Viernes, 06 Marzo 2020 06:19

Privatización del agua en Brasil.

El expresidente de Brasil Michel Temer y su ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho, visitan las obras de desvío del cauce del San Francisco, en febrero de 2018 / Foto: Amazoniareal, Beto Barata

El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.

Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (Psol) al explicar su voto negativo.

A CONTRAMANO.

“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (Psol). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.

En tanto, la diputada del PTErika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45 por ciento del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55 por ciento, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.

Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de San Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.

Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.

GUERRA EN EL NORDESTE.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.

Brasil posee el 12 por ciento de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.

La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertón nordestino”.

San José de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.

“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad.“En cada punto de captación hay un equipo del ejército.”


Conflictos eternos

De la tierra al agua

“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.

Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.

“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.

El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.

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Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

 

Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG [lanzagranadas] y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear ‘nadie nos representa’ y ‘fuera, fuera, Irán’, en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todos las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

"Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa"

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra ISIS, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chanclas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. En la parte de atrás de uno amarillo, un hombre despatarrado con dificultades para respirar.

Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra ISIS, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde [el área más segura y fortificada de Bagdad] impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimidaciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de mes, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam.

Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara este fin de semana que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi.

Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes pasado comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

El domingo, el servicio antiterrorista de élite de Irak comunicó que había desplegado sus efectivos en Bagdad para proteger los edificios estatales importantes de "elementos indisciplinados".

Los manifestantes que durante el fin de semana pasado se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron este lunes a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

El lunes también hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes. Entre la noche del lunes y la mañana del martes, mató a 18 personas y dejó heridas a cientos. Hasta la fecha, ha sido uno de los ataques más letales.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes [a principios de octubre] formaba parte de las milicias Khorasani y Badr [de mucho poder, tienen el apoyo de Irán]. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas. Según esa interpretación, la embajada estadounidense y los Estados del Golfo están alentando las protestas para derrocar al Gobierno chií de Irak.

"Mira a la gente que te rodea", señala un abogado de 23 años en la ciudad de Sadr, a las afueras de Bagdad. Es una noche de principios de octubre y las balas silban sobre su cabeza mientras decenas de niños se agachan para esconderse en un pequeño callejón. "¿Crees que la embajada americana sabe que ese callejón existe? Todos estamos sin trabajo, yo terminé la carrera de Derecho hace tres años y aún no he encontrado empleo".

Desde el frente traen a un joven con la pierna empapada en sangre. Un montón de neumáticos incendiados lanza grandes llamas hacia al cielo. "Estas son las mejores manifestaciones desde 2003", señala el abogado. "Todas las manifestaciones anteriores fueron organizadas por Moqtada al-Sadr o por los secularistas, pero este es un auténtico levantamiento popular y sin líderes".

Ghaith Abdul-Ahad - Baghdad

01/11/2019 - 21:03h

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Aaron Bastani, el 'socialista millennial' que defiende un 'comunismo de lujo' gracias a la tecnología

El intelectual británico explica a eldiario.es las claves para entender su manifiesto sobre el "comunismo de lujo totalmente automatizado" que propone una sociedad utópica post-trabajo gracias a la tecnología

 

 

La Enciclopedia Británica reconoce hasta media docena de comunismos. Distingue, por ejemplo, entre el comunismo marxista y el comunismo posterior a Karl Marx -autor de El Capital y el Manifiesto Comunista además de gran inspirador de esta doctrina política y económica-. Por otro lado quedan, entre otros, el comunismo no marxista, con el que se identifica el anarco-comunismo.

Dentro de unos años tal vez figure entre las muchas versiones del comunismo que recoge la mítica enciclopedia británica uno nuevo, el de Aaron Bastani. Este intelectual de 35 años, conocido mayormente por su labor de comentarista en grandes periódicos como el británico The Guardian o el estadounidense The New York Times, ha acuñado una nueva variante.

'Comunismo de lujo' podría ser el nombre abreviado de la renovación defendida por Bastani. Sin embargo, este joven británico prefiere la expresión completa: "comunismo de lujo totalmente automatizado". De hecho, así se titula su libro, publicado hace unos días en el mercado anglosajón: Fully Automated Luxury Communism: a manifesto (Ed. Verso, 2019).

"Tiene tres partes y la última es la que realmente se identifica con lo que sería un manifiesto", explica Bastani a eldiario.es. "Trata sobre cómo podemos subordinar las tecnologías para resolver las crisis a las que nos enfrentamos, ir más allá y crear un mundo mejor que nunca", abunda. Esa es su respuesta cuando se le pregunta si su libro es una renovación de El manifiesto comunista que escribiera Marx junto a Friedrich Engels en 1848.

Han pasado 171 años desde que aquel escrito saliera a la luz con el título original Manifest der Kommunistichen Partei o Manifiesto del Partido Comunista. Para Bastani, todo ese tiempo parece haber terminado dándole la razón a Marx, no tanto al Karl Marx de El Capital sino al de Grundrisse der Kritik der Politische Ökonomie o Elementos fundamentales para la crítica económica política, escritos entre 1857 y 1858. Se considera que ese volumen sirve de "borrador" para El Capital.

En ese borrador, según Bastani, está en el origen de su "comunismo de lujo". "Los términos 'comunismo de lujo totalmente automatizado' surgieron en Alemania a principios de los años 2000 en círculos de activistas y artistas. En estos círculos se hablaba del Grundnissse, un volumen de Marx dedicado a la tecnología de su época. Para él, grosso modo, al capitalismo le era inherente una alternativa. Todo era cuestión de llegar a un contexto material concreto", expone Bastani. Esa alternativa es el comunismo.

Según Bastani, puede que ese "contexto material" esté a la vuelta de la esquina. Las nuevas tecnologías, de aquí a pocos años, podrían "hacer llegar el cambio definitivo de la clase obrera", según sus términos. Avances como la robotización, la revolución alimentaria que supone, por ejemplo, la carne fabricada en laboratorio, el mayor desarrollo de las energías limpias o la también imaginable minería espacial esconden buenas noticias para los trabajadores si se usan en su favor, según el autor.

