Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

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Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Lunes, 16 Julio 2018 07:06

Un premier que tocó fondo

Un premier que tocó fondo

Una de las condiciones del acuerdo con el FMI era la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, lo que llevó a anunciar un ajuste que generó las protestas. Al final, el gobierno dio marcha atrás con la medida.

 El primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, renunció tras el estallido social desatado por un aumento en los combustibles, que luego fue suspendido. El principal desafío del gobierno de Jovenel Moïse será hallar la forma de apaciguar a todos: los ciudadanos de a pie, los políticos con variados intereses y los economistas del Fondo Monetario Internacional. 

“Antes de venir aquí (al Parlamento), presenté mi renuncia” al presidente Jovenel Moïse, quien la aceptó, dijo Lafontant en el Congreso el sábado.


Horas después, Moïse dirigió un mensaje al país en el que prometió que el nuevo gobierno será inclusivo, abarcará a, según dijo, todas las fuerzas vivas y que tendrá como misión aliviar lo que llamó la miseria del pueblo, además de desarrollar la agricultura, la energía y toda la infraestructura del país.


En su discurso, el mandatario criticó las protestas y aseguró que la violencia no funcionaba con el desarrollo o la democracia. “Debemos cambiar viejas prácticas que devuelven el país al pasado. Como Jefe de Estado, proporciono todas las instrucciones dentro del estado, para garantizar seguridad de la vida y propiedad en todo Haití”, indicó Moïse. Según el portavoz presidencial, el mandatario ya ha celebrado varias reuniones con potenciales candidatos, pero que continuaba las consultas para nombrar un nuevo primer ministro.


Tras la dimisión de Lafontant, Haití está en calma y las actividades volvieron a la normalidad, aunque está lejos de la estabilidad política dado que el Gobierno solo es operativo para tomar decisiones de urgencia o de escaso calado. Además, la oposición, que ayer manifestó su beneplácito por la renuncia del premier y su gabinete, mantiene la presión sobre el presidente, advirtiéndole de que, de no atender a las demandas de la población, puede ser el próximo en caer.


“No estamos aquí por algo a corto plazo, este es un mensaje del pueblo para el gobierno. No solo para los ministros, sino también el presidente, que es parte de este sistema incapaz de generar respuestas para la población”, dijo el líder opositor Moise Jean Charles. Asimismo, Charles señaló que seguirán sus movilizaciones en la calle para, según dijo evitar que un grupo se apropie de todos los bienes del país. “El presidente y el parlamento tienen que tomar nota para entender que el pueblo quiere grandes cambios, y si no se produce las cosas van a ser peores en el futuro”.


Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Joseph Lambert, instó al mandatario a nombrar un primer ministro de consenso y que pueda trabajar con todo el mundo. “La dimisión del primer ministro es un paso pero hay que dotar el país de un gobierno inclusivo. Alguien que pueda trabajar con todos los sectores y que entienda como funciona la política de la nación”, agregó Lambert.
André Michel, presidente de la opositora Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, también opinó al respecto e insistió que la renuncia del primer ministro no es suficiente para salir de la crisis política. “El presidente Moïse es el problema y debe irse”, dijo Michel.


Así, la renuncia de Lafontant apacigua solo en parte la fuerte tensión política y social tras la ola de violencia entre el 6 y el 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles –38% la nafta, 47% el diésel y 51% el kerosene–. Puerto Príncipe, la capital, y otras ciudades del empobrecido país montaron bloqueos de rutas y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas, y al menos cuatro personas murieron durante los disturbios.


El sábado 7, un día después del anuncio del ajuste, el gobierno dio marcha atrás en las medidas. Pero ante la falta de respuesta política a la violencia, varios sectores de la sociedad haitiana exigieron la renuncia de Lafontant, un médico de 57 años sin experiencia política y amigo del presidente Moïse que había sido nombrado en el cargo en febrero de 2017.


Varios centenares de haitianos marcharon este sábado no sólo para exigir la renuncia de Lafontant, sino también la del mandatario. “No es solo cuestión de cambiar al primer ministro, porque día a día, el pueblo sufre más miseria, desempleo, inseguridad, hambre”, dijo Fleurette Pierre, una manifestante. Haití está sumido en la pobreza: cerca de un 60% de la población vive con menos de 2 dólares diarios y son muy sensibles a cualquier aumento de precios. Además, la enorme desigualdad social que impera en Haití es muchas veces motivo de quienes protestan contra el gobierno. Más de 200 años después de su independencia de Francia, Haití ostenta, según el Banco Mundial, una de las sociedades más desiguales del mundo.


En febrero, el país caribeño firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a emprender reformas económicas y estructurales para promover el crecimiento. Una de las condiciones del pacto era la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, lo que llevó a anunciar el ajuste que generó la ola de violencia. El acuerdo con el Fondo también insta al gobierno a mantener la inflación por debajo del 10%. Desde 2015, la inflación araña el 14% anual. El proyecto de presupuesto remitido al Parlamento a fines de junio prevé un 13,6% para el cierre del año.


El jueves, tras la violencia generada por el anuncio del aumento de los combustibles, el FMI sugirió al gobierno haitiano eliminar los subsidios en forma gradual. “Continuaremos apoyando a Haití y ayudando (...) a las autoridades a medida que desarrollan una estrategia revisada, que incluiría un enfoque mucho más gradual para eliminar los subsidios”, explicó Gerry Rice, portavoz del FMI, en conferencia de prensa. Rice recordó que la eliminación de los subsidios al combustible debería permitir al gobierno liberar fondos para financiar medidas sociales.


