Sanofi Pasteur, “Paciente de dengue en Rio de Janeiro”, https://www.flickr.com/photos/sanofi-pasteur/

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otros 261 clasificados como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

 

En Colombia, los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) sorprenden: el sistema de vigilancia en salud pública nacional reportó la ocurrencia en 2019 de 261 muertes causadas probablemente por dengue, 87 de las cuales tuvieron como causa confirmada esta enfermedad. A su vez, indica el reporte que el 2019 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave (1).


De acuerdo al INS, en lo corrido del año 2020, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote –Ver gráfico Nº1– (2).


Es un suceso que nos afecta como si en nuestro país el tiempo no transcurriera, como si fuera la primera vez del mismo (ver gráfico Nº2), como si no se tuvieran diagnosticados los ciclos de encubación y reproducción de la enfermedad, así como las circunstancias que lo posibilitan, lo que desnuda ante el conjunto nacional la crisis de un sistema socio-económico y, por extensión, de un gobierno que no tiene como prioridad la vida, y con ella a los seres humanos.

 

 


El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza


Estamos, es evidente, ante una realidad que nos desnuda como sociedad, y que debiera despertar una profunda indignación nacional, mucho más aún cuando es conocido que el dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti (3), el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.


Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años, gráfico Nº 2), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control, es decir, las medidas dispuestas para evitar la propagación de la enfermedad no funcionaron.
Es una realidad que parece estar incontrolada, toda vez que no es solamente un asunto de salud pública. Los profesionales de la misma saben –y así mismo debería tenerlo claro el Gobierno y el Ministerio del ramo–, que las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; un conocimiento que por la realidad que enfrenta el país, sobre todo las poblaciones más pobres de los territorios donde avanza el dengue, parece no trascender el “discurso”.


Conocimiento, que por demás, a pesar que el sector salud en sus análisis incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.


Estamos, de esta manera, ante la ausencia de una política de Estado para enfrentar esta realidad, así como todas las que le son adjuntas. Política que podría tener en el sector público de salud un motor dinamizador, pues si bien las circunstancias socio-económicas que caracterizan la vida de las mayorías nacionales, y con ello el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva a otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.


Todo esto nos permite confirmar que hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.


El urbanismo desenfrenado y el cambio climático aumentan el problema


Nuevas realidades urbanas y ambientales amplían las condiciones para la multiplicación del insecto transmisor de la enfermedad. Una de ellas es la urbanización desenfrenada que vive el país y otras partes del mundo, y que para el caso nuestro está relacionado con los procesos de expulsión de la población de las zonas rurales, bien por razones de la violencia socio-política, bien por condiciones socio-económicas.


Como es conocido, en general estas poblaciones desplazadas llegan a engrosar las periferias de las ciudades, que son cinturones de miseria y desigualdad social, donde las condiciones de higiene y saneamiento básico son demasiado precarias, donde fácilmente se reproducen las ETV.


Este tipo de urbanización se articula con otro fenómeno en creciente, los procesos de cambio climático, expresión de la crisis socio-ambiental, dado que la elevación de la temperatura en el mundo ha favorecido que el hábitat del mosquito se haya extendido y haga presencia en lugares con altitud mayor a los 1.000 metros, lo que antes era impensable.


Esto podría explicar porque hoy en Colombia el dengue hace presencia con mayor intensidad en ciudades como Cali, Ibagué y Medellín, que están por encima de los 1.000 mts., ciudades todas ellas con importantes cinturones de miseria.


Crisis del sistema de salud: incremento de la ETV


Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis que caracteriza al sistema de salud no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la misma.


Crisis del sistema de salud destacada en reciente monitoreo nacional realizado por la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país (4), el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage (5), con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.


La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal ni con adecuada remuneración.


Débil estrategia de salud pública para enfrentar la epidemia


En la intervención de control de las enfermedades trasmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para trasformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas – PIC–, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.


El plan de intervenciones colectivas (6) está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.


Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones, ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa; y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.


Ineficiencia operativa, contractual y de otros órdenes que también llama la atención sobre las consecuencias que derivan de un modelo socio-económico como el neoliberal que al descargar en agentes privados buena parte de lo que antes correspondía al Estado, ha generado una mentalidad de desunión y desmotivación comunitaria que puede tener en la propagación del dengue uno de sus reflejos.


No es natural


En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos; a lo que se suman los fenómenos de urbanismos desenfrenado y el cambio climático.


La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país. Las cifras epidemiológicas, son el reflejo de la incapacidad del sistema de salud, de los programas de control de las ETV y de las políticas en salud pública en general, para generar acciones continuas y sostenibles, y no solo “actividades” que se despliegan en tiempos de epidemias.


Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente sigue muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

*Una primera versión de este artículo fue publicada en el periódico desdeabajo, edición 265, febrero 15-marzo 15 de 2020.
1. Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2. Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3. El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4. Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
5. El triage, o protocolo de intervención, es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
6. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 518 de 2015. Directrices para la Gestión en Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).

** Angélica María Rojas-Bárcenas, Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.

 

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Sanofi Pasteur, “Paciente de dengue en Rio de Janeiro”, https://www.flickr.com/photos/sanofi-pasteur/

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otros 261 clasificados como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

 

En Colombia, los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) sorprenden: el sistema de vigilancia en salud pública nacional reportó la ocurrencia en 2019 de 261 muertes causadas probablemente por dengue, 87 de las cuales tuvieron como causa confirmada esta enfermedad. A su vez, indica el reporte que el 2019 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave (1).


De acuerdo al INS, en lo corrido del año 2020, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote –Ver gráfico Nº1– (2).


Es un suceso que nos afecta como si en nuestro país el tiempo no transcurriera, como si fuera la primera vez del mismo (ver gráfico Nº2), como si no se tuvieran diagnosticados los ciclos de encubación y reproducción de la enfermedad, así como las circunstancias que lo posibilitan, lo que desnuda ante el conjunto nacional la crisis de un sistema socio-económico y, por extensión, de un gobierno que no tiene como prioridad la vida, y con ella a los seres humanos.

 

 


El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza


Estamos, es evidente, ante una realidad que nos desnuda como sociedad, y que debiera despertar una profunda indignación nacional, mucho más aún cuando es conocido que el dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti (3), el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.


Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años, gráfico Nº 2), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control, es decir, las medidas dispuestas para evitar la propagación de la enfermedad no funcionaron.
Es una realidad que parece estar incontrolada, toda vez que no es solamente un asunto de salud pública. Los profesionales de la misma saben –y así mismo debería tenerlo claro el Gobierno y el Ministerio del ramo–, que las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; un conocimiento que por la realidad que enfrenta el país, sobre todo las poblaciones más pobres de los territorios donde avanza el dengue, parece no trascender el “discurso”.


Conocimiento, que por demás, a pesar que el sector salud en sus análisis incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.


Estamos, de esta manera, ante la ausencia de una política de Estado para enfrentar esta realidad, así como todas las que le son adjuntas. Política que podría tener en el sector público de salud un motor dinamizador, pues si bien las circunstancias socio-económicas que caracterizan la vida de las mayorías nacionales, y con ello el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva a otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.


Todo esto nos permite confirmar que hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.


El urbanismo desenfrenado y el cambio climático aumentan el problema


Nuevas realidades urbanas y ambientales amplían las condiciones para la multiplicación del insecto transmisor de la enfermedad. Una de ellas es la urbanización desenfrenada que vive el país y otras partes del mundo, y que para el caso nuestro está relacionado con los procesos de expulsión de la población de las zonas rurales, bien por razones de la violencia socio-política, bien por condiciones socio-económicas.


Como es conocido, en general estas poblaciones desplazadas llegan a engrosar las periferias de las ciudades, que son cinturones de miseria y desigualdad social, donde las condiciones de higiene y saneamiento básico son demasiado precarias, donde fácilmente se reproducen las ETV.


Este tipo de urbanización se articula con otro fenómeno en creciente, los procesos de cambio climático, expresión de la crisis socio-ambiental, dado que la elevación de la temperatura en el mundo ha favorecido que el hábitat del mosquito se haya extendido y haga presencia en lugares con altitud mayor a los 1.000 metros, lo que antes era impensable.


