Martes, 30 Abril 2019 15:56

El camino de la movilización social

http://laguacharaca.net/politica/en-aumento-cifra-de-asesinato-a-lideres-sociales-en-colombia/

Más allá de lo deseado y soñado con los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y Farc, Colombia no logra salir del ciclo de violación a los derechos humanos. Signada por la violencia, la muerte y la exclusión conservan sus dominios; la economía al servicio de los más ricos tampoco deja de ser. Motivos más que suficientes para que la escalada social en defensa de la vida gane nuevos picos en los años que se avecinan.

 

La respuesta del presidente Iván Duque para la Minga indígena realizada en el Cauca a lo largo de cuatro semanas, desnuda la tónica que tendrá el actual Gobierno, a lo largo de su periodo, para asumir las problemáticas sociales: por un lado la solución militarista, por el otro la estigmatización, criminalización, desprestigio y calumnias para quienes osen alzar su voz.

Esto ante lo social. Pero va más allá. Obstaculizar la Agenda acordada con las Farc, y boicotear diálogos posibles de paz, amparado en la “legalidad” –exigencia de sometimiento– es la otra cara de la misma moneda. Más guerra y polarización nacional están en la agenda, la cual ganará nuevos picos en la medida que el país ingrese en el periodo electoral territorial. Polarizar es parte de su estrategia para prolongar su dominio político, económico, militar y control social.

Movilización social, mecanismos para exigir garantías para la vida

La movilización social en Colombia ha sido un mecanismo permanente para la disputa de mejores cocdiciones de vida, así ha sido desde siempre y para todos los sectores sociales negados y/o excluidos. En la última etapa de la vida nacional este recurso también debe emplearse para exigir cumplimiento de lo firmado en protestas varias.

Ante estas constantes, y con la realidad que agobia a la sociedad en general, y a los movimientos sociales en particular, lo que veremos, por tanto, de acá hasta el 2022, será un sinnúmero de protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque. Lograr su coordinación, bajo la sombra de una agenda común, sería el reto colecrivo para dejar atrás la dispersión, las agendas corporativas, y pasar a una ofensiva que arrincone al establecimiento.

Cómo no reclamar, cómo no movilizarse, cuando pareciera que son más importantes los problemas externos que los propios. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en sus últimos tres informes referencia la situación de alta complejidad no atendida por la institucionalidad. Por ejemplo, el 28 de febrero en Tumaco (Nariño), se presentó el desplazamiento de por lo menos 190 personas como resultado de enfrentamientos entre grupos armados.

En el Carmen del Darién (Chocó) persiste una grave situación de confinamiento por combates entre la guerrilla del Eln y el Ejército, por lo cual alrededor de 356 indígenas se encuentran prácticamente confinados, con problemas de restricción para su movilidad. Aparte de ello, hay amenazas para quienes denuncian esta situación. Así mismo “[…] se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades […] La presencia de cultivos ilícitos y exposición directa a las hostilidades en la zona dado los intereses de los grupos armados, es un factor que agudiza la situación actual”1.

La situación de confinamiento, según medios de información nacionales, deja cuatro niños muertos. En San Calixto, Norte de Santander, se presenta la misma situación, 2.098 personas (600 familias) se encuentran confinadas, “[…] con restricciones a la movilidad, acceso a medios de vida, seguridad alimentaria, agua y cerca de 250 niños, niñas y adolescentes están afectados en su derecho a la educación […]”2. El día 8 de marzo, dos días antes de empezar la Minga por la vida, en Norte del Cauca fue asesinado el líder indígena Nasa Alexander Cunda en zona rural de Miranda. Entonces, frente a este panorama surgen preguntas como ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cuáles son las medidas preventivas más allá de la solución militarista? ¿Cuál es el plan para proteger a los líderes sociales? Si la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas para poder prevenir los asesinatos ¿por qué no las atiende el gobierno nacional?

Los ríos de sangre siguen creciendo en Colombia

En materia política, según el informe, ¿cuáles son las líneas comunes? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo (2018), es una de ellas. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, hasta el 31 de julio de 2018, fueron asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos. Los picos más altos de asesinatos se presentaron en los periodos pre y post electorales, especialmente en el proceso del plebiscito por la paz en octubre del 2016, el inicio de la campaña electoral en 2017 y la primera y segunda vuelta presidencial –mayo y junio del 2018.

La violencia política en el post acuerdo se manifiesta en 27 de los 32 departamento del país. Como plantea la Defensoría del Pueblo (2019), los departamentos más críticos son: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba. Esta situación, de alta complejidad, pareciera no tener prioridad dentro de la agenda presidencial, legislativa y judicial del país. Lo más preocupante, como lo plantea el informe, tiene que ver con la impunidad que prevalece, la falta de medidas de protección y la omisión frente a los atentados contra el derecho a la vida de los líderes sociales. Los municipios con más ocurrencia de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son Corinto y Caloto (norte del Cauca), Tumaco (Nariño) y Riosucio (Chocó)3.

El problema estructural del uso de la tierra

Otro factor que alienta las movilizaciones sociales tiene que ver con el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Los campesinos cultivadores de coca, agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) anuncian protestas por el incumplimiento en este tema y por el planteamiento de retornar a las fumigaciones con glifosato4 como único mecanismo para combatir el narcotráfico.