El gobierno haitiano tendrá una dura tarea para configurar una estrategia que le permita cumplir con las metas acordadas con el FMI y la decisión de dar marcha atrás en el aumento de los combustibles lo obliga a encontrar otra forma para obtener los 300 millones que le hubiera generado. Esa cifra representa el 11% del presupuesto 2018-2019 presentado al parlamento en junio.

Publicado enInternacional
Lunes, 04 Junio 2018 07:00

En otra parte

En otra parte

Las crisis económicas no se resuelven, son una forma del conflicto y por lo tanto sólo logran superarse de manera recurrente. La forma en que se superan es el asunto relevante, así como el tiempo en el que se extienden sus repercusiones.


Desde 2008, cuando estalló la crisis financiera más reciente, se ha alterado significativamente el proceso de acumulación de capital y su expresión política.


La globalización preconizada como una forma superior del orden mundial que abarcaba no sólo a los mercados de productos, trabajo y capitales, sino que se extendía a la pretendida expansión de la democracia, como si fuese un producto más de exportación, está abiertamente cuestionada.


El nacionalismo económico, político y étnico resurge como un brusco movimiento de péndulo. El vínculo entre la crisis de 2008 y el cuestionamiento de ese orden que llamamos (neo)liberal es un tema clave.


Y lo es, precisamente, para el movimiento nacionalista y populista encarnado por la presidencia de Donald Trump y la preminencia de uno de sus principales ideólogos y activistas, como Steve Bannon, aun ahora que está físicamente fuera de la Casa Blanca y de la agencia de Breibart que presidió.


Es un discurso bien articulado y que está en plena ejecución. Ha puesto contra las cuerdas a los intelectuales, los tecnócratas y la prensa liberales en Estados Unidos y también en la Europa unitaria, como lo demuestran el Brexit, las recientes elecciones en Italia, la degradación permanente en la que está sumida Grecia o bien el protagonismo ruso.
El recorrido de este proceso es ya palmario y previsiblemente se va extender mucho más en un entorno de descomposición política creciente. Tal vez luego alcance a estabilizarse en un escenario muy diferente al que existe, incluso ahora ya en pleno cambio.


En este entorno muchas de las discusiones que se ventilan públicamente por todas partes parecen desenfocadas, como si los hechos no fuesen suficientemente claros. Me parece que la disputa electoral en México adolece de esta deficiencia y en un panorama nacional y mundial en mutación.


Trump prometió en su acalorada campaña a la presidencia el nacionalismo como base de la recomposición de la hegemonía estadunidense. Cumple y su base electoral está contenta. De corrección política no quiere saber nada y le luce.


Las medidas que ha tomado son controvertidas, como es el caso de la reforma tributaria que premió con una rebaja de impuestos a las corporaciones y a los estrato con mayores ingresos. El argumento central en el primer caso es reforzar la competitividad de los productos hechos en ese país; en el segundo, es que se destinará una mayor parte del ingreso disponible a la inversión.


En materia de comercio exterior y gestión monetaria su argumento ha sido que las pautas vigentes son desventajosas para los intereses de Estados Unidos. El enfrentamiento con China ha sido abierto, pero también inconsistente.


En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte la posición ha sido de fuerza y bastante manipulación, hasta la reciente imposición de aranceles al acero y el aluminio que, de facto, obstaculizan un arreglo. Al mismo tiempo, se abre una pugna con Europa cuando la inestabilidad económica y política de la región es cada vez más grande.


Nadie puede asegurar el desenvolvimiento de la pugna ya creada. Si Trump consigue imponer sus condiciones, aunque no sea completamente, será una expresión fehaciente de nuevas relaciones de poder internacional. El acercamiento de Corea del Norte, el reposicionamiento en el Medio Oriente con el beneplácito saudí y el enfrentamiento con Irán son muestras de lo que se gesta.


Es ese entorno hay que situar los escenarios que se pueden crear y el ejercicio del poder económico, político y militar desde Washington será también distinto al que se respondía hasta ahora.


Una de las consecuencias de la gestión de la crisis de 2008 fue la enorme expansión de la liquidez monetaria a partir de las inyecciones que hizo la Reserva Federal. Los activos totales en su balance eran a principios de septiembre de 2008 de 905 mil millones de dólares (billones de allá), llegaron a un máximo de 4 mil 509 billones (trillones de allá) en diciembre de 2014 y a finales de mayo sumaron 4 mil 327 billones. Sólo el poder del dólar en los mercados sostiene la situación.


Con eso se previno el colapso de las transacciones económicas, la quiebra de los bancos y el desplome de la producción. Pero el costo mayor se provocó en los precios relativos de los activos en la economía. Así, por ejemplo, se cayeron los precios de los bienes raíces mientras se elevaban los de las acciones de las empresas y con ello creció la especulación financiera. El ambiente político interiorizó los efectos sociales de la crisis.


Ahora, el Congreso dominado aún por los republicanos se apresta a deshacer parte de las regulaciones impuestas tras la crisis para limitar las operaciones altamente especulativas que los grandes bancos hacen con el dinero de los depositantes a diferencia de lo que hacen con su propio capital (la llamada regla Volker, por el antiguo presidente de la Fed).


El ciclo de expansión financiera sostenido en el crecimiento de la deuda y las inversiones especulativas va a recrearse; se ha convertido en la forma predominante del modo de funcionamiento del capitalismo. Ocurrirá ahora en el nuevo entorno de auge del proteccionismo, la expansión militar, la confrontación política, el nacionalismo y el racismo siempre presente.