Esto podría explicar porque hoy en Colombia el dengue hace presencia con mayor intensidad en ciudades como Cali, Ibagué y Medellín, que están por encima de los 1.000 mts., ciudades todas ellas con importantes cinturones de miseria.


Crisis del sistema de salud: incremento de la ETV


Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis que caracteriza al sistema de salud no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la misma.


Crisis del sistema de salud destacada en reciente monitoreo nacional realizado por la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país (4), el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage (5), con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.


La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal ni con adecuada remuneración.


Débil estrategia de salud pública para enfrentar la epidemia


En la intervención de control de las enfermedades trasmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para trasformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas – PIC–, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.


El plan de intervenciones colectivas (6) está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.


Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones, ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa; y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.


Ineficiencia operativa, contractual y de otros órdenes que también llama la atención sobre las consecuencias que derivan de un modelo socio-económico como el neoliberal que al descargar en agentes privados buena parte de lo que antes correspondía al Estado, ha generado una mentalidad de desunión y desmotivación comunitaria que puede tener en la propagación del dengue uno de sus reflejos.


No es natural


En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos; a lo que se suman los fenómenos de urbanismos desenfrenado y el cambio climático.


La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país. Las cifras epidemiológicas, son el reflejo de la incapacidad del sistema de salud, de los programas de control de las ETV y de las políticas en salud pública en general, para generar acciones continuas y sostenibles, y no solo “actividades” que se despliegan en tiempos de epidemias.


Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente sigue muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

*Una primera versión de este artículo fue publicada en el periódico desdeabajo, edición 265, febrero 15-marzo 15 de 2020.
1. Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2. Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3. El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4. Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
5. El triage, o protocolo de intervención, es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
6. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 518 de 2015. Directrices para la Gestión en Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).

** Angélica María Rojas-Bárcenas, Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.

 

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Publicado enColombia
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enColombia
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enEdición Nº251
El municipio que obligó al Estado colombiano a repensar su sistema económico

En Colombia los ciudadanos se oponen a la extracción de metales y de petróleo. A través de las consultas populares cuestionan un sistema económico que tiene su base en la Colonia. Visita a Pijao, un pequeño pueblo que llevó su lucha hasta la Corte Constitucional. 


Los buscadores de oro están bien informados cuando encaran con sus camionetas las curvas hacia Pijao, ubicado en el departamento de Quindío, al suroeste de Bogotá. En su equipaje traen un mapa detallado del valle y los números de teléfono de doce lugareños, que indicarán a los geólogos de la ciudad bogotana como llegar a los sitios marcados en el mapa.


Son lugares, donde Anglogold Ashanti (AGA) sospecha que existen grandes reservorios de oro. La empresa británica-sudafricana es la tercera más grande del mundo en explotaciones de oro y lo que quiere es saber, si en la tierra de Quindío realmente hay este tesoro.


Después de una infinidad de curvas, que suelen provocar vómitos en los niños del valle, a la altura del Mirador Café, hay una bajada donde los últimos kilómetros antes de llegar a Pijao no necesitan los frenos.  Este lugar queda un poco atrás de la calle principal en el Circo del Valle a 1700 metros sobre el nivel del mar.


Pijao tiene seis mil habitantes y está bordeado por plantaciones de café, bananas y árboles de aguacate recién sembrados. Su gente vive de la agricultura porque acá hay que ganarse la vida. Y por esa misma razón, los doce hombres de la vecindad dijeron: sí, cuando un representante del municipio los contactó.


Ellos querían ser guías en la expedición de Anglogold Ashanti. También Gonzalo Gómez*, un vacunador de vacas de Pijao, de cabeza pelada, manos grandes y fuertes, una mirada afilada y la alegría de un indignado, decía que sí. El hombre tiene alrededor de treinta años y necesita dinero urgentemente, no duda ni un segundo cuando lo llaman del municipio. Lo que podría pasar con su pueblo, si realmente se encuentra oro en la zona, no lo sabe. Gonzalo Gómez todavía no conoce el término megaminería.


Todo eso pasó en el 2011.


Al mismo tiempo que Gonzalo Gómez y sus compañeros suben hacia las montañas, la antropóloga Mónica Flores, la alumna Estefanía Herrera y el estudiante Jairo Choa están meditando sobre sus trabajos y tareas. Los tres no saben que en este momento una docena de conciudadanos ponen en juego la existencia de toda una región. Y aún menos piensan que en pocos años van a iniciar un proyecto político que repercutirá en otros países de América Latina. El apoyo va a venir de una protagonista inesperada: la Corte Constitucional en Bogotá.


Refugio para aves migratorias


En las afueras de Pijao, rumbo hacía los valles, el asfalto se convierte rápidamente en una pista de ripio y de allí en una especie de camino rural con piedras y pasto. Sin un 4 x 4 termina el viaje aquí mismo. Pijao tiene la misma superficie de Ibarra, ciudad ecuatoriana, su punto más bajo está a 1100msnm y el más alto a 3800.


Hace unos años atrás, el Foro Mundial para la Naturaleza investigó la flora y fauna del valle y encontró pumas de montaña, osos de anteojos, lobos, zorros, comadrejas y zarigüeyas. Por su clima templado también descansan allí las aves migratorias. En las coronas de los cedros, de los robles y de las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia encuentra comida y un lugar de descanso antes de seguir el viaje. Los pocos habitantes humanos de la zona usan los árboles para la renovación de sus casas o para cocinar, ya que el acceso a otros recursos es difícil por la lejanía. Se vive de la cría de ganado y de la plantación de papas.
De repente, el terreno se empina y exige la amortiguación de la camioneta. “Y eso es sólo el principio, – dice Roberto Tejedor* (43) – y se agarra del andamio del Jeep. Más arriba solo se puede subir cuando está seco, sino el carro resbala”. También hoy resbalamos dos o tres veces, pero el chofer Francisco Sarango* (40), un amigo de la infancia de Roberto, conoce el territorio tan bien como el vacunador Gómez. Él lleva a los habitantes casi todos los días hacia Pijao en un tiempo de 45 a 60 minutos.


Durante los años noventa, Roberto y Francisco callejearon mucho tiempo en la zona. Con sus amigos descubrieron el bosque, acamparon en el Abra y pescaron en los arroyos y ríos. Pero al margen de los animales les esperaban otros peligros, ya que la guerra entre el gobierno central en Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también se extendió en las montañas y valles alrededor de Pijao.


La FARC aprovechó el territorio fragoso, el bosque con niebla y la lejanía del orden capitalista para esconderse. También, los paramilitares de la ultraderecha se mueven en la zona, a veces obligan a los choferes de Pijao, que pasan por casualidad por el mismo lugar, a llevar armas de una base a otra, cuenta Francisco Sarango.


Si se cruzan con un peaje del otro partido los ejecutan en el mismo sitio, sean las FARC o los paramilitares. “Varios de nuestros chóferes nunca volvieron de sus recorridos”, relata.


Esqueletos con joyas de oro


Media hora después llegamos a una zona alta, desde ahí se observa bien el valle que causo un interés particular en Anglogold Ashanti. “Ahí, atrás se quiso construir una mina, dice Francisco indicando con la mano”.  Mucho no se ve ese día, la niebla se colgó en los árboles, pero a quien ha visto una megamina de oro en imágenes o en fotografías satelitales y se fija en los valles mayormente vírgenes de Pijao, le queda claro: sería como la detonación de una bomba. “Yo trabajé tres años como chófer en el Choco”, dice el conductor y se pone serio. “Vi lo que significa una megamina para humanos y naturaleza. No quiero que eso se repita aquí”.


En el noroeste de Colombia, en la frontera con Panamá, se explota hace siglos minas de oro bajo condiciones nefastas. Parte de la vida cotidiana son niños muertos por haber tomado agua con cianuro o las minas clandestinas ocupadas por habitantes desesperados en busca de oro. Regularmente mueren por derrumbes inesperados. Casi ochenta por ciento de los habitantes del Chocó no tienen cubiertas sus necesidades básicas. “La riqueza que se saca de allí”, dice Francisco y prende el motor, “no se queda en la región, se lleva a otros países”. Por ejemplo, a Sudáfrica, Gran Bretaña  o Suiza. Un tercio de todo el oro colombiano llega al país de los Alpes.