El problema de la economía del narcotráfico y las rentas que esta produce tiene varias lecturas. Los cultivadores están en la base más primaria de la producción y son personas predominantemente campesinas, que acuden a esta economía por falta de garantías para desarrollar otro tipo de actividad agrícola. El aislamiento geográfico, la falta de infraestructura, el acceso restringido a mercados, la falta de asistencia técnica y la violencia en las áreas rurales, crean las condiciones para que se mantengan los cultivos de uso ilícito.

En el punto 4 de los Acuerdos de paz –referente a los cultivos de uso ilícito– está la solución básica a la problemática: la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante la “transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de condiciones de bienestar para las comunidades […]”5. Esto se lograría con acuerdos de sustitución y no resiembra, planes de asistencia inmediata (planes de seguridad alimentaria), con la reforma rural del campo colombiano, más presencia del Estado desde una visión social y no militarista, y con una planeación participativa.

Según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la siembra de cultivos tuvo un incremento del 17 por ciento para diciembre del 2017, alcanzando 171.000 hectáreas. Los departamentos más afectados son Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca; territorios donde también, por demás, se presentan los picos más altos de violencia política, confrontaciones entre grupos armados y disputas sociales.

Avanzar en la defensa de la vida

En Colombia no existe la posibilidad de la participación social desprevenida y el ejercicio de la protesta sin ser amenazado o asesinado, lo que desprende un reto por encarar por parte de los movimientos sociales: la defensa de la vida y demas derechos humanos. Aunque vivimos en pleno siglo XXI, esta agenda nos regresa a realidades de los siglos XIX y XX, de tal tamaño es nuestra problemática. Precariedad social y política agudizada por gobiernos autoritarios, como el actual, convencidos que “la letra con sangre entra”. Todo un exabrupto que legitima la protesta social, cada día más necesaria para que la violencia no avance y para que la democracia tome realmente forma entre nosotros.

 

1 Ocha. (2019). Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)-Transfronterizo. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-no-1-%E2%80%93-colombia-desplazamiento-masivo-en-tumaco-nari%C3%B1o-0
2 Ocha. (2019). Confinamiento en Jiguamiandó- Carmen del Darién (Chocó). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/confinamiento-en-jiguamiand%C3%B3-carmen-del-dari%C3%A9n-choc%C3%B3
3 Defensoría del Pueblo. (10 de enero de 2019). “El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado” Defensor. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-de-los-defensores-de-derechos-humanos-merece-mayor-atenci%C3%B3n-del-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm
4 Prohibido a nivel mundial por sus afectaciones a la salud y el medio ambiente.
5 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). El Acuerdo Final de Paz. La oportunidad para construir paz. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
* Sociólogo e Investigador Social de la Violencia Política y el Conflicto Armado Colombiano. Estudiante de Maestría en Sociología Universidad Nacional de Colombia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Referencias

Cinep, CCJ, IEPRI y otros. (2018) Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/655-informe-cuales-son-los-patrones-asesinato-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo.html
OCHA. (2019). Restricciones al acceso en San Calixto-Catatumbo (Norte de Santander). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-flash-update-n%C2%B0-1-restricciones-al-acceso-en-san-calixto
UNODC. (2018). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.unodc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=yzhySxvtKYjUTFRsbyQkH0eDCzNasoTxV8ZTl_7ecP0,
El Espectador. (12 de marzo de 2019). Mueren cuatro niños en Chocó a cauca del confinamiento. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mueren-cuatro-ninos-en-choco-causa-del-confinamiento-video-844524

Publicado enEdición Nº256
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enColombia
Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enColombia
El socialismo y la segunda
 guerra fría

En 1901 se constituyó el Partido Socialista de América (SPA) liderado por el sindicalista Eugene Debs (1855-1926). Sus alas más izquierdistas, motivadas por el triunfo de la Revolución Rusa (1917), el acercamiento a la III Internacional (1919) y las pugnas partidistas internas, propiciaron el nacimiento del Partido Comunista de América y luego el Partido Comunista de los Trabajadores (ambos en 1919), aunque posteriormente se unificaron en el Partido Comunista de los Estados Unidos (CPUSA, 1921).



Debs fue el primer candidato del SPA a la presidencia de los EEUU en 1904; en la década de 1920, William Z. Foster fue candidato del PCUSA, por varias ocasiones; en la década siguiente el candidato del mismo partido fue Earl Browder; en los setentas e inicios de los ochenta Gus Hall, quien lo dirigió desde 1959 hasta el año 2000, cuando murió; lo sucedió Sam Webb hasta 2014 y, desde entonces, John Bachtell. Desde fines de los ochenta, el PCUSA apoyó a los candidatos del Partido Demócrata.



Cuando en 1906, el economista y sociólogo alemán Werner Sombart (1863-1941) escribió su obra titulada ¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos?, lo atribuyó únicamente al individualismo capitalista de ese país y a las posibilidades de mejoras salariales y trabajo de las clases trabajadoras. Pero el análisis se quedó corto. Aunque Sombart no dio cuenta de ello, el SPA fue perseguido desde sus inicios; pero mucho más el PCUSA, obligado varias veces a la clandestinidad y frecuentemente infiltrado por agentes del FBI. Además, sus lideres, militantes e incluso simpatizantes fueron perseguidos en todos los tiempos y muchos de ellos, encarcelados.



