Brasil busca protegerse del Gran Hermano

El gobierno de Brasil anunció su intención de analizar la posibilidad de forzar a firmas extranjeras que ofrecen acceso y servicios en Internet a almacenar sus datos en el país y no en el exterior. El motivo no es otro que el conocimiento sobre el nivel de aglutación de empresas estadounidenses en el sector luego de que se divulgara que Estados Unidos espió masivamente a varias naciones (ver pág. 19). “Creo que vamos a tener que obligar a las empresas de Internet a almacenar los datos generados en Brasil dentro de Brasil”, afirmó el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo Silva, en declaraciones publicadas ayer por el diario O Estado de São Paulo.

 

El funcionario indicó que el nivel de concentración de empresas estadounidenses de Internet “es colosal” y que “siempre se está en conexión con servidores americanos”. Asimismo, el ministro admitió que una medida como ésa no formaba parte del proyecto de ley destinado a regular la actividad en Internet, que el gobierno analiza y tiene en carpeta desde hace varios meses con la intención de enviarlo próximamente al Congreso. Pero subrayó que se hace necesaria ahora, luego de que se revelara la semana pasada que Estados Unidos realizó acciones de espionaje masivas y sistemáticas sobre ciudadanos y empresas de numerosos países, incluido Brasil.

 

Esa afirmación fue hecha en un artículo elaborado en conjunto y publicado simultáneamente el domingo de la semana pasada por los diarios brasileño O Globo y británico The Guardian, sobre la base de revelaciones hechas por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) estadounidense Edward Snowden. La revelación motivó un inmediato pedido de explicaciones del gobierno de Brasil al de Estados Unidos, según hizo público el mismo domingo el canciller, Antonio Patriota.

 

En los días siguientes, la presidenta Dilma Rousseff anunció que llevaría el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también requirió explicaciones. En ese contexto, tanto Patriota como Bernardo conversaron con el embajador estadounidense, Thomas Shannon, quien mostró disposición al diálogo y reconoció que servicios de Inteligencia de su país registraron “metadatos” de comunicaciones telefónicas y cibernéticas de ciudadanos brasileños, según el canciller.

 

En cambio, Shannon negó que Estados Unidos hubiera instalado una base de espionaje en Brasil, como sostuvo la denuncia periodística y también fue desmentido por gobernantes brasileños actuales y anteriores. En las declaraciones publicadas ayer, Bernardo defendió la posición de Rousseff de activar organismos de las Naciones Unidas para crear un marco regulatorio multilateral sobre la privacidad de datos.

 

“El problema es que la Internet tiene reglas de gestión exclusivamente dictadas por Estados Unidos por medio de una entidad privada vinculada al Departamento de Comercio. Defendemos una gestión multilateral y multisectorial. Países y sociedades tienen que estar representados, pero los Estados Unidos se resisten mucho y frenan cualquier intento de discusión sobre el asunto”, señaló el funcionario brasileño. Además, Bernardo subrayó que el almacenamiento de los datos en el país es una cuestión de soberanía nacional debido a que las empresas de Internet están negándose a ofrecer información a la Justicia brasileña con el argumento de que sus archivos no están en el país.

 

Al respecto, citó la reciente negativa de Google a entregar copias de un mensaje de correo electrónico a un tribunal que investiga un caso de lavado de dinero. “Con esas denuncias (las de Snowden) vimos que ellos (las empresas de Internet) entregan todo, pero aquí alegan que no pueden hacerlo”, remarcó Bernardo. El ministro opinó que lo ideal es que esas empresas mantengan sus registros en el país para que puedan estar disponibles en caso de que la Justicia brasileña los solicite.

 

En este sentido, Bernardo dijo que el gobierno de Brasil ya había ofrecido incentivos para que las firmas de Internet mantuvieran sus centros de almacenamiento de datos en el país pero, ante la falta de éxito, ahora intentará garantizarlo mediante una ley. “Creamos incentivos para que los centros de datos se instalasen en Brasil y les suspendimos todos los impuestos sobre la compra de equipos, pero creo que ahora vamos a tener que obligarlos a almacenar los datos aquí”, explicó.

 

Otra iniciativa del gobierno brasileño será el análisis de las políticas de privacidad de empresas como Facebook y Google para garantizar el libre uso de Internet con respeto a la libertad individual. “La mayoría no lee bien (las autorizaciones) ni sabe que el contenido de sus correos puede ser visto o, peor, entregado a una agencia de seguridad de Estados Unidos. Estamos evaluando si las cláusulas están de acuerdo con la ley brasileña”, aseguró el ministro brasileño.

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Viernes, 26 Abril 2013 12:11

¿Justicia o persecución?

¿Justicia o persecución?

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga dictó a comienzos de diciembre del 2012, una Sentencia de Primera Instancia con la cual condenaba a 18 años de prisión a David Ravelo, reconocido defensor de derechos humanos de Barrancabermeja. El Fiscal 22 de la Unidad de Antiterrorismo, William Pacheco Granados, acusó de homicidio a Ravelo y pidió su condena en marzo de ese año. Conversamos sobre este suceso con Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos, abogado de David Ravelo e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

 

El paso inmediato sería entender que es lo que allí ocurre a ciencia cierta,

cuál es la verdad, toda la verdad e inclusive mucho más que toda ella.

Gabriel García Márquez, en el escrito "En qué país morimos"

publicado el 8 de agosto de 1983, sobre el engendro tentacular que creció

en el corazón de Colombia, el Magdalena Medio, al inicio de los años ochenta...

 

Pocos ignoran que en Colombia aparatos de seguridad e investigación han utilizado montajes judiciales para la persecución de la oposición política y la impunidad de los victimarios. Muy pocos ignoran también que el formalismo jurídico es utilizado a rajatabla por juzgadores astutos que obstaculizan la labor de abogados éticos, impidiendo así que las verdades afloren en los procesos. Logran con ello que prevalezca una "verdad procesal" hecha a su medida, que sirve a la determinación tomada de manera previa al juicio. Cierto que hay trabajadores judiciales que honran a riesgo de sus propias vidas la dignidad sagrada de la justicia, pero se incurriría en la mentira cómplice del esperpento, si callásemos la magnitud de la corrupción invisible que ha carcomido los espacios sacros de la justicia. El caso Ravelo lo reconfirma.

 

Este caso, inmenso monumento de la injusticia, irá ahora al Tribunal Superior y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. Múltiples organizaciones sociales, militantes de la larga batalla por la justicia –en una nación que clama por ella desde hace siglos–, sindicatos y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, han rechazado el fallo.

 

¿Por qué condenan a David Ravelo?, preguntamos a Alirio Uribe, y su respuesta nos brinda pistas sobre lo que sucede en nuestro país con la Justicia, la libertad y el derecho a disentir:

 

"Pienso que David Ravelo encarna varios componentes de lo que ha sido la persecución política e ideológica contra la izquierda en este país. David reúne varias condiciones estigmatizadas: fue sindicalista, integró el Partido Comunista y después líder sobreviviente de la Unión Patriótica, concejal en Barrancabermeja y trabajador de la Asamblea Departamental, reconocido en la región por su liderazgo, construido éste con un trabajo social y político constante.

 

David fue fundador de Credhos, desde esta organización de derechos humanos denunció crímenes como la toma paramilitar de Barranca, y denunció los políticos regionales que se aliaron con los escuadrones paramilitares. También trabajó con un programa informativo de televisión local y como articulista para medios de prensa regionales, en esa labor periodística fue indoblegable en la tarea de denunciar atropellos, masacres y la corrupción. Todo esto es lo que le están cobrando con una sentencia contraria a la justicia y al derecho.

 

David Ravelo fue procesado por rebelión ante la justicia secreta y permaneció detenido 27 meses, entre el año 93 y el 95, lo defendí en aquella época y salió absuelto en primera y segunda instancia. Le acusaban de ser aliado de las farc, ideólogo de esa guerrilla, sumándole a ello atentados y bombas, sumándole todo lo que pasaba en Barranca en esa época.

