Viernes, 22 Julio 2016 16:38

Caos en los extramuros del orden social

Caos en los extramuros del orden social

No hay ni existencia inmortal, ni tiempo infinito, ni eternidad y mucho menos una Paz Perpetua. Acuso el nombre del libro de Kant no para plantear aquí una exégesis de la obra. Lo que me interesa es el sustantivo de perpetua que parece divinizar lo que de otra manera, podría llamarse orden. Si bien la paz es el tiempo de aparente e imaginaria tranquilidad entre una confrontación violenta y otra, cierto es que también nos referimos por paz a un orden perenne, un principio de estabilidad que permanece inquebrantable a costa de disimular las tensiones y disensos propios de las sociedades humanas. Se establece el orden como un estado ideal, sin embargo cabe cuestionar si ese “estado ideal” es principio o fin último de la sociedad.

 

Si es principio, la formación de quienes sostienen la comunidad, ha de ser desde la escuela resuelta desde valores éticos que regulen las manifestaciones agresivas entre individuos, apelando a la aceptación de las diferencias, la creación de una identidad que conlleve a que los infantes reproduzcan los valores externos dados por generaciones que ven en el acuerdo, el diálogo y el entendimiento formas propias para perpetuar la paz.


Si por el contrario, la paz se toma como fin, cabe aplicarse una ética utilitarista en dónde no importan los medios, a quienes haya que sacrificar, despojar o eliminar. Claro que el principio del utilitarismo “la mayor felicidad para el mayor número de personas” también habría que saltárselo si se habla de una democracia donde la mayoría es abstencionista y la minoría que decide ilegítimamente, es la misma que promueve la famosa frase “no importan los medios sino el fin”. Como principio o como fin el orden al que apela la paz es solo aparente.


Al intentar un ordenamiento perpetuo se niega el tiempo y el desarrollo. El tiempo que desautoriza la perpetuidad y que presenta la finitud de toda época, el final de todo cambio que implica nuevamente una transformación.


El desarrollo del ser humano como ser humano ha sido agresivo. Nuestra especie es la más violenta, tanto así que si bien no tenemos muchos depredadores naturales, tampoco nos hace falta, la autofagia y el canibalismo a todos los niveles hacen parte de nuestras costumbres.

 

Un pensador hace un par de siglos escribió “Un pueblo que excluye al tiempo de su metafísica y diviniza la existencia eterna, abstracta, es decir, aislada del tiempo, excluye también lógicamente el tiempo de su política y diviniza el principio de estabilidad contraria al derecho, a la razón y a la historia”. Quizá cuándo se habla de paz no se habla de política pues esta implica una confrontación permanente. Aquí, en los entuertos de este territorio cuando se habla de paz se habla de orden. Quizá también por eso cuesta tanto atender a los discursillos que oímos desde hace más de tres años.


La paz en Colombia es un orden impuesto, no se dialoga ni se negocia los términos de la paz. De hecho la paz es el resultado de un consenso, de múltiples partes que no discuten solo sobre un principio o un fin, sino sobre las maneras más apropiadas para convivir. La paz no es el resultado de una negociación. se habla de negociaciones en los negocios, lo que afirma que aquí la mal llamada paz es una empresa que será vendida al mejor postor (y mejor si su apuesta es en Euros).


Sin embargo las cuestiones económicas que parecen son el principio de una paz como objetivo político, no son en este escrito mi principal interés. Lo relevante es la paz como orden que condena a los extramuros todo el caos, el desorden, las confrontaciones violentas y pacíficas. No sólo me refiero a los extramuros de las urbes, también me refiero a los extramuros de nuestra conciencia.

 

La cosificación del individuo condenado a ser un agente de paz para no convivir con el repudio y señalamiento, pretende calar hasta su conciencia. No se trata de un dualismo entre los extramuros de un exterior y un interior. Lo que cabe indicar es que el conflicto y el caos quedan relegados y escondidos tras la fachada de la paz de manera individual y se manifiesta de maneras colectivas. Es la persecución de un control social “pro-paz” que no solo repudia sino que disfraza o niega los brotes de caos, confrontación y desacuerdo como ha pasado con los paros, las manifestaciones y la beligerancia que asoma en todas partes.

 

El caos en los extramuros del orden social es el grito contra la paz como el velo de un control social más fuerte y más violento. Sin embargo cabe advertir que entre más se controle lo que es natural a la especie, se desatará con más fuerza y reclamará con una mayor violencia que aquella que lo marginó a los extramuros, el control, orden o paz social, es la fachada de la marginación de quienes no aceptan la paz como negocio.

Publicado enColombia

La aproximación de las elecciones para la alcaldía de Bogotá realza de nuevo la importancia de la movilidad urbana, incluyendo el interminable debate sobre la construcción del metro o el mejoramiento a corto plazo de la congestión en el Transmilenio. ¿Cuál y cómo debería ser la función del servicio público?, es decir, ¿somos clientes o usuarios?

 

A pesar del paso de los años, y con ellos de los intentos por transformar el sistema de transporte capitalino, aún podemos ver por sus calles los buses tradicionales, secuela de un sistema de transporte instalado desde los años 1950, que nació al amparo de la quema del tranvía entonces existente, del alza en el costo del transporte en el mismo, por la necesidad de cubrir barrios que estaban llenando la entonces creciente periferia urbana, y por el afán de negocio de las familias que controlaban (y aún en buena parte lo determinan) el poder político y económico nacional, asociadas al capital norteamericano y su sistema de transporte impulsado por gasolina. Este cambio de gestión del servicio público nos coloca ante el carácter incompatible del manejo por el sector privado de un derecho que, como tal, debería ser irrenunciable, estratégico y hacer parte de lo público.

 

Entonces, la llegada de las empresas privadas para la distribución del servicio público de transporte en Bogotá impuso un cambio total en la relación con el usuario, visto desde entonces no como usuario sino como una mercancía, como un medio para la ganancia. En consecuencia, este cambio impuso la llamada "guerra del centavo" como ejemplo de la lucha permanente entre los diferentes propietarios de buses –y sus trabajadores– para recoger un máximo de pasajeros, sin pensar en la calidad del servicio que ofrecían, priorizando únicamente los beneficios directos, pues los conductores eran remunerados en función del número de pasajeros recogidos.

 

Este modelo de transporte causó también otros daños colaterales a los habitantes de la capital colombiana y, como no, en todo el país. Hasta finales de los años 90 del siglo anterior, el número de buses en la ciudad siguió creciendo de manera exponencial hasta llegar a sumar en 1999, al momento de iniciar el sistema conocido como Transmilenio, un promedio de 19.093 buses en servicio diario1, demostrando claramente una falta de regulación, lo que aporta de manera sustancial a la congestión del tránsito urbano.

 

Como la mayoría de la demanda de transporte es "derivada", es decir ofrecida ante la necesidad de los "clientes" por acceder a los sitios en que realizan sus distintas actividades diarias (trabajo, estudio, descanso, compras), éste tiene momentos de gran congestión producto de la concentración de muchos buses en un mismo espacio (ya que las distintas empresas acceden a las rutas más apetecidas) y a la ausencia de calles y avenidas bien dotadas para que los carros circularan sin contratiempo2.

 

La guerra del centavo propició la congestión del tráfico capitalino sobre todo en las rutas más utilizadas –Avenida Caracas, Carrera Décima, Carrera 30, Calle 68, Avenida Boyacá– además, produjo una sobreoferta de buses. Esa brecha causó otro problema derivado como lo es la contaminación ambiental y auditiva, provocando al mismo tiempo frecuentes accidentes y una extrema incomodidad para quienes abordaban los buses.

 

El servicio de transporte tradicional demostró al fin del segundo milenio una manifiesta falta de calidad, causando daños generales por toda la ciudad, incrementando la inseguridad, dando lugar a viajes promedios muy largos, perjudicando con todo ello la calidad de vida en la capital del país.

 

El sistema Transmilenio, una respuesta limitada a una situación de emergencia

 

Ante esta realidad, implementar otro sistema de transporte era una necesidad inaplazable en Bogotá.

 

Nace Transmilenio en diciembre de 2000, bajo la administración de Enrique Peñalosa, y posteriormente se desarrolla el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Su propósito era obligar a los bogotanos a dejar atrás el automóvil privado como principal medio de transporte para buscar alternativas más eficientes, económicas y sostenibles, buscando de igual forma mejorar su calidad de vida. Los intereses de los propietarios de los grandes empresas de buses, de las autopartes y la misma debilidad financiera de la ciudad, fueron motivos para no optar por el metro. Una vez más, como sucedía desde cincuenta años atrás, los estudios para implementarlo quedaban guardados en las gavetas.

 

Con el cambio aprobado se logra un mejoramiento en el servicio de transporte a nivel local, pero lo que nos interesa es el funcionamiento del sistema de transporte en su conjunto, es decir, la agrupación Sitp/buses tradicionales, en su relación con el servicio público dedicado al usuario.

 

Según un estudio sobre la movilidad en Bogotá realizado por la alcaldía en 2011, resalta que casi la mitad de los bogotanos caminan para desplazarse dentro de la ciudad (46%), seguido por el transporte público colectivo (20%), el automóvil (10%) y después el Transmilenio (9%)3. En su conjunto, los transportes públicos representan algo más del 30% de los medios de transporte, un porcentaje muy bajo a la vista de las necesidades de movilidad que tienen los habitantes de la urbe. Pero sobre todo, hay una clara desconfianza en lo que son los transportes en la ciudad, mostrando una diferencia muy fuerte entre las clases bajas y altas.

