Miércoles, 24 Octubre 2018 17:03

Bogotá contenerizada

Bogotá contenerizada

En la supuesta búsqueda de un modelo de basuras a la altura de las necesidades de Bogotá, en el mes de octubre comienza la instalación de un modelo de recolección de basuras a partir de recipientes o contenedores. Las organizaciones de recicladores, como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, cuestionaron este modelo, ¿por qué?

 

El pasado 12 de octubre se cumplió el plazo para que los concesionarios que ganaron la licitación de aseo en Bogotá, comenzaran a instalar los contenedores de recolección de basuras –uno para ordinarios y otro para reciclaje–, proyectados para el 25 por ciento de la ciudad1. Este modelo, que abre un ejercicio experimental para esta urbe, inició con un desfase: no tomó en cuenta ni articuló con la organización de recicladores la recolección de los desechos que por toneladas producen a diario los pobladores capitalinos.

 

A propósito de este desfase, vale la pena recordar que los pliegos para la licitación de aseo de Bogotá presentados en el 2016 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –Uaesp–, tuvieron que ser cambiados por efecto de una tutela que obligó a reconocer la articulación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, como lo ha exigido la Corte Constitucional en sentencias y autos de seguimiento desde 2003.

 

En tales pliegos, a los concesionarios les exigían que para iniciar con el proceso de instalación de contenedores, lo primero que debían seguir –y que en la realidad aún no cumplen– era un análisis “[…] técnico a cargo del prestador, el cual deberá elaborarse durante los cuatro (4) meses siguientes de la firma del acta de inicio y tendrá como propósito definir el esquema operativo de atención y distribución de estos elementos”2.

 

Tal análisis debía incluir el reconocimiento de las rutas históricas de los recicladores de oficio, proyectando y consolidando microrutas más eficientes que garanticen el trabajo a todos los recicladores. Sin embargo, lo que realizó la Uaesp fue un formato donde les pidió a las organizaciones que puntualizaran dónde querían los contenedores, sin avanzar en una verdadera articulación y concertación entre organizaciones, recicladores independientes y concesionarios. En este sentido, estos últimos manifestaron en Audiencia Pública celebrada el 27 de julio 2018, que ya habían entregado la propuesta a la Uaesp para que la validara y así poder avanzar con la ejecución de la licitación.

 

Ante esta respuesta las organizaciones de recicladores, específicamente la Unión Nacional Independiente de Recicladores –Unir3– respondió que el proceso en cuestión no se hizo correctamente ya que en algunos casos llamaron solo a recicladores independientes, y no se conocía la propuesta final de cada concesionario. Adicionalmente tampoco desarrolla bien la exigencia de: “[…] el adjudicatario se obliga a desarrollar campañas rigurosas de sensibilización y pedagogía social a partir de la firma del acta de inicio; enfocadas a promover la separación en la fuente, así mismo debe instruir al usuario sobre el uso debido de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables que sean instalados, el respeto por las frecuencias y horarios de atención del servicio y demás tópicos que permitan lograr los objetivos de la contenerización […]”4.

 

Un modelo que promueve la desigualdad

 

Lo que quedó claro con este proceder de los concesionarios y la Uaesp es que con el nuevo modelo de recolección de basuras no desean incluir a los recicladores de oficio, ni mucho menos reconocer sus organizaciones, no de otra manera puede entenderse que unas semanas antes de cumplirse la fecha de su implementación aún no hubieran realizado suficientes campañas o se hubieran hecho, pero sin incluir a los recicladores; adicionalmente los usuarios no habían recibido una información clara y suficiente.

 

Estamos ante un modelo sin garantías para los recicladores. Siguen sin garantizar el acceso cierto y seguro, incumpliendo que las estructuras de los contenedores deben “[…] facilitar a los recicladores de oficio acceder al material aprovechable […]”5. Por el contrario, todas las propuestas presentadas por los diferentes modelos para procesar basuras tienen en común que no son de fácil acceso para los recicladores. Inclusive, algunos modelos de contenedores tienen llantas, lo que puede convertirse en un riesgo para producir o multiplicar accidentes, lo cual está prohibido en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo.

 

Es importante tener en cuenta, también, que la ciudadanía aún no tiene conciencia sobre la necesidad de separar los desechos en la fuente, razón por la cual parte de las exigencias de las organizaciones de recicladores es tener acceso al contenedor de no aprovechables, pues allí se va a perder mucho material. Sin embargo, este acceso aún no está bien definido.

 

Y esto no es una obsesión nuestra. Para poder argumentar en este proceso nos dimos a la tarea de revisar experiencias similares –exitosas– en otros países y una de sus características es que tienen un contenedor para residuos ordinarios y tres o cuatro para reciclaje, evitando su contaminación, lo cual también es un tema por revisar.


El análisis de lo decidido para este modelo nos lleva a prever múltiples conflictos entre los recicladores, pues se presentarán tensiones por los contenedores entre los recicladores que pasan por la misma ruta. Además, por falta de conciencia y educación para la separación de residuos, existe la posibilidad que estos contenedores se conviertan en puntos críticos de acumulación de basura. Por esta razón, por exigencia de toda la ciudadanía en el mes de septiembre retiraron los contenedores del centro de la ciudad de Manizales.

 

Un tema que debe ir más allá de los recicladores

 

Ahora, pese a lo anotado, desde Unir consideramos que el modelo de contenerización y micro-rutas es correcto para Bogotá. Pero, para que sea exitoso es indispensable garantizar la concertación y la articulación con toda la ciudadanía y con las organizaciones de recicladores, lo que implica, además, invertir recursos públicos en la recolección y el transporte que realizan los recicladores, de lo contrario será un gran fracaso. En la mencionada Audiencia Pública del pasado 27 de julio, fueron presentadas estas y otras denuncias. Una vez hecho esto público, y conociéndolo también Procuraduría, esperamos esté atenta para ejercer la vigilancia respectiva y los correctivos necesarios.

 

Por las razones expuestas, instamos a las autoridades competentes, al gremio reciclador de oficio y a la ciudadanía en general, para que evitemos futuros desórdenes ya que, al fin y al cabo, toda la inversión viene del pago del servicio público que todos y cada uno de los usuarios realizamos.



* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Asesor: Emrs esp y Unir Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Toda la información de la licitación puede verse en el Anexo 11 denominado “Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de recipientes o contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.198502&isModal=true&asPopupView=true
2 Ibíd, p. 4.
3 Organización de recicladores de segundo nivel, conformada desde febrero de 2017, que tiene como objetivos el avanzar en el proceso de formalización, exigiendo los recursos necesarios a las instituciones públicas, en el marco de beneficiar a todo el gremio reciclador de oficio. Está conformada en el momento por las organizaciones de primer nivel: Emrs Esp, Aramb, Ger 8, Arbo, Fesnopmaoesp, Buenos Aires, Sineambore y Remarek.
4 Anexo 11, p. 4.
5 Ibíd. p, 5.

Publicado enEdición Nº251
Sube a 25 la cifra de muertos en 4 días de protestas en Nicaragua

Al menos 25 personas murieron, 67 resultaron heridas, 43 desaparecieron y 20 han sido detenidas por la policía durante los cuatro días de protestas en Nicaragua, reportaron ayer organizaciones humanitarias, mientras el gobierno únicamente notificó el "fallecimiento de 10".

El recuento preliminar fue realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (Inddh), explicó la abogada y activista Mónica López a la agencia de noticias internacionales Dpa.

De acuerdo con un informe, 17 víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron durante los incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Tres fallecieron en Masaya, dos en León, dos en Estelí y una en Sébaco. La televisión local reportó el deceso del periodista Ángel Eduardo Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad de Bluefields.

Además de los 67 lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el texto subraya la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos simpatizantes del gobierno.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió ayer un diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para reformar los aumentos decretados al sistema de seguridad social, que provocaron las violentas protestas desde el pasado miércoles.

El gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz y la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos", afirmó Ortega en cadena nacional.

El mandatario no fijó fecha para comenzar el diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para "discutir ese decreto" –entró en vigor el miércoles– y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario, pues la reforma entrará en vigor el primero de julio.

Denunció, sin ofrecer nombres, que las protestas son alentadas por políticos críticos de su gobierno, quienes reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos. Lo hacen para "sembrar el terror, la inseguridad y destruir la imagen de Nicaragua tras 11 años de paz y tomar el gobierno", manifestó.

Nuevas protestas y choques

Tras el discurso del mandatario, primero desde que comenzaron las movilizaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en esta capital y otras urbes. Con los rostros cubiertos con camisetas, levantaron barricadas en las calles y lanzaron piedras a los policías, quienes los reprimían con gas lacrimógeno.

También había focos de tensión en la Universidad Politécnica, bastión de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron al sur de la capital para protestar. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, indicó por la madrugada que la movilizaciones dejaron "10 personas muertas" y decenas de heridos.

Las protestas, de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, comenzaron el miércoles anterior, un día después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, de un paquete de reformas que aumentó hasta 22.5 por ciento las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social y dispuso una disminución de 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, llamó al gobierno a dialogar para detener la violencia, que también ha dejado destrucción por vandalismo en edificios públicos, viviendas y comercios.

"Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores que se han pronunciado sobre las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social y derogar las reformas a las políticas de esta institución", subraya un mensaje de la conferencia episcopal del país.

El gobierno de Costa Rica pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude esta nación por las protestas.

La cancillería costarricense, en un comunicado, también hizo recomendaciones a las personas que "indefectiblemente deban visitar la vecina nación y a quienes residan allá".

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Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives

El sistema de subsidios para garantizar los servicios a las clases más bajas ha acentuado la segregación y la desigualdad


Las ciudades en Colombia se dividen en estratos. Del uno al seis. En los más bajos, el uno, dos y tres viven los ciudadanos que reciben subsidios en los servicios (agua, gas, luz). En los más altos, el cinco y el seis, quienes pagan esas ayudas con facturas superiores a su consumo. El modelo, único en el mundo, se ideó a mediados de los noventa, en un país que en ese momento tenía tasas de pobreza cercanas al 40%, según datos del Banco de la República. Tres décadas después, el principio solidario que pretendía regir la ley se ha pervertido. La segregación se ha acentuado y los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven. Una suerte de sistema de castas.


Para decidir a qué estrato pertenece un ciudadano, el Estado se limita a evaluar la fachada de su casa, los materiales con los que está construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda. Con estas características ligadas al terreno, se reparten los subsidios. El modelo no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen una familia, la edad, si alguna de esas personas tiene algún tipo de discapacidad o si tienen un empleo.

Es decir: si una persona compró una casa calificada como estrato seis cuando tenía el dinero para pagarla, pero ahora su único ingreso es una pensión baja, no puede recibir ayudas para pagar la factura del agua. Sucede lo mismo al revés. “En el centro de Bogotá hay muchos edificios estrato uno amparados por la ley de patrimonio histórico”, explica Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos. “Esas casas son hoteles y otro tipo de negocios, o la segunda vivienda de muchos ciudadanos. Todos reciben subsidios cuando no los necesitan”.

“Somos unos ocho millones de habitantes en Bogotá, 2,5 millones de hogares. Y estamos subsidiando a dos millones de esos hogares, casi siete millones de personas”, explica Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación de la ciudad. “La pobreza en la ciudad se ha reducido al 12,4% y seguimos subsidiando al 80% de los hogares”.

En 2003, según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en el que se cruzaron variables de ingresos y estratos, el 17% de los hogares de estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la población con mayores ingresos. El sistema se ha llenado de errores de inclusión y exclusión.

ONU Hábitat en colaboración con la Alcaldía de Bogotá ha ideado un proyectoque no pretende eliminar el sistema de subsidios cruzados, sino cambiar la manera en la que se clasifica a los ciudadanos y así focalizar las ayudas. “Se basa en un índice multidimensional”, dice Antonio Avendaño. Un medidor que, por primera vez, tenga en cuenta variables socioeconómicas.
Es la solución a falta de un padrón en Colombia. “La historia de violencia de este país ha impedido que haya empadronamiento. Los ciudadanos no quieren que nadie sepa dónde viven por seguridad, por el miedo que había a los secuestros”, explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. “Sin embargo, las empresas privadas, como las de telefonía e internet o los bancos, tienen todos nuestros datos”, responde Lippi.

El proyecto pretende recurrir a otros indicadores como la matriculación, las pólizas de seguros médicos y el uso de tarjetas de crédito para conocer mejor a los ciudadanos. “Alguien que vive en estrato dos, pero tiene matriculada una camioneta de cientos de millones de pesos, ya nos da una pista de sus ingresos”, apunta el secretario de Planeación.

Un sistema deficitario

El 76% de los predios en Bogotá son de estrato uno, dos y tres. Por mucho que se aumenten las facturas que pagan los ciudadanos de estratos 5 y 6 no son suficientes. La ley contempla un fondo de compensación para salvar esta diferencia. Es decir, recursos públicos para que las empresas no dejen de recibir dinero y puedan garantizar los servicios. “En 2015 el modelo solo cubrió el 69% de los subsidios en Bogotá”, recuerda el secretario de Planeación. “La ciudad tuvo que poner 52.000 millones de pesos (19 millones de dólares) y la Nación 250.000 millones (más de 91 millones de dólares) para agua”. Una cantidad de dinero público que podría destinarse a la construcción de colegios y hospitales o a otro tipo de políticas sociales.

“Las mismas empresas de servicios están en contra de modificar el modelo de estratificación”, asegura Roberto Lippi de ONU Hábitat. “Para una compañía debería ser indiferente de dónde venga el dinero. Pero una cosa es recibir un paquete fijo y seguro del Gobierno y otra, mes a mes de los usuarios. La primera opción tiene más ventajas económicas y financieras de flujo de caja”.


“Tiene zapatos de estrato uno”

Tres décadas de estratificación en Colombia han ido construyendo un imaginario colectivo que desposee al ciudadano de cualquier atributo que no sea el lugar en el que vive. “Los estratos han terminado haciendo parte del lenguaje colombiano. Te clasifican socialmente, incluso ideológicamente: pobre o rico; bueno o malo; izquierda o derecha”, explica Antonio Avendaño de la Secretaría de Planeación de Bogotá. En el argot colombiano se cuelan expresiones del tipo: “Lleva zapatos de estrato uno”.


En una entrevista de acceso a la universidad, para calcular la matrícula de estudios o cuando un ciudadano se postula a un nuevo empleo es habitual que una de las preguntas determinantes sea la calle en la que residen. El mérito académico y la capacidad de progresar en un trabajo tienen menor relevancia que el estrato.


“El estrato es un lastre que impide la movilidad social, provoca frustración y desigualdad”, afirma Ricardo Lippi. “El estudio no permite dar el salto social sobre el mérito, como sucedió en Europa”. “Ha radicalizado la segregación”, acompaña Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.


En Bogotá se visibilizan las barreras invisibles que podrían aparecer en cualquier capital del mundo. El sur es estrato uno y dos, por tanto, se identifica con la pobreza. En el centro hay una suerte de clase media. En el norte, los que denominan ricos, estratos cinco y seis. El estrato cuatro, el que paga lo que consume, no recibe ayudas ni las aporta, alberga un limbo para los estándares colombianos.


El ciudadano que vive en la zona norte de Bogotá se autosegrega instalando muros altos alrededor de su vivienda que refuerza con concertinas. “En todas las ciudades hay ricos y pobres, pero la separación no está avalada por el Estado como sucede en Colombia”, apostilla Lippi. “Este sistema genera poca cohesión social, aumenta la conflictividad, no permite usar de la manera más oportuna la mezcla que deberían ser las ciudades”.