Publicado enEconomía
Cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios

Estados Unidos tiene el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, los impuestos más regresivos y el mayor subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país capitalista desarrollado.


En este ensayo examinaremos las raíces socio-económicas de la desigualdad y la relación entre la concentración de riqueza y el retroceso de las clases trabajadora y asalariada.

Cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios


La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constante de la riqueza de los multimillonarios. Contrario a lo que dice la propaganda mediática a favor de los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un céntimo después de los créditos y exenciones fiscales que reciben... mientras que los trabajadores pagan de un 25 a un 30% de sus ingresos en impuestos. La tasa de la minoría de corporaciones que pagan impuestos fue del 14%.


Según el Servicio de Renta Interna de EE.UU. (IRS, según sus siglas en inglés), la evasión impositiva de los multimillonarios asciende a $458 mil millones de dólares por año, casi un billón de dólares en pérdida de ingreso público cada dos años, según este cálculo moderado.


Las corporaciones más grandes de EE.UU. guardan más de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exterior, donde no pagan impuestos o pagan impuestos bajísimos de menos del 10% de tasa impositiva.


Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis se beneficiaron de una ayuda de más de $14,4 billones de dólares (Bloomberg solicitó 12,8 billones) de dinero público, de fondos combinados entre el Tesoro y la Reserva Federal, provenientes mayoritariamente de los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría son trabajadores, empleados y jubilados.


Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dinero público invirtieron los préstamos sin interés o con bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la mayor parte de los cuales provino de ejecuciones hipotecarias de viviendas de la clase trabajadora.


A través de resoluciones judiciales favorables y ejecuciones hipotecarias ilegales, los banqueros desalojaron a 9,3 millones de familias. Más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo debido a deudas ilegales o fraudulentas.


Una pequeña cantidad de estafadores financieros, incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall Street (Goldman Sachs, J. P. Morgan y otros), pagaron multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco fraude que causó la miseria de millones de estadounidenses.


Hay otros banqueros estafadores, como el actual Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que se enriquecieron con ejecuciones hipotecarias ilegales de miles de viviendas en California. Algunos fueron enjuiciados, pero todos fueron exonerados, gracias a la ayuda dada por líderes del Partido Demócrata durante el gobierno de Obama.


Silicon Valley y sus multimillonarios innovadores hallaron nuevas maneras de evadir impuestos usando paraísos fiscales en el exterior y deducciones impositivas dentro del país. Incrementan su riqueza y las ganancias corporativas pagando localmente salarios en el umbral de pobreza a sus trabajadores manuales y de servicios. Los ejecutivos de Silicon Valley “ganan” mil veces más que los trabajadores del sector productivo.


Las desigualdades de clase son enfatizadas con las divisiones étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e indios (de la India) explotan a trabajadores afroamericanos, latinoamericanos, vietnamitas y filipinos.


Los multimillonarios en conglomerados comerciales como Walmart, explotan a los trabajadores pagándoles salarios de miseria y proveyéndoles beneficios escasos o nulos. Walmart obtiene $16 mil millones de dólares de ganancias por año gracias a que solo le pagan a sus trabajadores entre $10 y $13 dólares por hora y dependen de la asistencia estatal y federal para que le brinde a las familias empobrecidas el servicio Medicaid [1] y cupones para alimentos. El plutócrata de Amazon Jeff Bezos explota trabajadores pagándoles $12,5 por hora mientras que él ha acumulado más de $80 mil millones de dólares en ganancias. El CEO de la empresa UPS gana $11 millones por año explotando a sus trabajadores con un pago de $11 por hora. El CEO de Federal Express, Fred Smith, gana $16 millones anuales y le paga a sus trabajadores $11 por hora.
La desigualdad no es un resultado de la “tecnología” ni de la “educación” -eufemismos contemporáneos que alimentan el culto de superioridad de la clase dominante- como les gusta decir a los economistas y periodistas liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado de los salarios bajos, las enormes ganancias corporativas, las estafas financieras, la evasión impositiva multimillonaria y la entrega de miles de millones del tesoro público a las corporaciones. La clase gobernante domina la “tecnología” de explotar el Estado a través del saqueo de su erario y de la clase trabajadora. La explotación capitalista de trabajadores del sector productivo con salarios bajos provee miles de millones adicionales a las fundaciones filantrópicas multimillonarias asociadas para pulir su imagen pública usando otra forma de evasión de impuestos: las “donaciones”, que sirven para exaltar su propia importancia.


Los trabajadores pagan impuestos desproporcionados en educación, salud, servicios públicos y sociales y subsidios a los multimillonarios.


Los multimillonarios en la industria armamentista y los conglomerados de seguridad y mercenarios reciben más de $700 mil millones de dólares del presupuesto federal, mientras que más de 100 millones de trabajadores estadounidenses carecen de atención sanitaria adecuada y sus hijos asisten a escuelas en edificios deteriorados.


Trabajadores y jefes: tasas de mortalidad


Los multimillonarios y sus familias disfrutan de una vida más larga y saludable que los trabajadores. No necesitan ni de seguros médicos ni de hospitales públicos. Un CEO vive un promedio de diez años más que un trabajador y disfruta de veinte años más de condiciones de vida saludable.


La atención médica privada provee los tratamientos más avanzados y seguros, incluyendo los medicamentos más efectivos, lo que permite que los multimillonarios y su familia vivan más y en mejores condiciones. La calidad del servicio médico en general, y la alta capacitación de los profesionales a cargo presentan un agudo contraste con el servicio médico disponible para el resto de la población. Esta situación crea un apartheid, o sistema segregado, en la atención médica en EE.UU.