 

En efecto, para los estratos más bajos (de 1 a 3) más del 50% camina para desplazarse y todavía más del 35% corresponde a viajes a pie mayores de 15 minutos, revelando una dificultad cada vez mayor para pagar un pasaje. Al contrario, para los estratos más altos (5 y 6) también más del 50% no usa los transportes públicos sino el automóvil para desplazarse dentro de la ciudad y casi el 60% para los viajes a pie mayores a 15 minutos, lo que pone de relieve una desconfianza real en el sistema de transporte tras 10 años del establecimiento del sistema de Transmilenio. Si la mayoría de la población no usaba los transportes públicos para desplazarse y el sistema Transmilenio era mucho menos utilizado que los buses tradicionales en 2011, para interpretar las cifras de manera más eficiente es necesario una actualización de las estadísticas, pues el sistema de transporte está unificándose lo que causa cambios notables dentro de la movilidad urbana. La falta de confianza en los transportes públicos puede entenderse en gran medida por la mala calidad del servicio prestado así como por el alto promedio del tiempo de espera del bus en relación con el número muy bajo de kilómetros recorridos.

 

Realidad crítica, pero hay más aspectos por valorar. Al día de hoy podemos subrayar otra brecha: el alto costo del sistema de transporte en la capital colombiana en comparación con el salario mínimo en vigor. En efecto, si hablamos de un ciudadano ordinario, que va a trabajar seis días a la semana y que se encuentra en la obligación de tomar el transporte para llegar a su sitio de labor, destina un promedio de $86.400 pesos al mes para desplazarse, si el salario mínimo mensual está en $644.350 pesos (255 USD), esto significa que destina para su transporte más del 13% de sus ingresos, una cantidad considerable, mucho más si recordamos que un porcentaje no desdeñable de quienes trabajan –en el rebusque– no acceden al mínimo.

 

La eficiencia y utilización de un servicio de transporte que no es accesible para todos parece entonces limitado para que rompa en dos la historia de la ciudad en cuanto a transporte público. En efecto, la sola compensación subsidiaria existente por parte de la administración del Sitp (la tarifa preferente para los mayores de 62 años y los beneficiarios del Sisben, excluyendo de facto a los estudiantes que deben contar con el apoyo de su familia), no es suficiente para estimular la utilización de este sistema de transporte, ni aporta de manera sustancial al rendimiento de los pocos ingresos de los hogares más populares obligados a destinar un importante porcentaje de los mismos para el transporte de los suyos.

 

La tarifa del transporte por tanto marca, una vez más, la paradoja del manejo de un servicio público a través de manos privadas.

 

Pero, por desfortuna, Bogotá no es la única ciudad de la región que maneja precios de transportes altos en relación al salario mínimo, de acuerdo a las estadísticas que manejan las distintas ciudades de la región, nuestra capital es la quinta más cara, antecedida por Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. Sao Paulo y Rio de Janeiro tienen respectivamente los precios de transportes más altos en Sur América en comparación al salario mínimo en vigor (ver cuadro), precios cuyo aumento fue justamente la causa principal de las protestas que empezaron en junio de 2013. Sin embargo, la ciudad que parece mostrar el ejemplo más notable sobre la noción de transporte público, y de su relación con el servicio público, es Quito, con unos gastos en transporte que representa el 3,39% del salario mínimo de los obreros (adicionalmente cuenta con tarifa diferenciada del 50% menos para adultos mayores y estudiantes). Prima aquí la esencia de lo público sobre el negocio particular. El transporte como derecho básico.

 

Además de no ser un ejemplo en materia de acceso democrático a los transportes públicos, las desigualdades siguen existiendo en la capital colombiana demostrando una vez más la marginación de los pobres en relación a los servicios públicos. De hecho, son aquellas personas que realizan los viajes con mayor número de kilómetros, las que tienen un promedio de tiempo más largo por viaje, y a quienes más les afecta o les roba su tiempo libre. En Colombia la jornada de trabajo es de 48 horas a la semana, lo que obliga a los trabajadores pasar en sus sitios de labor la mayoría de su tiempo diario.

 

Un absurdo en tiempos de gran tecnificación. Lo que aún se ahonda más para los más pobres cuando vemos que el promedio de viaje representa para los estratos más bajos 77 minutos, contra 40 minutos para las personas de estrato alto –sin contar el tiempo de espera, así como el de transbordo–; de esta manera los viajes cotidianos para las clases más bajas pueden representar fácilmente entre tres y cuatro horas diarias, lo que significa la mitad del tiempo libre, el mismo que en otras circunstancias podría destinar para descansar, para cultivarse o formarse intelectualmente.

 

Lo privado impide repensar el transporte público como derecho fundamental

 

En estas circunstancias, Transmilenio y después el Sitp pretendió brindar respuesta a corto plazo, a parte de lo hasta aquí relacionado, pero nunca pretendió repensar el problema central del transporte urbano, o sea, la gestión de un servicio que supuestamente es público, pero que continúa en manos privadas.

 

¡Vaya paradoja! Por toda la ciudad ahora vemos buses que parecen ser de la ciudadanía, buses que hacen parte del nuevo Sitp (incluye Transmilenio, buses zonales, alimentadores, complementarios), pero no es así, pues en su inmensa mayoría continúan en manos privadas, los llamados concesionarios, quienes además obtienen otro porcentaje del todavía negocio del transporte al operar como recaudadores del pasaje. Negocio, por demás, poco democratizado, como se demostró en el 2014, tras la polémica que involucró a Transmilenio por ampliar su flota en 180 buses sin licitación y para solo dos operadores, Consorcio Express (ahora tiene el 45% de la operación del Sitp y Transmilenio) y GMóvil4.

 

A partir del momento en el cual empezamos a entender el funcionamiento de un servicio de transporte supuestamente público, se nota la incomprensión de esa dicotomía entre privado y público, y nos preguntamos por qué existe unas infraestructuras públicas y sobre éstas un negocio privado. ¿Es difícil –imposible– garantizar una gestión pública para el servicio del transporte de la(s) ciudad(es) con todas las arandelas que le cuelgan? Si la ciudad construye las vías y las conserva, si la ciudad dispone de toda la infraestructura y complementarios que demanda este tipo de servicio, ¿por qué no puede también pensar y actuar para que lo público sea de verdad tal?

 

Y para abordar estos interrogantes tendríamos que pensar primero en el derecho colectivo, en calidad de vida, en igualdad de oportunidades, en goce del tiempo libre, en la salud, en el bienestar y la seguridad colectiva, en el medio ambiente, en la atención prioritaria de menores, estudiantes, ancianos, personas discapacitadas, etcétera.

 

En fin, son tantas las variables por considerar, y tanto lo acumulado por cada ciudad, que cuando lo detallamos vemos que sí es factible, que lo impuesto durante tantos años de despotismo oligárquico es un negocio que favorece a unos cuantos a pesar de perjudicar a la inmensa mayoría. Un servicio traducido en negocio, que le permite a los empresarios y sus defensores en los medios de comunicación criticar porque en algunos horarios los buses del Sipt transitan desocupados o casi sin pasajeros, es decir, aquí una vez más su punto de reflexión es la ganancia y no el servicio, el cual debe ser prestado a toda hora y momento de manera suficiente, así los usuarios sean pocos, pues el problema no es la rentabilidad sino el derecho, traducido en eficiencia y calidad.

 

Pero en la ciudad la problemática que esconde todo este debate continúa recogida de manera errada. Ante el déficit de usuarios del Transmilenio y el Sitp, se evade la pregunta por los ingresos en los hogares, y ante la masa de colados en el Transmilenio lo que termina por hacerse es provocar una "denuncia de pueblo contra pueblo" –los cívicos y los 'bárbaros'–, militarizando estaciones y tecnificando puertas y torniquetes para evitar los colados. Los que así proceden olvidan que el problema no es de "cultura ciudadana" sino de otras variables, como las ya enunciadas, además del rechazo espontáneo de miles de personas a la privatización de este derecho.

 

En este punto del debate y de cara a las próximas elecciones, habría que demandar un debate abierto y profundo de lo que aquí está en juego, abordando la pregunta por lo que significa en el fondo un servicio público de transporte, es decir ofrecer un servicio de calidad y apropiado para todos en función de sus recursos y obligaciones. De así proceder la discusión a cerca de la movilidad abriría una reflexión más amplia sobre lo que debe ser un servicio público como derecho, al cual deben acceder todos los ciudadanos, los mismos que cuando lo sientan de verdad suyo lo apropiarán y cuidarán.

 


1 Fuente DANE-ETUP.
2 Revista de la Cepal, La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales, numero 76, 2002, pp. 111-112.
3 Informe de indicadores Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011, pp. 66-67
4 "El otro 'gangazo' de Transmilenio a los operadores privados", El Tiempo, 9 de julio de 2014, URL: http://m.eltiempo.com/bogota/el-otro-gangazo-de-transmilenio-a-los-operadores-privados/14223447

 

 

Publicado enEdición Nº 216
Las medidas afirmativas para la igualdad de género en la protección social

Tal parece que este año sí habrá reforma pensional. En el 2014, ante la urgencia de reformar los regímenes tributario y de salud, salió de la agenda la reforma del sistema pensional, sobre la cual existe suficiente consenso entre la mayoría de los sectores sociales en cuanto a su necesidad, debido, principalmente, a la baja cobertura del sistema, que apenas permite que solo el 10% de personas en el mercado laboral se pueda pensionar. En lo que no hay coincidencias absolutas y sí intereses contrapuestos, es sobre qué tipo de reforma hacer.

