"La era de las redes sociales es también la era de la fragilización social"

César Rendueles (Gerona, 1975) es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es también autor de un interesante ensayo llamado 'Sociofobia: El cambio político en la era de la utopía digital', en el que analiza el efecto de las tecnologías digitales de la comunicación en la realidad política y social.

Su discurso en este sentido ejerce una especie de contrapeso frente al optimismo generalizado que hay en torno al mundo digital y a las esperanzas, tal vez excesivas, que las sociedades modernas han depositado en las nuevas y flamantes tecnologías de la comunicación.

Rendueles, en su obra y también en esta entrevista, apunta a la fragilidad de los vínculos humanos que hay detrás de las frenéticas redes sociales y las multitudes de 'followers', y lamenta al mismo tiempo la gran cantidad de vidas que se ven dañadas y empobrecidas en el entorno consumista y profundamente individualista que caracteriza al capitalismo neoliberal.

RT: ¿A qué llama usted Utopia Digital? ¿Acaso confiamos demasiado en que la tecnología digital va a resolver nuestros problemas?

C.R.: Hoy atribuimos a la tecnología unas capacidades enormes para solucionar todo tipo de problemas sociales, políticos e incluso ecológicos. Es increíble: por ejemplo, en casi cualquier debate sobre la crisis medioambiental siempre aparece alguien que te dice que la geo-ingeniería o la nanotecnología van a solucionar la crisis energética, y así con todo: se empieza a creer que la crisis de legitimidad política se puede resolver con la participación digital; la crisis educativa con más cacharritos tecnológicos en las clases… Es alucinante, porque además está muy asumido, tanto entre la izquierda como entre la derecha.

A mí me parece que esa confianza en lo digital tiene que ver con que parece que esa tecnología nos exime de los procesos deliberativos, nos libra de la necesidad de ponernos de acuerdo desde posiciones muy distintas y en conflicto, a través de una especie de coordinación espontánea y consensual que no pasa por la deliberación. Y en ese sentido me parece que esa concepción de la tecnología es muy heredera de la forma en que se concebía el mercado desde la tradición liberal: se le atribuía la capacidad de generar coordinación social sin recurrir a mecanismos deliberativos, eludiendo el conflicto político.

Y claro, hoy, después de 2008, ya nadie cree demasiado en el mercado. Nadie cree ya que tenga esa capacidad para resolver los conflictos políticos: más bien los acelera, como siempre han planteado los marxistas. Entonces hemos trasladado del mercado a la tecnología esa confianza en que surja alguna clase de orden emergente y espontáneo, que no pase por los procesos deliberativos democráticos.

 

RT: En alguna ocasión usted ha planteado que las redes sociales también tratan de cumplir una función parecida a la de los antidepresivos…

C.R.: La era de las redes sociales es también la era de la fragilización social. Es un hecho empírico. Vivimos en sociedades muy individualizadas, con vínculos sociales muy débiles, con vínculos organizativos también muy débiles, y es en ese contexto social en el que han cobrado mucho protagonismo las redes sociales.

Es un tipo de relación que puede ser muy abundante, con miles de 'followers' y amigos, pero también bastante superficial y muy frágil, sobre todo porque es un tipo de relación reversible a voluntad, que no está basada en el compromiso, sino en la preferencia: si me canso de seguir a alguien o deja de gustarme que me siga, pues lo dejo de seguir o lo bloqueo. Y los vínculos sociales no funcionan así exactamente: no prescindimos de nuestros amigos porque se pongan pesados en una determinada ocasión; no prescindimos de las organizaciones políticas o sindicales a las que pertenecemos porque no nos apetezca asistir a una asamblea o a una manifestación…

Al mismo tiempo, las relaciones digitales, a pesar de que son superficiales y frágiles, nos proporcionan una cierta sensación de conexión, y por eso las he comparado alguna vez con el Prozac. Nadie confundiría la sensación que produce un antidepresivo con una vida plena o con la autorrealización personal, nadie sería tan idiota … y sin embargo, lo que ha conseguido la ideología digital es hacernos confundir la vida digital con una vida no sólo plena sino incluso superior a la que llevábamos en el mundo analógico.

RT: ¿Cómo afecta esto a la política? ¿Han cambiado las redes sociales la manera de hacer política?

C.R.: Por un lado, yo no creo que las tecnologías digitales sean realmente tan importantes, y por otro, creo que hay mucha más continuidad entre el mundo analógico y el digital de la que a veces se asume. A mí me parece muy cuestionable todo ese imaginario de ruptura sistemática que siempre rodea al mundo de la tecnología digital.

Y en ese sentido me parece que lo que han hecho las redes sociales y la tecnología digital es acelerar procesos que ya estaban en marcha: la democracia de audiencias, por ejemplo, es un fenómeno anterior al surgimiento de las redes sociales, y que tiene que ver, por una parte, con los procesos de despolitización asociados al marco neoliberal y, por otra, con el uso que se le dio a medios de comunicación tradicionales como la televisión en ese contexto en el que había un progresivo desinterés de la ciudadanía hacia la política. Ahí nace la democracia de audiencias. Y las redes sociales, al aterrizar en ese modelo, lo que hacen es intensificarlo, por supuesto.

Se entiende mejor lo que hacen las redes sociales si las pensamos como televisores pequeñitos dentro de nuestro teléfono móvil, y no como un paradigma completamente novedoso. Se habla mucho de cómo Donald Trump utiliza las redes sociales, pero se olvida con frecuencia que se hizo famoso en un 'reality show' de televisión. El uso que Trump hace de las redes sociales se parece mucho más a estrategias de propaganda masiva tradicional que a alguna clase de nueva estrategia reticular digital supersofisticada… es propaganda de la de toda la vida, masiva y basada directamente en la manipulación. Por eso digo que hay mucha más continuidad de la que parece entre el pasado analógico y el presente digital.

 

RT: Hay quien señala que el propio funcionamiento de Internet y los buscadores de información hacen que el usuario acabe en una especie de burbuja individual, accediendo a contenidos seleccionados según sus propios gustos, a través de una especie de filtro personalizado por los propios motores de búsqueda. ¿Eso no provoca que estemos realmente más aislados que conectados? ¿Y no afecta a la política, en el sentido más clásico y amplio del término?

C.R.: Internet es muy curioso porque se dan dos dinámicas contrapuestas: es verdad que la cantidad de información y de opiniones diversas es infinitamente mayor que en el mundo analógico, pero nosotros somos seres limitados y con una capacidad de procesamiento limitada, que es algo que se nos olvida. La oferta es la que es, pero nosotros somos seres neolíticos con una capacidad limitada.

Lo que sucede finalmente es que nos relacionamos con paquetes limitados de información, pero ahora creemos que proceden de una esfera pública infinita donde todas las opciones están disponibles y que hemos elegido con total neutralidad.

El efecto de esto es muy perverso, porque no sólo opera ese filtro-burbuja (que seguramente ya existía antes cuando uno elegía su periódico o los medios más afines para informarse) sino que ahora tiene un añadido: la idea de que la información procede de la libre elección más absoluta y de una criba crítica sistemática. Eso es lo característico de este momento: no tanto que existan sesgos muy pronunciados en nuestros medios de comunicación –yo creo que en eso hay una gran continuidad– sino que ahora nos creemos agentes críticos super-sofisticados. Y eso si tiene un efecto pernicioso.

RT: Usted comentó en una ocasión que cuando trabajaba en su libro 'Sociofobia: El cambio político en la era de la utopía digital', quería escribir realmente sobre la idea de fraternidad, y no tanto sobre las tecnologías digitales de comunicación. ¿Es demasiado ingenuo pensar que las redes sociales pueden contribuir a una mayor fraternidad en la sociedad?

C.R.: A mí en el fondo nunca me ha interesado demasiado la tecnología digital. Lo que ocurre es que me he visto arrastrado a estudiar sobre esto porque, en muchos de los problemas que sí me interesaban, detectaba que se recurría a la tecnología digital como una solución que a mí me parece ficticia, tanto en cuestiones de educación como en lo referente a la política y en especial a los procesos de política emancipatoria.

Uno de los problemas que hemos detectado en las últimas décadas desde la filosofía política o la sociología crítica es que de alguna forma los procesos emancipatorios exigen condiciones no sólo materiales y políticas, sino también sociales, es decir, que hace falta una cierta urdimbre social para que esos procesos se pongan en marcha. Profundizar en la democratización es muy complejo en una sociedad muy atomizada y muy individualista.

Yo creo que los que ven con más optimismo el auge del paradigma digital tienden a pensar que ahí se ofrece una solución a los dilemas de la sociabilidad contemporáneos y que tiene unas fuertes potencialidades críticas. Yo lo veo al revés: yo creo que en la medida en que sepamos solucionar o superar esa fragilización de las relaciones sociales, encontraremos usos de las tecnologías de la comunicación que hoy ni siquiera imaginamos.

Mientras tanto, se está viendo que las redes sociales, en este estado de fragilidad social y atomización, son muy destructivas: por eso nos estamos insultando todo el rato y se generan esas dinámicas de linchamiento tan perniciosas. De momento hay muy poca fraternidad.

 

RT: ¿Cree que las redes sociales podrían ser en esencia una especie de trampa para controlar más a las personas o para obtener información que pueda usarse con objetivos mercantiles? ¿Están en realidad más al servicio del llamado 'big data' que de las relaciones interpersonales?

C.R.: Aquí también veo una gran continuidad entre los procesos de control social que estamos viviendo ahora y los que se vivieron en el pasado. Es verdad que ahora la Audiencia Nacional se dedica a vigilar Twitter y las redes sociales para meter en la cárcel a la gente, pero no es menos cierto que lleva encarcelando a gente y cerrando medios de comunicación por sus opiniones desde hace mucho tiempo. Hoy todos conocen a Pablo Hasel o a Snowden, y se les relaciona con el medio ambiente digital… pero menos gente se acuerda del director del diario vasco Egunkaria, Martxelo Otamendi al que torturó hace poquísimo la Guardia Civil, bajo la supervisión de un juez de la Audiencia Nacional.

