprestación y será el adecuado para atender las necesidades del trabajador y las de su familia en el orden material, moral y cultural; y móvil para proteger su poder adquisitivo frente a las fluctuaciones de la economía. Con todo, la remuneración mínima, vital y móvil aumentará en consideración a la cantidad y calidad del trabajo.
3. Polanyi Karl, La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, F.CE., México, D.F, 2003. p. 123.
4. “Presidente Duque busca una concertación laboral”, en Mintrabajo es noticia, http://www.mintrabajo.gov.co/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/presidente-duque-busca-una-concertacion-laboral.

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Asumió López Obrador con la promesa de cambio

Propuso bajar el precio de los combustibles, subir el salario mínimo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar a 2,3 millones de jóvenes como aprendices pagos en empresas.

 

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió ayer el enorme desafío de impulsar un cambio radical en el país que acabe con la corrupción, la impunidad y la inseguridad al tiempo que aplicaría costosas medidas sociales en beneficio de las clases más desfavorecidas. La magnitud del reto es descomunal por los graves problemas que arrastra México con un 43 por ciento de la población en situación de pobreza a lo que se une un sistema de corrupción público y privado que atenaza el crecimiento y desarrollo del país.
La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Diputados, donde el diputado Porfirio Muñoz Ledo colocó la banda presidencial que antes el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, le había entregado al legislador y ex alcalde de la Ciudad de México, al igual que su amigo López Obrador. “No tengo derecho a fallar”, afirmó el nuevo presidente en su discurso, en el que prometió además trabajar 16 horas, reunirse con su gabinete a partir de las seis de la mañana y trabajar sin descanso. “El poder político y económico se han nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de la nación”, afirmó.


López Obrador, de 65 años, prometió también someterse a una consulta de revocación dentro de dos años y medio para que el pueblo decida si prosigue su mandato o se vuelve a casa. Entre las promesas se incluyen, por ejemplo, bajar el precio de los combustibles, construir una nueva refinería de petróleo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar 2,3 millones de jóvenes como aprendices remunerados en empresas, aumentar la pensión de adultos mayores al doble y con carácter universal, dar un millón de pensiones por discapacidad y ayudas sociales a las clases más necesitadas y sin intermediarios. También prometió aumentar el salario mínimo y dijo que no volverá a fijarse por debajo de la inflación.


López Obrador apuesta que todo ello lo conseguirá con un trabajo desmedido y la confianza absoluta en el pueblo mexicano. A ello se suma acabar con la violencia en un país con casi doscientos mil asesinatos en los últimos seis años y un poder de los carteles del narcotráfico cuyos tentáculos llegan a todo el país. El nuevo mandatario se comprometió a crear una nueva Guardia Nacional para combatir la inseguridad y la violencia en México.


“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, subrayó ante un pletórico Congreso, dominado por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).En su discurso de investidura, López Obrador prometió resolver los males del país comenzando por la corrupción y la impunidad, además de hacer inversiones millonarias en proyectos de infraestructuras y aplicar programas sociales para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.


Todo ello, además, con la promesa de no aumentar la deuda pública del país, que se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos 18 años.


López Obrador arremetió en su discurso contra las políticas neoliberales de las ultimas décadas que han provocado, aseguró, “un desastre y una calamidad” para el país, causal de una “inmunda corrupción pública y privada”. Las recetas del nuevo presidente para tamaña empresa se basan en una mezcla de medidas distributivas y la apuesta de imponer la decencia en la toma de decisiones para acabar con la corrupción.


La austeridad es parte de la marca política de López Obrador: desde vender el avión presidencial para viajar en vuelos regulares a la rebaja de un 40 por ciento en su sueldo o garantizar que será castigado de inmediato cualquiera de su Gobierno, comenzando por su familia, que comenta la mínima felonía.


El entusiasmo y la fe de sus seguidores era palpable ayer durante la ceremonia de cambio de mando. Frente a ello permanece el escepticismo de la población que no votó por su partido, Morena, que propugna políticas de izquierdas y de beneficio a los más desfavorecidos. Frente a la reserva de empresarios y una parte de la población, López Obrador recibió ayer el enorme respaldo internacional al acudir a la ceremonia de investidura la mayor representación internacional que ha asistido a la toma de posesión de un presidente mexicano.
Desde el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, al rey Felipe VI de España y los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y otros representantes de más de 50 países, incluyendo la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, le dieron a López Obrador un fuerte respaldo.


También acudió a la ceremonia el poderoso e influyente empresario mexicano Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando López Obrador agradeció la presencia de los representantes extranjeros y nombró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (quien no se encontraba en el recinto), varios personas presentes en la sala empezaron a gritar “dictador, dictador”.


López Obrador se mostró convencido del éxito de su gestión. “Nos vamos a convertir en una potencia económica mundial y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible”, concluyó.

 

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El Partido Comunista Chino contra las leyes laborales chinas

Xi Jinping inicia su visita a España mientras en China 32 obreros y activistas permanecen arrestados, incomunicados o desaparecidos por organizar un sindicato independiente en su centro de trabajo, una figura reconocida en las leyes de este país asiático.

