Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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El paro y la protesta se extienden en Ecuador

 

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con ccortadas en varios puntos. Moreno dijo que no va a permitir que se bloqueen camiones cargados con productos básicos.

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con calles y carreteras cortadas en varios puntos. El presidente Lenín Moreno decretó ayer el “estado de excepción” para intentar sofocar las manifestaciones contra el "paquetazo" impulsado con el apoyo del FMI. Ayer la liberación del precio de los combustibles produjo aumentos de hasta un 123 por ciento. Sin embargo Moreno volvió a defender su decisión. “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, dijo.

Luego de los disturbios del jueves, los dirigentes del sector de transporte decidieron continuar con el paro nacional. "No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir", dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. "Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva a la paz", añadió.

En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte, que no se adhirió a la medida de fuerza. Una de las empresas que prestan este servicio, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó cierres viales en varios puntos de la ciudad y que taxistas colocaron barricadas y encendieron neumáticos en la céntrica avenida Teniente Hugo Ortiz para impedir el paso de los vehículos. Para contrarrestar los efectos del paro, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas habilitaran sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. El servicio se prestó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manabí, Ibarra y Pastaza. Las autoridades suspendieron las clases en las escuelas primarias y secundarias y para los institutos de formación superior y técnica.

En su perfil de Twitter, la Fiscalía indicó que fueron detenidos el secretario general del Sindicato de Chóferes y el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad andina de Cuenca, a los que identifica como Mesías V. y Manolo S., respectivamente.

El saldo de la jornada de protesta de ayer fueron 21 policías heridos y 277 detenidos, informó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad", dijo Jarrín. "Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social", expresó el ministro desde la casa presidencial.

Desde Guayaquil, Moreno afirmó que las medidas no fueron fáciles de tomar, pero que está dispuesto a dialogar con aquellos que respeten los derechos humanos. “Conversar sí, habrá mecanismos de palear un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores (la medida), claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida”, dijo. Señaló que aproximadamente 60 mil millones de dólares se destinaron a subsidios durante estos años. “Pongamos los pies en la realidad, sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado, no queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”, afirmó el mandatario. Moreno también dijo que no va a permitir que se bloquee la circulación de camiones con productos básicos. Informó que se requisaron dos camiones que bloqueaban el paso en el sur de Guayaquil y que se va a seguir requisando lo que sea necesario.

Legisladores de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, que forma parte de la Asamblea Legislativa, solicitaron la destitución de Lenín Moreno y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. "Esta Asamblea tiene que revisar el estado de excepción y determinar el incumplimiento de funciones del presidente", afirmó la legisladora Gabriela Rivadeneira.

La ola de reclamos comenzó luego de que, acosado por el endeudamiento y la falta de liquidez en una economía dolarizada, Moreno pactó un millonario programa de créditos con el FMI. El paquete de medidas incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. También despidos de empleados públicos y reforma tarifaria. La liberación de los precios provocó el aumento del galón de nafta (equivalente a 3,78 litros) desde US$ 1,85 a US$ 2,22. 

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un "ajuste" en los pasajes de autobuses interprovinciales. También impulsará que los municipios hagan lo mismo con el transporte urbano y de taxis, que están a su cargo. "Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos", añadió.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron la represión policial del jueves. "Repudiamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. (...) Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", indicó el organismo vía Twitter. El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó las medidas tomadas por Lenín Moreno. “Rechazamos que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos", dijo.

Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares. La deuda externa pública de Ecuador subió en 47 por ciento en el actual gobierno, llegando a 39.491 millones de dólares. Esto representa el 36,2 por ciento del PIB.


Lenín Moreno: un converso contra las cuerdas

Por Juan Manuel Karg

 

La declaración de Estado de Excepción que Lenín Moreno Garcés ordenó este jueves en Ecuador termina de mostrar su conversión total a nivel político: fue antecedida por una serie de protestas y movilizaciones contra el alza en el precio de los combustibles, dispuesto tras la quita del subsidio estatal, lo que provocó el fastidio en amplios sectores sociales que eligieron las calles para manifestar su descontento.

 Antes, el Fondo Monetario Internacional había pedido la implementación a la brevedad de otras dos medidas ortodoxas, las reformas laborales y tributarias, para así desembolsar unos 4200 millones de dólares. Moreno, que se mostró como un alumno ejemplar de Donald Trump en el encuentro que el Jefe de Estado norteamericano tuvo con algunos mandatarios de nuestra región en el marco de la Asamblea General de la ONU, viene de retirar el busto de Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas que lleva el nombre del ex presidente argentino en Mitad del Mundo. Antes, había sido pieza clave en el lanzamiento de Prosur, el esquema integracionista que pretende reemplazar a la Unasur y es solo un maquillaje sin sede, funcionarios ni atribuciones.