La cantidad de oro acumulada en los suelos de Pijao no está clara, dice la autoridad departamental de Quindío, pero escribe en su informe de Impacto Ambiental 2012 que “las unidades de roca y el ambiente geológico en la cordillera central muestran una alta potencialidad de yacimientos de minerales metálicos asociados a cuerpos ígneos”.


Para la mayoría de los habitantes de la región no hay ninguna duda: bajo sus pies hay oro. Hace unos años atrás, cuentan Roberto y Francisco durante el regreso del viaje se descubrió una tumba en las afueras de Pijao, justo donde hoy se plantan arboles de aguacates para la exportación a Europa. Se encontró un esqueleto con joyas de oro, aparentemente una reliquia de tiempos previos a los colonos europeos.


Por lo tanto, no sorprende que el Ministerio Nacional de Minas y Energía de concesiones durante los últimos años  por un total del 80% de la superficie del departamento Quindío para la explotación minera. Veintitrés de los títulos mineros están en el municipio de Pijao, nueve de ellos en el páramo de Chili que se encuentra bajo protección.


Cuando los geólogos pasaron en el 2011 con sus camionetas por la zona, sabían, más o menos, lo que les estaba esperando. En ese momento, AGA Colombia ya había adquirido concesiones mineras en todo el país, equivalentes a más de un millón de hectáreas.


Pero: ¿Quién pudo llevar a los geólogos por los caminos intrincados y protegerlos de los pumas y los lobos? “Yo conozco a alguien”, dice Roberto Tejedor y tiene su Nokia 3210 en la mano. “Él te puede contar bien como fue en ese entonces”.


La locomotora minera colombiana

 


La antropóloga Mónica Flores y la joven Estefanía Herrera buscan preservar Pijao como alternativa turística y productiva opuesta a la empresa minera. Foto: Romano Paganin


Sobre concesiones y leyes mineras, Mónica Flores (50) investigó durante años, pero antes de contar sus conclusiones pone café en el fuego, casi un acto obligatorio en Pijao, no importa la hora. Los tres gatos la siguen en la cocina y piden comida sin maullar. Mónica se inclina y acaricia la cabeza rasguñada del macho. “Te peleaste de nuevo”, le dice y pone las tasas sobre la mesa inmensa del salón. Los abuelos de Mónica han tomado café aquí, en ese entonces el siglo pasado, antes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) definiera a Pijao como Paisaje Cultural Cafetero. La anfitriona se arrodilla en el banco y habla con el gato aleccionado.


Mónica, después de vivir largos años en Bogotá, Estados Unidos y Europa, volvió a mitad de los años cero a su lugar de nacimiento y abrió un alojamiento boutique en Pijao. Cocina omeletts con ají a sus huéspedes y solo quiere una cosa: que la gente esté bien en el pueblo. Como promotora de Citta-Slow, una organización italiana cuyo objetivo es una vida más lenta y relacionada con la naturaleza, tuvo  claro desde el primer momento: una megamina no tiene lugar acá. Ella se enteró en el 2008, todavía trabajando como concejal, y por casualidad, de las concesiones en el Quindío.


La locomotora minera, empujada por Álvaro Uribe, presidente colombiano en ese entonces (2002-2010), agarró viaje, pues la demanda de materia prima fue enorme. En diez años el número de concesiones mineras saltó de 3000 a 9500; de los 114 millones de hectáreas de tierra firme que constituye Colombia casi un tercio fue, en el 2013, prevista para minería.


Durante el mandato de Uribe no sólo se aflojaron los estándares ambientales para sacar materia prima, sino que también bajaron los impuestos para su explotación. Como consecuencia: empresas transnacionales mandaron a sus equipos de perforación a Colombia con dinamita, latas de cianuro y mercurio, indispensables para la explotación minera industrial.


Mónica empezó a juntar información sobre AGA. Se enteró de las intrigas entre la empresa y los rebeldes en el Congo, las contaminaciones en Ghana, conoce los juegos que esconden para conseguir las concesiones y el cambio de nombres de empresas en Colombia, y por supuesto, sabe de la situación en la ciudad vecina de Cajamarca.


En la mina La Colosa AGA presume reservas de oro por más de 30 millones de onzas. Según la minera, son las reservas de oro más grandes del planeta. La cresta de la montaña, donde el trabajo de exploración termina en el año 2019, llega hasta el Quindío. Y cuando el gobierno en Bogotá declaró Cajamarca juntos con Pijao y otros municipios en la región, como distritos mineros, algo quedó claro para Mónica Flores: no importa cuánto oro, plata o nicle estén en el municipio, si Pijao no se defiende podría desaparecer en breve del mapa.


Los geólogos y sus secretos 


Parecido a un toro, Gonzalo Gómez está sentado en una de las mesitas de aluminio, bajo unas sombrillas, con su gorra hasta la nariz. Es mediodía y el café en la plaza municipal de Pijao, frente a la iglesia y el municipio, se llena rápido. Pedimos café y entramos, en su interior está más tranquilo. Apenas se sentó el vacunador, vuelve a la posición de combate. Aparentemente está esperando solo una cosa: la primera pregunta.


¿Cuál fue exactamente tu tarea para Anglogold Ashanti? 
“Lo primero que se hizo fue una muestra de sedimento en todo el municipio, también en parte de Génova, Buenavista, Córdoba, Calarca y Salento. Después, hicimos una perforación de doce a quince metros cerca de acá. Los geólogos encontraron ceniza volcánica. Ellos traían su propio mapa y nosotros les mostrábamos como llegar a los puntos marcados. Los geólogos seguían más o menos el ramal de La Colosa en Cajamarca, pero mantenían esas informaciones con mucho cuidado. Como herramientas tuvimos solo una palita de jardinero de plástico y un tamiz para lavar las pruebas del suelo que ellos se llevaron. Todas las pruebas que se tomaron allí fueron superficiales”.


La exploración por Quindío pasó por cuatro etapas de veintiún días. Los hombres de Bogotá trataron a los hombres de Pijao con mucha gentileza. Ellos saben muy bien lo que está en juego, ya que se trata de mucha más plata de lo que puedan cobrar los doce ayudantes del campo. Les brindaron alojamiento, comida y cinco millones doscientos mil pesos colombianos. En otras palabras: un poco más de 2500 dólares por 84 días de trabajo, más de tres veces el sueldo básico de ese momento. El dinero fue transferido a las cuentas bancarias de los ayudantes.


¿Hubo dinero entre el municipio y AngloGold Ashanti para facilitar que la empresa pueda recorrer el territorio de Pijao?
“No se sabe”, responde Gonzalo Gómez. “Pero aparentemente la empresa estaba en reuniones con concejales y ellos no tenían nada en contra. El municipio hizo el contacto conmigo”.


La humanidad y los metales


Mónica Flores trae una pila de papeles desde la oficina y lo pone en la mesa de madera. Huelen a leyes y reglamentos. “Aquí no se puede construir una mina así no más”, dice y sorbe con la nariz. Como si lo quisiera confirmar acústicamente. Manosea en la pila de papeles, buscando la sentencia del 2016.


La lista de las razones por las cuales la explotación minera es un tema controvertido, es larga y vale para todo el planeta: contaminaciones múltiples del ambiente, intoxicación y muerte de flora y fauna, división y expulsión de comunidades locales y riqueza que no queda en la zona ni en el país. Además, dice Mónica, “¿Quién consume todos estos metales? Son los países de América del Norte y de Europa, que necesitarían al menos un planeta más para mantener su estilo de vida. Ellos exigen a pueblos como Pijao contaminar su tierra y su gente como si fuese lo más normal del mundo”. Su vista se pierde en el jardín. Vuelve a sorber la nariz y pregunta: “¿Existe la minería responsable?”


En Abya Yala –así fue llamada América antes de 1492– se extraían metales mucho antes de la llegada de los europeos. Como elementos clave no se usó mercurio ni cianuro, sino agua o fuego. En hornos de piedra y bajo mucho calor se separaban los metales de las piedras, un proceso mucho más lento que con los métodos industriales y químicos de hoy en día. 1500 años antes del nacimiento de Cristo, así dice el museo de oro en Bogotá, se recolectaba oro y cobre, usados por los caciques y chamanes en sus ritos religiosos.