 

Xi Jinping se presenta a sí mismo como un hombre del pueblo, en sintonía con las necesidades y aspiraciones de quienes se han quedado fuera del milagro económico chino. En el XIX Congreso del Partido, celebrado en 2017, habló de la “principal contradicción” en la sociedad china como aquella entre “el desarrollo inadecuado y desequilibrado y las necesidades siempre crecientes de una vida mejor”. Sin embargo, el presidente ha ido concentrado un poder creciente en sus manos y derribado límites para el mandato presidencial. El acuerdo implícito se basaba en que usaría esta autoridad aumentada para romper el poder de los grupos de interés arraigados en beneficio de la gente común. 

Pero los recientes desarrollos en la provincia de Guangdong sugieren que puede haber otra contradicción más profunda: aquella entre un Gobierno cada vez más dictatorial de Xi y su deseo de mejorar la vida de la gente pobre.


En mayo de 2018, un grupo de trabajadores de Shenzhen Jasic Technology Co (Jasic) comenzó a responder a los diversos esfuerzos de la compañía para engañarlos sobre su debida compensación, mediante el establecimiento de un sindicato de empresa, un derecho que garantiza la ley china. Pero en lugar de recibir apoyo del Gobierno, los trabajadores y sus aliados se han encontrado con el desprecio oficial, despidos, represión violenta, detenciones policiales y cargos legales espurios.


El Gobierno chino siempre ha recelado del sindicalismo independiente, un temor que se ha intensificado en los últimos años. Las centrales unidas a la federación de sindicatos de toda China, vinculada al Gobierno (ACFTU, por sus siglas en inglés), son las únicas autorizados por el Estado. Los sindicatos independientes han sido suprimidos hace mucho. Además, tras una severa represión, en diciembre de 2015, las ONG laborales independientes se han visto gravemente afectadas y sus trabajadores se han quedado sin recursos organizativos.
Ante el conflicto en Jasic, los trabajadores se quejaron ante la federación sindical del distrito, que inicialmente respondió que los trabajadores podían organizar una unidad de nivel empresarial para ayudar a abordar sus preocupaciones. Siguiendo el consejo de la federación sindical, los trabajadores decidieron establecer un sindicato en el lugar de trabajo y recogieron las firmas de 89 trabajadores para apoyar este esfuerzo.


Estas acciones fueron coherentes con la ley sindical de China. El artículo 10 de la ley establece que los sindicatos en el lugar de trabajo deben establecerse en las empresas, mientras que el artículo 11 estipula que el establecimiento de sindicatos en el lugar de trabajo “se presentará a la organización sindical en el siguiente nivel superior para su aprobación”.
Sin embargo, en lugar de ayudar y guiar a los trabajadores a formar un sindicato, en julio, la federación sindical hizo un requiebro y, en virtud de un deber especificado por la Ley de Sindicatos, afirmó que el esfuerzo de los trabajadores era ilegal. Jasic también denunció el intento de sindicalización y despidió a seis obreros en represalia.


A medida que el caso recibía mayor atención nacional, la campaña obtuvo el apoyo de los trabajadores de fábricas cercanas y estudiantes universitarios de todo el país. Sin dejarse intimidar por la hostilidad oficial, los trabajadores de Jasic continuaron protestando contra la fábrica, exigiendo su derecho a formar un sindicato. En lugar de responder a sus solicitudes legítimas, el 27 de julio, el Gobierno arrestó a 29 activistas, incluyendo a trabajadores de Jasic, trabajadores solidarios de otras fábricas y estudiantes, acusándolos de “problemáticos y buscapleitos”, un cargo delictivo que a menudo utiliza el Gobierno para reprimir las protestas.


Aunque fue un movimiento iniciado por los trabajadores, algunas ONG se vieron envueltas en la represión. Un empleado y el representante legal de Dagongzhe, una ONG laboral con sede en Shenzhen, fueron arrestados y detenidos por la policía bajo la misma acusación. Sin ninguna evidencia, la agencia de noticias Xinhua, controlada por el Estado, utilizó como cabeza de turco a Dagongzhe y a la ONG de Hong Kong Empoderamiento Obrero como responsables de las acciones colectivas de los trabajadores de Jasic. Finalmente, el 24 de agosto, el Gobierno desplegó a la policía antidisturbios para reprimir a los trabajadores y sus partidarios, y arrestó a más de 50 personas.


Algunos de ellos fueron liberados, pero a partir del 4 de septiembre, cuatro trabajadores de Jasic fueron acusados oficialmente. Otros once trabajadores y estudiantes de apoyo estaban bajo vigilancia, encarcelados o habían desaparecido.


Sin duda, los trabajadores de Jasic no son los primeros que han tratado de formar sindicatos en el lugar de trabajo de acuerdo con la ley laboral y se han topado con represalias del Gobierno y la patronal. Basándonos en nuestras investigaciones previas en China, desde 2010 trabajadores de numerosas fábricas en la provincia de Guangdong han solicitado la ayuda de federaciones sindicales de nivel superior cuando intentan establecer sindicatos de empresa.


Sin embargo, los sindicatos de nivel superior generalmente se han aliado con las empresas y no han apoyado a los trabajadores. Solo ante las incesantes exigencias de los trabajadores, algunos sindicatos de distrito han apoyado la solicitud de los trabajadores de formar sindicatos. Las quejas de los trabajadores sobre la intromisión de la patronal en la sindicalización han sido tomadas con indiferencia u hostilidad por parte de los altos mandos del sindicato.