Para Bastani, el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica, las energías renovables y un futuro de la salud mejorada a través de avances en campos como la genética permiten pensar, no tan a largo plazo, en la obsolescencia del capitalismo. Esos avances bien pueden haber ocurrido en sociedades capitalistas. Sin embargo, implican, según Bastani, grandes desafíos para el propio capitalismo.

"En los próximos 20 ó 25 años, la llegada al mercado laboral de potentes inteligencias artificiales es algo que va a trastocar tanto el mercado de trabajo que hará que las políticas económicas clásicas no serán válidas para contrarrestar esos efectos", sostiene Bastani. "Esto no significa que todos estaremos desempleados, pero sí podría significar que el mercado de trabajo se reduzca masivamente y que haya una descomunal desigualdad entre la gente cuyo trabajo seguirá siendo útil, esa gente que disfrutará de grandes salarios, y la que no, con salarios en caída libre", abunda.

Estas desigualdades son, a su modo de ver, ejemplo de las "contradicciones internas irresolubles" que está creando el capitalismo. El "comunismo de lujo", sin embargo, sería el resultado de la resolución de esas contradicciones.

Hacia el "comunismo de lujo", en tres pasos

 

Esa resolución pasaría por la puesta en marcha de una serie de medidas que implicarían romper definitivamente con el capitalismo gracias a la tecnología que trabaja no con ánimo de lucro, sino para el beneficio de la gente.

A saber, primero, "necesitamos servicios básicos universales, educación, vivienda, salud pública, transporte e información", según Bastani.

Segundo, la implantación de un "socialismo municipalista", que implica, entre otras cosas, que "si las instituciones públicas necesitan contratar a empresas externas, lo hagan pero siendo esas empresas iniciativas locales", abunda el intelectual británico. Es decir, que si en una ciudad existe por ejemplo una red de coches autónomos, sin conductor, que estos sean municipales en lugar de pertenecer a una empresa privada con ánimo de lucro.

Y tercero, el abandono progresivo del uso de combustibles fósiles. Para las economías desarrolladas, Bastani plantea un calendario que tiene 2030 como fecha límite para ese abandono. A las economías no desarrolladas, Bastani les da hasta 2040. De esta forma, el problema de la escasez de recursos sería cosa del pasado.

"Hay que cambiar el sistema social para que las nuevas tecnologías generen abundancia. Pero esto no ocurrirá automáticamente”, justifica Bastani su hoja de ruta. Amenazan la "utopía realizable" que defiende el autor del manifiesto del "comunismo de lujo" la triple crisis a las que se enfrenta el planeta, una crisis que es a su vez climática, demográfica y económica.

"Alemania, por ejemplo, está sufriendo un fuerte envejecimiento. Y esto es una crisis de la reproducción social. Puede ser que en el futuro no haya suficiente gente joven para ocuparse de los mayores en 20 ó 30 años. Esa es una de las crisis. El futuro del capitalismo implica en este sentido el acabose para los sistemas sociales debido al envejecimiento de la población, y a esto hay que sumarle la automatización y demás", sostiene Bastani, aludiendo al país de la canciller Angela Merkel, para muchos una ejemplar de historia exitosa del capitalismo contemporáneo.

La amenaza de la extrema derecha y su proyecto reaccionario

Tanto o más grave es la crisis generada por el calentamiento global. Ésta también constituye una oportunidad para el "proyecto reaccionario" que representan las ultraderechas. Según alerta Bastani, "la crisis climática significa varios millones de refugiados climáticos y, ahora mismo, la ultraderecha nativista tiene una más eficaz caja de herramientas políticas para 'resolver' el problema que la izquierda", dice Bastani. "La extrema derecha dice: 'refugiados climáticos, ok, cerremos las fronteras, no viajemos, desglobalicemos la producción, vivamos solo para los blancos y pongamos las mujeres a resolver la crisis demográfica'", añade. "Se puede acabar muy rápido en un proyecto reaccionario", advierte Bastani.

Su proyecto, "el del comunismo de lujo", está haciéndose un hueco en el debate público anglosajón. "Necesitamos un comunismo de lujo" era el titular de una reciente columna de opinión que el The New York Times concedía a Bastani para explicar su particular renovación de El manifiesto comunista. "Hace diez años, este tipo de cuestiones eran cosas de la retaguardia en la izquierda, especialmente en el mundo anglosajón", concede Bastani. Ahora, sin embargo, él y otros etiquetados como "socialistas millennials" por la revista británica The Economist, se están ocupando de satisfacer una "curiosidad anglosajona nueva" por ideas izquierdistas.

Libros como el Manifiesto del comunismo de lujo son ahora material de inspiración para esa generación de políticos que son Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o Jeremy Corbyn. Su desembarco en Europa parece ser solo cuestión de tiempo.

Por Aldo Mas

29/06/2019 - 21:55h

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Miércoles, 24 Octubre 2018 17:03

Bogotá contenerizada

Bogotá contenerizada

En la supuesta búsqueda de un modelo de basuras a la altura de las necesidades de Bogotá, en el mes de octubre comienza la instalación de un modelo de recolección de basuras a partir de recipientes o contenedores. Las organizaciones de recicladores, como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, cuestionaron este modelo, ¿por qué?

 

El pasado 12 de octubre se cumplió el plazo para que los concesionarios que ganaron la licitación de aseo en Bogotá, comenzaran a instalar los contenedores de recolección de basuras –uno para ordinarios y otro para reciclaje–, proyectados para el 25 por ciento de la ciudad1. Este modelo, que abre un ejercicio experimental para esta urbe, inició con un desfase: no tomó en cuenta ni articuló con la organización de recicladores la recolección de los desechos que por toneladas producen a diario los pobladores capitalinos.

 

A propósito de este desfase, vale la pena recordar que los pliegos para la licitación de aseo de Bogotá presentados en el 2016 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –Uaesp–, tuvieron que ser cambiados por efecto de una tutela que obligó a reconocer la articulación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, como lo ha exigido la Corte Constitucional en sentencias y autos de seguimiento desde 2003.

 

En tales pliegos, a los concesionarios les exigían que para iniciar con el proceso de instalación de contenedores, lo primero que debían seguir –y que en la realidad aún no cumplen– era un análisis “[…] técnico a cargo del prestador, el cual deberá elaborarse durante los cuatro (4) meses siguientes de la firma del acta de inicio y tendrá como propósito definir el esquema operativo de atención y distribución de estos elementos”2.