El Museo de Oro es un cubo de cemento austero en el centro de Bogotá y pertenece al Banco de la República de Colombia. En su interior, el ambiente se presenta moderno y hasta noble, los objetos están pulidos y los visitantes son numerosos. Admiran la artesanía y los símbolos religiosos de culturas que en la América colonial ya no tenían razón de existir. Como hoy en día ninguna duda de ese hecho deja el vídeo que se muestra sin fin en una sala oscura dentro del museo.


“La vida moderna”, dice una voz del off, “es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos soportan nuestros edificios y puentes, nos permiten volar, navegar y desplazarnos, sustentan la producción industrial y el comercio. Con los metales medimos el tiempo, hacemos movimientos, rendimos cultos. Producimos arte y hacemos la guerra. (…) La historia de la humanidad de los últimos 9000 años es la historia de los metales. Con ellos hemos construido el mundo en el que vivimos”.


La voz en off suena un poco como Margareth Thatcher y su monólogo There is no alternative. Al final del corto la voz termina con una frase llamativa. Se refiere al uso espiritual de metales por los poderosos de la era precolombina: “Los objetos espirituales y simbólicos comunicaban una visión del mundo que compartía toda la sociedad”.


Toda la sociedad, eso suena a mucha gente. Contemplando la digitalización de nuestras sociedades del siglo 21, cuya expansión no hubiese sido posible sin la materia prima como oro, cobre o litio, es permitida la pregunta: ¿Será posible que la influencia de un Iphone o una computadora en nuestra existencia sea mucho más grande de lo que suponemos? ¿Se convirtieron en objetos o símbolos espirituales?


La oposición del pueblo crece


Sea como sea: la industria extractivista con empresas como AGA, Glencore (Suiza) o BHP Billinton (Inglaterra/Australia), cuyos nombres ocupan los primeros puestos de las listas de los críticos al capitalismo, ya no pueden hacer lo que les pinta, ni en este lado de la orilla ni en la otra. Al menos en los medios de comunicación europeos el tema de la extracción de recursos en países del sur llegó a la agenda política y de a poco se va instalando en la conciencia de la sociedad. Jóvenes alemanes ocupan minas de carbón y exigen su cierre.


En Inglaterra están los municipios que se convierten en transition-towns, apuestan a la economía local y por lo tanto disminuyen la dependencia del mercado global y sus materias primas. Y en Suiza, que por sus bajos impuestos es uno de los lugares preferidos para las empresas transnacionales, crece de a poco la conciencia sobre las consecuencias que causa la industria al planeta. El plebiscito con el nombre Konzernverantwortungsinitiative, por ejemplo, exige que las empresas con sede en Suiza posean reglas vinculantes en sus prácticas para cumplir estándares sociales y ambientales. Algo parecido inició Francia.


Y también en América Latina el pueblo se está defendiendo más y más a través de consultas populares. Desde el comienzo del milenio hubo alrededor de cien consultas relacionadas con minas metálicas. En casi todos los casos los votantes dijeron que no; en Costa Rica y El Salvador se prohibió la extracción minera por completo. En Mendoza, una provincia al oeste de Argentina, se prohibió el uso de químicos tóxicos para sacar metales.


En cambio, en países como Colombia, el gobierno no sólo trata de disimular los resultados de las consultas populares. Simplemente no las reconoce. La razón es obvia: hace siglos la economía del país se basa en la extracción de materia prima, independientemente lo que piense el pueblo. En esa cuenta no se considera la intoxicación de los ecosistemas, la expulsión de indígenas, la militarización de la zona y la extinción de especies enteras. Para satisfacer los mercados internacionales y a sus consumidores –la mayoría de la materia prima va a la exportación– las empresas no dudan en matar a los que se oponen a esa lógica.


Después de Brasil e Indonesia, Colombia es el país con más activistas ambientales asesinados en el mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó, en un informe reciente, su preocupación por esta situación refiriéndose especialmente a los líderes indígenas, campesinos y afro colombianos, es decir, los grupos étnicos más afectados por la industria extractivista.


De vuelta hacia sus raíces


Unas de las razones por las cuales Mónica Flores volvió a su lugar de origen es la urbanización veloz en los grandes centros, que avanza en un ritmo abismal. Vio el mundo afuera de Pijao y llegó a la conclusión de que su pueblo es un buen lugar para vivir. Escribió un libro sobre la arquitectura local, ofrece cursos en ecología social y organizó caminatas públicas con ornitólogos que indican los nombres y comportamientos de las aves del valle. Quiso que sus vecinos vean lo que ella vio: el agua cristalina de los ríos, la tierra fértil, la biodiversidad. “Y paso a paso los habitantes volvieron a reconocer su riqueza y a valorarla”, dice Mónica.


Los niños dibujaron la diversidad en la vereda, los cafeteros plantaron un café especial y generaron puestos de trabajo, los apicultores empezaron a producir miel orgánica, las caseras cocinaron mermeladas con frutas de la región y con Citta-Slow llegaron también turistas de otros continentes. Nacieron alojamientos familiares como el de Mónica Flores.


Hace diez años nadie quería ir a Pijao, por las casas que parecían derrumbarse en cualquier momento y porque durante la noche existían esquinas en el pueblo por las cuales mejor no pasar. El lugar se convirtió en un pueblo pintoresco que tiene el carisma de un pueblito en la Toscana, Italia. Sin ese cambio cultural, dice Mónica Flores, la gente no hubiese tomado dimensión de la megaminería y la discusión pública que se dio a partir de 2013 no se hubiese dado. Los ciudadanos se juntaron en ese entonces y decidieron de organizar una consulta popular. Quisieron defender la riqueza local.


Lo que suena fácil terminó en el 2016 en la Corte Constitucional. “Aquí está”, dice Mónica Flores y pone la sentencia de 118 páginas sobre la mesa.


La nena curiosa de al alado


Cuando la nueva Constitución entró en vigencia en 1991, unas de las constituciones más avanzadas en el continente respecto a la participación política y el derecho a la auto determinación territorial, Estefanía Herrera ni siquiera  estaba planeada. Pero hoy en día, veintisiete años después, la chica de 18 años hace uso de ella y dice frases como: “Gracias a la posibilidad de la participación política hoy en día ya los niños están informados sobre las consecuencias de la megaminería”.


Estefanía está de visita en la casa de Mónica Flores, como tantas otras veces durante los últimos años. Sentada en la mesa de madera, frente a una taza vacía de café, mira atentamente a través de sus anteojos cuadriculares. Describe de forma detallada lo que pasó en Pijao antes de la consulta de julio del 2017: las charlas con los vecinos, los eventos informativos en la escuela, la visita de los campesinos en los valles y por supuesto las discusiones con los que estaban a favor de una producción megaminera. “Dios mío”, dice y menea la cabeza, “Pensaron realmente que la mina trae trabajo y progreso y que se van a hacer ricos”. A ellos les respondió: “donde están parados hoy en día, ya no van a poder estar”. Porque como el oro no se puede comer tampoco se puede tomar el agua con mercurio.


Como la mayoría de los habitantes de Pijao, también la familia de Estefanía vive de la agricultura. El padre planta bananos y su tía tiene una finca. Durante su infancia sembró lechugas y calabazas, jugó con los animales, pero también observó cómo su papá fumiga con pesticidas sintéticos. A su vez, su vecina Mónica la invitó desde temprana edad a formaciones y charlas. Tema principal: el medio ambiente. Además, cosechan juntas tomates orgánicos y observan a los colibríes que se nutren de los geranios. Mónica, que no tiene hijos de repente es mamá y Estefanía, la nena curiosa de la vecindad quiere saber lo que significa consulta popular.


Generar confianza después de la guerra


La alumna se da cuenta rápido de la diferencia entre teoría y práctica. Antes de la consulta habló con los pijaenses, y aunque dice las cosas francamente, no le tienen confianza. “Una y otra vez tuvimos que explicar que no tenemos nada que ver con el gobierno y que somos del mismo pueblo”, dice Estefanía. Inseguros por la guerra civil de más que cincuenta años, inclusive un ataque armado en el 2001 de las FARC, se necesita mucha empatía para que los vecinos de Pijao se abran y hablen con un desconocido sobre sus necesidades. En última instancia, Estefanía habla de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice entre otras cosas: “La Constitución Política establece que es obligación del Estado no solo conservar y proteger los recursos naturales, sino también prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.