Como en el caso de Jasic, muchas compañías han tenido manga ancha para llevar a cabo acciones en represalia contra los esfuerzos de los trabajadores por organizarse, tales como asignarles la tareas menos deseables, suspenderles de sus funciones o degradarles.


Esta imposibilidad del sistema para permitir a los trabajadores asegurar sus derechos legales en un sindicato es particularmente problemática dados los innumerables conflictos laborales del país. El Gobierno chino parece estar al tanto de que una reforma sindical puede ayudar a estabilizar las relaciones laborales. Para hacer a la federación ACFTU y a sus afiliados más responsables de las quejas de los trabajadores, durante el año 2000, el Gobierno apoyó la sindicalización en los centros de trabajo, especialmente entre las más grandes empresas extranjeras. Después de la ola de huelgas en 2010, el Gobierno trató de fortalecer la organización de sindicatos de empresa, junto con la implementación de unas elecciones sindicales piloto en el lugar de trabajo y convenios colectivos.


El intento de los trabajadores de Jasic de establecer un sindicato simplemente reflejó lo que el propio Gobierno ha estado defendiendo. Si los trabajadores toman la iniciativa de mejorar su bienestar de manera compatible con la ley, no hay razón para reprimirlos y los funcionarios deben trabajar activamente para hacer cumplir un entorno laboral legal.


Sin embargo, en el entorno político cada vez más represivo iniciado por el mandato de Xi, cualquier esfuerzo dirigido por los trabajadores se considera potencialmente desestabilizador. Si hacemos caso a las palabras a Xi, garantizar salarios y prestaciones decentes es un aspecto importante para abordar el “desarrollo desequilibrado” que tanto le preocupa.


Sin embargo, sin algún tipo de organización dentro del lugar de trabajo, los empleadores probablemente se sentirán capacitados para seguir engañando a los trabajadores sobre sus salarios y prestaciones, poniendo en cuestión su búsqueda de una mejor vida. Como lo reconoce la ley china, los trabajadores necesitarán cierta capacidad organizativa para perseguir sus propios intereses, ni siquiera el dictador más poderoso puede llegar a todos los lugares de trabajo en un país de 1.400 millones.

La lista de los 32 activistas represaliados


• Mi Jiuping, trabajador de Jasic, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Yu Juncong, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Liu Penghua, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Li Zhan, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Shen Mengyu, graduado en la Universidad Sun Yat-sen, desaparecido forzoso desde agosto.
• Yue Xin, graduada de la Universidad de Peking, desaparecida forzoso desde agosto.
• Gu Jiayue, graduado de la Universidad Peking, en arresto domiciliario desde agosto.
• Xu Zhongliang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Zheng Yongming, graduado de la Universidad Agrónoma de Nanjing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Shang Kai, editor del medio de izquierdas HongSeCanKao, detenido en agosto.
• Fu Changguo, empleado del centro de los trabajadores “Da Gong Zhe”, detenido desde agosto
• Yang Shaoqiang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Tang Jialiang, estudiante de posgrado del Instituto de Tecnología de Beijing, detenido a principios de septiembre
• Wu Lijie, editor del medio izquierdista HongQi, detenido el 24 de octubre.
• Zhang Shengye, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Sun Min, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Guangzhou.
• Zong Yang, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Liang Xiaogang, trabajador solidario, detenido en Shanghai el 9 de noviembre.
• Tang Xiangwei, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Shiyou, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Yiran, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Lu Daxing, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Nanjing, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Li Xiaoxian, graduada en Medicina China en la Universidad de Nanjing, detenida el 9 de noviembre en Beijing.
• He Pengchao, graduado de la Universidad de Peking, fundador del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Wang Xiangyi, graduada de la Universidad de Peking, fundadora del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Jian Xiaowei, graduado en la Universidad de Remin, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Kang Yanyan, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Hou Changshan, graduado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Wang Xiaomei, graduada en la Universidad de Ciencias de la Información y Tecnología de Nanjing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• He Xiumei, simpatizante del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Zou Liping, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Li Ao, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.

 

Revista Jacobin

Traducido por Luisa Cervantes

publicado
2018-11-27 13:16:00

Artículo original: Jacobin Magazine

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Regular los alquileres, subir salarios y dignificar las pensiones

Estas son las tres demandas que la agrupación política en Comun Podem de Catalunya, España, está impulsando con los presupuestos generales de 2019, concertados con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y presentados en el evento llamado “Ara és possible”.

Este domingo 11 de noviembre, en un distrito ubicado en la periferia de Barcelona llamado Nou Barris, se congregaron varias personas con camisetas moradas, familias del sector y otros curiosos que transitaban por el lugar, para participar en un evento denominado “Ara és possible” organizado por la fuerza política que hoy gobierna en la alcaldía de Barcelona. Se ondeaban banderas de la segunda república española (roja, amarilla y morada), y carteles en apoyo a la coalición política En ComúPodem . A pocos minutos de iniciar el evento, y cuando iban subiendo en el escenario la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el teniente del ayuntamiento, Gerardo Pisarello;la diputada del parlamento de España, Lucia Martin;la diputada del Parlamento de Cataluña por Barcelona, Jessica Albiach; yel secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se escuchaba desde la tribuna: “sí se puede, sí se puede”.


