Sábado, 01 Junio 2019 07:06

A comer y beber glifosato

A comer y beber glifosato

Distintos funcionarios del régimen del sub presidente Iván Duque se han destacado en los últimos meses por sus grandiosas contribuciones a la cultura universal, como muestra fehaciente de su basto (no vasto, por supuesto) saber y de la sólida educación humanística, artística y científica del equipo gobernante que dirige al país más feliz del mundo. 

El que da ejemplo de brillantez intelectual, como cabeza pensante de este gran equipo de gobierno, es el propio sub-presidente, quien ha hecho dos declaraciones memorables. La primera en París en plena sede la Unesco, cuando disertando sobre las bondades de la economía naranja dijo con convicción: “Y nos remontamos a lo que llamamos las siete íes. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete ”. Este fabuloso descubrimiento conceptual merece un doble Premio Nobel de Economía y de Literatura, ya que demuestra su amplio conocimiento de la narrativa universal. Este importante descubrimiento fue complementado en enero de este año al recibir a ese demócrata de los Estados Unidos, Mike Pompeo, humanista experto en recomendar caricias a los amigos de los Estados Unidos que disfrutan de vacaciones en sus hoteles de cinco estrellas, como el de la base de Guantánamo. En esa ocasión Duque dijo: “Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial y hoy recibir este segundo día de 2019 con su visita nos llena de alegría y de honor, esta relación bilateral la tenemos que seguir fortaleciendo todos los días”. Con esta afirmación Duque ha hecho una decisiva contribución a la reinterpretación de la historia de Colombia, que muestra que, como complemento a sus dotes innatas de estadista, es un investigador social de renombre internacional.


Pero quien encabeza el listado de luminarias del gobierno de Iván Duque es de lejos su Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien ha descollado en los últimos meses por una serie de rutilantes afirmaciones que, aparte de mostrar a la luz pública su incomparable inteligencia (propia de la inteligencia superior de los uribeños), se constituyen en unos extraordinarios aportes al conocimiento no sólo de los colombianos sino de la humanidad en su conjunto. Una de sus contribuciones más notables fue anunciada en su visita a Washington, ante los amos imperiales, y se refiere al fabuloso descubrimiento que el glifosato es una sustancia alimenticia.


Esta, sin duda alguna, puede considerarse como el mayor descubrimiento que haya hecho la ciencia colombiana en todos los tiempos. Ese descubrimiento ha probado, sin ningún manto de duda, que el glifosato, un producto químico que se usa en la agricultura y la ganadería para destruir plagas, y que en Colombia se ha roseado por toneladas sobre los cultivos de coca durante veinticinco años, es en verdad un nutritivo alimento, lleno de proteínas y de virtudes dietéticas, que alimenta a gentes de todas las clases, edades y razas. Ahí estriba la sustancia de este descubrimiento, puesto que hasta ahora los críticos (comunistas y ecologistas) decían sin pruebas de ninguna clase que el glifosato era un producto contaminante, que genera cáncer y otras enfermedades. Esas son mentiras y calumnias de resentidos que solo buscan hacerle daño a la libre empresa, y para ello se apoyan en científicos e investigadores de quinta categoría que se han dejado manipular para enlodar a empresas de tanta ética y compromiso humano y social, como lo son Monsanto y Bayer.