Como se ve en el artículo tres del Estado de Excepción, Moreno suspende "en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión", lo cual "consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durantes las veinticuatro horas del día". Este decreto, que tiene dos meses de rigor a partir de la firma del Jefe de Estado, tuvo su fatídico estreno en las inmediaciones del Palacio de Carondelet el mismo jueves, con una represión policial que incluyó detenciones arbitrarias y ataques a los periodistas allí presentes (dos cronistas de El Comercio fueron golpeados, según se advierte en diversos videos subidos a las redes sociales). 

Luego Moreno se desplazó hasta Guayaquil. "La tarea de mi presencia es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando el Ecuador" dijo allí Lenín, intentando sin pruebas mezclar lo que sucedía en las calles de esa ciudad -además de movilizaciones genuinas, hubo desbordes con saqueos a comercios incluídos- con el gobierno de Rafael Correa (del cual el fue funcionario de alto rango, vale decir, hasta el último día, y al cual valoraba como "el mejor gobierno de la historia de Ecuador").

 La derecha sudamericana enfrenta un momento de serias convulsiones que sobrepasan Ecuador: Argentina se precipita a un fin de mandato de Mauricio Macri con alarmantes índices de pobreza y una impagable deuda con el propio FMI; Paraguay está en recesión económica; Perú naufraga en una disputa fraticida entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hizo que este último quede disuelto; Brasil se prende literalmente fuego mientras Bolsonaro cae en su popularidad y Lula permanece detenido injustamente en Curitiba; Colombia asiste a una escisión de las FARC ante un acuerdo de paz que se debilita, entre otros datos que dan cuenta del complejo momento que viven los gobiernos conservadores en la región. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano amerita especial tratamiento: Moreno tiene una fuerza social, política y electoral escasa, casi irrelevante, y para gobernar debe apoyarse en los sectores más conservadores del país, tanto a nivel político como económico. Del otro lado, el correísmo muestra músculo: en las últimas elecciones conquistó dos de las tres gobernaciones más importantes del país (Pichincha y Manabí). Hay un líder, en el extranjero, que aún tiene la capacidad de aglutinar a un segmento no menor de la población de ese país ante el ajuste en curso: este elemento puede ser significativo a mediano plazo.

 La decisión de Moreno tiene que ver con un dato inequívoco de la política ecuatoriana: las calles le toman el pulso a los gobiernos que deciden ajustar a la población. Le pasó a Jamil Mahuad, que contaba con el mismo asesor con el que cuenta Moreno: Jaime Durán Barba, que tiene un 2019 para el olvido, visto y considerando además la estruendosa derrota de Mauricio Macri en las PASO de Argentina. Por este dato histórico, que tiene que ver con la tradición de un pueblo decidido a salir a las calles para confrontar los abusos del poder, y por la debilidad estructural del gobierno de Moreno, habrá que prestar atención al día a día de una crisis que acaba de empezar y nadie sabe como puede terminar. El converso está contra las cuerdas y todos los actores políticos y económicos del país notan su debilidad. La huelen. Moreno, que dejó de ser Lenín hace ya mucho tiempo, vive sus horas más complicadas.

Politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales. @jmkarg 

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Lenin Moreno decreta "estado de excepción" para contener las protestas

El aumento de combustibles derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.  La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.

Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente. 

 "Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.

El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito. 

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible.  "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.

El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones".  Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario. 

Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.

Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.

Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.


El paquetazo del FMI lleva a Lenín Moreno al borde del precipicio

Eloy Osvaldo Proaño

CLAE

La caída vertiginosa de la credibilidad del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la imposición del paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la declaración del estado de excepción ante el reclamo popular, se suman a las denuncias de corrupción, que van abonando el mismo camino que debieron seguir sus antecesores Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

Con la declaración del estado excepción que durará 60 días, con posibilidad de renovación (según la ministra de Gobierno María Paula Romo) el presidente Lenín Moreno, pretende "garantizar la seguridad" ante los "focos localizados" de violencia. "La gente piensa que no tomo decisiones, pero sí lo hago", aseguró Moreno.

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente.

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”. Lo cierto es que desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y el jueves el ambiente de las protestas subió de tono.

La gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno desde la casa de gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el miércoles desde Washington que las reformas anunciadas por Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.

Destacó asimismo que las autoridades “están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, incluida la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de presupuesto y planificación”. El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares

Assange, los INA Papers, Unasur, Opep

Lenín Moreno sorprendió el jueves 11 de abril al revocar el asilo que Ecuador le había concedido a Julián Assange, situación que le fue exigida por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y, según señalan algunos analistas, por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle los créditos solicitados.

La medida acabó con su estadía de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y permitió que la policía británica lo arrestara, para entregarlo al gobierno estadounidense. Moreno aseguró que Assange “prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”, quebrando las normas de convivencia y hasta manchando con sus heces las paredes de la sede diplomática.

