Pedro Arrojo

Pedro Arrojo habla con 'Público' después de emitir un comunicado en el que reclama a España y al resto de gobiernos del mundo a garantizar el derecho al agua y a un saneamiento digno. El experto de la ONU insiste en que sea una medida que se extienda más allá de la pandemia, ya que se trata de un derecho humano inquebrantable.

 

El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, ha hecho un llamamiento para que España y el resto de gobiernos del mundo prohíban los cortes de agua a las personas vulnerables. "Vivimos tiempos duros por la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón. Pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y saneamiento en el marco de una vivienda digna", expone el texto de la declaración a la que ha tenido acceso Público.

El llamamiento realizado por Arrojo –que cuenta con el respaldo de otros más de veinte relatores de la ONU especializados en otras áreas– llega en un contexto de pandemia clave y con una mirada velada hacia el Ejecutivo español, que permite los cortes de suministro de agua desde septiembre, momento en el que el denominado escudo social para la covid-19 finalizó y dejó sin posibilidad de acceso al agua potable y al saneamiento a cientos de familias, empobrecidas por las consecuencias económicas de la pandemia. 

En una conversación con este medio, Arrojo manifiesta que se trata de un llamamiento global, pero reconoce que España, país al que considera "líder junto con Alemania" en el acceso al agua, debe volver a levantar el escudo social para salvaguardar que todas las personas puedan tener garantizada unas condiciones de higiene dignas por la covid-19. "El Gobierno debería, por sus obligaciones internacionales y por ese prestigio que atesora como país al que representa, plantearse esa idea de hacer de la necesidad una virtud permanente", expone, en relación a regular el fin de los cortes por impagos entre la población más empobrecida.

"Ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familia en situación de vulnerabilidad nunca", agrega, para reclamar que se sienten las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano.

Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable –las cuales ya enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera reclamando que se permitieran aplicar cortes por impago durante la primera ola de la pandemia–, Arrojo argumenta que "obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano". No en vano, el experto, comenta a Público que "no entendería que ningún gobierno se dejase presionar" y cediera en términos de derechos humanos.

Tras recalcar que el llamamiento va dirigido "a todo el mundo, no sólo a España", el relator advierte que la prohibición de los cortes que se reclama desde la ONU no debe ser interpretada como un falso derecho a no pagar por el agua, ni tampoco debe dar pie a "picaresca". "El que puede pagar debe pagar", afirma. "En países como España hay una estructura capaz de identificar las situaciones particulares de los ciudadanos para saber quién está o no en situación de vulnerabilidad".

En relación a la pandemia que vive España, Arrojo pone como ejemplo las pésimas condiciones de vida de los temporeros, que han sufrido contagios masivos durante el verano en el Bajo Aragón, precisamente por la falta de acceso al agua y a una vivienda digna. También señala a los refugiados que continúan acampados en Moria (Grecia), de los que "apenas nos llegan noticias" sobre los casos de coronavirus, y quienes apenas tienen posibilidad de lavarse con agua a diario. "No podemos estar orgullosos de que esto ocurra en ámbitos europeos", denuncia, "deberíamos aprender una lección de todo este dolor". 

El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe de trascender a la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue, tampoco se produzcan cortes de suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala al futuro que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a "acelerar la gravedad de este problema", sobre todo en "zonas que ya están al límite de la habitabilidad como el Sahel". Sin embargo, que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años "no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico", ya que el consumo humano sólo representa, en cifras globales, el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. "Hay que dar prioridad para que nadie se quede sin ello".

663 millones de personas sin acceso a agua

El acceso al agua potable fue declarado como derecho humano en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de personas carezcan de este bien.  Según este organismo, se estima que 3.000 millones de personas no disponen de un lavabo en sus casas para poder lavarse las manos. Otros 4.500 millones no dispondrían de saneamiento digno en sus hogares, lo que incrementa la exposición a enfermedades por falta de higiene.

Según los datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), al menos hay 663 millones de personas en el planeta que no tienen ningún tipo de acceso a fuentes de agua potable mejorada. La mayor parte se encuentran en África Subsahariana, con 319 millones ciudadanos afectados por esta carencia. Le siguen Asia Meridional, con 134 millones de personas; Asia Oriental, con 65 millones; y Asia Sudoriental, con 61 millones.

Todo ello contribuye a que anualmente mueran 340.000 niños menores de cinco años por causa de enfermedades diarreicas que se relacionan con la falta de higiene en el acceso al agua y el saneamiento digno, según la OMS. Además, se estima que 161 millones de niños sufren algún tipo de retraso en el crecimiento o malnutrición crónica por esta misma causa.

 18/11/2020 22:46

alejandro tena

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Sábado, 03 Octubre 2020 05:48

Rebelión en la provincia

La escasez de bienes y servicios básicos persiste en Venezuela. AFP, FEDERICO PARRA

Las protestas por comida y combustible en el interior venezolano

 

Desaparecidas de Caracas las grandes marchas de la oposición y las contramanifestaciones oficialistas, una miríada de protestas en pequeños pueblos, caseríos y capitales de provincia demanda servicios esenciales para sobrevivir. Sus habitantes piden agua, electricidad, alimentos, gas para cocinar, acceso a la salud y, sobre todo, gasolina.

 

Se temía y ocurrió: Víctor Rivero, de 20 años, murió baleado la tarde del 30 de setiembre en Cariaco, pueblito de pescadores en el noreste venezolano que mira al mar Caribe. Fue cuando policías y vecinos chocaron al ser interceptado un camión con alimentos, quizás para saquearlo, quizás sólo para expresar la rabia y el hartazgo de la gente en el clima de escasez que ya lleva años y domina la cuarentena por la covid-19.

Una oleada de protestas recorre el Interior desde agosto y se intensificó en setiembre. Hubo 76 sólo el lunes 28 –aunque apenas 16 el miércoles 30–, casi todas pacíficas, y 94 por ciento de ellas en reclamo por malos servicios, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Una triple caracterización poseen estas demostraciones callejeras, dijo esta semana a la prensa Marco Ponce, conductor del OVCS. Las motivan la falta de suministros esenciales, como agua, cilindros de gas para poder cocinar, electricidad –al cabo de apagones por horas y hasta días–, las bolsas de alimentos subsidiados que esperan las familias más pobres y, sobre todo, gasolina, sin la cual es imposible el transporte de pasajeros, salir a «resolver el día» o acarrear los alimentos hasta los mercados en un país carente de ferrocarriles y donde casi toda la movilización es a base de automotores.