Desatada tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la guerra fría alimentó una conciencia nacional anticomunista generalizada en los EEUU, de modo que cualquier izquierda de tipo marxista nunca adquirió un peso preocupante ni real, pese a que el fantasma de la subversión y del “comunismo” fue esgrimido continuamente para perseguir todo lo que semejara una influencia soviética o marxismo.



En América Latina la situación fue distinta. El marxismo y los partidos socialistas y comunistas crecieron en el siglo XX porque las condiciones sociales y laborales en la región, desastrosas para las amplias mayorías nacionales, unidas a la dominación de elites económicas oligárquicas y burguesas y la incursión imperialista en distintos momentos de la historia latinoamericana, tornaron favorables las ideas socialistas, pese a las represiones, persecuciones y marginaciones que también sufrieron en el tiempo los militantes y partidarios.



La tendencia social y antimperialista, pese a las adversidades, ha sido una constante en América Latina. Los gobiernos populistas clásicos en las décadas de 1930 y 1940 fueron atacados como “comunistas” en su tiempo y de igual modo los gobiernos identificados con el reformismo y el nacionalismo, igualmente. Ni qué decir de la Revolución Cubana (1959), del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) o el triunfo del sandinismo en Nicaragua (1979). La guerra fría en América Latina significó intervenciones, desestabilizaciones, derrocamientos de gobiernos y dictaduras militares fascistas y violadoras de derechos humanos, como las que se impusieron en la región a raíz del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile (1973).



Parecía que el derrumbe del socialismo en el mundo también superaba la época de la guerra fría. Hasta que llegaron los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, que abrieron un nuevo ciclo histórico en América Latina; pero a estos le siguió el actual ciclo de gobiernos de derecha y empresariales, de modo que, con su venia o acción directa, ha emergido en la región una segunda guerra fría, en la cual es visible el ataque directo a los gobiernos de Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y, sobre todo, Nicolás Maduro (Venezuela) y, desde luego, Cuba.



Lo paradójico del momento histórico es que ya no solo inquieta la subsistencia de gobiernos “izquierdistas” en la región, sino el avance de las ideas socialistas en los propios EE.UU.



No puede ser más sintomático el documento The Opportunity Costs of Socialism (https://pazymino.us7.list-manage.com/track/click?u=c3e3bed0077c1d7adb5463ee7&id=2bd72d56a5&e=dc8a44e01e octubre, 2008), preparado por el Consejo de Asesores Económicos (CEA) del Presidente de los EEUU, destinado a demostrar que el capitalismo norteamericano es superior al “socialismo”, al que se lo compara con el viejo modelo de la URSS, pero también con la economía social de los países europeos nórdicos, todo confundido como “estatismo”.



La preocupación tiene ahora su lugar, porque en los EEUU han progresado aceleradamente las propuestas del senador Bernie Sanders sobre la universalidad y gratuidad de la salud, seguridad social y educación, protección a los trabajadores, al medio ambiente, y el incremento de impuestos para los ricos. Son propuestas comparables con el New Deal (tildadas de “comunistas” en su época) inaugurado por Franklin D. Roosevelt (1933-1945).



Inquieta el avance de la candidatura presidencial de Sanders para el 2020; pero, además, el renacer de ideas socialistas y hasta marxistas, particularmente entre los jóvenes de las nuevas generaciones, que es un fenómeno advertido por el CEA en ocasión del bicentenario del nacimiento de K. Marx (1818-1883).



Los argumentos presentados en el informe del CEA, que sirven para que el presidente Donald Trump tome decisiones de política interna e internacional, refuerzan la tradicional visión antisocialista y anticomunista del oficialismo norteamericano; y han sido la base para las expresiones del propio Trump, quien en varias oportunidades se ha pronunciado contra el socialismo, hasta afirmar que los EEUU nunca serán socialistas.



Pero la visión oficial del socialismo -o de lo que se cree que es- tiene, en las actuales condiciones históricas de América Latina una repercusión absolutamente peligrosa: el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, afirma que los EEUU se proponen crear una coalición internacional para lograr un cambio en la administración de Venezuela (en definitiva, derrocar al presidente Nicolás Maduro), pero agregó que “seguimos con atención a Cuba y Nicaragua” y, además, revalorizó a la Doctrina Monroe (“América es para los americanos”), lo cual provocó que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, alertara a los países latinoamericanos sobre los alcances de semejante concepción.



En definitiva, América Latina queda advertida que los EEUU no aceptan ningún gobierno de tipo “socialista”, de modo que no solo es Venezuela el país en el que se concentra la atención. Pero esta segunda guerra fría tiene su contraparte en los mismos países latinoamericanos: en casi todos gobiernan fuerzas de derecha y algunos, como en Brasil, han declarado explícitamente su deseo de frenar a toda “izquierda”; en tanto el Grupo de Lima es una coalición al servicio de la nueva cruzada antisocialista y antiprogresista.



