Lunes, 11 Mayo 2020 06:54

Prisa

Prisa

Han sido largas las semanas de confinamiento a raíz de la pandemia. Esta medida para prevenir el contagio y la saturación de los servicios de salud se ha utilizado prácticamente en todas partes.

Un caso aparte es el de Suecia, donde no se confinó a la población y se estima que, al final de mayo, 40 por ciento de los habitantes de Estocolmo tendrán algún tipo de inmunidad al virus, lo que limitará el impacto del rebrote de la infección que se espera para el otoño. Hasta ahora registra menos de 4 mil fallecimientos.

La pandemia ha impuesto urgencias a sociedades y gobiernos. La población se ha sometido a las restricciones por temor al contagio y ha acatado las medidas impuestas por los gobiernos.

La estrategia de confinamiento se ha politizado inevitablemente de una u otra manera. Ejemplos sobresalientes y de diferente naturaleza son Estados Unidos, Brasil y España. Cada sociedad, a su manera, expresa sus contradicciones propias.

El conflicto adquiere nuevos tonos en la medida en que empiezan a proponerse y aplicarse medias para reabrir las calles y actividades económicas.

Esta etapa tiene un grado muy distinto de complejidad que el encierro. De la secuencia de la fase cero a la tres, ahora se plantea "desescalar", como se denomina en España, el estado de emergencia. Para ello definen otras tantas fases y sus tiempos.

Esto ocurre en un entorno de afirmaciones y rectificaciones, en el mejor de los casos. En otros se hace en medio de mucha inseguridad y de confrontación política. El proceso que se sigue ahora en Estados Unidos lo manifiesta claramente. La relección presidencial está de por medio. El fenómeno sociológico es, en general, muy relevante y están por verse las consecuencias.

Ciertamente, las muertes provocadas por el coronavirus son muy reducidas como proporción de la población total, pero ocurren al mismo tiempo. El argumento es válido, pero imagino que es más defendible cuando le ocurre a los demás y no a uno mismo y su círculo próximo. Se puede, claro, jugar a los dados. Las opciones individuales son una cosa, la dimensión social, económica y política es otra. Las ilusiones también.

El tránsito de la urgencia por contener el daño del coronavirus a la prisa por relajar el confinamiento introduce nuevas características a la naturaleza de la pandemia y sus repercusiones. La gente y las empresas demandan el relajamiento de las restricciones, las autoridades van cediendo de distintas maneras. En otros casos es alentada desde el poder.

El proceso está inmerso en el hecho de que el virus no desaparece. En un reciente artículo, el escritor Ian McEwan recuerda lo dicho por el epidemiólogo Larry Brilliant, quien contribuyó a erradicar la viruela: “Este manojo de ARN en su envoltura de grasa… se sienta a esperar con paciencia hasta que no haya más personas vulnerables”. En el caso que nos envuelve a todos hoy, no hay aún manera de conseguir la inmunidad contra el virus. No se ha comprobado que el sistema inmunológico lo consiga y no hay vacuna.

Algunas propuestas en favor de la apertura afirman que permitirá controlar el contagio. Para ello se necesita que las personas desarrollen la resistencia al virus y se consiga la "inmunidad de rebaño". La apertura en ese caso podría exigir aún más de los sistemas de salud, ya muy vapuleados. Ahí entra el debate sobre la extensión con que se deben aplicar las pruebas de contagio y, aunado a ello, el seguimiento de los contactos de los infectados.

Se habla de distinguir entre aquellos que son más vulnerables (obesos, diabéticos y viejos) y el resto de la población. Esto implica ya una manera específica de concebir la sociedad y la solidaridad, pero no debería causar demasiada sorpresa. Los fondos de pensiones estarían muy complacidos en poder eliminar el riesgo actuarial de los mayores de 60 años y liberar la presión sobre sus recursos, sobre todo ahora que hay tantos desempleados y son menores las contribuciones y las reservas.

En algunos casos se planea la apertura de ciertas actividades aun mientras los casos de contagio y defunciones van al alza. Esta etapa exigirá una renovada concepción del funcionamiento de la pandemia. Algunos, como ocurrió en el estado de Michigan, en Estados Unidos, entrarán en los recintos oficiales armados con pistolas y metralletas para exigir que se acabe el confinamiento.

¿Rebelión o protesta? ¿Incitados o motu proprio? Otros actuarán con más prudencia y hasta desobedecerán las prematuras acciones de apertura que planean sus gobiernos.

Planear la apertura, controlarla y cumplirla son tareas enormes en cuanto a su definición, aplicación y necesidad de revisión constante. Requiere de consensos y cuestiones prácticas que tienen que ser satisfechas: el control del contagio, los medios de protección disponibles, la disciplina social y un claro liderazgo técnico y político. Las cosas evolucionarán a un paso que puede ser incompatible con la prisa.

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Varios enfermos de tuberculosis toman el sol en un sanatorio en Lakewood, Colorado, Estados Unidos, en 1925 WIKIMEDIA COMMONS/ Autor desconocido

Para frenar la propagación de la tuberculosis durante el siglo XX en países como Estados Unidos, fue clave la estrategia comunitaria de "localizar, tratar y prevenir"

 

El siglo XX fue testigo de tres grandes epidemias. La pandemia de gripe de 1918 y la pandemia de VIH de los años 80 y 90 son las que recibieron una mayor atención. Pero la tercera, la tuberculosis, fue la más mortal con diferencia y en muchos lugares del mundo la amenaza de esta enfermedad sigue vigente.

La tuberculosis nos enseña muchas lecciones sobre las estrategias que pueden contribuir a erradicar la pandemia actual, y lo que sucede cuando esas medidas ni siquiera llegan a impulsarse. Entre 1800 y 2000, la enfermedad mató a más de mil millones de personas. Aunque es causada por una bacteria en lugar de un virus, la enfermedad comparte algunas similitudes aterradoras con el coronavirus.

El patógeno que causa la tuberculosis se transmite por el aire, de persona a persona en los hogares y espacios públicos. Quienes son portadores de tuberculosis transmiten la bacteria a nuevos individuos cuando respiran. Solo la mitad de las personas con tuberculosis muestran síntomas, lo que facilita la propagación de esta enfermedad mortal. Y, como sucede con el coronavirus, los grupos de población más vulnerables, como las personas ancianas, con patología previas o que viven en la pobreza, son los más golpeados por esta dolencia.

Hace un siglo, la tuberculosis era una amenaza real y aterradora para las personas de todo el mundo. En 1906, una de cada nueve muertes en Estados Unidos fue causada por la tuberculosis –ajustado a nuestros niveles de población actuales, esto sería el equivalente a la muerte anual de 540.000 estadounidenses–. La enfermedad mató a tantas personas como el cáncer y la diabetes, causando un profundo daño en la actividad económica y social.

Sin embargo, en los años 70 del siglo pasado, las cifras de tuberculosis habían disminuido notablemente en Estados Unidos y en otros países desarrollados. ¿Cómo se logró? Estados Unidos impulsó con éxito una estrategia basada en métodos de diagnóstico, llamada "identificar, tratar y prevenir". Las innovaciones clave no fueron los medicamentos, aunque los antibióticos ayudaron a erradicar la enfermedad –el primer tratamiento efectivo con antibióticos para la tuberculosis estuvo disponible en el decenio de 1940, cuando los casos ya habían disminuido a alrededor de una quinta parte de los niveles de 1906–. Lo que marcó una gran diferencia fue una estrategia centrada en la comunidad, en la que todos los miembros participaron de forma activa para detener la propagación de la enfermedad.