Además, son movilizaciones espontáneas, pequeñas, vecinales las más de las veces, ayunas de convocatoria, conducción o acompañamiento político, y se registran con fuerza en pueblos pequeños, caseríos, incluso, en zonas que durante años han sido bastiones del oficialismo, leales a los liderazgos del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su heredero Nicolás Maduro.

«LA GENTE YA NO AGUANTA MÁS»

En Santa María de Ipire, un poblado perdido en las centrales llanuras del Orinoco, una marcha de vecinos, al usual grito de «el pueblo unido, jamás será vencido», obligó a las autoridades locales a liberar a los cabecillas de la protesta el martes 29. Al amanecer del miércoles 30 llegaron refuerzos policiales y militares para controlar las calles y desestimular cualquier concentración.

En Yaracuy, una zona a pocas horas en auto al noroeste de Caracas, varias poblaciones protestaron durante cuatro días en reclamo de gasolina, gas y otros servicios: quemaron neumáticos y el vehículo de una alcaldía y protagonizaron pedreas contra la Policía que costaron la detención de 30 manifestantes. Varios de ellos serán enjuiciados.

En los últimos días de setiembre, mientras a las pequeñas ciudades cercanas a la capital –esas sí con tradición de protesta– se enviaban refuerzos policiales y de la militar Guardia Nacional, se multiplicaban protestas en poblados y hasta caseríos de zonas del Interior tradicionalmente agrícolas.

Ponce sostiene que la nueva ola de malestar «se debe a la exasperación de la gente, que ya no aguanta más, porque la cuarentena impuesta por la covid-19 le dificulta salir y trasladarse a resolver el día a día, sin servicios esenciales y mientras el ingreso cada vez se derrumba más: ya el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de un dólar al mes».

Al despuntar octubre el salario mínimo oficial en Venezuela es de 400 mil bolívares mensuales, mientras que la tasa de cambio oficial es de 436 mil por dólar. Varias consultoras económicas estiman que el ingreso medio de los trabajadores oscila entre 20 y 30 dólares mensuales, menos de la mitad del valor de la canasta alimentaria básica.

Las fallas de electricidad abarcan prácticamente todo el país y ya alcanzaron a Caracas, una suerte de burbuja en cuanto a suministro de servicios. En la populosa barriada de Petare, al este de la capital, hay viviendas y comedores populares forzados a cocinar con leña, por la falta del gas en cilindros del que dependen la mayoría de hogares. Las bolsas con comida –principalmente harina de maíz, arroz y pasta– que el gobierno mensualmente vende a familias pobres con subsidio de hasta 90 por ciento, cada vez demoran más en llegar y el mal estado de la red hídrica tiene a más de 80 por ciento de las comunidades, de todos los estratos sociales, con problemas de acceso al agua potable (véase «Vida miserable», Brecha, 7-VIII-20).

PARCHES Y REPRESIÓN

Ese telón de fondo alimenta las protestas, unas 6 mil en lo que va del año según el OVCS. La mayoría se inicia con cierre de vías, luego pasan a concentraciones y, en algunos sitios, han llegado a marchas que, prohibidas formalmente por la cuarentena, a veces son disueltas de forma violenta. Las consignas y las improvisadas pancartas dan cuenta de que en algunos casos hay un cierto grado de organización vecinal, pero, en general, no hay ni presencia ni mucho menos conducción por parte de las organizaciones políticas.

Capítulo aparte merece el tema de la escasez de gasolina, ya sobre el lugar común de que se registra en un país que fue durante un siglo un gran exportador de petróleo y aún posee las que quizá sean las mayores reservas de crudo del planeta. Casi no se manufactura ese combustible en las destartaladas refinerías, a lo que se añade el embargo contra el Estado dispuesto por Washington desde hace dos años, que deja a la industria petrolera sin insumos ni repuestos. Apenas si el gobierno ha podido traer algo de gasolina desde el remoto Irán, uno de sus países aliados (véase «Un cóctel imprevisible», Brecha, 7-VIII-20).

La escasez de gasolina genera enormes colas, que se prolongan por muchas horas y hasta por seis días, con transportistas y usuarios particulares llenos de angustia, rabia y desesperación (véase «Aguafuertes maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Pero también muestran la cara de la respuesta gubernamental que disuelve las protestas: cuando llega el combustible a la estación de servicio y se surten los vehículos, se desinflan la rabia y la protesta. Otro tanto ocurre cuando falta la bolsa de comida o el gas para cocinar en una comunidad: el gobierno puntualmente provee el suministro y la protesta pierde aliento, reemplazada por la esperanza de que quizás se regularice el servicio. Cuando el gobierno no puede satisfacer el reclamo, entonces la protesta se sofoca con la represión a cargo de las fuerzas de seguridad y, a veces, de grupos civiles armados partidarios del oficialismo, llamados «colectivos».

SILENCIO OFICIAL

El líder formal de la oposición, Juan Guaidó, presidente del Parlamento (desconocido por el resto de los poderes del Estado) y «presidente legítimo de Venezuela», según Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, ha llamado a intensificar la protesta. Mientras, el gobierno y sus medios de comunicación, que dominan el espectro radiotelevisivo, han puesto sordina a los reportes sobre las demostraciones, sus motivos y sus desenlaces.

Por ello, la muerte de un manifestante en un altercado en un pueblo remoto, que dejó también un policía herido, pasa desapercibida, aunque, según la organización humanitaria Provea, sea el quinto deceso en una protesta en lo que va del año. Parece apenas una anécdota en un panorama crítico de derechos humanos: en lo que va de 2020, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para la materia, Michelle Bachelet, las fuerzas de seguridad han abatido a más de 2 mil personas, lo que indica un patrón de ejecuciones extrajudiciales.

Por ahora, las protestas no han impactado la pugna por el poder, mientras el oficialismo convoca a elegir un nuevo Parlamento el 6 de diciembre. La oposición, con la mayoría de sus partidos y dirigentes intervenidos o proscritos, anuncia que no participará, pues considera que se trata de una «farsa» para concentrar aun más poder en manos de Maduro y las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Entretanto, las condiciones de vida en los hogares son cada día más precarias y, en ese caldo de cultivo, las protestas, sin duda, continuarán.