En Ecuador ni siquiera ha hecho falta acercarse al citado grupo, porque el gobierno de Lenín Moreno, con su giro enfocado a “descorreizar” a la sociedad e imponer el modelo empresarial de desarrollo, liquidó cualquier espacio para un proyecto de izquierda en el país.



Paradójicamente lo hizo contando con el respaldo de las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios y una amplia gama de dirigentes de los movimientos sociales. Hoy todos procuran alejarse sin hacer mucho ruido. Sin esperar indicaciones, Moreno no demoró en reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y lo recibió con honores en el país.



El peligro sobre América Latina está definido: no solo que revive el viejo americanismo para reforzar las acciones imperialistas, sino que los gobiernos derechistas de la región han encontrado la mejor oportunidad para respaldar sus políticas contra todo izquierdismo socializante. Es una situación histórica que obliga a repensar todas las estrategias y líneas de acción de las izquierdas latinoamericanas, si quieren sobrevivir como fuerzas alternativas al brutal desarrollo capitalista que ha sido puesto en marcha en la región.



 

Artículo original en Firmas Selectas de Prensa Latina 
[https://bit.ly/2NOkw5h]

Quito, 5/marzo/2019

Publicado enInternacional
"La era de las redes sociales es también la era de la fragilización social"

César Rendueles (Gerona, 1975) es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es también autor de un interesante ensayo llamado 'Sociofobia: El cambio político en la era de la utopía digital', en el que analiza el efecto de las tecnologías digitales de la comunicación en la realidad política y social.

Su discurso en este sentido ejerce una especie de contrapeso frente al optimismo generalizado que hay en torno al mundo digital y a las esperanzas, tal vez excesivas, que las sociedades modernas han depositado en las nuevas y flamantes tecnologías de la comunicación.

Rendueles, en su obra y también en esta entrevista, apunta a la fragilidad de los vínculos humanos que hay detrás de las frenéticas redes sociales y las multitudes de 'followers', y lamenta al mismo tiempo la gran cantidad de vidas que se ven dañadas y empobrecidas en el entorno consumista y profundamente individualista que caracteriza al capitalismo neoliberal.

RT: ¿A qué llama usted Utopia Digital? ¿Acaso confiamos demasiado en que la tecnología digital va a resolver nuestros problemas?

C.R.: Hoy atribuimos a la tecnología unas capacidades enormes para solucionar todo tipo de problemas sociales, políticos e incluso ecológicos. Es increíble: por ejemplo, en casi cualquier debate sobre la crisis medioambiental siempre aparece alguien que te dice que la geo-ingeniería o la nanotecnología van a solucionar la crisis energética, y así con todo: se empieza a creer que la crisis de legitimidad política se puede resolver con la participación digital; la crisis educativa con más cacharritos tecnológicos en las clases… Es alucinante, porque además está muy asumido, tanto entre la izquierda como entre la derecha.

A mí me parece que esa confianza en lo digital tiene que ver con que parece que esa tecnología nos exime de los procesos deliberativos, nos libra de la necesidad de ponernos de acuerdo desde posiciones muy distintas y en conflicto, a través de una especie de coordinación espontánea y consensual que no pasa por la deliberación. Y en ese sentido me parece que esa concepción de la tecnología es muy heredera de la forma en que se concebía el mercado desde la tradición liberal: se le atribuía la capacidad de generar coordinación social sin recurrir a mecanismos deliberativos, eludiendo el conflicto político.

Y claro, hoy, después de 2008, ya nadie cree demasiado en el mercado. Nadie cree ya que tenga esa capacidad para resolver los conflictos políticos: más bien los acelera, como siempre han planteado los marxistas. Entonces hemos trasladado del mercado a la tecnología esa confianza en que surja alguna clase de orden emergente y espontáneo, que no pase por los procesos deliberativos democráticos.

 

RT: En alguna ocasión usted ha planteado que las redes sociales también tratan de cumplir una función parecida a la de los antidepresivos…

C.R.: La era de las redes sociales es también la era de la fragilización social. Es un hecho empírico. Vivimos en sociedades muy individualizadas, con vínculos sociales muy débiles, con vínculos organizativos también muy débiles, y es en ese contexto social en el que han cobrado mucho protagonismo las redes sociales.

Es un tipo de relación que puede ser muy abundante, con miles de 'followers' y amigos, pero también bastante superficial y muy frágil, sobre todo porque es un tipo de relación reversible a voluntad, que no está basada en el compromiso, sino en la preferencia: si me canso de seguir a alguien o deja de gustarme que me siga, pues lo dejo de seguir o lo bloqueo. Y los vínculos sociales no funcionan así exactamente: no prescindimos de nuestros amigos porque se pongan pesados en una determinada ocasión; no prescindimos de las organizaciones políticas o sindicales a las que pertenecemos porque no nos apetezca asistir a una asamblea o a una manifestación…

Al mismo tiempo, las relaciones digitales, a pesar de que son superficiales y frágiles, nos proporcionan una cierta sensación de conexión, y por eso las he comparado alguna vez con el Prozac. Nadie confundiría la sensación que produce un antidepresivo con una vida plena o con la autorrealización personal, nadie sería tan idiota … y sin embargo, lo que ha conseguido la ideología digital es hacernos confundir la vida digital con una vida no sólo plena sino incluso superior a la que llevábamos en el mundo analógico.