El primer paso fue liberar a los enfermos de las cargas sociales y financieras. Con esto se consiguió que los infectados se hicieran pruebas y pudieran ser tratados y ayudados sin que tuvieran que ir a trabajar y, con ello, contagiaran a más personas. De hecho, hasta el día de hoy, algunos de los únicos servicios de atención médica gratuitos disponibles para todos en Estados Unidos están relacionados con la tuberculosis.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos fueron de puerta en puerta buscando a los enfermos y localizando a las personas que habían tenido contacto con ellos. A los pacientes se les proporcionaban comida, medicamentos y un lugar donde vivir, y también ofrecían terapias preventivas para evitar que otros enfermaran. La atención gratuita de la tuberculosis solo fue posible gracias a una financiación estable y al apoyo de la comunidad, así como a la cooperación entre gobiernos, empresarios, sindicatos, grupos religiosos y comunidades. La financiación del gobierno y una estrategia comunitaria fueron los principales avances que hicieron posible la erradicación de la tuberculosis.

 

Consecuencias de la tuberculosis en los países pobres

 

Sin embargo, en muchos países pobres que luchaban contra el pernicioso legado del colonialismo, la preocupación por el elevado coste del tratamiento triunfó sobre las abrumadoras pruebas científicas. En lugar de identificar y tratar los casos de tuberculosis en toda la población, estos países trataron sólo a las personas más enfermas e infecciosas. Centrarse en los casos más extremos tenía sentido, pero no sirvió para detener la propagación de la enfermedad entre los portadores asintomáticos.

En los países más pobres, los resultados han sido devastadores: la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que mata a más personas adultas en todo el mundo, y sigue matando a una media de 4.000 personas al día, la mayoría pertenecientes a países en vías de desarrollo.

Comparando las diferentes maneras de abordar la enfermedad podemos extraer muchas lecciones sobre la forma correcta e incorrecta de frenar la COVID-19. Una de las principales lecciones es que las epidemias no pueden ser vencidas sólo en los hospitales. La erradicación de una enfermedad como esta tiene que hacerse desde la comunidad. Para tratar la enfermedad será necesario que primero se identifiquen los casos con test, ya sea haciéndolos masivamente a toda la población o mediante muestreo.

Hay múltiples maneras de frenar la transmisión comunitaria de la enfermedad: desde el uso de mascarillas que impiden a las personas propagar partículas portadoras de gérmenes, hasta medidas de distanciamiento físico y de autoaislamiento. También deberíamos examinar el modo en el que las tecnologías existentes, como la iluminación ultravioleta germicida y las vacunas que ya tenemos a nuestra disposición, podrían ayudar a proteger contra la transmisión de la Covid-19.

Una lección clave es que no debemos esperar a la llegada de una aplicación mágica o de una vacuna para actuar contra el coronavirus. En el caso de la tuberculosis, no se descubrió un tratamiento efectivo hasta años después de que la enfermedad ya hubiera retrocedido en los países desarrollados. Con la Covid-19 podría ser distinto: si es como otros coronavirus, los que han sido infectados podrían desarrollar anticuerpos y ser inmunes. Sin embargo, la búsqueda de una solución mágica no debería restarle valor a todas aquellas medidas que ya sabemos que funcionan para frenar el avance de la enfermedad.

La lucha contra la tuberculosis nos ha enseñado que tratar una pandemia solo en una parte del mundo no es suficiente para erradicar una enfermedad. Se estima que en la actualidad dos tercios de los casos de tuberculosis que se registran en los países ricos tienen su origen en otros países donde nunca se abordó la enfermedad de forma integral. Para terminar con una pandemia es necesario el compromiso mundial.

Pero la clave de una estrategia comunitaria exitosa no es solo la búsqueda de casos o la cuarentena, aunque ambas cosas jueguen un papel importante. Es la confianza. ¿Por qué es tan importante? En el caso de la tuberculosis, como en el de la Covid-19, más de la mitad de los portadores son asintomáticos. Si las personas no dan un paso adelante y se hacen las pruebas y siguen un tratamiento, o si no dan su consentimiento y se hacen la prueba, o si no pueden y por este motivo no quieren aislarse, el proceso de tratar la enfermedad ni siquiera llega a iniciarse.

La gente debe poder confiar en que no soportará individualmente los catastróficos gastos sanitarios derivados de la lucha contra el virus. Esto significa proporcionar apoyo en materia de vivienda y empleo a todos los que necesiten aislarse, y asegurar que las personas enfermas o aisladas no renuncien a sus salarios para hacerlo. Si los riesgos económicos y sociales del coronavirus no se comparten entre la población, el próximo rebrote de la pandemia podría ser dramáticamente peor. Sólo a través de la confianza mutua encontraremos a los infectados por coronavirus, ayudaremos a los enfermos a recuperarse y detendremos su propagación.

Garantizar que los países de todo el mundo dispongan de los recursos necesarios para aplicar una estrategia de análisis, tratamiento y prevención del virus será mucho menos costoso que los efectos de otro brote en la economía mundial. Sabemos por la historia que esta es la única manera de detener el virus en su camino.

- Salmaan Keshavjee es el director del Centro para la Prestación de Servicios de Salud Mundial de la Facultad de Medicina de Harvard. Aaron Shakow es investigador asociado en salud global y medicina social en la Facultad de Medicina de Harvard. Tom Nicholson es investigador asociado en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Duke.

 

Salmaan Keshavjee, Aaron Shakow y Tom Nicholson - Investigadores en Salud Global

10/05/2020 - 21:37h

Traducido por Emma Reverter

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Nanotecnología para evitar que las infecciones se conviertan en pandemia

Decir que en el futuro cercano muchas personas podrían morir a causa de un simple corte en la piel, durante el parto o tras cualquier operación médica puede parecer un desvarío. Antes del descubrimiento y la comercialización de los antibióticos, cualquier cosa que pudiera ser causa de infección podía acabar con nuestra vida. Pero ahora que los tenemos, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por las infecciones?

La respuesta está en la resistencia a los antibióticos. En la actualidad, los antibióticos comunes no resultan efectivos para curar algunas infecciones. Por este motivo, hay casos en que la enfermedad dura más de lo debido, el tratamiento es excesivamente largo y deben utilizarse medicamentos más caros y, habitualmente, con mayores efectos secundarios. Esto supone un gran coste a la sanidad.

Por si fuera poco, el coste humano también es elevado. Según un informe de las Naciones Unidas, 700.000 personas mueren cada año a causa de la resistencia a antibióticos. Y se estima que este número podría aumentar hasta los 10 millones de muertes al año en 2050.

Resistencia a antibióticos

La resistencia a los antibióticos es la capacidad de las bacterias de sobrevivir a la acción de uno de estos medicamentos. La mayoría de las bacterias son resistentes a uno o varios antibióticos de forma natural. Sin embargo, también pueden adquirir uno o varios genes que les permiten destruir o evitar el efecto de los antibióticos. Para ello, o bien desarrollan mutaciones en dichos genes, o bien los toman prestados de otras bacterias.

Estas bacterias resistentes se expanden a través de la alimentación o del contacto con otras personas o con animales. Esto complica cada vez más el tratamiento de las infecciones con antibióticos comunes. Por ejemplo, el 62.9% de las cepas aisladas de la bacteria Escherichia Coli en España en 2018 resultaron ser resistentes a los antibióticos tipo aminopenicilinas y el 32.1% a las fluoroquinolonas.

Conscientes de que la unión hace la fuerza, las bacterias han desarrollado otro mecanismo para defenderse de los ataques externos. Nos referimos a los biofilms o biopelículas, comunidades de bacterias que se mantienen unidas entre ellas y a una superficie gracias a la segregación de sustancias poliméricas.

Las bacterias en forma de biofilm son hasta 1 000 veces más resistentes a los antibióticos que los microorganismos libres. Además, son responsables del 65% de infecciones microbianas y del 80% de infecciones crónicas. Esto, sumado a que también se forman en material médico como catéteres o implantes y los pacientes se pueden infectar durante una intervención, convierte a los biofilms en un importante problema de salud pública.