Los trabajadores son tratados y maltratados por el sistema de salud: Reciben tratamiento médico inadecuado y, a menudo, inepto; atención superficial de parte de asistentes médicos sin experiencia y terminan siendo víctimas de una extendida práctica de exceso de medicación con narcóticos y otros medicamentos altamente adictivos. La medicación excesiva recetada por “profesionales” incompetentes ha contribuido de manera significativa a la muerte precoz de trabajadores, ha incrementado los casos de sobredosis de opiáceos, discapacidad causada por adicciones y el descenso en la pobreza, que muchas veces trae consigo la pérdida del hogar. Estas prácticas irresponsables han creado ganancias multimillonarias adicionales a las empresas aseguradoras de élite, las cuales pueden suspender las pensiones y las responsabilidades de los seguros médicos cuando los trabajadores lesionados, enfermos, discapacitados o adictos salen del sistema o mueren.


La reducción de la expectativa de vida de los trabajadores y miembros de su familia es un motivo de celebración para Wall Street y la prensa financiera. Más de 560.000 trabajadores murieron por el uso de opiáceos entre 1999 y 2015, lo que contribuyó a bajar la expectativa de vida de los asalariados y redujo las responsabilidades para pagar pensiones tanto de Wall Street como del Seguro Social (Social Security).


Las desigualdades son acumulativas y afectan a varias generaciones y sectores sociales.


Las familias de los multimillonarios, hijos y nietos, heredan miles de millones. Tienen acceso privilegiado a las escuelas y a las clínicas más prestigiosas; y convenientemente se enamoran de personas igualmente privilegiadas y bien conectadas con las que unen fortunas y forman imperios financieros aún más grandes. Su riqueza les permite comprar una cobertura de prensa favorable, incluso servil, y les garantiza acceso a los abogados y contadores más influyentes para encubrir estafas y evasión impositiva.


Los multimillonarios contratan a innovadores y managers de maquilas -con diplomas en negocios (MBA)- para que inventen nuevas maneras de recortar los salarios,

incrementar la productividad y asegurarse de que las desigualdades se profundicen aún más. Los multimillonarios no tienen que ser ni los más brillantes ni los más innovadores, puesto que ellos pueden simplemente comprar en el “libre mercado” ese talento y descartarlo a su antojo.


Los multimillonarios compran a otros o se unen a otros, formando directorios entrelazados (interlocking directorates [2] ). Bancos, tecnología de la información, fábricas, almacenamiento, alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos y hospitales están directamente relacionados con las élites políticas que se deslizan por las puertas rotatorias para reunirse con el FMI, el Banco Mundial, el Tesoro de EE.UU., los bancos de Wall Street y los prestigiosos bufetes de abogados.


Consecuencias de las desigualdades


En primer lugar, los multimillonarios y sus asociados políticos, legales y corporativos ejercen un dominio sobre los partidos políticos. Designan a los líderes y a todo aquel que desempeñe un puesto clave asegurándose que los presupuestos y las medidas políticas incrementarán sus ganancias, erosionarán los beneficios sociales de las masas y debilitarán el poder político de las organizaciones populares.


En segundo lugar, se traslada el peso de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores: los echan y los vuelven a contratar a tiempo parcial, como mano de obra temporal. Los rescates con dinero público, aportado por los pagan impuestos, son subsidios que los multimillonarios reciben gracias a la doctrina que sostiene que los bancos de Wall Street son demasiado grandes para fracasar y los trabajadores son demasiado débiles para defender su salario, trabajo y estándar de vida.


Los multimillonarios compran a las élites políticas, que a su vez designan a las autoridades del Banco Mundial y del FMI que tienen la tarea de establecer políticas que congelen o reduzcan los salarios, recorten las obligaciones de las corporaciones y de la salud pública y aumenten las ganancias privatizando empresas públicas y facilitando el traslado de las corporaciones a países con salarios e impuestos más bajos.


Como resultado, los trabajadores -que reciben pago por hora o por mes- están menos organizados y tienen menos influencia; trabajan más por menos dinero, sufren mayor inseguridad laboral y más lesiones -físicas y mentales- en el lugar de trabajo, caen en el deterioro y la discapacidad, salen del sistema, mueren anticipadamente y más pobres y, en el proceso, proveen ganancias inimaginables para la clase multimillonaria. Incluso las adicciones y la muerte son fuente de ganancia -como puede atestiguar la familia Sackler, fabricante de Oxycontin [3] .


Los multimillonarios y sus acólitos políticos sostienen que una agudización del sistema impositivo regresivo incrementaría inversiones y puestos de trabajo. Los datos dicen otra cosa. El grueso de las ganancias repatriadas se usan para comprar acciones de la propia cartera con el fin de incrementar las ganancias de sus inversores; no se invierten en la economía productiva. Los conglomerados entienden que menos impuestos y más ganancias es igual a más compras de empresas (más concentración) y mayor migración hacia países con salarios más bajos. En realidad, los impuestos son menos de la mitad de lo que dice la tasa y son un factor principal en la agudización de la concentración de riqueza y poder -ambos causa y efecto a la vez.


Las élites corporativas, los multimillonarios del complejo Silicon Valley-Wall Street están relativamente satisfechos de que sus preciosas desigualdades sean garantizadas y expandidas con los presidentes Demócratas y Republicanos, mientras continúan los “buenos tiempos”.