Humberto Márquezdesde Caracas 
2 octubre, 2020

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Viernes, 06 Marzo 2020 06:19

Privatización del agua en Brasil.

El expresidente de Brasil Michel Temer y su ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho, visitan las obras de desvío del cauce del San Francisco, en febrero de 2018 / Foto: Amazoniareal, Beto Barata

El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.

Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (Psol) al explicar su voto negativo.

A CONTRAMANO.

“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (Psol). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.

En tanto, la diputada del PTErika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45 por ciento del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55 por ciento, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.

Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de San Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.

Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.

GUERRA EN EL NORDESTE.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.

Brasil posee el 12 por ciento de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.

La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertón nordestino”.

San José de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.

“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad.“En cada punto de captación hay un equipo del ejército.”


Conflictos eternos

De la tierra al agua

“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.

Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.

“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.

El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.

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Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

 

Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG [lanzagranadas] y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear ‘nadie nos representa’ y ‘fuera, fuera, Irán’, en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todos las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

"Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa"

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra ISIS, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chanclas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. En la parte de atrás de uno amarillo, un hombre despatarrado con dificultades para respirar.

Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra ISIS, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde [el área más segura y fortificada de Bagdad] impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimidaciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de mes, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam.

Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara este fin de semana que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi.

Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes pasado comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

El domingo, el servicio antiterrorista de élite de Irak comunicó que había desplegado sus efectivos en Bagdad para proteger los edificios estatales importantes de "elementos indisciplinados".

Los manifestantes que durante el fin de semana pasado se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron este lunes a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

El lunes también hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes. Entre la noche del lunes y la mañana del martes, mató a 18 personas y dejó heridas a cientos. Hasta la fecha, ha sido uno de los ataques más letales.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes [a principios de octubre] formaba parte de las milicias Khorasani y Badr [de mucho poder, tienen el apoyo de Irán]. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas. Según esa interpretación, la embajada estadounidense y los Estados del Golfo están alentando las protestas para derrocar al Gobierno chií de Irak.

"Mira a la gente que te rodea", señala un abogado de 23 años en la ciudad de Sadr, a las afueras de Bagdad. Es una noche de principios de octubre y las balas silban sobre su cabeza mientras decenas de niños se agachan para esconderse en un pequeño callejón. "¿Crees que la embajada americana sabe que ese callejón existe? Todos estamos sin trabajo, yo terminé la carrera de Derecho hace tres años y aún no he encontrado empleo".

Desde el frente traen a un joven con la pierna empapada en sangre. Un montón de neumáticos incendiados lanza grandes llamas hacia al cielo. "Estas son las mejores manifestaciones desde 2003", señala el abogado. "Todas las manifestaciones anteriores fueron organizadas por Moqtada al-Sadr o por los secularistas, pero este es un auténtico levantamiento popular y sin líderes".

Ghaith Abdul-Ahad - Baghdad

01/11/2019 - 21:03h

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Aaron Bastani, el 'socialista millennial' que defiende un 'comunismo de lujo' gracias a la tecnología

El intelectual británico explica a eldiario.es las claves para entender su manifiesto sobre el "comunismo de lujo totalmente automatizado" que propone una sociedad utópica post-trabajo gracias a la tecnología

 

 

La Enciclopedia Británica reconoce hasta media docena de comunismos. Distingue, por ejemplo, entre el comunismo marxista y el comunismo posterior a Karl Marx -autor de El Capital y el Manifiesto Comunista además de gran inspirador de esta doctrina política y económica-. Por otro lado quedan, entre otros, el comunismo no marxista, con el que se identifica el anarco-comunismo.

Dentro de unos años tal vez figure entre las muchas versiones del comunismo que recoge la mítica enciclopedia británica uno nuevo, el de Aaron Bastani. Este intelectual de 35 años, conocido mayormente por su labor de comentarista en grandes periódicos como el británico The Guardian o el estadounidense The New York Times, ha acuñado una nueva variante.

'Comunismo de lujo' podría ser el nombre abreviado de la renovación defendida por Bastani. Sin embargo, este joven británico prefiere la expresión completa: "comunismo de lujo totalmente automatizado". De hecho, así se titula su libro, publicado hace unos días en el mercado anglosajón: Fully Automated Luxury Communism: a manifesto (Ed. Verso, 2019).

"Tiene tres partes y la última es la que realmente se identifica con lo que sería un manifiesto", explica Bastani a eldiario.es. "Trata sobre cómo podemos subordinar las tecnologías para resolver las crisis a las que nos enfrentamos, ir más allá y crear un mundo mejor que nunca", abunda. Esa es su respuesta cuando se le pregunta si su libro es una renovación de El manifiesto comunista que escribiera Marx junto a Friedrich Engels en 1848.

Han pasado 171 años desde que aquel escrito saliera a la luz con el título original Manifest der Kommunistichen Partei o Manifiesto del Partido Comunista. Para Bastani, todo ese tiempo parece haber terminado dándole la razón a Marx, no tanto al Karl Marx de El Capital sino al de Grundrisse der Kritik der Politische Ökonomie o Elementos fundamentales para la crítica económica política, escritos entre 1857 y 1858. Se considera que ese volumen sirve de "borrador" para El Capital.

En ese borrador, según Bastani, está en el origen de su "comunismo de lujo". "Los términos 'comunismo de lujo totalmente automatizado' surgieron en Alemania a principios de los años 2000 en círculos de activistas y artistas. En estos círculos se hablaba del Grundnissse, un volumen de Marx dedicado a la tecnología de su época. Para él, grosso modo, al capitalismo le era inherente una alternativa. Todo era cuestión de llegar a un contexto material concreto", expone Bastani. Esa alternativa es el comunismo.

Según Bastani, puede que ese "contexto material" esté a la vuelta de la esquina. Las nuevas tecnologías, de aquí a pocos años, podrían "hacer llegar el cambio definitivo de la clase obrera", según sus términos. Avances como la robotización, la revolución alimentaria que supone, por ejemplo, la carne fabricada en laboratorio, el mayor desarrollo de las energías limpias o la también imaginable minería espacial esconden buenas noticias para los trabajadores si se usan en su favor, según el autor.