Presupuestos generales para la gente


Durante las intervenciones, se enfatizó en que los presupuestos son un avance en términos de mejorar la calidad de vida de los españoles y españolas, ya que se propone subir el salario mínimo mensual de 736 a 900 euros, permitir que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler (incrementados mucho en los últimos años) y subir un 3 por ciento las pensiones mínimas y las no contributivas (entre otras cosas). Asimismo, se resaltaron los avances progresistas ejecutados por el ayuntamiento de Barcelona en cabeza de Ada Colau “Barcelona le tuerce el brazo al oligopolio eléctrico creando su propia comercializadora energética”, “Barcelona energía: el operador eléctrico público más grande del Estado Español que permitirá vender y comprar energía desconectando a la ciudad del oligopolio energético”. Por otro lado, “Barcelona le tuerce el brazo a las grandes constructoras, invirtiendo en vivienda pública y frenando las ilegalidades en el alquiler turístico”.


Los obstáculos para los presupuestos


Actualmente los ánimos están caldeadosen esta ciudad ya que algunos líderes independentistas se encuentran en la cárcel, y otros exiliados debido al referéndum por la independencia de Catalunya celebrado el 1 de octubre de 2017 y declarado ilegal. Esta fuerza política es necesaria paralograr una mayoría parlamentaria que apruebe los presupuestos. Es decir, se requiere de los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de los vascos (PNV), y la abstención de PDeCAT


La tensión reinante en la ciudad aumentó al conocerse que la fiscalía pidió 25 años de cárcel para algunos líderes que promovieron la autodeterminacióncatalana, imputándoles el delito de rebelión , al tiempo que se debaten los presupuestos. En consecuencia, el presidente de la generalidad de Cataluña Quim Torra manifestó: “La respuesta del Estado español, son más de 200 años de prisión, así que, presidente Sánchez, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos”. Por otro lado, la ERC propuso dos condiciones para apoyar los presupuestos: que el presidente Sánchez presione a la fiscalía para que se retracte de los cargos imputados a los independentistas y establecer una mesa de concertación para hablar sobre el derecho a la autodeterminación . Como ninguna de las dos tuvo respuesta efectiva, la respuesta nuevamente fue un “no” a los presupuestos.


El mensaje de Ada Colau y Pablo Iglesias a los independentistas


Finalmente, la alcaldesa de Barcelona y el secretario general de Podemos, insistieron en la necesidad de que los independentistas catalanes apoyen los presupuestos generales que beneficiarían a una amplia mayoría de la población:“quizás sea inmoral aprobar esos presupuestos con presos políticos en prisión”, “yo sé que sacar los presupuestos adelante no es la panacea, no resuelve el problema de los presos políticos, ni el problema político en Catalunya, pero seamos inteligentes, forcemos al gobierno a que se siente a una mesa de diálogo, nos estamos jugando una dirección de Estado que permita que este Estado siga siendo democrático, con sus defectos". Este mensaje es expresado luego de que Iglesias, semanas antes, fuera hasta la cárcel a dialogar con los presos políticos catalanes e invitara a Sánchez a intervenir sobre la situación mediante una solución política y no una carcelaria.

 

 



Recuadro


Cataluña siempre ha sido un territorio que ha consolidado su cultura y sus propias instituciones, las cuales recuperó en la proclamación de la Segunda República, luego de que la guerra de sucesión de 1714, y la dictadura de Primo de Rivera a inicios del siglo xx prohibiera las instituciones y la lengua del catalán. Con la Segunda República se restableció la Generalitat de Cataluña y la constitución española aprobó el estatuto de autonomía de Cataluña. Sin embargo, la dictadura de Franco disolvió el estatuto y prohibió la lengua catalana.


Con el retorno a la democracia en 1978, se establece el estatuto de autonomía en Cataluña (y en todas las regiones de España) y se oficializa el idioma catalán. Fue durante todo el siglo xx que se va gestando un nacionalismo catalán tanto de izquierda como de derecha. Pero solo entrado el siglo xxi, durante el gobierno tripartito de izquierdas de 2003-2006, bajo el liderazgo del presidente de Cataluña Pasqual Maragall, es que se redacta una propuesta para un nuevo estatuto de autonomía, que contemplaba declarar Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán como del castellano, redefinir algunas competencias de la Generalitat y un modelo más equitativo de financiamiento, ya que Catalunya es la tercera región que más aporta al Estado de España y está en el puesto catorce en prioridad en recibir recursos. En pocas palabras, una mayor autodeterminación como nación (culturales), pero más federada con respecto al Estado español en términos legislativos, ejecutivos y fiscales.


En el 2006 se aprobó el estatuto en el parlamento catalán, luego de ser reformulado por las cortes de Madrid, donde un sector de la izquierda (ERC) votó, junto con el Partido Popular, en contra de dicha reformulación.


En el 2010, por petición del presidente Mariano Rajoy (por el Partido Popular) el Tribunal Superior sentenció que había un grado de inconstitucionalidad en el estatuto de Catalunya y recortó algunos puntos.

A partir de este recorte el sentimiento independentista creció exponencialmente con una alta movilización de la sociedad civil en las calles, y en 2012 es sellado un acuerdo entre las distintas facciones independentistas para hacer “una transición nacional” hacia Catalunya como Estado, lo que desembocó en el referéndum y la declaración unilateral de la independencia en 2017 que, como se mencionó anteriormente, fue declarado ilegal.