Lejos de la élite multimillonaria, los capitalistas locales también claman por mayor inversión pública en infraestructura para expandir la economía interna, menos impuestos para aumentar las ganancias y más subsidios estatales para incrementar la capacitación de la fuerza de trabajo mientras se reducen los fondos para salud y educación pública. No son conscientes de la contradicción que esto involucra.


Dicho de otra manera, la clase capitalista como un todo, la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo la desigualdad en su lucha por incrementar su parte en las ganancias.


Ciento cincuenta millones de contribuyentes asalariados han sido excluidos de las decisiones socio-políticas que influyen directamente en su salario, empleo, tasas de impuestos y representación política.


Ellos entienden o por los menos tienen la vivencia de cómo funciona el sistema de clases. La mayoría de los trabajadores conocen las injusticias derivadas de los falsos “tratados de libre comercio” y del sistema impositivo regresivo que abruman a la mayoría de los trabajadores.


Sin embargo, la desesperación y hostilidad del trabajador se enfoca directamente contra los “inmigrantes” y contra los “liberales” que han apoyado la importación de mano de obra barata y poco calificada con el disfraz de “libertad”. Esta imagen “políticamente correcta” de la mano de obra importada sirve para encubrir una política que ha servido para abaratar los salarios, beneficios y condiciones de vida del trabajador de EE.UU, ya sea en la tecnología, construcción o sector productivo. Los conservadores adinerados, por otra parte, se oponen a la inmigración con el disfraz de “ley y orden” y para bajar el gasto social -a pesar del hecho de que todos ellos usan los servicios de niñeras, tutores, enfermeras, doctores y jardineros. Sus sirvientes pueden también ser deportados si fuera conveniente.


Los temas planteados a favor o en contra de los inmigrantes eluden la causa de origen de la explotación económica y la degradación social de la clase trabajadora: la alianza entre la clase multimillonaria y la élite política.


Para revertir las prácticas impositivas de carácter regresivo y la evasión de impuestos, los bajos salarios y el incremento de las tasas de mortalidad causado por narcóticos y otras causas que se pueden prevenir -que redundan en ganancias para las compañías aseguradoras y la industria farmacéutica- es necesario forjar alianzas que conecten a los trabajadores, pensionados, estudiantes, discapacitados, ciudadanos desalojados, deudores, subempleados e inmigrantes como una fuerza política unificada.
¡Es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos hay que intentarlo! Absolutamente todo está en juego: vida, salud y felicidad.

Traducido para Rebelión por Silvia Arana

Notas de la traductora:

________________________________________
[1] Medicaid es un programa que provee servicios médicos a las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado por cada estado, el que tiene amplio poder de decisión para determinar quién puede acceder al programa.
[2] Intelocking directorate se refiere a la relación entre miembros de directorios de diferentes corporaciones en la que la misma persona forma parte de varios directorios. La conexión cobra mayor relevancia cuando los productos de las empresas involucradas se supone que deben competir en el mismo mercado, pero, por conflicto de intereses no lo hacen y, por tanto, no cumplen con las leyes federales antimonopólicas, como la ley Clayton, que prohíbe específicamente la existencia de directorios entrelazados.
[3] Oxycontin: analgésico opiáceo de acción prolongada.

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Lunes, 04 Septiembre 2017 06:58

Llega la versión europea del ALCA

Llega la versión europea del ALCA

De cerrarse el acuerdo se reducirán brutalmente los márgenes aplicables de políticas industriales, comerciales y tecnológicas. Argentina avanza a cualquier costo para mostrar una mayor integración al mundo y seguir soñando con la “lluvia de inversiones”.

 

Tragedia histórica



Desde el intercambio de ofertas que tuviera lugar en mayo de 2016, se han producido importantes avances en la negociación para la conformación de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. En el caso del bloque sudamericano las negociaciones se han realizado en absoluto secreto y con una total falta de transparencia respecto de la sociedad civil. La falta de información se mantiene a pesar de las promesas de la ex Canciller Susana Malcorra de compartir datos con legisladores nacionales así como del compromiso asumido por distintos funcionarios de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino con las cámaras industriales y las centrales sindicales, en ambos casos preocupadas con respecto a los impactos del acuerdo sobre la producción y el empleo.


¿A qué responde ese secretismo y opacidad en las negociaciones? Fundamentalmente a que, bajo las condiciones actuales de negociación, se trata de un pésimo acuerdo para Mercosur en general y para Argentina en particular. Ello responde a que durante la negociación se han impuesto los intereses de UE de diversas formas: 1) al excluir de la negociación a las carnes bovinas, el biodiesel y el etanol, productos que concentran las mayores oportunidades para Mercosur; 2) al definir una serie de productos “ultrasensibles” dentro del universo agrícola, para los cuales UE va a presentar su oferta de liberalización una vez que se hayan definido las elecciones presidenciales en Alemania; 3) al incluir nuevos temas de negociación de interés de UE, tales como “comercio y desarrollo”, “comercio electrónico”, “empresas estatales”, “materias primas y energía”, “pequeñas y medianas empresas” y “subsidios”; 4) al imponer la inclusión de múltiples cláusulas que exceden los compromisos aceptados por los países de Mercosur en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC); y 5) al obligar al bloque regional a que flexibilice crecientemente sus posiciones originales a favor de un acuerdo más equilibrado.