Existe una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones de Wikileaks acerca de los INA Papers y la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar con la carrera política de Moreno, e incluso, dar con sus huesos en la cárcel.

En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés constituyó una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp (acrónimo de las tres últimas letras del nombre de las tres hijas que del mandatario: Irina, Carina y Cristina), con el fin de recibir dineros de coimas que se recaudaban por medio del “empresario” y a la vez su testaferro Xavier Macías Carmignani.

Los sobornos comprobados se recibieron de empresas como la china Sinohydro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de determinadas concesiones con el estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares.

Los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización criminal liderada por Lenín Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano, cuyos alcances han derivado en lo que Interpol categoriza como crimen transnacional.

Las últimas semanas Lenín Moreno no sólo decidió la salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bombardeando el esfuerzo de integración política regional, sino también el vaciamiento de la sede en la mitad del mundo, que incluyó quitar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y anunció también el retiro del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Presidentes expulsados

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio.

Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil tras ser electo en 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985. En su intento por huir de la prisión preventiva en el juicio por peculado, viajó a Panamá. En 1987 el Congreso le dio amnistía , permitió que participe en las elecciones de 1988 en la que perdió contra Rodrigo Borja, y los juicios en su contra volvieron a activarse inmediatamente y tuvo que volver a Panamá.

En 1992 el Congreso le otorgó amnistía por segunda vez y se postuló para los comicios presidenciales de 1992 en los que volvió a perder. Su tercera candidatura fue en 1996 y ganó. En 1996, la entonces Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en su contra debido a mal manejo de gasto público y un sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares. En 1997 el congreso lo calificó de ‘incapacidad mental’, fue destituido y viajó a Panamá, lugar en el ha permanecido exiliado.

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación. Esto llevó a la quiebra o cierre de 21 de los 42 bancos existentes en esa época. Mahuad decretó un congelamiento de depósitos y dolarizó al país. Se produjo una devaluación acelerada. El precio del dólar había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.

El 21 de enero de 2000 fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático pero Mahuad se fue a dar clases en la universidad de Harvard. El 27 de mayo de 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener a Mahuad en cualquier parte del mundo y llevarlo a los tribunales de Ecuador, pero fue retirada en menos de un mes.

La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de peculado —mal uso de fondos públicos— que significaría una pena de 12 años en prisión.

El 21 de enero del 2000 Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad. Fue arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció por 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. En las elecciones del 2002 se lanzó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta.

El mandato de Gutiérrez experimentó casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Creó la Pichi Corte donde se buscaba eliminar los juicios para los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. El aumento del costo del combustible y el no cumplimiento de su plan político llevó a la ciudadanía a protestar durante varias semanas hasta que, el miércoles 20 de abril de 2005, Gutiérrez dejó la presidencia, a bordo de un helicóptero del Ejército.

….

La renovada represión marca la ruta de su posible futuro, sobre todo cuando las guarismo de las últimas elecciones regionales marcaron un sostenido aumento del poder popular del expresidente Rafael Correa, denostado, permanentemente atacado por Lenín Moreno, quien supo ser su vicepresidente y su candidato a sucederlo.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

No sería descartable que dada la debilidad de Moreno, esos mismos sectores sean los que aceleren la asunción del vicepresidente para que pueda seguir con las medidas económicas y el camino trazado. Algo similar sucedió, recuerda el exvicecanciller Kintto Lucas, en el año 2000 con Mahuad-Noboa cuando se declaró la dolarización.

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Nuevo paquete económico en Ecuador: eliminación de subsidios y reforma laboral

El Gobierno ecuatoriano eliminará el subsidio a los combustibles, reducirá el impuesto de salida de divisas para materias primas, suspenderá los aranceles para maquinaria y llevará adelante reformas laborales como una manera de incentivar la economía, anunció el presidente Lenín Moreno.

El mandatario dijo que sus reformas incluyen la suspensión del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, eliminar o reducir los aranceles para maquinaria, equipos y materia prima tanto agrícola como industrial, quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología así como el anticipo del impuesto a la renta; además se mantendrá en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las medidas buscan darle "una gran mano a nuestros productores, para que sean más competitivos, para que puedan exportar más", dijo Moreno, que agregó que también bajará a la mitad el impuesto de salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital, así como para los automóviles de menos de 32.000 dólares.

Agregó que "le vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional a los que más tienen" anunciando que las empresas que perciban ingresos de más de 10 millones de dólares al año pagarán por 3 años una contribución especial; esos fondos se destinarán a la seguridad, la educación y la salud.

El Gobierno también impulsará reformas laborales que facilitarán contrataciones y el trabajo a distancia, entre otros, pero los empleadores aumentarán su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones, explicó el presidente.