Hay una gran continuidad entre esos dos ámbitos: se habla del control biométrico que pueden introducir las redes sociales, pero en España el control biométrico existe desde hace décadas y se llama carnet de identidad. A los catorce años tienes que poner la huella ahí, algo que le parece una pesadilla 'orwelliana' a la gente de fuera de España, y aquí siempre nos ha parecido de lo más normal. Así que también conviene reflexionar acerca de la tolerancia que hemos tenido en el pasado a esa represión y preguntarse por qué solo en la medida en que median las redes digitales nos empieza a preocupar.

Y el asunto del 'big data', lo único que ha hecho, una vez más, ha sido acelerar tendencias en curso. Es verdad que el diseño de las últimas décadas del medio ambiente digital llevado a cabo desde una perspectiva muy mercantilista ha facilitado todo eso. Si ese medio ambiente digital hubiese estado más intervenido por instituciones públicas sería más fácil poner coto a todos esos procesos de explotación mercantilizadora, pero como ese desarrollo ha sido muy privado, pues ahora nos cuesta más… es cierto que hay una semilla de mercantilización muy potente.
Un hombre espera el ascensor en la sede de Facebook en Londres (Reino Unido). 4 de Diciembre de 2017. / Toby Melville / Reuters

También es cierto que en la explotación del 'big data' para desarrollar herramientas represivas se superpone a una tradición de políticas punitivas en el contexto neoliberal… pensar estas cosas en términos de una especie de 'Gran Hermano' digital es no entender nada.

Y lo mismo pasa con las dinámicas extractivas digitales, todo ese conjunto de acciones orientado a convertir nuestras relaciones sociales en fuentes de beneficios para las grandes empresas. Es decir, nuestro capital social y relacional, que sirve por ejemplo para alquilar una habitación en 'AirBnB' o ser conductor en un servicio de transportes, es explotado por una empresa que no hace nada salvo poner una mínima estructura digital. Me parece que esto tiene un parentesco muy cercano con los procesos de financiarización previos, que existen desde principios de los años 80, donde las mayores fortunas se generan a base de no producir nada, básicamente. Esas dinámicas extractivas exploran nuevos territorios, y una vez que se agota el mundo real, el mundo digital es el nuevo terreno a colonizar.

RT: En resumen, podría decirse entonces que la eclosión de las tecnologías digitales ha servido principalmente para acelerar o intensificar procesos sociales que ya estaban en curso, pero no ha revolucionado nada en esencia…

C.R.: Así es… yo soy un marxista y un materialista muy clásico, y los marxistas para lo que servimos es para ser pesados, para decir siempre lo mismo. Y eso, a veces es útil. Algunas veces simplemente somos pesados y no valemos para nada, pero otras veces, cuando todo el mundo está insistiendo en lo nuevo, en que estamos en un marco nuevo y en que esto es una nueva frontera, yo creo que los pesados somos útiles, porque recordamos que en nuestras sociedades muchas veces pesan más las continuidades que las rupturas.

 

RT: En una ocasión usted afirmó que el consumismo hace que las personas lleven "vidas dañadas". ¿De qué manera daña o perjudica este sistema a la vida de las personas?

C.R.: El consumismo no consiste sólo en comprar mucho. El consumismo es más bien un ideal de vida buena y de autorrealización en el mercado, a través de la compra y de la venta, y es un modelo de vida muy extendido en el que, por desgracia, todos participamos en alguna medida.

Y es un modelo que genera vidas dañadas, porque te impide tener un proyecto de vida buena mínimamente coherente; te quedas abandonado a los azares del mercado, persiguiendo como un hámster la última novedad, la tendencia que esté de moda.

Aspirar a llevar una vida buena exige tener un cierto proyecto moral de vida, exige pensar qué tipo de persona quieres llegar a ser y trabajar en esa construcción y asumir a veces que hay fracasos. Y yo creo que el consumismo dinamita eso, porque atomiza completamente tu vida y te convierte sencillamente en un elector racional cuya única perspectiva de la vida es el ahora. No tienes ni pasado ni futuro, tus únicas perspectivas son tus preferencias presentes, que mañana cambiarán y ya son distintas de las de ayer… y yo creo que eso durante cortos periodos de vida puede ser excitante o interesante, pero en el medio plazo son vidas terribles, son vidas completamente vacías, seguramente porque son inconsistentes con nuestra naturaleza humana. No somos así. Somos seres que necesitamos articular un pasado y tener proyectos de futuro, compartidos, normalmente.

RT: Si tuviera que señalar cuál es la carencia o el problema más importante de nuestro estilo de vida, ¿cuál señalaría?

C.R.: La desigualdad. Cada vez estoy más convencido de que la falta de igualdad es el motivo más profundo de las vidas dañadas que llevamos. Sé que es un valor muy controvertido, y es el más feo en el binomio libertad-igualdad, y además vivimos en un momento de mucha exuberancia de la libertad: hoy en día la libertad es un valor que cotiza al alza, y en cambio la igualdad es mirada con sospecha. Se admite la igualdad de oportunidades, pero eso es una degeneración absoluta del ideal igualitario. La igualdad de oportunidades es pura meritocracia, y eso no tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad tiene que ver con la llegada, no con el punto de salida. Yo estoy absolutamente convencido de que sin una recuperación de un modelo de igualdad fuerte, es completamente imposible recuperar los ideales emancipatorios ilustrados.

Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
De la oportunidad Naranja al exponer el propio pellejo

Vivimos en medio de un modelo social, cultural y económico que prioriza el individualismo, propicia la competencia, el sálvese quien pueda, y donde quienes tienen más siempre buscan sacar ventajas a costa de los demás. ¿Es posible superar esta lógica?

 

“La guerra de clases existe y nosotros los ricos la estamos ganando”, fue la declaración dada por Warren Buffett hace algunos años, frase que indica la conciencia de clase que tienen los más adinerados, la misma que no tienen los asalariados (trabajadores rasos y clase media), que son los que peor están parados en esta lucha asimétrica.

 

En el juego capitalista quienes cuentan con mayor capital tienen mayores efectos multiplicadores en la acumulación de su riqueza, y quienes están privados del acceso a las oportunidades incrementan significativamente su propia exclusión. En un estudio reciente (A Broken Social Elevator?) la Ocde muestra que en los países donde peor distribuyen su riqueza, la dificultad para que una persona de ingresos bajos alcance los ingresos medios de la sociedad es mucho mayor. Mientras que en un país como Dinamarca se requiere de dos generaciones para que esto suceda, en Colombia se requiere de 11.

 

En términos globales, el economista francés Thomas Piketty demostró el incremento desmedido de la desigualdad. Mientras que en 1980 el 16 por ciento del ingreso mundial era acaparado por el 1 por ciento de la población más rica (por ingresos), en 2016 este sector social pasó a concentrar el 22 por ciento de la riqueza mundial1.

 

En el caso de Colombia, el ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces el ingreso de la clase media (33 millones de personas); y entre 2010 y 2015 la riqueza de este segmento minúsculo de la población logró incrementarse casi en 250 billones de pesos2.


La gran desigualdad manifiesta en Colombia y el mundo urge un cambio. No solo por los problemas sociales que genera (violencia, suicidios, enfermedades mentales, etc) sino porque un pequeño grupo de personas muy poderoso ponen entre dicho la viabilidad de toda la vida humana en el planeta, sometiéndonos, por demás, a una dictadura donde el interés de ellos se muestra como si fuera el interés de las mayorías.



Es un cambio necesario, que de acuerdo con el pensamiento de Nassim Nicholas Taleb, solo puede empezar con la transformación de los principios éticos y morales imperantes. La moral predicada por el Neoliberalismo es falaz: aquello de que todos trabajando con el mejor esfuerzo logramos que la riqueza colectiva, de una u otra forma, genere oportunidades para los más excluidos, es falsa. Sucede más bien todo lo contrario, el asimétrico juego donde unos pocos se enriquecen más y muchos otros son excluidos, produce un escenario en el que unas masas manipulables son sometidas, utilizadas, infrigiéndoles un enorme daño.

 

La moral propuesta por Taleb enseña que debemos tener alto nivel de responsabilidad por las acciones que emprendemos y que tienen afectación (cierta o incierta) sobre el bienestar de otros. La crisis financiera de 2008 es un buen ejemplo. Allí unos pocos especuladores amenazaron la estabilidad económica de una nación generando quiebras, desempleo y, siguiendo el estudio de Angus Deaton (El gran escape), problemas de alcoholismo, depresión y suicidios. La solución planteada por Taleb es que si quienes alimentaron esta gran burbuja especulativa hubiesen tenido una porción importante de capital propio involucrado en sus operaciones, y no como sucedió, que en su mayoría se trataba de recursos de terceros, el antecedente y desenlace de la crisis hubiera sido diferente. A esto él lo llama poner en riesgo su propio pellejo (skin in the game).

 

El principio skin in the game abarca toda la elaboración de política pública y sería el principio que haría más justa la responsabilidad y el beneficio de su implementación. Así, por ejemplo, entre los modelos económicos que buscan asegurar un ahorro para la vejez, juzgado por el rasero de Taleb, estaría mejor ponderado el régimen de prima media que el régimen de ahorro individual. Puesto que si no coexistiesen los dos modelos sino solo el primero, los policy makers al estar involucrados deberían preocuparse por solucionar la informalidad del país y mejorar las condiciones de ingresos de la gran mayoría, ya que de esta depende el funcionamiento del sistema y el hecho que se garantice un ingreso vitalicio para la vejez de todos.

 

En caso que solo funcionase el régimen de ahorro individual el principio skin in the game obligaría a que los administradores privados de estos recursos mantuvieran una porción importante de su patrimonio (40% o más) invertidos en los portafolios en los que está el ahorro que los aportantes están destinando a su vejez. De esta forma los mismos administradores serían justos en el costo de las tarifas de administración, serían moderados en los riesgos asumidos, y buscarían las estrategias y coberturas financieras que mantuvieran al menos el valor real de los recursos administrados más un rendimiento garantizado que diera cuenta del costo de oportunidad mínimo de una inversión en pesos. Pero como no es así, el escenario que se tiene es que a la primera generación de pensionados por este régimen les están devolviendo el ahorro sin poderles garantizar un flujo vitalicio, porque lo ahorrado resulta inferior a lo aportado.