 

 

 

La sentencia de diciembre de 2012 es por el asesinato de David Núñez Cala, secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranca, cometido el 5 de abril de 1991. La sentencia afirma que ese asesinato fue ordenado por David Ravelo como ideólogo de las farc. La sentencia ignora que hubo una sentencia de un juzgado penal, confirmada por el Tribunal Superior, determinando que Ravelo ni era ideólogo ni pertenecía a esa guerrilla.

 

En mi consideración en este caso hay un elemento histórico que no ha sido tenido en cuenta en el proceso. A comienzos de los años noventa las farc ejercían dominio en Barranca y la región circundante. Barranca era una población pequeña, la mayor parte de la gente se conocía entre sí, por lo cual no era difícil hablar con sus integrantes. Era muy poco probable ser líder comunal y no tener que hablar en ese momento con las farc, pero una cosa era hablar con éstas, y otra muy diferente era pertenecer a ellas, o ser uno de sus ideólogos".

 

¿Cómo se inició entonces el proceso que condujo a esta sentencia de diciembre del 2012?, preguntamos a Alirio, y él nos señaló: En noviembre de 2008 apareció un personaje, Mario Jaimes, alias "el panadero" quien dijo no ser sólo paramilitar, narcoparamilitar, sino que también había integrado las farc, y como tal, supuestamente participó en el año 91 en el asesinato de David Núñez Cala con tales y tales, estando entre ellos Horacio Serpa, Arístides Andrade, y David Ravelo, como ideólogo de las farc.

 

"El panadero" y Fremio Sánchez dijeron: "Nosotros matamos a Núñez Cala" y contaron cómo, dónde, a qué horas, cómo se hizo el operativo, quién era el sicario, quién manejaba la moto. Y después dijeron: "Pero todo eso se fraguó en una reunión en la que Ravelo nos ordenó el crimen".

 

Lo que resulta revelador es que los tres testigos de la supuesta reunión en la que se determinó el crimen no coinciden ni en el día, ni en la hora, ni en los asistentes, ni en la forma en que llegaron a la supuesta reunión. Cada uno da una versión diferente. Incluso en el testimonio del mismo "panadero" hay tres versiones distintas de la reunión.

 

Sucede que "el panadero" está en el marco jurídico de "Justicia y Paz", y en ese marco, si se tiene un homicidio, le condenan de cinco a ocho años; si tiene diez homicidios, le condenan de cinco a ocho años; y si tiene cien homicidios, igual. Entonces puede involucrar a quien quiera, sin resultar afectado procesalmente.

 

"El panadero" está preso desde el año 99. Y estando preso tiene tres procesos judiciales, uno por la violación de Jineth Bedoya, otro por un asesinato masivo en la cárcel Modelo, unos testigos que picaron, y otro por el asesinato hace dos años de un profesor de Barranca. Son procesos en los que él está vinculado por hechos cometidos después de estar preso. Un personaje que nunca se desmovilizó, que no ha dejado de delinquir y que como era amigo del jefe paramilitar Julián Bolívar y le trabajaba desde la cárcel, le hicieron el favor de meterlo en una lista como supuesto desmovilizado.

 

"El panadero" no sólo ha hablado contra David, también lo ha hecho contra otras personas y organizaciones, Yolanda Becerra la Organización Femenina Popular, Credhos, la Uso, Sinaltrainal....

 

Pero, con estos hechos, ¿cómo pudo la juez sentenciar a David Ravelo? preguntamos a Alirio Uribe, y él nos respondió: "La juez de Primera Instancia afirmó que el testigo: "es imparcial, creíble y que no se le ve ninguna enemistad contra Ravelo". Lo afirmó así a pesar de que tan solo el hecho de haber sido de la U. P. y defensor de derechos humanos, ya significa ser objetivo militar en una zona paramilitar. Pero no solamente eso, "el panadero" afirmó: en tal sitio, tal día, y a tal hora, ordené matar a David Ravelo, pero no pudimos hacerlo porque hubo un operativo policial. Después el mismo "panadero" dice: "en el año 99, me trataron de matar, hicieron un operativo que dirigió Efride Ravelo, el hermano de David Ravelo, quien trató de asesinarme".

 

Además, hay otra persona en el proceso llamada Orlando Noguera que fue condenada por ser de las farc, y quien aceptó integrarlas. Cuando se inicia el juicio contra Ravelo capturan a Orlando Noguera, quien contó: "Apenas llegué preso a Bucaramanga me cayeron "el panadero" y Fremio Sánchez, me ofrecieron plata y me dijeron: "usted debe decir que la reunión donde se fraguó el crimen de Cala tuvo lugar, que usted estuvo en esa reunión, que Ravelo también estuvo y mandó a matar a Núñez Cala. Incluso me ofrecieron plata para extorsionar a Horacio Serpa y a Arístides Andrade. Si ellos no nos dan plata, seguimos echándole lengua a todos".

 

¿Qué nos puede decir con relación al fiscal de este proceso, con dimensiones tan opacas?, es el interrogante que le planteamos a Alirio para concluir nuestra conversación, y él responde: "Hace muy poco tiempo tuvimos conocimiento de que el fiscal alcanzó a ser Capitán de la Policía, que siendo Teniente fue comandante de la Policía en Armenia. Y allí en 1991, unos policías están disparándole a una persona en las afueras de la ciudad, un joven en una moto los ve, la moto se le apaga. El joven es conducido a la estación comandada por este Teniente, y es desaparecido. Éste Teniente, que es el fiscal, fue destituido por la Procuraduría de derechos humanos y tiene una inhabilidad especial permanente que le impedía ser fiscal. Incluso tiene una condena de un año por parte del Tribunal Militar. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron la sanción de la Procuraduría. En este momento estamos alegando que todo lo hecho por un funcionario que no podía ejercer como tal, es nulo, y presentando nuestro recurso de apelación con un conjunto de argumentos que demuestren al Tribunal la necesidad de modificar la sentencia y de esta manera hacer justicia".

 

Publicado enEdición No. 190
¿Regresión en la política de seguridad alimentaria en Bogotá?

El viraje que la administración distrital busca darle a los comedores comunitarios genera inquietudes e incertidumbre en las comunidades beneficiadas con esta política.

 

En los últimos años el modelo de seguridad alimentaria en Bogotá creció, de manera paulatina, en términos de cobertura, fortalecimiento de infraestructuras locales, destinación de presupuestos, formación e impacto nutricional de participantes, generación de empleo para profesionales, técnicos(as), operarios(as), nutricionistas, interventores(as) y alianzas con proveedores tanto de la ciudad como de la región, así como diversificación de programas de acompañamiento.

 

Sin embargo, más allá de los aciertos de algunas políticas y programas, parece que cada administración que arriba al gobierno de la capital del país quiere cabalgar por camino propio. Es el caso del derecho fundamental a la alimentación, lo que ha disparado la preocupación entre comunidades y procesos organizativos.

 

Como lo demostró un estudio en el 2011 la inseguridad alimentaria en Bogotá afecta al 24%1, cifra inmensa que obliga a su administración central a concentrar esfuerzos para romper tal constante, al tiempo que evitar los traumatismos por decisiones tomadas de arriba hacia abajo.

 

El reclamo popular

 

En agosto del 2012, la Red local de participantes de comedores en Ciudad Bolívar, escribió al Alcalde Gustavo Petro una petición solicitando información, "clara y fidedigna, en cuanto a la continuidad y funcionamiento de los comedores comunitarios del Distrito y las localidades"2. En tal solicitud se realizan cuestionamientos en cuanto a la realidad de la (in) seguridad alimentaria, los servicios que van a ser modificados, la vigencia del comedor como espacio de desarrollo comunitario, la formación y acompañamiento a sus usuarios/as.

 

La respuesta de la administración de la ciudad se asignó a la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Su respuesta, genérica y sin claridad sobre los aspectos cuestionados.