La siguiente tabla muestra la cobertura del régimen pensional, y cuántas personas mayores tienen asegurado un ingreso en su vejez.

*Adultos mayores de 55 y/o 60 años: 93% (1.785.298 adultos mayores); Vejez: 79.3%; invalidez: 2.7%; sobrevivencia: 18.0% El 30.4% de las mujeres mayores de 55 años pensionadas, lo están por sobrevivencia.

 

Como se ve, en 2014 apenas el 34.8% de las personas ocupadas son cotizantes al sistema pensional, y apenas una de cada cuatro personas mayores recibía alguna pensión. Quiere decir que la característica fundamental del sistema es su carácter excluyente, problema que debería ser el foco de cualquier reforma pensional.

Los hombres presentan mayor índice de afiliación como cotizantes activos: 56.8%, frente a 43.2% de mujeres, factor que se agrega a la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, que es más notoria en cuanto hombres y mujeres deben cotizar las mismas 1.300 semanas para acceder a la pensión, condición que obliga a las mujeres a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, así teóricamente se pensionen dos años antes que los hombres, pues ellas tienen mayores índices de desempleo y de trabajo en la economía informal, y menor remuneración. Además muchas veces deben retirarse de sus trabajos por no tener ingresos que les permitan pagar una persona que les cuide sus hijos. Y aunque de toda la población adulta mayor pensionada (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60), ellas tienen una mayor participación: 54.5% frente a 45.5% de los hombres. Un 30.4% de las mujeres pensionadas lo está por sobrevivencia.

Lo otro es que el 92.76% de los afiliados cotizantes a Colpensiones, y el 81.32% de los afiliados a fondos privados, tienen ingresos hasta dos salarios mínimos legales, (en promedio, el 27.32% de las personas cotizantes devengan hasta 1SMLV). Es un dato clave para entender hacia dónde va la mayor parte del presupuesto que la nación destina para pago de pensiones.

Además existe un programa de Subsidio al Aporte para Pensión, diseñado para trabajadores(as) independientes, madres comunitarias, personas en discapacidad, concejales de municipios categoría 4, 5 y 6 de los sectores rural y urbano, que no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte completo como independientes. Según el Min-Trabajo (2), a junio de 2014 este programa contaba con 206.920 personas beneficiarias activas, distribuidas así: 172.014 Independientes urbanos, 32.571 independientes rurales, 726 madres comunitarias, 1.167 personas con discapacidad y 1.442 concejales.

En el diagnóstico sobre el régimen pensional, es necesario abordar problemas que desde los sindicatos no se examinan, y que tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de ampliación de su cobertura. Un reciente diagnóstico de la OCDE (3) indica, que más del 80% de las pensiones las acapara 1/5 parte de la población con mayores ingresos, mientras que las 2/5 partes más pobres reciben menos del 2%. También señala que el régimen fiscal aplicable a las pensiones es extremadamente generoso, pues las cotizaciones al fondo de pensiones son deducibles de la base del impuesto sobre la renta, y la mayor parte de las prestaciones están exentas de impuestos, lo cual agrava la desigualdad en los ingresos. El análisis de la OCDE termina indicando que estos beneficios, y el carácter excluyente que tiene el régimen pensional, aumenta el coeficiente de GINI, que en el caso de Colombia es uno de los más altos del planeta, y expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

El diagnóstico también señala problemas de equidad reales, que la sociedad colombiana debe resolver sin temor. En 2014 se destinaron $31.8 billones para financiar las pensiones de 1.919.675 personas (15% del presupuesto nacional), suma que supera los presupuestos para salud y educación (4). Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor parte de este gasto, el 66%, se destinó a financiar las pensiones del 14% de las personas que reciben pensiones por encima de dos salarios mínimos, que incluyen las pensiones millonarias de congresistas y magistrados de las cortes por las que nunca cotizaron, o cotizaron sobre un ingreso muy inferior.

El traslado masivo de afiliados del ISS hacia los fondos privados de pensiones, más toda la publicidad engañosa de los fondos para seducir a los y las trabajadoras, más las pensiones millonarias de congresistas, magistrados de las cortes y otros, terminaron por desfinanciar el sistema de prima media y a la entidad que lo administra, Colpensiones, que cada vez carga con más personas pensionadas mientras disminuyen sus cotizantes, lo que, sumado, obliga a que la nación, es decir, a todos, a destinar cada vez una mayor proporción del presupuesto nacional al pago de las pensiones.

 

Reformas para favorecer el sector financiero

 

Hasta ahora, las reformas al régimen pensional se han orientado, primero, a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

En 1993 se reformó el régimen pensional para acabar con el sistema público de pensiones, creando un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, basado en el ahorro individual, que prometía enormes beneficios para sus afiliados (5). Hoy los fondos privados tienen el 68.5% de los cotizantes, apenas 77 mil pensionados, y $277.8 billones a disposición del sistema financiero; en tanto que la nación destinó en 2014 $31 billones para pagar las mesadas pensionales, incluyendo el ajuste hasta un salario mínimo que por ley se hace a los pensionados de los fondos privados cuyos ahorros no les alcanzan para una pensión igual al salario mínimo.

Además, la reforma del 93 incrementó las semanas de cotización (de 1.000 a 1.300), en dos años la edad de pensión para hombres y mujeres, y disminuyó la tasa de retorno, o mesada pensional. Después, durante el primer gobierno de Uribe, se eliminaron la mayoría de los regímenes especiales que se habían establecido por negociación colectiva en el sector público, y se eliminó para los nuevos pensionados la mesada 14. Estas reformas no tenían como propósito ampliar la cobertura sino disminuir el impacto sobre las finanzas públicas.

Finalmente, durante el gobierno Santos se puso en práctica un sistema de ahorro individual, para ampliar la cobertura del sistema pensional (6). Permitiría hacer un ahorro anual de hasta $885.000, que se entrega cuando la persona cumpla la edad de pensión, más un incremento del 20% que sale del presupuesto nacional, el denominado "beneficios económicos periódicos (BEPS)". Este ahorro, más ese 20%, se le entregará a la persona beneficiara para atender los siguientes ítems: a) traslado al sistema general de pensiones para acceder a una pensión; b) constituir una anualidad vitalicia, denominada Seguro BEPS, para lo cual Colpensiones contratará una firma aseguradora; y c) pagar por un inmueble de su propiedad. Este plan está dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, ni cotizar sobre la base de un salario mínimo. La meta de incrementar en 7 millones los afiliados al régimen pensional.

El inconveniente de esta propuesta es la poca capacidad de ahorro de los trabajadores de la economía informal, hacia quienes va dirigida. El 49.5% de los trabajadores(as) tienen ingreso inferior a un salario mínimo. El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 60% en las rurales. Para estos trabajadores la prioridad es la alimentación, a la que, según el DANE, destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lugar la vivienda, a la que destinan el 29.7% (7), lo que les deja muy poco margen para cubrir otras necesidades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja claro que esta propuesta no ampliará cobertura, o lo hará marginalmente.

Adicionalmente la Ley 1251 de 2008 estableció que son deberes del Estado "garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor", y "asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos" para este sector de la población. En aplicación de esta política se diseñaron programas de carácter asistencial que no garantizan el reconocimiento efectivo de derechos, focalizados en la población adulta mayor más pobre, indígenas, mujeres, discapacitados, población desplazada, minorías étnicas y reclusos.

Estas políticas públicas son de tres clases: 1) aseguramiento en salud, 2) subsidio económico a través de servicios sociales básicos para beneficiarios que residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 3) subsidio en dinero y servicios sociales complementarios al beneficiario que no reside en estos centros. Estos subsidios van desde $40.000 mes (ración alimenticia a cargo del ICBF) a $75.000 (subsidio monetario). En 2014 estos programas tuvieron cobertura de 1.252.167 personas (8), o sea el 22.8% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión (5.495.437).

Como se ve, el alcance que tiene esta política es reducida en comparación con la población beneficiaria potencial. Y tiene un problema adicional: es utilizado por los directorios políticos como instrumento clientelista vía inscripción y asignación de cupos.

 

Sistema pensional y mercado de trabajo

 

El sistema pensional colombiano está diseñado exclusivamente para trabajadores(as) de la economía formal, que gozan de relativa estabilidad a lo largo de su vida laboral, condición que no tiene la mayoría de los trabajadores(as) del país. El 66% no está afiliado al sistema de protección social (salud, pensiones y riesgos laborales), y en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad en 2014 fue de 48,4%, un punto porcentual menos que en 2013, que equivale a 5.076.000 trabajadores de pequeñas empresas (de hasta 5 trabajadores), o como cuenta propia (el 61.2%) en empleos que a pesar de permitirles algún nivel de ingresos, les disminuye la posibilidad de innovar, desarrollarse, hacer parte de economías de escala y pagar su seguridad social.

Los cuenta propia, por su parte, se incrementaron en 2,7%. Representan el 60,5% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas. Así mismo, se destaca el hecho de que 245.000 ocupados informales se ubiquen en la categoría de trabajador sin remuneración.