Para Bastani, el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica, las energías renovables y un futuro de la salud mejorada a través de avances en campos como la genética permiten pensar, no tan a largo plazo, en la obsolescencia del capitalismo. Esos avances bien pueden haber ocurrido en sociedades capitalistas. Sin embargo, implican, según Bastani, grandes desafíos para el propio capitalismo.

"En los próximos 20 ó 25 años, la llegada al mercado laboral de potentes inteligencias artificiales es algo que va a trastocar tanto el mercado de trabajo que hará que las políticas económicas clásicas no serán válidas para contrarrestar esos efectos", sostiene Bastani. "Esto no significa que todos estaremos desempleados, pero sí podría significar que el mercado de trabajo se reduzca masivamente y que haya una descomunal desigualdad entre la gente cuyo trabajo seguirá siendo útil, esa gente que disfrutará de grandes salarios, y la que no, con salarios en caída libre", abunda.

Estas desigualdades son, a su modo de ver, ejemplo de las "contradicciones internas irresolubles" que está creando el capitalismo. El "comunismo de lujo", sin embargo, sería el resultado de la resolución de esas contradicciones.

Hacia el "comunismo de lujo", en tres pasos

 

Esa resolución pasaría por la puesta en marcha de una serie de medidas que implicarían romper definitivamente con el capitalismo gracias a la tecnología que trabaja no con ánimo de lucro, sino para el beneficio de la gente.

A saber, primero, "necesitamos servicios básicos universales, educación, vivienda, salud pública, transporte e información", según Bastani.

Segundo, la implantación de un "socialismo municipalista", que implica, entre otras cosas, que "si las instituciones públicas necesitan contratar a empresas externas, lo hagan pero siendo esas empresas iniciativas locales", abunda el intelectual británico. Es decir, que si en una ciudad existe por ejemplo una red de coches autónomos, sin conductor, que estos sean municipales en lugar de pertenecer a una empresa privada con ánimo de lucro.

Y tercero, el abandono progresivo del uso de combustibles fósiles. Para las economías desarrolladas, Bastani plantea un calendario que tiene 2030 como fecha límite para ese abandono. A las economías no desarrolladas, Bastani les da hasta 2040. De esta forma, el problema de la escasez de recursos sería cosa del pasado.

"Hay que cambiar el sistema social para que las nuevas tecnologías generen abundancia. Pero esto no ocurrirá automáticamente”, justifica Bastani su hoja de ruta. Amenazan la "utopía realizable" que defiende el autor del manifiesto del "comunismo de lujo" la triple crisis a las que se enfrenta el planeta, una crisis que es a su vez climática, demográfica y económica.

"Alemania, por ejemplo, está sufriendo un fuerte envejecimiento. Y esto es una crisis de la reproducción social. Puede ser que en el futuro no haya suficiente gente joven para ocuparse de los mayores en 20 ó 30 años. Esa es una de las crisis. El futuro del capitalismo implica en este sentido el acabose para los sistemas sociales debido al envejecimiento de la población, y a esto hay que sumarle la automatización y demás", sostiene Bastani, aludiendo al país de la canciller Angela Merkel, para muchos una ejemplar de historia exitosa del capitalismo contemporáneo.

La amenaza de la extrema derecha y su proyecto reaccionario

Tanto o más grave es la crisis generada por el calentamiento global. Ésta también constituye una oportunidad para el "proyecto reaccionario" que representan las ultraderechas. Según alerta Bastani, "la crisis climática significa varios millones de refugiados climáticos y, ahora mismo, la ultraderecha nativista tiene una más eficaz caja de herramientas políticas para 'resolver' el problema que la izquierda", dice Bastani. "La extrema derecha dice: 'refugiados climáticos, ok, cerremos las fronteras, no viajemos, desglobalicemos la producción, vivamos solo para los blancos y pongamos las mujeres a resolver la crisis demográfica'", añade. "Se puede acabar muy rápido en un proyecto reaccionario", advierte Bastani.

Su proyecto, "el del comunismo de lujo", está haciéndose un hueco en el debate público anglosajón. "Necesitamos un comunismo de lujo" era el titular de una reciente columna de opinión que el The New York Times concedía a Bastani para explicar su particular renovación de El manifiesto comunista. "Hace diez años, este tipo de cuestiones eran cosas de la retaguardia en la izquierda, especialmente en el mundo anglosajón", concede Bastani. Ahora, sin embargo, él y otros etiquetados como "socialistas millennials" por la revista británica The Economist, se están ocupando de satisfacer una "curiosidad anglosajona nueva" por ideas izquierdistas.

Libros como el Manifiesto del comunismo de lujo son ahora material de inspiración para esa generación de políticos que son Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o Jeremy Corbyn. Su desembarco en Europa parece ser solo cuestión de tiempo.

Por Aldo Mas

29/06/2019 - 21:55h

Publicado enSociedad
Miércoles, 24 Octubre 2018 17:03

Bogotá contenerizada

Bogotá contenerizada

En la supuesta búsqueda de un modelo de basuras a la altura de las necesidades de Bogotá, en el mes de octubre comienza la instalación de un modelo de recolección de basuras a partir de recipientes o contenedores. Las organizaciones de recicladores, como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, cuestionaron este modelo, ¿por qué?

 

El pasado 12 de octubre se cumplió el plazo para que los concesionarios que ganaron la licitación de aseo en Bogotá, comenzaran a instalar los contenedores de recolección de basuras –uno para ordinarios y otro para reciclaje–, proyectados para el 25 por ciento de la ciudad1. Este modelo, que abre un ejercicio experimental para esta urbe, inició con un desfase: no tomó en cuenta ni articuló con la organización de recicladores la recolección de los desechos que por toneladas producen a diario los pobladores capitalinos.

 

A propósito de este desfase, vale la pena recordar que los pliegos para la licitación de aseo de Bogotá presentados en el 2016 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –Uaesp–, tuvieron que ser cambiados por efecto de una tutela que obligó a reconocer la articulación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, como lo ha exigido la Corte Constitucional en sentencias y autos de seguimiento desde 2003.

 

En tales pliegos, a los concesionarios les exigían que para iniciar con el proceso de instalación de contenedores, lo primero que debían seguir –y que en la realidad aún no cumplen– era un análisis “[…] técnico a cargo del prestador, el cual deberá elaborarse durante los cuatro (4) meses siguientes de la firma del acta de inicio y tendrá como propósito definir el esquema operativo de atención y distribución de estos elementos”2.