 

Pese a ello, la Red de Comedores de Ciudad Bolívar prosigue su pesquisa para comprender la política oficial en curso, en concreto, por qué no se asignan recursos para el programa de comedores comunitarios, para el caso de Ciudad Bolívar, para 17 de estos espacios.

 

La búsqueda permitió encontrar la Directiva 005 de 2012, que define "lineamientos de política para líneas de inversión local"3, la cual se aplicó –más allá de la Localidad–, al conjunto de la ciudad, dejando sin presupuesto a los comedores comunitarios adscritos a los Fondos de Desarrollo Local, que para el caso de Ciudad Bolívar afecta a unas 5.000 personas beneficiarias del Programa.

 

La respuesta oficial. La realidad

 

Pero más allá de esta realidad, lo que arguye la respuesta oficial es que hay una transición entre propuestas antiguas y nuevas. En esta transición, así lo viven los habitantes más marginados de nuestra ciudad, ellos sufren los platos rotos. Y las ollas sin mercado.

 

Es verdad de bulto, que los problemas administrativos no pueden ser razón para explicar por qué se agrava la inseguridad alimentaria en la ciudad. Hay que recordar que para el caso de Ciudad Bolívar las personas pobres por ingresos corresponden a cerca de "206.198"4.

 

Según esta encuesta, el nivel de indigencia de ésta Localidad corresponde a 37.433 personas, panorama complejo para una zona donde su población crece de manera notoria año tras año.

 

Las cifras de personas pobres y en indigencia por ingresos en Bogotá, según datos por localidad, son de la dimensión siguiente:

 

En esta tabla se observa que en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal el porcentaje de población pobre es mayor al 30 por ciento, de lo cual se desprende una tarea enorme y estructural entorno a la seguridad alimentaria.

 

En Ciudad Bolívar, luego de asambleas, elaboración de pancartas, encuentro entre participantes de comedores, reuniones con la Subdirección Local de Integración Social y la búsqueda de información permanente, se entabla una interlocución con la Secretaría de Integración Social, donde la entidad expone algunos avances de la propuesta conocida como "MIVITAL", confirmando que, en efecto, los cambios son inminentes en la seguridad alimentaria del Distrito. Los cuestionamientos, inquietudes e incertidumbre no se hicieron esperar:

 

¿Se va a repetir la improvisación, como en el caso de las Casas Vecinales?, ¿está preparada la administración para implementar una estrategia nueva en seguridad alimentaria, a pesar de la baja comunicación que las instituciones tienen entre sí?, ¿cómo sostener los procesos valiosos de formación, construcción de redes comunitarias y sociales, alrededor de los comedores que no continúan?, ¿a quiénes beneficia esta nueva estrategia en términos de contratación?, ¿la famosa depuración de la pobreza que se pretende hacer en qué consiste?, ¿cuáles son las garantías de cumplimiento para las comunidades en su derecho a la alimentación?, ¿serán desconocidas las organizaciones de base y los procesos sociales exitosos surgidos entorno a los comedores comunitarios?, ¿es una tarjeta, una canasta o un bono el nuevo mecanismo para acceder a la seguridad alimentaria en Bogotá?, ¿es la individualización de las necesidades de las personas, con la consecuente fractura de la organización social?. Estas, y otras muchas preguntas son las abiertas por este debate aún no aclarado por la administración central de la ciudad.

 

No olvidar

 

Pero mientras ello sucede, hay que recordar que la administración –más aún cuando se reclama de izquierda– no puede construir sus propuestas sin el apoyo social. Para no repetir otros cuatro años con el gobierno pero sin el poder –para avanzar y tejer alternativas en los territorios–, quienes encabezan el gobierno central necesitan sostenerse en los procesos organizativos de base, porque la disputa está en el campo comunitario, en las barriadas, donde la gente tiene aspiraciones de cambio y un gobierno "progresista" necesariamente debe estar allí.

 

Por ello, ¿cómo anunciar la defensa de lo público cuando a puerta cerrada se toman decisiones que afectan al conjunto de habitantes? Por esta vía, no hay duda: sin debate, sin escuchar propuestas y desconociendo procesos valiosos a lo largo y ancho del Distrito, se perderá la oportunidad de construir un modelo de ciudad diferente al levantado por décadas de gobiernos "democráticos", pero en el papel.

 

Hay que abrir la discusión, más cuando en el conjunto de la capital se esperan hechos claros para superar la segregación; debatir sin dilatar los cambios estructurales que requiere el actual modelo de ciudad. Gobernar, como dice un participante del comedor Potosí, en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, "donde no se haga nada para nosotros sin nosotros".5

 

1 Profamilia Alcaldía Mayor de Bogotá Primera Encuesta. Distrital de Demografía y Salud 2011.

2 Derecho petición radicado el 22 de Agosto del 2012 en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

3 Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, junio de 2012.

4 DANE – SDP Encuesta multipropósito en Bogotá 2011

5 Charla con José Lozano participante del comedor de Potosí.

 

Publicado enEdición N°188
Miércoles, 13 Febrero 2013 07:26

¿Son legítimas las policías comunitarias?

¿Son legítimas las policías comunitarias?

Se discute si la guardia o policía comunitaria (como la de la CRAC en Guerrero) son legítimas. El presidente del CNDH, Raúl González Plascencia, ha declarado que son una "señal de alarma". El ombudsman insiste en que una "frágil línea divisoria" distingue las policías comunitarias de los grupos paramilitares. En el editorial de La Jornada del 7 de febrero pasado se escribe que "no por ello debe soslayarse que esa vulneración al orden constitucional ocurre con el telón de fondo de un estado de derecho violentado de antemano", ya que se infringiría el artículo 17, que enuncia que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma". Todo esto merece algunas precisiones semánticas, de principios.

 

En primer lugar, habrá que distinguir: a) la pretensión de derecho del ciudadano individual que toma en sus manos directamente el cumplimiento del ejercicio de la justicia. Esto no puede aceptarse, ya que el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la coacción legítima (si es que es legítima). Pero muy distinto es b) cuando una comunidad originaria, parte del pueblo, desde un derecho consuetudinario (anterior al Estado de las Indias en la época colonial o el Estado mexicano desde el siglo XIX), asume el ejercicio del poder político, que ostenta como última instancia de ser el sujeto colectivo de la soberanía. El Estado ejerce delegadamente dicha soberanía por representación y fundado, ese ejercicio, en la soberanía popular (que es anterior a la constitución y al estado de derecho). Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho que le niega el artículo 17. El ejercicio de la soberanía del pueblo reunido legítimamente según sus costumbres no es ninguna "señal de alarma", sino, por el contrario, señal que debe escuchar el Estado, en el ejercicio del poder obediencial fundado en el pueblo, para atender con suma diligencia ese reclamo que se le impone como una obligación ineludible en favor de dicha comunidad que manifiesta una necesidad perentoria. Es, por tanto, ejercicio de un derecho pleno, anterior a la Constitución y al estado de derecho.

 

En segundo lugar, la diferencia entre a) la existencia de la policía comunitaria (como la de la CRAC) y b) los grupos paramilitares no tienen una "muy frágil línea divisoria", como opina el ombudsman, sino una abismal diferencia (y creer que son simplemente dos actuaciones ilegales semejantes comienza a preocupar). Los paramilitares son organizados por el Estado, los gobiernos, las estructuras militares o grupos de poder que, no pudiendo reprimir legalmente al pueblo que defiende sus derechos, crea estas estructuras violentas para de manera ilegal cumplir sus corruptos fines. Los grupos paramilitares son parte del terrorismo de Estado inconfesable. La policía comunitaria es, en cambio, expresión de la soberanía popular legítima anterior al Estado (y al que éste debería respetar y respaldar, y no pretender comandar, infiltrar, corromper o instrumentar como se está orientando la estrategia estatal en Guerrero con comunidades que no tienen la experiencia de la CRAC).