 

En el tema de reforma tributaria es donde más presente está la lucha de clases, porque la pugna por quién recibe la carga tributaria para obtener los ingresos de funcionamiento e inversión de la nación, casi siempre la pierden los grupos de medianos y bajos ingresos frente a los más ricos, porque estos últimos dominan a los policy makers a favor de sus intereses mediante el financiamiento de sus campañas electorales. El principio justo por el que debería guiarse la tributación –si no estuviese expuesta a esta distorsión– es el de la progresividad, esto es, que quien tiene mayor ingreso aporta más.

 

En Colombia este principio nunca se ha aplicado. El Estatuto Tributario tiene varias exenciones que han sido introducidas con la intención de atraer la inversión extranjera para, supuestamente, impulsar el desarrollo económico. Así las cosas tenemos, por ejemplo, que la industria extractiva puede deducir el pago de regalías de los impuestos de renta, dejando de pagar anualmente COP 2 billones. Totalizando los beneficios tributarios, la industria minera y petrolera deja de pagar a la nación, cada año, COP 8 billones. En el caso del sistema financiero la cifra es parecida, con el agravante de que ninguno de estos dos sectores son intensivos en trabajo; en otras palabras, estos sectores generan muy poco empleo.

 

Esta falta de progresividad en el ingreso de la nación es un factor limitante en la progresividad del gasto público social. Un sistema de acceso gratuito y universal a la educación superior en Colombia se estima con un costo de COP 16 billones al año (más o menos la misma cifra que el sector extractivo y financiero dejan de aportarle a la nación). Y esta limitación se traduce, a su vez, en una traba a la movilidad social. Si Colombia el acceso universal a la educación superior, podría desarrollar los talentos y capacidades de los jóvenes sin que importara su capacidad socioeconómica, logrado así un mayor desenvolvimiento individual y colectivo de los mismos.

 

El economista Jacob Mincer mostró que el ingreso de las personas se incrementa más que linealmente en función del número de años de escolaridad. Limitar la escolaridad de las personas, además de limitar la movilidad social, tiene otros varios efectos. Uno es el que no desarrollan criterios y capacidades para entender y tomar acciones frente a los problemas complejos de ser ciudadano e incidir acertadamente en propuestas programáticas que sean progresivas y favorables para romper las trampas de pobreza, favoreciendo de este modo al 1 por ciento más rico que cada vez acapara mayor riqueza. Y otra es que la movilidad social sería favorable para todos (incluyendo al mismo 1% más rico) porque habría mayor demanda de sus productos, logrando así un círculo virtuoso.

 

Contrario a la evidencia, en Colombia impera el principio opuesto al skin in the game. Los conductores en un semáforo no ven la precaución de detenerse antes de alcanzar la luz roja sino que ven la oportunidad de no detenerse sin importar el riesgo que implica esta acción sobre los demás usuarios de las vías públicas. Llamemos a esto oportunidad naranja. Que es aplicada de forma general por toda la sociedad colombiana. Por ejemplo, en las filas para abordar Transmilenio hay personas que quieren llegar primero al bus, sin respetar a quienes intentan ‘civilizar’ un sistema de transporte precario. La oportunidad naranja también resalta cuando las EPS no revelan las operaciones de compra de medicamentos y al regulador no le queda otra opción que construir mecanismos regulatorios con base en la información de precios, que sí son observables en otros países.

 

Sin embargo, hay un tema adicional por entender, la posibilidad de superveniencia de la raza humana está en juego, se necesita de un menor crecimiento que no agote los recursos no renovables y que no vulnere la calidad de vida de las personas con alta carga laboral. Ahora el problema es más profundo, además de aplicar skin in the game debemos pensar en políticas económicas que reduzcan la sobreproducción de bienes materiales y que trasladen la actividad económica hacia el cuidado del otro, que es lo que propone el ambientalista Tim Jackson. Con ésta son urgentes las transformaciones morales que necesita una especie que está llevando su propia vida a la extinción.

 

DA2497 art p7

 

 

1 Ver Informe sobre la desigualdad global 2018 en https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
2 Ver La pobreza ahoga a la clase media en https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/29112-la-pobreza-ahoga-a-la-clase-media.html

 

Publicado enColombia
Consulta anticorrupción:  ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

José María Tortosa

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

 

Es claro, aludimos a la corrupción.

 

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

 

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.


Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

 

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

 

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

 

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

 

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

 

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

 

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

 

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

 

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.


Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

 

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

 

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

 

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

 

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

 

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

 

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/

 


 

Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )


Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

 

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

Publicado enEdición Nº249

Vivimos en medio de un modelo social, cultural y económico que prioriza el individualismo, propicia la competencia, el sálvese quien pueda, y donde quienes tienen más siempre buscan sacar ventajas a costa de los demás. ¿Es posible superar esta lógica?

 

“La guerra de clases existe y nosotros los ricos la estamos ganando”, fue la declaración dada por Warren Buffett hace algunos años, frase que indica la conciencia de clase que tienen los más adinerados, la misma que no tienen los asalariados (trabajadores rasos y clase media), que son los que peor están parados en esta lucha asimétrica.

 

En el juego capitalista quienes cuentan con mayor capital tienen mayores efectos multiplicadores en la acumulación de su riqueza, y quienes están privados del acceso a las oportunidades incrementan significativamente su propia exclusión. En un estudio reciente (A Broken Social Elevator?) la Ocde muestra que en los países donde peor distribuyen su riqueza, la dificultad para que una persona de ingresos bajos alcance los ingresos medios de la sociedad es mucho mayor. Mientras que en un país como Dinamarca se requiere de dos generaciones para que esto suceda, en Colombia se requiere de 11.

 

En términos globales, el economista francés Thomas Piketty demostró el incremento desmedido de la desigualdad. Mientras que en 1980 el 16 por ciento del ingreso mundial era acaparado por el 1 por ciento de la población más rica (por ingresos), en 2016 este sector social pasó a concentrar el 22 por ciento de la riqueza mundial1.

 

En el caso de Colombia, el ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces el ingreso de la clase media (33 millones de personas); y entre 2010 y 2015 la riqueza de este segmento minúsculo de la población logró incrementarse casi en 250 billones de pesos2.


La gran desigualdad manifiesta en Colombia y el mundo urge un cambio. No solo por los problemas sociales que genera (violencia, suicidios, enfermedades mentales, etc) sino porque un pequeño grupo de personas muy poderoso ponen entre dicho la viabilidad de toda la vida humana en el planeta, sometiéndonos, por demás, a una dictadura donde el interés de ellos se muestra como si fuera el interés de las mayorías.



Es un cambio necesario, que de acuerdo con el pensamiento de Nassim Nicholas Taleb, solo puede empezar con la transformación de los principios éticos y morales imperantes. La moral predicada por el Neoliberalismo es falaz: aquello de que todos trabajando con el mejor esfuerzo logramos que la riqueza colectiva, de una u otra forma, genere oportunidades para los más excluidos, es falsa. Sucede más bien todo lo contrario, el asimétrico juego donde unos pocos se enriquecen más y muchos otros son excluidos, produce un escenario en el que unas masas manipulables son sometidas, utilizadas, infrigiéndoles un enorme daño.

 

La moral propuesta por Taleb enseña que debemos tener alto nivel de responsabilidad por las acciones que emprendemos y que tienen afectación (cierta o incierta) sobre el bienestar de otros. La crisis financiera de 2008 es un buen ejemplo. Allí unos pocos especuladores amenazaron la estabilidad económica de una nación generando quiebras, desempleo y, siguiendo el estudio de Angus Deaton (El gran escape), problemas de alcoholismo, depresión y suicidios. La solución planteada por Taleb es que si quienes alimentaron esta gran burbuja especulativa hubiesen tenido una porción importante de capital propio involucrado en sus operaciones, y no como sucedió, que en su mayoría se trataba de recursos de terceros, el antecedente y desenlace de la crisis hubiera sido diferente. A esto él lo llama poner en riesgo su propio pellejo (skin in the game).

 

El principio skin in the game abarca toda la elaboración de política pública y sería el principio que haría más justa la responsabilidad y el beneficio de su implementación. Así, por ejemplo, entre los modelos económicos que buscan asegurar un ahorro para la vejez, juzgado por el rasero de Taleb, estaría mejor ponderado el régimen de prima media que el régimen de ahorro individual. Puesto que si no coexistiesen los dos modelos sino solo el primero, los policy makers al estar involucrados deberían preocuparse por solucionar la informalidad del país y mejorar las condiciones de ingresos de la gran mayoría, ya que de esta depende el funcionamiento del sistema y el hecho que se garantice un ingreso vitalicio para la vejez de todos.

 

En caso que solo funcionase el régimen de ahorro individual el principio skin in the game obligaría a que los administradores privados de estos recursos mantuvieran una porción importante de su patrimonio (40% o más) invertidos en los portafolios en los que está el ahorro que los aportantes están destinando a su vejez. De esta forma los mismos administradores serían justos en el costo de las tarifas de administración, serían moderados en los riesgos asumidos, y buscarían las estrategias y coberturas financieras que mantuvieran al menos el valor real de los recursos administrados más un rendimiento garantizado que diera cuenta del costo de oportunidad mínimo de una inversión en pesos. Pero como no es así, el escenario que se tiene es que a la primera generación de pensionados por este régimen les están devolviendo el ahorro sin poderles garantizar un flujo vitalicio, porque lo ahorrado resulta inferior a lo aportado.

 

En el tema de reforma tributaria es donde más presente está la lucha de clases, porque la pugna por quién recibe la carga tributaria para obtener los ingresos de funcionamiento e inversión de la nación, casi siempre la pierden los grupos de medianos y bajos ingresos frente a los más ricos, porque estos últimos dominan a los policy makers a favor de sus intereses mediante el financiamiento de sus campañas electorales. El principio justo por el que debería guiarse la tributación –si no estuviese expuesta a esta distorsión– es el de la progresividad, esto es, que quien tiene mayor ingreso aporta más.