En cuanto al empleo público, Moreno dijo que los contratos ocasionales serán renovados pero con un 20% menos de remuneración, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento.

Ecuador enfrenta problemas fiscales y de endeudamiento externo, por lo que ha buscado la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmando un préstamo por 4.200 millones de dólares este año, que incluye reformas y ajustes de gasto.

Este acuerdo es parte de un esfuerzo más amplio, que incluye un apoyo financiero de más de 6.000 millones de dólares en los próximos tres años de parte de un conjunto de organismos financieros internacionales, entre los que se destacan el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

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Miércoles, 02 Octubre 2019 06:19

Los descubrimientos son siempre políticos

Los descubrimientos son siempre políticos

Para destacar el 150 aniversario de Nature, David Kaiser rastrea los orígenes del apoyo gubernamental a la ciencia en el primero de una serie de ensayos sobre cómo los últimos 150 años han moldeado el sistema de investigación.

A finales de agosto de 1609, el astrónomo italiano Galileo Galilei escribió entusiasmado a su cuñado relatándole los rápidos acontecimientos de ese verano. Unas semanas antes, Galileo había escuchado rumores de que se había inventado un catalejo en Flandes (ahora parte de Bélgica). Rápidamente construyó una versión mejorada, lo que desencadenó una nueva ola de rumores. Al poco tiempo, el Senado veneciano le llamó para probar su dispositivo. Galileo se jactó ante su familia de los “numerosos caballeros y senadores” que habían “subido las escaleras de los campanarios más altos de Venecia para observar en el mar velas y embarcaciones tan lejanas que... se necesitaron dos horas o más antes de poderlas ver sin mi catalejo”. El Senado votó de inmediato que se le otorgara a Galileo un puesto de por vida en la Universidad de Padua en Italia, con un salario anual de 1.000 florines, cuando 1.000 florines significaban realmente algo [1] .

Galileo no había hecho más que empezar. Girando su nuevo telescopio hacia los cielos, descubrió (entre otras cosas) cuatro lunas orbitando alrededor de Júpiter. Astutamente, las nombró las Estrellas Mediceas en honor a Cosimo II de Medici, el Gran Duque de la Toscana. La táctica funcionó: al año de ese premio por su éxito veneciano, Galileo había conseguido un salario aún mayor (y se había despojado de sus deberes de enseñanza) como filósofo natural oficial de la corte de los Medici en Florencia [2] .

Galileo tenía una habilidad especial a la hora de convencer a los funcionarios del gobierno y mecenas de la corte para que apoyaran sus investigaciones. Si rastreamos sus proezas, mientras pasaba de un benefactor al siguiente, podríamos reconocer los destellos de los científicos emprendedores de hoy. Sin embargo, unos 250 años después de la época de Galileo, ha empezado a afianzarse una relación bastante diferente entre el gobierno y la ciencia.

Justo cuando el astrónomo Norman Lockyer estaba fundando Nature en 1869, se estaban produciendo cambios importantes en el nexo entre el gobierno y la ciencia en muchas partes del mundo.

Construyendo imperio

Durante las décadas intermedias del siglo XIX, el Imperio británico creció hasta incluir aproximadamente una cuarta parte de la Tierra y mantener el dominio sobre casi un cuarto de su población. En ese momento, varios políticos británicos prominentes, incluidos antiguos y futuros primeros ministros, trataron de apoyar la situación de la ciencia y la tecnología. En la década de 1840, Robert Peel, Benjamin Disraeli, William Gladstone y otros donaron fondos de sus propias arcas para ayudar a fundar el Royal College of Chemistry, convencidos de que la investigación centrada en este campo beneficiaría a la nación y sus ambiciones imperiales. En la década de 1860, muchos investigadores trabajaron duro para formalizar tales planes, empezándose a crear la estructura en una serie de laboratorios de las universidades de todo el Reino Unido, basando cada elemento en la promesa de que las mediciones de precisión de las cantidades físicas podrían hacer avanzar la comprensión científica fundamental y estimular el desarrollo industrial.

La electrificación, la telegrafía, la expansión de los ferrocarriles y la producción de acero a gran escala fueron los desarrollos característicos de lo que a menudo se llamó la segunda revolución industrial, que comenzó alrededor de 1870. Cada una exigía unidades y medidas estándar. Surgieron nuevas sinergias cuando los principales investigadores, incluidos James Clerk Maxwell y William Thomson (más tarde Lord Kelvin), como miembros de las comisiones gubernamentales de alto nivel, utilizaron su comprensión del electromagnetismo y la termodinámica con el objetivo de abordar los desafíos de las comunicaciones transatlánticas, los estándares eléctricos, la navegación oceánica y las máquinas de vapor [3] .