Es de resaltar que después de la dictadura franquista, el gobierno de España ha sido manejado por el PP con tendencias a la ultraderecha, y el PSOE de centro izquierda, quienes no han permitido la reformulación del pacto de Estado y el reconocimiento de otras naciones. Las tácticas para desgastar el avance de una mayor autodeterminación. no solo de Catalunya sino del país Vasco y Andalucía (regiones también en conflicto) han sido por la manipulación de las leyes, la represión a los ciudadanos y la cárcel a los liderazgos.

Documental recomendado

“Las dos cataluñas” en Netflix

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La huelga de funcionarios en Costa Rica cumple un mes y medio sostenida por los maestros

La movilización contra la reforma fiscal de Alvarado pierde fuelle después de que varios sindicatos convocantes se hayan ido desmarcando

La huelga de trabajadores públicos de Costa Rica contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado cumple ya un mes y medio sostenida por los gremios de maestros y profesores. Con el paso de las semanas, el movimiento, iniciado el pasado 10 de septiembre, ha ido perdiendo el apoyo de varios de los sindicatos convocantes, pero miles de educadores se resisten aún a devolver la normalidad a las aulas. El curso lectivo en Costa Rica, que acaba en noviembre, sigue en vilo, mientras los servicios de salud y transporte ya han sido plenamente restablecidos


El comité coordinador de la huelga reiteró este miércoles la decisión de sostener el movimiento de protesta a pesar de haber fracasado en su mayor objetivo: paralizar la economía nacional de manera suficiente como para obligar al Ejecutivo, de centroizquierda, a retirar su reforma fiscal. Esta propuesta, sin embargo, parece encaminada a su aprobación en el Congreso, después de una primera votación favorable el 5 de octubre, con el apoyo 61% de los diputados entre la minoría oficialista y grupos opositores.


De la aprobación definitiva de la reforma tributaria depende buena parte del futuro económico costarricense a corto y medio plazo: con ella, el Gobierno de Alvarado trata de frenar el severo deterioro de las finanzas públicas y poner límite al déficit público, que ya está dejando sentirse sobre la economía, en plena fase de desaceleración. Algunos partidos opositores y líderes de empresarios apoyan la propuesta, que eleva el impuesto de renta, amplía el de ventas a nuevos sectores y limita el crecimiento de beneficios salariales de empleados estatales.


Los maestros insisten en que la reforma fiscal los afecta de manera injusta. De poco ha servicio la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para enmendar un rubro. La amplia mayoría de los educadores mantienen su lucha, según datos del Ministerio de Educación Pública, patrono de 85.000 personas (2,5% de la población mayor de 18 años) que trabajan para 5.500 centros que suman casi un millón de alumnos entre niños y adolescentes. Esta es la base de un modelo considerado ejemplar en la región: Costa Rica está entre los 30 mejores países del mundo en términos de calidad de educación, según el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La cobertura general en primaria y secundaria supera el 90% y la tasa de alfabetización cercana al 97%, en medio de Uruguay, Argentina y Chile.


“Han capturado el calendario escolar. Es difícil encontrar en este momento una escuela pública o un colegio que funcione con normalidad, menos aún en las zonas periféricas del país”, dijo a EL PAÍS el ministro de Educación, Édgar Mora. Dice que han vuelto a trabajar más de 7.000 educadores, pero la cifra es baja frente al volumen del gremio agrupado en tres organizaciones sindicales poderosas en afiliados y en recursos. El principal portavoz sindical, Gilberto Cascante, dijo que no tenía tiempo para contestar preguntas de este periódico. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el 5 de octubre decía que la huelga perdía apoyo popular en su cuarta semana y que tres de cada cuatro costarricenses se oponía a la suspensión de clases en centros educativos.


El presidente Alvarado insiste en la necesidad de una reforma fiscal que permita lanzar señales favorables a los financistas internacionales para mejorar las condiciones de la deuda, que equivale a un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El desfase entre gasto público e ingresos alcanza en este 2018 el 7% de la producción, lo que muestra el peor cuadro de aprietos financieros en 40 años. Aunque la economía se prevé crezca 3% en este año, el Ministerio de Hacienda ya reportó un bajo crecimiento de la recaudación en lo que va del 2018, inferior a 1%, el peor desde la crisis del 2009. “No hay más tiempo. Los sindicatos deben entender que estamos tratando de evitar que sean los mercados los que hagan el ajuste, de una manera más dolorosa”, advertía la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este miércoles en una de sus decenas de entrevistas para insistir en la necesidad del plan fiscal y en la imposibilidad de complacer a los huelguistas.

 

Por Álvaro Murillo
San José (Costa Rica) 24 OCT 2018 - 15:19 COT

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Huelga general contra el “austericidio” de Macri

Los grandes sindicatos, los movimientos sociales y partidos de izquierda dejan aparte sus rencillas y cierran filas para protestar contra la política económica del Gobierno de Mauricio Macri.

 “No nos une el amor sino el espanto”. El famoso y repetido verso del escritor Jorge Luis Borges parece hecho a medida del sindicalismo de Argentina. Todos sus dirigentes, siempre divididos, se unen este martes en huelga general contra la política socioeconómica neoliberal del presidente Mauricio Macri —un empresario centroderechista sin linaje ni padrinos en la política— al que muchos de ellos, sin embargo, ayudaron a ascender a la Casa Rosada en 2015.