 

Tal análisis debía incluir el reconocimiento de las rutas históricas de los recicladores de oficio, proyectando y consolidando microrutas más eficientes que garanticen el trabajo a todos los recicladores. Sin embargo, lo que realizó la Uaesp fue un formato donde les pidió a las organizaciones que puntualizaran dónde querían los contenedores, sin avanzar en una verdadera articulación y concertación entre organizaciones, recicladores independientes y concesionarios. En este sentido, estos últimos manifestaron en Audiencia Pública celebrada el 27 de julio 2018, que ya habían entregado la propuesta a la Uaesp para que la validara y así poder avanzar con la ejecución de la licitación.

 

Ante esta respuesta las organizaciones de recicladores, específicamente la Unión Nacional Independiente de Recicladores –Unir3– respondió que el proceso en cuestión no se hizo correctamente ya que en algunos casos llamaron solo a recicladores independientes, y no se conocía la propuesta final de cada concesionario. Adicionalmente tampoco desarrolla bien la exigencia de: “[…] el adjudicatario se obliga a desarrollar campañas rigurosas de sensibilización y pedagogía social a partir de la firma del acta de inicio; enfocadas a promover la separación en la fuente, así mismo debe instruir al usuario sobre el uso debido de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables que sean instalados, el respeto por las frecuencias y horarios de atención del servicio y demás tópicos que permitan lograr los objetivos de la contenerización […]”4.

 

Un modelo que promueve la desigualdad

 

Lo que quedó claro con este proceder de los concesionarios y la Uaesp es que con el nuevo modelo de recolección de basuras no desean incluir a los recicladores de oficio, ni mucho menos reconocer sus organizaciones, no de otra manera puede entenderse que unas semanas antes de cumplirse la fecha de su implementación aún no hubieran realizado suficientes campañas o se hubieran hecho, pero sin incluir a los recicladores; adicionalmente los usuarios no habían recibido una información clara y suficiente.

 

Estamos ante un modelo sin garantías para los recicladores. Siguen sin garantizar el acceso cierto y seguro, incumpliendo que las estructuras de los contenedores deben “[…] facilitar a los recicladores de oficio acceder al material aprovechable […]”5. Por el contrario, todas las propuestas presentadas por los diferentes modelos para procesar basuras tienen en común que no son de fácil acceso para los recicladores. Inclusive, algunos modelos de contenedores tienen llantas, lo que puede convertirse en un riesgo para producir o multiplicar accidentes, lo cual está prohibido en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo.

 

Es importante tener en cuenta, también, que la ciudadanía aún no tiene conciencia sobre la necesidad de separar los desechos en la fuente, razón por la cual parte de las exigencias de las organizaciones de recicladores es tener acceso al contenedor de no aprovechables, pues allí se va a perder mucho material. Sin embargo, este acceso aún no está bien definido.

 

Y esto no es una obsesión nuestra. Para poder argumentar en este proceso nos dimos a la tarea de revisar experiencias similares –exitosas– en otros países y una de sus características es que tienen un contenedor para residuos ordinarios y tres o cuatro para reciclaje, evitando su contaminación, lo cual también es un tema por revisar.


El análisis de lo decidido para este modelo nos lleva a prever múltiples conflictos entre los recicladores, pues se presentarán tensiones por los contenedores entre los recicladores que pasan por la misma ruta. Además, por falta de conciencia y educación para la separación de residuos, existe la posibilidad que estos contenedores se conviertan en puntos críticos de acumulación de basura. Por esta razón, por exigencia de toda la ciudadanía en el mes de septiembre retiraron los contenedores del centro de la ciudad de Manizales.

 

Un tema que debe ir más allá de los recicladores

 

Ahora, pese a lo anotado, desde Unir consideramos que el modelo de contenerización y micro-rutas es correcto para Bogotá. Pero, para que sea exitoso es indispensable garantizar la concertación y la articulación con toda la ciudadanía y con las organizaciones de recicladores, lo que implica, además, invertir recursos públicos en la recolección y el transporte que realizan los recicladores, de lo contrario será un gran fracaso. En la mencionada Audiencia Pública del pasado 27 de julio, fueron presentadas estas y otras denuncias. Una vez hecho esto público, y conociéndolo también Procuraduría, esperamos esté atenta para ejercer la vigilancia respectiva y los correctivos necesarios.

 

Por las razones expuestas, instamos a las autoridades competentes, al gremio reciclador de oficio y a la ciudadanía en general, para que evitemos futuros desórdenes ya que, al fin y al cabo, toda la inversión viene del pago del servicio público que todos y cada uno de los usuarios realizamos.



* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Asesor: Emrs esp y Unir Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Toda la información de la licitación puede verse en el Anexo 11 denominado “Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de recipientes o contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.198502&isModal=true&asPopupView=true
2 Ibíd, p. 4.
3 Organización de recicladores de segundo nivel, conformada desde febrero de 2017, que tiene como objetivos el avanzar en el proceso de formalización, exigiendo los recursos necesarios a las instituciones públicas, en el marco de beneficiar a todo el gremio reciclador de oficio. Está conformada en el momento por las organizaciones de primer nivel: Emrs Esp, Aramb, Ger 8, Arbo, Fesnopmaoesp, Buenos Aires, Sineambore y Remarek.
4 Anexo 11, p. 4.
5 Ibíd. p, 5.

Publicado enEdición Nº251
Sube a 25 la cifra de muertos en 4 días de protestas en Nicaragua

Al menos 25 personas murieron, 67 resultaron heridas, 43 desaparecieron y 20 han sido detenidas por la policía durante los cuatro días de protestas en Nicaragua, reportaron ayer organizaciones humanitarias, mientras el gobierno únicamente notificó el "fallecimiento de 10".

El recuento preliminar fue realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (Inddh), explicó la abogada y activista Mónica López a la agencia de noticias internacionales Dpa.

De acuerdo con un informe, 17 víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron durante los incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Tres fallecieron en Masaya, dos en León, dos en Estelí y una en Sébaco. La televisión local reportó el deceso del periodista Ángel Eduardo Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad de Bluefields.