 

En Colombia este principio nunca se ha aplicado. El Estatuto Tributario tiene varias exenciones que han sido introducidas con la intención de atraer la inversión extranjera para, supuestamente, impulsar el desarrollo económico. Así las cosas tenemos, por ejemplo, que la industria extractiva puede deducir el pago de regalías de los impuestos de renta, dejando de pagar anualmente COP 2 billones. Totalizando los beneficios tributarios, la industria minera y petrolera deja de pagar a la nación, cada año, COP 8 billones. En el caso del sistema financiero la cifra es parecida, con el agravante de que ninguno de estos dos sectores son intensivos en trabajo; en otras palabras, estos sectores generan muy poco empleo.

 

Esta falta de progresividad en el ingreso de la nación es un factor limitante en la progresividad del gasto público social. Un sistema de acceso gratuito y universal a la educación superior en Colombia se estima con un costo de COP 16 billones al año (más o menos la misma cifra que el sector extractivo y financiero dejan de aportarle a la nación). Y esta limitación se traduce, a su vez, en una traba a la movilidad social. Si Colombia el acceso universal a la educación superior, podría desarrollar los talentos y capacidades de los jóvenes sin que importara su capacidad socioeconómica, logrado así un mayor desenvolvimiento individual y colectivo de los mismos.

 

El economista Jacob Mincer mostró que el ingreso de las personas se incrementa más que linealmente en función del número de años de escolaridad. Limitar la escolaridad de las personas, además de limitar la movilidad social, tiene otros varios efectos. Uno es el que no desarrollan criterios y capacidades para entender y tomar acciones frente a los problemas complejos de ser ciudadano e incidir acertadamente en propuestas programáticas que sean progresivas y favorables para romper las trampas de pobreza, favoreciendo de este modo al 1 por ciento más rico que cada vez acapara mayor riqueza. Y otra es que la movilidad social sería favorable para todos (incluyendo al mismo 1% más rico) porque habría mayor demanda de sus productos, logrando así un círculo virtuoso.

 

Contrario a la evidencia, en Colombia impera el principio opuesto al skin in the game. Los conductores en un semáforo no ven la precaución de detenerse antes de alcanzar la luz roja sino que ven la oportunidad de no detenerse sin importar el riesgo que implica esta acción sobre los demás usuarios de las vías públicas. Llamemos a esto oportunidad naranja. Que es aplicada de forma general por toda la sociedad colombiana. Por ejemplo, en las filas para abordar Transmilenio hay personas que quieren llegar primero al bus, sin respetar a quienes intentan ‘civilizar’ un sistema de transporte precario. La oportunidad naranja también resalta cuando las EPS no revelan las operaciones de compra de medicamentos y al regulador no le queda otra opción que construir mecanismos regulatorios con base en la información de precios, que sí son observables en otros países.

 

Sin embargo, hay un tema adicional por entender, la posibilidad de superveniencia de la raza humana está en juego, se necesita de un menor crecimiento que no agote los recursos no renovables y que no vulnere la calidad de vida de las personas con alta carga laboral. Ahora el problema es más profundo, además de aplicar skin in the game debemos pensar en políticas económicas que reduzcan la sobreproducción de bienes materiales y que trasladen la actividad económica hacia el cuidado del otro, que es lo que propone el ambientalista Tim Jackson. Con ésta son urgentes las transformaciones morales que necesita una especie que está llevando su propia vida a la extinción.

 

DA2497 art p7

 

 

1 Ver Informe sobre la desigualdad global 2018 en https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
2 Ver La pobreza ahoga a la clase media en https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/29112-la-pobreza-ahoga-a-la-clase-media.html

 

Publicado enEdición Nº249
El presidente estadounidense Donald Trump. Evan Vucci/ AP/ Archivo Cubadebate

El presidente estadounidense Donald Trump es justamente blanco universal de críticas y rechazo. Todo lo que se pueda decir del personaje como ente repugnante, extravagante y reaccionario es poco. Sus groserías, exabruptos verbales y buena parte de las políticas que propugna o ejecuta justifican ese rechazo y, ciertamente desprestigian a la presidencia de ese país. Pero sus twits y payasadas no deben impedirnos ver algo más allá.

Ha habido un sobredimensionamiento del peso de la figura, los actos y la personalidad de Trump a la hora de analizar lo que ocurre en EE.UU., lo cual desvía la atención y hace perder de vista muchos factores fundamentales y lo que está en juego en el seno del imperio.

Aquí pretendemos ubicarlo en el momento y las realidades que le han dado vida, y no dejar fuera de la escena las poderosas y también reaccionarias fuerzas que en ese país se le oponen, de modo que sopesemos las consecuencias de lo que pretenden unos y otros. No es tarea fácil y no pretendemos ser conclusivos ni limar todas las aristas de una coyuntura compleja y de una presidencia bastante inédita y contradictoria. A ninguno de quienes seguimos esta situación nos corresponde asumir el relato manipulador ni la retórica de Trump ni de quienes se le oponen, incluyendo los grandes medios de difusión. Eso sí, entre todos, se necesita prestar mayor atención, como asunto central, a las divisiones y fracturas que existen al seno de la clase dominante de EE.UU.

Una parte de las políticas del actual gobierno en realidad no son nuevas. Son las típicas políticas imperialistas y que fueron antes impulsadas y aplicadas por los presidentes y gobiernos que le antecedieron, tanto republicanos como demócratas y que se enmarcan en la desvergonzada pero enraizada pretensión de que son una nación predestinada por la providencia, excepcional en el mundo, con lo que se escudan para salvaguardar indefendibles injusticias domésticas o guerras criminales. Se hace evidente que la esencia del “excepcionalismo” estadounidense es la pretensión de que pueden hacer lo que quieren en el mundo debido a que lo estarían haciendo por ‘buenas razones’.

Así la decisión primaria de trasladar a Jerusalén su embajada en Israel no es del actual gobierno: fue un acuerdo por mayoría abrumadora en el Congreso en 1995, acogido por todos los presidentes, aunque postergada su ejecución por cada uno de ellos. Ahora bien aunque la decisión sigue siendo geopolíticamente riesgosa, complace en un aspecto clave a la influyente base evangélica republicana del presidente.

El muro en la frontera con México tampoco es algo nuevo; cogió impulso en aquella década con Bill Clinton, construido por tramos de cientos de kilómetros como parte de la llamada Operación Guardián (Gatekeeper) y actualmente cubre unos dos tercios de la frontera. Aparte que con este proyecto Trump también complace a gran parte de sus adherentes resentidos y xenofóbicos, seguramente generará un muy jugoso negocio, sobre todo para algunos grandes capitales que lo apoyan.

La política antiinmigrantes es de larga data y es un tema manipulado de manera oportunista por la mayoría de los políticos yanquis. Ante los anuncios, exabruptos y declaraciones racistas del Presidente, Obama y los demócratas han pretendido mostrarse como defensores de los inmigrantes, cuando durante esa y otras administraciones millones fueron deportados, se hacían redadas y la frontera fue fuertemente militarizada.

Con descomunales partidas se aumenta cada año el presupuesto militar debido a la inmensa influencia política del llamado Complejo Militar-Industrial. Mayorías abrumadoras de ambos partidos aprueban esos gastos. Ante la propuesta del Presidente en 2017 de aumentar el presupuesto en unos $54 mil millones de dólares, el Congreso aumentó la parada y finalmente aprobó $100 mil millones, con lo que el presupuesto militar llega a los $700 mil millones: casi el 40% de los gastos militares del planeta.

Lo anterior no es en defensa de Trump sino para constatar, y hay muchos más ejemplos, que muchas de las políticas que impulsa su gobierno, son parte de ese actuar en buena medida consensuado que se corresponde con la naturaleza explotadora, imperialista y racista del sistema.

Fracturas sociales como importante pivote del triunfo electoral Aparte de la impronta que le añade Trump, su propia elección y parte de la exacerbación de las políticas del imperio norteño, son un reflejo del declinar o pérdida de la hegemonía de antaño. Accidentes al margen y entre muchos otros factores, su elección fue posible debido al casi universal rechazo popular a las élites de Washington y de Wall Street, a las notables fracturas sociales en el país, bajo el impacto acumulativo de la globalización y el neoliberalismo, la ‘sobre expansión imperial’, los excesivos gastos militares y el desmesurado crecimiento de la especulación y las inversiones no productivas, bajo los imperativos del mercado. De ahí se deriva una sostenida disminución del ritmo de aumento de la productividad en muchos sectores de la industria, aumento de empleos parciales y mal pagados, el deterioro del status de la clase trabajadora y de regiones enteras que se sienten abandonadas y han visto reducir sus condiciones de vida sin que aprecien que el gobierno o el Congreso se preocupe por ellos.

Y ahí aparece un hábil demagogo, un empresario exitoso y sin antecedentes en la política, pero en definitiva un hombre del sistema, que con ayuda de algunos grandes magnates conservadores y de muy extendidas redes de agrupaciones de derecha en todo el país y, ciertamente en las zonas rurales, logró desplegar una eficaz campaña y capacidad para manipular los resentimientos y temores de millones.

Esa base de apoyo (junto a intereses millonarios en sectores como los bienes raíces, de la construcción, de la explotación minera, y otros) está en las profundidades del país, en estados rurales, sectores empobrecidos hartos de los políticos y de la élite del país, quienes se sienten víctimas de la globalización, del abandono gubernamental y que son empujados a buscar chivos expiatorios por sus problemas y reducción de sus niveles de vida y que sienten como que su mundo se viene abajo. Un ambiente propicio para cierto tipo de populismo nacionalista sigue siendo una de las más poderosas fuerzas en la política del país.

Parte de ello es la promesa de hacer de nuevo a los Estados Unidos grande y exitoso, de hacer regresar los puestos de trabajo y los capitales que se han fugado al exterior, y su capacidad de redirigir contra chivos expiatorios y a su favor las angustias de muchos. Al mismo tiempo, desde su base, muchos elementos racistas y ultranacionalistas se han sentido empoderados y reverdecen su activismo.