 

En tercer lugar, podría pensarse que supuesto el estado de derecho es peligroso ponerlo en cuestión porque crea una situación de caos, anomia, o "ingobernabilidad", opina el ombudsman. Habría que preguntarse si existe estado de derecho cuando el Poder Judicial está mostrando debilidad, contradicción y hasta corrupción en tantos miembros, y viendo que hasta en su más alta esfera no se admitió ningún argumento para demostrar un fraude electoral o haber superado los límites de gastos de un candidato en una campaña política, lesionando los intereses de las mayorías; cuando las policías locales, de los estados y federal, y hasta el Ejército, han sido infiltrados por el narco, como es público, quedando la población inerme ante la violencia de los cárteles; cuando las cárceles son escuela del crimen y no lugar de readaptación de los criminales, etcétera. En realidad si hay algo "muy frágil es la línea divisoria" entre la inexistencia del estado de derecho y su existencia. Por ello las comunidades más pobres y más golpeadas, de manera legítima (según usos y costumbres, y por la definición constitucional de que la soberanía reside en el pueblo), toman democráticamente la decisión de su autoprotección. Y lo han hecho desde 1995 en la CRAC, en armonía con toda la comunidad, habiendo extirpado el crimen y la droga en sus territorios, ejemplarmente. La intervención de la policía oficial, y aun del Ejército, se manifiesta frecuentemente como problemática, porque se ha mostrado como elemento de conflicto, de peligro para la comunidad y de posibilidad de que se "entiendan" con las fuerzas del crimen.

 

En cuarto lugar, se exige que sean entregados por la policía comunitaria los presuntos criminales al Poder Judicial estatal. En la CRAC, desde hace años, se había concedido que las comunidades ejercieran prudentemente la justicia según usos y costumbres, y lo han hecho de modo equilibrado, sabio, y sin mayores conflictos. No son linchamientos o juicios apresurados. Son juicios que van cumpliendo su jurisprudencia ancestral y reciente, y han funcionado. Ahora se exige que entreguen los posibles culpables de crímenes. ¿Tiene realmente el Poder Judicial procesos debidos precisamente definidos para estos casos? ¿No será que muy fácilmente los presuntos culpables serán liberados (como se acostumbra), por falta de pruebas, y las comunidades los vean volver a sus fechorías? Es posible que en esos casos el sistema comunitario de justicia muestre mayor coherencia, pues tiene un conocimiento mucho más completo de las motivaciones de los criminales, y así pueden mejor recabar las pruebas y juzgar apegados a sus costumbres. Grupos de estudiantes de derecho en Acapulco comienzan a estudiar estas cuestiones.

 

Por último, pareciera que la estrategia política en Guerrero es cooptar este movimiento democrático participativo de las comunidades y subordinarlo a las estructuras del estado local, in­corporando esas policías comunitarias a la policía oficial. Ésta desnaturalizaría la experiencia de los pueblos, porque la policía respondería a las órdenes de las estructuras estatales y no a las exigencias de las comunidades. Así, lo logrado se corrompería rápidamente por el deterioro de las instituciones policiales y de justicia en las que el pueblo más pobre sabe que no puede confiar.

 

Es necesario respetar la dignidad y el derecho de las comunidades originarias y campesinas a que ejerzan una autonomía de autoprotección y de impartición de justicia según usos y costumbres democráticas y participativas, que no sólo solucionarán el problema de la seguridad (que el Estado no puede hoy garantizar), sino igualmente serán escuela de democracia que puede ser ejemplar para toda la sociedad campesina y urbana en general. Lo contrario sería implantar un régimen autoritario, una represión generalizada de los movimientos sociales y comunidades originarias, que nos recordarían tiempos pasados que habíamos esperado que no volvieran.

 

Enrique Dussel

* Filósofo.

 

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¿Son legítimas la policía y la justicia comunitarias según usos y costumbres?

Hemos leído en La Jornada (13/1/13) que en las Costas de Guerrero se ha organizado en muchas comunidades la policía comunitaria, y aun desde 1995 el ejercicio de la justicia según usos y costumbres (como en la CRAC2). Y se nos informa que la policía del Estado se ha hecho presente en algunos pueblos, según versiones, para tomar bajo su responsabilidad a algunas personas acusadas de actos contra la comunidad, contra las leyes establecidas. Se acusa igualmente de que este tipo de organizaciones está socavando la soberanía del Estado y se organizan fuera de éste, y aun contra éste. Pareciera que luchan por una autonomía que el Estado debiera concederles. Creo que se usan categorías políticas que sería bueno meditar un poco.

 

En primer lugar, muchas de esas comunidades indígenas son anteriores al Estado colonial y aun al Estado independiente representativo liberal. Aunque no lo fueran en el tiempo, dichas comunidades por su naturaleza son también anteriores al Estado constitucional, ya que como parte del pueblo participan de la soberanía que se predica del pueblo en primer lugar, y en segundo lugar, y por derivación, del Estado. Reunida la comunidad en democracia directa en una aldea, pueblo o barrio urbano, esa asamblea es en acto el momento esencial, fundamental, del Estado en cuanto tal. La participación activa del pueblo en dicha asamblea constituye el momento primero, desde abajo y anterior a la representación3 del Estado. Todos los ciudadanos, y en mayor medida los indígenas por ser los más antiguos habitantes del territorio del Estado mexicano, son Estado en cuanto miembros participantes de esas asambleas en la base. Es un derecho anterior a la Constitución que ésta puede o no reconocer legalmente, pero que no se pierde legítimamente por no ser constitucional. La Constitución puede mejorarse y hacer constar en ella derechos que no formuló en una redacción anterior (quizá por falta de conciencia de los derechos de los indígenas, de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los marginales, etcétera). Constitucionalidad y legitimidad no son lo mismo. Es desde la legitimidad que se puede cambiar y mejorar la constitucionalidad o legalidad de una norma legislada.

 

Los pueblos indígenas, afrodescendientes o mestizos de la Costa de Guerrero tienen entonces todo derecho a defender su seguridad, más cuando a la policía (y hasta al Ejército) se les ha visto negociar con grupos ilegales y por ello no defender las comunidades. Los hechos son por demás conocidos. La CRAC, en su inicio, debió luchar más contra la policía estatal que contra el crimen o los cárteles de la droga. Pero venció en su doble lucha y ha crecido, e imparte justicia sobre los criminales a quienes su policía comunal priva de la libertad y condena a penas impuestas según usos y costumbres. ¿Es esto ilegítimo o se trata de una autonomía usurpada antes de que le sea concedida?
Téngase claro. Dichas comunidades constituyeron (o debieron constituir constitucional y legalmente) al Estado. De todas maneras no hay que olvidar que siempre son Estado cuando están reunidas en comunidad en la base, según derechos ancestrales y racionalmente fundamentados. La legitimidad se deduce del consenso del pueblo (subjetivamente), desde donde se crean instituciones objetivas (por ejemplo, la Constitución o las leyes que la secundan). Si esto último falta (por injusticia histórica, por haber excluido a los indígenas o por falta de conciencia) sigue siendo legítimo el derecho consuetudinario que presiona para que el derecho promulgado lo instaure. Es decir, la autonomía o el derecho a la defensa de las comunidades indígenas a su seguridad no se lo otorga el Estado, sino que solamente lo reconoce y cuida que se cumpla. En su naturaleza (anterior a la juridicidad del acto) es legítima.

 

Pero además, el hecho de la presencia de la policía estatal para “recuperar” a los aprehendidos por la policía comunitaria debe situarse en el mismo contexto. La comunidad tiene derecho a juzgar en usos y costumbres a los delincuentes, derecho que no siempre reconoce el derecho promulgado. Dada la situación extrema de injusticia, de inseguridad, y contemplando la articulación existente de hecho entre el crimen y la policía estatal o el poder judicial, el pueblo (último sujeto de la soberanía, anterior al Estado, la policía, los jueces y el Ejército) tiene, por derecho humano, legitimidad en el ejercicio de su facultad judicativa. Que se reconozca legalmente o no puede ser objeto de negociación, pero teóricamente tiene ese derecho anterior al Estado representativo, o como el momento fundamental y primero del mismo Estado en su momento participativo en la asamblea de base, que es la olvidada esencia de la democracia.