Las centrales de trabajadores CGT —peronistas y burócratas ex afines a Macri—, CTA —centroizquierda—, Frente Sindical —del camionero Hugo Moyano— los movimientos sociales, y partidos de izquierda dejan aparte sus rencillas y cierran filas para protestar contra lo que denominan el “austericidio” del Gobierno, en referencia al hachazo a jubilaciones, pensiones, salarios, empleo y subsidios, a la vez que se rebajan los impuestos a los ricos.


El “espanto” galvaniza el sentimiento de los trabajadores argentinos, atemorizados por el ajuste: estampida del IPC, 42% de inflación prevista a fin de año; erosión del poder adquisitivo con salarios a la baja; derrumbe de más de 6% de la actividad económica interanual, con su consiguiente ola de desempleo. Y, por si ello fuera poco, se agregan los ‘tarifazos’ en transporte, electricidad, gas y agua, que en algunos casos han trepado hasta el 1.700%.

Así pues, tras casi tres años de Gobierno macrista, el hambre aprieta a los empobrecidos pobladores del cinturón urbano de Buenos Aires, donde cada día más gente acude a por una ración en los comedores populares, abastecidos de víveres por Caritas, los gobiernos nacional y provincial, y organizaciones sociales. También en las provincias, sobre todo del norte argentino, la falta de alimentos ataca a los sectores más pobres.


La protesta de las centrales y los sindicatos arrancó el 24 de septiembre por la tarde con una multitudinaria marcha y concentración en la Plaza de Mayo, a cuya vera se encuentra la Casa Rosada. Según los organizadores hubo 500.000 manifestantes, una medición exagerada. “Hasta aquí llegó el ajuste y la derecha, porque hay un pueblo unido que decidió salir a la calle y decir basta”, arengó el sindicalista de banca Sergio Palazzo.

De todos modos, la expresión más fuerte de la huelga se preveía para este martes. La ausencia del transporte público —tren, metro, bus, y aviones— parecía garantizar el éxito de la huelga. Tampoco funcionarían la industria, bancos, comercios, sanidad, educación, gasolineras, tribunales ni oficinas públicas. El centro de Buenos Aires, previsiblemente, quedaría desierto.


En medio de ese escenario pesimista, Macri tomó distancia y se marchó de visita a los Estados Unidos en plan de mostrar que, no obstante las quejas ciudadanas, recibe apoyo internacional. De hecho, el pasado 4 de septiembre, el presidente Donald Trump tuiteó: “Hablé por teléfono con Macri y reafirmé el fuerte respaldo de los Estados Unidos a Argentina [Su presidente] está haciendo un excelente trabajo ante una difícil situación económica y financiera”.

Sin embargo, en esta oportunidad la oficina de comunicación de la Casa Rosada quiso ‘vender’ como un éxito que haya sido recibido en la sede de Americas Society / Council of the Americas por su directora Susan Segal, y se haya reunido con “inversores” en una comida en el restaurante Rao’s y en la redacción del Financial Times. También hablará en la asamblea de la ONU.
“Lluvia de inversiones”
Macri es el prototipo del empresario metido a político, que colocó de ministros a CEOs de grandes compañías y definió a su gabinete como “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Prometió que atraería una “lluvia de inversiones”. Sin embargo, todos los índices económicos y sociales han empeorado desde su arribo a la Casa Rosada. Pero se esperanzó, ayer en entrevista a Bloomberg, con que el acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “va a ser beneficioso para Argentina".

Argentina había honrado sus deudas con el FMI en 2007, cuando el entonces presidente peronista Néstor Kirchner pagó al contado, harto de que el organismo internacional se entrometiera recomendando medidas ortodoxas. Pero Macri ha solicitado nuevos préstamos por al menos 50.000 millones de dólares para gastos corrientes y solventar el déficit fiscal y comercial, a cambio de comprometerse a llevar las cuentas públicas a un “déficit cero”.

No obstante la crisis, Macri se mostró optimista sobre sus chances de continuar en el poder, al declarar en la entrevista con Bloomberg que está “listo para competir” por la reelección en las presidenciales del año próximo. Las encuestas miden su caída de imagen, algunas hasta un piso de 27% de intención de voto. En 2015 conquistó la presidencia por 51,34%, en un reñido balotaje ganado con una diferencia de sólo 668.774 votos sobre el segundo.

Como principal contrincante se perfila la actual senadora y ex presidenta peronista Cristina Fernández, viuda de Kirchner, de momento con mayor popularidad: intención de voto de 30% a 35%. Si esos sondeos se mantienen con el tiempo, probablemente volverá a ser candidata a presidenta —igual que hizo Bachelet en Chile e intentó Lula en Brasil—, pese —o acaso por ello— a que afronta seis procesos judiciales por supuestos pufos de corrupción. Final abierto.