Se dice justamente que Trump no es el cambio sino fruto de esos cambios y esas contradicciones; un síntoma de la crisis. Como acabamos de indicar, el desespero y disgusto de millones tiene raíces sociales profundas – y demográficas, regionales, políticas – de modo que sin Trump o después de él, el fenómeno persistirá. Los Estados Unidos es aun el país más poderoso, pero los cambios geopolíticos, el impacto acumulativo de una excesiva sobre expansión imperial le están pasando la cuenta.

Además, internamente, se venía produciendo un creciente activismo y exacerbación de tendencias conservadoras en el país. Con las fuerzas que acompañan al actual mandatario, ha cuajado también un añejo proceso de empoderamiento de sectores de la llamada nueva derecha entre los republicanos, que tiene como contraparte un similar proceso de derechización entre los demócratas.

La pérdida de sensibilidad de los partidos del sistema, de los hacedores de política en Washington y de los que detentan el poder real se pusieron de manifiesto en las elecciones de 2016 y es parte importante de lo que explica por qué Trump se impuso sorpresivamente tanto en la nominación republicana como en las elecciones de noviembre, cuando claramente no era el favorito del ‘establishment’.

Ocurrido eso, algunas mentes lúcidas previeron o apuntaron la hipótesis que con Donald Trump asistiríamos –durante un tiempo- a un cierto margen de autonomía de un Ejecutivo arisco en el férreo marco de unos lineamientos de política interior y exterior cuya continuidad estaría, en lo esencial, garantizada por aquellos actores centrales que configuran el “poder real”.

Ahora bien, el magnate no actúa sólo, ni al servicio de una minúscula elite. Representa a grandes capitalistas norteamericanos. Es importante notar que muy poderosos intereses agrícolas y de agro negocios han estado históricamente alineados con los republicanos. La salida del acuerdo climático juega con la fuerte determinación e intereses de desarrollar la producción de hulla, petróleo, gasoductos, etc. , todos contaminantes… Muchas corporaciones se beneficiarán con los masivos fondos y subsidios que se destinarían a la modernización de las infraestructuras del país.
Sin dudas, la actual administración, compuesta por elementos clave de la clase empresarial, llevará a cabo políticas internas que dañarán extensamente el bienestar de las clases populares – al margen de su palabrería acerca de que gestiona el regreso al país de capitales y puestos de trabajo.

Que una personalidad como él haya llegado a la presidencia es también reflejo de la tremenda fragmentación que existe en la sociedad estadounidense, en momentos de su declinación económica e imperial, declinación que por el momento no llega al punto de dejar de ser el país más poderoso del planeta. La declinación se refleja de manera desigual en la sociedad, con decenas de millones cuyos estándares de vida se han visto seriamente afectados.

Imposible, y además innecesario, referir aquí todas las barbaridades que ha dicho en su año y medio como presidente, ni siquiera las que dice en un trimestre, ni cuantificar las veces que miente, como algunos pretenden. Tampoco las muchas acciones contrarias a los patrones lógicos del quehacer de la política en su país y a los análisis habituales. Creo que aquí entran, aparte de su personalidad e irreverencia, el zigzagueo a que está obligado en medio del pulseo que tiene lugar en los círculos del poder.

Por otra parte, tomemos nota que, son tan brutales y descarnadas muchas de sus declaraciones y sus políticas, despojadas de la cobertura edulcorada y engañosa de su predecesor, que resulta ser un vocero del imperio que concita muy extendido rechazo y con el potencial de generar mayor concertación de adversarios tanto dentro de EE.UU. como en la esfera internacional.

En parte de lo antedicho y en lo que sigue, si se quiere, partimos de consideraciones que desafían o se distancian de lo “políticamente correcto”, pero también de lo anecdótico.

Por todo lo repugnante, arrogante y pretencioso que resulta el personaje, queremos tener un acercamiento a lo que se esconde o se presupone que se esconde detrás de sus estridencias y sus giros ‘impredecibles’ de política. Es sabido que en lo que se ve (o se escucha) casi nunca hay correspondencia con la realidad de un fenómeno.
El Presidente en su laberinto

Por muy lógico que sea el rechazo que genera, casi que se ha establecido una visión estereotipada acerca del actual presidente norteamericano, que no ayuda a un análisis serio. En estas líneas queremos ubicar el fenómeno Trump en el contexto que le ha dado origen y en hipótesis acerca del complejo marco en que se desempeña.

Este reaccionario personaje debe ser repudiado en sí y como cabeza del imperio, pero sin perder de vista la cualidad también maligna de muchos de sus adversarios políticos, que incluyen republicanos, demócratas y otros que desde hace algún tiempo han asumido el rol de “partido de la guerra”; la gran prensa manipuladora; las agencias de seguridad; recordar que el procurador que lo investiga no es figura inocente sino un ex jefe del FBI, etc. No se debe descartar sin embargo que si el Presidente se viera arrinconado pudiera llegar a ser un factor verdaderamente peligroso.

De entrada descarto la tesis de un personaje mentalmente desequilibrado. Aunque por momentos pareciera que actúa por impulsos, hay que considerar el marco en que se mueve, las presiones que enfrenta, en medio de muy poderosos y bien asentados centros de poder y poderes en la sombra, y sin que cuente siquiera con el respaldo de una parte de su propio partido. Como resultado se estaría dando una mezcla de políticas reaccionarias e impresentables que son de su cosecha, con otras que ha debido asumir en medio de tales presiones cruzadas.

No me caben dudas que llegó a la nominación republicana y al triunfo electoral sin ser el candidato favorito del llamado establishment; sin el consenso, como ha sido habitual, de la oligarquía del país, sobre todo de sus segmentos financiero y transnacional. Aun desde antes de ganar la presidencia ha enfrentado una brutal campaña como no se ha visto antes con un presidente en etapa tan temprana.

Aunque ha sido atacado por una inmensa pluralidad de asuntos y conjeturas, parto de la convicción que el tema de las supuestas conexiones con Rusia, que ha sido central y permanente en la campaña (acompañada de los entes que lo investigan y amenazan procesarlo), ha sido esencialmente montado para impedir el acercamiento con Moscú, poner a Trump a la defensiva y obligarlo a atemperarse a las políticas básicas del interés de la élite.

Un elemento esencial que guía a una parte de sus oponentes es la pretensión o la necesidad de mantener un clima de guerra y de tensiones, a lo que por momentos el Presidente parece acomodarse, aunque también ello se confunde o trastoca dado el concepto negociador y hábitos del mismo de lanzar grandes amenazas como via de ablandar a sus adversarios antes de pasar a una negociación, libre de ataduras y acuerdos multilaterales.

Otro ejemplo, en el mismo sentido ha sido su aparente inconsecuencia y oscilaciones con los nombramientos en el gabinete y asesores en la Casa Blanca, asunto en que obviamente de entrada se vio forzado a sustituir figuras de su entorno por otras más del gusto del establishment o de sectores opuestos de su propio partido, para luego maniobrar, volver a la carga y reinstalar otras más de su confianza y entorno.

El pulseo con el establishment permanece irresuelto y se supone que sólo con las elecciones de medio término las aguas cogerían su nivel en un sentido o en el otro. Aunque el presidente ha debido congeniar con algunos de esos intereses, no caben dudas de sus habilidades ante el cerco mediático y judicial, y no ha dejado de defenderse como gato boca arriba o, incluso, de tomar con frecuencia la ofensiva.

Por el momento el gobierno se ha beneficiado con una momentánea pero marcada recuperación económica, aunque existen opiniones divididas sobre la consistencia de la misma. Algunos autores estiman que el repunte sólo encubre la explosividad financiera subyacente.

Aunque el grueso de los círculos financieros y de Wall Street apostaban por Hillary Clinton, con el cursar de los meses de la presidencia de Trump muchos cambiaron de opinión y apoyan las políticas de este que les han permitido obtener desregulaciones financieras de su preferencia, reducciones de impuestos que deseaban y otros estímulos.

Asimismo, todo parece indicar que Trump sigue apelando y cuenta con considerable apoyo de muchos de los que le dieron el voto en la pasada elección. Mediante una descarnada confrontación con la gran prensa que lo ataca, pretende mantener la fidelidad de sus bases de la “América Profunda”. Defenderse y twitear es una necesidad de él en medio de la puja que se está dando en Washington. Debe tomarse nota de que un 40% -o incluso un 30%- del respaldo que registran algunas encuestas sería equivalente a los que por él votaron en noviembre de 2016. Fue una elección donde, como es habitual, votó un 50% y algo más de los electores, con lo cual basta aproximadamente (y así le bastó a casi todos sus predecesores) un 27% del electorado para ser electo presidente.
Se maniobra para corregir el rumbo

Al nivel de algunos círculos influyentes ha devenido sentido común la noción de que las políticas en curso, sobre todo la proyección imperial para mantener a toda costa la pretensión de conservar la primacía a nivel planetario ha estado minando al país y contribuyendo a su declinación. Asumen la conveniencia de fortalecer al imperio a través de una estrategia que contemple “mayor desarrollo interno y menos desastres externos”. Parece abrirse una etapa de reordenamiento de fuerzas con perspectivas todavía inciertas, en la medida que esta estrategia se despliega en sus inicios sin un amplio consenso.

Según no pocos analistas, Trump y los círculos que lo apoyan representarían una opción distinta para “salvar el sistema”, pero muy compleja en el marco de los poderosísimos intereses creados en torno a la economía de guerra, los más que pujantes círculos financieros y las transnacionales en el marco de la globalización, y otros. De ahí la puja intra oligárquica.

De mucho peso deben ser sus respaldos cuando, por ejemplo, al asumir el cargo, el presidente dio marcha atrás al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTP), pieza central de Obama en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico, cambiando con ello parte de las reglas de juego global de las que han sido máximos beneficiarios desde la década del ’70 hasta la actualidad. Ello se conjuga con sus pasos para desentenderse de las obligaciones multilaterales, tener las manos libres y gestionar los acuerdos comerciales en un marco bilateral donde el peso específico y las presiones de EE.UU. se impongan.