 

Tal análisis debía incluir el reconocimiento de las rutas históricas de los recicladores de oficio, proyectando y consolidando microrutas más eficientes que garanticen el trabajo a todos los recicladores. Sin embargo, lo que realizó la Uaesp fue un formato donde les pidió a las organizaciones que puntualizaran dónde querían los contenedores, sin avanzar en una verdadera articulación y concertación entre organizaciones, recicladores independientes y concesionarios. En este sentido, estos últimos manifestaron en Audiencia Pública celebrada el 27 de julio 2018, que ya habían entregado la propuesta a la Uaesp para que la validara y así poder avanzar con la ejecución de la licitación.

 

Ante esta respuesta las organizaciones de recicladores, específicamente la Unión Nacional Independiente de Recicladores –Unir3– respondió que el proceso en cuestión no se hizo correctamente ya que en algunos casos llamaron solo a recicladores independientes, y no se conocía la propuesta final de cada concesionario. Adicionalmente tampoco desarrolla bien la exigencia de: “[…] el adjudicatario se obliga a desarrollar campañas rigurosas de sensibilización y pedagogía social a partir de la firma del acta de inicio; enfocadas a promover la separación en la fuente, así mismo debe instruir al usuario sobre el uso debido de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables que sean instalados, el respeto por las frecuencias y horarios de atención del servicio y demás tópicos que permitan lograr los objetivos de la contenerización […]”4.

 

Un modelo que promueve la desigualdad

 

Lo que quedó claro con este proceder de los concesionarios y la Uaesp es que con el nuevo modelo de recolección de basuras no desean incluir a los recicladores de oficio, ni mucho menos reconocer sus organizaciones, no de otra manera puede entenderse que unas semanas antes de cumplirse la fecha de su implementación aún no hubieran realizado suficientes campañas o se hubieran hecho, pero sin incluir a los recicladores; adicionalmente los usuarios no habían recibido una información clara y suficiente.

 

Estamos ante un modelo sin garantías para los recicladores. Siguen sin garantizar el acceso cierto y seguro, incumpliendo que las estructuras de los contenedores deben “[…] facilitar a los recicladores de oficio acceder al material aprovechable […]”5. Por el contrario, todas las propuestas presentadas por los diferentes modelos para procesar basuras tienen en común que no son de fácil acceso para los recicladores. Inclusive, algunos modelos de contenedores tienen llantas, lo que puede convertirse en un riesgo para producir o multiplicar accidentes, lo cual está prohibido en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo.

 

Es importante tener en cuenta, también, que la ciudadanía aún no tiene conciencia sobre la necesidad de separar los desechos en la fuente, razón por la cual parte de las exigencias de las organizaciones de recicladores es tener acceso al contenedor de no aprovechables, pues allí se va a perder mucho material. Sin embargo, este acceso aún no está bien definido.

 

Y esto no es una obsesión nuestra. Para poder argumentar en este proceso nos dimos a la tarea de revisar experiencias similares –exitosas– en otros países y una de sus características es que tienen un contenedor para residuos ordinarios y tres o cuatro para reciclaje, evitando su contaminación, lo cual también es un tema por revisar.


El análisis de lo decidido para este modelo nos lleva a prever múltiples conflictos entre los recicladores, pues se presentarán tensiones por los contenedores entre los recicladores que pasan por la misma ruta. Además, por falta de conciencia y educación para la separación de residuos, existe la posibilidad que estos contenedores se conviertan en puntos críticos de acumulación de basura. Por esta razón, por exigencia de toda la ciudadanía en el mes de septiembre retiraron los contenedores del centro de la ciudad de Manizales.

 

Un tema que debe ir más allá de los recicladores

 

Ahora, pese a lo anotado, desde Unir consideramos que el modelo de contenerización y micro-rutas es correcto para Bogotá. Pero, para que sea exitoso es indispensable garantizar la concertación y la articulación con toda la ciudadanía y con las organizaciones de recicladores, lo que implica, además, invertir recursos públicos en la recolección y el transporte que realizan los recicladores, de lo contrario será un gran fracaso. En la mencionada Audiencia Pública del pasado 27 de julio, fueron presentadas estas y otras denuncias. Una vez hecho esto público, y conociéndolo también Procuraduría, esperamos esté atenta para ejercer la vigilancia respectiva y los correctivos necesarios.

 

Por las razones expuestas, instamos a las autoridades competentes, al gremio reciclador de oficio y a la ciudadanía en general, para que evitemos futuros desórdenes ya que, al fin y al cabo, toda la inversión viene del pago del servicio público que todos y cada uno de los usuarios realizamos.



* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Asesor: Emrs esp y Unir Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Toda la información de la licitación puede verse en el Anexo 11 denominado “Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de recipientes o contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.198502&isModal=true&asPopupView=true
2 Ibíd, p. 4.
3 Organización de recicladores de segundo nivel, conformada desde febrero de 2017, que tiene como objetivos el avanzar en el proceso de formalización, exigiendo los recursos necesarios a las instituciones públicas, en el marco de beneficiar a todo el gremio reciclador de oficio. Está conformada en el momento por las organizaciones de primer nivel: Emrs Esp, Aramb, Ger 8, Arbo, Fesnopmaoesp, Buenos Aires, Sineambore y Remarek.
4 Anexo 11, p. 4.
5 Ibíd. p, 5.

Publicado enEdición Nº251
Sube a 25 la cifra de muertos en 4 días de protestas en Nicaragua

Al menos 25 personas murieron, 67 resultaron heridas, 43 desaparecieron y 20 han sido detenidas por la policía durante los cuatro días de protestas en Nicaragua, reportaron ayer organizaciones humanitarias, mientras el gobierno únicamente notificó el "fallecimiento de 10".

El recuento preliminar fue realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (Inddh), explicó la abogada y activista Mónica López a la agencia de noticias internacionales Dpa.

De acuerdo con un informe, 17 víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron durante los incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Tres fallecieron en Masaya, dos en León, dos en Estelí y una en Sébaco. La televisión local reportó el deceso del periodista Ángel Eduardo Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad de Bluefields.