En suma, Mercosur se encuentra realizando múltiples concesiones en la negociación ante una región profundamente más desarrollada, por lo que de cerrarse el acuerdo se reducirán brutalmente los márgenes aplicables de políticas industriales, comerciales y tecnológicas. Los análisis de impacto existentes muestran que la eventual firma del acuerdo generará resultados comerciales positivos sólo en el caso de UE, mientras que Mercosur se verá perjudicado por un mayor déficit comercial bilateral y por la reprimarización de su producción y su oferta exportable, allende la consabida inundación de productos industriales de media y alta tecnología provenientes de Europa.


Los funcionarios del gobierno argentino reconocen sotto voce que se trata de un acuerdo nada beneficioso para el país en términos comerciales. Sin embargo, la definición política al más alto nivel es la de firmar a cualquier costo el acuerdo con un doble objetivo: por un lado, fortalecer la “señal política” de que Argentina se acopla al mundo a través de la firma de acuerdos de libre comercio; por el otro, esperar ingenuamente que este mal acuerdo en términos comerciales provoque la añorada “lluvia de inversiones”.
Doce años después de que se produjera el rechazo a la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), nos encontramos en un punto similar. Si bien la negociación entre Mercosur y UE no tiene la misma connotación negativa –sólo por no estar involucrado en la negociación Estados Unidos, el más claro exponente del neoliberalismo mundial– el repaso detallado de sus capítulos y sus cláusulas nos lleva a concluir que se trata en términos objetivos de un acuerdo tremendamente ambicioso, que excede claramente los temas estrictamente comerciales, y que se lo puede considerar como aún más nocivo que el ALCA para las posibilidades de desarrollo futuro de la región.


Estamos ante la consumación en tiempo real de una tragedia histórica para las posibilidades de industrialización y desarrollo futuro de Argentina, con consecuencias que serán irreversibles sobre el tejido industrial y la posibilidad de generar empleo de calidad y bien remunerado.

 

Por Carlos Bianco, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores.

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Miércoles, 19 Octubre 2016 06:42

La zombificación del sector bancario europeo

La zombificación del sector bancario europeo

Hoy las hojas de balance de los bancos en Europa están en malas condiciones. La cartera vencida que aqueja al sector bancario alcanza niveles muy altos en muchas regiones de Europa. Otro componente es un monumental revoltijo de derivados cuyo precio ni siquiera se puede determinar. Y la rentabilidad en el sector sigue muy castigada y amenaza los bajos niveles de capitalización. La situación es crítica.

El sector bancario en algunos países europeos está saturado y muchos bancos ni siquiera operan con un modelo de negocios eficiente. Por eso ni siquiera han podido pasar de manera decorosa las pruebas de estrés (que no son muy estrictas). Lo más grave es el volumen de la cartera vencida, resultado en buena medida de la irresponsabilidad de los bancos y de la incapacidad de pago de los deudores que siguen agobiados por la crisis macroeconómica, la austeridad y el desempleo.

Los bancos afectados se encuentran distribuidos en toda la Unión Europea. Desde el Commerzbank alemán y el holandés ING, hasta el emblemático Deutsche Bank, grandes, medianos y pequeños, son legión los bancos europeos que se encuentran en dificultades por muchas razones.

En el caso de Deusche Bank destaca la multa de 14 mil millones de dólares que le impuso el Departamento de Justicia estadunidense por su papel en la venta de títulos respaldados por hipotecas de mala calidad antes del estallido de la crisis. La multa provocó una caída de 42 por ciento del valor de las acciones de Deutsche Bank. Y como sus hojas de balance incluyen una montaña de derivados cuyo precio es un enigma, carece de buenos incentivos para atraer inversionistas.

Quizás la situación más grave se encuentra en Italia, donde la cartera vencida alcanza el 17 por ciento del crédito total (su valor real se reduce hasta 22 por ciento del valor nominal). Hasta el banco más viejo de Europa, la Banca Monte dei Paschi di Siena (fundada en 1472) se encuentra en una muy difícil situación con más de 46 mil millones de euros de préstamos malos.

Las dificultades de los bancos italianos son bien conocidas. El monto de créditos con problemas es de 360 mil millones de euros y sigue creciendo. Muchos bancos han descontado parte de la cartera vencida hasta en 44 por ciento, pero muchos analistas de mercado consideran que el valor real se acerca más a 25 por ciento (lo que reduce esos créditos al rango de cartera incobrable).

Para el caso de muchos pequeños bancos italianos, los accionistas son pequeños ahorradores que verán sus ahorros evaporarse si el gobierno no acude al rescate. Por eso Roma está buscando la manera de darle la vuelta a las estrictas reglas impuestas por la Comisión Europea en Bruselas que impiden el empleo de recursos públicos para recapitalizar un banco en problemas. Hoy hasta se habla de un enfrentamiento inminente entre Roma y Bruselas.

Desde 2007 la Unión Europea (UE) ha inyectado cantidades astronómicas para apuntalar a los bancos. Esa es una de las razones por la que la crisis financiera se transformó tan rápidamente en una crisis fiscal y después en una crisis de deuda soberana. En total, el apoyo al sector bancario en la UE ya se ha comido la friolera de 2 billones (castellanos) de euros entre ayudas para capitalización, créditos suaves y garantías. Todo esto no sólo no ha podido servir para reactivar la economía, sino que ni siquiera ha sido suficiente para estabilizar y sacar de peligro a los bancos europeos. Hoy por hoy la tan celebrada (en su momento) Unión Bancaria Europea no ha rendido frutos, ha propiciado la inacción y se ha convertido en una fuente de inestabilidad.