La Corte Constitucional creó con su sentencia en 2016 un precedente y provocó una ola de consultas populares en el país. Solo el año pasado hubo nueve consultas relacionadas con proyectos extractivistas. Más que cincuenta municipios quieren hacer lo mismo porque en su sentencia la Corte Constitucional afirma que los gobiernos regionales y locales pueden hacer consultas y provocar una prohibición de grandes proyectos de minería o petróleo. Llama la atención ya que cuestiona estructuras sociales y económicas que nacieron durante la Colonia. El poder judicial de Colombia da más importancia a la opinión pública que a la industria extractiva. Para América Latina, donde las leyes muchas veces solo existen en los papeles, es una gran excepción.


La espía de la capital


Encrespado por las múltiples consultas populares, el ministerio de Minas y Energía en Bogotá envió unas semanas antes de la consulta en Pijao, a una joven empleada hacía el valle, aparentemente para ver cómo está la onda en el pueblo. Pero no solo por eso. “Fue al mediodía, yo justo estaba comprando un pollo cuando ella me empezó a hablar”, se acuerda Jairo Choa (28) y todavía no lo puede creer.


El joven concejal, vestido con jeans, barba de cuatro días y gel en el pelo, pertenece al ala derecha del Concejo Municipal. Comparte ideas del ex presidente Álvaro Uribe, pero de ninguna manera la política extractiva de Colombia. En parte por su abuelo, quien trabajaba la tierra en los cerros de Pijao y su nieto, que se crió con él, quería un día sobre tomar su finca. Pero al Jairo adolescente se le cruzó la realidad: los precios bajos, el trabajo duro y un estudio en el horizonte. Dejó la herencia familiar y estudió en la capital del Departamento la carrera de cómo se administran negocios internacionales.


Pero si viene alguien cuestionando la agricultura, como ahora lo hace la señorita de Bogotá, se defiende con lo que tiene a su alcance. Igual, al final estuvo menos brusco de lo que pensó en su momento. “Venite”, le dice, “te muestro las bellezas de nuestro municipio, los campos y ríos y montañas y valles. ¡Te vas a enamorar!”.


La enviada del ministerio rechazó la invitación y Jairo embaló su pollo. “¿Qué vamos a dejar a las próximas generaciones?”, preguntó. “¿Una herencia de destrucción? Claro, tenemos acá en el municipio un problema de drogas, pero si construimos una megamina eso implica una destrucción total, tanto para el ambiente como para nuestra sociedad”.


Se calla la señorita y el monólogo del activista ambiental de la derecha terminó.

 

 


Antes de la consulta hubo una fiesta


Jairo Choa está dentro del comité para la consulta y se junta regularmente con Mónica Flores y la joven Estefanía. Los promotores de la consulta tejen una red: por un lado, con otros comités en el país y por otro, se conectan con Marcha Carnaval, un grupo diverso de músicos y activistas, “para la defensa del territorio”. Marcha Carnaval nació hace once años, cuando AGA empezó a trabajar en Cajamarca. Se formaron sindicatos, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes y profesores e hicieron durante las coloridas manifestaciones lo mismo que Mónica Flores en Pijao: fortalecer pacíficamente la cultura del lugar. Durante la Marcha en Ibagué 2017, la capital del Departamento donde AGA está explorando La Colosa,  participó una sexta parte de la población.


Hoy en día la Marcha Carnaval está funcionando en 35 ciudades del país. Y si es necesario los organizadores también viajan a municipios potencialmente afectados como Pijao. Sienten que su apoyo es necesario. Y gente alegre con tambores en el pecho generan más confianza que uniformados con armas.


Docenas de activistas llegan los días antes de la consulta a Pijao, reparten folletos, visitan escuelas, viajan con Jairo Choa y Estefanía a las fincas más lejanas y tamborean a través de las calles angostas del pueblo. El asunto serio se convierte en una fiesta popular. Mónica, de izquierda, está parada al lado de Jairo Choa, de derecha, y los dos saben: en este momento no se trata de Uribe, ni de su persecutor Juan Manuel Santos, ni de la locomotora. Se trata de la defensa del territorio y por lo tanto de la propia existencia. Aquí no importa cuales son las alianzas políticas.


Bogotá, molestando hasta el último momento


En el día de la consulta llegan camionetas a la plaza municipal. La administración de Quindío las mandó gratis para que los ciudadanos del campo pueden viajar hasta las urnas. Tanto Roberto Tejedor como Francisco Sarango están trabajando. Y también el vacunador Gonzalo Gómez está en la calle. Seis años después de haberle mostrado a AGA el camino por los valles quiere poner un No en la urna. “Yo no tenía ni idea lo que podría significar una megamina para el pueblo”, cuenta al final de nuestra conversación”. Se habla de ganancias grandes como en Perú o Chile, pero al final no queda nada para nosotros. Por el politiqueo la plata queda a los que están sentados allí arriba”.


Temprano se demostró que la consulta iba a favor de los que no quieren una mina. Pero tenían que alcanzar una participación de al menos 33 por ciento. Sino la consulta no tiene valor. Y Bogotá metió sus dedos hasta el último momento. En el día de la consulta, cuenta Jairo Choa durante el segundo café, faltaba infraestructura como mesas o urnas. Algo que nunca falla cuando hay elecciones nacionales. “Además apareció un funcionario del Ministerio del Interior que nos exigió abandonar el lugar. Incluso me amenazó con denunciarme por hacer ‘propaganda’ como concejal en el mismo día de la consulta”. El funcionario vino acompañado por un comandante de policía que también presionó a Jairo Choa y a su equipo. “Por suerte estaba también el presidente de la provincia de Quindío”, dice Jairo. “Él nos respaldó y nos decía que solo teníamos que seguir”.


Al final participó un 44 por ciento del pueblo y un 97 por ciento puso un No en las urnas. Decisivos fueron los votos de la generación mayor y de la gente del campo. Los jóvenes, así suponen los promotores, no pudieron dimensionar lo que hubiese implicado un Sí. Además: muchos de ellos  quieren irse de Pijao lo antes posible…


El gobierno sigue poniendo piedras en el camino


Llegó la noche a Pijao y los cafés en la plaza municipal de a poco se van vaciando. Mónica Flores cierra un poco la puerta hacía su jardín. “A la noche el aire refresca”, dice y envuelve su cuello con una bufanda. Los gatos se fueron, el macho probablemente volvió a pelearse en algún lugar de la vecindad. En la mesa de madera todavía está la pila de papeles que documenta la historia de Pijao de los últimos años. Estadísticas, diagramas, leyes, mapas, tabularios de Excel, sentencias, fotos. Y de alguna manera esa imagen con Mónica Flores en primer plano, la luchadora que ha vuelto a los Andes colombianos con sus pumas, osos de anteojos y lobos, en alguna manera esa imagen hace acordar a una película de Hollywood con un final feliz.


¿Eso fue todo?


Obviamente que no.


Los funcionarios de Bogotá ya están trabajando en una reforma sobre las leyes con el objetivo de complicar las consultas populares que tengan que ver con proyectos extractivos. En Córdoba, municipio vecino de Pijao, quisieron organizar una consulta popular en noviembre, pero no se pudo por una falta de apoyo financiero de parte del Estado. Pero no solo eso:   el Ministerio de Energía y Minas tuteló al Tribunal de Quindío por haber aprobado la consulta popular en Córdoba, es decir, el baile con el poder central sigue. Tanto como el politiqueo.


Pero gracias a las consultas populares de los últimos meses se formó una red de solidaridad en todo el país que no va a ser fácil romper. “Si el gobierno sigue poniendo piedras en el camino”, dice Mónica Flores, “el pueblo se va a la calle”. Se durmió profundamente, pero la locomotora minera despertó a la gente. “Vamos a defender la tierra”.


*Nombres cambiados
* Periodista independiente y vive entre el Atlántico y el Pacífico. Recién publicó su primer libro titulado “Manos de la Transición – Relatos para empoderarnos” (Apuntes para la Ciudadanía, Quito/Diciembre 2017).
Ese artículo  nació también gracias a las investigaciones de Kristina Dietz (GLOCON), FU Berlin. 