Pero son las mujeres las que presentan mayores tasas de informalidad: 6,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres: 51,8% y 45,5% respectivamente. Son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de famiempresas, de micro y pequeñas empresas, cuya no afiliación a la seguridad social se relaciona con dos problemas: primero, el lugar que este tipo de empresas ocupan en la cadena de subcontratación que dominan las grandes empresas nacionales y extranjeras, que no les dejan margen para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como el pago de un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y segundo, fenómenos de evasión que tienen que ver con una cultura de la ilegalidad, que se ve reforzada por la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo.

En efecto, muchos empleadores, principalmente en ciudades pequeñas y municipios, aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar ni ninguna autoridad los va a sancionar. Por otro lado, muchos empleadores suspenden las cotizaciones por largos períodos, o cotizan por debajo del salario que pagan efectivamente, como tristemente lo descubren los trabajadores que, convencidos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización, se dirigen a Colpensiones a tramitar su pensión. Se encuentran con la mala noticia de que su empleador suspendió las cotizaciones, o cotizó sólo por un salario mínimo.

En este problema también incide la inestabilidad laboral y la alta rotación en los empleos. En Colombia el 95% de los desempleados son cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo y suspenden su cotización a pensiones por lo menos durante 24 semanas, que es en promedio el tiempo que tardan en encontrar un nuevo trabajo. Por otra parte, muchos son contratados por prestación de servicios, cooperativas de trabajado asociado, o agencias de servicios temporales (9), lo que se expresa en cotizaciones discontinuas y esporádicas, que no les permite completar el número de semanas para acceder al derecho a la pensión. Problemas semejantes tienen los mayores de 40 años, quienes una vez pierden su trabajo tienen grandes dificultades para reubicarse laboralmente y reanudar cotizaciones al sistema.

Un estudio del Banco de la República (10) arrojó que del total de la población trabajadora sin educación que ingresó al mercado laboral en 2007, apenas el 11% lograría reunir el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse en el régimen de prima media.

 

Las alternativas de reforma e intereses en juego

 

A la hora de diseñar las alternativas que deberían ir en una reforma pensional, vale la pena recoger la reflexión que hace la OCDE en su diagnóstico de la economía colombiana. Señala que "el sistema de pensiones plantea serios problemas de equidad. La cobertura del régimen contributivo es baja, y la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con el 80% y 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay" (11). Tal diagnóstico, con el que coincidimos, debería llevar a una reforma pensional que, ante todo, le asegure a toda persona las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.

Sin embargo, en la reforma se juegan también otros intereses. Aunque para el gobierno el objetivo de la reforma debería ser asegurar "protección justa para la vejez", a la hora de presentar las alternativas su principal preocupación es cómo hacer sostenible financieramente el sistema pensional, un propósito que, siendo válido, no debe ser el foco de la reforma. Por eso durante el paso de Rafael Pardo por el Min-trabajo se llegó a proponer que el gobierno sólo estaría en condiciones de financiar pensiones de hasta dos salarios mínimos, y que quien aspirare a una pensión mayor debería abrir una cuenta en un fondo privado para cotizar por encima de dos salarios mínimos.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento del negocio financiero. Eso es lo que significa su propuesta de "marchitar el régimen de prima media, para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad al ISS" (elcolombiano.com, noviembre de 2011. Esto también recomienda Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradora que manejan el negocio de los seguros de riesgos profesionales.

Por su parte Asofondos, gremio de los Fondos Privados de Pensiones, coincide con el gobierno y con la OCDE en que la reforma debería contribuir a hacer sostenible financieramente el sistema, imponiendo tributos para las pensiones de jubilación más altas (sólo las de el régimen de prima media); definir la mesada sobre la base del cálculo del ingreso de los últimos 20 años; que la tasa de reemplazo sea mayor para los salarios más bajos; que la edad para pensionarse se defina basándose en la expectativa de vida de cada generación (respetando derechos adquiridos), pero que se debe igualar las edades de pensión de hombres y mujeres, compensando a las mujeres con un bono de maternidad que garantice sus cotizaciones por un año, después del nacimiento de cada hijo.

La OCDE hace un conjunto de propuestas que van desde la aplicación inmediata del programa BEPS y la ampliación del programa de atención al adulto mayor, hasta la adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro. Considera que la edad legal de jubilación es muy baja según los criterios internacionales, y por tanto "debería retrasarse más, y en el futuro debería ajustarse a la evolución de la esperanza de vida".

Considera, igualmente, que la tasa de sustitución (la mesada pensional), que hoy está entre el 65% y el 85% del salario medio de los 10 años anteriores, es muy alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 57% de los ingresos acumulados a lo largo de toda la vida. Propone también equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (privado), porque a su juicio "el primero es costoso e ineficiente". Por último, considera que es necesario revisar el requisito de que las pensiones sean al menos iguales al salario mínimo.

 

Por un pacto social para la protección social (12)

 

Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo o la sustancia del Estado Social, democrático y de derecho. En este punto lo que acordamos por consenso los colombianos en la reforma constitucional de 1991, es apenas una promesa inconclusa, constantemente amenazada y vulnerada desde las políticas neoliberales.

La crisis generalizada que presenta el sistema de protección social demanda una reforma integral, que le asegure sostenibilidad al sistema, pero cuyo foco sea asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor. En este sentido, la reforma debe recoger las reflexiones que se han hecho desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas y OIT. Para lograr este objetivo es fundamental promover una amplia deliberación pública a través del Diálogos Social, que incorpore a todos los actores sociales que tienen interés e implicación en el tema.

Por lo pronto, los sindicatos han estado construyendo propuestas para garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. Algunas de éstas se resumen en los siguientes objetivos:

  • - Estudio Técnico Actuarial, realizado por el departamento de Seguridad Social y Actuaria de la OIT, con garantía de alta calidad, rigor e imparcialidad. Este estudio abarca todas las instituciones públicas y privadas encargadas de las pensiones en Colombia, en todos sus componentes: régimen de ahorro individual con sus fondos privados de pensiones y sus sociedades administradoras; régimen de prima media con prestación definida; régimen público con todas las entidades; y entidades que manejan o tengan a su cargo regímenes especiales de pensiones.
  • - Sistema Pensional, como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
  • - Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos y recursos públicos, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica o si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingresos se podría incrementar mediante un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital (13). Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo (14). En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
  • - Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 7 salarios mínimos, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
  • - Un tercer pilar, para trabajadores(as) que puedan y quieran cotizar por encima de 7 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.
  • - La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores(as) que cumplieron la edad y cuentan hasta con el 70% de la semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
  • - Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  • - La reducción de las semanas de cotización de las mujeres, por lo menos a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta nace como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
  • - Bonos pensionales para las personas que se dedican a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

 

El sentido de las medidas para las mujeres

 

En el informe entregado por la OCDE al Estado Colombiano, en el que presenta agudas recomendaciones en materia de política económica laboral, se sugiere "equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y a mediano plazo incrementar la edad de jubilación y vincularla a la evolución de la esperanza de vida".

Al respecto cabe decir que esta no es una medida coherente con el propósito de la equidad de género, por varias razones. En primer lugar, el establecimiento de una edad de retiro diferenciada para mujeres y hombres, así como en el número de semanas requeridas para poder acceder a una pensión, obedece a una medida afirmativa, entendida en el derecho internacional de los derechos humanos como una medida temporal para corregir una situación de discriminación, por lo que no se debe entender como una medida discriminatoria. En resumidas cuentas, la igualdad es tratar igual lo igual y diferente lo diferente.

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como la OIT en distintas conferencias, coinciden en que este tipo de medidas son necesarias para cerrar las brechas de género y como estrategias para la superación de la desigualdad.

Frente a las condiciones de desventaja de las mujeres en el mundo laboral, las cuales justificarían un régimen particular para la protección social efectiva, la OIT ha expresado:

Las mujeres acumulan desventajas a lo largo de la vida. Constituyen un colectivo especialmente vulnerable porque muchas de ellas trabajan ya sea sin remuneración o con una remuneración escasa, a tiempo parcial, a menudo con interrupciones, o en la economía informal. En consecuencia, es menos frecuente que tengan derecho a recibir una prestación en concepto de pensión contributiva por derecho propio, e incluso cuando tienen derecho a ese tipo de prestaciones, las pensiones suelen ser muy inferiores a las de los hombres, al haber sido sus remuneraciones menores y al haber cotizado durante menos tiempo (OIT, 2009).

Conscientes de ello, algunos Estados han implementado ciertas medidas, como el establecimiento de una edad de retiro o el requerimiento de semanas cotizadas diferenciados para mujeres y hombres, los bonos pensionales para las mujeres como un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La apuesta en ese sentido sería: igualemos el número de semanas cotizadas y la edad de retiro, siempre y cuando el cuidado no remunerado tenga todas las garantías y se reconozca socialmente como actividad productiva. De otra manera esta pretendida "igualación" será discriminación.

Como lo puso de relieve la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001, la seguridad social debería promover el principio de igualdad de género y basarse en el mismo:

... En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de las mujeres a la seguridad social... y de considerar la posibilidad de introducir un salario mínimo, cuando todavía no exista. Cualquiera de los progenitores que se ocupe del cuidado de los hijos debería disfrutar de las prestaciones de la seguridad social previstas a tal fin. Además, cada sociedad debería considerar la posibilidad de introducir una discriminación positiva a favor de las mujeres allí donde haya que hacer frente a la discriminación propia del sistema. (OIT, 2006).

