Imagen de un centro de carga para vehículos eléctricos. JUSTIN SULLIVAN/AFP

Seis de cada diez vehículos vendidos en la Unión Europea son corporativos. Éstos generan al año 44,3 millones de toneladas de CO2, lo mismo que la planta de carbón más contaminante del continente.

 

Los subsidios, exención de impuestos o rebajas del IVA para los vehículos de empresa tienen un coste anual de 32.000 millones de euros para las arcas públicas de los estados de Europa. Estas subvenciones, entendibles desde un punto de vista empresarial, parecen no ir ligadas a los planes de descarbonización del parque móvil, ya que el 92% de las flotas de automóvil de leasing (modalidad de alquiler en propiedad para empresas) son diésel o gasolina, según un informe publicado este lunes por la organización europea Transport & Environment (T&E).

Esos 32.000 millones de euros anuales tienen que ver con una flota de coches corporativos basada en los combustibles fósiles, la cual genera el 8% del total de las emisiones del sector del tráfico rodado. Según los cálculos realizados por T&E, el promedio de contaminación generada por las diez principales compañías de renting y leasing de Europa rondaría los 44,3 millones de toneladas de CO2 anuales. Una cifra que es similar a la cantidad de gases de efecto invernadero que vierte a la atmósfera la central eléctrica de carbón más grande del continente.

Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España son los seis países europeos con más presencia en el mercado de las flotas de automóviles, e invierten un total de 19.000 millones de euros en ayudas a flotas empresariales sin contemplar criterios ambientales. Todos ellos, salvo Alemania, tienen ayudas a la compra superiores a los mil euros por vehículo. En el caso de España, el incentivo es de 3.498 euros por coche.

El hecho de que los vehículos contaminantes sigan teniendo incentivos económicos en este sector tan concreto tiene unas incidencias directas en el parque móvil convencional de carácter privado, tal y como señala el informe. Esto es porque la mayoría de vehículos utilizados por empresas tienen una media de uso de 45 meses. Tras ese periodo, son vendidos en concesionarios en ofertas de ocasión o kilómetro cero a un precio mucho más bajo. Es decir, los vehículos de empresa terminan en las carreteras como vehículos privados.

En la actualidad, seis de cada diez coches vendidos en la Unión Europea son vehículos de empresa. Teniendo en cuenta que muchos de ellos terminan convirtiéndose en propiedad privada a través de los mercados de segunda mano, la electrificación del sector se presenta como una oportunidad clara para transformar el parque automovilístico del viejo continente. Tanto es así que, si los beneficios fiscales del leasing y el renting fueran destinados sólo a los coches de cero emisiones, se podría conseguir que para 2025 se introdujeran 800.000 automóviles eléctricos de empresa y 3,4 millones para 2030, los cuales terminarían en el mercado de ocasión después de su uso corporativo.

Es por ello que desde la organización ecologista reclaman que se transformen las tasas impositivas, las devoluciones del IVA y las amortizaciones de los coches empresariales que usan combustibles fósiles, de modo que sólo tengan privilegios fiscales las motorizaciones que no contribuyan a la crisis climática. Asimismo, reclaman que parte de los 32.000 millones de euros que se podrían ahorrar se dediquen a reconvertir las infraestructuras y generar nuevos puntos de carga en domicilios, lugares de trabajo y calles. 

"Los coches eléctricos son ya la mejor opción para las flotas corporativas que tienen elevado kilometraje y supuestamente se centran en el coste total de utilización en lugar de mirar solo el precio de compra del vehículo. Sin embargo, la mayoría de coches de empresa siguen siendo contaminantes. ¿Por qué deberían los contribuyentes pagar por los subsidios a coches de empresa contaminantes cuando los coches eléctricos son más baratos de usar?", se pregunta Saul López, responsable de Movilidad de T&E.

Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, señala que las empresas, "incluso sin incentivos" económicos, están acudiendo cada vez más a la compra de flotas eléctricas "de una forma que hace unos años hubiera sido impensable". Asimismo, recalca que iniciativas como el Plan Renove o el MOVES pueden servir para que esa electrificación también llegue a este sector de la automoción tan concreto.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), explican a Público que la descarbonización del transporte es uno de los objetivos prioritarios del sector del automóvil, "sea a través de un IVA reducido o de un nuevo impuesto de matriculación donde se penalice el nivel de emisiones y no la compra". Respecto a un horizonte en el que conseguir flotas eléctricas, argumentan que el fin es alcanzar en 2050 la descarbonilación plena del sector, tanto vehículos utilizados para fines corporativos como privados y públicos.

madrid

05/10/2020 22:13 Actualizado: 06/10/2020 09:30

Por alejandro tenA

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Economía de EU cae 32.9% en el segundo trimestre; hay recesión

Washington. La economía de Estados Unidos resintió en el segundo trimestre de este año la mayor contracción desde el término de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los efectos devastadores de la paralización de las actividades para enfrentar la pandemia de Covid-19.

El producto interno bruto (PIB) estadunidense se contrajo entre abril y junio a una tasa trimestral anualizada de 32.9 por ciento, de acuerdo con la forma de medición oficial en ese país.

A tasa anual, segundo trimestre de 2020 respecto de igual periodo de 2019, la caída fue de 9.5 por ciento.

La metodología que se utiliza Estados Unidos consiste en medir el PIB respecto al trimestre inmediato anterior y después anualizar el dato multiplicándolo por cuatro.

En México, por ejemplo, el comportamiento económico del trimestre se compara con el mismo periodo del año anterior. Si en el país se aplicara el método estadunidense, la caída del segundo trimestre sería de 47 por ciento.

Covid-19, golpe sin precedente a la economía

El declive del segundo trimestre en el PIB –el valor monetario total de bienes y servicios– representa la peor caída registrada desde 1947. La más fuerte contracción trimestral previa, de 10 por ciento, ocurrió en 1958 durante el gobierno de Dwight D. Eisenhower.

La contracción en la primavera fue ocasionada por una marcada contención en el gasto del consumidor, el principal motor, que equivale a cerca de 70 por ciento de la actividad económica del país.

El desplome del PIB “pone en evidencia el golpe sin precedente a la economía asestado por la pandemia”, explicó Andrew Hunter, economista en jefe de la firma Capital Economics para Estados Unidos. “Creemos que tomará años recuperarnos por completo de ese daño”.

El desplome del segundo trimestre se registra luego de una caída de 5 por ciento en el periodo de enero a marzo, por el efecto de las primeras medidas de confinamiento impuestas a mediados de marzo. Con estas dos caídas consecutivas el país entró en recesión y puso fin a una expansión económica de 11 años, la más prolongada de que se tenga registro en Estados Unidos.

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El Estado salió al rescate de empresas y trabajadores

Informe de la OIT sobre los programas de subsidios al salario en el mundo

 

“Los subsidios al salario tienen efectos positivos sobre la recuperación económica y previenen despidos que, de realizarse, desembocarían en una mayor crisis. Pueden ser costosos, pero permiten conservar el empleo”, indicó la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en un informe dedicado a estudiar los programas de subsidio del Estado a las empresas para pagar los sueldos en el contexto de las medidas de aislamiento social. 

El documento muestra que este tipo de políticas se adoptó a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque con diferentes matices dados por los requisitos para acceder, el monto pagado al trabajador, la forma de pago y la duración del beneficio. 

En la Argentina, el Estado nacional pagó alrededor del 50 por ciento de la carga salarial de las empresas a través del ATP en los sueldos de abril y mayo y se analiza su extensión a junio. Abarca a más de 300 mil empresas que emplean a 2,5 millones de personas.

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Italia, Holanda, Marruecos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay son las experiencias estudiadas por la OIT en materia de programas de subsidio al salario del empleo privado. Se trata de medidas extraordinarias, impensadas en otro contexto que son adoptadas por países con diferente tradición política y gobiernos de distinto signo ideológico ante los fuertes riesgos de destrucción del tejido laboral.