Para reducir perspectivamente el sobredimensionamiento de los compromisos globales de EE.UU. y contar con recursos para encausar el desarrollo doméstico, renovar las infraestructuras, la explotación de energía (muchas de ellas contaminantes), o el regreso de las inversiones de capital, el actual mandatario necesitaría cierto reacomodo y reducción de tensiones sobre todo con Rusia, y también China, países que nunca ha descrito como enemigos mortales sino, más bien, como competidores. En septiembre de 2016 declaró formalmente: “Estoy proponiendo una nueva política exterior dirigida a hacer avanzar los intereses nacionales de los Estados Unidos, promover la estabilidad regional, y producir un alivio de las tensiones en el mundo”.

En lo que aquí analizo coincido y podría citar a muy respetados analistas, como es el caso de Michael Klare, experto en estos asuntos y habitual crítico del Presidente, quien afirma y da este título a un reciente artículo: “Es un error asumir que Trump no tiene una estrategia de política exterior” coherente. Y agrega que “sus discursos de campaña electoral y sus acciones desde la presidencia, incluyendo su reciente aparición con Putin en Helsinki, reflejan su adherencia a un concepto estratégico medular: la urgencia de establecer un orden mundial tripolar”.

Esa proyección no puede emprenderla de inmediato ni de manera lineal cuando el país tiene tropas desplegadas en más de un centenar de países, con múltiples compromisos de gobierno e internacionales, presupuestos aprobados y en general como heredero de patrones y programas puestos en marcha por sus predecesores.

Ese empeño sería también trasfondo de la puja que tiene lugar en Washington.

Un ejemplo son las expresiones de Trump tanto durante la campaña electoral como recientemente, en las que afirmó que el envío de tropas al Oriente Medio fue un gran error, “casi equivalente a lanzar ladrillos en un avispero”. ¿Pueden descartarse como frases demagógicas o meramente muestra de oportunismo político? ¿Fue ello demostración de un individuo caprichoso o que “no las piensa”? No está claro. Lo que no hay dudas es que él y varios de sus aliados en el gobierno son fuerzas polarizantes dentro de la élite y de la política del país.

Publicado enInternacional
Hernando Carrizosa, de la serie “Referentes” (Cortesía del autor)

Dicen que no hay quinto malo. Es un decir popular que con seguridad será refrendado a favor de la reivindicación sentida por la gente, y asumida en la puja institucional por los sectores más progresistas de Colombia, en la Consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de agosto. Una puja que tratará de aprovechar a su favor el nuevo Presidente, con llamados a favor de la consulta, para ampliar y consolidar su gobernabilidad y espacio.


En un despejar sin nubarrones, comenzará de esa manera una suerte de purga nacional democrática. Un aliento, luego del rosario de derrotas sufridas en las urnas por quienes impulsan un país distinto: el triunfo del No en el referendo celebrado el 2 de octubre de 2016, la iniciativa y mayorías del Centro Democrático, CD, en las elecciones del 11 de marzo para el Congreso de la República; resultado con prolongación el 27 de mayo, en la primera vuelta para la Presidencia de la República y, con cierre positivo para sus filas en la segunda vuelta del 17 de junio. Es decir, un marcador de 4 a 0. Eso, sin contar los goles marcados desde el mismo momento en que el jefe del CD resultó ungido y reelegido como Presidente del país (2002/2006-2010…)


La consulta surgió por iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, integrantes del Partido Verde y recoge, a buena hora, un clamor nacional: detener o ponerle dique al “cosquilleo” que sufren los bolsillos públicos día tras día, un robo por parte de los dedos largos tanto de políticos como de empresarios de diferente color e ideología. Con sus dedos, dos al decir de la vieja canción (1), no son pocos los montos del erario que alcanzan a hurgar, pues, según un reciente reporte de la Contraloría Nacional la suma alcanza a los 50 mil millones en un solo año (2). Danza de los millones que en realidad concreta de forma brutal la privatización del Estado por parte de empresarios y sus fichas en el establecimiento.


Privatización concretada a través de varias vías. Todas penalizadas, pero burladas con la destreza de quien conoce el funcionamiento de la administración pública: soborno, cohecho, tráfico de influencias, peculado y malversación, prevaricación, nepotismo, clientelismo, encubrimiento, obstrucción de la justicia, impunidad. Delitos concretados, una y otra vez sin condena política, ante la ausencia o limitada vigilancia social.


Si bien las siete preguntas que integran la consulta, en estricto sentido no tienen el espíritu de enfrentar la privatización del Estado y por esta vía al neoliberalismo, en tanto máximo motor del individualismo –como camino para la “realización personal”–, y de la misma corrupción, sí abre puertas para avanzar en la dirección estructura-corrupción, para plantear una disputa de fondo con el establecimiento. De no ser así, cabe decir que aun con la variación que puede lograr en la opinión pública, el referendo deja una puerta abierta a las manos lisas.


De ser así, si sus promotores y la campaña por el referendo asumieran la implicación de lucha contra el efecto de ‘privatización del Estado’, la consulta no solo abriría una puerta para movilizar al conjunto social contra un actuar traducido en normas, amarrando las manos de políticos y empresarios para que no prosigan con el desangre del erario, sino que además el país podría avanzar en el enfrentamiento de las causas estructurales que le abren puerta a la corrupción como tal. Un fenómeno que como la guerra arrastra el país desde siempre, pero que en la última etapa de su vida nacional crece en proporciones descomunales.


Es un elemento del enfrentamiento a la corrupción, sin el cual la consulta tomaría una ruta limitada –errada– que empaña apenas la vida de algunas personas, como actores visibles del suceso, pero sin llegar a constituirse en una confrontación contra las causas estructurales que propician el recurrido ilícito. De este modo, es necesario un ‘cerco’ integral a la corrupción. ‘Cerco’ o combate sin el cual el objetivo del llamado a las urnas para agosto próximo solo arrojará resultados a medias: aislará a unas personas, pero sin lograr quebrar el sistema que abre los conductos de todo orden a quienes ven en el Estado un botín por apropiar.


Un fenómeno estructural


La corrupción “está de moda” en toda América Latina. Digámoslo así, por no extender la mirada a países europeos, asiáticos, africanos, o a los propios Estados Unidos, en donde hay suficientes ejemplos de la apropiación de lo público por parte de particulares. En América Latina, como es de conocimiento público, existen varios casos paradigmáticos, como son los de los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos “primera cabeza de Perú”, con un final de presidarios o tachados socialmente por corruptos.


Situación similar es la vivida por Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá; Inacio Lula da Silva, de Brasil; Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; sin relacionar la interminable lista de familiares de los presos, también sindicados de iguales ilícitos, o de sus ahora exministros, congresistas y otros funcionarios de primer orden. En Colombia, como es conocido, hasta el hoy presidente Santos está bajo la lupa. En sospecha e investigación por el financiamiento recibido por su campaña en 2010 y 2014 de parte de la constructora Odebrech. Un delito que tiene tras las rejas a Roberto Prieto, gerente de sus campañas. Investigación a Santos que, una vez posesionado el nuevo gobierno podría tener visos similares al del Perú con sus expresidentes.


En nuestro país la lista de congresistas y otros funcionarios en prisión, así como empresarios particulares por casos de corrupción, alcanza para llenar páginas y más páginas; la relación de sindicados que han logrado burlar a la justicia, o que están bajo su mira, también es prolífica, además de relevante.


Es este fenómeno, con antecedentes por doquier, el que llevó a los organismos multilaterales como Naciones Unidas a la aprobación de la Convención contra la Corrupción (2003), la cual cuenta con la adhesión de todos los países de la región. Antes, en 1997, entró en vigor la Convención Interamericana contra la Corrupción, acordada en Caracas el año anterior. Como consecuencia de la misma, “[…] los Estados que la asumen se comprometieron a crear, mantener y fortalecer normas de conducta con sus respectivos mecanismos para hacerlas efectivas, guías de desempeño para los funcionarios públicos, sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos para los mismos, órganos de control superior, y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil. La Convención también busca promover que los países progresivamente incorporen en sus legislaciones la tipificación de delitos de corrupción, establecer mecanismos de cooperación, extradición, rastreo y reintegro de bienes, levantamiento del secreto bancario, etcétera (3).


Producto de estas Convenciones, en cada uno de los países latinoamericanos han expedido leyes anticorrupción. En nuestro país es conocida como Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), en Bolivia, como “Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (2010), en México, como “Ley general del sistema nacional anticorrupción” (2016), en Chile como “Ley que Perfecciona el sistema de defensa de la libre Competencia”, de agosto de 2016. Y podrían relacionarse aun más ejemplos o nombres de estas leyes, que pululan por la región. Sin embargo, el objeto para el cual fueron creadas no logra su cometido.


Un propósito para el cual tampoco aportan, de manera sustancial, las guías y recomendaciones expedidas por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales centran su atención en que los gobiernos garanticen la transparencia en sus acciones, y en aconsejar a sus funcionarios para que no caigan en actos de corrupción. Así, con procedimientos de buena fe y llamados a la conciencia la corrupción sigue en ascenso.


En este marco, el ascenso imparable del saqueo de las arcas públicas indica, a todas luces, que el problema no es solamente de leyes ni de procedimientos. De recomendaciones y asesorías de funcionarios de alto vuelo, y así lograr el llamado “buen gobierno”. No, el problema descansa en el enfoque integral o no que la sociedad alcance. Enfoque que aun no repara en la consolidación consumada de otros valores y otra moral a partir del avance alcanzado por el neoliberalismo. factor que estimula el éxito individual a toda costa, y dentro de su postulado económico, la misma privatización de lo público, como vía expedita para evitar, precisamente y en contradictorio, “la ineficacia y el derroche de lo público”. Pues bien, dentro de la privatización parece, por lo que estamos viendo, que está ponderado el lucro personal.