Además de los 67 lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el texto subraya la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos simpatizantes del gobierno.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió ayer un diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para reformar los aumentos decretados al sistema de seguridad social, que provocaron las violentas protestas desde el pasado miércoles.

El gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz y la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos", afirmó Ortega en cadena nacional.

El mandatario no fijó fecha para comenzar el diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para "discutir ese decreto" –entró en vigor el miércoles– y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario, pues la reforma entrará en vigor el primero de julio.

Denunció, sin ofrecer nombres, que las protestas son alentadas por políticos críticos de su gobierno, quienes reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos. Lo hacen para "sembrar el terror, la inseguridad y destruir la imagen de Nicaragua tras 11 años de paz y tomar el gobierno", manifestó.

Nuevas protestas y choques

Tras el discurso del mandatario, primero desde que comenzaron las movilizaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en esta capital y otras urbes. Con los rostros cubiertos con camisetas, levantaron barricadas en las calles y lanzaron piedras a los policías, quienes los reprimían con gas lacrimógeno.

También había focos de tensión en la Universidad Politécnica, bastión de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron al sur de la capital para protestar. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, indicó por la madrugada que la movilizaciones dejaron "10 personas muertas" y decenas de heridos.

Las protestas, de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, comenzaron el miércoles anterior, un día después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, de un paquete de reformas que aumentó hasta 22.5 por ciento las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social y dispuso una disminución de 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, llamó al gobierno a dialogar para detener la violencia, que también ha dejado destrucción por vandalismo en edificios públicos, viviendas y comercios.

"Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores que se han pronunciado sobre las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social y derogar las reformas a las políticas de esta institución", subraya un mensaje de la conferencia episcopal del país.

El gobierno de Costa Rica pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude esta nación por las protestas.

La cancillería costarricense, en un comunicado, también hizo recomendaciones a las personas que "indefectiblemente deban visitar la vecina nación y a quienes residan allá".

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Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives

El sistema de subsidios para garantizar los servicios a las clases más bajas ha acentuado la segregación y la desigualdad


Las ciudades en Colombia se dividen en estratos. Del uno al seis. En los más bajos, el uno, dos y tres viven los ciudadanos que reciben subsidios en los servicios (agua, gas, luz). En los más altos, el cinco y el seis, quienes pagan esas ayudas con facturas superiores a su consumo. El modelo, único en el mundo, se ideó a mediados de los noventa, en un país que en ese momento tenía tasas de pobreza cercanas al 40%, según datos del Banco de la República. Tres décadas después, el principio solidario que pretendía regir la ley se ha pervertido. La segregación se ha acentuado y los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven. Una suerte de sistema de castas.


Para decidir a qué estrato pertenece un ciudadano, el Estado se limita a evaluar la fachada de su casa, los materiales con los que está construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda. Con estas características ligadas al terreno, se reparten los subsidios. El modelo no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen una familia, la edad, si alguna de esas personas tiene algún tipo de discapacidad o si tienen un empleo.

Es decir: si una persona compró una casa calificada como estrato seis cuando tenía el dinero para pagarla, pero ahora su único ingreso es una pensión baja, no puede recibir ayudas para pagar la factura del agua. Sucede lo mismo al revés. “En el centro de Bogotá hay muchos edificios estrato uno amparados por la ley de patrimonio histórico”, explica Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos. “Esas casas son hoteles y otro tipo de negocios, o la segunda vivienda de muchos ciudadanos. Todos reciben subsidios cuando no los necesitan”.

“Somos unos ocho millones de habitantes en Bogotá, 2,5 millones de hogares. Y estamos subsidiando a dos millones de esos hogares, casi siete millones de personas”, explica Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación de la ciudad. “La pobreza en la ciudad se ha reducido al 12,4% y seguimos subsidiando al 80% de los hogares”.

En 2003, según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en el que se cruzaron variables de ingresos y estratos, el 17% de los hogares de estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la población con mayores ingresos. El sistema se ha llenado de errores de inclusión y exclusión.

ONU Hábitat en colaboración con la Alcaldía de Bogotá ha ideado un proyectoque no pretende eliminar el sistema de subsidios cruzados, sino cambiar la manera en la que se clasifica a los ciudadanos y así focalizar las ayudas. “Se basa en un índice multidimensional”, dice Antonio Avendaño. Un medidor que, por primera vez, tenga en cuenta variables socioeconómicas.
Es la solución a falta de un padrón en Colombia. “La historia de violencia de este país ha impedido que haya empadronamiento. Los ciudadanos no quieren que nadie sepa dónde viven por seguridad, por el miedo que había a los secuestros”, explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. “Sin embargo, las empresas privadas, como las de telefonía e internet o los bancos, tienen todos nuestros datos”, responde Lippi.

El proyecto pretende recurrir a otros indicadores como la matriculación, las pólizas de seguros médicos y el uso de tarjetas de crédito para conocer mejor a los ciudadanos. “Alguien que vive en estrato dos, pero tiene matriculada una camioneta de cientos de millones de pesos, ya nos da una pista de sus ingresos”, apunta el secretario de Planeación.

Un sistema deficitario

El 76% de los predios en Bogotá son de estrato uno, dos y tres. Por mucho que se aumenten las facturas que pagan los ciudadanos de estratos 5 y 6 no son suficientes. La ley contempla un fondo de compensación para salvar esta diferencia. Es decir, recursos públicos para que las empresas no dejen de recibir dinero y puedan garantizar los servicios. “En 2015 el modelo solo cubrió el 69% de los subsidios en Bogotá”, recuerda el secretario de Planeación. “La ciudad tuvo que poner 52.000 millones de pesos (19 millones de dólares) y la Nación 250.000 millones (más de 91 millones de dólares) para agua”. Una cantidad de dinero público que podría destinarse a la construcción de colegios y hospitales o a otro tipo de políticas sociales.

“Las mismas empresas de servicios están en contra de modificar el modelo de estratificación”, asegura Roberto Lippi de ONU Hábitat. “Para una compañía debería ser indiferente de dónde venga el dinero. Pero una cosa es recibir un paquete fijo y seguro del Gobierno y otra, mes a mes de los usuarios. La primera opción tiene más ventajas económicas y financieras de flujo de caja”.