La crisis económica derivada de la pandemia emerge como una crisis de oferta, porque el confinamiento obligatorio retrae la producción y las ventas de manera masiva. Pero rápidamente se transforma en una crisis de demanda, porque la caída de la actividad reduce ingresos y ello vuelve a impactar negativamente en el consumo y la inversión. Uno de los mecanismos que los gobiernos encontraron para contener ese círculo vicioso es el pago de los salarios del sector privado. “No se trata de un nuevo instrumento, pero en la escala utilizado en esta crisis, es algo sin precedentes”, explica el informe de la OIT.

En los Estados Unidos, se lanzó una línea crediticia de hasta el 50 por ciento de la nómina salarial. Para las pequeñas y medianas empresas, el empresario puede transformar ese crédito en un subsidio si demuestra que lo utilizó para pagar salarios. En Nueva Zelanda y Australia, todas los tipos de empresas son elegibles para recibir el subsidio, incluyendo ONG y trabajadores independientes. En Francia también se incluye a las empleadas domésticas. En Brasil los trabajadores deben estar registrados, al igual que en Túnez, que permite que las empresas registren trabajadores para obtener el beneficio, como estímulo a la formalización.

En Tailandia, el subsidio al salario sólo está disponible para las pequeñas y medianas empresas. Mucho más restrictivo es el beneficio en Bangladesh y Camboya, en donde se orienta solamente al sector textil y a los exportadores. En la Argentina, el ATP está disponible para todas las empresas del sector privado que hayan experimentado una suba de las ventas en términos nominales no superior al 5 por ciento en abril frente al mismo mes de 2019, que implica una fuerte caída en términos reales teniendo en cuenta la inflación del 50 por ciento.

También en otros países las empresas deben mostrar que están en dificultades para poder acceder al beneficio. En Holanda, el beneficio se otorga a las firmas cuyas ventas hayan caído al menos un 20 por ciento. En Australia, la merma de ventas debe ser superior al 30 por ciento para las pequeñas empresas y del 50 por ciento para las grandes empresas. En Malasia, las firmas deben mostrar una caída del 50 por ciento en sus ingresos. Argentina, como Suecia, impuso restricciones para que las firmas beneficiadas distribuyan dividendos. En otras experiencias no se aplicó ese criterio.

En Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, entre otros, el subsidio lo recibe la empresa. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay, el beneficio lo cobra directamente el trabajador, aunque en los últimos dos casos, el pago se canaliza a través del seguro de desempleo. Según la OIT, el subsidio llega hasta el 75 por ciento del salario, aunque operan a veces restricciones nominales. El pago es muchas veces proporcional al salario (Francia, Alemania, Reino Unido, Tailandia y Singapur, por ejemplo), pero en otros consiste en una suma fija, como en Nueva Zelanda, Brasil y Malasia

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Un hombre empuja un carrito frente a la Bolsa de Comercio de Nueva York.    ________________________________________ Imagen: AFP

16,6 millones de personas pidieron el subsidio por desempleo

Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar al 12 por ciento y que la economía entrará en recesión. 

Unas 16,6 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos desde que el gobierno endureció las medidas para enfrentar el coronavirus. El dato surge de la cantidad de subsidios por desempleo solicitados al Estado en los últimos 21 días. Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios apartidarios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar hasta el 12 por ciento al final del segundo trimestre del año, y que la economía entrará en recesión. En paralelo, el país alcanzó los 450,525 casos positivos de Covid-19, en tanto que el número de muertos escaló a 15.896. Nueva York, la ciudad más afectada , tuvo un nuevo récord de muertes. Sin embargo cayó el número de personas hospitalizadas.

Números impensados

La cifra semanal de peticiones del subsidio de desempleo fue levente menor que los 6,867 millones de la semana anterior, según anunció el Departamento de Trabajo. Este número sin precedentes en la historia de Estados Unidos superó las expectativas de los analistas, que habían calculado la pérdida de unos 5,5 millones de puestos de trabajo. El promedio de solicitudes tomando las últimas cuatro semanas, subió al nivel de 4,2 millones. En la semana que concluyó el 28 de marzo 7,4 millones de personas estaban recibiendo prestaciones por desempleo, cuando la anterior sólo 4,4 millones lo estaban cobraron.