 

El pueblo, las comunidades podrían exclamar: “¡El Estado somos nosotros!” Y, por tanto: “Ustedes (policía, gobernador, presidente, diputados… representantes) deben ejercer un poder obediencial4, y están por tanto a nuestro servicio y no como autoridad despótica”. Si todas las comunidades indígenas, agrícolas, barriales organizaran policías comunitarias podrían realmente cambiar la tremenda situación de inseguridad que vive el pueblo mexicano. Pero sería extremadamente peligroso para los poderes fácticos que gobiernan el país.

 

1 Filósofo.

2 Véase en Internet, bajo el concepto de “CRAC”, información sobre la “policía comunitaria”.

3 Véanse estos conceptos en mi libro Carta a los indignados, Editorial La Jornada, México, 2011: “La democracia participativa”, pp. 28ss.

4 Véase mi obra 20 tesis de política, Siglo XXI, México, 2006.

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El laboratorio Kaspersky, una empresa internacional de seguridad informática con sede en Rusia, publicó un informe en el que da a conocer su pronóstico sobre el desarrollo de amenazas cibernéticas en el próximo año.

 

Según la compañía, en 2013 se registrará el crecimiento del uso del software malicioso para el espionaje comercial. "Los ataques de este tipo se producen por la gran cantidad de información publicada en Internet y el creciente uso de las redes sociales con fines comerciales", explica el laboratorio. Por lo tanto, se puede predecir que los casos del ciberespionaje se harán más frecuentes.

 

Asimismo, Kaspersky advierte de que los 'hackers' continuarán atacando los recursos web de distintas organizaciones con fines ideológicos, ya que la dependencia de Internet por parte de la sociedad se hace cada vez mayor y, mientras tanto, cualquier sitio sigue siendo vulnerable a los ataques cibernéticos.

 

De acuerdo con el laboratorio, los Gobiernos nacionales también aprovecharán el poder de la Red global utilizando los virus como armas en 'ciberguerras', así como tratando de acceder a los datos personales de los usuarios para vigilarlos en secreto.

 

Kaspersky asegura que aumentará el número de virus para dispositivos con el sistema Mac OS, que antes se había considerado invulnerable o al menos, exento de amenazas. Sin embargo, ahora el laboratorio advierte a través de su informe: "Las amenazas para el sistema operativo de Apple son muy reales y en el futuro su número sólo va a aumentar".

 

(Tomado de RT: http://actualidad.rt.com/actualidad/view

 

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Iniciativa popular en California: ¿etiquetar o no etiquetar a los alimentos transgénicos?

"Lo que para unos es comida,

para otros es amargo veneno"

Lucrecio, poeta romano (99 AC-55AC)

 

Si California fuera un país, con su población de casi 40 millones de habitantes, estaría entre los 30 países más poblados del planeta. El impacto económico, político y cultural de California en el resto de Estados Unidos es enorme. Es por este motivo que iniciativas ciudadanas que son sometidas a referéndum allí y su legislación estatal, para el caso, tienen tanta importancia. De las 11 iniciativas presentadas al electorado de California en 2012, probablemente la que concite mayor atención sea la Propuesta 37 acerca del etiquetado de alimentos que contienen organismos genéticamente modificados ( OGM ). La aprobación o no de este proyecto de ley tendrá un efecto considerable en cómo se organiza el sistema alimentario del país, ya sea al favorecer a pequeños productores orgánicos locales (si se aprueba), o al permitir una mayor expansión del agronegocio de las grandes empresas (si no es aprobado).

 

La propuesta es sencilla. La guía oficial para los votantes de California resume la Propuesta 37 de la siguiente manera: "Exige el etiquetado de los alimentos vendidos a consumidores, que son producidos a partir de plantas o animales con materiales genéticos modificados en formas específicas. Prohíbe la comercialización como 'naturales' de dichos alimentos o de otros alimentos procesados. Dispone exenciones". Se recolectaron más de un millón de firmas para lograr que la iniciativa sea sometida a votación.

 

El grupo que promueve el proyecto de ley, Sí a la Propuesta 37, logró miles de adhesiones de grupos de defensa de la salud, del interés público, de los consumidores y de la agricultura y los alimentos, entre otros. La portavoz de la Propuesta 37, Stacy Malkan, defensora de la salud ambiental de larga trayectoria, me dijo: "La Propuesta 37 es muy simple. Se trata de nuestro derecho a saber qué hay en los alimentos que comemos y con los que alimentamos a nuestras familias. Se trata de nuestro derecho a decidir si queremos comer alimentos que han sido alterados en forma considerable a nivel genético por empresas como Monsanto, que contienen bacterias, virus y genes extraños que nunca antes han estado presentes en el sistema alimenticio. Se ha ocultado la ingeniería genética a los consumidores estadounidenses durante dos décadas. Otros sesenta y un países exigen leyes de etiquetado, pero nosotros no hemos logrado que se apruebe el etiquetado aquí debido a la gran influencia de Monsanto y de las empresas químicas. De modo que lo que está sucediendo en California es que un movimiento de base se ha alzado para exigir el etiquetado".

 

El periodista Michael Pollan es un peso pesado en el sector de la alimentación. Ha publicado varios libros que son éxito de ventas como "La botánica del deseo", "El dilema del omnívoro", "En defensa de la comida", "Las reglas de la alimentación: manual para comer" y su más reciente libro, de próxima publicación: "Cooked: A Natural History of Transformation". Fui a entrevistarlo a Berkely, donde es parte del cuerpo docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de California, Berkeley. Pollan apoya la Propuesta 37 y me explicó sus motivos:

 

"Está sucediendo algo muy interesante en torno a los alimentos en nuestro país. Hay un movimiento. Es posible verlo en los mercados de productores, en el tipo de conversación que tenemos en los medios acerca de los alimentos. La gente se está comenzando a interesar mucho en saber de dónde vienen sus alimentos, cómo fueron producidos, y está tratando de 'votar con su tenedor', como dice la consigna, a favor del tipo de alimentos que apoya sus valores, el tipo de alimentos que consideran más saludables o ambientalmente sustentables. Este movimiento representa una gran amenaza para las grandes empresas de alimentos, que preferirían que no pensáramos acerca de cómo se producen los alimentos que consumimos porque a menudo no es una imagen muy bonita".

 

Para Pollan, la ciencia aún no es clara acerca de si los alimentos genéticamente modificados representan riesgos para la salud. "Si bien es cierto que los organismos genéticamente modificados fueron desarrollados por científicos en laboratorios, en lugares como Berkeley, no se confundan, son propiedad de las empresas. Monsanto y DuPont son propietarias de alrededor de un 47% del suministro de semillas en este país. El verdadero beneficio de los OGM para estas empresas es la capacidad de controlar los recursos genéticos de los que depende la humanidad. Es como poner un código de barras en cada planta. Uno puede identificar cuáles son sus plantas en el campo, pero los agricultores son obligados a firmar contratos que les prohíben guardar sus semillas y les prohíben a los investigadores estudiar este tipo de semillas. Esta quizá sea mi principal objeción a esta tecnología. No estoy seguro de que haya una amenaza a la salud vinculada con los transgénicos. Creo que aún tenemos que investigar más ese asunto. Pero de lo que sí estoy seguro es de que esto representa un nuevo nivel de control empresarial del suministro de alimentos".

 

La Propuesta 37 podría no ser aprobada debido a que estas empresas, que Malkan describe como "las mayores empresas de pesticidas y de comida chatarra del mundo han gastado 40 millones de dólares en bombardear a California en una campaña que se basa en engaños y mentiras. Sus publicidades muestran una mentira tras otra y no son cuestionadas por los medios". Las campañas publicitarias son ingeniosas y están por todas partes. Sugieren que la ley de etiquetado está mal redactada, que provocará más burocracia, aumentará el costo de los alimentos y generará una lluvia de demandas sin sentido.