RT: ¿Cómo afecta esto a la política? ¿Han cambiado las redes sociales la manera de hacer política?

C.R.: Por un lado, yo no creo que las tecnologías digitales sean realmente tan importantes, y por otro, creo que hay mucha más continuidad entre el mundo analógico y el digital de la que a veces se asume. A mí me parece muy cuestionable todo ese imaginario de ruptura sistemática que siempre rodea al mundo de la tecnología digital.

Y en ese sentido me parece que lo que han hecho las redes sociales y la tecnología digital es acelerar procesos que ya estaban en marcha: la democracia de audiencias, por ejemplo, es un fenómeno anterior al surgimiento de las redes sociales, y que tiene que ver, por una parte, con los procesos de despolitización asociados al marco neoliberal y, por otra, con el uso que se le dio a medios de comunicación tradicionales como la televisión en ese contexto en el que había un progresivo desinterés de la ciudadanía hacia la política. Ahí nace la democracia de audiencias. Y las redes sociales, al aterrizar en ese modelo, lo que hacen es intensificarlo, por supuesto.

Se entiende mejor lo que hacen las redes sociales si las pensamos como televisores pequeñitos dentro de nuestro teléfono móvil, y no como un paradigma completamente novedoso. Se habla mucho de cómo Donald Trump utiliza las redes sociales, pero se olvida con frecuencia que se hizo famoso en un 'reality show' de televisión. El uso que Trump hace de las redes sociales se parece mucho más a estrategias de propaganda masiva tradicional que a alguna clase de nueva estrategia reticular digital supersofisticada… es propaganda de la de toda la vida, masiva y basada directamente en la manipulación. Por eso digo que hay mucha más continuidad de la que parece entre el pasado analógico y el presente digital.

 

RT: Hay quien señala que el propio funcionamiento de Internet y los buscadores de información hacen que el usuario acabe en una especie de burbuja individual, accediendo a contenidos seleccionados según sus propios gustos, a través de una especie de filtro personalizado por los propios motores de búsqueda. ¿Eso no provoca que estemos realmente más aislados que conectados? ¿Y no afecta a la política, en el sentido más clásico y amplio del término?

C.R.: Internet es muy curioso porque se dan dos dinámicas contrapuestas: es verdad que la cantidad de información y de opiniones diversas es infinitamente mayor que en el mundo analógico, pero nosotros somos seres limitados y con una capacidad de procesamiento limitada, que es algo que se nos olvida. La oferta es la que es, pero nosotros somos seres neolíticos con una capacidad limitada.

Lo que sucede finalmente es que nos relacionamos con paquetes limitados de información, pero ahora creemos que proceden de una esfera pública infinita donde todas las opciones están disponibles y que hemos elegido con total neutralidad.

El efecto de esto es muy perverso, porque no sólo opera ese filtro-burbuja (que seguramente ya existía antes cuando uno elegía su periódico o los medios más afines para informarse) sino que ahora tiene un añadido: la idea de que la información procede de la libre elección más absoluta y de una criba crítica sistemática. Eso es lo característico de este momento: no tanto que existan sesgos muy pronunciados en nuestros medios de comunicación –yo creo que en eso hay una gran continuidad– sino que ahora nos creemos agentes críticos super-sofisticados. Y eso si tiene un efecto pernicioso.

RT: Usted comentó en una ocasión que cuando trabajaba en su libro 'Sociofobia: El cambio político en la era de la utopía digital', quería escribir realmente sobre la idea de fraternidad, y no tanto sobre las tecnologías digitales de comunicación. ¿Es demasiado ingenuo pensar que las redes sociales pueden contribuir a una mayor fraternidad en la sociedad?

C.R.: A mí en el fondo nunca me ha interesado demasiado la tecnología digital. Lo que ocurre es que me he visto arrastrado a estudiar sobre esto porque, en muchos de los problemas que sí me interesaban, detectaba que se recurría a la tecnología digital como una solución que a mí me parece ficticia, tanto en cuestiones de educación como en lo referente a la política y en especial a los procesos de política emancipatoria.

Uno de los problemas que hemos detectado en las últimas décadas desde la filosofía política o la sociología crítica es que de alguna forma los procesos emancipatorios exigen condiciones no sólo materiales y políticas, sino también sociales, es decir, que hace falta una cierta urdimbre social para que esos procesos se pongan en marcha. Profundizar en la democratización es muy complejo en una sociedad muy atomizada y muy individualista.

Yo creo que los que ven con más optimismo el auge del paradigma digital tienden a pensar que ahí se ofrece una solución a los dilemas de la sociabilidad contemporáneos y que tiene unas fuertes potencialidades críticas. Yo lo veo al revés: yo creo que en la medida en que sepamos solucionar o superar esa fragilización de las relaciones sociales, encontraremos usos de las tecnologías de la comunicación que hoy ni siquiera imaginamos.

Mientras tanto, se está viendo que las redes sociales, en este estado de fragilidad social y atomización, son muy destructivas: por eso nos estamos insultando todo el rato y se generan esas dinámicas de linchamiento tan perniciosas. De momento hay muy poca fraternidad.