Su proceso de formación consiste en varios pasos. Primero, las bacterias se unen a una superficie y empiezan a crecer en comunidad. Después se forma una estructura tridimensional. Finalmente, tras la maduración del biofilm, las bacterias se desprenden y se expanden.

Péptidos antimicrobianos

Los péptidos antimicrobianos están formados por la unión de entre 10 y 100 moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Forman parte del sistema inmune innato de bacterias, hongos, animales, plantas y humanos. Su función no es otra que defenderlos de forma directa frente a agentes extraños o modular el sistema inmune para eliminarlos.

Su mecanismo de acción es diferente al de los antibióticos convencionales. Generalmente, los péptidos (carga positiva) se unen por fuerzas electrostáticas a la membrana de las bacterias (carga negativa). De este modo, el péptido daña la membrana y mata la bacteria de forma rápida y eficiente. La posibilidad de generación de resistencias es menor. Además, tienen un mayor rango de actividad antimicrobiana. Todo esto los convierte en una alternativa prometedora y más eficiente para curar infecciones que no responden a los antibióticos comunes.

A pesar de todas estas ventajas, sólo 7 de los más de 3 000 péptidos antimicrobianos descubiertos están aprobados para su uso en humanos. De momento hay otros 36 que se están probando en ensayos clínicos. Esto se debe a que la mayoría no son estables, se eliminan rápidamente del organismo o son tóxicos.

La nanotecnología al rescate

La nanotecnología utiliza materiales y estructuras que miden de 1 a 100 nanómetros. Estos nanomateriales son entre 1 millón y 100 millones de veces más pequeños que una naranja. Tienen propiedades muy interesantes y su uso ha permitido avanzar en muchos campos, entre ellos la nanomedicina.

Recientemente, se han utilizado distintos tipos de nanomateriales para el transporte de péptidos antimicrobianos. Los péptidos pueden unirse a los nanomateriales mediante un enlace químico o distintas interacciones, o pueden ser encapsulados por ellos. Esto permite aumentar la eficacia del tratamiento, impidiendo la degradación del péptido o favoreciendo su liberación en un lugar específico. También permite reducir la toxicidad y los efectos secundarios. De esta forma, se está un poco más cerca de solucionar los inconvenientes que han impedido la aprobación del uso de los péptidos antimicrobianos en humanos.

Además de servir como transportadores, algunos nanomateriales pueden tener efecto antibacteriano por sí mismos. Este es el caso de algunas nanopartículas metálicas. Metales como el zinc o la plata, con efecto antibacteriano per se, en forma de nanopartículas aumentan su eficacia al tener la capacidad de penetrar en las bacterias. La combinación de nanopartículas con antibióticos también ha demostrado formar un buen tándem en la lucha contra las infecciones. Y lo mismo sucede con la combinación de nanopartículas metálicas de distintos tipos.

Por otro lado, los nanomateriales pueden ser incorporados a superficies para reducir la adhesión de las bacterias, evitar su proliferación y la formación de biofilms. Esto es muy interesante en el caso de dispositivos médicos como prótesis o vendajes. Por este motivo, la nanotecnología es una herramienta prometedora en el ámbito de la ingeniería de tejidos y los biomateriales.

Para concluir, es indispensable reconocer el papel tan importante que tienen los científicos en la búsqueda de alternativas a los antibióticos comunes. Sin embargo, la lucha contra la resistencia a antibióticos es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Ciudadanos, políticos, profesionales y empresas del sector sanitario, agricultores y ganaderos tenemos que cambiar nuestra actitud. Debemos defender un consumo responsable de antibióticos para evitar que las infecciones se conviertan en una nueva pandemia.

Por Ángela Martín-Serrano Ortiz 

Investigadora Postdoctoral, Universidad de Alcalá

  1. Javier de la Mata

Catedrático de Química Inorgánica, Universidad de Alcalá

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

Estantes con medicamentos en una farmacia. REUTERS

 

Casos de sobornos a médicos, acusaciones de lucrarse de la investigación ajena y de lanzar algunos medicamentos que apenas aportan nada, precios desorbitados… extienden una sombra de sospecha sobre el sector farmacéutico

07/05/2020 07:13

VICENTE CLAVERO

La victoria sobre el coronavirus, mediante un medicamento que cure la enfermedad o una vacuna que la evite, involucra a diversos colectivos, entre ellos los laboratorios farmacéuticos, cuyo papel en la producción y comercialización del remedio será sin duda determinante.

Hay mucho dinero en juego, dado el alcance mundial del problema, y todo invita a pensar que esta industria hará cuanto esté en su mano para ganarlo, como hace cada vez que se le ha presentado la oportunidad, no siempre con prácticas irreprochables.

Una de sus principales estrategias de venta es presionar sobre quienes deciden el consumo en una parte fundamental del mercado, el de prescripción (productos que sólo se expiden con receta), desplegando acciones que a veces pueden tener la apariencia de ayuda a la formación continua de los médicos (suministro insistente de información sobre nuevos fármacos, aportaciones para la organización o asistencia a congresos), pero otras son ajenas a la más mínima exigencia ética.

Entre esas acciones figuran los sobornos, que durante décadas fueron un secreto a voces, siempre negado por la industria, si bien algunos acontecimientos relativamente recientes han demostrado su existencia.

La multinacional Novartis tuvo que afrontar en 2015 una multa de 390 millones de dólares (357,8 millones de euros) por haber pagado viajes, banquetes y dinero a médicos estadounidenses para que recomendasen sus medicamentos. Ese mismo año, otro gigante farmacéutico, Pfizer, zanjó una denuncia por incumplimientos de su propio código ético con el despido de 30 de sus directivos en España.

Las compañías suelen rebajar estos casos a la condición de hechos aislados, aunque algunos estudios muestran que no lo son tanto. Uno de 2014, patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, con el concurso del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, sostiene que 18 de las 20 multinacionales farmacéuticas analizadas habían sido objeto de sanción en algún momento por motivos tan poco edificantes como el soborno o la violación de las leyes de la competencia.

El importe de los pagos directos o indirectos a los médicos es uno de los secretos mejor guardados de la industria, aunque en España el proyecto Medicamentalia, de la Fundación Ciudadana Civio, aportó en 2018 alguna luz sobre el asunto. Según este organismo independiente, que trabaja por la transparencia de las instituciones, dichos pagos habían ascendido el año anterior a 182,5 millones. Dieciocho médicos, adscritos a la sanidad pública y privada, fueron agraciados con más de 50.000 euros por cabeza.

Otra acusación frecuente a los laboratorios es que se lucran con medicamentos cuya investigación y ensayos clínicos son posibles gracias, en buena medida, a la inversión ajena. Un informe dado a conocer en 2018, dentro de la campaña No Es Sano, respaldada por instituciones como la Organización Médica Colegial de España, ponía ejemplos concretos al respecto. El producto estrella de Roche contra el cáncer de mama, el Trastuzumab, que para entonces le había proporcionado más de 60.000 millones de euros de ingresos en todo el mundo, se obtuvo con financiación procedente de universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro.

Esa circunstancia no impide que los laboratorios fijen precios muy altos para sus productos, sobre todo en el ámbito de las nuevas inmunoterapias. Es el caso del Kymriah, de Novartis, indicado contra ciertos tipos de leucemia, y del Yescarta, de Gilea, que sirve para tratar algunos linfomas no Hodgkyn. Sus precios de salida en el mercado estadounidense fueron de nada menos que 475 .000 y 373.000 dólares (438.600 y 344.400 euros), respectivamente, pese a ser fruto de investigaciones sufragadas en gran parte con dinero público.