 

David Zilberman, catedrático de agricultura de la Universidad de California, Berkeley, se opone a la Propuesta 37, aunque, paradójicamente, sostiene un fuerte argumento a favor de una amplia regulación sobre la seguridad de los alimentos: "Casi todos los alimentos que consumimos están genéticamente modificados. Aunque los etiquetáramos, hay pesticidas que son mucho peores que los alimentos genéticamente modificados". Quizá, al oponerse a la Propuesta 37, plantó la semilla para la creación de un movimiento más amplio por la seguridad de los alimentos que incluya también el etiquetado de los pesticidas.

 

California produce gran parte de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Una ley de etiquetado en dicho estado podría sentar un precedente para la seguridad alimentaria de todos.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2012/10/26/iniciativa_popular_en_california_etiquetar_o_no_etiquetar_a_los_alimentos_transgnicos

Amy Goodman

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Miércoles, 26 Septiembre 2012 06:58

Los asesinatos de dos abogados sacuden Honduras

Los asesinatos de dos abogados sacuden Honduras
La sociedad hondureña está conmocionada por el asesinato en menos de 24 horas de dos conocidos defensores de los derechos humanos dedicados a proteger a campesinos en un antiguo litigio con varios terratenientes del Valle del Aguán, al sur del país.

 
Los asesinatos se produjeron en incidentes separados. El domingo Antonio Trejo Cabrera, un abogado defensor de los campesinos quien recientemente había solicitado medidas de protección para él y sus familiares, recibió varios disparos que acabaron con su vida. El lunes, el fiscal encargado de Derechos Humanos en la ciudad Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, era acribillado con 11 balazos.
 

Los crímines además de generar preocupación en el Gobierno hondureño, han llamado la atención del Departamento de Estado de EE UU. Trejo, el abogado indigenista, había enviado un documento a Washington en el que apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “De sucederme algo a mí, a mis bienes o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (...), quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente”, señala el documento. Facussé, un poderoso terrateniente local, rechazó la acusación y clamó por su inocencia en el crimen mediante anuncios pagados en la prensa. El ministro de Seguridad hondureño, Pompeyo Bonilla, aseguró que el Ejecutivo está “moviendo toda la gente necesaria para llegar hasta los responsables”.

 
Según datos revelados por un informe del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) entre 2011 y lo que va del 2012 al menos 30 profesionales del derecho perdieron la vida de forma violenta en crímenes que no han sido esclarecidos por la justicia. La cifra se eleva a 80 abogados asesinados retrocediendo a años anteriores. Los expertos apuntan al alto grado de impunidad del que gozan los sicarios dado que el 95% de los asesinatos no se traducen nunca en una condena.

 
“Esta es la situación que prevalece en Honduras y debería ser motivo de escándalo internacional”, declaró a este periódico Benjamín Cuéllar, del Consejo de Directores del Centro Internacional para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Las recientes muertes violentas de Manuel Díaz y Antonio Trejo, respectivamente, son los últimos acontecimientos trágicos que se suman a una ola de represión en la cual se incluyen también periodistas, trabajadores del campo, sindicalistas, líderes políticos y demás”, añadió. Cuéllar subrayó que “esta represión contra el pueblo hondureño se agudizó con el golpe de Estado de junio del 2009 [destitución de Manuel Zelaya] y se mantiene durante la presidencia de Porfirio Lobo. No queda más que condenarla y llamar a la comunidad internacional solidaria, a los sistemas regional y universal de derechos humanos, así como a los Gobiernos democráticos para que reclamen un alto a los atropellos contra la dignidad de los hondureños


Por Juan José Dalton San Salvador 25 SEP 2012 - 19:44 CET

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Domingo, 16 Septiembre 2012 08:28

Mentiras y guardaespaldas

Mentiras y guardaespaldas
El veterano de Vietnam que dictó el curso fue agregado militar en Argentina, en el apogeo del terrorismo de Estado, dato que Puricelli borró de su biografía. También hizo escuchas telefónicas en Colombia y entrenó al ex presidente Uribe. En Guantánamo no se violan los derechos humanos porque los presos aumentan de peso y los abusos en Abu Ghraib fueron obra de unos pocos jóvenes soldados. Cómo usar a los medios para engañar a la población. Una PCI de la Armada en Inteligencia. Saín pidió la renuncia de Puricelli.

El Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, que durante toda la semana pasada entrenaron a tres docenas de funcionarios civiles del ministerio de Defensa, fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado. Este dato esencial fue omitido en el curriculum del instructor que el ministerio de Defensa distribuyó a los participantes en el curso pero sí figura entre las biografías que la Fuerza Aérea de Estados Unidos suministra sobre su personal. Allí se constata que en julio de 1976 llegó a Buenos Aires como agregado militar a la embajada de su país, donde permaneció hasta julio de 1978. Aquí reunió dos agregadurías: la de la Fuerza Aérea y la del Pentágono (http://www.af.mil/information/bios/bio.asp?bioID=5567). Esos fueron los años más intensos en la represión clandestina organizada por el gobierno militar. Según el cálculo realizado por la Conadep en su informe Nunca Más, entre 1976 y 1978 se produjeron el 93 por ciento por ciento del total de las desapariciones de personas y los aviones de las distintas fuerzas fueron utilizados para arrojar prisioneros al mar. Si este antecedente hubiera sido difundido, los civiles asistentes al curso podrían haber enriquecido el diálogo con la explicación en primera persona del brigadier Goetze sobre aquellos años del terrorismo de Estado. Quien hoy dirige el Grupo Militar en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el coronel Patrick D. Hall, también tiene una historia interesante que los cursantes no conocen: Hall estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de su país. Hay otros componentes engañosos de esta historia, que reflejan los modos de conducción del ministro Arturo Puricelli. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares Oscar Cuattromo dijo en la sesión inaugural que luego de leer la nota del domingo “Welcome back, boys” quería dejar en claro que el curso estaba en línea con la política del gobierno nacional desde 2003 y dentro de las leyes vigentes. Es decir, aquellas que separan la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Luego solicitó que se acercara el subsecretario de Formación, pero Carlos Pérez Rasetti prefirió permanecer en las gradas del anfiteatro del salón Roca del ministerio. “No hace falta”, se excusó, mientras las pantallas gigantes reflejaban el desconcierto de Cuattromo ante su gesto de distancia. Por más que un comunicado oficial haya minimizado la gravedad del curso, su divulgación lo convirtió en una mancha venenosa con la que nadie quiere contaminarse, porque más allá de las palabras tranquilizadoras implica una regresión inocultable en la política oficial hacia las Fuerzas Armadas. Los instructores suministraron abundante material para justificar estos temores a la extralimitación castrense que propone el Pentágono.

