Jueves, 03 Marzo 2011 20:16

Panama. Ricos contra pobres

Un dirigente gremial de los profesores de la Universidad de Panamá me escribió diciendo que “es muy cierto que ningún extranjero debe alterar el orden público e incitar a la violencia. Pero también es muy cierto que ningún extranjero debe venir a contaminar estas tierras, a depredar sus recursos o a exigir cambios en las leyes para su propio provecho y mucho menos que el presidente (de la República) llame por teléfono para dar cuenta de que ha cumplido con su tarea.
 
“En el caso del periodista Paco Gómez Nadal es aconsejable y oportuno que el gobierno nacional muestre a la luz pública las pruebas que se le imputan y que han conducido a su salida del país”.
 
Desde Madrid, España, donde fue expulsado Gómez Nadal, por orden directa del presidente Ricardo Martinelli, el periodista envió un mensaje al país. En el mismo señala que en Panamá no existen “garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá... Alertamos a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social”.
 
El mensaje de Paco Nadal es alto y claro: Hoy es expulsado del país un periodista de nacionalidad extranjera. Mañana será un periodista de nacionalidad panameña. Pasado mañana expulsarán a cualquier panameño que consideren un estorbo. La escalada es parte del proceso que se vive actualmente en Panamá. Tenemos un gobierno que no tiene experiencia política y que actúa de acuerdo con sus instintos de preservación. Su único objetivo es mantenerse en el poder y, en el mismo suspiro, acumular riqueza para los miembros de su alianza gobernante.
 
Con la expulsión del país de Gómez Nadal el gobierno muestra una debilidad muy peligrosa. No es algo que le conviene a los intereses de la nación panameña. Como en su momento señalara el “canciller de la dignidad”, Juan Antonio Tack, quien falleciera la semana pasada, “queremos ser un país de verdad”.
 
Los arrestos, los muertos y heridos en Changuinola, San Félix y otros puntos del país, causados por la política depredadora del presidente Martinelli, parece que no tendrán fin hasta que termine su mandato. La población panameña, sin distingo de clases sociales, le está diciendo que ponga fin a las políticas mineras destructivas. Sin embargo, el “olfato” por el negocio lo ha enceguecido.
 
Bernardo Pérez Salazar, un estudioso colombiano de la economía minera señala que “de las cerca de 100 mil entradas que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, apenas ocho se asocian semánticamente a la voz extraer. Resulta curioso que ninguna de las entradas haga referencia a la acción de explotar yacimientos o riquezas naturales, una de las principales actividades realizadas en las colonias del Nuevo Mundo desde la conquista de América hasta el presente.
 
En contraste, el término potosí sí es aceptado en su acepción figurativa por el diccionario para referir una “riqueza extraordinaria”, como la constituida por los miles de millones de onzas de plata extraídas del “Cerro Rico”, al pie del cual fue fundada la ciudad de Potosí en 1545.
 
El nombre de Potosí se asocia a un tipo de crecimiento económico y social efímero, generalmente asociado con actividades de extracción de riquezas naturales, del cual es un ejemplo académico clásico. De un asentamiento pujante hoy sobrevive penosamente como un “pueblo fantasma”.
 
La literatura también se refiere el “extractivismo” – al igual que los cuentos de niños - como una estrategia de crecimiento económico acogida por un número creciente de gobiernos, particularmente en países ricos en recursos naturales en América latina. La promoción de la inversión de capitales en actividades extractivas se presenta – al igual que los espejitos - como la locomotora, fundamental para el crecimiento económico y una promotora clave para combatir la pobreza a escala nacional. El extractivismo promueve la inversión extranjera al igual que la exportación de materias primas como dos pilares fundamentales del desarrollo y la prosperidad.
 
En la actualidad, Panamá es el escenario de una guerra por el poder entre diferentes clases. Hay que entenderlo como el “poder hacer”. Los pueblos indígenas y todos los panameños queremos conservar nuestra tierra, nuestras comunidades y nuestras familias. La clase de personas que gobiernan, en cambio, quieren arrancarles a los panameños más humildes sus tierras, comunidades y familias. La lucha por el poder está claramente establecido: Los ricos en contra de los pobres.
 
Panamá, 3 de marzo de 2011
 
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
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Esta semana, el Presidente Barack Obama hizo público su presupuesto para 2012 y orgulloso, pronunció las siguientes palabras: “Pedí que se congelara el gasto interno anual en los próximos cinco años. Este congelamiento reduciría el déficit en más de 400.000 millones de dólares durante la próxima década y llevaría este tipo de gasto –el gasto discrecional nacional- al menor nivel de nuestra economía desde la presidencia de Dwight Eisenhower”.

Presten atención a la palabra “congelar”. Eso es precisamente lo que podría sucederle a mucha gente si este presupuesto es aprobado tal cual fue propuesto. Mientras el gasto de defensa aumenta, luego de que el Pentágono realizara su mayor pedido de financiamiento desde la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto propone recortar a la mitad el programa denominado Programa de Asistencia Energética a Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

El programa LIHEAP ofrece fondos federales a los estados para que éstos puedan ayudar económicamente a hogares de bajos ingresos y así satisfacer sus necesidades energéticas, principalmente calefacción. La mayoría de los beneficiarios de este programa son personas de la tercera edad o discapacitados. El programa tiene actualmente un financiamiento de 5.000 millones de dólares y Obama está pidiendo que se reduzca a 2.570 millones –casi la mitad-. Es un programa de vida o muerte porque literalmente puede evitar que la gente se muera de frío y representa menos de la décima parte del 1 por ciento del presupuesto anual de 3,7 billones de dólares que fue presentado.

Comparemos esta cifra con el presupuesto militar. “Gasto de defensa” es una denominación incorrecta. Hasta 1947-48, el nombre oficial del Pentágono era (correctamente) Departamento de Guerra. En el presupuesto dado a conocer el Día de San Valentín, el Departamento de Defensa solicita 553.000 millones de dólares como presupuesto base, más un aumento de 22.000 millones con respecto a la asignación presupuestaria de 2010. La Casa Blanca solicitó lo que denomina “78.000 millones” en recortes, que el Secretario de Defensa Robert Gates está considerando. Pero como señala el Institute for Policy Studies: “El Departamento de Defensa habla de recortar su propio presupuesto –78.000 millones en cinco años- y la mayoría de los medios toma esto al pie de la letra, pero no debería hacerlo. El Pentágono sigue con la costumbre de planificar aumentos ambiciosos, para luego bajarlos y denominarlos recortes”.

El presupuesto de 553.000 millones de dólares del Pentágono ni siquiera incluye los gastos de guerra. Para mérito de Obama, los mismos están de hecho en el presupuesto. Recuerden cuando el Presidente George W. Bush se refirió varias veces a los gastos como necesidades de “emergencia” y presionó al Congreso para que aprobara fondos complementarios por fuera del proceso presupuestario habitual. Sin embargo, el gobierno de Obama dio a las guerras de Irak, Afganistán y Pakistán el apodo orwelliano de “Operaciones de contingencia en el extranjero” y solicita 118.000 millones de dólares. Si sumamos a esto los 55.000 millones para el Programa Nacional de Inteligencia (un punto del presupuesto cuya cantidad nunca se había revelado, según el experto del gobierno en asuntos secretos Steven Aftergood), el presupuesto militar/de inteligencia dado a conocer públicamente estaría en el orden de los tres cuartos de billón de dólares.

El presupuesto de 216 páginas que presentó el Presidente Obama no menciona ni una sola vez al Pentágono. Sin embargo, menciona el nombre del Presidente Eisenhower. En dos oportunidades atribuye a Eisenhower la creación del sistema nacional de autopistas interestatales y, como ya se mencionó, hace alarde de la propuesta de congelar el gasto: “Este congelamiento sería el mayor esfuerzo destinado a restringir el gasto discrecional de los últimos 30 años, y para 2015 disminuiría los fondos discrecionales para gastos no relacionados con la seguridad como parte de la economía, al nivel más bajo desde que Dwight Eisenhower fue Presidente”.

Si Obama va a referirse a su predecesor, debería aprender de la advertencia profética de Eisenhower, pronunciada en su discurso de despedida de 1961: “Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentista permanente de enormes proporciones. Tres millones y medio de hombres y mujeres participan directamente en el establecimiento de defensa. La influencia total —económica, política e incluso espiritual— se siente en cada ciudad, en cada capitolio estatal, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad fundamental de este desarrollo. Sin embargo debemos entender sus graves repercusiones. En los consejos del gobierno debemos tratar de evitar que el complejo militar-industrial adquiera influencia injustificada, ya sea buscada o no. Existe y seguirá existiendo potencial para que haya un aumento desastroso del poder en manos inadecuadas”.

Otro discurso de Eisenhower que debería guiar a Obama fue pronunciado en abril de 1953, ante la Sociedad Estadounidense de Directores de Periódicos, apenas dos semanas después de que asumiera como presidente. En ese discurso, el general devenido presidente, dijo “Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se echa al agua, cada cohete que se dispara significa en última instancia un robo a quienes padecen hambre y no tienen alimento, a quienes tienen frío y no tienen abrigo”.

Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de la historia. Una de cada ocho personas en Estados Unidos utiliza cupones alimenticios, lo que representa el mayor porcentaje de la historia. Muchos otros también carecen de asistencia de salud, a pesar de los beneficios iniciales de la ley de reforma del sistema de salud aprobada el año pasado.

Los estadounidenses tienen frío y hambre y están desempleados. Al aumentar el gasto militar, que ya es superior a todos los presupuestos militares del mundo tomados en su conjunto, simplemente estamos llevando ese sufrimiento al exterior. Deberíamos tener claro cuáles son nuestras prioridades.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps, editado por Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es coautora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2011/2/17/el_presupuesto_de_obama_congelar_a_los_pobres
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Sábado, 06 Noviembre 2010 14:54

Poder, autoridad y desobediencia (I)

En el siglo de las independencias (XIX), siglo de predominio romántico en Iberoamérica, de rebeliones y exaltación a la individualidad nacional, la obediencia social —de clase, de sexo y de raza— continuaba siendo un paradigma fundamental. El libertador Simón Bolívar, como muchos otros, en sus momentos de mayor producción intelectual dudó sobre la conveniencia de un sistema democrático para América Latina, no porque no tuviese fe en la teoría que se había practicado en Estados Unidos sino porque dudaba de las condiciones culturales de los pueblos acostumbrados a obedecer. En su famosa “Carta de Jamaica” (1815) a Henry Cullen, confiesa: “En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina” (*Doctrina*).

Luego, citando a Montesquieu: “Es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a uno libre […] El Perú, por el contrario [a la rebeldía del Río de la Plata], encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos […]; el alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad: se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas”.

La misma idea repetirá el ensayista ecuatoriano Juan Montalvo medio siglo después. Para Bolívar las divisiones son propias de las guerras civiles entre conservadores y reformadores. “Los primeros son, por lo común, más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la *obediencia* a las potestades establecidas; los últimos son siempre menos numerosos aunque más vehementes e *ilustrados*” (*Doctrina*).

Entre estos últimos, estaban intelectuales liberales como Estaban Echeverría, exiliado en Montevideo y autor de *El dogma socialista* (1846): “Nosotros no exigimos obediencia ciega, dice San Pablo, nosotros enseñamos, probamos, persuadimos: *Fides* *suadenda non imperanda*, repite San Bernardo”. Más adelante: “la España nos recomendaba respeto y deferencia a las opiniones de las canas, y las canas podrán ser indicio de vejez pero no de inteligencia y razón. […] La España nos enseñaba a ser obedientes y supersticiosos y la
Democracia nos quiere sumisos a la ley, religiosos y ciudadanos”.

Uno de los mejores intelectuales argentinos de su época, Juan Bautista Alberdi, todavía entendía el progreso como el aumento de los mercados y la obediencia laboriosa de sus individuos. “La industria es el calmante por excelencia” (*Bases*). El mismo pensador que en 1842 afirmaba ante un público de universitarios en Montevideo que “la tolerancia es la ley de
nuestro tiempo” (*Ideas*), en 1852, en sus *Bases* para las constituciones, insistía en la sumisión de la mujer que recuerda al celebrado clásico del Siglo de Oro español (y del misoginismo) *La perfecta casada* (1583) de Fray Luis de León: “su instrucción no ha de ser brillante. No debe consistir en talentos e ornato y lujo exterior […] no ha venido al mundo para ornar el salón, sino para hermosear la soledad fecunda del hogar. Darle apego a su
casa es salvarla” (*Bases*). La misma idea es reformulada en el siglo XXI por nuevos teóricos del noepatriarcado en Estados Unidos: el patriarcado favorece el aumento de la tasa de natalidad y, por ende, la producción y predominio de un país a largo plazo (Longman).

Cuatro años antes Andrés Bello había advertido, desde una perspectiva humanista, que “las constituciones políticas *escritas* no son *a menudo*verdaderas emanaciones del corazón de una sociedad, porque suele dictarlas una parcialidad dominante”. Las diferencias de clases impregnan todo el pensamiento de los intelectuales de la época, mientras que las diferencias raciales aparecen de forma explícita. Para Domingo F. Sarmiento, reconocido
pedagogo de la época además de intelectual y presidente de la nación Argentina, la educación se reducía a la imposición de la disciplina, de la autoridad. “El sólo hecho de ir siempre á la escuela, de obedecer á un maestro, de no poder en ciertas horas abandonarse a sus instintos, y repetir los mismos actos, bastan para docilizar y educar á un niño, aunque aprenda poco” (Berdiales). Su idea de la infancia (“un niño no es más que un animal
que se educa y dociliza”) será también su idea del gaucho, del campesino y de todas las clases marginales o subalternas de su época. El mismo Alberdi, respondiendo al Sarmiento de *Facundo*, en 1865 demuestra el progresivo cambio de paradigma. El poder —entendido como el ejercicio político de una minoría en la cúspide de la pirámide social—, y luego la obediencia que lo realiza, ya no es percibido como manifestación de Dios o como fuerza
organizadora de la sociedad sino como un mal necesario destinado a decaer.
Según Alberdi, “el poder ilimitado de los recursos y medios de gobierno de toda la nación absorbidos en Buenos Aires, corrompió a Rosas como hubiera corrompido al mejor hombre, armado de este poder sin límites” (*Barbarie*).

Una característica que nace con el humanismo seis siglos antes es su rechazo a la autoridad; primero a la autoridad intelectual, luego a la autoridad política. Este rechazo —basado en los principios de *razón* e *historia*contra *autoridad* y *naturaleza*— provocará profundas reacciones, especialmente cuando este paradigma se había consolidado en su expresión teórica y en su retórica política, como en la España del siglo XIX. Además de intelectuales
anarquistas como Pi i Margall, la poesía es en algún momento concebida en un rol opuesto al tradicional. De la antigua elegía o alabanza al vencedor, a los poemas por encargo en adulación del rey, se pasa a la idea de que el poeta “jamás usa sus conceptos en adular el poder” (Zorrilla).

Este rechazo se transforma en un tópico del pensamiento del siglo XX: el poder y las posibles formas de liberación de su imposición arbitraria. El pensamiento posmoderno, con sus diversas y contradictorias manifestaciones —el poscolonialismo, el feminismo, las reivindicaciones de minorías sexuales y raciales, la concepción de la historia como un devenir sin objetivo, la multiplicidad de puntos de vista, la micropolítica y las teorías de la
narración, el estructuralismo y el antiestructuralmismo— ha reincidido en una fuerte crítica al poder como principal elemento creador de la realidad.

De ser una particularidad desde el primer humanismo del Renacimiento, se convierte en un principio “natural” del intelectual (prometeico) moderno y posmoderno: según Edward Said, una de las principales actividades intelectuales del siglo XX ha sido el cuestionamiento y sobre todo la tarea de “undermining of authority” (*Representations*). Así, no sólo ha
desaparecido el consenso sobre lo que constituye la realidad objetiva, según Said, sino además toda una serie de autoridades tradicionales, incluida Dios o la supuesta voluntad de Dios.

Para que esto sea posible, el individuo antes debe ser representado como libre y racional (dos dimensiones centrales del sujeto moderno). Como observó Cascardi, este punto de vista conduce a la idea de un individuo como un “espectador ideal”, independiente del fenómeno que observa. El individuo es visto como alguien que se ha liberado de las condiciones de un mundo encantado o del encantamiento de la naturaleza, tanto como de la necesidad
de obediencia a una autoridad exterior. Al mismo tiempo, este individuo aparece como agente de cambio de ese mundo exterior que, como consecuencia, debe derivar a un estado conformado por individuos libremente asociados. Razón por la cual el surgimiento de este nuevo sujeto tiende a reemplazar la autoridad religiosa por una práctica social basada en normas.

(*Continúa*)

Jacksonville University
majfud.org
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Nos dieron toda la riqueza del mundo, pero a ellos les importaba solo por el oro”.
(El país de la canela. William Ospina)

Un grupo de 20 personas, la mayoría mujeres, nos declaramos en huelga de hambre frente a la sede de la Asamblea Nacional, hoy 12 de enero del 2009,  día en que se iniciará el segundo y definitivo debate de la cuestionada ley de minería. Argumentamos que la ley debe archivarse, que debe primero cumplirse el mandato minero y después iniciar un debate para regularizar y mejorar la minería existente.  En cuanto a la minería a gran escala consideramos que el país debe declararse libre de este tipo de actividad pues sería una entrega al capital transnacional de las riquezas del subsuelo y le supondría al Estado profundizar la dependencia y aumentar la destrucción de varias economías locales y posibles negocios que si son sustentables.

El anuncio de minería a gran escala, en manos de transnacionales, pasando por alto el rechazo de millares de agricultores e indígenas ha provocado diferentes acciones, algunas desgraciadamente violentas, pero la mayoría de ellas no violentas.

Se han presentado cientos de argumentos  económicos, sociales, ambientales. Y a cada uno de ellos la respuesta ha sido un adjetivo, la desinformación o simplemente el silencio.