El modelo tampoco posibilita que se produzca el mismo desarrollo en unas zonas y otras de las ciudades por la falta de urbanismo. Los vecinos de un barrio se niegan a que mejoren sus vías, construyan parques o habiliten nuevos espacios públicos porque conllevaría el aumento del estrato. “Los pobres están desconectados de los beneficios de la urbanización, es decir, de ser más prósperos”, explica Rafael Forero, especialista en Legislación, Gobernanza y Seguridad Urbana de ONU Hábitat.


Consenso político


La propuesta de Bogotá y ONU Hábitat es la número 13 que se presenta en Colombia para intentar cambiar el sistema. No depende de la voluntad de una alcaldía y un organismo internacional, sino del consenso político que se alcance en el Congreso para cambiar una ley nacional.


Mientras la ONU aboga por un sistema impositivo, Bogotá no pretende renunciar a la clasificación por estratos al considerarla “democrática y solidaria”. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de hacer pedagogía para que los ciudadanos que han nacido y crecido con este modelo entiendan por qué muchos de ellos van a dejar de recibir subsidios y a qué se va a destinar ese dinero.


“Los estratos se asumen eternos. Y son una anomalía, no la Biblia”, dice Lippi. La ONU propone una revisión anual, construir el pacto social sobre la temporalidad. “Así se iría equilibrando el sistema y el Estado tendría más recursos para los que los necesitan. Nuestra propuesta es técnica y normativamente viable, lo que no sabemos es si es políticamente viable”.

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Ciudad del Cabo, el reto de vivir sin agua que pone cara al cambio climático

La ciudad sudafricana vive una crisis del agua sin precedentes que ha impuesto drásticos recortes en el suministro diario y que podrían convertirla en pocos meses en la primera urbe del mundo en quedarse completamente seca.

 

Hay dos hechos de los que se viene advirtiendo desde hace tiempo para el futuro de las ciudades: el primero es el de los efectos que el cambio climático, especialmente la sequía, tendrán para los recursos que abastecen a las grandes urbes. El segundo es la superpoblación, porque este es el primer siglo en la historia en la que hay más gente viviendo en las ciudades que fuera de ellas; y se estima que para el año 2050 esa proporción será de tres cuartas partes frente a una.


Para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este escenario ya es presente. La segunda urbe más grande del país surafricano, con cuatro millones de habitantes, está a pocos meses de convertirse en la primera ciudad del mundo sin agua corriente para el suministro diario de su población.

La severa sequía a la que hace frente desde hace tres años, sumado a un aumento desorbitado de sus habitantes —se estima que la metrópolis ha duplicado su población en las últimas dos décadas— ha llevado a sus recursos hídricos a una situación límite. 2017, el año más seco desde que hay registros, ha dejado tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada, según el Climate System Analysis Group de la Universidad de Ciudad del Cabo.


La ciudad lleva meses en la cuenta atrás para el día cero, como se denomina al momento en el que los grifos se cierren definitivamente y el agua sólo sea asequible a través de los 180 camiones cisterna donde los habitantes podrán ir a llenar sus garrafas con un límite de 25 litros diarios. Es una cantidad ínfima, si se tiene en cuenta que sólo una ducha de 2 minutos consume 20 litros y que se necesitan otros 5 para comer y alimentarse. Las autoridades locales tienen previsto activar estas medidas cuando los embalses de los que se abastecen sus habitantes bajen hasta el 13,5% de su capacidad. Una línea roja que al principio se estimó que llegaría en marzo, pero que las intensas restricciones en el consumo han permitido alargar hasta el 9 de julio.


Con suerte, la fecha maldita coincidirá con las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias, que históricamente comenzaban en abril, pero que el cambio climático está retrasando hasta el mes de junio.

"Aunque la lluvia vuelva mañana, no podemos volver a los hábitos antiguos. Hay que cambiar el comportamiento, es el tiempo del agua", señala en cualquier caso el director de Turismo del país austral, Sisa Ntshona, en una entrevista con Efe.


Las primeras restricciones en el suministro comenzaron a finales del año pasado, cuando se impuso un tope de 87 litros por persona y día. Desde principios de febrero, ese límite se ha rebajado hasta los 50 litros. Es un recorte importante, porque otro de los problemas que afrontaba la ciudad era el gran derroche de este recurso: antes de la crisis del agua, los habitantes de la urbe usaban entre 250 y 350 litros por persona al día. El consumo medio en España, por ejemplo, es de 132 litros por persona y día, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, se han recortado un 60% los suministros a la agricultura y un 45% los del comercio, se ha prohibido regar las aceras y jardines, lavar los coches con agua potable municipal o llenar las piscinas privadas, se ha regulado la compra-venta de agua de los pozos y se aplican multas para quienes derrochen.


“Se recomienda encarecidamente a todos los residentes que instalen piezas, accesorios y tecnologías eficientes para minimizar el uso del agua en todos los grifos”, señala la nueva normativa municipal.


El caso de Ciudad del Cabo, no obstante, supone un reto para el resto de ciudades en el mundo.


"Ciudad del Cabo es el foco de atención ahora mismo, pero en realidad es un problema global. El mundo tiene la oportunidad de aprender una gran lección de Sudáfrica: no deben esperar a que haya una crisis para modificar los hábitos de consumo", reflexiona Ntshona, que cita otras importantes capitales como Los Ángeles, Sao Paulo o Pekín, que enfrentan problemas similares.

 

26/02/2018 18:08 Actualizado: 26/02/2018 18:08
LUCÍA VILLA
@Luchiva

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Miércoles, 14 Junio 2017 06:01

Gaza, sin luz y sin esperanza

Gaza, sin luz y sin esperanza

Diez años después de que Hamás se hiciera con el control de la Franja de Gaza, la situación de los dos millones de palestinos que residen allí se hace más insoportable. Uno de los problemas de estos días es el recorte del suministro eléctrico. Cada familia de Gaza recibe solo cuatro horas de electricidad seguidas, lo que suscita un sinfín de problemas sanitarios y de todo tipo.

 

JERUSALÉN
13/06/2017 20:08 Actualizado: 14/06/2017 07:00



La situación humanitaria en la Franja de Gaza es desastrosa, dramática y grave, diez años después de que Israel implantara un férreo bloqueo con el que se quería castigar a Hamás pero se está castigando a dos millones de civiles. La organización fundamentalista que gobierna la Franja y a la que en las últimas semanas le caen palos muy gruesos desde todos los lados, sigue allí indicando que el bloqueo israelí no es la solución.


Por si la situación no fuera lo suficientemente inhumana, Israel ha anunciado que va a recortar el suministro de electricidad a la Franja en un 40 por ciento. En la actualidad los gazatíes reciben electricidad principalmente de Israel, luego de una planta que hay en Gaza y por último de Egipto, en una cantidad mucho menor.


En la actualidad, las familias gazatíes reciben cuatro horas de electricidad a las que siguen doce horas de descanso, y si Israel consuma su amenaza, el servicio se reducirá a tres horas o algo menos y doce horas de descanso. En esta situación no debe extrañar que los gazatíes se debatan día y noche por sobrevivir, máxime si se tiene en cuenta que también padecen una enorme serie de restricciones adicionales debido al bloqueo.


Ron Goldstein, director de Médicos por los Derechos Humanos en Israel, dice que “los niños de Gaza son rehenes de los juegos políticos de la Autoridad Palestina, Hamás e Israel”, a quienes debería añadirse Egipto. Según Goldstein, los problemas no se resolverán hasta que se produzca un cambio político que permita que Gaza se provea de electricidad, se provea de medicinas y se abran sus fronteras con el exterior.


El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el martes que la cuestión de la electricidad es un “problema interno palestino”. “Hamás quiere que la Autoridad Palestina pague la cuenta de la electricidad y la Autoridad Palestina no quiere pagar”, ha explicado Netanyahu. “Israel no tiene ningún interés en una escalada”, ha añadido en referencia a los tambores de guerra que se han oído en las últimas horas.