“Tiene zapatos de estrato uno”

Tres décadas de estratificación en Colombia han ido construyendo un imaginario colectivo que desposee al ciudadano de cualquier atributo que no sea el lugar en el que vive. “Los estratos han terminado haciendo parte del lenguaje colombiano. Te clasifican socialmente, incluso ideológicamente: pobre o rico; bueno o malo; izquierda o derecha”, explica Antonio Avendaño de la Secretaría de Planeación de Bogotá. En el argot colombiano se cuelan expresiones del tipo: “Lleva zapatos de estrato uno”.


En una entrevista de acceso a la universidad, para calcular la matrícula de estudios o cuando un ciudadano se postula a un nuevo empleo es habitual que una de las preguntas determinantes sea la calle en la que residen. El mérito académico y la capacidad de progresar en un trabajo tienen menor relevancia que el estrato.


“El estrato es un lastre que impide la movilidad social, provoca frustración y desigualdad”, afirma Ricardo Lippi. “El estudio no permite dar el salto social sobre el mérito, como sucedió en Europa”. “Ha radicalizado la segregación”, acompaña Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.


En Bogotá se visibilizan las barreras invisibles que podrían aparecer en cualquier capital del mundo. El sur es estrato uno y dos, por tanto, se identifica con la pobreza. En el centro hay una suerte de clase media. En el norte, los que denominan ricos, estratos cinco y seis. El estrato cuatro, el que paga lo que consume, no recibe ayudas ni las aporta, alberga un limbo para los estándares colombianos.


El ciudadano que vive en la zona norte de Bogotá se autosegrega instalando muros altos alrededor de su vivienda que refuerza con concertinas. “En todas las ciudades hay ricos y pobres, pero la separación no está avalada por el Estado como sucede en Colombia”, apostilla Lippi. “Este sistema genera poca cohesión social, aumenta la conflictividad, no permite usar de la manera más oportuna la mezcla que deberían ser las ciudades”.


El modelo tampoco posibilita que se produzca el mismo desarrollo en unas zonas y otras de las ciudades por la falta de urbanismo. Los vecinos de un barrio se niegan a que mejoren sus vías, construyan parques o habiliten nuevos espacios públicos porque conllevaría el aumento del estrato. “Los pobres están desconectados de los beneficios de la urbanización, es decir, de ser más prósperos”, explica Rafael Forero, especialista en Legislación, Gobernanza y Seguridad Urbana de ONU Hábitat.


Consenso político


La propuesta de Bogotá y ONU Hábitat es la número 13 que se presenta en Colombia para intentar cambiar el sistema. No depende de la voluntad de una alcaldía y un organismo internacional, sino del consenso político que se alcance en el Congreso para cambiar una ley nacional.


Mientras la ONU aboga por un sistema impositivo, Bogotá no pretende renunciar a la clasificación por estratos al considerarla “democrática y solidaria”. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de hacer pedagogía para que los ciudadanos que han nacido y crecido con este modelo entiendan por qué muchos de ellos van a dejar de recibir subsidios y a qué se va a destinar ese dinero.


“Los estratos se asumen eternos. Y son una anomalía, no la Biblia”, dice Lippi. La ONU propone una revisión anual, construir el pacto social sobre la temporalidad. “Así se iría equilibrando el sistema y el Estado tendría más recursos para los que los necesitan. Nuestra propuesta es técnica y normativamente viable, lo que no sabemos es si es políticamente viable”.

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Ciudad del Cabo, el reto de vivir sin agua que pone cara al cambio climático

La ciudad sudafricana vive una crisis del agua sin precedentes que ha impuesto drásticos recortes en el suministro diario y que podrían convertirla en pocos meses en la primera urbe del mundo en quedarse completamente seca.

 

Hay dos hechos de los que se viene advirtiendo desde hace tiempo para el futuro de las ciudades: el primero es el de los efectos que el cambio climático, especialmente la sequía, tendrán para los recursos que abastecen a las grandes urbes. El segundo es la superpoblación, porque este es el primer siglo en la historia en la que hay más gente viviendo en las ciudades que fuera de ellas; y se estima que para el año 2050 esa proporción será de tres cuartas partes frente a una.


Para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este escenario ya es presente. La segunda urbe más grande del país surafricano, con cuatro millones de habitantes, está a pocos meses de convertirse en la primera ciudad del mundo sin agua corriente para el suministro diario de su población.

La severa sequía a la que hace frente desde hace tres años, sumado a un aumento desorbitado de sus habitantes —se estima que la metrópolis ha duplicado su población en las últimas dos décadas— ha llevado a sus recursos hídricos a una situación límite. 2017, el año más seco desde que hay registros, ha dejado tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada, según el Climate System Analysis Group de la Universidad de Ciudad del Cabo.


La ciudad lleva meses en la cuenta atrás para el día cero, como se denomina al momento en el que los grifos se cierren definitivamente y el agua sólo sea asequible a través de los 180 camiones cisterna donde los habitantes podrán ir a llenar sus garrafas con un límite de 25 litros diarios. Es una cantidad ínfima, si se tiene en cuenta que sólo una ducha de 2 minutos consume 20 litros y que se necesitan otros 5 para comer y alimentarse. Las autoridades locales tienen previsto activar estas medidas cuando los embalses de los que se abastecen sus habitantes bajen hasta el 13,5% de su capacidad. Una línea roja que al principio se estimó que llegaría en marzo, pero que las intensas restricciones en el consumo han permitido alargar hasta el 9 de julio.


Con suerte, la fecha maldita coincidirá con las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias, que históricamente comenzaban en abril, pero que el cambio climático está retrasando hasta el mes de junio.

"Aunque la lluvia vuelva mañana, no podemos volver a los hábitos antiguos. Hay que cambiar el comportamiento, es el tiempo del agua", señala en cualquier caso el director de Turismo del país austral, Sisa Ntshona, en una entrevista con Efe.