Una parte del problema es que el sector bancario en varios países de Europa (especialmente Alemania) se encuentra saturado de prestamistas, lo que dificulta el acceso a economías de escala y hace que la rentabilidad se pulverice. Pero la consolidación excesiva lleva al gigantismo y al riesgo sistémico cuando hay amenaza de quiebra.

La respuesta de política macroeconómica a la crisis en Europa agravó la situación de los bancos. Primero la austeridad fiscal intensificó la recesión, con sus secuelas en materia de desempleo. Las repercusiones sobre la cartera vencida de los bancos no se hicieron esperar. Después la postura de política monetaria con tasas de interés cercanas a cero e incluso en nivel negativo castigó todavía más la ya maltrecha rentabilidad de los bancos. Claro, el Banco central europeo (BCE) niega este daño colateral cada vez que sale a relucir el tema. Pero el FMI considera que los bancos europeos no podrán generar suficiente rentabilidad aún en el caso de que la economía europea fuera el escenario de un crecimiento robusto, prospecto que no se ve nada probable para los próximos años.

Las lecciones de la crisis de los bancos en Europa son claras. La ayuda con recursos públicos puede mantener como "zombies" a los bancos con problemas para proteger a los banqueros ricos. Pero eso no ayuda a nadie en la economía. La conclusión es inmediata. Esta actividad tan rentable y pro-cíclica no puede estar en manos privadas.

Twitter: @anadaloficial

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Viernes, 05 Febrero 2016 05:42

¿Quién pagará la crisis?

¿Quién pagará la crisis?

Se puede dudar del fin del ciclo progresista, pero no cabe la menor duda de que el ciclo de los altos precios de las commodities [simplificando, materias primas] ha llegado a su fin. Los gobiernos hicieron sus presupuestos con el barril de petróleo a 100 dólares, pero cuando se cotiza por debajo de los 30 dólares es evidente que las cuentas ya no cuadran.
Pero no todos los países se verán afectados del mismo modo. Vene¬zuela y Ecuador, por ejemplo, están enfrentando graves problemas que han provocado la derrota del gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones del 6 de diciembre pasado y la decisión de Rafael Correa de no competir por la reelección el año próximo.


Aunque es evidente que ésa no es la única razón de la "emergencia económica" que anuncia el gobernante bolivariano, agrava las cosas hasta límites casi insostenibles. Dis¬tinto es el caso de aquellos países donde los hidrocarburos no son el centro de sus exportaciones.


En los países donde la minería es la principal fuente de divisas, como Chile y Perú, las cosas marchan por un camino similar. Pero en los del resto del Cono Sur, la mayor diversificación de sus economías les brinda mayores márgenes. Lo común, en todo caso, es el frenazo abrupto de las economías, la tendencia al estancamiento y aún el retroceso del producto interior bruto.


En relación a las políticas sociales, la crisis en curso no tendrá mayores consecuencias. El programa social estrella de Brasil, Bolsa Familia, supone apenas el 0,5% del PIB, una cifra tan pequeña que no puede desestabilizar ningún presupuesto.


En todos los países de la región las políticas sociales consumen porciones pequeñas de los presupuestos, por lo cual es difícil pensar que se produzcan recortes. Por otro lado, estas transferencias monetarias son importantes fuentes de ingresos para las familias pobres y han mostrado que contribuyen a desactivar la protesta social. Por esta razón, ningún gobierno se va a atrever a sacar la tijera para podarlas.


Los problemas se dan en otros lugares. Por un lado, en los servicios. Los sistemas sanitario y educativo no han tenido cambios importantes aunque la cantidad de usuarios ha crecido. El resultado es un notable desborde de la capacidad de atención, que perjudica a los sectores de menores ingresos, que son los que los utilizan mayormente.


El caso del Sistema Unificado de Salud brasileño, al borde del colapso, es el más significativo. Buena parte de la capacidad de inversión de los gobiernos de la región descansaba en los enormes superávits por los altos precios de las exportaciones, que ahora se han evaporado. Estamos asistiendo a la incapacidad para invertir en mejorar los servicios públicos, lo que perjudica de modo notable a los sectores populares.


El otro problema grave es que las familias están sobreendeudadas. Veamos el caso de Brasil. El gobierno del PT impulsó, desde 2003, una consistente expansión del crédito que comenzó con el crédito consignado que se descuenta de la nómina, extendido en 2004 a los jubilados y pensionistas, y luego a los beneficiarios del programa Bolsa Familia, con lo que se consiguió el acceso al mercado crediticio de las capas más pobres de la población, que hasta ese momento quedaban fuera del mismo. Esos sectores comenzaron a participar del Proyecto de Inclusión Bancaria, que lleva los servicios financieros al público receptor de los programas contra la pobreza.


La expansión fue asombrosa: en 2001 el crédito representaba el 22% del PIB, y en 2014 superaba el 58%. Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80% entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140%.


Cuando llega la crisis y aumentan las tasas de interés, que en el comercio superan el 5% mensual, el resultado amenaza con ser catastrófico. En 2015 el endeudamiento de las familias para con el sistema financiero comprometía el 48% de sus ingresos frente al 22% en 2006.


Por eso las fabulosas ganancias de la banca aún en plena crisis. Entre la clase media, donde se sitúa la mayoría de los brasileños gracias a las políticas sociales de los gobiernos del PT, el 65% de sus ingresos van al pago de servicios financieros.


Esto explica en gran medida el malestar de amplias capas de la población. La crisis les permite descubrir que las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas redundaron en un fortalecimiento del sector financiero y en el endeudamiento de los trabajadores, que terminan siendo rehenes de la banca.