Ya es del conocimiento de los asambleístas que por una tonelada de cobre se requieren 30.000 toneladas de agua y que se generan 497 toneladas de deshechos sólidos. Que los huecos que se pretenden hacer son de 1000 metros de diámetro. Que por ejemplo que en el cóndor la empresa minera  Ecuacorriente declara que  prevé usar 55.000 m3 de agua al iniciar las operaciones … y luego 40 m3 por segundo lo que equivale al consumo de agua de 100.000 habitantes rurales. Que en los tiempos actuales, con la caída del precio de los minerales, para tener una explotación minera rentable la única opción es usar la tecnología más barata y contaminante. Que en Ecuador  la minería a gran escala se realizará en los bosques del Sur (cordillera del cóndor una de las regiones más biodiversas del mundo)  o en zonas de producción de alimentos (y de nacimiento de los ríos) de la sierra.

Nadie ha dicho que no se necesita regular la minería existente.  Pero sabemos que la minería a gran escala será desastrosa económica, social y ambientalmente, como lo es para todos los países que tienen minería de este tipo.

Cuando se cierran todos los espacios “nos queda solo el recurso de la protesta”.

La huelga de hambre es el último recurso de protesta y es además un ejercicio de solidaridad con las poblaciones cuyos territorios están amenazados por la minería. Recurrimos a este recurso público y político, que sirve para la denuncia de las grandes injusticias, para sacar a la opinión pública de su indiferencia.

Negarnos a ingerir alimentos es una denuncia del hambre que se planifica para las zonas rurales en donde por desgracia hay el maldito mineral.

Nos anima la certeza de que defender la vida y la naturaleza es tener mil veces la razón.

Con esta acción, frente a la sede de la Asamblea Nacional, recordamos los artículos aprobados en la nueva Constitución que hablan del Buen Vivir, de los derechos de la Naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas, de la soberanía nacional y del derecho a la resistencia.
 
Por, Acción Ecológica

 

 

 

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Tuércele el cuello al cisne
de engañoso plumaje…

Enrique González Martínez, acerca de Rubén Darío

Con inmensos costos para la imagen y la identidad de la izquierda colombiana y lejos de la esperanza que el Polo significó en 2002, con su ahora alcalde bandera sancionado por incompetencia e investigado por omisión, no estamos ante un grito de ¡playa! ¡playa! En medio de la vasta corrupción unista que sin reelección de Uribe trata de imponer la impunidad, del pasmo por una cascada de denuncias que dejan el sabor de que la mafia se tomó la estructura estatal misma, con la diligencia de la Procuraduría frente al Alcalde de Bogotá –la misma Procuraduría que dio visto bueno al referendo para reelegir a uribe–; no es el interés público en posición de puntero el que se puso la camiseta amarilla.

¿También la izquierda es y seguirá siendo clientelista, marrullera y deshonesta? Es un interrogante que está en el aire y en la conciencia de muchas comunidades honradas.

En la capital nada menos, para la izquierda y la nación es un factor más que hace palpable la ausencia urbana y rural, y la crisis de un “liderazgo legítimo”, y de protagonismo popular que otorga toda la ventaja al acomodo y la sucesión oligárquica que intenta el actual gobierno en una contradicción por relegitimación del régimen –tras la acción delectiva de Uribe durante ocho años–, que unos buscan (élite capitalina) y otros consideran innecesaria (uribismo).

Para ambos, despojar al Polo de su ‘capital’ es un paso más, importante, en la política contrainsurgente. Una política que a 2014 espera que toda organización política y social rechace la independencia social, la movilización y la resistencia, y admita sólo la discusión de pliegos –sin huelgas– y el vaivén electoral. Mucho está em iuego. Todo el entramado alrededor de la suspensión y la terna o cedazo permite ver la realidad del país, de Bogotá, del Polo, el juego del poder y la distancia, y el refundido lugar en que está la “paz justa”.

Sin un cambio en el curso de la historia nacional, con el Polo fuera de posibilidad para conservar en octubre próximo la Alcaldía de Bogotá y su efecto en el resto del país; sin una alternativa visible, democrática, participativa, los recursos y las formas tradicionales de la politiquería que sirven como telón de fondo del actual round de la disputa interburguesa interna Santos-Uribe –que necesita agarrar todos los espacios de gobierno– están al descubierto. Desde ahora, aunque temprano, los diferentes factores político-económicos del poder buscan mejorar su posición para la elección de 2014.

Sobre el mantel está que Bogotá será para la “aristocracia de Bogotá” y sus jugosos proyectos y pactos multinacionales. Ahora, para nadie más.

El poder. Como un relámpago que dejó en la opinión pública el sabor de que la decisión de la Procuraduría tenía el visto bueno de la Casa de Nariño, el presidente Santos encargó a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, otrora y por 10 años presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, el gremio que representa a los mayores emporios con asiento en la ciudad.

El Polo. Con rutina, sin un método de emergencia y de ocasión para señalar la corrupción de la alta esfera oficial, en tono suave, de aparato electoral, sin un novedoso relacionamiento social que abone medida tras medida, día tras día una vocación de gobierno y poder, a cambio; y, como si pasara poco, con una ‘confianza’ en las instituciones y los procedimientos oficiales –legalistas–, el comité ejecutivo del PDA declaró confianza en “que el señor Presidente al designar el reemplazo del Alcalde Mayor, actúe conforme” a las normas: “debe recaer en una persona del mismo partido”. Y para el efecto, sin sensibilidad ante el desafío moral y de opinión, y sin romper con métodos, designó la terna reglamentaria como cualquier partido en cualquiera de las situaciones. Sin arriesgar frente a la opinión y los electores un balance de la situación ni la formulación de un quehacer para el reemplazo de tres meses que en definitiva irá hasta octubre-enero. ¡Sólo candidatos!

Sin decir palabra sobre cómo Samuel Moreno definió pactos y gobierrno. Sin discutir las forma de comprometer a los elegidos en el cumplimiento de un programa, y la sujeción a las tareas y los ideales del partido. Porque es necesario recordar que tanto Garzón como Moreno actuaron en la alcaldía como ‘jefes políticos’, ‘personalidades’, ruedas sueltas. ¿Cómo hacer política sin depender en todo de los intereses de las figuras? El Polo sigue girando alrededor de ‘intereses’ y personas, la forma clásica como nos desenvolvemos políticamente desde cuando, en la Patria Boba, nos dividimos en pateadores y carracos.

Y de nuevo, para mal, tuvimos una comprobación. Bajo la inercia que enseñaron e impusieron los partidos tradicionales, el juego de las aspiraciones de los integrantes del Polo mismo también demostraron el ejercicio del canibalismo político que trasluce personalismos, vanidades individuales y figuraciones mezquinas como una característica sin superación por nuestra izquierda: sin una convicción de “gobierno y poder” a favor de la mayoría, pareciera complacerse en hacer política, ganar votos –o incrementar sus diferentes organizaciones o vanguardias–, luchando más contra quienes son afines y necesarios para una unidad popular y antioligárquica, que contra sus contradictores y causantes de la situación de nuestro pueblo.

Presidente-Vicepresidente. Con zancadas en su iniciativa, sin dejar aparecer fisuras en el estamento militar y su dispositivo de complemento paramilitar –a pesar de la ausencia de Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño–, dosificando el factor colaborador de los paramilitares-bandas criminales aún con golpes como la eliminación de Cuchillo, dando cobijo a fortunas como la de las esmeraldas; afirma su gobierno la élite con el presidente Santos y el Vicepresidente como factor para obtener una base social en un reacomodo del régimen que a cuatro, cinco, seis… años pueda prescindir de Uribe, lavarse las manos y llevarlo a la cárcel como a Pinochet, Fujimori, los generales argentinos, cuando lleguen a la conclusión de que perjudican y ya no son útiles.

Uribe. Con ruego a manos juntas por un próximo triunfo republicano en los Estados Unidos, es figura y lobbysta en el continente de la estrategia ultraderechista: aparatos de inteligencia del Estado sionista-contrarrevolución en Miami y su brazo en Panamá, y las facciones desestabilizadoras en Venezuela, Bolivia y Paraguay. El ex presidente, a la cabeza de la facción terrateniente mafiosa, puja por confirmar en las elecciones municipales y de gobernadores en octubre venidero su acción pública y ‘cubierta’ de ocho años y sus avances de poder político-paramilitar local que les permita un cogobierno y renegociación de una fórmula de gobierno para 2014. Desplazar al Polo de sus lugares de gobierno es la consigna.

Las tres dinámicas sociales. Separadas o en coordinación, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y la Comosoc aún no constituyen una presión o un referente que con su poder directo impidan los juegos politiqueros y las maniobras del poder. A su vez:
Las expresiones por una paz justa. En sus diferentes expresiones no conmueven el cuerpo de la sociedad.