Las primeras restricciones en el suministro comenzaron a finales del año pasado, cuando se impuso un tope de 87 litros por persona y día. Desde principios de febrero, ese límite se ha rebajado hasta los 50 litros. Es un recorte importante, porque otro de los problemas que afrontaba la ciudad era el gran derroche de este recurso: antes de la crisis del agua, los habitantes de la urbe usaban entre 250 y 350 litros por persona al día. El consumo medio en España, por ejemplo, es de 132 litros por persona y día, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, se han recortado un 60% los suministros a la agricultura y un 45% los del comercio, se ha prohibido regar las aceras y jardines, lavar los coches con agua potable municipal o llenar las piscinas privadas, se ha regulado la compra-venta de agua de los pozos y se aplican multas para quienes derrochen.


“Se recomienda encarecidamente a todos los residentes que instalen piezas, accesorios y tecnologías eficientes para minimizar el uso del agua en todos los grifos”, señala la nueva normativa municipal.


El caso de Ciudad del Cabo, no obstante, supone un reto para el resto de ciudades en el mundo.


"Ciudad del Cabo es el foco de atención ahora mismo, pero en realidad es un problema global. El mundo tiene la oportunidad de aprender una gran lección de Sudáfrica: no deben esperar a que haya una crisis para modificar los hábitos de consumo", reflexiona Ntshona, que cita otras importantes capitales como Los Ángeles, Sao Paulo o Pekín, que enfrentan problemas similares.

 

26/02/2018 18:08 Actualizado: 26/02/2018 18:08
LUCÍA VILLA
@Luchiva

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Miércoles, 14 Junio 2017 06:01

Gaza, sin luz y sin esperanza

Gaza, sin luz y sin esperanza

Diez años después de que Hamás se hiciera con el control de la Franja de Gaza, la situación de los dos millones de palestinos que residen allí se hace más insoportable. Uno de los problemas de estos días es el recorte del suministro eléctrico. Cada familia de Gaza recibe solo cuatro horas de electricidad seguidas, lo que suscita un sinfín de problemas sanitarios y de todo tipo.

 

JERUSALÉN
13/06/2017 20:08 Actualizado: 14/06/2017 07:00



La situación humanitaria en la Franja de Gaza es desastrosa, dramática y grave, diez años después de que Israel implantara un férreo bloqueo con el que se quería castigar a Hamás pero se está castigando a dos millones de civiles. La organización fundamentalista que gobierna la Franja y a la que en las últimas semanas le caen palos muy gruesos desde todos los lados, sigue allí indicando que el bloqueo israelí no es la solución.


Por si la situación no fuera lo suficientemente inhumana, Israel ha anunciado que va a recortar el suministro de electricidad a la Franja en un 40 por ciento. En la actualidad los gazatíes reciben electricidad principalmente de Israel, luego de una planta que hay en Gaza y por último de Egipto, en una cantidad mucho menor.


En la actualidad, las familias gazatíes reciben cuatro horas de electricidad a las que siguen doce horas de descanso, y si Israel consuma su amenaza, el servicio se reducirá a tres horas o algo menos y doce horas de descanso. En esta situación no debe extrañar que los gazatíes se debatan día y noche por sobrevivir, máxime si se tiene en cuenta que también padecen una enorme serie de restricciones adicionales debido al bloqueo.


Ron Goldstein, director de Médicos por los Derechos Humanos en Israel, dice que “los niños de Gaza son rehenes de los juegos políticos de la Autoridad Palestina, Hamás e Israel”, a quienes debería añadirse Egipto. Según Goldstein, los problemas no se resolverán hasta que se produzca un cambio político que permita que Gaza se provea de electricidad, se provea de medicinas y se abran sus fronteras con el exterior.


El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el martes que la cuestión de la electricidad es un “problema interno palestino”. “Hamás quiere que la Autoridad Palestina pague la cuenta de la electricidad y la Autoridad Palestina no quiere pagar”, ha explicado Netanyahu. “Israel no tiene ningún interés en una escalada”, ha añadido en referencia a los tambores de guerra que se han oído en las últimas horas.


Muhaimar Abu Saada, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad al Azhar de Gaza, no descarta que el verano que viene sea caliente. “Cuando se arrincona a Hamás en una esquina, existe una gran posibilidad de que haya una guerra, como ya pasó en 2009 y en 2014. Ciertamente, Hamás no tiene interés en otra guerra puesto que todavía no se ha completado la reconstrucción de 2014, pero la situación puede escaparse de las manos en cualquier momento”.


Hace unas semanas la Autoridad Palestina decidió reducir el monto de la factura de la electricidad que Israel provee a Gaza en un 40 por ciento. Los motivos que hay detrás de esta medida son políticos: la rivalidad que existe entre el presidente Mahmud Abás y Hamás. Al recibir la noticia, Israel dijo que si se reducía el pago de la factura, se reduciría el servicio de electricidad proporcionalmente.


La amenaza todavía no se ha concretado y no está claro si se va a concretar en los próximos días. En medios militares israelíes se dice que Israel no tiene interés en que la situación se deteriore hasta un punto de no retorno, aunque naturalmente se hace todo lo posible para que la vida de la población de Gaza no sea llevadera.


Según los Médicos por los Derechos Humanos, hay 240 niños y cientos de adultos que no reciben tratamiento contra el cáncer y la fibrosis debido a los recortes que está aplicando la Autoridad Palestina sobre los hospitales de Gaza. A día de hoy los hospitales carecen de un tercio de las medicinas básicas. Los más afectados son los niños pero el 90 por ciento de los pacientes de cáncer, niños y adultos, no pueden ser tratados por falta de medicamentos adecuados.


De acuerdo con datos de Médicos por los Derechos Humanos, la Autoridad Palestina ha venido dando cuatro millones de dólares mensuales a 13 hospitales y 54 clínicas de la Franja, pero en abril la partida se redujo a 2,3 millones de dólares y en mayo a solo 500.000 dólares, lo que da una idea de las estrecheces que sufren los centros médicos.
La falta de electricidad tiene numerosas consecuencias secundarias que afectan a la atención médica. Muchas cloacas dejan de funcionar debido a los cortes eléctricos y hay lugares donde las aguas residuales afloran en las calles y se convierten en un peligro para las poblaciones hacinadas de los campos de refugiados. La ausencia de electricidad también impide el funcionamiento de las plantas desalinizadoras, de manera que el agua que se consume a menudo no es potable o es de muy baja calidad.