El establecimiento de pensiones en régimen especial para la población "inactiva" dedicada a los oficios del hogar que, como se dijo, concentra a casi 5 millones de mujeres, puede ser una medida de reconocimiento del valor económico y social del cuidado, resaltando que serían necesarias medidas adicionales que transformen las relaciones de género en el cuidado.

Frente a la propuesta de la OCDE de ligar la edad pensional con la esperanza de vida, vale retomar lo dicho por la OIT en su Conferencia de 2009: "...para muchas personas vivir más tiempo también significa vivir con recursos escasos durante un período más largo, de forma que la pobreza en la vejez es una de las principales preocupaciones actuales". De este modo, si bien es cierto que la esperanza de vida en general se ha incrementado, persisten fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de género en el empleo, y aun las cargas de cuidado en las edades más avanzadas es importante (15), ya que muchas de estas mujeres forman parte de las redes de apoyo a otras mujeres para que participen en el mercado de trabajo.

[1] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades al congreso, 2013 – 2014, pág. 67.

[2] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pág 337, 37.

[3] Top 5 de la inversión más alta: Defensa y Policía – 27,744 billones de pesos; Educación – 27,276 billones de pesos; Trabajo – 24,457 billones de pesos; y educación Salud y Protección Social – 18,004 billones de pesos; Hacienda - 14,506 billones de pesos. Con información del Ministerio de Haciendahttp://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro.

[4] En el 1ño 2000, el 44.4% de los afiliados a los fondos privados de pensiones provenía del antiguo ISS, en el 2014 es sólo el 12%. Los propios asesores de los fondos aconsejan a muchos afiliados que se cambien para Colpensiones pues allí van a tener una mejor pensión que la que pueden alcanzar en un fondo privado, un fenómeno que explica el crecimiento del 16% de los afiliados a Colpensiones en el último año.

[5] La creación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y ha sido reglamentado mediante los Decretos 604, 1872 y 2983 de 2013.

[6] DANE, los componentes de la canasta familiar y su ponderación según los niveles de ingresos.

[7] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades2013 - 2014al congreso, pág.78
[8] Un ejemplo que ilustra esta situación lo da ACOSET, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales, las que en el año 2012 enviaron 595.590 trabajadores en misión, los que celebraron 1.295.000 contratos laborales en ese año. ACOSET. Datos estadísticos del sector de servicio temporal en Colombia, 2012, pag. 8.

[9] LÓPEZ, Hugo y LASSO, Francisco. (2012) El mercado laboral y el problema pensional colombiano. Disponible en [http://www.banrep.gov.co/es/borrador-736]

[10] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pag. 337, 37.

[11] Las propuestas que siguen son el producto de varios seminarios que con el auspicio de FESCOL y de la ENS, se hicieron durante el 2013 y 2014, en la que participaron delegados la CUT, la CTC y organizaciones sindicales del sector de la salud.

[12] "La utilización de los gastos tributarios ha crecido de forma constante en Colombia desde principios del decenio de 2000; su número aumentó de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Según las estimaciones, en 2010 los ingresos fiscales sacrificados representaron entre el 3% y el 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2012a). (...) El gran número de gastos tributarios – por ejemplo, aquellos relacionados con las zonas de libre comercio, los regímenes legales, las tasas preferenciales para las pequeñas empresas (las denominadas SAS) y las tasas reducidas y exenciones del IVA – no sólo merman los ingresos sino que también añaden un alto grado de complejidad al sistema, lo cual encarece su administración y cumplimiento, y facilita la elusión y evasión" (o.c, pág 41).

[13] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009. Pág. 7. Citado por: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo convocado por la OIT en colaboración con la OMS, y presidido por Michelle Bachelet. OIT, 2011. Pág. 10.

[14] En edades avanzadas (65 años y más), la participación de las mujeres en actividades del cuidado no remunerado se mantiene en un 84.2% mientras que la que corresponde al trabajo remunerado es del 17.7%; las mujeres en este rango de edad dedican 4h 49min en promedio a estas actividades diariamente. (OSORIO, 2014).

 

Publicado enColombia
"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Domingo, 07 Diciembre 2014 09:46

Un movimiento genuino por el cambio social *

Un movimiento genuino por el cambio social *

La guerra es la salud del Estado, escribió el crítico social Randolph Bourne en un ensayo clásico cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial:
Automáticamente pone en movimiento en toda la sociedad esas fuerzas irresistibles de uniformidad, de cooperación apasionada con el gobierno para forzar a la obediencia a grupos minoritarios e individuos que carecen del sentimiento de rebaño... Otros valores, como la creación artística, el conocimiento, la razón, la belleza, la mejoría de vida, son sacrificados de inmediato y casi en forma unánime, y las clases significativas que se han constituido en agentes aficionadas del Estado se dedican no sólo a sacrificar esos valores para sí mismas, sino a obligar a otras personas a sacrificarlos.


Y al servicio de las clases significativas de la sociedad estaban los intelectuales, adiestrados en la dispensa pragmática (exención del deber religioso de no matar), inmensamente listos para la ordenación ejecutiva de los acontecimientos, dolorosamente impreparados para la interpretación intelectual o el enfoque idealista de los fines.


Están alineados al servicio de la técnica de guerra. Parece haber una particular afinidad entre la guerra y esos hombres. Es como si hubieran estado esperándose mutuamente.


El papel de los intelectuales tecnocráticos en la toma de decisiones es predominante en aquellas partes de la economía que están al servicio de la técnica de guerra y vinculadas de cerca con el gobierno, que apuntala su seguridad y crecimiento.


Poco es de extrañar, pues, que los intelectuales tecnócratas estén típicamente comprometidos con lo que el sociólogo Barrington Moore llamó en 1968 la solución depredadora de la reforma simbólica en el interior y el imperialismo contrarrevolucionario en el exterior.


Moore ofrece el siguiente resumen de la voz predominante de Estados Unidos en el interior y el exterior, una ideología que expresa las necesidades de la élite socioeconómica del país, que es postulada con diversos grados de sutileza por muchos intelectuales estadunidenses y que gana adhesión sustancial de la mayoría que ha obtenido alguna participación en la sociedad acaudalada:


"Uno puede protestar con palabras todo lo que quiera. Sólo hay una condición inherente a la libertad que nos gustaría mucho alentar: las protestas pueden ser tan estentóreas como sea posible, siempre y cuando permanezcan inefectivas... A quien recurra a la fuerza, de ser necesario, lo borraremos de la faz de la tierra mediante la respuesta mesurada que hace llover fuego de los cielos."


Una sociedad en la que esta es la voz predominante sólo puede mantenerse mediante alguna forma de movilización nacional, la cual puede variar en extensión desde, como mínimo, una asignación de recursos sustanciales hasta una amenaza creíble de fuerza y violencia.


Dadas las realidades de la política internacional, este compromiso sólo puede mantenerse en Estados Unidos mediante alguna forma de sicosis nacional: una guerra contra un enemigo que aparece con muchos disfraces: burócrata del Kremlin, campesino asiático, estudiante latinoamericano y, sin duda, guerrilla urbana dentro del país.


Tradicionalmente, el intelectual ha quedado atrapado entre las demandas en conflicto de la verdad y el poder. Le gustaría verse como el hombre que busca discernir la verdad, decir la verdad como la ve, actuar –colectivamente donde pueda, individualmente donde deba– para oponerse a la injusticia y la opresión, para contribuir a dar forma a un mejor orden social.


Si elige este camino, puede esperar ser una criatura solitaria, despreciada o injuriada. Si, por el contrario, pone sus talentos al servicio del poder, puede lograr prestigio y riqueza.


También puede tener éxito en persuadirse –tal vez con justicia, en un momento dado– de que puede humanizar el ejercicio del poder de las clases significativas. Quizás espere unirse a ellas o incluso remplazarlas en la función de manejo social, en interés final de la eficiencia y la libertad.


El intelectual que aspira a este papel puede valerse de la retórica del socialismo revolucionario o de la ingeniería social del Estado de bienestar al perseguir su visión de una meritocracia en la que el conocimiento y la capacidad técnica confieran poder.


Puede representarse a sí mismo como parte de una vanguardia revolucionaria que abre el camino hacia una nueva sociedad, o como un técnico experto que aplica tecnología gradual al manejo de una sociedad que puede atender sus problemas sin cambios fundamentales.


Para algunos, la elección puede depender de poco más que una evaluación de la capacidad relativa de las fuerzas sociales en competencia. No resulta sorprendente, pues, que con mucha frecuencia los papeles cambien: el estudiante radical se vuelve el experto en contrainsurgencia.


En cualquier caso, es necesario ver sus afirmaciones con recelo: propone la ideología convenenciera de una élite meritocrática que, según la frase de Karl Marx (aplicada en este caso a la burguesía), define las condiciones especiales de su emancipación (como) las únicas condiciones generales por las que la sociedad moderna puede ser salvada.

 

El papel de los intelectuales y los activistas radicales, pues, debe ser sopesar y evaluar, intentar persuadir, organizar, pero no capturar el poder y gobernar. En 1904, Rosa Luxemburgo escribió: Históricamente, los errores cometidos por un movimiento verdaderamente revolucionario son infinitamente más fructíferos que la infalibilidad del comité central más brillante.