 

RT: ¿Cree que las redes sociales podrían ser en esencia una especie de trampa para controlar más a las personas o para obtener información que pueda usarse con objetivos mercantiles? ¿Están en realidad más al servicio del llamado 'big data' que de las relaciones interpersonales?

C.R.: Aquí también veo una gran continuidad entre los procesos de control social que estamos viviendo ahora y los que se vivieron en el pasado. Es verdad que ahora la Audiencia Nacional se dedica a vigilar Twitter y las redes sociales para meter en la cárcel a la gente, pero no es menos cierto que lleva encarcelando a gente y cerrando medios de comunicación por sus opiniones desde hace mucho tiempo. Hoy todos conocen a Pablo Hasel o a Snowden, y se les relaciona con el medio ambiente digital… pero menos gente se acuerda del director del diario vasco Egunkaria, Martxelo Otamendi al que torturó hace poquísimo la Guardia Civil, bajo la supervisión de un juez de la Audiencia Nacional.

Hay una gran continuidad entre esos dos ámbitos: se habla del control biométrico que pueden introducir las redes sociales, pero en España el control biométrico existe desde hace décadas y se llama carnet de identidad. A los catorce años tienes que poner la huella ahí, algo que le parece una pesadilla 'orwelliana' a la gente de fuera de España, y aquí siempre nos ha parecido de lo más normal. Así que también conviene reflexionar acerca de la tolerancia que hemos tenido en el pasado a esa represión y preguntarse por qué solo en la medida en que median las redes digitales nos empieza a preocupar.

Y el asunto del 'big data', lo único que ha hecho, una vez más, ha sido acelerar tendencias en curso. Es verdad que el diseño de las últimas décadas del medio ambiente digital llevado a cabo desde una perspectiva muy mercantilista ha facilitado todo eso. Si ese medio ambiente digital hubiese estado más intervenido por instituciones públicas sería más fácil poner coto a todos esos procesos de explotación mercantilizadora, pero como ese desarrollo ha sido muy privado, pues ahora nos cuesta más… es cierto que hay una semilla de mercantilización muy potente.
Un hombre espera el ascensor en la sede de Facebook en Londres (Reino Unido). 4 de Diciembre de 2017. / Toby Melville / Reuters

También es cierto que en la explotación del 'big data' para desarrollar herramientas represivas se superpone a una tradición de políticas punitivas en el contexto neoliberal… pensar estas cosas en términos de una especie de 'Gran Hermano' digital es no entender nada.

Y lo mismo pasa con las dinámicas extractivas digitales, todo ese conjunto de acciones orientado a convertir nuestras relaciones sociales en fuentes de beneficios para las grandes empresas. Es decir, nuestro capital social y relacional, que sirve por ejemplo para alquilar una habitación en 'AirBnB' o ser conductor en un servicio de transportes, es explotado por una empresa que no hace nada salvo poner una mínima estructura digital. Me parece que esto tiene un parentesco muy cercano con los procesos de financiarización previos, que existen desde principios de los años 80, donde las mayores fortunas se generan a base de no producir nada, básicamente. Esas dinámicas extractivas exploran nuevos territorios, y una vez que se agota el mundo real, el mundo digital es el nuevo terreno a colonizar.

RT: En resumen, podría decirse entonces que la eclosión de las tecnologías digitales ha servido principalmente para acelerar o intensificar procesos sociales que ya estaban en curso, pero no ha revolucionado nada en esencia…

C.R.: Así es… yo soy un marxista y un materialista muy clásico, y los marxistas para lo que servimos es para ser pesados, para decir siempre lo mismo. Y eso, a veces es útil. Algunas veces simplemente somos pesados y no valemos para nada, pero otras veces, cuando todo el mundo está insistiendo en lo nuevo, en que estamos en un marco nuevo y en que esto es una nueva frontera, yo creo que los pesados somos útiles, porque recordamos que en nuestras sociedades muchas veces pesan más las continuidades que las rupturas.

 

RT: En una ocasión usted afirmó que el consumismo hace que las personas lleven "vidas dañadas". ¿De qué manera daña o perjudica este sistema a la vida de las personas?

C.R.: El consumismo no consiste sólo en comprar mucho. El consumismo es más bien un ideal de vida buena y de autorrealización en el mercado, a través de la compra y de la venta, y es un modelo de vida muy extendido en el que, por desgracia, todos participamos en alguna medida.

Y es un modelo que genera vidas dañadas, porque te impide tener un proyecto de vida buena mínimamente coherente; te quedas abandonado a los azares del mercado, persiguiendo como un hámster la última novedad, la tendencia que esté de moda.

Aspirar a llevar una vida buena exige tener un cierto proyecto moral de vida, exige pensar qué tipo de persona quieres llegar a ser y trabajar en esa construcción y asumir a veces que hay fracasos. Y yo creo que el consumismo dinamita eso, porque atomiza completamente tu vida y te convierte sencillamente en un elector racional cuya única perspectiva de la vida es el ahora. No tienes ni pasado ni futuro, tus únicas perspectivas son tus preferencias presentes, que mañana cambiarán y ya son distintas de las de ayer… y yo creo que eso durante cortos periodos de vida puede ser excitante o interesante, pero en el medio plazo son vidas terribles, son vidas completamente vacías, seguramente porque son inconsistentes con nuestra naturaleza humana. No somos así. Somos seres que necesitamos articular un pasado y tener proyectos de futuro, compartidos, normalmente.