De alguna manera, los británicos estaban tratando de ponerse al día. Desde mediados del siglo XIX, las universidades locales en todos los Estados de habla alemana habían estado reclutando talentos académicos en concursos en base al prestigio: instituciones financiadas por el gobierno se dedicaron a incorporar a los Galileos del momento. El modelo se intensificó rápidamente después de la derrota prusiana de Francia y el establecimiento de una Alemania unificada a principios de 1871. Bajo un Ministerio de Educación centralizado, y con ambiciones aún mayores para una rápida industrialización, el gobierno alemán invirtió fuertemente en la investigación académica de las ciencias naturales [4] .

Sin embargo, incluso con todos esos apoyos, industriales prominentes como Werner von Siemens temían que Alemania estuviera perdiendo su supremacía. El cabildeo concertado condujo al establecimiento de una nueva institución financiada por el gobierno en 1887: el Physikalisch-Technische Reichsanstalt en Berlín. Dirigido por el físico Hermann von Helmholtz, su mandato consistía en acelerar el trabajo en la intersección de la ciencia básica, la investigación aplicada y el desarrollo industrial. En pocos años, los esfuerzos pioneros que allí se hicieron para evaluar propuestas competitivas para el alumbrado público a gran escala -que requerían mediciones cuidadosas de la producción de radiación en varios de los dispositivos- arrojaron grabaciones tan precisas del espectro de radiación de los cuerpos negros que las teorías físicas dominantes ya no podían ajustar los datos. Inspirado, el físico Max Planck rompió a regañadientes con la teoría electromagnética de Maxwell y dio sus primeros pasos tentativos hacia la teoría cuántica [5] .

Mientras tanto, una guerra diferente con Prusia provocó cambios significativos en el gobierno y la ciencia en el este, cuando el imperio austrohúngaro se formó en 1867. Muy rápidamente, las autoridades imperiales lanzaron esfuerzos épicos en meteorología y climatología. El objetivo era crear redes institucionales amplias que pudieran fomentar un sentido común nuevo de propósitos a través del batiburrillo de las tradiciones legales, religiosas y lingüísticas locales. Las universidades, los museos y otras instituciones respaldadas por el gobierno comenzaron a recopilar y estandarizar registros meteorológicos con el objetivo de comprender cómo los patrones locales se relacionan con fenómenos a mayor escala. El imperativo de unificar el extenso imperio favoreció la investigación de vanguardia sobre conceptos modernos, como son las interacciones e interdependencias regionales a través de escalas que van desde los microclimas a los continentes [6] .

En esa época, el zar Alejandro II en Rusia estaba inmerso en la búsqueda de un proyecto de modernización propio. A partir de 1861, emitió una serie de proclamas que se conocieron como las Grandes Reformas. La emancipación de los siervos fue seguida rápidamente por la reforma de las universidades estatales, así como por cambios en los gobiernos regionales y el sistema judicial. La inmensa burocracia que se creó significó nuevas oportunidades para los intelectuales ambiciosos, incluido el químico Dmitrii Mendeleev. Después de dos años de estudio en Heidelberg, Alemania, Mendeleev regresó a su San Petersburgo natal en 1861 para enseñar química en la universidad local, publicando su versión ahora famosa de la tabla periódica de los elementos en 1869, el mismo año en que se lanzó Nature.

Los pasos siguientes en la notable carrera de Mendeleev son emblemáticos de los roles ampliados de la ciencia y la tecnología en esa era. En poco tiempo, el Ministerio de Finanzas y la Armada rusa estaban consultándole, y finalmente ocupó el puesto de director de la Oficina de Pesos y Medidas del país, lo que ayudó a introducir el sistema métrico en Rusia. Al igual que Otto von Bismarck y otros constructores de naciones en Alemania, el zar Alejandro II estaba ansioso por impulsar el desarrollo industrial en todo su país. Un aspecto fundamental de esos esfuerzos fue el de invertir considerablemente en la metrología de precisión; el zar supo encontrar naturalistas entusiastas y hábiles como Mendeleev para conseguir tal objetivo [7] .

En la misma década, Japón experimentó también cambios enormes. La Restauración Meiji de 1868 marcó un período de apertura para un país anteriormente aislado. El juramento de la Carta del Emperador proclamó que: “Se buscará el conocimiento en todo el mundo y, con ello, se fortalecerán los logros del gobierno imperial”. El gobierno comenzó a invertir en las manufacturas y otras reformas industriales. Instituyó nuevas escuelas públicas y financió becas para enviar estudiantes al extranjero a estudiar los avances científicos. El gobierno central llevó a Japón científicos de alto nivel de otros países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, para desarrollar la capacitación en instalaciones financiadas por el Estado. Sus líderes comenzaron también allí a priorizar las instituciones de investigación patrocinadas por el gobierno como parte del esfuerzo moderno de construcción del Estado [8] .