La respuesta de la industria a las afirmaciones del estudio de No Es Sano fue que su actividad entraña gran riesgo, ya que sólo una de cada 10.000 moléculas investigadas llega a convertirse finalmente en un medicamento, lo que requiere de fuertes inversiones, que las farmacéuticas pagan con sus propios recursos. De ahí que el precio de cada producto, según el sector, no deba reflejar sólo el coste de su investigación, sino de alguna manera también el de aquellas que han fracasado, porque en caso contrario el negocio sería inviable.

Otras voces recuerdan, sin embargo, que el gasto en I+D y en producción sólo supone el 13% del coste de un medicamento, mientras que el gasto asociado a la comercialización y promoción (estudios de mercado, análisis de la competencia, publicidad, deferencias con los médicos) oscila entre el 30% y el 35%. Con la particularidad, además, de que sólo uno de cada cuatro fármacos que salen al mercado son realmente innovadores o mejoran los resultados de otros ya existentes pero más baratos.

Como quiera que sea, el hecho cierto es que el precio de los medicamentos, en particular el de los más modernos, es una de las mayores amenazas que penden sobre los sistemas nacionales de salud, sobre todo aquellos que contemplan su financiación pública total o parcial, como ocurre en España.

Pese a la extensión de los genéricos (productos cuya patente ya ha expirado) y a los mecanismos de control introducidos en los últimos años, el gasto público en medicamentos supera en nuestro país los 16.000 millones de euros anuales, de los que dos tercios corresponden a recetas y el resto, a hospitales.

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Miércoles, 06 Mayo 2020 06:11

Capitalismo y coronavirus

Capitalismo y coronavirus

El confinamiento en casa decretado en Estados Unidos (EU) y en muchos países del mundo para enfrentar el Covid-19 ha paralizado la economía capitalista y, por tanto, ha demolido el proceso de la acumulación de capital. Que esta parálisis económica arroje decenas de millones de trabajadores en una crisis de sobrevivencia es totalmente fortuito a la preocupación de la clase capitalista trasnacional (CCT) de reanudar ya la maquinaria lucrativa, pues el capital no puede permanecer ocioso sin dejar de ser capital.

El impulso para reavivar la acumulación explica que haya habido en muchos lugares de EU manifestaciones de la ultraderecha para exigir el levantamiento de la cuarentena, al igual que los sectores más reaccionarios del capital promovieron el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, movimiento que a su vez se activó en apoyo al trumpismo.

Si bien las protestas parecen espontáneas, han sido organizadas por las agrupaciones conservadoras, entre ellas, la Fundación Heritage, FreedomWorks (Obras de Libertad), y el Consejo Estadunidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por su siglas en inglés), que reúne a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones junto con los legisladores derechistas locales en EU. El mismo presidente Trump enardeció a los manifestantes mediante tuits, entre ellos uno que rezaba "liberar a Virginia, y proteger su gran Segunda Enmienda, que está bajo asedio". El llamado a defender dicha enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, casi constituyó un llamado a insurrección armada. Días atrás, Trump adujo tener poder "total" –la clásica definición de totalitarismo– para levantar la cuarentena.

Pese a su retórica populista, el trumpismo ha servido bien a los intereses de la CCT en implementar un programa de neoliberalismo en esteroides que va desde la reforma impositiva regresiva y la amplia desregulación y privatización, hasta una expansión de subsidios al capital, recortes al gasto social y represión sindical. Trump –él mismo miembro de la CCT– retomó donde dejó el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, forjando una base social entre los sectores de la clase obrera mayoritariamente blancos que gozaron antes de privilegios, tales como empleo estable y bien remunerado, que en años recientes han experimentado una aguda desestabilización socioeconómica y movilidad descendente ante la globalización capitalista. Al igual que el Tea Party que le precedió, Trump ha sabido desviar la cada vez mayor ansiedad social que sienten estos sectores, desde una crítica radical al sistema capitalista hacia una movilización racista y jingoísta contra los chivos expiatorios, como los inmigrantes.

La cada vez mayor crisis del capitalismo ha acarreado una rápida polarización política en la sociedad global entre una izquierda insurgente y fuerzas ultraderechistas y neofascistas que han logrado adeptos en muchos países. Ambas fuerzas recurren a la base social de los millones que han sido devastados por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento, el empleo precario y relegación a las filas de la humanidad superflua.

El nivel de polarización social global y desigualdad es ahora sin precedente. El 1% más rico de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza del planeta mientras el 80 por ciento más bajo tiene que conformarse con apenas 4.5 por ciento de esa riqueza. Mientras se extiende el descontento popular contra esta desigualdad, la movilización ultra-derechista y neofascista juega un papel crítico en el esfuerzo de los grupos dominantes de canalizar dicho descontento hacia el apoyo a la agenda de la CCT, disfrazada en una retórica populista.

Es en este contexto que los grupos conservadores en EU se han empeñado en organizar una respuesta ultraderechista a la emergencia sanitaria y la crisis económica, abarcando una mayor dosis de subterfugio ideológico y una renovada movilización de sus fuerzas de choque que ahora exigen el levantamiento del confinamiento. La movilización de masas desde abajo bien podría exigir que el Estado proporcione socorro en gran escala para los millones de trabajadores y familias pobres en lugar de insistir en la inmediata reapertura de la economía. Pero la CCT y sus agentes políticos buscan a toda costa evitar que las masas demanden un Estado de bienestar social como respuesta a la crisis. Es por eso que promueven la revuelta reaccionaria contra el confinamiento avivada por Trump y la ultraderecha.

La CCT se ha empeñado en trasladar la carga de la crisis y el sacrificio que impone la pandemia a las clases trabajadoras y populares. Para este fin ha podido contar con el poder del Estado capitalista. Los gobiernos en el mundo han aprobado nuevos rescates masivos para el capital, mientras se escurren de esta piñata unas migajas para las clases trabajadoras. Los gobiernos estadunidense y europeos prometieron al menos 8 billones de dólares en préstamos y subsidios a las corporaciones privadas, aproximadamente equivalente a todas sus ganancias en los últimos dos años.

Se trata de la lucha de clase desde arriba. Mientras estos billones de dólares se acumulan en la parte más superior de la pirámide social, la crisis desa­tada por la pandemia dejará a su paso más desigualdad, tensión política, militarismo y autoritarismo. La Organización Internacional de Trabajo advirtió que centenares de millones de personas podrían perder su empleo, en tanto la agencia internacional Oxfam calculó que hasta 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza. Aún más ominoso, el Programa Mundial de Alimentos advirtió sobre "hambruna de proporciones bíblicas," calculando que hasta 130 millones de personas podrían morir de hambre por el posible colapso de las cadenas de abastecimiento de alimentos.

El carácter clasista de la pandemia queda al desnudo. Al virus no le importa la clase, etnicidad o nacionalidad de sus portadores humanos, pero son los pobres, los marginados y las clases trabajadoras quienes no gozan de las condiciones para protegerse ni pueden asegurar la atención médica en caso de contagio. Millones podrán morir, no tanto por la infección, sino por la falta de acceso a los servicios y recursos vitales. Las clases dominantes utilizarán la pandemia como cortina de humo para consolidar un estado policiaco global. En fin, la crisis capitalista desatada por el coronavirus será más mortal para los trabajadores empobrecidos que el mismo virus.

Por William I. Robinson, profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

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Miércoles, 06 Mayo 2020 05:55

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

Mientras se instala en la Argentina una absurda discusión sobre qué hacer con el riesgo de que el coronavirus estalle en las cárceles, el resto del mundo ya lo tiene resuelto. Se pierde el tiempo aterrorizando a la población con la liberación de asesinos y violadores, algo a lo que obviamente todos se oponen, y no se toman medidas básicas con los que no cometieron delitos graves y son los que llenan los penales.

 

La insólita polémica sobre las cárceles, desatada en la Argentina por la oposición, no se repite en la mayor parte del mundo, ni siquiera en los que siempre hicieron bandera con la mano dura penitenciaria. Los presos disminuyen en la totalidad de los países. Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema, produjo decenas de miles de morigeraciones. Los datos surgen de revisar los diarios y sitios de internet de los distintos estados. 