Un esquemático retrato de la realidad que muestra cuán lejos estamos de una verdadera dinámica de cambio. Y eso es válido para quienes se han ubicado en las dos orillas, pues, salvo la búsqueda de candidatos y las acusaciones mutuas, poco se ha señalado sobre las lecciones que debemos extraer de los impases. En todo caso, los factores con dinámica social y por la “paz justa” son el mayor acumulado de un sentir social, y determinan los puntos para el esfuerzo y la acumulación por alcanzar un poder con naturaleza diferente.
Publicado enEdición 169
Jueves, 19 Mayo 2011 17:33

O.P.J Sound Sistem

El rap, ese sonido heredado de los magistrales trompetistas del Mississippi y de los tambores de los guerreros zulúes de Sudáfrica. Y de los pianistas de Alabama que tocan como ángeles, y de los frenéticos DJ del Sound Sistem de Jamaica, y de todos y todos los sonidos que han creado nuestros hermanos desde el Congo hasta La Habana. El rap, esa música hecha de todas las músicas terrestres, esa melodía de negros y de moros, de emigrantes y emigrados, de pobres y de parias. Un día llegó hasta el Juan Amarillo en Suba, se le trepó en la torre a los pelados, y se quedó con ellos a parchar en las aceras.



OPJ Sound Sistem:
“Era el año 2000. Por aquel entonces la movida del rap estaba en auge en Bogotá, así que nos reuníamos en las esquinas a cantar y hacer música, pero la tomba invariablemente nos levantaba. En una de esas no llevaron hasta la UPJ* y allí, en medio de los detenidos, creamos el grupo. Orando Por Justicia, OPJ Sound Sistem. Y, pues, nada. La música es nuestra herramienta para mover los temas sociales, políticos y ecológicos. Hablamos, y hablamos duro de la realidad en la calle, en este sistema y en este país”.

OPJ Sound Sistem es una isla de originalidad en medio de un montón de grupos que repiten una y otra vez lo que les oyen a las estrellas extranjeras. El colectivo ha desarrollado un sonido denso de líricas explosivas con numerosas referencias a la cultura popular, el folclor, la estigmatización de los jóvenes y toda la problemática social. Esto permitió que en muy corto tiempo los invitaran a participar en festivales como Rock al Lago, el Festival de Verano, el Festival de Bandas en Terraza Bar, Mamá Afrika Bar, Roots Bar, Nataraja Reggae Bar, Suba al Ruedo, Hip Hop Ritmicalia y otros eventos que le dan tarima a la movida zurda bogotana. OPJ Sound Sistem ha rodado también por Medellín, Barranquilla, Manizales, La Calera, Boyacá, Magdalena Medio y Santander.

OPJ Sound Sistem: “El grupo lo Integramos: Lázaro Mc y Jacob Dmc, vocalistas, Steve-Kaan en los samples y Camdre Vj en los efectos visuales. Debido al medio donde vivíamos, no se podía acceder a un instrumento musical por la limitación económica, y fue entonces cuando nos llegó el rap, nos gusto y esa fue la oportunidad de empezar a decir lo que queríamos. En este país pasa de todo y nada trasciende; es como si nada fuera importante. No podemos dejar que la gente olvide, que la gente pierda su memoria, nuestra memoria. Así que tenemos canciones donde reconocemos al joven que es objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, temas que aluden a la lucha de los indígenas por recuperar su territorio, territorio que hoy se encuentra en manos de grandes terratenientes y multinacionales. Hablamos de los megaproyectos que afectan a los más pobres, y así somos la voz de muchos que no se pueden expresar. Y, nada, nos parece que el rap es tan válido como cualquier otra música, es lo que usamos para expresar lo que sentíamos”.

desde abajo: ¿Pero su propuesta no se reduce al rap? He escuchado otros sonidos en su propuesta.
OPJ Sound Sistem: “La idea no es ser radical en un solo género. No se trata de eso, no hay que desconocer los otros géneros. Siempre nos gustaron los sonidos urbanos y a partir de esto empezamos a camellar con todo lo que es el Hip Hop, Reggae, Drum and Bass, Jungle y Dance Hall. En ese sentido tenemos colaboraciones con bandas como los GanYariquíes, con el Sistema Sonoro Skartel, con el Furibundo, con Desarme. Hacemos música que enriquece a otras propuestas. A la vez, nos gusta que lleguen otros sonidos a nuestro proyecto. El sistema en que vivimos lo que busca es tratar de clasificarnos dentro de un grupo determinado, dividirnos, hacer que los jóvenes peleemos entre nosotros por güevonadas. Nos interesa hacer música con metaleros, hardcores, punkeros, que todos nos unamos dentro de un mismo mensaje y un mismos proyecto de vida. Somos un ejemplo de tolerancia, de encuentro de diversos; unimos nuestra música con otros géneros, hacemos música heterogénea porque todos estamos afectados por el mismo sistema de una u otra forma”.

Recientemente lanzaron su primer sencillo, Balas de conciencia, un disco cuidado, bien producido, de sonido limpio, sin grandes estridencias ni trucos estilísticos. Letras sociales con melodías agradables que bañan al público que se zambulle una y otra vez en estos ritmos. En este trabajo, OPJ se muestra en todas sus posibilidades y logra un tono que convence.

desde abajo: Aparte de la música, vi que incorporaron imágenes en sus presentaciones en tarima.
OPJ Sound Sistem: “Lo visual es el resultado de una búsqueda expresiva, el sonido es contundente, pero la idea de que una imagen es mejor que mil palabras nos llevó a pensar en incorporar imágenes en nuestras presentaciones. La propuesta visual es muy parecida al trabajo de otros colectivos como Skartel o Desarme, así que estamos expresando por medio de imágenes lo que dicen las canciones. No es lo mismo hablar de desplazados o de la violencia del Estado colombiano contra los indígenas, que mostrarlo, ya que la imagen, la parte visual le da un carácter más fuerte al discurso”.

desde abajo: ¿Además de la música, de qué otra manera realizan una labor política y social?
OPJ Sound Sistem: “Formamos parte de varios colectivos como Rebel-arte, Bio-arte, también camellamos con la Fundación Medios Libres Tejiendo Saberes y con El Eje. Nos movemos haciendo procesos educativos con las comunidades, hemos colaborado con la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, con Sintrateléfonos, con organizaciones de jóvenes, con Vivoarte; hemos hecho música en Riosucio (Caldas), con el Resguardo indígena de San Lorenzo. En Barranquilla hemos trabajado con una emisora popular que se llama Bella Vista Estéreo. También tenemos una escuelita donde dictamos talleres de Break Dance, Hip Hop, Grafiti, Mc y DJ. En el barrio Villas del Rincón en Suba, la escuela se fundó en conjunto con el colectivo Demente Urbana. Antes de crear la escuela, habíamos adelantado un proceso de formación de líderes ambientales y llegaron pelados de varios barrios y les despertamos un sentido de pertenencia al humedal y a nuestra Madre Tierra. Después de realizar un curso con los chicos del humedal, decidimos que nosotros mismos íbamos a gestionar la escuela sin depender de nadie, y la gente del barrio nos ha apoyado. OPJ es un proyecto musical, visual y social. OPJ nació así, se construyó así, y se quedó así, uniendo ideas, integrando pensamientos y haciendo realidad cosas que muchos jóvenes querían”.

*    UPJ. Unidad Permanente de Justicia. Espacio de detención transitoria adonde son llevados los ciudadanos por contravenciones menores a la ley.
Publicado enEdición 169
Sábado, 19 Febrero 2011 13:09

La nueva ley de salud: ¿más de lo mismo?*

Antes que ir al fondo de la crisis financiera o corregir en serio la inequidad del sistema, la ley que acaba de salir no es más que un reacomodo de los actores que pugnan por los recursos, a espaldas de los pacientes ciudadanos.

El gran anuncio


La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 fue presentada con bombos y platillos por el presidente Santos en la Casa de Nariño. Se habló de la anhelada “solución estructural” de los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre otras cosas, se dijo que habrá 1,5 billones anuales para lograr la cobertura universal, que por fin los usuarios necesitarán sólo su cédula para ser atendidos porque el derecho tendrá “portabilidad nacional”, que los infantes y adolescentes tendrán preferencia, que la igualación de planes de beneficios es un hecho, y que habrá mucha vigilancia y control para evitar que se pierdan recursos del sistema.

Desafortunadamente, y como pasa con frecuencia en Colombia, la desinformación ayuda a olvidar los problemas y confiar sin preguntar. Pero los problemas siguen ahí y las soluciones no son tan halagadoras.

Una ojeada a la historia


Para valorar esta pomposa norma, no sobra una mirada hacia atrás. El Sistema de Salud en Colombia ha sido objeto de muchas discusiones desde su reorganización con la Ley 100 de 1993. Se debatió largamente sobre la necesidad de reformarlo en las legislaturas de 2004, 2005 y 2006, hasta producir la Ley 1122 de 2007, de la cual se dijo que, si bien no era la solución, contribuiría a superar los principales problemas.

En 2009, la crisis financiera acumulada desbordó la copa y el gobierno de Uribe acudió a una apresurada emergencia social que pretendía poner en cintura a algunos agentes, en especial a los pacientes costosos y los médicos ‘despilfarradores’, para hacer viable el sistema.1

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida porque se trataba de problemas estructurales, no sobrevinientes, que debían resolverse por el medio establecido para este tipo de asuntos: el prístino y racional debate legislativo.

Antes de terminar el gobierno Uribe, el Congreso aprobó el aumento de impuestos al tradicional Estado cantinero para superar parcialmente la crisis. Esta fue la Ley 1393 de 2010, que además ayudaría a financiar la unificación de los planes de beneficios ordenada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008.