Irrupción de Estados Unidos

Estados Unidos seguía siendo un obstinado caso aparte. El momento estaba lejos de resultar prometedor para nuevas inversiones. El conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos no terminó hasta 1865, marcado por el asesinato del presidente Abraham Lincoln. (Murieron más soldados estadounidenses durante la guerra civil de 1861-1865 que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y las guerras en Corea, Vietnam, Afganistán e Iraq juntas.) El apoyo a la investigación científica y a las instituciones a nivel federal fue escaso hasta finales del siglo XIX. De hecho, varios políticos importantes se escandalizaron por la carencia comparada de preparación científica y técnica de la nación durante la Primera Guerra Mundial.

Los esfuerzos de los reformadores en Estados Unidos para apuntalar el apoyo a la investigación por parte del gobierno se vieron obstaculizados por la larga tradición estadounidense de que la educación debía permanecer en manos de las autoridades estatales y locales en lugar del gobierno federal. Por todo Estados Unidos y a nivel individual, los colegios y universidades pusieron gradualmente mayor énfasis en la investigación original y en la construcción de infraestructura para los laboratorios. Pero, en el mejor de los casos, el impacto siguió siendo desigual. Ya en 1927, cuando el joven físico Isidor Rabi viajó a Alemania para estudiar la teoría cuántica, descubrió que las bibliotecas universitarias tendían a pedir la revista Physical Review de año en año. Parecía no haber razón para recibir copias con mayor frecuencia teniendo en cuenta su mediocre contenido [9] . La ciencia fue incluso ignorada en gran medida durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando el gobierno federal centralizó tantas otras cosas bajo el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt.

Solo a principios de la década de 1940, en medio de una movilización de emergencia en tiempos de guerra, el gobierno federal estadounidense asumió el apoyo a la investigación y desarrollo a gran escala. El radar, las armas nucleares, el fusible de proximidad y docenas de otros proyectos militares requirieron miles de millones de dólares y una estrecha coordinación entre los estudios abstractos y el desarrollo práctico.

La efectividad de los planes en tiempos de guerra impresionó a políticos, planificadores militares y administradores universitarios por igual. Cuando llegó la paz, se apresuraron a construir una nueva infraestructura que pudiera mantener las relaciones forjadas por la guerra. Los presupuestos para las ciencias físicas y la ingeniería continuaron aumentando a partir de entonces, provenientes casi en su totalidad del gobierno federal. En 1949, el 96% de todos los fondos en Estados Unidos para la investigación básica en ciencias físicas provenían de agencias federales relacionadas con la defensa. En 1954 -cuatro años después de la creación de la Fundación Nacional civil de Ciencias de EE. UU.-, esa proporción había aumentado al 98% [10] .

A partir de entonces, los políticos estadounidenses encontraron nuevas razones para apoyar la investigación: ayudaba a cumplir los objetivos nacionales para el desarrollo industrial y la defensa militar, y era un elemento clave en las relaciones internacionales. La inversión federal en instituciones científicas en toda la Europa devastada por la guerra, podía evitar, según se pensaba, los flirteos de los científicos con el comunismo en países como Francia, Italia y Grecia. Las reformas importantes del sistema universitario japonés bajo la ocupación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial también ayudaron a difundir el modelo estadounidense. Gastar en ciencia se convirtió en una inversión en los corazones y en las mentes [11] , [12] .

En Estados Unidos, la constante inversión federal ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la investigación e infraestructura científicas. Durante los 25 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, se capacitó a más jóvenes en ciencias naturales que en toda la historia humana anterior. El gobierno estadounidense desarrolló un sistema de laboratorios nacionales y apoyó un amplio espectro de investigación en las universidades, la mayoría de ellas con poca conexión directa con proyectos militares. Los gastos se justificaban a menudo en términos de una “preparación” más amplia: crear un gran grupo de personal capacitado que estuviera disponible para trabajar en determinados proyectos militares en caso de que la guerra fría se volviera caliente [13] .

Mientras tanto, los científicos emprendedores aprovecharon las oportunidades que surgían de los estrechos lazos con patrocinadores militares. Las preocupaciones de la Marina de los EE. UU. sobre la guerra submarina impulsaron una intensa exploración del fondo del océano. Los geocientíficos, aprovechando los nuevos datos e instrumentos, encontraron evidencias convincentes de la tectónica de las placas [14] . Del mismo modo, las consultas a los físicos sobre proyectos clasificados de defensa antimisiles estimularon el desarrollo de nuevas áreas de estudio, como la óptica no lineal [15] .