Ahora Marta Lucia Ramírez ha comunicado al mundo, con la modestia que caracteriza a los verdaderos sabios, que el Glifosato es una bebida sana y un alimento nutritivo, al decir que “ si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma", con lo que enfatizó que el Glifosato es benigno, una bebida apetitosa que puede tomarse varias veces al día para mejorar el funcionamiento de los sistemas digestivo e inmunológico. El glifosato puede consumirse en forma de bebida, rociando una cierta cantidad (entre más amplia más alimenticia resulta) en un poco de agua, preparándola en forma de batido, ya que puede combinarse con apio, manzana, zanahoria, mango, papaya o la fruta a que mano se tenga. El glifosato también puede usarse para preparar galletas, panes, colaciones, lo cual le confiere un sabor y un gusto especial, que es muy atractivo sobre todo para los niños y mujeres embarazadas. Pescados, aves, gallinas, cerdo y todo tipo de carnes pueden ser directamente rociadas con una copita de glifosato y de inmediato los comensales disfrutaran de un sabor inigualable que los dejara satisfechos y con ganas irrefrenable de seguirlo usando a diario. Los rostizados de cualquier clase (carnes, vegetales, legumbres…) son especialmente recomendables para acompañarlos con glifosato, ya que en esas jornadas en que se deja libre el paladar nada mejor que disfrutar del novísimo alimento, que además opera como acompañante y condimento. El glifosato puede servir de aliño en amasijos, tamales, envueltos, ayacos de mazorca y otros productos de la gastronomía colombiana. Tiene una virtud adicional, recién descubierta por nuestra ilustrada Vice Presidenta, y es que rejuvenece la piel, produciéndole un atractivo color entre rosáceo y azulado. Por ello, la segunda dama de la nación se aplica todas las noches en su cara mascarillas de glifosato y utiliza compresas en todo el cuerpo de este bálsamo bendito; aún más, se baña en una tina repleta de glifosato, reviviendo una práctica similar a la de Cleopatra, la gran reina de Egipto, que se bañaba en leche.


Prueben su amplio radio de acción alimenticia, que no se arrepentirán, porque está confirmado que el glifosato nutre más que cualquiera de las sustancias hasta ahora conocidas en el mundo entero. Hasta tal punto esto es indiscutible que entre los comensales que aseguran que consumen glifosato diario se encuentran el embajador de los Estados Unidos y el personal de esa embajada en Colombia, los embajadores criollos ante Donald Trump, Francisco Santos y Alejandro Ordoñez (este en la OEA), el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo. Incluso, las malas lenguas comentan que un consumidor asiduo del Glifosato es el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien a veces invitaba a sus amigos a saborearlo, con una formula especial de su propia cosecha, que incluía entre los ingredientes de su pócima secreta, al cianuro. Y si los ricos y poderosos degustan el glifosato, ¿por qué se quejan los pobres de que se les vierta en grandes cantidades? Desagradecidos e ignorantes que son, no entienden la magnanimidad de los poderosos.


Ahora que gozan de tanta fama los batidos la vicepresidenta recomienda que todos los colombianos disfrutemos todos los días en las primeras horas de la mañana de un nutritivo néctar de glifosato, que puede combinarse con muchas cosas, puesto que es un producto muy versátil. La misma Marta Lucia Ramírez con plena seguridad bebe sin falta unos cuantos vasos rociados con glifosato, con lo que mantiene la cordura y sobre todo ese equilibrio mental que tanto la caracteriza.


De tal manera, que los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia al fumigar con glifosato los campos colombianos durante dos décadas no solo buscaban erradicar la “mata que mata” (la hoja de coca), como reza la propaganda corporativa, sino que además estaban proporcionándole nutrientes, proteínas y minerales sanos a los ignorantes campesinos criollos, que son tan malagradecidos que no entienden lo que significa este tipo de ayuda alimentaria.


No se crea que lo que dice la Vicepresidenta son ocurrencias, sino resultado de exhaustivas, profundas y rigurosas investigaciones, que la llevaron a presentar en público el gran descubrimiento de su vida, y que la catapultara por los siglos de los siglos en el panteón de los grandes científicos y sabios de todos los tiempos.


De tal manera, que como complemento alimenticio de la equilibrada dieta de los colombianos pobres, de ahora en adelante a comer y beber glifosato, con lo cual se garantiza que estaremos entre los países mejor alimentados del planeta y con una envidiable salud, si tenemos en cuenta que Estados Unidos y su súbdito, Iván Duque, están haciendo hasta lo imposible para que se vuelva a esparcir el glifosato sobre los campos colombianos.