Sin embargo, el dato sobre las solicitudes por desempleo no refleja toda la realidad del mercado laboral. Los trabajadores independientes e informales, que no pueden acceder a estos beneficios bajo las reglas vigentes, se queda por fuera de los registros oficiales. Con casi el 75 por ciento de la población estadounidense confinada en sus hogares, los analistas esperan que continúen aumentando las solicitudes. La perspectiva es que pasen meses antes de que se reanuden las actividades económicas normales. La semana pasada el Gobierno informó de un salto del índice de desempleo al 4,4 por ciento en marzo, respecto al 3,5 de febrero. Los datos son peores para los hispanos, con un índice de desempleo del 6 por ciento, en tanto que para los afroamericanos la cifra llega al 6,7 por ciento. Las filas de los desempleados parecen haber crecido más que el récord anterior de 15,3 millones de desocupados durante la recesión de 2007-2009.

Intervención del Banco Central (Fed)

A poco de conocerse la actualización del número de desocupados, la Reserva Federal (Fed) anunció un nuevo programa de préstamos. El mismo contempla otorgar 2.300 millones de dólares para respaldar a las pequeñas y medianas empresas, y a los gobiernos estatales y locales. Los préstamos irán destinados a empresas con hasta 10.000 empleados y menos de 2.500 millones de ingresos en 2019. Además, permitirán el aplazamiento de los pagos de intereses y de capital por un año. Otros 500.000 millones de dólares se destinarán a respaldar las maltrechas finanzas de los gobierno locales y estatales.

En la primera semana de abril, las solicitudes del seguro de paro alcanzaron números sin precedentes en California, Georgia, Michigan y Nueva York. California, el mayor estado del país, recibió en las últimas tres semanas más de 2,5 millones de pedidos de ayudas por desempleo. Pero las cifras reales podrían ser aún más altas dado que varios estados tuvieron dificultades para procesar los trámites. También se habían rechazado temporalmente las solicitudes de trabajadores que no hubieran reunido los requisitos para recibir el subsidio bajo las reglas vigentes antes de la emergencia.

Para contrarrestar los efectos de esta pandemia, hace algunas semanas el Congreso aprobó, y el presidente Donald Trump promulgó, el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia, por valor de más de dos billones de dólares. Esto incluyó la ampliación de la cobertura por desempleo que llegará por primera vez a varios sectores, entre ellos los conductores de vehículos para Uber y otras empresas similares. Asimismo, incluye la transferencia directa de efectivo a los hogares, así como fondos multimillonarios para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas.

Nueva York sigue dando la pelea

La cifra de muertos por covid-19 continúa subiendo en el estado de Nueva York que en las últimas 24 horas alcanzó un nuevo récord de 799 muertos. Desde mediados de marzo un total de 7.067 personas perdieron la vida por el coronavirus y llegan a más de 160 mil los infectados en todo el Estado. El gobernador demócrata, Andrew Cuomo recordó que durante los atentados terroristas del 11 de septiembre murieron 2.753 neoyorquinos. Solo en la ciudad de Nueva York se registraron 4.571 muertes por el virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. La mayoría de ellos son inmigrantes hispanos y personas negras, las más pobres y vulnerables, según las autoridades.

Pero hay también señales alentadoras. En el último día solo 200 nuevos pacientes con coronavirus fueron ingresados en hospitales, lo cual eleva el total de personas internadas a unas 18.000, informó el gobernador. "Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", sostuvo Cuomo. La admisión en cuidados intensivos también está bajando, y en las últimas 24 horas 84 personas fueron ingresadas. "No podemos asumir que porque estamos viendo algunas señales positivas esto acabará pronto o que no habrán olas adicionales", alertó el gobernador demócrata. Estados Unidos es el país del mundo con más casos de coronavirus, superando a Italia y España juntos.