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Los presos de EEUU ponen fin a la huelga y presionan por su derecho al voto

 

• theguardian

Tras 19 días de protesta en las prisiones de todo el país, los organizadores de la protesta confían en el restablecimiento del voto para exconvictos como una forma de impulsar la reforma penitenciaria
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre

Ed Pilkington
10/09/2018 - 20:51h

Este domingo, coincidiendo con el aniversario del levantamiento de 1971 en la cárcel de Attica (norte del Estado de Nueva York), los reclusos de las superpobladas cárceles estadounidenses pusieron fin a una huelga nacional que tenía, entre otros objetivos, la recuperación del voto para seis millones de estadounidenses despojados de sus derechos democráticos.
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre, boicots a las instalaciones y presos que se negaban a trabajar.
Ahora que la huelga terminó, los organizadores esperan poder mantener el empuje y satisfacer sus demandas, la restauración del voto entre ellas. Estados Unidos es el país con más presos del mundo ( 2,3 millones de personas entre rejas) y las leyes de sus estados están entre las más severas por la privación del voto a la que someten a los exconvictos.
Según los datos del Brennan Center for Justice, en 34 estados se prohíbe votar a los expresidiarios en función de las condenas que hayan cumplido. Los Estados de Kentucky, Florida y Iowa expulsan para siempre del proceso democrático a cualquiera que haya cometido un delito grave.
Los reclusos han empezado a unirse en la campaña por el voto como una forma de avanzar en la reforma penitenciaria. Jailhouse Lawyers Speak, la red informal de mujeres y hombres encarcelados que se puso al frente de la huelga de prisiones, está liderando esa campaña.
Cuando comenzaron la protesta, los organizadores de la huelga presentaron 10 demandas. La décima decía así: "Los derechos de voto de todos los ciudadanos encarcelados... deben contar. Exigimos tener representación. Todas las voces son importantes".
Ciudadanos de segunda
Eddie, un preso que lleva cumplidos 13 de los 18 años a los que lo condenaron por robo a mano armada en Carolina del Sur, dice que cuando le den la libertad, en 2023, será condenado al ostracismo: "Pagaré impuestos pero no podré votar". Hablando con un teléfono clandestino desde su celda, Eddie dice que la privación del derecho al voto convierte a los prisioneros en ciudadanos de segunda clase. "Es una forma de decirme que no soy un ciudadano de verdad", dice. "No tendré ni voz ni voto en el proceso político, ni en los destinos de la nación".
Eddie, que ha pedido ocultar su nombre verdadero para evitar represalias de las autoridades, forma parte del equipo de Jailhouse Lawyers Speak que coordinó la huelga. Dice que en su cárcel la mayor parte de la protesta se centró en boicotear las instalaciones que generaban ingresos para el servicio penitenciario, como los economatos y las máquinas expendedoras de la sala de visitas. En su prisión también hubo una negativa generalizada a trabajar, como en otros penales de Carolina del Sur. Para los reclusos en huelga, la obligación de trabajar en la cárcel a cambio de un salario minúsculo, o de nada, es una forma de esclavitud del siglo XXI.
La reacción de las autoridades, dice Eddie, fue mantener en sus celdas a los reclusos de las prisiones de máxima seguridad de Carolina del Sur. "Suspendieron todos los entretenimientos para que estuviéramos en nuestras celdas literalmente los 7 días de la semana y las 24 horas del día", dice. "Devolvían nuestras cartas, amenazaban con aislamiento solitario a cualquier preso que fuera vinculado con la huelga, y pintaron de negro las ventanas de nuestras celdas para que no tuviéramos ni idea de si era de día o de noche".
Dice que la intimidación no logró desanimarles ni disuadirles de planificar acciones futuras. Entre ellas, dice, una de las principales se centrará en recuperar el derecho al voto.
Los prisioneros más activistas y los que organizaban la huelga han denunciado más medidas de represalia. Kevin Rashid Johnson, autor de un artículo de opinión que el periódico The Guardian publicó al inicio de la huelga de cárceles, fue citado para comparecer el 10 de septiembre ante las autoridades de la prisión estatal de Sussex en Waverly (Virginia), donde lo encerraron en régimen de aislamiento.
Las injusticias del sistema
A Johnson le dijeron que a lo mejor lo trasladaban a otro penal, repitiendo el patrón de traslados por todo el país que vienen siguiendo con él, de prisión en prisión: de Virginia a Orégano, a Texas, a Florida y, de regreso, a Virginia. "Es una forma de represalia", dice su abogado, Dustin McDaniel. "Las autoridades se resisten a su forma de exponer las injusticias del sistema y a que haga trabajo de educación política con el resto de prisioneros, lo trasladan para tratar de neutralizarlo".
Los líderes de la huelga están dispuestos a sufrir más represalias pero también están trabajando en la campaña para restaurar el derecho al voto. Janos Marton, de la American Civil Liberties Union Campaign for Smart Justice (una organización que aspira a reducir a la mitad el número de presos de Estados Unidos), dice que uno de los principales logros de los 19 días de protestas fue poner en el candelero la privación del derecho al voto que sufren las personas que han cometido delitos graves.
"La organización de la huelga en todos los estados ha unido en una voz a los presos, movilizándoles hasta un nivel que no habíamos visto antes", dice. "Tras el fin de la huelga, el impacto más tangible de esa voz amplificada es el impulso específico sobre [la recuperación de] el derecho al voto".
Es probable que la privación del voto para millones de prisioneros sea uno de los temas candentes en las elecciones legislativas de noviembre. Los votantes de Florida tendrán que contestar si quieren o no introducir una enmienda a la Constitución del Estado para devolver el derecho al voto a las personas con condenas por delitos graves siempre y cuando hayan cumplido sus sentencias y completado los períodos de libertad condicional.
Florida es tradicionalmente uno de los estados grandes donde el voto no está definido, lo que lo convierte en clave para decidir elecciones presidenciales. En 2016, Donald Trump ganó en Florida con una mayoría de solo 113.000 votos sobre Hillary Clinton. Si devolvieran los derechos de voto a los exconvictos, unos 1,5 millones de ciudadanos del Estado volverían a figurar en el censo electoral.
En otros estados, hay funcionarios del partido republicano aplicando con tanto celo las leyes de privación del voto que incluso algunos exreclusos han vuelto a la cárcel simplemente por tratar de votar. Crystal Mason vuelve a la prisión federal de Texas el 13 de septiembre para pasar allí 10 meses de encierro porque emitió un voto provisional (en Estados Unidos, si un ciudadano asegura que tiene derecho a votar, la mesa electoral recibe la papeleta de forma provisional para incluirla en el recuento una vez verificada la afirmación del votante) en las elecciones presidenciales de 2016. No sabía que, como exdelincuente, le habían prohibido votar.