Verdades a medias


El comunicado que emitió el ministerio el mismo domingo destacó que estos cursos también se dictaron entre 2007 y 2010, lo cual es sólo una parte de la verdad: no se compraban llave en mano como ahora sino que su contenido era analizado con antelación por el ministerio, que vetaba todo aquello que colisionara con las columnas de la arquitectura institucional argentina, de modo que los instructores no tocaran temas doctrinarios sino sólo técnicos. Otra verdad a medias de la información emitida por Puricelli, luego de recibir el insistente reclamo de la presidente CFK, quien lo localizó en Santa Cruz, fue que el ministerio había decidido que por primera vez los cursos se dirigieran sólo a personal civil. La realidad es que el 18 de julio Pérez Rasetti se dirigió a Cuattromo para solicitarle los datos de todos los militares que participarían ya que “conforme a los requisitos establecidos por el Grupo Militar de los Estados Unidos, los postulantes inscriptos deberán ser autorizados por el gobierno de los Estados Unidos para asistir al curso”. Cuattromo, a su vez, lo remitió el mismo día sin ninguna observación, al Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Martín I. Plaza. Fue el Secretario de Asuntos Internacionales, Alfredo Forti, quien le informó al jefe del Grupo Militar, coronel Patrick Hall, que la autorización para asistir a un curso la daba el gobierno argentino y no el estadounidense. Hall le explicó que para entregar los certificados de asistencia contemplados en el curso, la ley de su país exige un previo estudio sobre los postulantes, para asegurar que no tengan vinculación con estupefacientes, terrorismo o violaciones a los derechos humanos. En esas condiciones, no puede realizarse el curso, replicó Forti. Hall insistió varios días después: podemos hacerlo para civiles, que no están incluidos en los requisitos de nuestras leyes, dijo. Hall también está ofreciendo cursos a las fuerzas de seguridad, con las que mantiene contacto directo sin pasar por el Ministerio de Seguridad. El comunicado oficial de Defensa también pretende que la actual gestión dispuso que “prevalecieran los cursos del tipo operativo y/o técnicos, desechando aquellos de contenido doctrinario”. El que transcurrió del lunes al viernes lo desmiente. Pese al cuidado que tanto los invitados como el Ministerio pusieron en cada palabra, los expositores se referían en forma indistinta a Seguridad y Defensa, como si se tratara de lo mismo. En la ronda de preguntas varios funcionarios asistentes señalaron esta contradicción con el marco normativo argentino. Los norteamericanos prefirieron no profundizar el punto.

–Son sólo ideas –dijeron.

Ideas que el propio Goetze se encargó de mostrar cómo se llevan a la práctica. Contó que junto con Bruneau impartieron un curso sobre planificación y comunicaciones de la Defensa e Inteligencia al en ese momento presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, y a su gabinete ministerial. Ante cada herramienta de planificación sobre la que se explayaba, Goetze ponía como ejemplo a Colombia. Un funcionario le preguntó por la dimensión ética de esas enseñanzas, dadas las masivas violaciones a los derechos humanos que se verificaron en Colombia, con los numerosos casos de falsos positivos. Otro asistente cuestionó también la efectividad de esa intervención militar en la seguridad interior, aduciendo que las guerrillas de las FARC seguían presentes en el valle del Cauca. Goetze lo admitió, con una sorprendente crítica a su discípulo Uribe, por las órdenes que impartió a los jefes militares. “Lo mismo nos pasó a nosotros en Vietnam. Si el gobierno pide muertos, los jefes militares se los darán.” Contó entonces una anécdota personal. “Después de una batalla en Vietnam apilamos juntos los cadáveres de los dos bandos, para que vieran cuán efectivos éramos.” Bruneau, que es un experto en Inteligencia sobre Brasil, expuso en portuñol sobre el caso de México. Dijo que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior había fracasado, porque se cometen violaciones a los derechos humanos, igual que en Centroamérica.

–¿Y entonces, por qué Estados Unidos sigue presionando para involucrar a los militares en tareas policiales? –le preguntaron.

Bruneau hizo un largo silencio hasta que contraatacó:

–¿Por qué dice que presiona? A mí no me consta.

–Figura en el Programa operacional 2016 del Comando Sur –insistió otro participante.

El brigadier Goetze acudió entonces al rescate de Bruneau. Negó que el Comando Sur promocionara el uso de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior. “Tienen programas de ayuda a las Fuerzas Armadas para que puedan asistir a las autoridades civiles en casos de catástrofe”, dijo. (Esa es la nueva línea que Estados Unidos se ilusiona con imponer en la Conferencia de Ministros de Defensa que sesionará el mes próximo en Uruguay, asignando el rol de coordinación a la obsoleta Junta Interamericana de Defensa.) Cuando Goetze intentó dar un ejemplo produjo una de las revelaciones más asombrosas de la semana:

–En Colombia nosotros hacíamos Inteligencia, escuchábamos las conversaciones telefónicas y a los militares sólo les pasábamos las conversaciones sobre drogas. Y del dinero que recibíamos de Estados Unidos, la mayor parte iba a la policía.

–Pero en Colombia la Policía Militar depende de Defensa, opuso otro cursante.

–Es cierto –admitió el militar estadounidense.

Bruneau y Goetze también estuvieron trabajando en Chile, Guatemala, El Salvador, Rumania y Mongolia. Una de las pantallas de un power point utilizado durante el curso, que se reproduce en la tapa de esta edición, se refiere en forma explícita al uso de los militares en la seguridad pública.

Medios de comunicación



Otro capítulo de gran interés fue el que dictó Goetze sobre los medios de comunicación. Explicó que al gobierno le interesaba influir sobre ellos y a través de ellos sobre el sistema político. Dijo que a la luz de la experiencia de Vietnam (“Al volver no podía usar mi uniforme en la calle, y hasta me escupieron”), el jefe militar conjunto en Irak planteó mantener lejos a los periodistas. Pero, agregó, la jefa de prensa del Pentágono lo convenció de que podían invitarlos a formar parte de las unidades y que esto los comprometería a transmitir el punto de vista de las tropas. “Fue un éxito. Los 120 periodistas invitados se entusiasmaron y transmitieron la visión táctica de la guerra, los detalles de cada enfrentamiento y no el cuadro estratégico general. En definitiva, el público quiere ver los tiros, eso le dimos y esa fue la visión que tuvieron también los legisladores, porque lo vieron en los medios.” Como quien medita en voz alta, dijo que “un problema de insertar a los medios en las unidades es que los militares se sienten limitados”, y volvió a ejemplificarlo con su experiencia como piloto en Vietnam: “Uno no hace las mismas cosas cuando lleva gente de prensa que cuando no la lleva”. La biografía que difundió Puricelli también omite que Goetze piloteaba aviones AC-47: Son aquellos que en apoyo de las tropas limpiaban el terreno ametrallando a toda figura humana a la vista. Al referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y la cubana de Guantánamo, sobre las que mostró imágenes estremecedoras, Goetze dijo que habían constituido fallas de la comunicación, porque generaron “mala imagen” en el mundo. “Pero en realidad los autores de los abusos en Abu Ghraib fueron unos chicos jóvenes soldados, y en Guantánamo no es cierto que se violen los derechos humanos. El general Douglas Frazer, jefe del Comando Sur, me dijo hace dos meses por teléfono, desde el avión en que regresaba de una visita a Guantánamo, que los presos tienen comida en cantidades industriales, hasta están aumentando de peso y todo es legal. El problema es la percepción que transmiten los medios, que en política es más importante que los hechos.” Por su parte, Bruneau citó notas del diario La Nación sobre inseguridad en la Argentina y comentarios que escuchó en el programa A dos voces del Canal TN. Según Goetze, la manipulación de la prensa es parte de la función de Defensa. Incluso citó una presunta definición de Winston Churchill, según la cual la verdad es tan importante que siempre debe llevar algunas mentiras como guardaespaldas.

Seguridad y redes sociales


Bruneau y Goetze son autores de diversos artículos sobre el empleo de las Fuerzas Armadas centroamericanas para la represión de las de Guatemala Oscar Berger. Esto potencia el interés de una afirmación de Bruneau durante el curso en el ministerio de Defensa, cuando reconoció que el único país de la región sin maras era Nicaragua y lo atribuyó al entramado social y organizativo que creó el sandinismo, que no dejó espacio para que penetrara el crimen organizado. Cuando Bruneau justificó el empleo militar en cuestiones de seguridad de México por la corrupción de la policía y la demanda social de militarización, un asistente le repuso que las demandas sociales no suceden en el vacío, que son construcciones mediáticas, dijo que los medios son empresas comerciales que buscan utilidades y que en su afán de ganar dinero estimulan esas medidas. Otro participante introdujo un tema sociológico no menor:

–Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionan la relación entre el tratado de libre comercio de Norteamérica y el crimen organizado, porque el Nafta desestructuró el campo y la migración a las ciudades proveyó de mano de obra barata de los carteles.