Además de los 67 lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el texto subraya la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos simpatizantes del gobierno.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió ayer un diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para reformar los aumentos decretados al sistema de seguridad social, que provocaron las violentas protestas desde el pasado miércoles.

El gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz y la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos", afirmó Ortega en cadena nacional.

El mandatario no fijó fecha para comenzar el diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para "discutir ese decreto" –entró en vigor el miércoles– y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario, pues la reforma entrará en vigor el primero de julio.

Denunció, sin ofrecer nombres, que las protestas son alentadas por políticos críticos de su gobierno, quienes reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos. Lo hacen para "sembrar el terror, la inseguridad y destruir la imagen de Nicaragua tras 11 años de paz y tomar el gobierno", manifestó.

Nuevas protestas y choques

Tras el discurso del mandatario, primero desde que comenzaron las movilizaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en esta capital y otras urbes. Con los rostros cubiertos con camisetas, levantaron barricadas en las calles y lanzaron piedras a los policías, quienes los reprimían con gas lacrimógeno.

También había focos de tensión en la Universidad Politécnica, bastión de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron al sur de la capital para protestar. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, indicó por la madrugada que la movilizaciones dejaron "10 personas muertas" y decenas de heridos.

Las protestas, de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, comenzaron el miércoles anterior, un día después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, de un paquete de reformas que aumentó hasta 22.5 por ciento las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social y dispuso una disminución de 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, llamó al gobierno a dialogar para detener la violencia, que también ha dejado destrucción por vandalismo en edificios públicos, viviendas y comercios.

"Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores que se han pronunciado sobre las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social y derogar las reformas a las políticas de esta institución", subraya un mensaje de la conferencia episcopal del país.

El gobierno de Costa Rica pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude esta nación por las protestas.

La cancillería costarricense, en un comunicado, también hizo recomendaciones a las personas que "indefectiblemente deban visitar la vecina nación y a quienes residan allá".

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Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives

El sistema de subsidios para garantizar los servicios a las clases más bajas ha acentuado la segregación y la desigualdad


Las ciudades en Colombia se dividen en estratos. Del uno al seis. En los más bajos, el uno, dos y tres viven los ciudadanos que reciben subsidios en los servicios (agua, gas, luz). En los más altos, el cinco y el seis, quienes pagan esas ayudas con facturas superiores a su consumo. El modelo, único en el mundo, se ideó a mediados de los noventa, en un país que en ese momento tenía tasas de pobreza cercanas al 40%, según datos del Banco de la República. Tres décadas después, el principio solidario que pretendía regir la ley se ha pervertido. La segregación se ha acentuado y los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven. Una suerte de sistema de castas.


Para decidir a qué estrato pertenece un ciudadano, el Estado se limita a evaluar la fachada de su casa, los materiales con los que está construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda. Con estas características ligadas al terreno, se reparten los subsidios. El modelo no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen una familia, la edad, si alguna de esas personas tiene algún tipo de discapacidad o si tienen un empleo.

Es decir: si una persona compró una casa calificada como estrato seis cuando tenía el dinero para pagarla, pero ahora su único ingreso es una pensión baja, no puede recibir ayudas para pagar la factura del agua. Sucede lo mismo al revés. “En el centro de Bogotá hay muchos edificios estrato uno amparados por la ley de patrimonio histórico”, explica Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos. “Esas casas son hoteles y otro tipo de negocios, o la segunda vivienda de muchos ciudadanos. Todos reciben subsidios cuando no los necesitan”.

“Somos unos ocho millones de habitantes en Bogotá, 2,5 millones de hogares. Y estamos subsidiando a dos millones de esos hogares, casi siete millones de personas”, explica Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación de la ciudad. “La pobreza en la ciudad se ha reducido al 12,4% y seguimos subsidiando al 80% de los hogares”.

En 2003, según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en el que se cruzaron variables de ingresos y estratos, el 17% de los hogares de estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la población con mayores ingresos. El sistema se ha llenado de errores de inclusión y exclusión.

ONU Hábitat en colaboración con la Alcaldía de Bogotá ha ideado un proyectoque no pretende eliminar el sistema de subsidios cruzados, sino cambiar la manera en la que se clasifica a los ciudadanos y así focalizar las ayudas. “Se basa en un índice multidimensional”, dice Antonio Avendaño. Un medidor que, por primera vez, tenga en cuenta variables socioeconómicas.
Es la solución a falta de un padrón en Colombia. “La historia de violencia de este país ha impedido que haya empadronamiento. Los ciudadanos no quieren que nadie sepa dónde viven por seguridad, por el miedo que había a los secuestros”, explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. “Sin embargo, las empresas privadas, como las de telefonía e internet o los bancos, tienen todos nuestros datos”, responde Lippi.

El proyecto pretende recurrir a otros indicadores como la matriculación, las pólizas de seguros médicos y el uso de tarjetas de crédito para conocer mejor a los ciudadanos. “Alguien que vive en estrato dos, pero tiene matriculada una camioneta de cientos de millones de pesos, ya nos da una pista de sus ingresos”, apunta el secretario de Planeación.

Un sistema deficitario

El 76% de los predios en Bogotá son de estrato uno, dos y tres. Por mucho que se aumenten las facturas que pagan los ciudadanos de estratos 5 y 6 no son suficientes. La ley contempla un fondo de compensación para salvar esta diferencia. Es decir, recursos públicos para que las empresas no dejen de recibir dinero y puedan garantizar los servicios. “En 2015 el modelo solo cubrió el 69% de los subsidios en Bogotá”, recuerda el secretario de Planeación. “La ciudad tuvo que poner 52.000 millones de pesos (19 millones de dólares) y la Nación 250.000 millones (más de 91 millones de dólares) para agua”. Una cantidad de dinero público que podría destinarse a la construcción de colegios y hospitales o a otro tipo de políticas sociales.

“Las mismas empresas de servicios están en contra de modificar el modelo de estratificación”, asegura Roberto Lippi de ONU Hábitat. “Para una compañía debería ser indiferente de dónde venga el dinero. Pero una cosa es recibir un paquete fijo y seguro del Gobierno y otra, mes a mes de los usuarios. La primera opción tiene más ventajas económicas y financieras de flujo de caja”.