RT: Si tuviera que señalar cuál es la carencia o el problema más importante de nuestro estilo de vida, ¿cuál señalaría?

C.R.: La desigualdad. Cada vez estoy más convencido de que la falta de igualdad es el motivo más profundo de las vidas dañadas que llevamos. Sé que es un valor muy controvertido, y es el más feo en el binomio libertad-igualdad, y además vivimos en un momento de mucha exuberancia de la libertad: hoy en día la libertad es un valor que cotiza al alza, y en cambio la igualdad es mirada con sospecha. Se admite la igualdad de oportunidades, pero eso es una degeneración absoluta del ideal igualitario. La igualdad de oportunidades es pura meritocracia, y eso no tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad tiene que ver con la llegada, no con el punto de salida. Yo estoy absolutamente convencido de que sin una recuperación de un modelo de igualdad fuerte, es completamente imposible recuperar los ideales emancipatorios ilustrados.

Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enColombia
Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
De la oportunidad Naranja al exponer el propio pellejo

Vivimos en medio de un modelo social, cultural y económico que prioriza el individualismo, propicia la competencia, el sálvese quien pueda, y donde quienes tienen más siempre buscan sacar ventajas a costa de los demás. ¿Es posible superar esta lógica?

 

“La guerra de clases existe y nosotros los ricos la estamos ganando”, fue la declaración dada por Warren Buffett hace algunos años, frase que indica la conciencia de clase que tienen los más adinerados, la misma que no tienen los asalariados (trabajadores rasos y clase media), que son los que peor están parados en esta lucha asimétrica.

 

En el juego capitalista quienes cuentan con mayor capital tienen mayores efectos multiplicadores en la acumulación de su riqueza, y quienes están privados del acceso a las oportunidades incrementan significativamente su propia exclusión. En un estudio reciente (A Broken Social Elevator?) la Ocde muestra que en los países donde peor distribuyen su riqueza, la dificultad para que una persona de ingresos bajos alcance los ingresos medios de la sociedad es mucho mayor. Mientras que en un país como Dinamarca se requiere de dos generaciones para que esto suceda, en Colombia se requiere de 11.

 

En términos globales, el economista francés Thomas Piketty demostró el incremento desmedido de la desigualdad. Mientras que en 1980 el 16 por ciento del ingreso mundial era acaparado por el 1 por ciento de la población más rica (por ingresos), en 2016 este sector social pasó a concentrar el 22 por ciento de la riqueza mundial1.

 

En el caso de Colombia, el ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces el ingreso de la clase media (33 millones de personas); y entre 2010 y 2015 la riqueza de este segmento minúsculo de la población logró incrementarse casi en 250 billones de pesos2.


La gran desigualdad manifiesta en Colombia y el mundo urge un cambio. No solo por los problemas sociales que genera (violencia, suicidios, enfermedades mentales, etc) sino porque un pequeño grupo de personas muy poderoso ponen entre dicho la viabilidad de toda la vida humana en el planeta, sometiéndonos, por demás, a una dictadura donde el interés de ellos se muestra como si fuera el interés de las mayorías.



Es un cambio necesario, que de acuerdo con el pensamiento de Nassim Nicholas Taleb, solo puede empezar con la transformación de los principios éticos y morales imperantes. La moral predicada por el Neoliberalismo es falaz: aquello de que todos trabajando con el mejor esfuerzo logramos que la riqueza colectiva, de una u otra forma, genere oportunidades para los más excluidos, es falsa. Sucede más bien todo lo contrario, el asimétrico juego donde unos pocos se enriquecen más y muchos otros son excluidos, produce un escenario en el que unas masas manipulables son sometidas, utilizadas, infrigiéndoles un enorme daño.

 

La moral propuesta por Taleb enseña que debemos tener alto nivel de responsabilidad por las acciones que emprendemos y que tienen afectación (cierta o incierta) sobre el bienestar de otros. La crisis financiera de 2008 es un buen ejemplo. Allí unos pocos especuladores amenazaron la estabilidad económica de una nación generando quiebras, desempleo y, siguiendo el estudio de Angus Deaton (El gran escape), problemas de alcoholismo, depresión y suicidios. La solución planteada por Taleb es que si quienes alimentaron esta gran burbuja especulativa hubiesen tenido una porción importante de capital propio involucrado en sus operaciones, y no como sucedió, que en su mayoría se trataba de recursos de terceros, el antecedente y desenlace de la crisis hubiera sido diferente. A esto él lo llama poner en riesgo su propio pellejo (skin in the game).

 

El principio skin in the game abarca toda la elaboración de política pública y sería el principio que haría más justa la responsabilidad y el beneficio de su implementación. Así, por ejemplo, entre los modelos económicos que buscan asegurar un ahorro para la vejez, juzgado por el rasero de Taleb, estaría mejor ponderado el régimen de prima media que el régimen de ahorro individual. Puesto que si no coexistiesen los dos modelos sino solo el primero, los policy makers al estar involucrados deberían preocuparse por solucionar la informalidad del país y mejorar las condiciones de ingresos de la gran mayoría, ya que de esta depende el funcionamiento del sistema y el hecho que se garantice un ingreso vitalicio para la vejez de todos.