 

Estas observaciones son una guía útil para el intelectual radical. También brindan un refrescante antídoto al dogmatismo tan típico del discurso de la izquierda, con sus áridas certidumbres y su fervor religioso con respecto a asuntos que apenas si se entienden: el autodestructivo equivalente en la izquierda a la petulante superficialidad de los defensores del statu quo, incapaces de percibir sus propios compromisos ideológicos más de lo que un pez percibe que nada en el mar.


Siempre se ha dado por sentado entre los pensadores radicales, y con justa razón, que la acción política efectiva que amenaza intereses sociales arraigados conducirá a la confrontación y la represión. Es, por consiguiente, un signo de bancarrota intelectual para la izquierda buscar construir confrontaciones; es una clara indicación de que los esfuerzos por organizar una acción social significativa han fallado.


Particularmente objetable es la idea de diseñar confrontaciones con el fin de manipular a los participantes inconscientes para que acepten un punto de vista que no surge de una experiencia significativa, de un entendimiento real. No es sólo un testimonio de irrelevancia política, sino también, precisamente porque es manipulador y coercitivo, una táctica propia sólo de un movimiento que apunta a mantener una forma elitista y autoritaria de organización.


Las oportunidades de los intelectuales de tomar parte en un movimiento genuino de cambio social son muchas y variadas, y creo que ciertos principios generales son claros. Los intelectuales deben estar dispuestos a encarar los hechos y abstenerse de erigir fantasías convenientes.


Deben estar dispuestos a emprender el arduo y serio trabajo intelectual requerido para hacer una aportación real al entendimiento. Deben evitar la tentación de unirse a una élite represiva, y deben ayudar a crear las políticas de masas que contrarresten –y en última instancia controlen y remplacen– las fuertes tendencias a la centralización y al autoritarismo que están profundamente arraigadas, pero no son inescapables.


Deben estar preparados a enfrentar la represión y a actuar en defensa de los valores que postulan. En una sociedad industrial avanzada existen muchas posibilidades para la participación popular activa en el control de las grandes instituciones y la reconstrucción de la vida social.


Hasta cierto punto, podemos crear el futuro en vez de limitarnos a observar el flujo de los acontecimientos. Dado lo que está en juego, sería criminal dejar que las verdaderas oportunidades pasen inexploradas.


* Este artículo está adaptado del ensayo Conocimiento y poder: los intelectuales y el Estado de bienestar-guerra, que apareció en el libro de 1970 La nueva izquierda, editado por Priscilla Long. El ensayo está reimpreso en Masters of Mankind: Essays and Lectures, 1969-2013, por Noam Chomsky.
** El libro más reciente de Noam Chomsky es Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Interviews with David Barsamian (Sistemas de poder: conversaciones sobre levantamientos democráticos mundiales y los nuevos desafíos al imperio de EU: entrevistas con David Barsamian. Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.
© 2014 Noam Chomsky
Distributed by The New York Times Syndicate
Traducción: Jorge Anaya

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Jueves, 03 Abril 2014 09:38

Solidaridad internacional en Marcha

Solidaridad internacional en Marcha

Del 6 de mayo al 7 de junio del 2012, casi un mes después de haberse lanzado la Marcha Patriótica como Movimiento Político y Social, se realizó la primera gira de socialización por Europa. En ese momento se visitaron 8 países (Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, Irlanda, Italia, Alemania y España) y 14 ciudades (Ginebra, Lausanne, Berna, Zurich, Grenoble, Lyón, París, Bruselas, Estocolmo, Dublín, Milán, Dusseldorf, Sevilla y Madrid.)

 

La solidaridad con el pueblo colombiano fue el objetivo principal de esa primera gira.

 

Otras visitas a países del viejo y nuevo continente han realizado diferentes voceros y representantes de la Marcha Patriótica, encontrando siempre una favorable acogida con los integrantes de este movimiento, sus denuncias y propuestas, que representa a más de 2000 organizaciones en todo el país. Prueba de ello han sido los diversos llamados y actos de solidaridad demostrados por parlamentarios europeos como Willy Meyer, Ines Zuber y Richard Howitt; organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos como Justice For Colombia (JFC) e intelectuales como Noam Chomsky y Nestór Kohan.

 

Nueva gira

 

Por estos días una delegación de Marcha Patriótica, integrada por el vocero nacional del movimiento político: David Flórez y los representantes del sector agrario del mismo: Olga Quintero, Luz Perly Córdoba y Angel Torres, se encuentran en Europa, donde participarán de reuniones con organizaciones defensoras de DDHH, gobiernos y diferentes políticos de Barcelona, Londres e Irlanda del norte.

 

Esta gira tiene como objetivos: 1) visibilizar la persecución contra Marcha Patriótica y el movimiento social colombiano. 2) abogar por la libertad de los prisioneros políticos que han sido denunciados como víctimas de montajes judiciales. 3) establecer relaciones con gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales de Europa. 4) recabar apoyos para la solución política, la paz con justicia social y la asamblea nacional Constituyente. 5) visibilizar el ascenso del movimiento social y sus demandas.

 

Dentro de la agenda dada a conocer por David Flórez a través de su cuenta de Twitter se encuentran reuniones en escenarios de importancia internacional como la Comisión de DDHH del Parlamento Europeo y una reunión con la Representante de Relaciones Exteriores de la Unión europea.

 

Resultados esperados

 

Esta gira se realiza luego que el pasado 20 de enero de este 2014 Piedad Córdoba anunciara la posibilidad de una posible disolución de la Marcha Patriótica al presentar, en conferencia de prensa, un informe donde explicó cinco patrones de persecución contra el movimiento político y que han dejado como resultado la muerte de 30 de sus militantes, la desaparición de otros tres y procesos judiciales contra cerca de 200 de sus integrantes, dentro de los cuales se encuentran tres de sus dirigentes.

 

La falta de garantías a la oposición política y el gran descalabro al proceso de paz que significaría una posible disolución de la Marcha Patriótica ha tenido eco en escenarios nacionales. Diversos llamados de alerta, actos de solidaridad y reuniones importantes con el director general de la Policía, Rodolfo Palomino; con el comandante del Ejército Nacional, general Juan Pablo Rodríguez; con el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y con el Presidente de la República Juan Manuel Santos y los ministros de Justicia: Alfonso Gómez Méndez y del Interior: Aurelio Iragorri han servido para llamar la atención sobre un asunto claro y cierto: la intolerancia y persecución al pensamiento diferente.

 

Ahora el turno es para el escenario internacional. La gira de la delegación de Marcha Patriótica intentara volcar la atención sobre el escenario de guerra sucia en Colombia donde las cifras de asesinados, desaparecidos y encarcelados por pertenecer y encarnar ideas contrarias a lo establecido aumentan día a día.

 

Anuncio de paro

 

Esperemos que estas reuniones en espacios internacionales sirvan para que los discursos de democracia que el candidato presidente Juan Manuel Santos siempre ha pronunciado no sean, como hasta ahora, mera mermelada.

 

El paro nacional agrario que diversas organizaciones agrarias del país han anunciado para el mes de mayo, y que nadie parece pararle bolas, será un importante escenario a tener en cuenta.

 

@ignotolegris

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Las mujeres tejiendo la construcción de la paz democrática con justicia social

Mujeres por la paz es una iniciativa donde confluyen más de 100 organizaciones y expresiones del Movimiento Social y político de Mujeres, surge al calor de los diálogos de la Habana, con el propósito de posicionar la presencia política de las Mujeres en los procesos de paz, y con la finalidad de arropar y fortalecer el proceso de diálogos entre la Insurgencia de las farc-ep y el Gobierno Nacional, que conduzcan a un acuerdo que permita avanzar hacia la conquista de una paz duradera, con justicia social e incluyente con las Mujeres.

 

A un año de su creación, Mujeres por la paz ha promovido la participación de las Mujeres en la gran movilización Nacional de respaldo a los diálogos y por la Paz realizada el 9 de abril, ha realizado giras a lo largo y ancho del país promoviendo la participación de las mujeres como precursoras en la lucha por la paz; también fue una de las organizaciones convocantes de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, junto con ONU Mujeres, Casa de la Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Iniciativa de Mujeres por la Paz, entre otras organizaciones, realizada recientemente en Bogotá, a la que asistieron aproximadamente 500 mujeres que discutieron sobre el punto 6 de la agenda de la Habana: Implementación, verificación y refrendación de los acuerdos; algunas organizaciones propusieron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, "no como un mecanismo de refrendación de los acuerdos, sino como perspectiva de implementación que quede convocada en el acuerdo general para la terminación del conflicto". En esta cumbre también se clamó por el cese bilateral del fuego,por la ampliación de la mesa a otros actores insurgentes y a nivel temático; y alternativas que aseguren la implementación de los acuerdos en el proceso de la posguerra, en el entendido que los conflictos sociales continuaran. y que la apuesta central será avanzar en la garantía de la construcción de la sociedad en su conjunto de una paz democrática con justicia social y con dignidad.

 

En el camino de la visibilización y participación critica del pueblo colombiano, las comunistas nos sumamos al llamado realizado por las mujeres, para expresar en las calles nuestros sentidos, sueños y construcciones de paz con justicia social, llamamos a pactar en las calles el nuevo orden social y sexual, no queremos ser pactadas, nos encontraremos con nuestras diversas voces, en la gran movilización del próximo 22 de Noviembre de Mujeres por la Paz A continuación transcribimos el llamamiento de Mujeres por la Paz a esta gran movilización por la paz:

 

 

La paz con las mujeres si va...