En este contexto se comenta en Gaza que es preciso que la comunidad internacional intervenga, bien para pagar la cuenta de la electricidad bien para obligar a la Autoridad Palestina a pagarla. En cualquier caso, el problema de Gaza va mucho más allá de la electricidad y por ningún lado se ve ningún interés en resolverlo.

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Primera victoria del Pacífico colombiano frente al olvido del Estado

Tras 18 días de paro, la región de Chocó y el Gobierno alcanzan un acuerdo. Buenaventura sigue negociando el final de las protestas


Los paros cívicos en Chocó, en el Pacífico colombiano, se han convertido en una obligación. Casi anualmente, el medio millón de ciudadanos, una mayoría afrodescendiente, que vive en este departamento deja sus actividades diarias y sale a la calle para recordarle al Gobierno, del color que sea, que no tienen agua potable, alcantarillado, una sanidad y educación de calidad, y que la guerra en esta región no ha terminado. Después de 18 días de manifestaciones pacíficas al grito de "El Chocó se respeta, carajo", el Comité Cívico que promovió la protesta y la comisión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han llegado a un acuerdo.

El Ejecutivo se compromete a invertir 440.000 millones de pesos (más de 150.000 millones de dólares) para continuar las obras de las carreteras que conectan Quibdó, la capital del departamento, con Medellín y Pereira, hasta 2022. La comunicación con estas dos grandes ciudades garantizará la movilidad de personas, pero también la entrada de materiales para infraestructuras en Chocó. El año pasado, un derrumbamiento en una de estas vías dejó nueve muertos y mantuvo el acceso cerrado durante dos meses. "El Gobierno va a declarar de importancia estratégica este proyecto", ha asegurado Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia.


Los acuerdos alcanzados para mejorar el sector sanitario dan cuenta de la precariedad del sistema en la región. En Chocó, los pacientes con enfermedades graves como el cáncer tienen que trasladarse a los departamentos vecinos para poder ser atendidos ya que no cuentan con un hospital especializado en este tipo de patologías. El Gobierno se ha comprometido a construir y dotar un hospital denominado de Tercer Nivel, además de sanear la clínica San Francisco, el centro al que acuden los chocoanos. En el paquete de compromisos se incluyen hospitales de "mediana complejidad" en los municipios de Riosucio e Itsmina y la adecuación del de Bahía Solano. Los ciudadanos tendrán ambulancias.


La falta de asistencia sanitaria afecta especialmente a los niños. En esta región la mortalidad infantil es el doble de la media a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2013, las más recientes. Estas estadísticas están relacionadas con los altos niveles de pobreza. Chocó ostenta el primer lugar con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 62,8%, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El desempleo en esta zona alcanza al 11%.


No solo no hay sanidad de calidad ni trabajo, carecen de otros servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado. Del río donde tiran la basura se toma el agua para los centros hospitalarios y el consumo general. La planta potabilizadora no da abasto para hacer su trabajo. "Desde 2010 hemos financiado 58 proyectos de acueducto y alcantarillado por 279.000 millones. Llevaremos acueducto todos los municipios del departamento", ha prometido el Gobierno.


Cuando los chocoanos se manifiestan lo hacen usando el mensaje #SOSChocó para recordar la crisis humanitaria en la que viven desde hace décadas. La situación del sistema educativo también contribuye a esta alerta. Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 reveló que la tasa de analfabetismo es del 20,9%, dos veces y medio mayor que el índice nacional. En Quibdó esperan desde hace más de tres años que terminen las obras de un megacolegio para los niños y jóvenes de la ciudad. "Es una oda a la corrupción", dicen los vecinos.


En los acuerdos no hay mención al nivel de inseguridad que se vive en Chocó en particular, y en todo el Pacífico en general. Solo el pasado marzo, medio centenar de familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, herederas del paramilitarismo. Los grupos armados que persisten en Colombia están ocupandolas zonas que las FARC, en pleno proceso de dejación de armas, abandonaron el pasado enero.


"Cada seis meses se hará una rendición de cuentas conjunta con la comunidad y los líderes cívicos, las autoridades departamentales y el Gobierno Nacional que permita mantener a los colombianos informados del avance del cumplimiento", ha explicado Prada. Esta será la tarea de las mesas técnicas de seguimiento a los acuerdos firmados la mañana del sábado. La enésima hoja de ruta que los chocoanos reciben de las autoridades.
Buenaventura, a la espera


Los vecinos de los chocoanos, los habitantes de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca llevan 11 días en paro esperando a llegar a un acuerdo con el Gobierno. En esta región las protestas por el abandono estatal acabaron en disturbios, saqueos y un toque de queda decretado por el Gobierno local.


Alfonso Prada ha informado de que una misión compuesta por varios ministros se dirige este sábado a la zona para intentar reanudar los diálogos con la comisión cívica que lidera las protestas en Buenaventura.

Bogotá 27 MAY 2017 - 13:14 COT

 

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A palo, gases y plomo quieren acabar con el paro cívico en Buenaventura

En la tarde-noche del viernes 19 de mayo, el Esmad arremitió contra la protesta pacífica de los pobladores de Buenaventura. La reacción de una población ofendida por la violencia oficial no tardó en llegar. Al avanzar la noche numerosos grupos de pesonas ingresaron y saquearon almácenes de cadena. La respuesta oficial: más militarización de la ciudad y declarar el toque de queda.

 

Violencia aleve, violencia oficial, violencia gubernamental. Esta fue la que conocieron y sufrieron el viernes 19 de mayo los representantes de la comunidad de Buenaventura hacia las 3 de la tarde, una vez salieron sin acuerdo alguno de la reunión sostenida con delegados del gobierno nacional.


Con el paso de las horas la arremetida oficial con gases y palo se extendió por diferentes barrios del Puerto. ¿Y el derecho a la protesta dónde queda? Así se preguntan en Buenaventura, unos y otras, luego de vivir en sus humanidades la violencia oficial.


El paro iniciado el 16 de mayo, caracterizado en todo momento por el espítiru pacífico de quienes protestan, sufría así el sello oficial, ese que echa mano de la violencia para intimidar y romper.