 

En caso que solo funcionase el régimen de ahorro individual el principio skin in the game obligaría a que los administradores privados de estos recursos mantuvieran una porción importante de su patrimonio (40% o más) invertidos en los portafolios en los que está el ahorro que los aportantes están destinando a su vejez. De esta forma los mismos administradores serían justos en el costo de las tarifas de administración, serían moderados en los riesgos asumidos, y buscarían las estrategias y coberturas financieras que mantuvieran al menos el valor real de los recursos administrados más un rendimiento garantizado que diera cuenta del costo de oportunidad mínimo de una inversión en pesos. Pero como no es así, el escenario que se tiene es que a la primera generación de pensionados por este régimen les están devolviendo el ahorro sin poderles garantizar un flujo vitalicio, porque lo ahorrado resulta inferior a lo aportado.

 

En el tema de reforma tributaria es donde más presente está la lucha de clases, porque la pugna por quién recibe la carga tributaria para obtener los ingresos de funcionamiento e inversión de la nación, casi siempre la pierden los grupos de medianos y bajos ingresos frente a los más ricos, porque estos últimos dominan a los policy makers a favor de sus intereses mediante el financiamiento de sus campañas electorales. El principio justo por el que debería guiarse la tributación –si no estuviese expuesta a esta distorsión– es el de la progresividad, esto es, que quien tiene mayor ingreso aporta más.

 

En Colombia este principio nunca se ha aplicado. El Estatuto Tributario tiene varias exenciones que han sido introducidas con la intención de atraer la inversión extranjera para, supuestamente, impulsar el desarrollo económico. Así las cosas tenemos, por ejemplo, que la industria extractiva puede deducir el pago de regalías de los impuestos de renta, dejando de pagar anualmente COP 2 billones. Totalizando los beneficios tributarios, la industria minera y petrolera deja de pagar a la nación, cada año, COP 8 billones. En el caso del sistema financiero la cifra es parecida, con el agravante de que ninguno de estos dos sectores son intensivos en trabajo; en otras palabras, estos sectores generan muy poco empleo.

 

Esta falta de progresividad en el ingreso de la nación es un factor limitante en la progresividad del gasto público social. Un sistema de acceso gratuito y universal a la educación superior en Colombia se estima con un costo de COP 16 billones al año (más o menos la misma cifra que el sector extractivo y financiero dejan de aportarle a la nación). Y esta limitación se traduce, a su vez, en una traba a la movilidad social. Si Colombia el acceso universal a la educación superior, podría desarrollar los talentos y capacidades de los jóvenes sin que importara su capacidad socioeconómica, logrado así un mayor desenvolvimiento individual y colectivo de los mismos.

 

El economista Jacob Mincer mostró que el ingreso de las personas se incrementa más que linealmente en función del número de años de escolaridad. Limitar la escolaridad de las personas, además de limitar la movilidad social, tiene otros varios efectos. Uno es el que no desarrollan criterios y capacidades para entender y tomar acciones frente a los problemas complejos de ser ciudadano e incidir acertadamente en propuestas programáticas que sean progresivas y favorables para romper las trampas de pobreza, favoreciendo de este modo al 1 por ciento más rico que cada vez acapara mayor riqueza. Y otra es que la movilidad social sería favorable para todos (incluyendo al mismo 1% más rico) porque habría mayor demanda de sus productos, logrando así un círculo virtuoso.

 

Contrario a la evidencia, en Colombia impera el principio opuesto al skin in the game. Los conductores en un semáforo no ven la precaución de detenerse antes de alcanzar la luz roja sino que ven la oportunidad de no detenerse sin importar el riesgo que implica esta acción sobre los demás usuarios de las vías públicas. Llamemos a esto oportunidad naranja. Que es aplicada de forma general por toda la sociedad colombiana. Por ejemplo, en las filas para abordar Transmilenio hay personas que quieren llegar primero al bus, sin respetar a quienes intentan ‘civilizar’ un sistema de transporte precario. La oportunidad naranja también resalta cuando las EPS no revelan las operaciones de compra de medicamentos y al regulador no le queda otra opción que construir mecanismos regulatorios con base en la información de precios, que sí son observables en otros países.

 

Sin embargo, hay un tema adicional por entender, la posibilidad de superveniencia de la raza humana está en juego, se necesita de un menor crecimiento que no agote los recursos no renovables y que no vulnere la calidad de vida de las personas con alta carga laboral. Ahora el problema es más profundo, además de aplicar skin in the game debemos pensar en políticas económicas que reduzcan la sobreproducción de bienes materiales y que trasladen la actividad económica hacia el cuidado del otro, que es lo que propone el ambientalista Tim Jackson. Con ésta son urgentes las transformaciones morales que necesita una especie que está llevando su propia vida a la extinción.

 

DA2497 art p7

 

 

1 Ver Informe sobre la desigualdad global 2018 en https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
2 Ver La pobreza ahoga a la clase media en https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/29112-la-pobreza-ahoga-a-la-clase-media.html

 

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