Tres iniciativas, una ley

El Gobierno ha tomado tres iniciativas legislativas que muestran con toda claridad sus intenciones: lograr la sostenibilidad financiera del sistema, torpedear la tutela y cumplir con las órdenes de la Corte. Las iniciativas fueron:
  1. Apoyar el proyecto de reforma constitucional que había presentado el anterior gobierno para hacer de la “sostenibilidad fiscal” un “derecho de todos”, lo cual implica limitar el contenido de los derechos sociales a la disponibilidad de recursos fiscales, después de pagar la deuda pública y garantizar los recursos para la seguridad.2
  2. Un proyecto de ley estatutaria para el sector salud mediante el cual se defina, de una vez por todas, el contenido del “núcleo esencial del derecho” a la atención en salud; esto es, un plan de beneficios costo-efectivo o financieramente viable, para que los jueces de tutela no sigan poniendo en riesgo financiero al sistema con su amplia concepción del derecho a la salud.3
  3. Una integración de los proyectos de leyes ordinarias para reformar el sistema que habían presentado varios parlamentarios de diferentes partidos, pero con la impronta de la sostenibilidad financiera del seguro como eje de las propuestas.

Contrario a lo esperable de la jerarquía normativa, las dos primeras iniciativas siguen su lento curso en el Congreso, mientras la tercera, dados el liderazgo decidido del ministro Santamaría y el “mensaje de urgencia”, se convirtió en la pomposa Ley 1438.

Nada de nuevo

¿Por qué puede decirse que esta ley es más de lo mismo y no la anunciada reforma estructural? Fundamentalmente, porque conserva –como muchas veces lo expresó el Ministro– la estructura del modelo de aseguramiento con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas.

Para ello, la nueva ley trata de ajustar el mal comportamiento de todos los agentes para que con el “uso racional de los recursos” contribuyan a hacer de éste un negocio sostenible. Esto no significa ir a las causas estructurales del desajuste sino apretar clavijas. Algo parecido a la emergencia social, pero ahora, en el seno del Congreso, donde se produjo una negociación desigual con cada actor.

Dependiendo de la fuerza económica, social o política del actor, hubo una dosis mayor de zanahoria o de garrote. Por ejemplo, otra vez se propuso prohibir la “integración vertical” de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir, los negocios con sus propios proveedores, para evitar que los recursos pasen de un bolsillo al otro y así aumenten sus ganancias. Pero esta idea se retiró a último momento y las EPS quedaron con el mismo tope de integración (30 por ciento) que había establecido la Ley 1122 de 2007.

Se conserva también la separación de los recursos de los dos regímenes, contributivo por cotización y subsidiado por impuestos. Si bien el Ministro quería suspender la solidaridad de los cotizantes hacia los pobres, el debate produjo el frecuente resultado intermedio con la palabra “hasta”. Así, el Gobierno podrá usar “hasta el 1,5 por ciento” de los recursos de cotización para apoyar el régimen subsidiado, dependiendo de qué tan sostenible sea el contributivo.

Mejoras dudosas

La portabilidad, la universalización y la unificación de planes son sólo promesas, con plazos que van de junio de 2013 a julio de 2014. Todo en función de la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que habrá más recursos gracias al aumento de los impuestos a la venta de cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar de la Ley 1393 de 2010, más unos pocos de regalías, armas, municiones y explosivos, es decir, del Estado cantinero, minero y violento que tenemos. Pero los costos y los sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de “1,5 billones anuales” siga resultando insuficiente.

La “portabilidad nacional del derecho”, anunciada como una de las principales virtudes, sólo podrá exigirse después de junio de 2013, cuando las EPS y el Ministerio de la Protección Social lleguen a un acuerdo sobre cómo pagarles a los hospitales y clínicas, sin el contrato previo entre la EPS del afiliado y la institución prestadora.

No será fácil, pues las EPS compiten entre ellas, y en su negociación con los prestadores o en sus propias clínicas tratan de obtener la menor tarifa. Por su parte, los hospitales y las clínicas quieren mejorar sus ingresos, y esta renegociación será una buena oportunidad para intentarlo. En medio de agentes opuestos que tratan de obtener un lucro legítimo, ¿es posible construir acuerdos duraderos que garanticen la portabilidad del derecho?

La “universalización del aseguramiento” no resulta de una decisión política de garantizar el acceso real a los servicios que se requieren. Se trata de lograr la afiliación compulsiva al sistema, ahora desde el momento en que se requiera un servicio.

El proyecto –porque todavía falta mucho para ejecutar las previsiones de la nueva ley– es el siguiente: cuando usted se enferme, una gran base de datos integrada, disponible en cualquier punto de atención del país, permitirá saber si está afiliado o no mediante la consulta de su número de identidad.

Si está afiliado, comenzará el trámite correspondiente. Sólo después de julio de 2014, según el proyecto de ley estatutaria y no la ley aprobada, se podrá tener la aplazada “unificación” del Plan de Beneficios que ordenó la Corte, de nuevo por razones financieras. Mientras tanto, habrá una actualización de los planes cada dos años, con criterios de “costo-efectividad”, “disponibilidad de recursos” y “equilibrio” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se liquida a las EPS.

Más papeles y más trámites

Si lo que usted requiere no está en el Plan, tendrá que acudir al Comité Técnico Científico (CTC) de la propia EPS, compuesto por médicos ‘ilustrísimos’, quienes tomarán la decisión de autorizar o no el servicio ‘con total objetividad’, aunque sean empleados de la EPS.

Si fallan en su contra, tendrá que ir a otro grupo de científicos de la Superintendencia Nacional de Salud (SINS), llamado “Junta Médica de Pares”. Y si tampoco encuentra que la “evidencia científica” y la “costo-efectividad” de la atención, según las “guías y protocolos” del nuevo Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas (ITTM), justifican su solicitud, tendrá que poner tutela. Pero por lo menos ha pasado por médicos expertos y no por jueces irresponsables con respecto a las finanzas del sistema (!)

Si por fin le autorizan, el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tendrá que pagar, igual que hoy. Pero, para evitar tanto trámite, es mejor que compre un “seguro voluntario de salud” que le cubra lo que está por fuera del Plan. Si usted no tiene con qué, ¡ni modo!: deberá someterse a los trámites. El consuelo es que muy pronto éstos estarán estandarizados y con tiempos definidos.

Si usted no está afiliado cuando llegue enfermo a la clínica o el hospital, deberá declarar si tiene o no capacidad de pago. En el primer caso, se le afiliará provisionalmente a una EPS del régimen subsidiado, que pagará su cuenta. Eso sí, no diga mentiras porque, si en la comprobación que haga la EPS resulta que usted sí tenía capacidad de pago, deberá cancelar la cuenta y afiliarse inmediatamente a una EPS del contributivo, y, por supuesto, comenzar a pagar la cotización obligatoria.

Por si acaso, la base nacional de datos se contrastará con la información sobre sus propiedades, ingresos, retenciones y pago de impuestos, para hacer una estimación objetiva de su capacidad de pago y obligarlo a afiliarse a la EPS. Como debe ser: todos los ciudadanos deben pertenecer a uno u otro régimen, y así garantizar más recursos para la salud financiera del sistema.

Cuidando la platica

La nueva ley presenta una serie de procedimientos minuciosos de pago, de control del flujo de recursos y de resolución de conflictos entre los agentes que participan en este mercado regulado. Anuncia rigurosas medidas de vigilancia y control, con sanciones, multas y todo tipo de mecanismos disuasivos, para impedir la apropiación indebida de los recursos.

Esto incluye el principio de corresponsabilidad y el deber de cuidado de los usuarios hacia sí mismos, sus familias y sus comunidades, y en especial el cuidado de sus hijos o ancianos con discapacidad o enfermedades raras.

En apariencia, todos los agentes son iguales, como sus siglas: EPS, ARP, IPS, ESE. También los usuarios aunque no tengan sigla. Y deben comportarse bien para que el sistema funcione.

Saludos a la tribuna

Para atender las críticas de los salubristas, organizaciones de médicos y académicos, se incorporaron términos de moda en el sector, como Atención Primaria en Salud (APS), que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS); equidad en salud y determinantes sociales de la salud, promovidos por la organización misma; así como atención ‘integral’ que muchos añoran, en especial para mujeres gestantes, niños y niñas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales y adultos mayores.

Y, como siempre, estas aspiraciones explícitas pueden servir para ejercer presión y exigir que se cumplan. Pero el hecho de que aparezcan en la ley no es garantía. Por el contrario, no será fácil desarrollar, por ejemplo, la prometida estrategia de la APS, porque ésta requiere una organización territorial y jerarquizada de los servicios, de acuerdo con las necesidades de atención de las personas, con un buen sistema de información que permita coordinar la gestión de los sectores estatales con las comunidades para inducir cambios en las condiciones de vida que causan la enfermedad.

La ley ordena todas estas cosas. Pero las EPS compiten entre sí y no tienen interés en generar beneficios para sus competidores. Los agentes están más preocupados por seguir las facturas que las personas. Debido a esta pugna distributiva, no se ha desarrollado el sistema de información que ordenó la Ley 1122. Los municipios y los departamentos tampoco tienen capacidad institucional suficiente para coordinar y hacer cumplir compromisos, ahora menos, cuando el Ministerio girará directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS.