Publicado enColombia
Jueves, 27 Septiembre 2018 10:05

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:53

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enEdición Nº250
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
EU y JIFE: se disparan narcocultivos en Colombia

La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia en los últimos años se mantiene, según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2016 (de Naciones Unidas) y el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos. Los dos estudios fueron conocidos ayer.


El informe del Departamento de Estado norteamericano se puede leer en inglés aquí http://bit.ly/2mg05lY, en tanto que el de la JIFE se puede leer completo en inglés aquí http://bit.ly/28ThBYO y un resumen ejecutivo en español aquí http://bit.ly/28Yek6E.


En el caso de la JIFE indica que la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca ha venido aumentando desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013.


Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano estima en el Reporte de la Estrategia Internacional de Control a los Narcóticos “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013”.


Agrega que el cultivo de coca aumentó notablemente en el departamento del Cauca (27.000 hectáreas, un incremento de 116 por ciento), en el departamento de Norte de Santander (30.500 hectáreas, un aumento de 85 por ciento) y en el departamento de Putumayo (22.000 hectáreas, un aumento de 76 por ciento).


Dijo también el Departamento de Estado que Norte de Santander se convirtió en el principal departamento de cultivo de coca. Nariño y Antioquia aumentaron en menos de 25 por ciento cada uno, pero redondean las cinco principales regiones de cultivo de coca en Colombia con 26.000 hectáreas y 13.500 hectáreas, respectivamente. Solamente Arauca experimentó una disminución significativa en el cultivo de coca, cayendo 77 por ciento de 590 hectáreas a 130 hectáreas.


Explica que varios factores han contribuido al aumento general del cultivo de coca en Colombia desde 2014. En primer lugar, los informes indican que las Farc instaron a los cocaleros a plantar más coca, supuestamente motivados por la creencia de que la inversión y los subsidios del Gobierno colombiano después del acuerdo de paz se concentrarán en las regiones con mayor cantidad de coca. En segundo lugar, el Gobierno redujo las operaciones de erradicación en áreas controladas por las Farc para reducir el riesgo de conflicto armado a medida que las partes negociaban un acuerdo de paz definitivo.


Tercero, las tácticas empleadas por los cocaleros han reducido significativamente la eficacia de los esfuerzos de erradicación de la coca, por ejemplo emplean técnicas de bloqueo para evitar que los erradicadores accedan a los campos.
Agrega el Departamento de Estado que Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como el país de origen de la heroína y marihuana. “Aunque el Gobierno colombiano sigue luchando contra la producción y tráfico de drogas ilícitas a través de operaciones de erradicación, interdicción agresiva, y la actividad de aplicación de la ley, la producción potencial de cocaína pura en 2015 (el año más reciente para el que se fecha disponible) aumentado un 60 por ciento a 495 toneladas métricas (MT), por encima de 185 MT 2014 la producción”.


Dice también el reporte que “mientras que el Gobierno de Colombia continúa con los esfuerzos de interdicción contra las organizaciones de tráfico y las redes delictivas, las cifras preliminares estimadas de cultivo de coca y cocaína de producción para 2016 indican un crecimiento dramático en el cultivo y la producción de cocaína”.


Es por ello que según el informe el gobierno de Estados Unidos continúa alentando a Colombia a seguir su lucha contra el narcotráfico y avanzar en las actividades de desarrollo económico, incluyendo la erradicación, en las zonas de cultivo de coca significativa.


En ese sentido también el Departamento de Estado señala que la implementación de los acuerdos de paz requerirá del Gobierno de Colombia dedicar recursos sin precedentes para mejorar la presencia del Estado, mejorar la seguridad, aumentar los servicios públicos, la construcción de infraestructura y generar oportunidades económicas lícitas en regiones históricamente influenciadas por grupos delictivos organizados.