“Tiene zapatos de estrato uno”

Tres décadas de estratificación en Colombia han ido construyendo un imaginario colectivo que desposee al ciudadano de cualquier atributo que no sea el lugar en el que vive. “Los estratos han terminado haciendo parte del lenguaje colombiano. Te clasifican socialmente, incluso ideológicamente: pobre o rico; bueno o malo; izquierda o derecha”, explica Antonio Avendaño de la Secretaría de Planeación de Bogotá. En el argot colombiano se cuelan expresiones del tipo: “Lleva zapatos de estrato uno”.


En una entrevista de acceso a la universidad, para calcular la matrícula de estudios o cuando un ciudadano se postula a un nuevo empleo es habitual que una de las preguntas determinantes sea la calle en la que residen. El mérito académico y la capacidad de progresar en un trabajo tienen menor relevancia que el estrato.


“El estrato es un lastre que impide la movilidad social, provoca frustración y desigualdad”, afirma Ricardo Lippi. “El estudio no permite dar el salto social sobre el mérito, como sucedió en Europa”. “Ha radicalizado la segregación”, acompaña Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.


En Bogotá se visibilizan las barreras invisibles que podrían aparecer en cualquier capital del mundo. El sur es estrato uno y dos, por tanto, se identifica con la pobreza. En el centro hay una suerte de clase media. En el norte, los que denominan ricos, estratos cinco y seis. El estrato cuatro, el que paga lo que consume, no recibe ayudas ni las aporta, alberga un limbo para los estándares colombianos.


El ciudadano que vive en la zona norte de Bogotá se autosegrega instalando muros altos alrededor de su vivienda que refuerza con concertinas. “En todas las ciudades hay ricos y pobres, pero la separación no está avalada por el Estado como sucede en Colombia”, apostilla Lippi. “Este sistema genera poca cohesión social, aumenta la conflictividad, no permite usar de la manera más oportuna la mezcla que deberían ser las ciudades”.


El modelo tampoco posibilita que se produzca el mismo desarrollo en unas zonas y otras de las ciudades por la falta de urbanismo. Los vecinos de un barrio se niegan a que mejoren sus vías, construyan parques o habiliten nuevos espacios públicos porque conllevaría el aumento del estrato. “Los pobres están desconectados de los beneficios de la urbanización, es decir, de ser más prósperos”, explica Rafael Forero, especialista en Legislación, Gobernanza y Seguridad Urbana de ONU Hábitat.


Consenso político


La propuesta de Bogotá y ONU Hábitat es la número 13 que se presenta en Colombia para intentar cambiar el sistema. No depende de la voluntad de una alcaldía y un organismo internacional, sino del consenso político que se alcance en el Congreso para cambiar una ley nacional.


Mientras la ONU aboga por un sistema impositivo, Bogotá no pretende renunciar a la clasificación por estratos al considerarla “democrática y solidaria”. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de hacer pedagogía para que los ciudadanos que han nacido y crecido con este modelo entiendan por qué muchos de ellos van a dejar de recibir subsidios y a qué se va a destinar ese dinero.


“Los estratos se asumen eternos. Y son una anomalía, no la Biblia”, dice Lippi. La ONU propone una revisión anual, construir el pacto social sobre la temporalidad. “Así se iría equilibrando el sistema y el Estado tendría más recursos para los que los necesitan. Nuestra propuesta es técnica y normativamente viable, lo que no sabemos es si es políticamente viable”.

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Ciudad del Cabo, el reto de vivir sin agua que pone cara al cambio climático

La ciudad sudafricana vive una crisis del agua sin precedentes que ha impuesto drásticos recortes en el suministro diario y que podrían convertirla en pocos meses en la primera urbe del mundo en quedarse completamente seca.

 

Hay dos hechos de los que se viene advirtiendo desde hace tiempo para el futuro de las ciudades: el primero es el de los efectos que el cambio climático, especialmente la sequía, tendrán para los recursos que abastecen a las grandes urbes. El segundo es la superpoblación, porque este es el primer siglo en la historia en la que hay más gente viviendo en las ciudades que fuera de ellas; y se estima que para el año 2050 esa proporción será de tres cuartas partes frente a una.


Para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este escenario ya es presente. La segunda urbe más grande del país surafricano, con cuatro millones de habitantes, está a pocos meses de convertirse en la primera ciudad del mundo sin agua corriente para el suministro diario de su población.

La severa sequía a la que hace frente desde hace tres años, sumado a un aumento desorbitado de sus habitantes —se estima que la metrópolis ha duplicado su población en las últimas dos décadas— ha llevado a sus recursos hídricos a una situación límite. 2017, el año más seco desde que hay registros, ha dejado tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada, según el Climate System Analysis Group de la Universidad de Ciudad del Cabo.


La ciudad lleva meses en la cuenta atrás para el día cero, como se denomina al momento en el que los grifos se cierren definitivamente y el agua sólo sea asequible a través de los 180 camiones cisterna donde los habitantes podrán ir a llenar sus garrafas con un límite de 25 litros diarios. Es una cantidad ínfima, si se tiene en cuenta que sólo una ducha de 2 minutos consume 20 litros y que se necesitan otros 5 para comer y alimentarse. Las autoridades locales tienen previsto activar estas medidas cuando los embalses de los que se abastecen sus habitantes bajen hasta el 13,5% de su capacidad. Una línea roja que al principio se estimó que llegaría en marzo, pero que las intensas restricciones en el consumo han permitido alargar hasta el 9 de julio.


Con suerte, la fecha maldita coincidirá con las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias, que históricamente comenzaban en abril, pero que el cambio climático está retrasando hasta el mes de junio.

"Aunque la lluvia vuelva mañana, no podemos volver a los hábitos antiguos. Hay que cambiar el comportamiento, es el tiempo del agua", señala en cualquier caso el director de Turismo del país austral, Sisa Ntshona, en una entrevista con Efe.


Las primeras restricciones en el suministro comenzaron a finales del año pasado, cuando se impuso un tope de 87 litros por persona y día. Desde principios de febrero, ese límite se ha rebajado hasta los 50 litros. Es un recorte importante, porque otro de los problemas que afrontaba la ciudad era el gran derroche de este recurso: antes de la crisis del agua, los habitantes de la urbe usaban entre 250 y 350 litros por persona al día. El consumo medio en España, por ejemplo, es de 132 litros por persona y día, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, se han recortado un 60% los suministros a la agricultura y un 45% los del comercio, se ha prohibido regar las aceras y jardines, lavar los coches con agua potable municipal o llenar las piscinas privadas, se ha regulado la compra-venta de agua de los pozos y se aplican multas para quienes derrochen.