 

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Miércoles, 22 Agosto 2018 07:38

Megadevaluación y paro general

Venezolanos hacen cola en cajeros automáticos, donde pudieron sacar hasta 10 bolívares soberanos.

Los nuevos billetes del bolívar soberano comenzaron a ser entregados por los cajeros automáticos, que permiten sacar hasta 10 bolívares soberanos por día, equivalentes a un millón de bolívares fuertes (aproximadamente a 1,66 dólar).

 

Los venezolanos estrenaron ayer los billetes de su nueva moneda, el bolívar soberano, en reemplazo del bolívar fuerte. Sin embargo, la jornada de estreno fue de paralización parcial debido a una huelga general convocada por la oposición en rechazo al polémico plan económico del presidente Nicolás Maduro y, por otro lado, contramarchas en respaldo de las medidas.

Los nuevos billetes del bolívar soberano comenzaron a ser entregados por los cajeros automáticos, que permiten sacar hasta 10 bolívares soberanos por día, equivalentes a un millón de bolívares fuertes (aproximadamente a 1,66 dólar). Aunque oficialmente ya se realizó el cambio monetario, por el momento convivirán ambas monedas.


La reconversión se hizo en medio de una hiperinflación que escala a más de 100 por ciento al mes (algunas estimaciones proyectan que este año será de 82,000 por ciento) y es la primera medida de un nuevo plan económico de Maduro que incluirá también aumentar a niveles internacionales el precio de la nafta, la más barata del mundo. El plan además establece la liberación del mercado cambiario, el incremento del impuesto al valor agregado de un 12 a un 16 por ciento y un drástico aumento del salario mínimo nacional, que pasó de cinco millones a 160 millones de bolívares fuertes o 1600 soberanos (unos 26,6 dólares).
Según Naciones Unidas, 2,3 millones de ciudadanos abandonaron el país desde que la crisis se hizo insostenible. Una encuesta elaborada por la empresa Consultores 21 informa de que desde 1999 a diciembre del 2017 se habían ido 4.091.717 venezolanos, sobre una población de unos 30 millones. Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que 1,3 millones de los venezolanos que abandonaron el país están desnutridos.


La oposición llamó a responderle al plan de Maduro con una huelga general ayer que fue acatada parcialmente, con comercios cerrados y menos transporte público circulando. El dirigente opositor Andrés Velásquez, uno de los principales convocantes, dijo en un primer informe que la huelga fue acatada por alrededor del 60 por ciento del país, con unas regiones más activas que otras. “Creo que hemos tenido una respuesta positiva, importante, y esto sigue en pleno desarrollo. El régimen dice que el pueblo se la tiene que calar (aguantar), porque a eso apuesta, al miedo. Estamos viendo que el pueblo no se deja, que se pone de pie, que protesta y rechaza y le dice ‘no’ a esta estafa de Maduro”, señaló en una rueda de prensa.


Velásquez señaló, además, que las medidas de Maduro no han detenido el ritmo de la inflación, pues afirmó que los precios se han duplicado en apenas días desde que el presidente anunció varias decisiones el viernes pasado. “No es verdad que es un plan de recuperación económica, estas medidas hunden más al pueblo y son medidas dentro de la lógica criminal con la que actúa el régimen, una lógica que beneficia a las mafias. Hoy el país está enviando un mensaje. Sin bien es cierto que la paralización no es total, la gente está cumpliendo el paro que hemos convocado”, aseveró el dirigente opositor. “Este esfuerzo que hoy se inicia va a tener su clímax en la convocatoria a una huelga nacional por tiempo indefinido para resolver esto”, recalcó, además, Velásquez.


En respuesta al paro convocado por la oposición, los ciudadanos que respaldan al gobierno de Maduro marcharon ayer en el oeste de Caracas para apoyar las medidas económicas decretadas por el mandatario. Varios cientos de personas se concentraron en la avenida Libertador, en el centro de la capital venezolana, y caminaron al palacio presidencial de Miraflores, donde, esta vez, Maduro tampoco salió a recibir a los manifestantes


“Las personas se han volcado a las calles a defender este programa de recuperación, al Gobierno y a su presidente”, dijo el Ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa.

 

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