Por su parte, el subsecretario para Asuntos Narcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, anunció que viajará la semana entrante a Colombia con el propósito de reunirse con altos funcionarios del gobierno Santos para tratar en detalle la problemática del incremento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.


La JIFE


El organismo de Naciones Unidas considera que “las expectativas generadas en torno a las negociaciones del proceso de paz podrían haber contribuido a que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo y podrían haber motivado un auge de los cultivos ilícitos”.


No obstante pone de relieve que “la cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015, explicaría por qué el cultivo de arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país”.


Según la Unodc, durante el período 2001-2014 se deforestó un promedio anual de 22.400 hectáreas para el cultivo del arbusto de coca en Colombia. El organismo informó además que mediante imágenes satelitales, se habían descubierto concentraciones persistentes de cultivo de arbusto de coca en algunos de los parques nacionales de los tres países productores de coca (Bolivia, Colombia y Perú). Las zonas protegidas más afectadas fueron los parques nacionales Sierra de La Macarena, Tinigua y Los Picachos, en Colombia.


El informe indica que “América del Sur siguió siendo prácticamente el único proveedor de cocaína de los mercados de uso indebido de drogas de todo el mundo. Por lo tanto, América del Sur siguió concentrando la mayor parte de la incautación mundial de cocaína. La superficie mundial dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó en 2014 como resultado del notable ascenso experimentado en Colombia, si bien, según la Unodc, el Estado Plurinacional de Bolivia redujo la superficie dedicada al cultivo ilícito de arbusto de coca”.


En materia de marihuana el informe 2016 de la JIFE indicó que durante el período 2009-2014, Colombia y Paraguay fueron los principales países de origen de la hierba de cannabis que se encontraba en los mercados de drogas ilícitas.


El organismo de Naciones Unidas también reseña que en diciembre de 2015, el Gobierno de Colombia promulgó el Decreto 2467, por el que se autorizan el cultivo y el establecimiento de un mercado lícito de cannabis con fines médicos y científicos.
Según esta normatividad el cultivo personal para consumo con fines médicos de hasta 20 plantas de cannabis está exento de la obligación de tener licencia, frente a lo cual la JIFE señala que “esa exención podría dar lugar a la desviación de cannabis al mercado ilícito”.


Destaca el organismo que el régimen jurídico introducido por este Decreto no despenaliza el cultivo, la posesión ni la adquisición de cannabis con fines no médicos.


Agrega que “una vez más, la Junta desea señalar a la atención de todos los Gobiernos que las medidas que permiten la utilización del cannabis con fines no médicos infringen las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.


Empero llama la atención a todos los Gobiernos sobre la “posición que ya había transmitido de que el cultivo personal de cannabis con fines médicos es incompatible con la Convención de 1961 en su forma enmendada, entre otras razones, porque exacerba el riesgo de desviación. Todos los programas de uso de cannabis con fines médicos deben elaborarse y aplicarse bajo la plena autoridad del Estado de que se trate”.


Acuerdo de paz


Una mención especial hizo la JIFE en su informe del año 2016 sobre el impacto que tendría el acuerdo de paz con las Farc en la reducción de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia.


Como se dijo anteriormente el organismo considera que una de las razones para el incremento de 69.000 hectáreas a 96.000 hectáreas en cultivos de coca entre 2014 y 2015 sería que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo. Pero también “se espera que el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenga un efecto positivo sobre, entre otras cosas, la situación de la fiscalización de drogas en el país”.


La JIFE destacó que en noviembre de 2016 se firmó un acuerdo revisado con las Farc, después de que el 2 de octubre del mismo año en un plebiscito no fuera refrendado por los ciudadan0s un primer acuerdo.


Uno de los pilares del acuerdo de paz es el capítulo sobre el problema de las drogas ilícitas, frente a lo cual la JIFE en el citado informe le dice a Colombia que “la Junta queda a disposición de las autoridades para la aplicación del acuerdo, en el ámbito de su mandato, en lo que respecta a la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.