Lo que se percibe es un temor a que explote un contagio masivo y eso contacte con el resto de la sociedad. Un ejemplo es la cárcel del condado de Cook, en Chicago, que se considera el mayor foco de virus en esa ciudad. Sucede que en una cárcel como la de Cook entran y salen centenares de personas por día: penitenciarios, médicos, enfermeros, cocineros, personal administrativo, de limpieza. Una explosión del Covid--19 en un penal, tarde o temprano repercute afuera. Y la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores es una sola. Y es escasa.

* California llevaba 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones. Esta semana, la cifra subió, sólo en Los Angeles, a 5.000, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Angeles tenía 17.000 presos y ahora bajó a menos de 12.000.

* Pero las morigeraciones se dan en casi todos los condados de California. En Marin County, una prisión que suele tener unos 280 reclusos, el viernes tenía 158, tras haber enviado a sus casas a 43 ese mismo día. De la San Diego County Jail salieron 300 internos y se le negó el beneficio a otros 200, según el San Diego Union Tribune.

* La revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, publicó que en el penal Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 del total de 2.500 presos. La revista Alive, de Ohio, afirma que la cantidad de internos bajó en un 30 por ciento por las excarcelaciones.

* En la prisión de Maricopa, en Arizona, la cantidad de presos bajó de 7.500 a 5.306. Pero además, el penal resolvió no exponer más a todos los penitenciarios, por lo tanto decidió que 700 penitenciarios no concurran hasta nuevo aviso.

* El canal KCBY de Oregón informa que la prisión llamada Washington Jail tomó una decisión que va al revés de lo habitual: fijó un número de presos con los que se puede mantener cierto nivel de prevención del virus y mandó a casa a todo el resto, siempre de los presos considerados de bajo riesgo. De esa manera redujo la población carcelaria a la mitad: la cifra normal eran 573 presos y ahora hay 280.

* En Denver, Colorado, la población carcelaria bajó un 41 por ciento por la libertad dictada a todos los mayores de 60 años; los que tenían problemas de salud, los que tenían fianzas relativamente bajas y no pudieron pagarlas y todos los que tenían por delante pocos meses de pena. El sitio Denverite dice que aún así hay peligro de contagios en las cárceles.

* En Nueva York, las oleadas de liberaciones en el penal de Rikers Island son casi diarias. Primero fueron 1.100 presos, luego, 51, 200, 175. Según el New York Post, en el estado hay en la actualidad 4.906 y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay menos de 5.000 presos.

* Los medios informan sobre reducción en la cantidad de internos en Virginia, Maryland, Florida, Tennessee, Pensylvania, Minnesota, Nevada, Hawai, Alabama, Texas, Maine, Massachusets, Georgia, Michigan y otros.

La totalidad de los estados registran descensos en la cantidad de presos, muy en línea con lo que impulsan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ambas entidades quieren evitar una catástrofe humanitaria y en el servicio de salud.

El ejemplo en la Argentina sería el siguiente. En la cárcel de Devoto hay 1.800 presos. Si se produce un contagio de envergadura, una pequeña parte de los contagiados, sobre todo los que ya venían con enfermedades, necesitarán ser hospitalizados y requerirán de camas y respiradores. El hospital más cercano es el Zubizarreta, que tiene ocho camas en terapia intensiva con respirador. Parece obvio que todas esas camas y respiradores estarían ocupadas por personas contagiadas en el penal, dado que ahí las condiciones de aislamiento son imposibles. Los vecinos de la zona, tendrían que ser alojados en otros hospitales.

Eso es justamente lo que tratan de evitar en los estados norteamericanos: que les estalle una crisis que terminé produciendo gran cantidad de fallecidos en los penales y una catástrofe en el sistema sanitario.  

Una conducta que se repite en todo el mundo, sin grandes discusiones, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la ONU. 

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Los futbolistas tendrán a su disposición exámenes médicos diarios, mientras el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, el personal sanitario sigue a la espera en la mayoría de los casos de las pruebas diagnósticas. (EFE)

Nada simboliza con más fuerza la polémica sobre el acceso a las pruebas diagnósticas que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: mientras que los primeros aún esperan en muchos casos la realización del test, los segundos se incorporan a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías, incluso con controles médicos diarios.

 

Ahora que el Gobierno ha trazado una hoja de ruta para salir del confinamiento, son muchas las personas, sobre todo las que vuelven a su lugar de trabajo, que demandan garantías, la certeza en definitiva, de saber si aquellos individuos con las que van a relacionarse o incluso ellas mismas tienen la covid-19. 

Hay un temor que comparten ciudadanos y autoridades en esta nueva fase de la desescalada: la posibilidad de que se produzca un rebrote. Ahí van a jugar un papel fundamental las pruebas diagnósticas, los PCR y los test serológicos. Pero la desescalada arranca sin test masivos: sólo una minoría sabrá a ciencia cierta si está contagiada o no por el coronavirus. Y además será una selecta minoría: futbolistas que vuelven estos días a los entrenamientos y todos aquellos que puedan pagarlo o cuya empresa quiera hacerlo. 

La CEOE, por ejemplo, ya ha pedido este lunes al Gobierno que autorice a las empresas a realizar test a sus trabajadores para poder detectar contagios, y que elabore un plan para las restricciones a la movilidad ante la probabilidad de un rebrote. La patronal propone llevar a cabo protocolos de vuelta que incluyan test serológicos con registro y seguimiento de estatus de infección, utilizar la geolocalización con datos anonimizados o poner puestos de control móviles en las ciudades para verificar contagios.

El Gobierno asegura que en España ya se ha practicado más de dos millones de pruebas diagnósticas. Esas pruebas, sin embargo, no llegarán a toda la población: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya dijo la semana pasada que el Gobierno no era partidario de hacer test masivos. Para saber qué porcentaje de la población puede estar infectada el Ejecutivo anunció un estudio cualitativo a 36.000 familias del que poco más se ha sabido hasta ahora.

Las prioridades del Gobierno: la detección rápida

Los tests masivos no son necesarios, viene a decir el Gobierno, que prefiere poner el acento en la detección rápida de los casos sospechosos. Sanidad quiere reducir a un máximo de 48 horas el plazo para identificar un posible positivo de coronavirus, en lugar de los hasta 15 días que se tarda actualmente entre que una persona desarrolla síntomas y recibe el diagnóstico de la enfermedad.

El objetivo del Gobierno es que toda persona con síntomas de coronavirus pueda hacerse un test. Además, quiere priorizar la identificación de nuevos casos y el seguimiento de las personas con las que el enfermo ha estado en contacto. Para ello, Sanidad se está planteando utilizar una aplicación en teléfonos móviles para rastrear los contactos de los nuevos contagiados de covid-19, aunque Simón ha puntualizado que hay que valorar que no infringen la Ley de Protección de Datos y que tienen un "valor añadido" al sistema de rastreo de contactos ya establecido en el sistema sanitario.

Esta decisión de no hacer test masivos abre las puertas al mercado: ya hay laboratorios privados que ofrecen en sus páginas web la posibilidad de hacer varios tipos de pruebas para detectar el virus, a pesar de anteriores resoluciones del Ministerio de Sanidad en las que se indicaba que debían poner a disposición de las autoridades públicas su capacidad de análisis. De hecho, este pasado lunes en el centro de Barcelona se podían ver colas de personas que esperaban, en su mayoría, poder someterse a las pruebas de detección del coronavirus.

La inevitable comparación

No todo el mundo va a ser sometido a los test del coronavirus, es cierto, pero eso no es lo más relevante. El foco de la polémica está en otro punto: el personal sanitario. Y es que el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, que lleva casi dos meses en primera línea intentando contener la pandemia, sigue a la espera, en la mayoría de los casos, de las pruebas. 