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Viernes, 19 Enero 2018 06:43

1968: la irrupción de los invisibles

1968: la irrupción de los invisibles

 

Garabombo está convencido que es invisible. Cuando le reclama al patrón de la hacienda o acude a tramitar una demanda ante las autoridades, no le hablan, no lo miran. No lo pueden ver.

Al comienzo no me di cuenta. Creí que no era mi turno. Ustedes saben cómo viven las autoridades: siempre distraídas. Pasaban sin mirarme. Yo me decía «siguen ocupados», pero a la segunda semana comencé a sospechar y un día que el subprefecto Valerio estaba solo me presenté. ¡No me vio! Hablé largo rato. Ni siquiera alzó los ojos, escribe Manuel Scorza en el segundo de los cinco libros que componen La guerra silenciosa, titulado La historia de Garabombo el invisible”.

Los campesinos pobres como Garabombo, sólo se hacen visibles cuando se levantan contra los poderosos. En la prisión me curé de mi enfermedad. Yo nunca he tenido mejor escuela que la cárcel. Oyendo las discusiones de los políticos se aprende, explica Garabombo a los comuneros al salir en libertad.

La historia que relata Scorza sintetiza de algún modo lo que Immanuel Wallerstein bautizó como revolución mundial de 1968. Por muchas razones fue un parteaguas en la historia reciente, transformó el sistema-mundo anunciando el comienzo del declive de la hegemonía estadunidense y del sistema capitalista. Hay cuatro aspectos que quisiera destacar, con énfasis en cómo el 68 desarticuló las estrategias de los movimientos antisistémicos.

La primera y la segunda las explica Wallerstein en sus trabajos. Se resumen en que 1968 fue una lucha contra la hegemonía de Estados Unidos y también contra las promesas incumplidas de las revoluciones socialistas y nacionalistas. La ofensiva vietnamita del Tet, durante casi todo el año, mostró los límites del más poderoso aparato militar del mundo y fue el comienzo de la primera derrota del Pentágono.

La resistencia popular a la invasión rusa de Checoslovaquia (agosto de 1968) y la Revolución Cultural en China, lanzada por Mao en 1966 con su célebre dazibao (cartelón) Bombardead el Cuartel General, mostraron los agudos problemas que aquejaban al campo socialista. A esas alturas era evidente que algo andaba muy mal en los países que habían hecho la revolución y que no todo se podía resolver con la toma del poder estatal.

La tercera cuestión se relaciona precisamente con la irrupción de los de más abajo, de los ninguneados, de los naides, las minorías o como se quiera llamar a esa inmensa humanidad marginalizada hasta ese momento: indios, negros, mujeres y jóvenes de los sectores populares, que conforman la inmensa mayoría de nuestro continente. La revolución de 1968 fue protagonizada por las camadas más oprimidas de las sociedades, las que no tenían cabida ni siquiera en los sindicatos y en los partidos de izquierda y nacionalistas, que eran los principales movimientos antisistémicos de la época.

Para ser escuchados debieron crear nuevas organizaciones, desbordar los marcos establecidos, pronunciar en cada lugar sus Ya Basta, sufrir la indiferencia o la persecución de los que, supuestamente, los debían defender, como los sindicatos y los partidos de izquierda que, salvo excepciones, se colocaron del lado del orden y del poder.

En un breve periodo que podemos situar entre fines de la década de 1960 y fines de la de 1970, aparecieron las principales fuerzas que jugarían un papel destacado en las luchas posteriores, hasta el día de hoy. El zapatismo, como sabemos, es hijo de aquellos años abigarrados. Pero también el grueso de los movimientos indígenas de América Latina, desde los mapuche y los nasa de Colombia hasta los kataristas de Bolivia y los mayas guatemaltecos.

Los campesinos sin tierra de Brasil que formaron el MST, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) que será la columna vertebral de la Conaie, son todas hijas de ese tremendo ciclo de luchas y fueron las encargadas de deslegitimar el neoliberalismo en los 90. Y muchas más que es imposible enumerar en este espacio, incluyendo las barriadas populares autoconstruidas por los de abajo en las periferias urbanas.

Fuera de dudas, la revolución de 1968 modificó el mapa de los movimientos antisistémicos, al punto que ya no existe centralidad de una clase (obreros industriales), ni de un tipo de organización (centralismo democrático), sino una pluralidad de sujetos colectivos y de formas variopintas de coordinación.

La cuarta cuestión es quizá la más importante. La irrupción del sótano desbordó la vieja estrategia de dos pasos, como dice Wallerstein, consistente en tomar el poder para luego cambiar el mundo. Fue la estrategia de la que se dotaron los movimientos del siglo XIX, que triunfó desde 1917 en varios países. Sin embargo, el sociólogo estadunidense nos dice que 1968 es incluso más importante que la revolución rusa.

Crea las condiciones para ensayar nuevas estrategias. En su opinión, vertida en conferencias de 1988, deberían pasar dos décadas para que nacieran esas nuevas estrategias. Hoy podemos decir que nuevas estrategias están en marcha, impulsadas por las juntas de buen gobierno y un puñado de experiencias en la región.

Por último, algo que nos afecta en particular a los varones de izquierdas, adultos, blancos, heterosexuales y educados: ¿qué aprendimos en este medio siglo? ¿Estamos dispuestos a hacernos a un lado, a no pasar de la cocina en los grandes eventos, como nos dicen las mujeres zapatistas que convocan el encuentro del 8 de marzo? ¿Cómo hacemos cuando nos paran los pies las mujeres, las indias y negras de los movimientos?

Duele en el ego, ¿cierto? Molesta que los y las del sótano nos den órdenes, nos marquen los límites. Bien. Es la revolución, es el empoderamiento de las y los invisibles que nos muestran lo que aún cargamos de racismo y de machismo. ¿Podemos seguir considerándonos de izquierda si no aceptamos estos nuevos poderes de abajo? Esos poderes que nos dicen cuiden su ego, muchachos.

 

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Lunes, 06 Noviembre 2017 07:22

Qué pasa con China

Qué pasa con China

 

Con mucha frecuencia, cuando escribo acerca de la crisis estructural del moderno sistema-mundo, y por tanto del capitalismo como un sistema histórico, recibo objeciones que dicen que he descuidado la fuerza del crecimiento económico de China y su capacidad para servir como reemplazo económico para la claramente menguante fuerza de Estados Unidos más Europa occidental, el llamado Norte.

Éste es un argumento perfectamente razonable, al que se le escapan, sin embargo, las dificultades fundamentales del sistema histórico existente. Además, pinta un retrato de las realidades chinas bastante más rosa de lo justificado si se mira más de cerca.

Déjenme responder esta pregunta, entonces, en dos partes: uno, el desarrollo del sistema-mundo como un todo, y dos, la situación empírica de China en el momento actual.

El análisis de lo que llamo la crisis estructural del moderno sistema-mundo es el que he realizado en muchas ocasiones en estos comentarios y en otros de mis escritos. Es, no obstante, importante repetirlo de una forma condensada. Esto es mucho más necesario puesto que aún personas que dicen concordar con el concepto de una crisis estructural parecen, sin embargo, resistirse en la práctica a aceptar la idea de la caída del capitalismo por fuerte que sea ésta.

Hay una serie de elementos del argumento que hay que reunir. Uno es la aseveración de que todos los sistemas (sea cual sea su espectro y sin excepción alguna) tienen vidas y no pueden ser eternos. La explicación de esta eventual caída de cualquier sistema es que los sistemas operan en ritmos cíclicos y en tendencias seculares.

Los ritmos cíclicos se refieren a vaivenes constantes de ida y regreso hacia un equilibro en movimiento, una realidad perfectamente normal. Sin embargo, cuando varios fenómenos se expanden de acuerdo a sus reglas sistémicas y luego se contraen, no retornan después de contraerse exactamente adonde estaban antes de su viraje cíclico en ascenso.

De aquí se deriva que su curva en el largo plazo es ascendente. Esto es a lo que nos referimos con una tendencia secular. Si uno mide esta actividad en la ordenada, o el eje Y de la gráfica, uno ve que con el tiempo se aproximan a una asíntota de 100 por ciento, que no puede cruzarse. Parece que cuando factores importantes alcanzan un punto anterior a un 80 por ciento de la ordenada, comienzan a fluctuar de una manera errática.