La violencia se extiende por la ciudad. La fuerza pública, que no se detuvo ante las peticiones de los manifestantes de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, concentró la mayor parte de sus uniformados en la autopista de Buenaventura –avenida con zonas residenciales a lado y lado de la vía. Allí disparó a diestra y siniestra granadas de humo, infortunadamente un pequeño de cuatro meses pereció ahogado por los gases lacrimógenos.


“Eso ya lo tenían preparado...”


desdeabajo consultó a Manuel Bedoya y a Javier Torres, pescadores e integrantes del Comité de sectores productivos. Manuel cuenta: “Eso viene desde hace rato, esa provocación y ese atropello contra la comunidad fue preparado desde hace rato, por el mismo gobierno nacional, regional y local... la gente de Buenaventura cuando hace un paro, vive una fiesta, la gente es pacífica”.


Según Manuel, los ataques se deben a los bloqueos de las vías y del Puerto. “El único daño que podíamos hacer es que no dejamos pasar la mercancía, como de costumbre, hacia Cali”. Lo que no parece saber Manuel es que precisamente eso es lo que le duele al gobierno nacional, departamental y local, pues el impedir el transporte de las tractocamiones lo que impiden es la circulación de las mercancías del capital, la circulación del dinero: por este Puerto circula el 50 por ciento del comercio internacional del país, varios billones de pesos, y por eso si ladran, muerden y matan. Ya dieron prueba de ello.


Como es conocido, la riqueza que produce esta ciudad y región al país no se traduce en inversión y calidad de vida para los miles que allí habitan. Por ello la protesta: no soportan más la pobreza ni el abandono oficial.


Cómo fueron los hechos...


Respecto a los hechos de violencia, Manuel declaró: “La cuestión ayer fue que a eso más o menos de las 3 de la tarde, fue llegando el Esmad, fue preparándose y se fue ubicando en los lugares cerca a las concentraciones de la comunidad, desde la Delfina hasta el puente del Piñal, y cuando levantaron la mesa de negociación, que se dijo que no se aceptaba la propuesta del gobierno nacional y de sus ministros, entonces entró el Esmad a masacrar la gente (podríamos decirlo así), provocandola. La gente no respondió en seguida, sin embargo el hostigamiento siguió hasta muy tarde y por eso los saqueos y por eso los muertos y toda a cuestión de dificultades que tenemos en este momento”.


Por su parte, Javier Torres, señaló: “Hubo una represión muy fuerte por parte del Esmad en los puntos de concentración donde la gente estaba ejerciendo el derecho a una protesta pacífica. Llevamos cuatro días de paro cívico, no había pasado nada considerable, sin cosas que lamentar, había una concentración masiva de la población pero en paz, hasta que el Esmad arremetió contra la ciudadanía y se generaron tantos desórdenes, incluidos saqueos”.


Y agregó: “En el sector del Piñal estamos los representantes del área de pesca industrial y pesca artesanal, y de madereras –somos tres agremiaciones que nos concentramos en ese lugar. Cuando el Esmad estaba cerca, todos levantamos las manos en señal de paz, sin embargo la fuerza pública arremetió contra nosotros tirándonos gases y cosas por el estilo”.


Violación de los derechos humanos


Los integrantes de los Comités no cuentan con una cifra exacta de las personas heridas ni fallecidas, ni del número exacto de establecimientos afectados por los saqueos, sin embargo hay algunos reportes.


“Aún no hay conocimiento del número de personas heridas, porque no nos hemos reunidos con el Comité. Yo hago parte del Comité del paro cívico, por parte de los pescadores artesanales. Apenas sabemos de los niños que fueron afectados por los gases”. Señaló Manuel Bedoya.


Javier Torres, dijo por su parte: “Entre los afectados hay el reporte de un niño que estaba con la mamá y al parecer el menor falleció. El Esmad disparaba hacia las casas, no sólo en la vía pública, sobre la autopista de Buenaventura, allí hay zonas residenciales y sin discriminación alguna, disparó granadas de humo hacia esas zonas. En uno de esos disparos una granada cayó sobre una mujer con su niño de brazos y a causa de eso murió ahogado. Como le decía, la gente –una vez vio al Esmad– levantó los brazos en señal de paz, y el Esmad no hizo más que arremeter de forma muy violenta. Hirieron a 5 compañeros que estaban ahí sentados. Entonces vemos una fuerza excesiva, premeditada por parte de la autoridad hacia una población que reclama legítimamente sus derechos. Se violaron muchos derechos humanos. En el sector del Sena, a una integrante de la comisión la desnudaron, es increíble que la fuerza pública esté generando ese tipo de represión contra la población”.


El paro se mantiene


“Llevamos tres años en diálogos con el Gobierno, pero no nos ha cumplido. El 19 de febrero de 2014 se hizo el primer paro nacional, el gobierno nacional se comprometió a ponernos agua, salud y educación, pero resulta que no ha cumplido. Están diciendo que han invertido mucha plata, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está esa plata? Y precisamente esta preparación del paro cívico viene desde hace tres años, midiendo al Gobierno con su supuesta buena intención de cumplir, pero no pasa de buenas intenciones, porque los resultados de los compromisos con Buenaventura no se ven”. Aseveró Manuel


Y continuó: “El manifiesto del Comité en general y el concepto de la comunidad es que lo sucedido es un atropello a los derechos fundamentales de la gente de Buenaventura; pensamos que el gobierno nacional está más interesado en sus acuerdos económicos de alianzas y de megaproyectos, que en la cuestión fundamental del pueblo de Colombia y de Buenaventura, especialmente. Eso demuestra una manifiesta discriminación racial muy fuerte por parte de todos estos organismos del Estado.


El paro se mantiene, así sea desde nuestras casas de manera clandestina, hasta que el gobierno nacional no declararé a Buenaventura en emergencia económica, social y ecológica, porque están acabando nuetras selvas, están acabando los ríos con la minería ilegal, están acabando la pesca porque están creando parques naturales en el mar, reservas naturales para el turismo, dejando a más de 20 mil pescadores sin trabajo. Sin embargo, y pese a nuestros reclamos, no hay ayuda para la pesca, no hay inversión para los hospitales, no resuelven el problema del acueducto. En particular los pescadores estamos en permanente lucha por una política pesquera pero no encontramos apoyo.” Concluyó.

 

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