La situación de los sanitarios es una evidencia palpable de que la realidad nunca es del todo justa, que el mercado a veces tiene otros intereses, sobre todo si se compara con la situación de otro colectivo profesional que esta semana vuelve al trabajo después de casi dos meses de parón: los futbolistas.

Los expertos ya han advertido hace tiempo de que existe una relación entre el nivel de renta y la afectación del coronavirus. A mediados de abril Pablo Iglesias pronunció unas palabras que fueron muy criticadas por la derecha, pero que de hecho ahora vuelven a cobrar actualidad: "Todos sabemos que este virus no entiende de territorios pero sí entiende de clases sociales". Trasladado al acceso a las pruebas, las preguntas surgen solas: ¿Por qué los futbolistas, los políticos o más recientemente Pedro Almodóvar pueden hacerse las pruebas del coronavirus mientras miles de ciudadanos y en especial muchos sanitarios están a la espera de una? ¿Hay también diferencia de clases para acceder a un test?

Nada simboliza con más fuerza esa polémica que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: un pálido reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad actual. Los primeros llevan tiempo escuchando las promesas del Gobierno sobre la realización de una pruebas que en muchos casos no terminan de llegar mientras trabajan en unas condiciones precarias –no hay país en el mundo con más sanitarios infectados que España, unos 36.000–; los segundos van a incorporarse a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías y con una prueba que certifique su buen estado de salud por delante.

"Una temeridad"

Eso, sin embargo, no aplaca la preocupación entre los sanitarios, especialmente entre los profesionales de la atención primaria que serán los que en esta nueva fase van a tener que atender a buena parte de los enfermos y asumir las altas que se están produciendo en los hospitales. Necesitan protección. Las sociedades médicas de España ven "primordial" facilitar a los médicos de familia y atención hospitalaria el acceso "inmediato" a las pruebas diagnósticas y así promover la detección temprana de los casos posibles y proceder a su confinamiento y cuarentena. 

Las reclamaciones llegan desde todos los rincones de España: este mismo lunes el sindicato SATSE de Madrid ha exigido pruebas PCR  y test serológicos para todos los profesionales de atención primaria, al tiempo que ha recordado que en muy pocos centros de salud de la Comunidad de Madrid se están realizando. 

SATSE considera una "temeridad" que haya profesionales sanitarios que desconocen si son positivo o no y, "lo que es peor, sin saber sin son vectores de contagio", asegura su secretario de Acción Sindical, Jesús García . "No se puede permitir que profesionales que tienen que cuidar no sólo a pacientes con covid-19 sino también pacientes crónicos y vulnerables, desconozcan su propio estado de salud. Es una bomba de relojería que podría echar abajo la ingente labor realizada hasta ahora".

También en Galicia denuncian "la precariedad y la falta de medios"​ del Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque la Xunta ha prometido que se "van a hacer 50.000 test a profesionales".  Esa conjugación en futuro contrasta con la conjugación en pasado que hacen muchos equipos de fútbol, que ya han realizado las pruebas a sus jugadores.

En Castilla y León, sin embargo, conjugan en presente: allí acaban de empezar a realizar las pruebas a los sanitarios, según explica Cristina, enfermera del hospital Río Ortega en Valladolid: "Han empezado estos días a hacer las pruebas. A mí me han dicho que me la harán la semana que viene". 

Pero tampoco vale cualquier test. El secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, Jesús García, a través de un comunicado, afirma que los test rápidos tienen una sensibilidad o especificidad "controvertida".  "Hay que recordar que no son pruebas diagnósticas para saber si el profesional está infectado de covid-19 y su valor predictivo es escaso", advierte García, quien exige pruebas de serología mediante test Elisa e inmunoquimioluminiscencia "para todos los profesionales".

Mientras tanto, otros profesionales, los futbolistas, no tienen que preocuparse de nada. Tanto es así que el Consejo Superior de Deportes (CSD) recomienda incluso que los clubes hagan controles médicos diarios dentro de dos semanas solamente si algún deportista o miembro del cuerpo técnico o del equipo dan positivo.

madrid

04/05/2020 22:49 Actualizado: 05/05/2020 10:35

jorgeotero99

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Ecuador, entre el coronavirus y el neoliberalismo

La pandemia llegó al país en medio de la crisis económica

El epicentro de la enfermedad está en Guayaquil, que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. El gobierno de Lenín Moreno está siendo fuertemente criticado por la falta de credibilidad en sus estadísticas.

 

El coronavirus llegó a Ecuador en medio de una profunda crisis económica. El epicentro de la enfermedad se dio en la ciudad de Guayaquil que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. En medio de enormes críticas al gobierno por la falta de credibilidad en las estadísticas, el mismo presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras no eran precisas. 

Hasta este domingo se informaron de 30 mil casos positivos y 1.564 muertes. Sin embargo, hace algunos días la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que allí hubo siete mil muertes más que en abril del año pasado. Moreno planteó una salida del aislamiento para este lunes 4 de mayo, pero Guayaquil y Quito seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo. Desde las organizaciones indígenas anunciaron que no van a seguir la medida. “Sin datos reales es imposible hacer una planificación seria. Vamos a mantener el aislamiento”, dijo Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El Estado ausente

Desde su llegada al gobierno, Moreno fue limitando la capacidad del Estado para intervenir en la economía. De esa manera el país entró en un laberinto del cual parece difícil divisar el final. Y llegó el coronavirus. Sólo en la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el número de contagios asciende a 13.053, el 62 por ciento del total nacional. Hace algunas semanas el sistema sanitario de la ciudad colapsó ante el creciente número de muertes. La alcaldía demoró entre tres y cuatro días en retirar los cuerpos de las casas, por lo que las familias tuvieron a dejarlos en las calles. En respuesta, la titular de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que la situación era alarmante. Sin embargo, dijo que aún no podían saber si la causa de las muertes era por coronavirus. Las cifras oficiales están en el centro del debate.

El gobierno tomó una serie de medidas para contener el contagio. El 16 de marzo declaró el estado de excepción que limitó el tráfico de vehículos y la actividad comercial. También ordenó el trabajo a distancia y cerró todas las escuelas del país. Tres días después decretó un toque de queda que rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. En Ecuador viven 17 millones de personas. El 60 por ciento de la mano de obra es informal, por lo que el aislamiento dejó a millones de familias sin su principal fuente de dinero. Moreno lanzó un Bono Familiar de 60 dólares que se entregará durante los meses de abril y mayo a las personas con ingresos por debajo del salario básico, fijado en 400 dólares. El gobierno estima que 950 mil ecuatorianos recibirán el bono.

En paralelo el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de "Ley de Apoyo Humanitario”. El mismo propone grabar con un impuesto los salarios que superen los 500 dólares. El porcentaje de aporte será progresivo, incrementándose para los sueldos más altos. Por otro lado las empresas que hayan facturado más de un millón de dólares, entregarán el cinco por ciento de esa utilidad en tres pagos mensuales. Al presentar la medida Moreno dijo que la crisis económica se debía a la deuda dejada por el expresidente Rafael Correa. “Esta crisis (...) nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares", se justificó el presidente. 

Desde el partido al que pertenece Correa, Revolución Ciudadana (RC), sostienen que tal monto no es real. “Ante cada crisis política Moreno apela al mismo discurso. Ya no es creíble. Los datos oficiales que maneja el ministerio de Economía y Finanzas no reflejan lo que él sostiene. La deuda real al momento que Correa dejó el gobierno rondaba los 38 mil millones”, sostuvo Pabel Muñoz, asambleísta de RC. Muñoz recalcó que la ley tal como está planteada sólo volcará sobre los trabajadores la mayor parte de la carga impositiva. “Con ella esperan recaudar 1.400 millones de dólares. De ese total 900 millones vendrían de las personas y sólo 500 millones de las empresas. El gobierno no quiere poner impuestos al gran capital por que son su principal base de sustento”, dijo el asambleísta. Desde RC propusieron crear un impuesto a bancos y telefónicas que obtuvieron ganancias extraordinarias mientras la economía se derrumbaba. También una contribución del 0,9 por ciento a los patrimonios individuales de más de un millón de dólares.