Muhaimar Abu Saada, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad al Azhar de Gaza, no descarta que el verano que viene sea caliente. “Cuando se arrincona a Hamás en una esquina, existe una gran posibilidad de que haya una guerra, como ya pasó en 2009 y en 2014. Ciertamente, Hamás no tiene interés en otra guerra puesto que todavía no se ha completado la reconstrucción de 2014, pero la situación puede escaparse de las manos en cualquier momento”.


Hace unas semanas la Autoridad Palestina decidió reducir el monto de la factura de la electricidad que Israel provee a Gaza en un 40 por ciento. Los motivos que hay detrás de esta medida son políticos: la rivalidad que existe entre el presidente Mahmud Abás y Hamás. Al recibir la noticia, Israel dijo que si se reducía el pago de la factura, se reduciría el servicio de electricidad proporcionalmente.


La amenaza todavía no se ha concretado y no está claro si se va a concretar en los próximos días. En medios militares israelíes se dice que Israel no tiene interés en que la situación se deteriore hasta un punto de no retorno, aunque naturalmente se hace todo lo posible para que la vida de la población de Gaza no sea llevadera.


Según los Médicos por los Derechos Humanos, hay 240 niños y cientos de adultos que no reciben tratamiento contra el cáncer y la fibrosis debido a los recortes que está aplicando la Autoridad Palestina sobre los hospitales de Gaza. A día de hoy los hospitales carecen de un tercio de las medicinas básicas. Los más afectados son los niños pero el 90 por ciento de los pacientes de cáncer, niños y adultos, no pueden ser tratados por falta de medicamentos adecuados.


De acuerdo con datos de Médicos por los Derechos Humanos, la Autoridad Palestina ha venido dando cuatro millones de dólares mensuales a 13 hospitales y 54 clínicas de la Franja, pero en abril la partida se redujo a 2,3 millones de dólares y en mayo a solo 500.000 dólares, lo que da una idea de las estrecheces que sufren los centros médicos.
La falta de electricidad tiene numerosas consecuencias secundarias que afectan a la atención médica. Muchas cloacas dejan de funcionar debido a los cortes eléctricos y hay lugares donde las aguas residuales afloran en las calles y se convierten en un peligro para las poblaciones hacinadas de los campos de refugiados. La ausencia de electricidad también impide el funcionamiento de las plantas desalinizadoras, de manera que el agua que se consume a menudo no es potable o es de muy baja calidad.


En este contexto se comenta en Gaza que es preciso que la comunidad internacional intervenga, bien para pagar la cuenta de la electricidad bien para obligar a la Autoridad Palestina a pagarla. En cualquier caso, el problema de Gaza va mucho más allá de la electricidad y por ningún lado se ve ningún interés en resolverlo.

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Primera victoria del Pacífico colombiano frente al olvido del Estado

Tras 18 días de paro, la región de Chocó y el Gobierno alcanzan un acuerdo. Buenaventura sigue negociando el final de las protestas


Los paros cívicos en Chocó, en el Pacífico colombiano, se han convertido en una obligación. Casi anualmente, el medio millón de ciudadanos, una mayoría afrodescendiente, que vive en este departamento deja sus actividades diarias y sale a la calle para recordarle al Gobierno, del color que sea, que no tienen agua potable, alcantarillado, una sanidad y educación de calidad, y que la guerra en esta región no ha terminado. Después de 18 días de manifestaciones pacíficas al grito de "El Chocó se respeta, carajo", el Comité Cívico que promovió la protesta y la comisión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han llegado a un acuerdo.

El Ejecutivo se compromete a invertir 440.000 millones de pesos (más de 150.000 millones de dólares) para continuar las obras de las carreteras que conectan Quibdó, la capital del departamento, con Medellín y Pereira, hasta 2022. La comunicación con estas dos grandes ciudades garantizará la movilidad de personas, pero también la entrada de materiales para infraestructuras en Chocó. El año pasado, un derrumbamiento en una de estas vías dejó nueve muertos y mantuvo el acceso cerrado durante dos meses. "El Gobierno va a declarar de importancia estratégica este proyecto", ha asegurado Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia.


Los acuerdos alcanzados para mejorar el sector sanitario dan cuenta de la precariedad del sistema en la región. En Chocó, los pacientes con enfermedades graves como el cáncer tienen que trasladarse a los departamentos vecinos para poder ser atendidos ya que no cuentan con un hospital especializado en este tipo de patologías. El Gobierno se ha comprometido a construir y dotar un hospital denominado de Tercer Nivel, además de sanear la clínica San Francisco, el centro al que acuden los chocoanos. En el paquete de compromisos se incluyen hospitales de "mediana complejidad" en los municipios de Riosucio e Itsmina y la adecuación del de Bahía Solano. Los ciudadanos tendrán ambulancias.


La falta de asistencia sanitaria afecta especialmente a los niños. En esta región la mortalidad infantil es el doble de la media a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2013, las más recientes. Estas estadísticas están relacionadas con los altos niveles de pobreza. Chocó ostenta el primer lugar con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 62,8%, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El desempleo en esta zona alcanza al 11%.


No solo no hay sanidad de calidad ni trabajo, carecen de otros servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado. Del río donde tiran la basura se toma el agua para los centros hospitalarios y el consumo general. La planta potabilizadora no da abasto para hacer su trabajo. "Desde 2010 hemos financiado 58 proyectos de acueducto y alcantarillado por 279.000 millones. Llevaremos acueducto todos los municipios del departamento", ha prometido el Gobierno.


Cuando los chocoanos se manifiestan lo hacen usando el mensaje #SOSChocó para recordar la crisis humanitaria en la que viven desde hace décadas. La situación del sistema educativo también contribuye a esta alerta. Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 reveló que la tasa de analfabetismo es del 20,9%, dos veces y medio mayor que el índice nacional. En Quibdó esperan desde hace más de tres años que terminen las obras de un megacolegio para los niños y jóvenes de la ciudad. "Es una oda a la corrupción", dicen los vecinos.


En los acuerdos no hay mención al nivel de inseguridad que se vive en Chocó en particular, y en todo el Pacífico en general. Solo el pasado marzo, medio centenar de familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, herederas del paramilitarismo. Los grupos armados que persisten en Colombia están ocupandolas zonas que las FARC, en pleno proceso de dejación de armas, abandonaron el pasado enero.


"Cada seis meses se hará una rendición de cuentas conjunta con la comunidad y los líderes cívicos, las autoridades departamentales y el Gobierno Nacional que permita mantener a los colombianos informados del avance del cumplimiento", ha explicado Prada. Esta será la tarea de las mesas técnicas de seguimiento a los acuerdos firmados la mañana del sábado. La enésima hoja de ruta que los chocoanos reciben de las autoridades.
Buenaventura, a la espera


Los vecinos de los chocoanos, los habitantes de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca llevan 11 días en paro esperando a llegar a un acuerdo con el Gobierno. En esta región las protestas por el abandono estatal acabaron en disturbios, saqueos y un toque de queda decretado por el Gobierno local.


Alfonso Prada ha informado de que una misión compuesta por varios ministros se dirige este sábado a la zona para intentar reanudar los diálogos con la comisión cívica que lidera las protestas en Buenaventura.

Bogotá 27 MAY 2017 - 13:14 COT

 

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A palo, gases y plomo quieren acabar con el paro cívico en Buenaventura

En la tarde-noche del viernes 19 de mayo, el Esmad arremitió contra la protesta pacífica de los pobladores de Buenaventura. La reacción de una población ofendida por la violencia oficial no tardó en llegar. Al avanzar la noche numerosos grupos de pesonas ingresaron y saquearon almácenes de cadena. La respuesta oficial: más militarización de la ciudad y declarar el toque de queda.