Enfoque que tampoco hace el énfasis requerido para que los pobladores de un territorio dado, se comprometan con su participación como actores sociales de primer orden, en el control de sus propios recursos. Y no pueden llamar a tal participación, de manera efectiva, más allá de la simple palabrería, pues sería todo un contrasentido: el Estado no sirve y por ello hay que privatizar todo aquello que está bajo su manto. Sin embargo llaman a la población a fiscalizar su funcionamiento; ¿qué fiscalizarían en tal caso, si ya no existe nada público, es decir, colectivo?


Entonces, desplegar una lucha efectiva contra la corrupción debe ir de la mano de la lucha misma en defensa de lo público, de lo colectivo. Tremenda contradicción para el sistema imperante, ¿podrá resolverlo el mismo establecimiento, con su proceder inscrito a los recintos jurídicos y del Congreso, con escasas consecuencias sociales y penales? Claro que no. El nudo gordiano que bloquea la sociedad solamente puede ser roto por la propia población de cada uno de nuestros países. En este propósito, debe potenciarse el amor por lo propio. Por su afecto e interés por lo que es de todos. Una máxima que demanda, al mismo tiempo, que los asuntos públicos por excelencia, como la salud, la energía, el agua, la educación, el transporte colectivo, y otros derechos humanos sustanciales, sean asumidos y garantizados por el ente administrativo del país.


No proceder así, hay que decirlo una y otra vez, es facilitarle el camino al proyecto neoliberal que requiere mostrarse como anticorrupto y eficiente, aunque en la práctica sea todo lo contrario. No proceder así, es considerar que es posible reformar el sistema dentro de las reglas del propio sistema. Mayúscula ilusión que llevará a la desilusión. Esta vez, no solo de los líderes amigos del cambio, sino de los millones que esperan de ellos procederes diferentes a los hasta ahora dominantes. He aquí el potencial de la consulta que está por realizarse en Colombia.


Abrir tales debates, potenciar la movilización ciudadana tras el propósito de ponerle control al desangre del erario del conjunto humano que habita este territorio, es un asunto más complejo y prometedor que lo recogido y proyectado a primera vista en las siete preguntas que integran la consulta por realizarse. Implica además, como elemento sustancial, propender por el efectivo funcionamiento de una democracia que debe ser otra, diferente a la hoy dominante, para darle paso a un régimen político en el cual la participación directa sea una realidad. Un ordenamiento mediante el cual, la concentración de la riqueza sea enfrentada de manera decidida y el empobrecimiento de millones llegue a su fin. Una democracia donde la propiedad de los principales recursos con que cuenta el territorio nacional sea de todos y todas.


Un régimen político donde los partidos políticos funcionen sin liderazgos eternos, donde los cargos en estas instancias de participación, pero también en el Estado, no sean propiedad de nadie, donde las asambleas comunitarias sean los mecanismos y espacios privilegiados para decidir en colectivo el qué y el cómo proceder ante determinadas circunstancias, donde las empresas privadas no sigan lucrándose a través del desangre de lo colectivo, financiadas por el Estado vía construcción de obras públicas, así como del manejo y cobro de ‘peajes’, entre otros negocios redondos que les endorsan.


En tal perspectiva, hay que contener a los empresarios privados, que como está visto por doquier, son uno de los motores para la corrupción de los funcionarios públicos. Hay que impedir que prosigan con la financiación de los partidos que participan en elecciones o que actúan por fuera de ellas, así como su presión o lobby en el Congreso –e instancias similares en el orden departamental y municipal, así como diversas instituciones del orden nacional– para lograr que sus intereses queden plasmados en leyes, acuerdos y decisiones similares.


Bloqueo al capital privado en su función privatizadora del Estado, que debe extenderse a la posibilidad de que paguen impuestos a través de la construcción de obras públicas, como lo promueve ahora el mismo Estado, pues tal acción termina desvirtuando al propio Estado en sus funciones reales y abre el espacio para que las comunidades pierdan de foco la diferencia entre unos y otros, o bajando la guardia ante las pretensiones empresariales de acometer proyectos que perjudican a la propia comunidad, como aquellos involucrados con la afectación del medio ambiente.


No hay quinto malo, pero para que esta oportunidad sea de oro, hay que trascender el espíritu mismo que impregna hasta ahora a la consulta en marcha. No actuar así, deja a la misma consulta en manos del establecimiento. En esta ocasión, del nuevo gobierno en su claro objetivo de reacomodo del régimen ante los factores de crisis que cada día van llenando la copa y la paciencia de la gente. En esta línea, y sin despertar el potencial que subyace en la base de la consulta, el presidente próximo no dudará en liderar el voto a favor del llamado anticorrupción.


Quienes dieron origen a esta iniciativa, ¿no querrán fortalecer el actual establecimiento y ganar al mismo tiempo una imagen como lideresas nacionales por el cambio? Más bien, ¿querrán enfrentarlo como un proceso de ruptura que vaya a las raíces de la grave situación que afronta el país, que a su vez será de confrontación con el CD y todos sus aliados?


Que lo formal no ahogue lo estructural, he ahí el reto por concretar el 26 de agosto. 

 

1. Tango de tal nombre que canta Alberto Echague
2. “Nosotros tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”, aseguró el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, el 25 de octubre de 2017. www.elheraldo.co/colombia/corruptos
3. Gudynas, Eduardo, Extractivismos y corrupción. Anatomía del una íntima relación, Ediciones Desde Abajo.

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No es fácil generar tanto rechazo social

El laborismo, colectivos feministas, Amnistía Internacional, grupos latinos, antirracistas, ecologistas, gays, trans, activistas contra la tortura en Guantánamo salen a la calle.

 

Desde Londres

 

Trump lo hizo. No es fácil congregar cientos de miles de personas en Londres y otras ciudades del Reino Unido. Los británicos no se expresan con mucha frecuencia en las calles: lo dejan para las grandes ocasiones. Contra la guerra en Irak en 2003 salieron un millón de personas a la calle. Contra Donald Trump superaron las 200 mil, según el The Sun, así que bien podrían ser unos cuantos más dada la bajísima simpatía que el tabloide de Ruppert Murdoch siente por estas protestas.

El abanico de razones para salir a la calle era muy amplio y tenían al presidente estadounidense de denominador común. El laborismo, colectivos feministas, Amnistía Internacional, grupos latinos, antirracistas, ecologistas, gays, trans, organizaciones contra la tortura en Guantánamo y una inmensa multitud que fue por su cuenta enarbolaban pancartas a favor de una Palestina libre, contra el negacionismo climático, por los derechos humanos y de los niños, contra la Islamofobia y el racismo, contra el muro con México y su interferencia en la política interna de otros países, contra la misoginia y las fake news: Trump lo hizo.

En el cielo de Londres estaba el muñeco inflable de la discordia entre Donald Trump y el alcalde de Londres de origen musulmán, Sadiq Khan. El Bebé Trump naranja con pañal y un celular en la mano derecha sobrevoló el centro de la capital inglesa para disgusto de Trump que se ha cruzado públicamente varias veces con Khan: la condición de musulmán del alcalde seguramente no ayuda.

El líder del Laborismo, Jeremy Corbyn, su antecesor, Ed Miliband, dirigentes políticos y sindicales, Bianca Jagger en nombre de organizaciones de derechos humanos participaron de la protesta que partió a las dos de la tarde del edificio de la BBC, cerca de Oxford Street y se dirigió a Trafalgar Square mientras que grupos feministas tomaron la misma ruta, unas tres horas antes.

“Estoy en contra de todo lo que representa. El racismo, la falta de comprensión y empatía con otros países y gente, la idea de que es America First y nada más importa”, dijo Keith Watts del condado de Wiltshire, a 100 kilómetros de Londres. Una irlandesa, Lynn Cork, de unos 45 años, se centró en esa alquimia subjetiva que encarna la persona de Trump y sus políticas. “Su oposición a los derechos humanos, a inmigrantes, su tratamiento de mexicanos, ni qué hablar de su actitud ante las mujeres: es un personaje despreciable”. Un australiano que hace décadas vive en el Reino Unido, Peter, añadió a esta lista “cómo se concentra en el uno por ciento de los más ricos, es lo único que le importa, si yo fuera más joven estaría por una revolución”. Una mujer de origen indio, Mary, que vive en la bella ciudad pre-románica de Bath, tenía en su cartel todos los calificativos que le reprochaba al presidente: “racist, liar, troll, adulterer, pussy grabber”. “No tiene nada de lo que debería tener un líder. Es una vergüenza humana”, dijo a Pagina/12. Su marido, inglés, aprobaba con la cabeza.

Otros, como la musulmana británica Isha de “Campaign against Torture in Guantánamo”, recordaban que Trump representa una continuidad y una profundización de la política seguida por sus predecesores. “Pasaron más de 16 años y todavía hay 40 presos en Guantánamo. Estados Unidos no quiere llevarlos a juicio y mucho menos liberarlos porque muchos fueron tan salvajemente torturados que tienen miedo de que hagan una denuncia pública de lo que han hecho”, le dijo a PáginaI12.

La nutrida columna de los Latinx Bloc Against Trump congregaba 17 grupos latinoamericanos, entre ellos la Argentina Solidarity Campaign, Free Lula, el movimiento Ecuador en el Reino Unido y el Gran Polo Patriótico de Venezuela. “Estamos marchando contra las políticas migratorias, racistas, xenófobas, las intervenciones militares en América Latina, la extracción salvaje de nuestros bienes naturales, además del discurso y práctica misógina de Trump. Y queremos pronunciarnos contra el establecimiento de una base militar estadounidense en Neuquén disfrazada de base humanitaria”, dijo a PáginaI12 Martina Rodríguez de la Argentina Solidarity Campaign.

Otra organización de solidaridad con Argentina, la Action for Argentina, recientemente formada, se encontraba en la Trafalgar Square. “No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante un presidente que no solo representa un país que se ha aprovechado de América Latina sino que sigue haciéndolo con políticas neoliberales y que piensa que es justificado meter a niños en jaulas”, señaló Hannah Brown de la Action for Argentina.