A contramano del mundo

Además, la "Ley Humanitaria" estipula un recorte en los salarios públicos, según denunció el sociólogo económico Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización. “Aprovechan este contexto para continuar aplicando las medidas que exige el FMI. El gobierno planteó un recorte salarial del 10 por ciento que no se aplicará sólo durante la crisis sino de forma permanente. Para el FMI y Moreno, el sector público es el grande culpable de esta crisis económica”, remarcó Chiriboga. El académico sostuvo que con estas medidas el gobierno va a contramano de lo que está haciendo el mundo para enfrentar la pandemia. 

En paralelo, durante el mes abril hubo una enorme fuga de capitales. “Siguiendo las estadísticas que publicó el Servicio de Rentas Internas, que se encarga del cobro de impuestos, advertimos que hubo al menos 829 millones de dólares se fugaron. Esto afecta gravemente a nuestra economía, dolarizada, ya que el gobierno necesita de esa moneda y no puede emitirla”, sostuvo el sociólogo económico. Además resaltó que la estructura primarizada de la economía es otro componente fundamental de esta crisis. El país depende de la exportación de petróleo, entre otros insumos básicos, y su precio está por el piso. Para Muñoz este caldo de cultivo esta llevando a la implosión del modelo ecuatoriano. “La dolarización termina funcionando como una camisa de fuerza. Uno no elige salir de ella sino que te expulsa y deja a la economía en un estado muy vulnerable. Hoy debemos sostenerla, pero las herramientas con las que contamos cada vez son menos”, sostuvo el economista de RC.

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¿La falta de vitamina D aumenta el riesgo de morir por coronavirus?

Los resultados de una investigación realizada en el Reino Unido

De acuerdo con una investiación realizada por científicos de la Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust y la Universidad de East Anglia del Reino Unido, la deficiencia de vitamina D podría estar relacionada con un mayor riesgo de morir a causa del coronavirus.

Los investigadores centraron el estudio en países europeos como España, Suiza, Italia, entre otros, donde analizaron los niveles de dicha vitamina y su relación con la mortalidad a causa del virus.

A pesar de que el análisis tuvo limitaciones, consideraron que en la mortalidad a causa del coronavirus tuvo incidencia la deficiencia de vitamina D, y entre la población más vulnerable se encuentran las mujeres mayores de 70 años, quienes reportaron una deficiencia severa de la vitamina.

El resultado -aún no validado por la comunidad científica- surge del cruce entre lo niveles promedio de vitamina D en cada uno de los países europeos, con su tasa de mortalidad relativa por el covid-19. Con esta prueba estadística sencilla se demostró que existía una relación entre ambas cifras, y que aquellos países con mejores niveles de vitamina D registraron un promedio menor de cantidad de muertes por el virus.

Además, señalaron que la población más vulnerable es la de personas de edad avanzada, y agregaron que la vitamina D protege contra las infecciones respiratorias agudas, por lo que es importante ingerirla ya sea a través de los alimentos o en suplementos.

Algunos alimentos ricos en esta vitamina son sardina, atún, salmón, mariscos, hígado de pollo o vaca, algunos lácteos, setas y germen de trigo, entre otros.

Otra forma de obtener vitamina D es a través de la exposición al sol, dado que el organismo es capaz de sintetizarla naturalmente, por lo que los especialistas recomiendan estar al sol al menos 10 minutos al día.

COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?

En 2016, el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El siguiente paso serían los ensayos con humanos, pero ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto.

Según Massimo Florio, Profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, la historia de Peter Hotez, que testificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuenta cómo "a pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas".

El coronavirus no mata, es el sistema inmunológico del paciente el que daña los órganos vitales

Un análisis de inteligencia de Bloomberg ha demostrado que en el último año las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han lanzado alrededor de 400 nuevos ensayos de medicamentos: casi la mitad de éstos son anti-tumorales, y sólo 65 están destinados a tratar enfermedades infecciosas que se definen como menos gratificantes que las terapias a largo plazo, como las de la diabetes o el colesterol. De las 20 compañías farmacéuticas más grandes, sólo cuatro tienen una unidad de investigación de vacunas.

Según Florio, estas cifras se explican por el reconocimiento de que "el sistema de investigación actual es víctima de una contradicción incurable entre las prioridades de la ciencia para la salud y de la ciencia para el beneficio".

Para el profesor, "la emergencia que estamos experimentando debe ser una oportunidad para repensar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas".

 

¿Una vacuna al COVID-19 accesible a todos?

 

Según un informe de la OMS, actualmente se están llevando a cabo 62 programas de investigación en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna para el COVID-19, y aunque todavía no se sabe cuándo y quién tendrá éxito primero, muchas ONG y políticos se han adelantado pidiendo, con diferentes métodos, lo mismo: que el precio de la vacuna sea, de ahora en adelante, accesible a todos los servicios nacionales de salud.

A principios de marzo, por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos propuso incluir en el plan de emergencia para el COVID-19 un mecanismo para controlar el precio de una posible vacuna obtenida por una empresa farmacéutica gracias también a fondos públicos.

Recientemente, Costa Rica también ha hecho una propuesta a la OMS para crear un fondo común mundial para el COVID-19 en el que se puedan reunir todos los proyectos de propiedad intelectual e investigación. Posteriormente, la OMS puso en marcha un proyecto mundial denominado "Acceso al acelerador de herramientas COVID-19" para asegurar el intercambio de descubrimientos científicos para combatir el virus, aunque todavía no se ha especificado nada sobre la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

 

Para el Parlamento Europeo, la vacuna financiada públicamente debe permanecer en el dominio público

 

Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó la enmienda de los demócratas, el Parlamento Europeo aprobó el 17 de abril una resolución en la que se pedía que "toda investigación financiada con fondos públicos siguiera siendo de dominio público" en relación con la vacuna para el COVID-19. Antes de la votación, un grupo de diputados había escrito una carta a la Comisión Europea.

"Observamos con gran preocupación que, aunque la Comisión invierte más del doble que cualquier otro socio privado en los proyectos de investigación de la Unión para el COVID-19, no se han tomado medidas para garantizar que los resultados sean asequibles para todos los sistemas de salud", dice la carta. El texto advierte a la Comisión que no adopte, una vez más, el modelo de negocio de los años anteriores.

De hecho, en Europa, aunque existe una oficina central encargada de expedir patentes - la Oficina Europea de Patentes - es cada país el que individualmente, a través de sus organismos nacionales, como Aifa para Italia, se encarga de fijar el precio de un nuevo medicamento con la empresa. Por consiguiente, el resultado de las negociaciones puede variar de un Estado a otro y los países no están obligados a revelar el precio acordado con la empresa. Gracias a la patente -normalmente por un período de 20 años- la empresa tiene el monopolio del medicamento y puede pedir el precio que prefiera.

Algunos países han enmendado recientemente sus leyes pertinentes para facilitar el acceso a la vacuna cuando entre en el mercado. Alemania, por ejemplo, ha estipulado que el Ministro de Salud puede, en caso de que se declare una emergencia nacional, ejercer medidas de control sobre las patentes de medicamentos.

Canadá ha enmendado sus leyes para facilitar el uso de una licencia obligatoria. Este tipo de licencia permite al gobierno utilizar una patente sin obtener primero el consentimiento del titular de la patente - en este caso la compañía farmacéutica - mientras paga dinero.