Negociaciones a oscuras

En conclusión, asistimos a un nuevo episodio de negociaciones entre actores del sistema, fuerzas políticas y gobierno nacional, con muy poca transparencia y con baja participación de los ciudadanos que se verán afectados. Las EPS seguirán siendo los agentes dominantes del sistema y el Estado seguirá tratando de hacer que todos nos portemos bien, por la salud financiera del sistema. Pero es poco probable que, haciendo más de lo mismo, se resuelvan los problemas.

La sociedad colombiana no puede quedar tranquila con las promesas. Es necesario continuar el debate, y sobre todo profundizarlo, aunque se haya presentado esta nueva ley como la mejor solución.

*    Artículo publicado en www.razonpublica.com el 31 de enero de 2011.
**    Mario Hernández, médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Analista de la revista Razón Pública.

1    Hernández, M.: ¿Emergencia social o emergencia financiera? UNPeriódico N° 130, domingo 14 de febrero de 2010: 15.
2    Proyecto de Acto Legislativo N° 016 de 2010-Cámara, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Ver exposición de motivos.
3    Proyecto de Ley N° 186 de 2010-Senado, “por el cual se regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en salud en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los principios de prioridad en los afiliados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, progresividad, participación social, corresponsabilidad y transparencia en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”. Ver exposición de motivos.


La ley de reforma a la Seguridad Social

Contrarreforma constitucional que niega la salud como derecho fundamental


Comunicado a la opinión pública

 

En comunicado hecho público en enero pasado, la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental hizo público su rotundo rechazo a la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el actual gobierno Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo a la Mesa, el verdadero propósito que se persigue con esta Reforma sólo apunta a preservar el negocio de los intermediarios de la salud, en contra del interés general de los colombianos. La Reforma, de igual manera, revela cómo el gran poder económico de las EPS negoció en el Congreso, desconociendo los argumentos de la Academia, la movilización de las organizaciones sociales y los propios entes de control estatales.

 

Según la Mesa, “Por sus alcances constitucionales y sociales, se trata de una verdadera contrarreforma a la Constitución Nacional y va contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008”.
Primero el negocio, luego los derechos

La Mesa denuncia “…que la preocupación central del actual gobierno en la reforma es la eufemísticamente llamada sostenibilidad fiscal del sistema, en cuyo altar se quemarán todos los demás derechos, incluido el de la propia vida, a través de varios mecanismos como:

El mantenimiento de un ‘plan de beneficios’ limitado, sofísticamente llamado nuevo POS, tanto para el Régimen Contributivo como para el Subsidiado, que deja postergado hasta 2014 el mandato de la Corte Constitucional de igualación de los dos planes.

Los medicamentos y procedimientos que no estén cubiertos en ese “plan de beneficios” lo serán en primer lugar por el usuario, y para eso el sistema tendrá la facultad de investigar la existencia de posibles fuentes de autofinanciación y sostenimiento económico del mismo, lo que recoge todo el contenido de uno de los decretos de emergencia ‘social’, declarado inexequible por la Corte Constitucional en marzo de 2010. El Estado se libera de este cubrimiento de seguridad social en salud, descargando este mayor valor que cubría el Fosyga en hombros del usuario. Los planes de salud prepagada serán el gran negocio que obtendrán las EPS, cuando los requerimientos en cualquier nivel en salud no sean cubiertos por el posito. Las EPS le ‘recomendarán’ al usuario obtener un plan de salud prepagada.

No se garantiza la real ni oportuna prestación del servicio de la salud porque la prioridad de los privados será la ganancia, y al Gobierno –en connivencia con ellos– sólo le interesa la sostenibilidad fiscal.

El ordenador del gasto, el médico, quien directa y permanentemente conoce al paciente, es interferido por el llamado Consejo Médico Científico, que dilata la orden médica mientras en el enfermo avanza su patología.

No se vislumbra un control a la corrupción en la contratación y la comercialización de los medicamentos desde el exterior y en el interior de la nación, canales del verdadero desangre del presupuesto nacional para el sistema de salud y que de mala fe le imputan al paciente, a quien sólo le otorgan el derecho al uso de acetaminofén sin importar sexo, edad o gravedad de su enfermedad.

La integración vertical, en beneficio del negocio de las EPS con posición dominante, en lugar de corregirse y limitarse, se fortalece.

La red pública hospitalaria sólo es mencionada para aplicarle reducción de recursos, amenazas de intervención y liquidación. De esta manera, se continúa con la línea de represión, discriminación y abuso para con la mayoría de los colombianos que entregan su fuerza de trabajo y hasta su vida”.

Para la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental, no hay duda, la Reforma en cuestión “…profundiza la crisis de la Ley 100, que desde hace 18 años impera, sin que les haya importado a los gobernantes y legisladores el clamor general al exigir el cambio ‘del estado inconstitucional de las cosas’ para con la población que atiende, y su obligación de proveer una seguridad social integral en salud. ‘La salud es un derecho. No un favor’. ¿En qué queda nuestro Estado Social de Derecho y la democracia participativa, de que tanto nos hablan?

Finaliza la Mesa advirtiendo a la sociedad en su conjunto “que la Ley 1438 es el primer paso, si la Corte Constitucional y la movilización social lo permiten, para hacer desaparecer la Acción de Tutela, tan importante para rescatar los derechos sociales fundamentales de los colombianos”.
Publicado enEdición 166
Sábado, 19 Febrero 2011 11:44

Desde abajo. En la senda de los 20 años

Para el tango, 20 años no son nada. Para el Estado, representa una edad donde ya se tiene total responsabilidad por parte del que sigue siendo joven. Para la historia, es menos que una brizna. Para quienes integramos el equipo desde abajo, es un tiempo suficiente para brindarnos una personalidad y para saber cuál puede ser nuestro papel en la sociedad.

Remembranza

Cuando en noviembre de 1991 decidimos dar a luz el primer número del periódico desde abajo, no habíamos trazado la senda que finalmente seguimos. Un conjunto de activistas provenientes de diversidad de organizaciones políticas y sociales nos reuníamos periódicamente para deliberar sobre la coyuntura del país y tratar de ponernos de acuerdo en qué hacer.

La agenda social estaba copada por la Constituyente y las expectativas despertadas por la Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Era un ambiente de renovación política, aunque el viento que soplaba dentro de la estructura desmovilizada no era tan flexible como para permitir que activistas de base cuestionaran e incidieran en su proyección.

Contrariamente a las motivaciones que desvelaban a los dirigentes desmovilizados, la cooptación ni los Ministerios ni los institutos descentralizados eran parte de nuestras aspiraciones. Lo que realmente reclamábamos, sin eco en el debate interno, era consecuencia con las comunidades que habían brindado con toda generosidad su apoyo a la causa rebelde, a más de una proyección consecuente con el conjunto del país. Es decir, mantener y defender un esfuerzo de base que garantizara una participación decisiva de las comunidades, y una real transformación en sus condiciones de vida.

El reclamo no sólo era justo sino, además, necesario. La edición número 5 del periódico se preguntaba entonces por la identidad de la AD M-19. En su portada reposaban Bolívar, Bateman, Pizarro, con sus rostros rotos. Sin duda, para nosotros, la identidad que decíamos tener ya no era tal, pues pesaban más los intereses particulares, individuales e inmediatos que las reivindicaciones históricas por las cuales se había batido toda una generación.

Al no encontrar eco para nuestro reclamo, lo que en sus comienzos fue un simple recurso para darles fuerza a unas opiniones y un mecanismo de enlace de diferentes colectivos de activistas radicados principalmente en Cali, Medellín y Bogotá, se fue transformando en recurso y apoyo para buscarle referente a nuestra acción como activistas.

De esa acción circunstancial, donde el periódico era un simple instrumento para el debate, avanzamos poco a poco hasta brindarle personalidad propia, tal como hoy se entiende en todo el mundo la comunicación: eje de la acción política y pública.

Esfuerzo integral

Pero para hacer tal ejercicio comunicativo, con pretensiones de llegar a sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, no era suficiente un periódico. Con el paso del tiempo nos percatamos de que se necesitaban acciones complementarias. Nacieron entonces los fondos editoriales o ediciones desde abajo (1997), que ganaron aire al ser aprobado el ‘plan Colombia’.

El interrogante que nos hicimos al conocer la versión en inglés del Plan, al sentir que una potencia extranjera legislaba sobre el conjunto de la vida nacional sin el más mínimo reclamo por parte de representantes y senadores, fue: ¿Qué hacer para contribuir en la lucha contra esa legislación de invasión y ruptura de nuestra soberanía?

Y la respuesta la encontramos del lado de la comunicación. Multiplicamos nuestro fondo editorial, al tiempo que buscamos una alianza con Le Monde Diplomatique para darle cuerpo a la edición local del prestigiosos mensuario francés.

La razón de nuestro esfuerzo era elemental: ante la cooptación de un sector importante de la dirigencia social y política, y ante el silencio de muchos por el temor derivado de la acción paramilitar –lo cual ayudaba a explicarnos el porqué del silencio ante la intromisión extranjera en la cotidianidad del país–, nuestro aporte estaba del lado de traer y difundir en el país gran parte de las mejores reflexiones teóricas que circulaban por el mundo. Nuestro aporte radicó en brindarle oxígeno a una generación de activistas que requerían aire para proseguir en su propósito fundamental. Más de 120 títulos publicados en estos años, a más de las 100 ediciones de Le Monde Diplomatique reflejan la consecuencia de nuestra decisión.