Cuando las curvas cíclicas arriban a este punto cesan de utilizar los llamados medios normales de resolver las constantes tensiones en el funcionamiento de un sistema y entran, por tanto, en una crisis estructural del sistema.

Una crisis estructural es caótica. Esto significa que en lugar de la serie normal de combinaciones o alianzas que previamente se usaron para mantener la estabilidad del sistema, se varían constantemente estas alianzas en busca de ganancias de corto plazo. Esto únicamente hace que la situación empeore. Notamos aquí una paradoja –la certeza del final del sistema existente, y la incertidumbre intrínseca de lo que eventualmente lo reemplazará creando por tanto un nuevo sistema (o nuevos sistemas) que estabilice las realidades.

Durante el periodo un tanto más largo de crisis estructural, observamos una bifurcación entre dos modos alternativos de resolver la crisis –uno reemplazándolo con un sistema diferente que de algún modo conserva los elementos esenciales del sistema moribundo y uno que lo transforma radicalmente.

En concreto, en nuestro actual sistema capitalista hay quienes buscan encontrar un sistema no capitalista que, sin embargo, mantenga los peores rasgos del capitalismo: jerarquía, explotación y polarización. Y hay quienes desean establecer un sistema que sea relativamente democrático e igualitario, un tipo de sistema histórico que nunca ha existido antes. Estamos en medio de esta batalla política.

Ahora, miremos el papel que juega China en lo que está ocurriendo. En términos del presente sistema, China parece ir ganando mucha ventaja. Argumentar que esto significa la continuación del funcionamiento del capitalismo como sistema es básicamente (re)afirmar el punto inválido de que los sistemas son eternos y de que China está reemplazando a Estados Unidos del mismo modo en que Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña como la potencia hegemónica. Si esto fuera cierto, en otros 20-30 años China (o tal vez el noreste asiático) sería capaz de fijar sus reglas al sistema-mundo capitalista.

Pero ¿realmente está ocurriendo esto? Primero que nada, el margen económico de China, aunque es todavía mayor que aquel del Norte, ha ido declinando significativamente. Y esta decadencia bien podría amplificarse pronto, conforme crece la resistencia política ante los intentos de China por controlar a los países aledaños y encantar (es

decir, comprar) el respaldo de los países más alejados, algo que parece estar ocurriendo.

¿Puede China entonces depender de acrecentar la demanda interna para mantener su demanda global? Hay dos razones por lo que esto no es posible.

La primera razón es que las actuales autoridades se preocupan de que un creciente estrato medio pueda comprometer su control político y busque limitarlo.

La segunda razón, más importante, es que mucha de la demanda interna es resultado de préstamos irresponsables por parte de los bancos regionales, que enfrentan una incapacidad para sustentar sus inversiones. Si colapsan, aun parcialmente, esto podría ponerle fin a todo el margen económico de China.

Además, ya ha habido, y continuará habiendo, vaivenes alocados en las alianzas geopolíticas. En un sentido, las zonas clave no están en el Norte, sino en áreas tales como Rusia, India, Irán, Turquía y el sureste de Europa, todas ellas buscando sus propios roles en un juego de cambio de bandos rápidos y repetidos. El fondo del asunto es que, aunque China tenga un gran papel que jugar en el corto plazo, no es un papel tan grande como el que China desearía y que algunos del sistema-mundo restante temen. No es posible para China detener la desintegración del sistema capitalista. Únicamente puede intentar asegurar su lugar en un futuro sistema-mundo.

 

Traducción:

Ramón Vera-Herrera

 

© Immanuel Wallerstein

 

 

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El melting pot, ¿creación de una nueva raza?

 

Una de las creaciones más interesantes de las décadas recientes, más interesantes e impresionantes, ha sido la construcción de lo que se ha llamado el melting pot en Estados Unidos, o lo que es lo mismo ese crisol de culturas, razas y naciones que se ha desarrollado en las décadas anteriores, originando nuevos y radicales modos de vida que, con un poco de detenimiento en su observación, nos remiten poderosa y claramente a ese alucinante espectáculo de los jóvenes actuales en Estados Unidos que no sólo podemos clasificar como de otra cultura, sino como una novedad radical en muchos aspectos de la expresión humana y cultural (gritos o verdaderos alaridos, vestimentas extravagantes, conciertos nunca vistos por sus ritmos y movimientos desconocidos, asombro ante sus películas y otras producciones alucinantes), etcétera.

Es decir, su observación más detenida nos remite no solamente a una cultura diferente, sino más radicalmente, para decirlo en una palabra, "casi, casi" a una nueva raza, a un nuevo producto humano que nos asombra por su versatilidad y atrevimiento, y que hemos declarado inédito y poco previsible, pero que contiene un sello sin duda original: la capacidad de influir en prácticamente todas las juventudes del mundo, condicionando su vida y cultura. Por supuesto que en ello está también el poder económico, militar y político de la gran potencia, y seguramente su vanguardia en los avances tecnológicos contemporáneos, pero no por ello resulta menos apasionante, sino más aún, la necesidad de entender, aun cuando sea mínimamente, las características y filamentos de esa nueva cultura y de esa "nueva raza" que, me parece bastante claro, debe entenderse en algún grado para aspirar a conocer más ricamente las características y nueva cultura de los días que corren.

Presencia e influencia avasalladoras en los centros de estudio y universidades de todo el mundo (¿cómo no podría ser así, con la presencia concentrada de tantos miles de jóvenes?), y desde luego por conducto de los medios de comunicación que se han transformado aceleradamente, y en los centros de la innovación tecnológica, sin que pudiera ser de otro modo por la presencia de tantos jóvenes en estos centros y medios, que además se comunican entre sí a través de mil y una formas que yo desde luego ni siquiera sospecho. Tal vez este conjunto de apreciaciones nos entregue algunas luces acerca del tiempo de Donald Trump, que tan extravagante nos parece.

Esta situación, desde luego, se irá comprendiendo cada vez más profundamente, a medida que se tome conciencia más plena de la "sustancia", diríamos, de las nuevas formas de expresión artística y cultural. Las características de esas formas nuevas de vivir y morir se irán decantando con el tiempo y un día (¿o ya lo son?) serán tan claras como el vino y el agua de manantial.

Con otra característica más que debemos anotar: estas formas de vida y de cultura han ayudado enormemente al capitalismo a asentarse y a desideologilizar, desde luego, la vigencia o presencia de los sistemas ideológicos alternativos. Hoy, entre los jóvenes parece mucho más interesante tener a la mano el repertorio de las distintas formas nuevas de la música que el complejo de reformas que puedan haber emprendido o no sus distintos y específicos sistemas de gobierno. Y sus ideologías correspondientes, que hace algunos años, entre los jóvenes de aquellos tiempos, parecía lo más fascinante posible desde el punto de vista intelectual.

La discusión de las ideas y de la política, es decir, la discusión sobre las formas de vivir y morir en este sistema y en otros que en el mundo han sido. La discusión ideológica y política, es decir, la discusión sobre el inmediato futuro del mundo, resaltando ciertamente la importancia de defender los derechos humanos y la democracia (¿cuál?), así como, cada vez más, acerca de las desigualdades en el mundo.

 

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Martes, 12 Septiembre 2017 08:00

El arca de Noé, hoy se llama autonomía

El arca de Noé, hoy se llama autonomía

 

La imagen bíblica del “diluvio universal” y la construcción de una arca por Noé, para salvar la humanidad y a las demás especies de una destrucción segura, es demasiado conocida como para explicarla. Sólo aclarar que se trata de una parábola presente en varias culturas y que no es patrimonio exclusivo de las religiones que se inspiran en la Biblia.

El diluvio es la tormenta en el lenguaje zapatista, de modo que se trata de un primer paralelismo con las reflexiones de los movimientos anti-sistémicos. Al igual que en el relato del Génesis, la humanidad afronta en nuestros días la posibilidad de su desaparición como consecuencia de un conjunto de factores como el cambio climático y la crisis de los antibióticos, pero sobre todo por la cuarta guerra mundial desatada por los de arriba contra la humanidad.