Entre el grupo, pero no parte de él, se encontraba Samuel Tarry, ex responsable de campañas de Jeremy Corbyn. “Estoy marchando con mi hijo que es mestizo porque estoy contra el racismo y el fascismo. No hay otra manera de describir la conducta de Trump cuando pone a niños en jaulas. La mayoría de los británicos estamos contra Trump y su racismo y misoginia”, dijo Tarry.

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Eduardo Umaña Luna y el humanismo social

“Humanismo social y cambio de estructuras pueden superar la contradicción entre los Derechos del Ciudadano (utopía liberal) y los Derechos Humanos (proyecto social), en busca de la síntesis Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos). La reflexión profunda obliga a la toma de posición en las actuales circunstancias, internas y externas de Colombia. Luego: toma concreta de posición para el cambio de estructuras (¡como lo quiso Camilo Torres Restrepo!)”.
Umaña Luna (1).

 

La faceta más conocida de Umaña Luna fue la de maestro, no en vano es uno de los cofundadores de la primera facultad de sociología en Latinoamérica en la Universidad Nacional de Colombia, pero como buen dialéctico, comprendió que la teoría y la práctica deben estar dinamizadas entre sí, por eso su vida estuvo dedicada a la lucha permanente por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos; desde su experiencia particular había comprendido la exclusión sistemática a que someten las élites a los menos favorecidos, empleando para ello el poder como sustento de sus ambiciones. Fue así como defendió a los activistas políticos que fueron juzgados por cortes militares en épocas de represión.


Quizá el mayor aporte académico de Eduardo Umaña Luna esté concentrado en sus trabajos sobre el humanismo social, una propuesta utópica que busca el reconocimiento práctico de los derechos humanos para los pueblos tradicionalmente excluidos por los gendarmes del capital, por eso confió profundamente en la apuesta de la Declaración de los Derechos de los Pueblos, firmada en Argel en 1976 (2). De ahí que su humanismo social parta del reconocimiento de los pueblos en su existencia, en sus particularidades y diferencias; esto se entiende en el entramado del desarrollo del humanismo del siglo XX, cuando el mundo se dividía entre capitalistas y socialistas, y cuando cada uno de estos intentaba por todos los medios de atraer para sí a comunidades enteras. Desde luego que el maestro partía de los postulados marxistas referentes a la lucha de clases y a la propiedad de los modos de producción, sólo así se entiende la importancia de la colectividad para auto determinarse, de los pueblos para seguir sustentando su histórico desarrollo.


El humanismo social confirma la importancia del reconocimiento de los derechos humanos, fruto de las ideologías liberales europeas, pero también del reconocimiento de que el ser humano está inmerso en un pueblo, en cuyo contexto se forja la cultura que se transmite mediante el lenguaje, es ahí donde el ser humano manifiesta colectivamente su sentimiento religioso y en donde aprende a transformar el mundo para lograr su sustento físico y espiritual. Es por ello que Umaña propende por el reconocimiento del humanismo que se construye socialmente, por eso el primer postulado es que esos pueblos tienen el derecho a existir y a auto determinarse, para sustentar lo cual recurre –como soporte– al sueño utópico emprendido por Bolívar para liberar a las colonias españolas, sueño manifiesto en la Carta de Jamaica, pero también en el Memorial de agravios de Camilo Torres Tenorio, para afianzar su pensamiento con la búsqueda de la reforma sobre lo fundamental presente en el pensamiento de Gaitán y de Camilo Torres Restrepo.


Umaña Luna pone sus ojos sobre la sociedad colombiana, y para ello acude a la familia, entendió que es en ese primer conglomerado humano donde se afianzan muchas estructuras éticas y culturales, las mismas que repercuten en su desenvolvimiento social; ahí se transmiten odios de clase y se afianzan lazos de élite, por ello anota “Está probado que la materia prima de la atroz violencia que toda la vida ha existido en Colombia se origina en la violencia intrafamiliar; ahora, si un juez de menores busca rehabilitar, ayudar al menor a que vuelva al medio de donde salió, comete un error, porque si su medio es de crueldades y de picardías, para qué lo reintegran, ¿para que siga recibiendo todos los dolores de madres ineptas y padres a veces criminales?”(3). Aparece aquí, de esta manera, la niñez en Colombia, uno de los temas que trató durante los últimos años de su vida; entendió que el niño padece el medio que lo rodea, se es violento cuando los medios para subsistir escasean, cuando la cotidianidad le muestra permanentemente las diferencias sociales y las inequidades, por eso el niño, para Umaña Luna, debía recibir un trato especial desde la judicialización y la inimputabilidad. El humanismo social vuelca así su mirada a la familia, al niño y a la educación; la violencia, así entendida, es estructural, por ello su propuesta apunta al cambio de las estructuras colombianas, las mismas que él padeció, y que lo llevaron a ser, de hijo de uno de los políticos más importantes en Colombia a gamín en las calles de Armenia; de ahí que él mismo se reconociera como un milagro que tuvo conciencia para salir de su condición, para estudiar y lograr aportar a su propia comunidad.


Y dentro de ese humanismo social cobra vital importancia la educación, propendiendo, por su importancia, por la interdisciplinariedad para estudiar los grupos sociales, pues sólo así es posible comprender las causas que desencadenan los problemas sociales, sin limitarse, como lo hacen los grandes medios de comunicación, a juzgar y desacreditar, que es lo más fácil, de ahí que nunca creyera en tales medios, y de ahí que valorara como sustancial que la educación corresponda a las necesidades de las comunidades.


No fue casual, por tanto, que sustentara que este humanismo requiriera de científicos sociales dedicados al estudio de los grupos humanos, capaces de encontrar tanto las causas como las posibles respuestas a los males que se han transmitido por años; profesionales capaces de planear y de hacer presupuestos, que entiendan los modos de producción, y que integren saberes, donde los abogados, los filósofos, los sociólogos, los médicos, tengan los conocimientos necesarios para comprender al ser humano en su integridad, “El conocimiento científico, máxima aspiración para todas las naciones, es especial para las que buscan salir del subdesarrollo, exige condiciones y calidades mínimas” (4). Ciencia y humanismo, es la díada que se propone desde el humanismo social para poder dar respuesta al por qué del entramado social que ha vivido la sociedad colombiana durante siglos.


Umaña Luna consideró que la Universidad tenía un papel fundamental para lograr hacer realidad el humanismo social, su aporte desde las ciencias, como está visto, pero también el compromiso de las academias por dar respuestas concretas a las necesidades de los pueblos. Su formación como jurista, pero por sobre todo su visión del país desde la sociología, le permitieron comprender que el principal acercamiento a esa realidad debe estar enfocado desde las prácticas estudiantiles que acerquen la academia a la sociedad, no asumida ésta como objeto de conocimiento sino como concreción de las posibles soluciones que emanan desde la investigación social. Pero aún más, entendió que el papel de la universidad, especialmente la pública, era devolver a la comunidad profesionales comprometidos, capaces de volver a ella no ya con extrañamiento, sino capaces de llevar a cabo el humanismo social, no en vano anotaba: “La Universidad en su afán de sincerarse ante el país no debe crear expectativas que no pueda en verdad cumplir. No se debe confundir la universidad democrática, en el sentido que a ella accedan los estudiantes más capaces procedentes de las clases populares con el engendro de la denominada universidad de masas, especie de cabildo abierto y permanente de frustraciones, meramente emotivo y ajeno al rigor científico” (5), una concienzuda critica a la protesta sin motivo y a la rebeldía sin causa que le tocó vivir en sus épocas como decano de la facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia o como Rector de la Universidad Libre.


El maestro fue testigo presencial de las luchas sociales gestadas en gran parte del siglo XX, pasando por la revolución de los Llanos, a la aparición de las Farc, Epl, Eln, entre otras insurgencias; tuvo la cercanía intelectual y familiar de Camilo Torres, quien desde Lovaina le compartía el ideario socialista que se movía entre los obreros belgas y franceses; fue defensor de presos políticos y combatientes guerrilleros en los famosos procesos penales militares; hizo parte del acuerdo de Maguncia firmado entre el Estado y el Eln con el fin de humanizar la guerra; veía en su vejez, como un verdadero peligro, la mezcla de política, mafia y armas; sabía a profundidad que la universidad pública había cedido a las pretensiones de multinacionales que, como pretexto, idearon una nueva globalización amparada en el neoliberalismo; veía con suma tristeza como los estudiantes cedían al facilismo de los medios y a los odios sembrados por las élites. Cuando las bombas cóctel molotov prendían fuego en medio de la tranquilidad académica, desde su digna residencia, cerca al campus de la Universidad Nacional, decía sin ambages: “ahí están los estudiantes estrato uno, enfrentados con los policías y militares también del estrato uno”.


El humanismo social, como legado intelectual e histórico del maestro Umaña Luna, puede ampliar las salidas a la problemática que enfrenta el pueblo colombiano hoy día, con seguridad le hubiese apostado al acuerdo con las Farc, sería su crítico más ferviente, pero entendería que la salida a las barbaries del país, en desigualdades, inequidades e injusticias, necesitan del sustento de realidad –fundamento científico– para dar paso a la solución, comprendiendo que el cumplimiento a los derechos humanos se garantiza respetando las diferencias, aceptando las pluriculturalidades y propiciando los recursos necesarios para generar el bienestar, y con él la vida digna y el respeto a la dignidad humana –fundamento social–. Anotaría que hasta que no se superen las causas que generaron la violencia, las mismas que han mutado, sería imposible lograr la paz con justicia social, por la que tanto se desveló y a la que dedicó gran parte de su vida.


1. E. Umaña, Camilo y el nuevo humanismo. Paz con justicia social, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003, p. 107.
2. E. Umaña, El humanismo social, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1997.
3. J. M. Chaves, “Entrevista al maestro Eduardo Umaña Luna”, disponible en: http://eduardoumanaluna.blogspot.com.co/
4. E. Umaña, El significado histórico de la Universidad, Bogotá, Universidad Santo Tomás, Cátedra Francisco de Vitoria, 2005, p. 22.
5. A. Vargas, Eduardo Umaña Luna, maestro universitario, disponible en: https://www.alainet.org/es/active/25091

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