Por el lado de la comunicación, el esfuerzo proseguía. Llegaron los murales como propuesta estética para superar el simple grafiti, los foros, los conversatorios, las intervenciones comunicativas en marchas, tratando de romper su rutina, los radioperiódicos, y finalmente el ejercicio DATV con el cual buscamos alianzas para constituir una red que les garantice a los sectores subalternos un canal a través del cual disputar la opinión pública. La totalidad de esta experiencia, abierta al conjunto social, la hemos resumido como Sistema Nacional de Comunicaciones Independiente, que debe ser constituido, para que sea tal, por una coordinación/complementación de la inmensa variedad de esfuerzos existentes en el sector.

Sin duda, el recorrido ha sido satisfactorio. Han contribuido a ello un sinnúmero de compañeros y compañeras, algunos presentes por meses, otros por años, algunos con más permanencia. Sin duda, sin el aporte y la inmensa voluntad de todos y cada uno ellos y ellas, desde abajo no hubiera llegado a la edad que hoy está conmemorando. Las voces de quienes nos felicitan por lo recorrido y nos comparten también sus esfuerzos y pretensiones nos animan a proseguir y complementarnos. Muchas gracias.

Muchas otras iniciativas se encararon en estas dos décadas. Otras muchas están en curso.
Publicado enEdición 166
Con grande palpitación cogía el lápiz en la mano;/
si no se da tierra al campesino colombiano,/ tendremos una revolución,/
es tanta la preocupación/ que ya no
se puede esperar/ unidos tendremos que marchar,/
 porque ya llegó la hora/
y si no nos acompaña Incora/
rezagado se va a quedar2.


Bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”, el movimiento campesino de los años 70 en Colombia logró alcances significativos en sus luchas sociales y políticas. Cansados de las políticas del Estado sobre el campo, y en especial de la transformación que le dio al proyecto de Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961) la llegada al poder en 1970 de Misael Pastrana Borrero, los campesinos colombianos organizados mediante la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) emprendieron un duro trasegar hacia la toma y la recuperación de tierras en gran parte del territorio nacional.

La Anuc se caracterizó por tener una dinámica organizativa que partía desde sus bases. En efecto, las primeras asociaciones de usuarios campesinos nacieron en veredas y municipios, y así se logró que los distintos trabajadores del campo, arrendatarios, jornaleros, pequeños propietarios y mujeres tuvieran una participación activa frente al problema del latifundismo en Colombia, pero más importante aún, que no quedaran sujetos a los intereses de un partido político o del Estado mismo. “Fue la política de Carlos Lleras, quien lanzó la organización campesina, no sólo con fines partidistas sino para presionar con la acción del campesino el gran latifundio ganadero”3. Sin embargo, el movimiento logró rápidamente salirse de las pretensiones partidistas y conseguir una autonomía ideológica en lo social y lo político que lo llevaría a enfrentar de manera directa a terratenientes y latifundistas.

Con la llegada al poder de Pastrana y su Frente Social, el problema de la tierra en Colombia comenzó a definirse por las dinámicas propias del capitalismo mundial. Los grandes terratenientes y los ganaderos del país, junto con el Estado colombiano, firmaron en 1972 lo que se conoce como Pacto de Chicoral, el cual promovió el avance de una gran economía agraria. Por fuera de ella, el campesino vagaba en forma errante, como jornalero sin tierra y sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Pero, además, se frenó definitivamente todo intento por una reforma social agraria que respondiera a las necesidades de los sectores campesinos, reforma que todavía en nuestros días parece una utopía.

Dilación que potencia acción

Motivada por la traición del Estado y el desmonte de las políticas agrarias, la Anuc decide emprender su lucha popular mediante el mecanismo de la toma o recuperación de tierras, presionando al gobierno de Pastrana para que transforme su visión sobre el campo y el desarrollo del mismo. Es así como “en diciembre de 1970, la Anuc fija una posición radical frente a la vacilante reforma agraria del Gobierno. Justifica las ocupaciones de tierra, exige las expropiaciones sin pago y denuncia la persecución desatada contra líderes agrarios del país”4.

La toma de tierras, programada en un principio para el 28 de febrero de 1971, tuvo que ser adelantada para el 21 del mismo mes debido a algunas informaciones que se filtraron al Ministerio de Agricultura. A pesar de esto, el 21 de febrero, la dirección de la Anuc emitía el siguiente comunicado, explicando el porqué de la toma de predios: “Las tomas de tierras no son sino una protesta consciente de los campesinos por la situación inhumana de miseria y pobreza que han tenido que vivir por culpa de la injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear entre nosotros mismos en nombre de banderas azules o rojas. […] La tierra que hoy ha sido recuperada por nuestros compañeros es del pueblo, jamás la devolveremos a la oligarquía”5.

Según la revista Alternativa, “el año de 1971 se inicia con una gran ofensiva campesina sobre latifundios del Tolima y la costa atlántica, que denota el grado de combatividad y organización que han adquirido las movilizaciones dirigidas por la Anuc”6. Lo anterior se tradujo en un total de 645 predios invadidos, como lo recuerda el líder campesino sucreño Jesús María Pérez en sus memorias7; y, aunque la movilización no alcanzó a permear a la totalidad de la nación, sí tuvo gran incidencia en puntos críticos como aquellos donde imperaba el latifundio ganadero, en especial el litoral atlántico, y en las zonas donde se promovía un crecimiento de la hacienda agroexportadora, como lo fue en los departamentos del Valle y el Tolima. Despojados de sus tierras, los campesinos de Colombia iniciaron un retorno a la misma entre 1971 y 1974, logrando ocupar más de 984 predios, un avance que no fue fácil. En general, los campesinos no sólo tenían que luchar en contra de los terratenientes sino también en contra del Estado mismo y sus instituciones de control, como la Policía, que en la mayoría de los casos respondía a las órdenes de las oligarquías locales.

El Frente Social de Pastrana Borrero terminó siendo caótico para el campo colombiano y dilapidó las esperanzas de una reforma agraria seria. La toma de tierras fue cada día más generalizada y se convirtió en la respuesta de un campesinado que se sintió burlado y engañado por el Estado, el que a su vez lo reprimió de modo violento.

Para finales del cuatrienio de Pastrana y con la victoria de López Michelsen, en la revista Alternativa se hacía el siguiente balance sobre la situación del campo colombiano a partir de los discursos de los gobiernos saliente y entrante. “Sí con elevar el ‘nivel de vida' se entiende mandar a los campesinos al otro mundo, estamos de acuerdo. No pasó un solo mes de Frente Social sin un muerto en el campo. Dirigentes de Usuarios y de otras organizaciones populares fueron enviados al más allá, sistemáticamente, durante los cuatro años del señor Pastrana. Así, pues, ni el Presidente que sale ni el que entra se atrevieron a tocar el meollo del asunto: la liquidación del gamonalismo y el establecimiento de relaciones sociales justas en el campo”8.

El 21 de febrero se convirtió así en un hito para la memoria colectiva del campesinado colombiano. Su significado no sólo es importante por la gran cantidad de tierras recuperadas en aquella fecha sino también por que representa los inicios de la lucha campesina y la entrada como organización independiente de la Anuc al escenario político nacional.

Reforma necesaria

Entre 1971 y 1974, el territorio colombiano fue regado con las semillas de la lucha por la tierra, una lucha modificada con los años y que ha encontrado nuevos enemigos. Pero, a la vez, 40 años después de los acontecimientos, la fecha debiera servirnos para reflexionar nuevamente sobre el problema agrario en Colombia. Hoy, cuando las víctimas de nuestro pasado más reciente se enfrentan a una restitución de tierras y paradójicamente emergen nuevas bandas criminales que se pelean el control de gran parte de los territorios rurales del país, es necesario preguntarles a nuestros gobernantes si de verdad se han atrevido a tocar el verdadero núcleo del asunto, a saber, la relación entre terratenientes, clase política y nuevas formas de violencia. Pero, más allá de eso, cabe preguntarles también: ¿Por qué hoy día ya no es necesaria una reforma social agraria? ¿Por qué el tema desapareció de las agendas políticas de nuestros gobernantes?
1    Filósofo de la Universidad Javeriana. Candidato a la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
2    Pérez, Jesús María, Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la Anuc en la costa caribe. Puntoaparte Editores. 2010. p. 114.
3    Tomado de revista Alternativa Nº 3, 16-31 de marzo de 1974. El dilema del campesino: Hambre o plomo.
4    Revista Alternativa Nº 10, 24 de junio de 1974. La tierra y el Frente Social: El capitalismo la invade y el campesino la recupera.
5    Anuc 1971, reproducido en Meertens, Donny, Ensayos sobre tierra, violencia y género, Universidad Nacional, 2000, pp. 237-238.
6    Revista Alternativa, op. cit.
7    Pérez, Jesús María, op. cit., p. 39.
8    Revista Alternativa Nº 9, 10-24 de junio de 1974. Sucedió en la quincena: El día del campesino.