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El fin de año que no se preveía en Venezuela

Caracas vive un diciembre más tranquilo que en años anteriores

Se respira cierta calma. Hay grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro, en un contexto de crisis económica. 

Nadie sabía en enero en qué situación se encontraría Venezuela a final de año. Pocos, muy pocos, imaginaban que se estaría en calma y que habría grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento como en el 2015 o 2016, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro otorgado por el gobierno para las fiestas.

Caracas vive un diciembre con mayor tranquilidad que en años anteriores. La economía, en una dinámica de bloqueo y crisis -piezas imbricadas-, ha dejado mayores espacios de respiro para la población. Se han visto fuegos artificiales, mesas navideñas con el pernil entregado por el gobierno, consumo permanente en las arterias principales de Caracas.

Se trata de una situación que lleva varios meses y ha generado una meseta en la superficie de una economía cuyo PIB se ha contraído más de la mitad en seis años. Un escenario marcado por la emergencia y consolidación de un sector dolarizado de la población, el uso de esa moneda en las transacciones comerciales en barrios populares o zonas pudientes, y la multiplicación de los trabajos informales a.nte la caída sostenida de los salarios formales con la devaluación de la moneda nacional y el aumento de precios.

La situación en Caracas es más estable que en las demás partes del país. No se ven colas de gasolina como en las carreteras o ciudades del interior, el abastecimiento de luz se ha mantenido con pocos registros de cortes, y se ha consolidado un circuito de consumo para la franja minoritaria que vive y piensa en dólares.

Era difícil pronosticar este diciembre a principios de año con la autoproclamación de Juan Guaidó y el intento de ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero. Tampoco en marzo, con el apagón/saboteo nacional que dejó al país a oscuras durante varios días, o el 30 de abril, con Guaidó y Leopoldo López junto a un puñado de militares en armas en las calles.

La ofensiva parecía casi imparable, no solamente por el primer momento de fuerza de la fórmula Guaidó y su atractivo para la oposición venezolana que volvía a movilizarse, sino principalmente porque detrás o delante del autoproclamado siempre estuvo el gobierno norteamericano.

El rol de Estados Unidos (EEUU) fue explícito durante todo el año. John Bolton, exasesor de seguridad, afirmó que no tenían problema en hablar de la Doctrina Monroe, y, para llevar el expediente Venezuela, fue nombrado Elliot Abrahms, un hombre que estuvo al frente de las guerras sucias de Centroamérica en los años 80, con hechos como la masacre de El Mozote, en El Salvador.

La alineación de Donald Trump, Mike Pompeo, Bolton, Abrams, el eje anticastrista encabezado por Marco Rubio, y los poderes pocas veces visibles del Estado profundo, conformaron un cuadro de asalto final. Ese cálculo de fuerzas resultó errado para quienes encabezaron la ofensiva: no solamente Nicolás Maduro sigue en el gobierno, sino que Guaidó y el conjunto de la oposición atraviesa sus peores meses.

La crisis de la derecha tiene varios elementos superpuestos: escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional (AN), la división entre quienes ven posibles acuerdos con el gobierno para, por ejemplo, las elecciones legislativas previstas para el 2020, y quienes solo plantean una salida por la fuerza, y la cuestión de la presidencia de la AN que deberá ser renovada el 5 de enero.

Quien esté al frente del legislativo es central tanto a nivel interno como internacional. En lo nacional porque define en gran parte quien quedará en la conducción de la derecha y su principal tribuna. En lo internacional porque la ingeniería del gobierno paralelo creada por EEUU tiene su principal punto de apoyo en la AN: reconocen a quien está al frente del legislativo como presidente encargado del país.

La apuesta norteamericana es mantener a Guaidó. Ya han afirmado, anticipándose a un escenario adverso, que su respaldo no es a él como persona, sino a la presidencia de la única institución que reconocen como democrática. Su permanencia allí sería sostener la actual correlación de fuerzas, mientras que su desplazamiento podría significar un retroceso para EEUU, así como una nueva expresión de su incapacidad para resolver el expediente Venezuela.