“Se recomienda encarecidamente a todos los residentes que instalen piezas, accesorios y tecnologías eficientes para minimizar el uso del agua en todos los grifos”, señala la nueva normativa municipal.


El caso de Ciudad del Cabo, no obstante, supone un reto para el resto de ciudades en el mundo.


"Ciudad del Cabo es el foco de atención ahora mismo, pero en realidad es un problema global. El mundo tiene la oportunidad de aprender una gran lección de Sudáfrica: no deben esperar a que haya una crisis para modificar los hábitos de consumo", reflexiona Ntshona, que cita otras importantes capitales como Los Ángeles, Sao Paulo o Pekín, que enfrentan problemas similares.

 

26/02/2018 18:08 Actualizado: 26/02/2018 18:08
LUCÍA VILLA
@Luchiva

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 14 Junio 2017 06:01

Gaza, sin luz y sin esperanza

Gaza, sin luz y sin esperanza

Diez años después de que Hamás se hiciera con el control de la Franja de Gaza, la situación de los dos millones de palestinos que residen allí se hace más insoportable. Uno de los problemas de estos días es el recorte del suministro eléctrico. Cada familia de Gaza recibe solo cuatro horas de electricidad seguidas, lo que suscita un sinfín de problemas sanitarios y de todo tipo.

 

JERUSALÉN
13/06/2017 20:08 Actualizado: 14/06/2017 07:00



La situación humanitaria en la Franja de Gaza es desastrosa, dramática y grave, diez años después de que Israel implantara un férreo bloqueo con el que se quería castigar a Hamás pero se está castigando a dos millones de civiles. La organización fundamentalista que gobierna la Franja y a la que en las últimas semanas le caen palos muy gruesos desde todos los lados, sigue allí indicando que el bloqueo israelí no es la solución.


Por si la situación no fuera lo suficientemente inhumana, Israel ha anunciado que va a recortar el suministro de electricidad a la Franja en un 40 por ciento. En la actualidad los gazatíes reciben electricidad principalmente de Israel, luego de una planta que hay en Gaza y por último de Egipto, en una cantidad mucho menor.


En la actualidad, las familias gazatíes reciben cuatro horas de electricidad a las que siguen doce horas de descanso, y si Israel consuma su amenaza, el servicio se reducirá a tres horas o algo menos y doce horas de descanso. En esta situación no debe extrañar que los gazatíes se debatan día y noche por sobrevivir, máxime si se tiene en cuenta que también padecen una enorme serie de restricciones adicionales debido al bloqueo.


Ron Goldstein, director de Médicos por los Derechos Humanos en Israel, dice que “los niños de Gaza son rehenes de los juegos políticos de la Autoridad Palestina, Hamás e Israel”, a quienes debería añadirse Egipto. Según Goldstein, los problemas no se resolverán hasta que se produzca un cambio político que permita que Gaza se provea de electricidad, se provea de medicinas y se abran sus fronteras con el exterior.


El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el martes que la cuestión de la electricidad es un “problema interno palestino”. “Hamás quiere que la Autoridad Palestina pague la cuenta de la electricidad y la Autoridad Palestina no quiere pagar”, ha explicado Netanyahu. “Israel no tiene ningún interés en una escalada”, ha añadido en referencia a los tambores de guerra que se han oído en las últimas horas.


Muhaimar Abu Saada, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad al Azhar de Gaza, no descarta que el verano que viene sea caliente. “Cuando se arrincona a Hamás en una esquina, existe una gran posibilidad de que haya una guerra, como ya pasó en 2009 y en 2014. Ciertamente, Hamás no tiene interés en otra guerra puesto que todavía no se ha completado la reconstrucción de 2014, pero la situación puede escaparse de las manos en cualquier momento”.


Hace unas semanas la Autoridad Palestina decidió reducir el monto de la factura de la electricidad que Israel provee a Gaza en un 40 por ciento. Los motivos que hay detrás de esta medida son políticos: la rivalidad que existe entre el presidente Mahmud Abás y Hamás. Al recibir la noticia, Israel dijo que si se reducía el pago de la factura, se reduciría el servicio de electricidad proporcionalmente.


La amenaza todavía no se ha concretado y no está claro si se va a concretar en los próximos días. En medios militares israelíes se dice que Israel no tiene interés en que la situación se deteriore hasta un punto de no retorno, aunque naturalmente se hace todo lo posible para que la vida de la población de Gaza no sea llevadera.


Según los Médicos por los Derechos Humanos, hay 240 niños y cientos de adultos que no reciben tratamiento contra el cáncer y la fibrosis debido a los recortes que está aplicando la Autoridad Palestina sobre los hospitales de Gaza. A día de hoy los hospitales carecen de un tercio de las medicinas básicas. Los más afectados son los niños pero el 90 por ciento de los pacientes de cáncer, niños y adultos, no pueden ser tratados por falta de medicamentos adecuados.


De acuerdo con datos de Médicos por los Derechos Humanos, la Autoridad Palestina ha venido dando cuatro millones de dólares mensuales a 13 hospitales y 54 clínicas de la Franja, pero en abril la partida se redujo a 2,3 millones de dólares y en mayo a solo 500.000 dólares, lo que da una idea de las estrecheces que sufren los centros médicos.
La falta de electricidad tiene numerosas consecuencias secundarias que afectan a la atención médica. Muchas cloacas dejan de funcionar debido a los cortes eléctricos y hay lugares donde las aguas residuales afloran en las calles y se convierten en un peligro para las poblaciones hacinadas de los campos de refugiados. La ausencia de electricidad también impide el funcionamiento de las plantas desalinizadoras, de manera que el agua que se consume a menudo no es potable o es de muy baja calidad.


En este contexto se comenta en Gaza que es preciso que la comunidad internacional intervenga, bien para pagar la cuenta de la electricidad bien para obligar a la Autoridad Palestina a pagarla. En cualquier caso, el problema de Gaza va mucho más allá de la electricidad y por ningún lado se ve ningún interés en resolverlo.

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