 

Violencia aleve, violencia oficial, violencia gubernamental. Esta fue la que conocieron y sufrieron el viernes 19 de mayo los representantes de la comunidad de Buenaventura hacia las 3 de la tarde, una vez salieron sin acuerdo alguno de la reunión sostenida con delegados del gobierno nacional.


Con el paso de las horas la arremetida oficial con gases y palo se extendió por diferentes barrios del Puerto. ¿Y el derecho a la protesta dónde queda? Así se preguntan en Buenaventura, unos y otras, luego de vivir en sus humanidades la violencia oficial.


El paro iniciado el 16 de mayo, caracterizado en todo momento por el espítiru pacífico de quienes protestan, sufría así el sello oficial, ese que echa mano de la violencia para intimidar y romper.


La violencia se extiende por la ciudad. La fuerza pública, que no se detuvo ante las peticiones de los manifestantes de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, concentró la mayor parte de sus uniformados en la autopista de Buenaventura –avenida con zonas residenciales a lado y lado de la vía. Allí disparó a diestra y siniestra granadas de humo, infortunadamente un pequeño de cuatro meses pereció ahogado por los gases lacrimógenos.


“Eso ya lo tenían preparado...”


desdeabajo consultó a Manuel Bedoya y a Javier Torres, pescadores e integrantes del Comité de sectores productivos. Manuel cuenta: “Eso viene desde hace rato, esa provocación y ese atropello contra la comunidad fue preparado desde hace rato, por el mismo gobierno nacional, regional y local... la gente de Buenaventura cuando hace un paro, vive una fiesta, la gente es pacífica”.


Según Manuel, los ataques se deben a los bloqueos de las vías y del Puerto. “El único daño que podíamos hacer es que no dejamos pasar la mercancía, como de costumbre, hacia Cali”. Lo que no parece saber Manuel es que precisamente eso es lo que le duele al gobierno nacional, departamental y local, pues el impedir el transporte de las tractocamiones lo que impiden es la circulación de las mercancías del capital, la circulación del dinero: por este Puerto circula el 50 por ciento del comercio internacional del país, varios billones de pesos, y por eso si ladran, muerden y matan. Ya dieron prueba de ello.


Como es conocido, la riqueza que produce esta ciudad y región al país no se traduce en inversión y calidad de vida para los miles que allí habitan. Por ello la protesta: no soportan más la pobreza ni el abandono oficial.


Cómo fueron los hechos...


Respecto a los hechos de violencia, Manuel declaró: “La cuestión ayer fue que a eso más o menos de las 3 de la tarde, fue llegando el Esmad, fue preparándose y se fue ubicando en los lugares cerca a las concentraciones de la comunidad, desde la Delfina hasta el puente del Piñal, y cuando levantaron la mesa de negociación, que se dijo que no se aceptaba la propuesta del gobierno nacional y de sus ministros, entonces entró el Esmad a masacrar la gente (podríamos decirlo así), provocandola. La gente no respondió en seguida, sin embargo el hostigamiento siguió hasta muy tarde y por eso los saqueos y por eso los muertos y toda a cuestión de dificultades que tenemos en este momento”.


Por su parte, Javier Torres, señaló: “Hubo una represión muy fuerte por parte del Esmad en los puntos de concentración donde la gente estaba ejerciendo el derecho a una protesta pacífica. Llevamos cuatro días de paro cívico, no había pasado nada considerable, sin cosas que lamentar, había una concentración masiva de la población pero en paz, hasta que el Esmad arremetió contra la ciudadanía y se generaron tantos desórdenes, incluidos saqueos”.


Y agregó: “En el sector del Piñal estamos los representantes del área de pesca industrial y pesca artesanal, y de madereras –somos tres agremiaciones que nos concentramos en ese lugar. Cuando el Esmad estaba cerca, todos levantamos las manos en señal de paz, sin embargo la fuerza pública arremetió contra nosotros tirándonos gases y cosas por el estilo”.


Violación de los derechos humanos


Los integrantes de los Comités no cuentan con una cifra exacta de las personas heridas ni fallecidas, ni del número exacto de establecimientos afectados por los saqueos, sin embargo hay algunos reportes.


“Aún no hay conocimiento del número de personas heridas, porque no nos hemos reunidos con el Comité. Yo hago parte del Comité del paro cívico, por parte de los pescadores artesanales. Apenas sabemos de los niños que fueron afectados por los gases”. Señaló Manuel Bedoya.


Javier Torres, dijo por su parte: “Entre los afectados hay el reporte de un niño que estaba con la mamá y al parecer el menor falleció. El Esmad disparaba hacia las casas, no sólo en la vía pública, sobre la autopista de Buenaventura, allí hay zonas residenciales y sin discriminación alguna, disparó granadas de humo hacia esas zonas. En uno de esos disparos una granada cayó sobre una mujer con su niño de brazos y a causa de eso murió ahogado. Como le decía, la gente –una vez vio al Esmad– levantó los brazos en señal de paz, y el Esmad no hizo más que arremeter de forma muy violenta. Hirieron a 5 compañeros que estaban ahí sentados. Entonces vemos una fuerza excesiva, premeditada por parte de la autoridad hacia una población que reclama legítimamente sus derechos. Se violaron muchos derechos humanos. En el sector del Sena, a una integrante de la comisión la desnudaron, es increíble que la fuerza pública esté generando ese tipo de represión contra la población”.


El paro se mantiene


“Llevamos tres años en diálogos con el Gobierno, pero no nos ha cumplido. El 19 de febrero de 2014 se hizo el primer paro nacional, el gobierno nacional se comprometió a ponernos agua, salud y educación, pero resulta que no ha cumplido. Están diciendo que han invertido mucha plata, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está esa plata? Y precisamente esta preparación del paro cívico viene desde hace tres años, midiendo al Gobierno con su supuesta buena intención de cumplir, pero no pasa de buenas intenciones, porque los resultados de los compromisos con Buenaventura no se ven”. Aseveró Manuel


Y continuó: “El manifiesto del Comité en general y el concepto de la comunidad es que lo sucedido es un atropello a los derechos fundamentales de la gente de Buenaventura; pensamos que el gobierno nacional está más interesado en sus acuerdos económicos de alianzas y de megaproyectos, que en la cuestión fundamental del pueblo de Colombia y de Buenaventura, especialmente. Eso demuestra una manifiesta discriminación racial muy fuerte por parte de todos estos organismos del Estado.


El paro se mantiene, así sea desde nuestras casas de manera clandestina, hasta que el gobierno nacional no declararé a Buenaventura en emergencia económica, social y ecológica, porque están acabando nuetras selvas, están acabando los ríos con la minería ilegal, están acabando la pesca porque están creando parques naturales en el mar, reservas naturales para el turismo, dejando a más de 20 mil pescadores sin trabajo. Sin embargo, y pese a nuestros reclamos, no hay ayuda para la pesca, no hay inversión para los hospitales, no resuelven el problema del acueducto. En particular los pescadores estamos en permanente lucha por una política pesquera pero no encontramos apoyo.” Concluyó.

 

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“Buenaventura se respeta, o si no, la hacemos respetar, ¡carajo!”

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Gas Natural Fenosa en Colombia, historia de una intervención pactada

El gobierno de Santos ayuda a la filial de la multinacional para sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio eléctrico en Colombia.


Pedro Ramiro y Erika González* // “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”. La noticia saltaba el pasado martes, 15 de noviembre, y enseguida pasaba a ocupar grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Con muchas preguntas que, aparentemente, quedaban sin resolver: ¿será que el gobierno de Juan Manuel Santos había decidido nacionalizar el servicio eléctrico? ¿Se tratará, como en el caso de Repsol en Argentina, de una expropiación de la filial de la multinacional española? ¿Podría afectar negativamente a los intereses de una de las mayores compañías del Ibex 35?