Una segunda cuestión se relaciona con las razones para construir un arca. O sea un refugio ante la catástrofe. Este es uno de los temas centrales de los movimientos actuales y del debate que promueve el EZLN. No se trata de un refugio para encerrarse sino para protegerse y seguir construyendo mundos nuevos, seguir resistiendo las agresiones del capital y los estados.

El zapatismo nos llama a organizarnos, un paso primero e ineludible para enfrentar la tormenta/diluvio. A partir de ese paso, podemos pensar en dar otros más, como construir algo nuevo y defenderlo por lo tanto en medio de la destrucción. El punto clave es qué y cómo construir. De suyo, se desprende, que no pueden ser construcciones idénticas a las que están llevando a la ruina a la humanidad.

A mi modo de ver, eso son las autonomías. Espacios creados y controlados por los diversos abajos para sostener la vida. Si no somos capaces de construir las arcas/autonomías, sencillamente no podremos sobrevivir a la cuarta guerra mundial. Son los modos para mantener alejados a los poderosos y sus guardias armadas, porque sabemos que vienen por nosotros y nosotras.

Tenemos que decidir de qué materiales serán las arcas, qué diseño deben tener, quiénes pueden ingresar a ellas. El punto clave, el que nos diferencia del arriba, es cómo tomamos las decisiones. En el sistema capitalista las toman un puñado de personas situadas en la cúspide la pirámide social, los más ricos e influyentes. Entre nosotros, las toma la gente común, los de abajo, hombres y mujeres sencillas.

La tercera consiste en si Noé debía atender o no las burlas de sus vecinos, si debía intentar convencerlos de que el diluvio era inminente y las razones por las cuales construía el arca. Si se hubiera dedicado a ello, no le hubieran dado ni los tiempos ni las energías como para terminar su obra. El ejemplo es la mejor pedagogía.

En estos momentos sucede algo similar. Si dedicamos nuestras energías a disputar dentro del sistema, ya sea en el terreno electoral o en cualquier otro, ya sea para conquistar algún gobierno o para “mejorar” lo ya existente, no tendremos entonces fuerzas para construir algo diferente. Es el anzuelo que nos ponen delante para desarmar nuestra capacidad de construcción y, por lo tanto, de resistencia.

La creación de lo nuevo y la resistencia se alimentan de forma recíproca. La resistencia no puede ser de puras ideas, ideológica como se dice en los círculos de militantes avezados. La resistencia de larga duración debe incluir el agua y los alimentos (pero de calidad), una salud y una educación a nuestra medida, ciencia y técnicas apropiadas, justicia comunitaria y defensa de los espacios y territorios. Si no es así, si se agota en el discurso, es una resistencia que va a durar poco, quizá tanto como duran los discursos.

Defenderse de los de arriba pero centrarse en los de abajo. Una vez que pase la tormenta, llegará el momento de la reconstrucción, que puede ser el momento de expandir los mundos nuevos que ya existen en pequeño, en las arcas/autonomías que hemos construido y defendido. Nada es seguro, ni se trata de una propuesta con pretensión de estrategia, sino apenas una mirada de lo que hacen desde hace cierto tiempo un puñado de movimientos anti-sistémicos.

 

 

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Lunes, 07 Agosto 2017 08:14

Nada simple

Nada simple


El detective romano Francesco Ingravallo sabe que en la investigación de un crimen no hay una relación unívoca entre causa y efecto. En cambio, sigue la concepción de su creador Carlo Emilio Gadda, que lo pone a trabajar en el caso de El zafarrancho aquel de la Vía Marulana.

Para Gadda-Ingravallo, el mundo aparece como un "sistema de sistemas". Dicho de otra manera: que cada elemento de un sistema contiene otro sistema y cada uno de ellos, a su vez esta ligado a una genealogía de sistemas.

Esto parece, es cierto, demasiado complicado. Pero esta noción difiere de aquella que denota a la complejidad. En palabras de Edgar Morin, se trata de superar la ambición del pensamiento simple para interpretar e incluso controlar lo real y, en cambio, ejercitarse en pensamiento que sea capaz de dialogar, o como él sugiere, negociar con lo real.

En el ámbito científico se ha desarrollado el campo denominado Complejidad. Un bosque tropical es un ejemplo usual de un sistema complejo y tiene que ver con aspectos de la teoría de la evolución.

En esta concepción hay una característica clave que tiene que ver con la emergencia, o sea, el hecho de que el todo es más que la suma de las partes.

La economía con las redes intricadas de mercados y múltiples tipos de transacciones y agentes es un caso paradigmático de un sistema complejo o, dicho a la manera de Gadda, de una genealogía de sistemas.

En el campo de la economía la concepción del mercado se desarrolló agregando elementos individuales, por ejemplo, el consumidor y sus preferencias para definir la demanda de un determinado producto, el que fuera, o hasta de la economía en su conjunto. Del otro lado se agregan las empresas representativas que en el marco de una "competencia" perfecta generan la oferta de los distintos productos.

Entre ambas se define el precio de equilibrio que se restituye ante cualquier cambio de las condiciones iniciales. El asunto se plantea de modo simple. Combinando ambas condiciones se define el precio de equilibrio y las premisas del sistema garantiza que esa condición siempre se consiga.

Una de las consecuencias, decisiva por cierto, de ese pensamiento mecánico es que, aun a su pesar, ocurren las crisis, se genera desempleo, hay episodios de inflación y devaluación, la riqueza y el ingreso se concentran y la información se controla. Todo esto solía pensarse como una cuestión de imperfecciones del sistema simple planteado en los manuales con los que se enseña a los economistas.

Pero las imperfecciones no son tales. Esos fenómenos son parte de la complejidad del sistema y puede aplicarse a una economía de mercado "libre" y, también, a una de tipo planificado.

George Soros, el muy exitoso especulador financiero, expuso su método en un libro titulado con una clara intención, La alquimia financiera. Ahí define el concepto de la reflexividad como las situaciones que enfrentan a participantes pensantes entre los que se genera una interacción de sus pensamientos o decisiones y la situación en la que participan. Por un lado pretenden comprender la realidad y, por la otra, conseguir el resultado deseado. Ambas funciones operan de direcciones opuestas, interfieren una con la otra y provocan que lo que se suponía como dado se vuelva contingente.

Es pues un acto de simpleza concebir que el hecho de que el índice de la bolsa de valores de Nueva York supere por vez primera los 22 mil puntos signifique que necesariamente se abre el camino a una recuperación notable de la actividad productiva y que, además, sea sostenible.

También es un acto de simpleza decir que ese alto nivel de precios de las acciones y la creación de más empleos se deba a las acciones del gobierno de Donald Trump. En el primer semestre de su presidencia no ha habido ninguna acción concreta que apunte a la recuperación. Lo que hay es una expectativa de que eso ocurra y de ahí surge la reflexividad. Hoy por hoy, la economía muestra una tendencia que se inició en el gobierno de Barack Obama y que sigue su curso.

Lo que sorprende es que los expertos en cuestiones políticas afirmen que en estos pocos meses Trump haya podido cambiar esa tendencia. Esa es una simpleza. En cuanto a los operadores de la bolsa, están haciendo su trabajo: especular tomando posiciones en aquellas empresas que se espera puedan beneficiarse más de una reforma fiscal que aún no ocurre, o de cambios regulatorios que aún no se definen.

Podría darse el caso de que algunos especuladores operen en corto, es decir, especulando con el hecho de que más adelante los precios de las acciones caigan. Eso ocurrió de forma grotesca con el llamado big short que definió buena parte de la crisis de 2008.

Simple es, asimismo, pensar que las recientes revisiones al alza del producto esperado para este año en México representen cambios estructurales suficientes en el funcionamiento de la economía. En ese terreno, hoy las tasas de interés son más altas, la inflación es mayor, los salarios siguen siendo muy bajos y la concentración del ingreso prosigue.

Además, ya estamos de plano en la temporada electoral y la experiencia es que ocurren en este proceso fuertes distorsiones que corresponden al ciclo político de la economía. En éste, la polarización da las campañas, las pugnas entre los grupos de interés, facciones y partidos no son ajenas a las decisiones que ocurren en un sistema complejo y con el efecto clave de la emergencia: la suma de las partes es menos que el resultado, cualquiera que este sea.

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