En el pasado, algunos países han utilizado estrategias similares para tratar a sus ciudadanos. En 1997, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una Ley de Medicamentos para importar medicinas para el VIH de los países que los producían al precio más bajo. En ese momento algunas de las mayores compañías farmacéuticas demandaron al gobierno pero luego, bajo presión pública, se echaron atrás.

Entre los firmantes de la carta a la Comisión Europea se encuentra Petra De Sutter, eurodiputada belga de los Verdes y presidenta de la Comisión de Mercado Interior, que explica: "No se trata de ignorar la necesidad de que las empresas obtengan beneficios, sino de repensar el papel del público, poniendo en primer lugar la necesidad del paciente y no la de la industria farmacéutica".

Según De Sutter, es poco probable que la vacuna, una vez desarrollada, se ponga en el mercado a precios exorbitantes. "Entonces los gobiernos recurrirían a las licencias obligatorias, lo que siempre es una posibilidad cuando la salud pública está realmente en peligro. Además, se trata de vacunar a casi todo el mundo, por lo que el beneficio sería muy alto en cualquier caso".

Sin embargo, es importante que De Sutter hable de estos temas ahora, "porque una vez que la emergencia del coronavirus haya terminado, los problemas de nuestro mercado farmacéutico permanecerán".

Las grandes farmacéuticas invierten más en la compra de empresas de "bajo riesgo" que en la investigación.

Entre los problemas que destaca De Sutter está el uso de fondos públicos para la investigación.

Varias encuestas han demostrado que en los últimos años las empresas farmacéuticas tienden a invertir sólo en las etapas finales de la investigación, es decir, cuando parece estar asegurado el beneficio, mientras que las etapas iniciales se llevan a cabo gracias a los recursos de las universidades o asociaciones.

El resultado es que "el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado", como se explica en un informe del UCL Institute for Innovation and Public Purpose por Mariana Mazzucato y Henry Lishi Li.

Una encuesta realizada por la Radio y Televisión de Suiza a principios de este año mostró que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en la compra de pequeñas empresas con medicamentos en una fase avanzada de desarrollo que en la investigación real.

El año pasado, el fármaco para la atrofia espinal Zolgensma, producido por Novartis y comercializado en los Estados Unidos, fue descrito por Forbes como el "fármaco más caro del mercado" con un precio de alrededor de dos millones de dólares por paciente. El precio exorbitante también había causado controversia debido a que el fármaco fue, en las fases iniciales, financiado por un laboratorio sin fines de lucro de la asociación francesa Telethon, que luego vendió la patente a una empresa incipiente comprada por Novartis.
El caso de Reino Unido

También en las últimas semanas en el Reino Unido, más de 20 asociaciones han escrito una carta al gobierno pidiendo que cualquier vacuna obtenida con fondos públicos no se convierta en un monopolio de una empresa privada.

"Sin las precauciones adecuadas, veríamos un acceso diferenciado a los nuevos tratamientos para el COVID-19, como fue el caso de la gripe porcina en 2009, cuando los países más ricos fueron los primeros en conseguir la vacuna", dice el documento. La carta está firmada, entre otros, por Médicos sin Fronteras, que lleva semanas vigilando de cerca las implicaciones éticas del desarrollo de la nueva vacuna.

"Sabemos muy bien lo que significa no poder curar a la gente porque la medicina necesaria es demasiado cara", dijo la ONG en un comunicado.

Hace apenas un año, la asociación, junto con otras que trabajan en campos de refugiados en Grecia, utilizó por primera vez en Europa un mecanismo humanitario que le permitió vacunar a los niños contra la neumonía a un precio de 9 dólares por niño. A modo de comparación, el precio acordado por Grecia con Pfizer y GSK - los dos únicos fabricantes de la vacuna - para un tratamiento normal habría costado 168 dólares por niño.

Médicos sin Fronteras aprovechó la oportunidad para recordar que "alrededor de un tercio de los países del mundo no pueden permitirse incluir la neumonía entre sus vacunas estándar debido al precio demasiado alto que exigen las empresas farmacéuticas".

La firma de la carta dirigida al gobierno británico fue, entre otras, la ONG Just treatment (Tratamiento Justo). "Estamos asistiendo a una oleada de nuevos medicamentos, especialmente antitumorales, protegidos por patentes y con precios inalcanzables, y los signos actuales indican que la situación no puede sino empeorar", explica Diarmaid McDonald, portavoz de la asociación.

A lo largo de los años, la ONG ha apoyado varias batallas por el acceso a los medicamentos, la última hace apenas un año, cuando el sistema de salud británico no quiso pagar el precio de 104.000 libras esterlinas por paciente y año por Orkambi, un medicamento para la fibrosis quística producido por Vertex. El estancamiento de las negociaciones - ahora resuelto - había llevado a algunos padres de niños con la enfermedad a organizar un club de compradores y comprar el medicamento en Argentina, que había negado la patente a Vertex y organizado la producción de un Orkambi genérico al precio de 24 mil libras esterlinas.

"Just treatment también hizo campaña para el acceso al Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis c producido por Gilead", que en 2015 se pondrá en el mercado a un precio de hasta 40.000 euros por tratamiento, dice McDonald. En esa época, muchos servicios de salud europeos racionaron la medicina para mantener bajos los costos, poniéndola a disposición de los pacientes sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Los otros no tuvieron más remedio que esperar.

Por ello, antes de que las agencias de medicamentos ampliaran el abanico de beneficiarios, muchas personas recurrieron a agencias de viajes que permitían a los pacientes ir a la India o a Egipto - un turismo de salud que publicitaba nada menos que el futbolista Lionel Messi - donde se le negaba el monopolio a Gilead y el medicamento genérico se producía a un precio mucho más asequible.

"Recuerdo bien cuando me examinaron para decidir si era apto para el tratamiento", dice Simon Brasch, uno de los pacientes de hepatitis C que tuvo que esperar para conseguir un medicamento que ya estaba disponible en el mercado. "Me revisaron el hígado y me dijeron: estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento. Salí de allí y me pregunté: ¿qué tengo que hacer, beber dos vodkas al día para que mi hígado se degrade, para que finalmente pueda mejorar? Nunca hablamos de una sola medicina. Es todo el sistema el que necesita ser repensado", dice.
"La actual pandemia ha mostrado un espectacular fracaso de la investigación de la industria farmacéutica"

Según el profesor Massimo Florio "la actual pandemia ha mostrado un fracaso espectacular de la investigación de la industria farmacéutica. Por eso necesitamos una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que sólo existan en el mercado a precios exorbitantes".

La propuesta del profesor de una estructura pública europea para los medicamentos que vaya más allá del oligopolio farmacéutico se publicó en el Foro sobre Desigualdades y Diversidad.

En el siglo XIX el paludismo causó miles de muertes en Italia. Así que en Turín se abrió la planta química farmacéutica militar para producir, bajo la dirección de un coronel químico, la quinina, la única droga conocida entonces para combatir la enfermedad. Más tarde, con el desastre de Chernóbil, la planta - trasladada de Turín a Florencia - pudo producir 500.000 tabletas de yoduro de potasio, el fármaco para el cáncer de tiroides, en 24 horas.

Hoy en día la planta sigue activa y puede producir, entre otras cosas, cloroquina, una droga "descendiente" de la quinina. "Si, por ejemplo, se descubre hoy que la cloroquina se utiliza para combatir el coronavirus, estaríamos listos para producirla en grandes cantidades. Historias como la de la planta de Florio nos recuerdan que Italia no es ajena, por tradición, a la protección del derecho a la salud, pero en los últimos años la política ha eliminado estos temas de la agenda", recuerda Florio, y cierra con una advertencia.

"Hoy nos preguntamos cómo pudo suceder que economías aparentemente evolucionadas se hayan despertado no sólo sin vacunas y medicamentos, sino incluso sin respiradores y mascarillas. No debe volver a ocurrir nunca más".

1 mayo 2020 |

(Tomado de Euronews)