Diversificación de carteras

Esa “nueva normalidad” se mantuvo aproximadamente a lo largo de un cuarto de siglo. Justo cuando Nature celebró su centésimo aniversario en 1969, los auditores militares estadounidenses publicaron un extenso análisis, denominado Project Hindsight. En él se sostenía que las agencias federales de defensa habían recibido escasos rendimientos de su inversión en ciencia abierta. Ese año, el senador demócrata Michael Mansfield (Montana) -quien pronto se convertiría en el líder de la mayoría del Senado con mayor antigüedad en la historia de Estados Unidos- introdujo una enmienda de último minuto a la Ley Federal de Autorización Militar de 1970. Estipulaba que no podría utilizarse ningún fondo del Departamento de Defensa “para llevar a cabo cualquier proyecto o estudio de investigación” que no tuviera “una relación directa y evidente con una función militar específica”.

En los campus universitarios de todo el país, el debate sobre el papel del gobierno en el apoyo a la investigación científica se hizo aún más bronco. En medio de la escalada de la guerra de Vietnam, científicos y estudiantes lidiaron respecto al peso adecuado que debían tener los gastos de defensa en la educación superior. En la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y en la Universidad de Wisconsin-Madison, grupos de radicales atacaron con explosivos los laboratorios de investigación financiados por el ejército. En muchos otros campus, la policía recurrió a gases lacrimógenos y porras para dispersar a los enojados manifestantes [16] .

Durante los años setenta y ochenta, los científicos forjaron asociaciones con industrias privadas, así como con filantropías. Estas relaciones se aceleraron por los fuertes recortes en el gasto federal en defensa y educación en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. La biotecnología y la nanotecnología surgieron en esos años impulsadas por sistemas de apoyo que eran diferentes del gasto gubernamental que había financiado la investigación en física nuclear después de la Segunda Guerra Mundial [17] .

En estos últimos tiempos, los modelos híbridos de apoyo todavía dependen en gran medida de la financiación del gobierno central; solo tienen que considerar cuán de cerca siguen los científicos el ciclo de asignaciones de cada año en el Congreso de los EE. UU. y en otras instituciones. Pero el apoyo a la investigación rara vez se sustenta hoy en día en el modelo de saturación que parecía tan natural al principio de la era nuclear. Actualmente, menos de 20 países invierten más del 2% de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Mientras tanto, en varios de esos países, la naturaleza del apoyo del gobierno ha cambiado, priorizando a menudo proyectos con objetivos a corto plazo y aplicaciones prácticas en lugar de investigaciones a escalas mayores.

Cuando Lockyer estaba enviando el primer número de Nature a la prensa, muchos elementos de la empresa científica moderna se estaban forjando en Gran Bretaña, el continente europeo y partes de Asia. Pero para captar por completo el alcance de las relaciones monetarias en que los científicos se mueven ahora -rastreando los equivalentes actuales del Senado veneciano en busca de fondos, al mismo tiempo que se corteja a los donantes privados en los Institutos Kavli y en los centros de la Fundación Simons que no son menos brillantes que un palacio Medici-, haríamos bien en tener presente a Galileo.

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Notas:

[1] Drake, S. Isis 50 , 245–254 (1959).

[2] Biagioli, M. Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism Ch. 2 (Univ. Chicago Press, 1992).

[3] Morus, I. R. When Physics Became King (Univ. Chicago Press, 2005).

[4] Clark, W. Academic Charisma and the Origins of the Research University (Univ. Chicago Press, 2006).

[5] Cahan, D. An Institute for an Empire: The Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 1871–1918 (Cambridge Univ. Press, 1989).

[6] Coen, D. R. Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale (Univ. Chicago Press, 2018).

[7] Gordin, M. D. A Well-Ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the Shadow of the Periodic Table (Basic, 2004).

[8] Kikuchi, Y. Anglo-American Connections in Japanese Chemistry: The Lab as Contact Zone (Palgrave Macmillan, 2013).

[9] Rigden, J. S. Rabi: Scientist and Citizen 4 (Basic, 1987).

[10] Forman, P. Hist.Stud. Phys. Biol. Sci. 18 , 149–229 (1987).

[11] Krige, J. American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe (MIT Press, 2006).

[12] Kaiser, D. Drawing Theories Apart: The Dispersion of Feynman Diagrams in Postwar Physics Ch. 4 (Univ. Chicago Press, 2005).

[13] Kaiser, D. Hist. Stud. Phys. Biol. Sci.33, 131–159 (2002).

[14] Oreskes, N. Nature501, 27–29 (2013).

[15] Wilson, B. Hist. Stud. Nat. Sci.45, 758–804 (2015).

[16] Moore, K. Disrupting Science: Social Movements, American Scientists, and the Politics of the Military, 1945–1975 (Princeton Univ. Press, 2008).

[17] Mirowski, P. Science-Mart: Privatizing American Science (Harvard Univ. Press, 2011).

David Kaiser es profesor de Historia de la Ciencia y profesor de Física en el Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA.