 

Llamamiento de las mujeres a la movilización nacional por la paz

 

Bogotá, Noviembre 22 de 2013.

 

La esperanza de una salida política al conflicto social y armado sigue evidenciándose en el torrente de la movilización social y popular, en este contexto las mujeres convocamos a todas y todos a la movilización nacional el 22 de noviembre, para reafirmar la necesidad de unirnos, protestar, exigir y proponer, cesar la guerra, disponernos a la construcción de paz, y demandar las profundas transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas necesarias, para hacer frente a la desigualdad social, a las injusticias, violencias y guerras públicas y privadas, por que deseamos tener un presente libre de violencias y una sociedad en paz donde seamos reconocidas como sujetas deliberantes y decisorias en un nuevo pacto social y sexual.

 

Por estas múltiples razones, nosotras Mujeres que le apostamos a la paz: sujetas políticas, forjadoras y constructoras históricas de la paz, con voces, cuerpos, y rostros concretos, desde múltiples diversidades, Convocamos a las mujeres que habitan en los territorios de nuestras llanuras orientales hasta nuestras exuberantes selvas del Pacifico, del Urabá a las sabanas y valles del Caribe, de la Sierra Nevada hasta la inmensa Amazonia, pasando por las cordilleras que irrigan el corazón del país, para que hagamos un llamamiento a todas y todos, de todas las etnias, en todas las lenguas, en los territorios, veredas, municipios, ciudades, para que nos unamos a manifestar la exigencia de la tan anhelada paz con justicia social.

 

Asumimos hoy en el marco del avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, la búsqueda y construcción de la PAZ, por ello exigimos a las partes mantener la voluntad política para no levantarse de la mesa, así, como a la sociedad colombiana y sus distintas formas de resistencia a comprometerse a generar propuestas para un país que pueda ir junto con nosotras hacia la justicia y la democracia, un país que se disponga a vivir en paz.

 

Es así que las Mujeres comprometidas con la construcción del bien sublime de la paz desde la diversidad de propuestas: políticas, sociales, religiosas, culturales, artísticas, profesionales, laborales, juveniles llamamos al conjunto de las fuerzas sociales y populares a sumarse al compromiso de proteger y acompañar el proceso de diálogos que se desarrollan en la Habana, más aun frente a la arremetida de sectores contradictores de la paz; que por el camino de la guerra pretenden sostener sus intereses económicos y políticos; a fin de usufructuar el poder fundamentalmente patriarcal, no solo desde la lógica paramilitar y de recrudecimiento del conflicto, sino también desde el escenario electoral.

 

Llamamos no solo a movilizarnos, sino a concretar un gran acuerdo y diálogo por la democracia, la paz y la justicia social para todas y todos, que movilice y genere un escenario de debate y reflexión donde miles de colombianas y colombianos participemos, para proteger política y socialmente los acuerdos de La Habana con una retroalimentación desde el movimiento social, siendo indispensable que se sumen y pongan sobre la mesa y en lo público las propuestas que las mujeres hemos venido construyendo ya que somos fuerza vital del país, y agentes primordiales para el cambio social.

 

La paz con las mujeres sí va.

 

Todas y todos por un acuerdo de paz con justicia social

 

Súmate y movilízate con nosotras hacia Bogotá el 22 de noviembre

 

Punto de encuentro: Parque nacional, 9 am.

 

Convoca: mujeres por la paz

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Foro: La reconstrucción social y sus sujetos, ¿unidad de la izquierda?, 20 - 21 de noviembre

Un reto colectivo, con previsión, plazos y espacios de suma e iniciativa

 

Pre foro

(6 de noviembre)

Videos

 

 

Movimientos sociales y políticos, sus articulaciones. Omar Fernández

 

Formas de Lucha, cambios y retos: Las experiencias de gobierno. Carlos Vicente de la Roux


Formas de Lucha, cambios y retos: Las experiencias de gobierno. Magnolia Agudelo


Crisis de idearios y nuevos referentes ideológicos y políticos. Daniel Libreros


Crisis de idearios y nuevos referentes ideológicos y políticos. Héctor León Moncayo

 

Movimiento sociales y sus articulaciones. Edwin Cruz

 

 

 xxxxxPONENCIAS

Si algo asombra en la vida pública de Colombia es la hegemonía e iniciativa del poder, con margen y exhibición de cooptaciones para exculpar y tapar su violencia y los resultados inhumanos de su gestión y gobierno. Una característica en parejo, con la división de la izquierda y ausencia de un liderazgo nacional colectivo, eficaz y legítimo, de un vanguardismo desde el ayer, con rígidos esquemas que apartan y cuestionan en el activismo diario, la imaginación, el sentido de la oportunidad y la urgencia de un país nuevo.

 

No es casual entonces, ni pasajera la postura de cada quien en "su" proyecto, sin escuchar otras voces compañeras. Y de este modo, bajo el supuesto de que "el pueblo está listo" en cada vanguardia, otorgar y permitir espacio y ventaja al adversario oligárquico. Forzados por esta correlación, a un transitar del campo popular sin continuidad, decisión ni elaboración de poder y de gobierno. Por la transformación estructural, cultural, económica, social y política de nuestra Patria.

 

Una realidad que en vez de rectificación y autocrítica sincera, reafirma viejas prácticas y léxicos expresos de: unos superiores que mandan y otros obedecen, o en alusión a los contenidos y actores posibles de la movilización y de la elaboración teórica, "eso es tarea de la dirección" o "espera a los delegados de Conferencias y Congresos", en un ritmo lento o de ausencia de un intercambio, que estanca los surcos para la inconformidad y la rebeldía de nuestra gente.

 

En un mundo y una sociedad global, con apenas indicios y propuestas de multilateralidad, bajo el efecto y los impactos de guerra, reparto político, utilidades financieras transnacionales y marginación de pueblos, son más las razones para el compromiso y sueño por un curso efectivo en la lucha por la justicia social y la dignidad humana, y dado el proseguir de la revolución tecno-científica en curso desde hace más de cuatro décadas con avance del conocimiento, hay motivos que obligan a reflexionar sobre la situación concreta del continente, sus proyectos, la región y el país.

 

Aquí en el terruño y su influencia geopolítica, tenemos al frente un riesgo a comienzos de la década de los veinte, por derivación de los planes estratégicos, de infraestructura y explotación de recursos en la subordinación al mercado y el capital internacional de quienes controlan las riendas del poder: el plan y la pretensión de renovación de su matriz económica durante los dos próximos lustros, que con manejo de un ingreso y bonanza, podría aumentar la preeminencia en la correlación estratégica del modelo económico, en desfavor del avance de las luchas sociales y política.

 

Señaladas una vez las anteriores realidades y riesgo, el equipo humano que hace posible el periódico desdeabajo, en común, unión y suma de los colectivos estudiantiles y sindicales Dignidad Educativa, Rebeldía Estudiantil Organizada, Colectivos de Estudio y Trabajo Sindical y Corriente Estudiantil Popular, organiza en Bogotá los días 20-21 de noviembre el Foro: "La reconstrucción social y sus sujetos, ¿unidad de la izquierda 2013-2019?".

 

Nos inspira y anima poder contar con la presencia de la mayor cantidad de organizaciones sociales y políticas, además, de otros liderazgos sociales, para conversar entre todos con oído abierto, y conocer y exponer tesis y proyecciones políticas de mediano y largo plazo. Evaluar el sentido de experiencias que resumen los gobiernos locales alternativos, en fin, disponernos a un accionar común que ojalá, en corto plazo, tenga traducción en constituir nuevas, renovadas y fortalecidas opciones políticas para el cambio. Un nuevo puerto.

 

Con una mirada de respuesta, de superar las limitaciones constatables del apoyo popular, llamamos a disponernos a un debate abierto para la elaboración y formulación de una línea política que hemos dado en llamar "de inclusión, poder y gobierno". Esfuerzo desde la cual y con la cual, con rescate del esfuerzo, el sudor, las lágrimas y la sangre hasta hoy, surja una nueva generación de activistas con potencial de liderazgo colectivo, con visión de país, de región y de mundo. Una nueva generación con criterios y base en lo mejor de la ciencia y del saber, pero con sensibilidad ante el tiempo (que en la disputa política no es eterno ni más que prolongado) y el territorio (que tiene en cada comunidad y experiencia a inter-relacionar sus coordenadas y soportes de calado estratégico).

 

Sobre la táctica y la estrategia

Luis Matini

Argentina

 

Lo colectivo y organizado, versus el individuo atomizado

 

Leda Berlusconi, Argentina
 

Hacia la refundación del pensamiento crítico y los movimientos antisistémicos

 

Raúl Zibechi

Uruguay

 

La protesta social: protagonista del gobierno Santos

 

Edwin Cruz Rodríguez

Colombia

 

El correísmo, modelo social y político de dominación

 

Barbara Natalia Sierra Freire

Ecuador

 

Movimientos sociales en América Latina: entre la forma-comunidad y la forma-Estado


Leopoldo Múnera Ruíz

Colombia

 

Invitados internacionales y nacionales

Argentina: Juan Arnold Kremer (Luis Matini)
Leda Berlusconi.

Ecuador: Natalia Sierra F.