El siguiente paso clave luego del 5 será la convocatoria a las elecciones legislativas. Por el momento el tema de conversación de la mayoría de la población es el bono entregado por el gobierno, el reconocimiento del esfuerzo, o el cuestionamiento hecho por opositores que lo califican como un instrumento para controlar a la población y mantener el mismo cuadro sin resolver la situación económica.

Los problemas de fondo difícilmente tengan solución en un tiempo corto, por el impacto del bloqueo económico y financiero que seguirá escalando como ha sido anunciado por EEUU, por la baja producción petrolera que por momentos logra estabilizarse en un millón de barriles diarios, o la falta de capacidad del sector eléctrico para abastecer la actual demanda nacional.

La economía está en proceso de transición y metamorfosis en una combinación de escenario de guerra y orientaciones pocas veces explicitadas por el gobierno. Se trata de un cuadro complejo, marcado a su vez por la emigración y sus consecuentes remesas que traen dólares en los barrios populares y las clases medias.

Venezuela termina un año que han parecido ser muchos más. Por estos días en los barrios populares se gastan los bonos, se preparan las mesas de año nuevo, las rumbas con salsa, trap y reggaetón, se extraña a quienes están fuera del país, se pone en obra la capacidad de resiliencia de una sociedad que se prepara para un 2020 que será, seguramente, más complejo que el 2019.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, realizó una rueda de prensa este miércoles 23 de octubre. Foto: Metro Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) informó que ha decidido suspender el diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el pasado 13 de octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamentales.

“Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo”, dijo Jaime Vargas en conferencia de prensa este miércoles, tras una reunión del Consejo Ampliado de la organización, que se convocó justamente para decidir sobre la continuidad o no de las conversaciones con los representantes del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Sin embargo, señaló el presidente de la CONAIE que retomarán las conversaciones cuando haya las “garantías” o “condiciones” mínimas para este proceso.

La decisión se tomó, según Vargas, porque desde el Estado emprendieron una “persecución” contra los dirigentes de la CONAIE. “No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”, agregó.

El representante de la CONAIE se refirió, particularmente, a la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra, luego que, en un acto público en Macas, al suroriente del país, el dirigente hablara sobre la creación de un un ejército propio de los movimientos indígenas.

Al respecto, Vargas señaló que está dispuesto a “colaborar” y “responder al Estado ecuatoriano apegado al derecho”. Y añadió: “estaremos aquí, no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada”.

Mencionó que los medios de comunicación tergiversaron la información que brindó. “En ningún momento, en todas mis expresiones, no he dicho ejército armado, nunca dije ejército subversivo”.

En la conferencia de prensa detalló que el movimiento decidió “crear una guardia indígena, comunitaria” para que brinde seguridad dentro de sus territorios y esté “apegado a la Constitución”, y que operará en cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena. Además, señaló que reconocen a las autoridades electas, como el presidente Moreno.

Aparte de la apertura de esa investigación, los dirigentes de la CONAIE denunciaron ataques cibernéticos en su contra, incluyendo 'hackeo' a sus correos institucionales, de lo cual responsabilizaron al Gobierno.

¿Sobre qué es el diálogo?

El diálogo entre la CONAIE y el Gobierno ecuatoriano comenzó el pasado 13 de octubre, en medio de las protestas contra las medidas económicas de Moreno, que incluían la eliminación del subsidio a los combustibles, en respuesta a un acuerdo alcanzado entre Quito y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un préstamo.

El primer encuentro permitió que el mandatario revirtiera esa medida, eliminando el Decreto Ejecutivo 883 que establecía el alza de los combustibles; la CONAIE, por su parte, levantó las manifestaciones, que se habían extendido por 11 días en el país.

El diálogo tiene como objetivo la redacción de un nuevo decreto. Además de la CONAIE, el Gobierno ha extendido la invitación a otros gremios, principalmente sindicales, para que participen en la elaboración del texto.

Aunque se derogó ese polémico decreto, el Gobierno envió al Parlamento una reforma tributaria y está previsto que en los próximos días haga llegar una reforma laboral.

23 octubre 2019

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Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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