Batalla contra el narcotráfico


El informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada.


Destacó que mientras en Bolivia la incautación de cocaína disminuyó de 22,3 toneladas en 2014 a 21,2 toneladas en 2015, los niveles más bajos registrados desde 2007; Colombia siguió siendo el país con el mayor volumen de incautación anual de cocaína en el mundo.


Las incautaciones de cocaína por las autoridades colombianas aumentaron de 209 toneladas en 2014 a 252 toneladas en 2015, aunque esto va “en consonancia con el pronunciado aumento del cultivo del arbusto de coca y la producción potencial de cocaína en 2014 y 2015”.


Recoge también la JIFE que el Gobierno de Colombia anunció en abril de 2016 que reintroduciría el uso del herbicida glifosato, mediante la aspersión manual por los equipos de erradicación, en lugar de hacerlo desde aeronaves.
Autoridades presentan resultados


Entre enero y febrero pasados han sido erradicadas 5 mil hectáreas de coca de las 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos que se tienen como meta para este año, señaló en días pasados el presidente Juan Manuel Santos.


De igual forma destacó que 55 mil familias ya firmaron acuerdos para sustituir 38 mil hectáreas de coca por cultivos lícitos.
“Si logramos esta sustitución de cultivos ilícitos por vía de los acuerdos más la erradicación forzada, tenemos una oportunidad histórica de superar de manera sostenible el problema de los cultivos ilícitos, de dejar ser por primera vez el mayor exportador de cocaína en los mercados mundiales”, dijo Santos.


Indicó que en las regiones donde no se logren acuerdos con los campesinos, el Gobierno “mantendrá y va a intensificar las labores de erradicación que lidera la Fuerza Pública”.


En ese orden de ideas afirmó que la erradicación forzada es una política que “vamos a aplicar”.


En tanto que el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, indicó que “sustitución voluntaria abre un nuevo capítulo en la lucha contra las drogas que permitirá transformar los territorios”.


Por su parte ayer, el comandante de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, informó que en lo corrido del presente año se han incautado 35 toneladas de clorhidrato de cocaína, “también se han incautado más de seis toneladas de base de cocaína”, indicó el uniformado.


Añadió que también “hay un aumento considerable de incautación de sustancias, buscando, desde luego, afectar la producción de estupefacientes. Y afectar la intención de crecer los cultivos. Si no hay posibilidades de que salga la droga, que es lo que le interesa al narcotraficante, lograremos una disminución o una intención de que no se sigan aumentando los cultivos ilícitos en Colombia”.


En tanto que el ministro de Justicia (e), Carlos Medina Ramírez, dijo que “en materia de control de precursores el sistema es bastante débil, no tenemos un régimen sancionatorio que nos permita atacar con fuerza a las personas y a las empresas que desvían sustancias químicas en el país, y en ese sentido estamos haciendo unas propuestas para reformar todo el modelo de control y vigilancia”.


Así mismo, el Ministro (e) enfatizó en la necesidad de intervenir al actor industrial del mercado, en este caso los cristalizaderos, que provocan el crecimiento de los cultivos ilícitos. “Si logramos combatir esta actividad, que está asociada al narcotráfico, alcanzaremos una reducción significativa de esta práctica ilegal”. Señaló además que la erradicación en Colombia no está planteada de manera gradual, sino definitiva, y esto, sumado a una intervención en contra de dicho actor industrial, podría ayudar a Colombia a salir de los listados de productores y comercializadores.


Finalmente planteó la necesidad de modificar la Ley 30 de 1986, no por estimar que sea obsoleta, sino teniendo en cuenta que es una norma anterior a la Constitución de 1991 y a la Convención de 1988. Por ejemplo explicó que es necesario establecer que la judicialización no debe hacerse por peso, sino por dosis

Bogotá
Marzo 02, 2017 - 06:51 PM

Publicado enColombia