 Fuente: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02848-2   

Airbus y Boeing: política industrial y mercado

La industria aeronáutica está pasando por un mal momento. Los dos gigantes que controlan el mercado mundial de aviones de pasajeros, Boeing y Airbus, enfrentan dificultades financieras, económicas y tecnológicas. Boeing acaba de recibir un duro golpe, pues dos accidentes de aviación en menos de cinco meses involucraron su modelo B 737 Max 8. Eso condujo a todos los países en los que operan aerolíneas con estas naves a suspender los vuelos con esos aparatos y a mantenerlos en tierra mientras se terminan las investigaciones sobre las causas de esos percances.

El impacto sobre el valor de las acciones de Boeing no se hizo esperar, con una caída superior a 14 por cientoen unas cuantas horas, lo que representó una pérdida de 33 mil millones de dólares. La serie 737 Max ha sido ya durante varios años el producto principal de Boeing en el mercado y se han vendido más de 15 mil aparatos de esta serie, aunque sólo se han entregado 10 mil 444. Del modelo Max, que es el más moderno y ahora se descubre que está plagado de problemas en los sistemas de control automático del estabilizador horizontal, se han vendido 5 mil 05 y se han entregado 375. El precio promedio de un avión serie Max es de unos 120 millones de dólares. Un colapso en los pedidos futuros del 737 Max sería un fuerte descalabro para la empresa.

En tanto, Airbus, el archicompetidor de Boeing, ha experimentado su propia serie de problemas. En 1990 anunció el lanzamiento de un programa para construir un avión de pasajeros jumbo capaz de destronar al clásico 747 de Boeing en el mercado de aviones de gran capacidad. El nuevo Airbus 380 comenzó a producirse en 2000 y para 2005 se realizó el primer vuelo del avión con dos pisos y capacidad para 550 pasajeros (bajo ciertas configuraciones el A380 puede transportar 650 pasajeros). El costo total del programa alcanzó la cifra de 10 mil millones de euros: los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido dieron créditos a Airbus por más de 6 mil millones de euros.

El costo de desarrollar una nueva familia de aviones es tan elevado que una compañía como Airbus se estaba jugando el pescuezo en este proyecto. Al principio el ritmo de ventas parecía anunciar el éxito del proyecto, pero muy rápido los costos de operación se fueron revelando demasiado altos para las aerolíneas y los nuevos pedidos se fueron haciendo cada vez más difíciles de conseguir. Sólo la fidelidad de una compañía, Emirates, permitió mantener el proyecto de la familia del A380 sobre la línea de flotación. La estrategia de esa aerolínea ha estado basada en los súper-jumbo de Airbus para dominar el mercado de vuelos intercontinentales.

Pero el problema del Airbus A380 no está solamente en los costos de operación. También comenzó a revelarse que era difícil llenar los asientos de este avión, lo que agravó el perfil de rendimiento. En síntesis, los pronósticos sobre flujo de pasajeros fueron desmentidos por la realidad y las compañías de aviación prefirieron comprar aviones más pequeños y de mejor rendimiento. El 14 de febrero el conglomerado Airbus anunció el final de la producción del súper-jumbo y varias compañías (incluyendo Air France) han incluso comenzado a deshacerse de los aparatos que operan.

Es posible que los problemas técnicos del 737Max 8 sean resueltos en poco tiempo por los ingenieros de Boeing en su planta maestra en Seattle. De hecho, la compañía ya anunció que los sistemas de pilotaje automático serán remplazados por completo. Y también es probable que el costo de retirar al enorme A380 del mercado pueda ser superado por Airbus. Pero es importante tomar en cuenta algunas lecciones que se derivan de la dinámica de este duopolio. La realidad es que sin los subsidios que han recibido ambos consorcios ninguno de ellos hubiera podido desarrollarse. El año pasado la Organización Mundial de Comercio (OMC) anunció el fallo de un panel de controversias en el que Airbus fue encontrado culpable de recibir subsidios que la OMC había prohibido en 2016 por parte de varios gobiernos de la Unión Europea.

Boeing clamó victoria, pero la verdad es que todavía falta la decisión de un panel en otra demanda contra el consorcio estadunidense que recibe astronómicos subsidios por parte del Departamento de Defensa. Desde hace décadas Boeing ha recibido un subsidio a través del apoyo del Pentágono para su línea de aviones cisterna de aplicación militar (el KC35 y el más moderno KC46). La plataforma para estos aviones tanque y los componentes que comparten con los demás aparatos de Boeing permiten al consorcio beneficiarse del apoyo que reciben sus aviones de uso militar.

Si Boeing y Airbus se disputan hoy la hegemonía del mercado mundial eso se debe a una decidida y clara política industrial, no a las veleidades de la mano invisible del mercado. Sin los subsidios y apoyos estatales que ambos consorcios han recibido simplemente no hubieran podido ajustarse a un mercado tan errático.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
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