En realidad, si escarbamos un poco más en el caso y analizamos la historia de la empresa en el país desde principios de este siglo, parece que la cosa va por otro lado: lejos de plantearse un conflicto frontal con la corporación presidida por IsidreFainé, el gobierno colombiano ha decidido pactar con Gas Natural Fenosa un intervención temporal de su subsidiaria en la Costa del Caribe para sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio eléctrico.


La situación actual


Hace tres meses, Gas Natural Fenosa anunciaba que estaba dispuesta a interponer una demanda contra el Estado colombiano ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, si no respondía ante la deuda que —según la empresa— la población y las administraciones públicas tenían con la multinacional española y que cifraban en 1.259 millones de euros. Acogiéndose al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, Gas Natural Fenosa pedía “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. Y es que Electricaribe, su filial colombiana encargada de la distribución y comercialización de electricidad en siete departamentos, ya había venido siendo objeto de numerosas críticas y movilizaciones en su contra durante todo este año por grandes deficiencias en la prestación del servicio eléctrico.


Así pues, la compañía se marcó un plazo de seis meses para negociar un “acuerdo amistoso” con el Estado colombiano que evitara el litigio ante el tribunal internacional de arbitraje. Y, desde entonces hasta anteayer, el proceso de diálogo entre el gobierno y la compañía fue avanzando, culminando con el viaje a Colombia que hizo Fainé el pasado fin de semana para reunirse directamente con el presidente Santos. En todo este tiempo, las exigencias de la multinacional se han centrado en la asunción de la deuda por parte del Estado, la puesta en marcha de cambios regulatorios y la capitalización de la empresa.


“La protección a los inversionistas es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indicaba Gas Natural en agosto en un comunicado emitido desde su casa matriz, en el que recalcaba la concepción dominante de lo que ha de ser la “seguridad jurídica”, aquella que sitúa los intereses empresariales por encima de la protección de los servicios básicos y los derechos de las mayorías sociales.


En la mañana del martes, sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos anunciaba a bombo y platillo la intervención de Electricaribe y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, mandando a la policía y al ejército a veinte de sus oficinas para “asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”.


“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción es la toma de posesión”, afirmaba el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Según el gobierno colombiano, de aquí a poco tiempo, Electricaribe no estaría en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo que podría producirse un “apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes.


Deudas acumuladas


En el núcleo del conflicto está la deuda que la compañía dice haber acumulado en todos estos años. Su origen se encuentra, desde la perspectiva de la empresa, en el impago del servicio por parte de una gran cantidad de clientes, entre los que figuran administraciones, escuelas u hospitales. Para Omar Mendivil, activista de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, por el contrario, la corporación está presionando al gobierno “con su supuestamente crítica situación financiera para exigir más seguridad jurídica, reclamando exagerados cobros de deudas por fraude, de lo que acusa a toda la comunidad, para decir que con ello están en riesgo sus inversiones”. La historia de la filial de la multinacional española en Colombia, como ahora veremos, se ha venido caracterizando por sus continuas acusaciones de impagos generalizados en la región de la Costa Atlántica.


Esta deuda, además, se ha visto agravada por el incremento del 34% en el precio de la electricidad en 2015 —la mayor parte de la generación en Colombia es a través de centrales hidroeléctricas, con lo que la disminución de lluvias provocada por el efecto climatológico de El Niñoha repercutido negativamente en el coste final de la energía— y por la demora en el pago de subsidios por parte del gobierno. Ambos factores han conducido a empeorar las ya de por sí malas condiciones en las que Electricaribe ha venido prestando el suministro eléctrico desde que fue privatizada hace una década y media.


En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidadesen la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas sin electricidad. Nada de esto es nuevo; de hecho, es el patrón de conducta que ha caracterizado las operaciones de Gas Natural Fenosa desde que inició su andadura en Colombia.


La historia de Fenosa en Colombia


Unión Fenosa comenzó con sus negocios en Colombia en el año 2000, cuando compró tres empresas del sector eléctrico que habían sido públicas hasta su privatización a finales de la década de los noventa: Electrocosta y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el nombre de Electricaribe en 2008—, y Energía del Pacífico (EPSA), compañía que operaba en el suroccidente del país controlando todo el proceso desde la generación hasta la comercialización de electricidad. En 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos y, tras culminar su fusión con Gas Natural, pasó a integrar todos sus activos en la renombrada como Gas Natural Fenosa.


Como analizamos en 2007 en el libro La energía que apaga Colombia, la llegada de la compañía española a este país suramericano siguió entonces las pautas marcadas en su estrategia de expansión internacional: tras llevar a cabo adquisiciones a muy bajo precio y con la posibilidad de operar en régimen de monopolio pero, a la vez, con poca rentabilidad inicial, ya que se trataba de empresas situadas en regiones con infraestructuras en mal estado y amplias capas de población empobrecida, se trataba de maximizar los beneficios empresariales en muy poco tiempo mediante tres vías: invertir solamente en aquellas zonas que aportasen beneficios, tener mano dura en la gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales.


Desde el principio de sus operaciones en Colombia, Unión Fenosa achacaba su agresiva política de recaudación y la mala prestación del servicio eléctrico al hecho de que la población de la costa caribeña tenía una “cultura del no pago”. Así, sostenía la empresa, el antiguo monopolio estatal habría creado una suerte de cultura clientelar que favorecería el impago; la versión de los usuarios y usuarias, sin embargo, era radicalmente distinta: ante un servicio prestado en pésimas condiciones, las familias se negaban a pagar unas tarifas que no paraban de crecer. No olvidemos que, en 2002, una persona con pocos recursos que viviera en una ciudad costera como Barranquilla tenía que destinar nada menos que el 52% de sus ingresos totales al pago de la factura mensual de Electricaribe.


Para asegurarse el cobro de las facturas a toda costa, las filiales de Unión Fenosa emplearon todos los medios a su alcance: racionamientos de electricidad, apagones, sobrefacturación, amenazas de demanda por la vía penal por acometer conexiones irregulares... Junto a ello, no realizaron las inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes ni para su extensión en barrios empobrecidos, con lo que eran continuos los cambios de tensión y las caídas del cableado que provocaban cuantiosos daños materiales e incluso llegaron a costar la vida a muchas personas por electrocuciones.
Ayudas del Estado


Ante ese contexto, se sucedieron las denuncias de la población y aumentó la movilización social. Sin exagerar demasiado, podemos decir que entre 2002 y 2003 prácticamente toda la costa del Caribe salió a manifestarse, a cortar carreteras, a concentrarse en las puertas de la empresa. Al mismo tiempo, Electricaribe anunciaba que estaba a punto de entrar en quiebra y que, por tanto, tendría que “escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”.


Frente a la amenaza de abandonar el servicio en amplias zonas, el gobierno colombiano —entonces presidido por Álvaro Uribe— desplegó las políticas y promulgó las leyes que exigía la multinacional española para hacer rentable su negocio: subsidios estatales —pagados directamente a la filial de Fenosa— para reducir la factura de la población con menos recursos, inversión pública en infraestructura eléctrica, capitalización de la empresa —en la que el Estado siempre ha mantenido una participación significativa, aunque con los años esta se ha ido reduciendo hasta llegar al 15% actual—, reenvío a las instituciones municipales de la responsabilidad de ofrecer el servicio a los barrios más pobres.


Ya entonces Electricaribe afirmaba, como lo hace ahora, que los clientes acumulaban una deuda insostenible.