Anuc: memoria de una gesta por concluir



Ramón Eduardo Agudelo M.


Desde 1970 cuando la acción campesina recuperó con centenares de invasiones más tierra que la acción legal del Incora, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Anuc quedó en la mira de las fuerzas retardatarias terratenientes. Primero, con la división. Una vez debilitada, el paramilitarismo, el narcotráfico y el poder, despojan de la tierra al campesinado. Agudizan su desplazamiento y crean las condiciones para que una reforma agraria tenga más obstáculos, sea más difícil que nunca.

Antes del 1962 que vio surgir la Anuc, las organizaciones con dominio conservador y liberal contrarias a una reforma agraria, asumían como esperanza para los sin tierra, los programas de colonización como destino natural de sus vidas: ir a morir a las selvas más apartadas del país. Con ausencia de voceros campesinos, la Ley 135 de reforma agraria del 13 de diciembre de 1961 se logró aprobar después de largas discusiones entre los dirigentes del partido liberal y del partido conservador, que acordaron el Frente Nacional para “acabar” con la violencia que ellos mismos desataron contra el pueblo, e imponer la impunidad sobre los 300.000 asesinatos cometidos desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Luego, tras la autorización para organizarse en la Anuc, que provino de Lleras Restrepo en 1963, desde un primer momento, los campesinos tuvieron que enfrentar, entre otros, a los terratenientes propietarios de los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Y ante el prolongado papeleo de adquisición de tierras, en especial en la Costa Atlántica, la acción campesina recuperó más propiedades privadas que el Incora.

Sin duda, no les da espera, a quienes tienen la necesidad inmediata de la tierra para vivir. Sin embargo, insensibles, las organizaciones campesinas existentes en la década de 1960 eran dirigidas por el partido conservador y por la jerarquía eclesiástica, y los campesinos recibían la orientación política a través de Radio Sutatenza. El partido conservador tenía en el campo su mayor respaldo político. Fanal, organización agraria nacional que era la más representativa, en ningún momento dio muestras a favor de que en alguna forma fuera afectada la propiedad privada sobre la tenencia de la tierra, incluso y a pesar de que la ley no estableciera la expropiación sin indemnización.

Dada esta influencia, y sólo un ejemplo, en 1965 durante la ejecución de los programas de reforma agraria entre Montería y Cereté, hubo campesinos negados a recibir su Unidad Agrícola Familiar por lealtad al propietario que era un “gran patrón”. Que al amanecer llevaba a su mujer a parir en Montería. Y hubo campesinos que no aceptaban conformar una cooperativa agrícola con fundamento en la propiedad colectiva de la tierra.

Revoluciones y lucha por la tierra en el continente

Con los antecedentes de Emiliano Zapata y la Revolución mexicana que en mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, y dos décadas después del presidente Lázaro Cárdenas que armó a los campesinos para su reclamo, como también, de la revolución campesina-minera en Bolivia de 1952 y las medidas en 1954 contra la United Fruit Company de Jacobo Arbenz en Guatemala, que costó una invasión con apoyo estadounidense para derrocarlo, y tras la revolución cubana, todos los gobernantes de América Latina bajo la imposición colonial imperialista aprobaron a las carreras sus leyes de ‘reforma agraria'.

Demagogia aparte, y como parte de la Alianza para el Progreso, fueron unos conatos marcados por los acuerdos entre políticos latifundistas con asiento en los congresos, sin más que una tímida afectación sobre la propiedad rural concentrada en pocas manos. Ninguna ley definió la expropiación sin indemnización. Toda propiedad debía pagarla y adquirirla el estado. Un trámite imposible, pues ningún estado tiene la capacidad económica de comprar toda la tierra para entregarla en forma inmediata a los campesinos, cuando de verdad el propósito es construir una sociedad justa, equilibrada. Sociedad en la cual, «la tierra sea de quien la trabaja» y la producción de alimentos y de materias primas pueda ser planificada y la paz recuperada.
¿Cómo surgió la Anuc?

Como la política encarna en gobierno, poder y presidentes, la Ley dio tumbos en 1962 con Guillermo León Valencia, enemigo de la reforma, en 1964 con Carlos Lleras Restrepo impulsor principal de la ley 135 y en 1970 con Misael Pastrana Borrero, enemigo de la reforma. Por tanto, no es extraño el resultado, el fracaso total de la reforma Agraria en Colombia. Los intereses de la alternación en el poder, determinaron qué importancia y qué urgencia daban a la ejecución de una reforma agraria, qué apoyo y qué eficacia podía recibir el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

Previo a la aprobación de la ley 135, la ausencia del campesinado fue notoria, casi inexistente, en las discusiones políticas entre los más connotados dirigentes de los partidos. Asimismo, durante los primeros años de su ejecución entre 1962 y 1966, además de todas las trabas que tuvo el Incora para aplicarla, provenientes del sector latifundista y de los senadores y representantes que defendían la propiedad privada sobre la tierra en manos de unos pocos.

Bajo un entorno de legitimación para los liberales, Carlos Lleras Restrepo como presidente de Colombia olió que la reforma agraria institucional no avanzaría sin el respaldo político de una fuerte organización campesina. Sin tardar, decretó su organización dentro de la cual se podían sumar los Usuarios de las entidades públicas relacionadas con el sector rural, el Incora en primer término, la Caja de Crédito Agrario, el Ica, el Inderena. Fue una tarea que el Incora emprendió en solitario, con sus funcionarios de las Direcciones Regionales de Reforma Agraria regados por el país.

En pocos años, el poder y la influencia política de la Anuc creció vertiginosamente y como la ley les permitía ser miembros de las Juntas Directivas de la entidades del Estado responsables del sector rural, su influencia pudo incidir en la reforma agraria, en el crédito, en el mercadeo, en las Cooperativas Agrícolas, en las políticas ambientales y en la participación electoral. Fue paradigmático que el primer gobernador elegido por votación popular campesina fuera Apolinar Díaz Callejas, además primer gobernador del Departamento de Sucre. Carlos Lleras Restrepo fue elegido Presidente de la República en 1966 por una voluminosa votación campesina.

La presencia de los dirigentes de la Anuc en las juntas directivas amplió el conocimiento político de los campesinos. En su nuevo lugar, pudieron ver cómo los miembros de esas juntas –representantes de los intereses contrarios a los intereses del campesinado– se oponían a la reforma agraria y a toda decisión encaminada al desarrollo económico del sector rural y al intento de que la tierra fuera de quien la trabaja. Así, dedujeron que la reforma agraria por medios legales era un propósito imposible.

Los campesinos no tuvieron otra que su acción directa

La invasión de tierras fue el acto político revolucionario que guardadas proporciones podría significar síntomas de la influencia de la revolución agraria cubana y tuvo como consecuencia la división de la Anuc entre sectores campesinos que todavía creían en la acción del Incora y sectores campesinos que comprendieron que sólo la acción directa de la organización campesina podría ejecutar una verdadera y acelerada reforma agraria.

En este marco, llegó el año de 1970, durante el cual se inició el desmonte del Incora y se agudizó la división de la Anuc. No es para olvidar, que unas elecciones presidenciales signadas por el fraude electoral llevaron a la presidencia a Misael Pastrana Borrero reconocido enemigo de la reforma agraria y de la organización campesina. Fueron dos hechos que mostraron de inmediato cuáles eran sus verdaderas intenciones políticas para revertir los tímidos avances de la reforma agraria y matar en sus orígenes la radicalización de las luchas campesinas.

Pastrana padre impulsó el Pacto de Chicoral, un conciliábulo de terratenientes y políticos enemigos de la reforma agraria del cual salieron propuestas para debilitar más la ley 135 de 1961 y agudizar la división de la Anuc que había mostrado sus intenciones de comprometerse en el impulso de una reforma agraria radical durante las deliberaciones del Tercer Congreso de Usuarios Campesinos realizado en Bogotá en medio de las mayores medidas de seguridad represiva. Otra vez, con la herramienta de dividir para reinar y desde el Estado se fortaleció la Anuc-Linea Armenia de pura extracción conservadora y se combatió la Anuc-Linea Sincelejo, pues en esta capital se había realizado un congreso campesino que denunció ante el país las intenciones del Estado de dejar que el paso del tiempo diluyera la necesidad de una reforma agraria y debilitara hasta su desaparición todo intento de la organización campesina para conseguir la tierra para quien la trabaja.

Los gobiernos posteriores al de Misael Pastrana desconocieron la necesidad de una reforma agraria y apenas ahora, ante la crisis alimentaria, ante la agudización de la violencia en las ciudades, el actual gobierno presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa con la que pretende la recuperación de una parte de las tierras despojadas a los campesinos, las comunidades negras y los resguardos indígenas, tierras en manos de sectores violentos de extrema derecha que harán todo para no entregarlas. Así lo indican los hechos, Colombia sabe que han sido asesinados dirigentes campesinos organizados para recuperarlas. Algunas héctareas de tierra retornarán a sus verdaderos propietarios, pero el tema de la reforma agraria sigue aplazado. Así vuelve el refrán de que “el que tiene tierras tiene guerras”.
Publicado enEdición 166