Bruneau la pateó afuera:

–No voy a opinar del Nafta –dijo. Tampoco hizo referencia al patrullaje de la costa occidental de Guatemala que 200 marines estadounidenses realizan desde hace dos semanas para combatir el narcotráfico. Es la primera vez que los marines entran en acción allí desde 1978, anotó la agencia Associated Press.

Sin tiempo para el opio

La coronela de la Fuerza Aérea Anne McGee se refirió a herramientas de planeamiento, con el viejo esquema FODA (que analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, propias y del enemigo). Algunos de los académicos presentes objetaron que era un método que se consideraba superado en las ciencias sociales, porque no permite predecir ni introducir variables ajenas al proceso.

–Todo se retroalimenta –balbuceó McGee.

–Pero dentro de un mismo paradigma –insistió el interlocutor.

–Sí, es cierto –admitió, con visible incomodidad cada vez que algún enfoque crítico la apartaba del libreto que recitaba en forma mecánica.

Cuando McGee citó las experiencias de su país en Irak y Afganistán, donde según su currículum preparó y coordinó todas las órdenes de Despliegue puestas a la firma del jefe del Pentágono, los civiles argentinos plantearon los problemas sociales y las asimetrías que había en esos países. La mujer admitió que el opio era un serio problema en Afganistán y Bruneau la interrumpió, cosa que no hizo ni antes ni después en toda la semana. “No hay tiempo”, dijo. McGee advirtió que lo que diría no se limitaba a la Defensa, porque tenía que ver con todos los medios necesarios para asegurar los objetivos nacionales y sostuvo que las distintas agencias del Estado deben trabajar juntas. En ese contexto no mencionó Defensa ni Seguridad, pero el mensaje era claro. Goetze y Bruneau también estuvieron juntos en Chile donde este año asesoraron al gobierno del presidente Sebastián Piñera en la elaboración de su plan estratégico de Defensa. Esa estrategia fue presentada en junio por el ministro chileno de Defensa, al que le compete orientar y coordinar la acción de los distintos organismos e instituciones nacionales para enfrentar los desafíos de seguridad. En uno de sus párrafos sostiene que “los límites rígidos entre ámbitos de seguridad, interna y externa, están siendo superados y los Estados buscan fórmulas para usar sus medios de modo más eficaz e invertir sus recursos financieros de manera más eficiente”, lo cual marca un retorno a la doctrina del enemigo interno. Este texto, dice la Estrategia chilena, “se concibe como una política de políticas para el ámbito específico de la seguridad y defensa nacionales”. Esta centralidad del ministerio que conduce a las Fuerzas Armadas se reflejó incluso en el hecho de que los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores no participaron en la presentación de la nueva estrategia.

Fin de curso

El cierre del curso alteró el programa previo. Según la transcripción del programa publicada aquí el domingo pasado, se realizará un ejercicio en el que los participantes deberían desarrollar e implementar lineamientos estratégicos aplicando los conocimientos recién aprendidos. Sin explicaciones, que en realidad no eran necesarias, se pasó de la última conferencia a unas breves palabras de Cuattromo sobre la importancia de la capacitación. Tampoco se distribuyeron los prometidos CD con las presentaciones de los estadounidenses, “porque se decidió que antes las autoridades del Ministerio revisasen su contenido”.




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Martes, 07 Agosto 2012 06:32

La seguridad en el ojo ajeno

La seguridad en el ojo ajeno
Las compañías de seguridad vienen diciendo que la biometría es la mejor de las seguridades electrónicas. Han convencido a los guionistas de Hollywood, han decidido a gobiernos (incluso para controlar acceso a las canchas de fútbol) y a empresas privadas de que hay que invertir en guardar información sensible y única de la gente para evitar a los impostores o para luchar contra la trata de personas o el terrorismo: siempre hay motivos para invertir en seguridad. Y dentro de la biometría –la identificación por una parte del cuerpo que dicen suele ser irremplazable– se suponía que el reconocimiento de iris era imposible de fraguar. Pues bien, siempre hay un hacker que se encarga de demostrar lo contrario, y sólo basta un par de lentes de contacto tuneados para que la maravilla ocurra y uno pueda ponerse los ojos de quien quiera.


La demostración se presentó en el congreso Black Hat, el evento de inseguridad informática más poderoso del mundo. La investigación fue mostrada por Javier Galbally, un ingeniero electrónico español especializado en biometría y enfocado desde hace años en las vulnerabilidades de la misma. De lo que se trata, simplemente, es de poder duplicar una imagen de la membrana ocular a través de la técnica de ingeniería inversa: habitualmente, el reconocimiento de iris se usa después de que una persona a la que es necesario darle un acceso se le escanea el iris. Este escaneo se convierte en información digital y va a una base de datos. Cada vez que la persona usa su iris para ingresar a donde fuera que vaya, el sistema verifica que se trata de la misma información. Pues bien, ahora se sabe, esa información se puede duplicar.


De todas maneras, la duplicación del iris no es una tarea sencilla: primero hay que tener acceso a la información digital guardada en alguna base de datos, y según Galbally, una vez que se tiene acceso a la plantilla original, un hacker puede usar algoritmos genéticos para alterar código sintético que podría hacer quedar la plantilla idéntica a la original. Es decir, la imagen del iris podría ser duplicada. “Alguien podría imprimir la información del iris en un lente de contacto y usarlo para ingresar a algún lugar”, explicó Galbally en la presentación.


“El sistema de reconocimiento de iris de tipo comercial sólo mira el código del iris y no el ojo”, explicó Galbally. Lo que se entiende aquí es que se puede llegar a una réplica del “ojo” desde el código guardado. El “encuentro” es un verdadero dolor de cabeza para la industria de la seguridad, ya que el reconocimiento de iris está considerado la fuente de identificación más certera que se conoce. Hasta ahora no se han conocido reportes de intrusiones debido a esta falla y tampoco queda claro si podría ser peligroso, pero la vulnerabilidad está ahí. “Lo importante es que la gente sepa que existe”, dijo.


Es decir: se puede robar una identidad, si se tiene acceso a la base de datos de iris guardados, se lo puede recrear, imprimir y pegar en un lente de contacto y decir “yo soy ése”, explicó Galbally, quien condujo la investigación junto al grupo de reconocimiento biométrico ATVS, en la Universidad Autónoma de Madrid. Con el sueño del control internacional permanente y la fascinación por la tecnología biométrica, algunos aeropuertos ya están implementando el ingreso a los países a través del sistema biométrico. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, lo vende como si se tratara de una baratija. La web dice: “¿Cansado de hacer colas en el aeropuerto?” “¿Quiere pasar rápido y a salvo sin mostrar su pasaporte?”. Le falta el “llame ya” y ya estamos listos. Dice el anuncio: “Ponga su iris en la base de datos del aeropuerto y entre por la vía rápida”. Muchos otros aeropuertos lo han usado, miles de edificios lo hacen para guardar información secreta, y ahora también notebooks que usan el sistema para “dejar” entrar a sus usuarios.


El problema es que el sistema de reconocimiento a través de iris no guarda una réplica del ojo propiamente dicha, sino el código generado por el escaneo. Así, se pensaba que no se podía hacer ingeniería inversa porque no había acceso a la fuente original, sino a un simple código. Los algoritmos genéticos son difíciles de explicar: se trata de herramientas que llegan a un resultado luego de una serie de iteraciones en el procesamiento de los datos. Los algoritmos genéticos van modificando las imágenes y contrastándolas contra el código original hasta que ambos coinciden casi a la perfección. “Los algoritmos genéticos aplican reglas inspiradas en la evolución natural para combinar las imágenes sintéticas del iris, van produciendo mejores generaciones de la misma forma en que evolucionan las especies naturales de generación en generación. Pero no hay que esperar millones de años, sólo unos minutos”, explicó Galbally, quien vulneró el sistema VeriEye para argumentar su investigación. Como sea, qué diría Juan Vucetich si viviera.

@blejman

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