Efectivamente, había un elevado endeudamiento de los habitantes de los barrios empobrecidos y de algunas administraciones, pero es igualmente cierto que nunca llegó a plantearse seriamente cómo hacer frente a este problema. En realidad, como tratamos de demostrar en un estudio publicado en 2008, la deuda ha venido funcionando como un elemento de presión para obligar al gobierno a seguir asegurando los ingresos empresariales vía subsidios públicos.
Con el paso de los años, las protestas contra la filial de Gas Natural Fenosa fueron reduciéndose, tanto por las políticas estatales a favor de la compañía como por sus propios programas de “responsabilidad social”, con los que —a través de otra subsidiaria llamada, no por casualidad, Energía Social— subcontrataba a destacados líderes comunitarios como cobradores de las facturas para así desarticular al movimiento social. Y en eso también tuvo mucho que ver, como en tantas otras partes de Colombia, la violencia ejercida por los grupos paramilitares contra los dirigentes sociales y sindicales: entre 1998 y 2006 fueron asesinados 27 sindicalistas relacionados con el sector eléctrico en la Costa del Caribe. Como resumía una vecina de Riohacha, la capital de La Guajira, “la dilatación de los procesos debilitó la protesta, a la vez que los paños de agua caliente de la administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las amenazas favorecieron la apatía de la comunidad”.


Las perspectivas de futuro


En 2016, solo en el municipio de Barranquilla se han producido 142 protestas por fallos de Electricaribe, lo que nos da una idea del nivel de conflicto social que está causando la prestación del servicio eléctrico en malas condiciones. La empresa, a su vez, también maneja sus propias estadísticas: 193 agresiones físicas contra el personal que realizaba el cobro o la supervisión de las conexiones en lo que va de año.


Protestas crecientes, aumento de los apagones y de la tarifa, violencia en la relación usuarios-empresa, amenaza de estar en una situación de quiebra por parte de Electricaribe, críticas a la “cultura del no pago”, apertura de mesas de negociación por el Estado... En realidad, la situación actual es prácticamente la misma que se vivió en el año 2003. Por aquel entonces, el gobierno puso en marcha las leyes y la financiación pública necesarias para lograr la rentabilidad exigida por Electricaribe. ¿Ocurrirá algo parecido en esta ocasión? Si atendemos a la postura del gobierno de Santos respecto a la inversión extranjera y a los mensajes que ha transmitido Gas Natural Fenosa, todo indica que estamos ante una segunda parte de la misma película.


El presidente Santos ha sido un invitado habitual a muchos foros internacionales impulsados por los lobbies empresariales, donde no ha dudado en promocionar una idea de “seguridad jurídica” muy favorable a los intereses de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España, celebrado en 2012 justo un mes después de que el gobierno de Cristina Fernández expropiara la filial de Repsol en Argentina, Santos se reafirmó en su declaración de intenciones: “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”. Dos años después, en el Foro Invertir en Colombia, organizado por el grupo PRISA junto a grandes multinacionales con presencia en el país como Telefónica, Ferrovial, BBVA, Endesa y Gas Natural Fenosa —representada esta última en aquel encuentro por quien fue su consejero hasta hace poco, el expresidente del gobierno Felipe González—, venía a trasmitirse un mensaje similar: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana.


Con estos antecedentes, no parece que precisamente vaya a avanzarse por la senda del conflicto con compañías como Gas Natural Fenosa, a pesar de que esté incumpliendo con su obligación de proveer un servicio público básico. La multinacional, por su parte, tampoco se ha sentido demasiado amenazada con la intervención del gobierno colombiano, tal y como se desprende de su comunicado del martes: “No se estima que la mencionada intervención temporal de la compañía colombiana tenga impacto sobre el resultado neto ni sobre el cash-flow de Gas Natural Fenosa, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”.


En sintonía con lo que ha sido la historia de la empresa en el país y en línea con lo que apuntaba hace un par de días el diario El Confidencial, más bien parece que la intervención de Electricaribe por parte del Estado colombiano a lo que responde es a un acuerdo no oficial, a un pacto gobierno-empresa no declarado públicamente, con unos objetivos muy claros: calmar las protestas sociales, inyectar liquidez y sanear las cuentas de la empresa, y crear los instrumentos necesarios para que la compañía continúe obteniendo grandes dividendos con sus operaciones en el país.

 

http://www.lamarea.com/2016/11/18/gas-natural-fenosa-colombia-historia-una-intervencion-pactada/


OMAL
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*Autores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

18 noviembre 2016

Publicado enColombia
¡Al fin! intervenida Electricaribe S.A. E.S.P.

Luego de 16 años de quebrantos y pesares de los ciudadanos del Caribe colombiano, el Gobierno decidió intervenir a Electricaribe. La fase preliminar de la toma de posesión de la empresa ha empezado mientras el país mira con expectativas las medidas sobre esta electrificadora que ha generado enormes afectaciones económicas y sociales por la pésima calidad de su servicio. Inconformes los españoles con la medida, envalentonado el gobierno nacional que ahora deberá mostrar que defiende constitucionalmente los intereses de 2.5 millones de ciudadanos caribeños frente a los intereses de acumulación del capital transnacional.

 

Después de infinidad de promesas, concertaciones, la mediación del Presidente de la República, innumerables incumplimientos y grandes afectaciones a los habitantes del Caribe, el martes 15 de noviembre fue anunciada la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricaribe S.A. E.S.P., distribuidora de electricidad propiedad de la empresa española Gas Natural Fenosa, con operaciones desde el año 2000 en el territorio de la Costa Atlántica colombiana, donde cubre un total de 2.5 millones de pobladores.

La gota que rebosó la copa fue la iliquidez de la empresa que empezaba a tener grandes dificultades para pagar el suministro de electricidad que administra XM[1], situación de alto riesgo para la región pues podían proliferar los apagones o, incluso, podía quedarse sin suministro de electricidad. El ambiente caldeado, la presión social de la ciudadanía y mandatarios locales, así como la insistencia de la compañía en no capitalizarse ni en llevar los planes adecuados para mejorar el servicio, llevaron al Gobierno, por fin, a escuchar la demanda ciudadana que por años reclamó por la intervención de esta empresa,

Usando vestido negro, de saco y corbata, llegó el superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza Daza, a las instalaciones de Electricaribe en Barranquilla, para anunciar en persona la toma de la empresa por la entidad, la que en adelante se hará con el manejo de la electrificadora para buscar estabilizar el servicio y garantizar el pago a terceros. Con sorpresa fue recibido por altos funcionarios quienes, con actitud renuente, firmaron el acta de intervención ante Mendoza Daza, quien prosiguió a reunirse con los trabajadores para tranquilizarlos y anunciar algunos efectos de la medida.

 

La resolución que reglamenta la intervención

 

Mediante la resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14/11/2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias, las deudas, etcétera, quedan bajo el dominio del organismo de control por un lapso no mayor a dos (2) años, tiempo durante el cuál debe procederse a solucionar los problemas que originaron la medida o liquidar la empresa.

Dos motivos fueron los principales causales de esta determinación. Están contenidos en el artículo 59 del capítulo 4 en la Ley 142 de 1994: “59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”. Y “59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Argumentando las causas de la toma en posesión, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica: “10. Que de conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., el déficit en la caja de la compañía para el mes de noviembre del 2016 (432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos  proyectados para ese mes en flujo de caja ($543.324.488.534)”.

En la misma resolución la Superintendencia aclara que en comunicación del día 4 de noviembre, los expertos financieros contratados para analizar la situación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P., manifestaron: “la revisión hasta la fecha evidencia una empresa en situación financiera precaria que, con los niveles actuales de deuda neta, capital y generación operacional de caja, tendrá dificultad para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros. Al mismo tiempo, dadas las dificultades recientes que la Empresa enfrenta, incluyendo la ejecución de garantías financieras por parte de varios acreedores, la posibilidad de acudir a fuentes de financiación externa se han vuelto más limitadas”.

Además, la Superintendencia agrega: “12. Que con base en lo anterior, el asesor experto financiero concluyó en la comunicación citada que “(…) sin fuentes no operacionales de financiación, tales como aportes o garantías de sus accionistas, existe el riesgo de que Electricaribe incumpla sus obligaciones de pago en el corto plazo””. Motivos suficientes para prever un incumplimiento en sus obligaciones contraídas con XM en el Mercado de Energía Mayorista, situación que puede derivar en interrupciones del servicio y en la subsecuente agudización de las alteraciones del orden público, como ha venido pasando en los últimos meses por cuenta de las constantes fallas en el suministro de electricidad.