Bolivia: Oscar Rubén Olivera F. Uruguay: Raúl Zibechi


Clara López (PDA), Antonio Navarro (Progresistas), Feliciano Valencia (País común), Jorge Iván Ospina (Podemos Cali), Alberto Castilla (Congreso de los Pueblos), David Flores (Marcha Patriótica), Omar Fernández (Comosoc)

 

Debate

- Crisis de idearios y nuevos referentes ideológicos y políticos
- Movimientos sociales y políticos, sus articulaciones
- Formas de lucha, cambios y retos. Lo electoral. Experiencias de gobierno

 

Valor inscripción

Individual: $ 150.000
Estudiantes: $ 110.000

 

Fecha recepción de ponencias:10 de noviembre

 

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La consciencia de los ciudadanos y la inconsciencia de los gobiernos

Por si hubiera necesidad de remarcar la brecha creciente entre el sentir de los ciudadanos y la clase política gobernante, la última encuesta anual sobre opinión pública que realiza el instituto German Marshall Fund de Estados Unidos, es contundente.

 

Este año, la encuesta estaba dirigida sobre todo a Siria y otros acontecimientos del Medio Oriente. Está claro que, en Europa, los ciudadanos son profundamente escépticos sobre cualquier intervención militar en Siria. Como promedio, el 70% de los entrevistados en diez países europeos y Turquía, se declararon contrarios.

 

La patética derrota del Premier inglés Cameron al intentar llevar su país a la guerra, por la negativa que le infligió su propio parlamento, representa un distanciamiento sin precedente entre Washington y Londres, unidos desde siempre por "una relación especial". El otro aliado europeo para la intervención en Siria, el presidente francés Hollande, encontró que el 65% de los franceses estaban en contra de cualquier tipo de intervención. La líder alemana Merkel (no está interesada en ser una líder europea), tuvo mucho cuidado en distanciarse de la cuestión siria.

 

Pero la encuesta del German Marshall Fund señala que también, en el otro lado del Atlántico, el 62 % de los americanos se opone a intervenciones militares, en comparación con el 55% de hace un año. El giro de Putin, al buscar una salida política y no militar, lo ha vuelto a colocar entre los líderes mundiales, a pesar de sus dudosas cualificaciones.

 

Estamos claramente en un mundo esquizofrénico, donde la inmensa mayoría dice una cosa y una ínfima minoría hace otra, a nombre de la primera. Holanda, símbolo de civismo y tolerancia, acaba de decidir la compra de 37 unidades del Jet F35 por 6.000 millones de dólares, que comportan un costo de mantenimiento anual de 300 millones de dólares. Esto sucede mientras Holanda atraviesa una crisis económica que --siguiendo el dogma actual-- se piensa solucionar recortando el sistema social. El rey Guillermo, en su discurso de apertura del año parlamentario, declaró que el Estado de bienestar social ya "no es sostenible" y que "cada holandés debe adaptarse a los cambios que se avecinan".

 

Resulta curiosa la idea que la seguridad pase, en Europa, por la vía de las armas. Como también es difícil imaginar contra quién piensa utilizar Holanda sus F35. No existe un ejército europeo, sino una colección disparatada de ejércitos nacionales, descoordinados entre sí, que dependen totalmente de Estados Unidos para cualquier acción real. Hoy es difícil mirar a Rusia, cuyo ejército está en una profunda crisis, como un posible agresor. Los conflictos internos en el Medio Oriente creados con el fin de las dictaduras no son amenaza para Europa. El escenario de próximos conflictos, que es Asia, tampoco afecta la paz interna de Europa.

 

Más bien cabría interrogarse hoy sobre qué significa el concepto "seguridad" para un ciudadano. Es obvio que su idea de seguridad es la humana, no la militar. Para los ciudadanos holandeses --a los cuales se les prepara para probar la misma amarga medicina que la ortodoxia neoliberal en el poder ha administrado hasta ahora al Sur de Europa--, la seguridad probablemente consiste en mantener una vida digna, con un puesto de trabajo decente, contar con una red de servicios escolares y médicos eficientes y alcanzar --tras una vida de trabajo y pago de impuestos—que el estado le asegure una vejez serena y tranquila. Esto significa para ellos seguridad, no los F35.

 

Miremos las cifras y reflexionemos. Propongamos que de cada 100 dólares que van a parar a la seguridad militar, diez se dediquen a la seguridad humana. Parecería una propuesta fácil, obvia, y que no encontraría ninguna oposición, a simple vista. Pues bien, analicen cada presupuesto nacional y notarán que, de realizarse esto, la suma que se liberaría sería superior al gasto de cultura e investigación nacional; o al de la cooperación internacional, que asegura la paz mucho más que las armas: No olvidemos que Costa Rica, eliminó su ejército y con él, el analfabetismo y la ignorancia. O que cuando Centroamérica se vio arrastrada por Reagan a su guerra en contra del peligro marxista nicaragüense, el Presidente tico Oscar Arias solucionó el conflicto con un plan de paz que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1987. La triste herencia de este período de guerra son las bandas criminales –maras--, que convierten a El Salvador y Honduras en los países con más violencia del mundo.

 

El problema no está en los ciudadanos, sino en la clase gobernante. Los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, garante de la paz mundial, producen el 82% de las armas. Si ellos dedicaran a la paz este gigantesco presupuesto, seguramente cumplirían su tarea de defensores de la seguridad con resultados más concretos. Sin embargo, no se están solucionando ninguna de las dos amenazas existenciales sobre nuestro planeta: el cambio climático y el arsenal nuclear. La supeditación de la política actual a las finanzas está creando el mayor sentimiento de inseguridad en los ciudadanos de la época actual. Según las proyecciones estadísticas de la London School of Economics, en 2030 estaremos volviendo al nivel de desigualdad de la Reina Victoria. Los F35 son una respuesta claramente sin sentido para esta situación.

 

San Salvador, Bahamas, sept. 2013

 

- Roberto Savio, fundador y presidente emérito de la agencia de noticias IPS (Inter Press Service) y Publisher de Other News

http://www.alainet.org/active/67832

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Honduras. Cuatro años de sangre y terror

¿Cómo podríamos los narradores escribir una novela de terror social si estamos hundidos en los miasmas del espanto, el pánico y la desmesura cotidiana, con el corazón convertido en un pequeñito aparato de aliento lleno de miedo y de desolación?

 

Cada día el sicariato parece extender sus tentáculos en todas las direcciones posibles, como si de la caja de pandora surgiese la muerte misma arrebatando vidas y honores a toda la ciudadanía nacional.

 

Vivimos en el infierno mismo que el Dante describiera con total descarnidad y profuso ritmo poético, pero con una imaginación que desborda toda razón y toda lógica.

 

Qué es esto pues que vivimos entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta ignominia, tanta ola criminal, tanta muerte violenta, mientras el cinismo gubernamental grita a los cuatro vientos que ha bajado la ola patibularia del delito que ataca las vidas de los hombres y mujeres que habitamos la dulce Hibueras que soñaran nuestros próceres independentistas y nuestros poetas primigenios en el sueño de los amaneceres.

 

El 28 de junio de 2009, el aquelarre político más descompuesto que la historia registra en los anales de la represión nacional, abrió sus compuertas para asestar el golpe de Estado más sangriento en la historia contemporánea, abrió sus postigos para desbocar la perversión asesina que asola calles, esquinas, lugares públicos, en fin, todo espacio de la patria anegada con sangre de inocentes que sueñan con una nueva nación refundada para la paz, la convivencia y la equidad, con justicia y democracia verdadera.

 

Ya no queda más tinta para explicar causas y efectos, si no solo el tornasol de la violencia a campo traviesa, como si la guadaña del asesinato fuese descabezando todas las cabezas posibles, en un trágico cuarto oscuro, hoy así convertida la patria de Francisco Morazán.

 

No descansan las lágrimas de ser vertidas por los familiares, amigos, o simples ciudadanos que con el horror en el rostro, todos los días ven caer sobre la tierra o el pavimento los cadáveres de las víctimas como simples animales de matadero público.

 

Cuatro años donde el pueblo levantado en la beligerancia y la búsqueda de la paz y la democracia, pese a cada uno de sus desmembraciones más sentidas y trémulas de dolor, sigue en cada casa o en cada colectivo de base, sosteniendo la antorcha de la reivindicación social, política y económica, como una bandera de esperanza y redención.

 

Cuatro años que parecen cuatro siglos de una pesadilla que no descansa, de una noche horrenda que no amanece, cuatro años sufridos, llorados, amedrentados, aterrorizados, en cada mañana, medio día, tarde o noche, en el desenfreno de la locura esquizofrénica que nos aniquila.

 

Pero habrá un día en que todo este descalabro y caos impuesto a sangre y persecución, habrá de parar, será el día del juicio electoral, el día de la justicia política, el día de la redención democrática, el día del voto popular, un día que ya todos recordamos de antemano en el futuro mismo del devenir que nos ofrece el 24 de noviembre del presente año, cuando la primera mujer presidenta del país tome las riendas del gobierno nacional como resultado de una victoria del pueblo insurreccionado en las urnas y volcado como un río caudaloso sobre las mesas receptoras de los votos multiplicados a la más alta potencia democrática posible.

 

Habrá de llegar ese día, la fecha del fin del infierno y de la condena que injustamente nos han sentenciado por el solo delito de soñar un país soberano sin cadenas que apuntala sobre el horizonte su luz de amanecer brillante y justiciero.

 

- Galel Cárdenas es escritor hondureño.

 

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