 

La voz de Gas Natural Fenosa

 

El mismo 15 de noviembre en la ciudad de Barcelona se pronunció Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en España): “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro. La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de COP 4.052.080 millones (€ 1.260 millones) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”.

Era de esperarse esta reacción. En los últimos años los artilugios empleados por Electricaribe y sus propietarios han apelado a culpar a las deudas del gobierno y la morosidad de los habitantes del Caribe por las deficiencias propias de su servicio, argumento falaz. Pero además, osan reivindicar para sí la propiedad de los bienes, haberes y dividendos de la empresa: “De acuerdo con el procedimiento iniciado, Gas Natural Fenosa mantiene la consolidación de Electrificadora del Caribe por el método de integración global, y espera que dicha administración temporal no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad. Asimismo, no se estima que la mencionada medida temporal de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía colombiana tenga impacto sobre el EBITDA ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”. Descaro.

Paradoja. En las cifras de Electricaribe y sus propietarios nunca aparecen, por supuesto, el total de los$346.932.1 millones de pesos que fueron girados por el Gobierno que correspondían a la ejecución de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, destinados normalizar a 102.540 usuarios (Ver Recuadro 1), tampoco las cuentas de los $133.401 millones girados entre el 2011 y 2016 por el Gobierno y del posible detrimento de $65.733 millones sobre estos recursos que expone la Contraloría General de la Nación.

 

La preocupación se difunde en España

 

El “temido” enfado y respaldo del gobierno español, usado con frecuencia por los directivos de Electricaribe para amedrentar al gobierno colombiano cuando intentó apretarle el cinturón a esta empresa (para luego darle indulgentes reprimendas), llegó por cuenta de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español: “El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) controlada por Gas Natural Fenosa. Esta empresa española lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia y ha mostrado su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas. El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea solo temporal y que alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios”.

Ahora la pelota de la soberanía y de la dignidad nacional (si es que existe), se encuentra en la cancha del gobierno colombiano quien con sus acciones deberá lograr la absolución por dos errores que propiciaron la situación con Electricaribe: “Primero, por ser el responsable de la laxitud de los organismos de control con competencias directas sobre esta empresa. La tolerancia ha sido extrema, incluso cuando actuaciones de esta compañía han derivado en graves alteraciones al orden público en decenas de municipio de la Costa Atlántica […]. Segundo, es el responsable de estructurar políticas para el sector eléctrico donde él, o los usuarios, deben “pagar por la harina y por el molino”. En los últimos veinte años los gobiernos impulsaron leyes o promulgaron decretos que impusieron a los colombianos comprar la electricidad a privados, en un lucrativo negocio, además de pagar por que fuera generada eficientemente y a un bajo costo en épocas de crisis; también para que pudiera conducirse por redes con especificaciones técnicas loables hasta sus hogares”[2]

Como lo reglamenta la Ley 142, la Superintendencia intervendrá a Electricaribe por un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que debe decidir liquidar o no a la empresa, si no se superan los problemas que dieron origen a la medida. Considerando los efectos de la intervención (destitución de junta directiva de Electricaribe) y la renuencia de Gas Natural Fenosa para capitalizar la empresa, es de esperarse que sea el Estado quien “raspe la olla” para inyectar recursos y subsanar la situación de la electrificadora, pero si hace esto se verá en el dilema de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa o liquidarla, asumiendo: 1. la operación de la electrificadora (estatizarla) o 2. Entregarla a un operador local total o parcialmente. Interesante diatriba.

En todo caso, lo que resalta esta intervención es la quiebra de un modelo privatizador que regaló los bienes públicos a empresas capitalistas, dándoles manga ancha para sus operaciones, permitiéndoles todo tipo de desafueros, y facilitando la elevación de las tarifas por el servicio prestado, es decir, colocando a la ciudadanía a enriquecer empresas de interés particular.

Lo que coloca a la orden del día esta intervención es, entonces, la necesidad de revertir el proceso vivido, reestatizando este tipo de empresas pero, sobre todo, abriendo un debate y proceso nacional a través del cual esta posible nueva estatización de bienes y servicios estratégicos sea asumida superando los errores del pasado, para lo cual es indispensable que la ciudadanía y los trabajadores intervengan en el diseño, operación y administración de estos bienes públicos, para que además de estatales sean en verdad públicas.

 

[1]  Compañía de expertos de mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano

 


(Recuadro)

 

Las apropiaciones ilegales de Electricaribe

 

Tomado de: “La crisis de Electricaribe fue auspiciada por el Gobierno”. https://desdeabajo.info/ediciones/item/29582-la-crisis-de-electricaribe-fue-auspiciada-por-el-gobierno.htm desdeabajo. Edición Agosto 20–Septiembre 20 de 2010.

Mediante el boletín de prensa #1318 la Contraloría General de la República informa: “Apenas $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone)[3] que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora”. Esto quiere decir que recursos girados por el Gobierno a la electrificadora para legalizar usuarios y adecuar las redes de los barrios subnormales pudieron ser transferidos a terceros, cometiéndose una clara extralimitación y un manejo dudoso de los recursos que fueron empleados, en el mejor de los casos, para sufragar costos que se encuentran por fuera de lo contemplado en el programa de apoyo gubernamental.

Precisa el organismo de control en su boletín: “En términos generales, de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía se entregaron el 95% ($133.401 millones), desde el 2011 al 30 de abril de 2016. Se trata de recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC-226-2012, por $21.489 millones; GSC 157-2012, por $86.072 millones; y GSA-106-2011, por $46.076 millones”.

Esta tabla muestra los detalles de un posible detrimento patrimonial del orden de $65.733 millones de pesos por cuenta de Electricaribe, quien además de maltratar a los usuarios, incumplir en el servicio, también osó despilfarrar sistemáticamente los fondos que el Estado destinó para que fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones técnicas del servicio. Aunque el plazo máximo de ejecución de estos tres proyectos era el 31 de diciembre del 2015, y fueron desembolsados el 95 por ciento de los recursos, el cumplimiento de los contratos GSC 226, 227 y GSA 106 apenas fue del 44.7 por ciento, 68 por ciento y 27 por ciento respectivamente ¿A dónde fue a parar el resto del dinero?

Pero esta situación no era nueva, en el “Informe de actuación especial a los recursos de los fondos PRONE y FAER, transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A E.S.P, durante las vigencias 2008 al 2014”, publicado por la Contraloría General de la República en noviembre del 2015 se detalla: “Para el área de influencia de Electricaribe, le asignaron $346.932.1 millones que corresponde a la aprobación de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, para normalizar a 102.540 usuarios”. Más adelante, en el mencionado informe se precisa: “No obstante haber girado el MME los recursos oportunamente, a la fecha no se han iniciado los proyectos PRONE y FAER 2014 y se observa una baja ejecución de los recursos del FAER vigencia 2013 [...]”. Era vieja la costumbre de la empresa de malversar los recursos girados por el Gobierno, ¿Y las sanciones de los entes de control?

Además de lo anterior, el informe de actuación especial de la Contraloría destaca 20 hallazgos que produjo su actuación de fiscalización, entre los que destacan: pobres avances en las obras, incumplimiento en las contrataciones para ejecutar los proyectos de normalización de redes, cesiones de contratos de normalización sin autorización del Ministerio de Minas y Energía, desembolsos a contratistas y proveedores de Electricaribe por fuera de la reglamentación, diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado por sobre-estimación del número de beneficiarios, pésimos manejos de las interventorías en las obras de los contratistas de Electricaribe, y gran laxitud de esta empresa ante sus incumplimientos, entre otros.

 

[3]Según el Artículo 1° del Decreto 1123 del 11 de abril del 2008: “Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa”.


 

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