Porque el tipo de 'desarrollo' promovido por el progresismo en toda la región se basó en el consumismo. Entre 2003 y 2013, la tasa de acceso al saneamiento entre el 10% más pobre en Brasil pasó del 25% al 35%, un aumento más que moderado. En el mismo período el uso de móviles pasó del 10% al 80%, y el consumo de electrodomésticos importados creció un 34%.


El expresidente del Banco Nacio¬nal de Desarrollo Económico y So¬cial, Carlos Lessa, lo expresó de forma muy clara: "En lugar de mejorar las inversiones en salud, educación, infraestructura y movilidad urbana, seguridad pública, la masa de recursos que fue posible obtener a partir del boom de los emergentes y de la prosperidad en ese período (2007¬2010) llevó a Brasil al camino del creciente endeudamiento privado".


En síntesis, no se aprovechó el momento del crecimiento para desarrollar los servicios sociales ni para promover la industria, sino apenas el consumo. Cuando llega la crisis, las familias pobres se encuentran con empleos de baja calidad y remuneración, sobre todo precarios e informales, con mayores índices de desempleo y sin haber podido salir del círculo de la pobreza porque sus hijos no accedieron a empleos cualificados. Y además están endeudadas. Ante semejante panorama no puede resultar extraño que Dilma Rousseff lleve un año gobernando con apenas el 8% de aprobación.


¿Esto quiere decir que la crisis la están pagando los de abajo, como siempre? La respuesta es afirmativa pero con matices. En la medida en que no hubo cambios estructurales, ésa es la tendencia principal. Pero incluso las derechas parecen haber comprendido que hacerle pagar la crisis a los más pobres implica correr un riesgo muy elevado, como lo muestran las decenas de insurrecciones habidas entre el Caracazo de 1989 y las guerras del gas bolivianas de 2003 y 2005.


Incluso Mauricio Macri, que elimina subvenciones y eleva las tarifas eléctricas hasta un increíble 500%, se cuida de no recortar los programas sociales focalizados. Habrá que esperar para saber si este tipo de medidas afectarán a todos los sectores populares por igual, o bien a las clases medias profesionales, a los trabajadores cualificados o, como en los 90, a los jóvenes de las periferias.

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Viernes, 16 Octubre 2015 06:14

Un plan no crea dependencia

Un plan no crea dependencia

Según el informe anual del organismo de la ONU especializado en alimentación, los programas de protección social mejoran la nutrición, la salud y la educación, no reducen el esfuerzo laboral y tampoco fomentan la dependencia.


La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, celebra hoy el Día Mundial de la Alimentación, una ocasión cada año para hacer un balance sobre el estado nutricional de la población mundial. Para eso la FAO presenta anualmente el "Informe mundial sobre el estado de la agricultura y la alimentación" que este año se centró sobre todo en los efectos de la "protección social" –las ayudas provistas por el Estado como las asignaciones familiares– sobre la pobreza y la malnutrición. Entre sus conclusiones destacó que "los programas de protección social reducen la pobreza alimentaria", que esos programas si están dirigidos hacia las mujeres "tienen mayores efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición", que "la protección social mejora la nutrición, la salud y la educación", que "no reduce el esfuerzo laboral" y tampoco fomenta "la dependencia". En una entrevista con Página/12, Benjamin Davis, economista, vicedirector de la División de Economía del Desarrollo Agrícola y líder del programa PtoP (De la protección a la producción) de la FAO –uno de los departamentos que más trabajaron en el Informe de este año– abordó todos estos temas.


–SeñorDavis, ¿qué entiende la FAO por protección social?


–No hay una definición única pero hablando ampliamente podemos decir que es un conjunto de intervenciones del Estado cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad social y económica, la pobreza extrema y el hambre. Hay tres tipos de programas de protección social: la asistencia social, que supone transferencias –en dinero efectivo o en bienes– sin que el beneficiario tenga que hacer ninguna contribución. Este es el programa más común en América latina, como el llamado "Bolsa familia" en Brasil. El segundo tipo es el seguro social, es decir especie de pensiones para grupos específicos de trabajadores donde esas personas contribuyen con una parte y el Estado con otra. El tercero está referido al mercado laboral, y son por ejemplo las ayudas para los desempleados o para mejorar la preparación de los trabajadores.


–¿Por qué esta protección social es fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición en las familias?


–Cuando se reciben transferencias de dinero las personas inmediatamente pueden comprar comida e incluso mejorar la calidad de los alimentos que consumen. Asimismo esas transferencias ayudan a minimizar el nivel de pobreza. Muchos de los beneficiarios viven en las zonas rurales o trabajan por cuenta propia, y a menudo no tienen acceso al crédito. Por eso la gente puede invertir también parte de ese dinero en la propia actividad económica, sea agrícola o de pequeña empresa. La protección social tiene como objetivo aumentar el consumo de alimentos pero también mejorar el acceso a la educación y a la salud.


–¿Por qué los planes de protección social son particularmente eficaces cuando están dirigidos a las mujeres?


–En América latina en general, las mujeres tienen más responsabilidades sobre lo que es el cuidado de los niños, la preparación de la comida, la educación, etc. Ha habido muchos estudios que han demostrado que cuando una transferencia de dinero llega a las manos de una mujer, ella piensa más en la salud, la comida, la educación. También puede aumentar su propia capacidad económica y su capacidad de decisión en la familia. Por eso, particularmente en América latina, se tiende a focalizar los programas en las mujeres.


–En algunos países de América latina los programas de protección social, como las asignaciones familiares en Argentina, han sido acusados de favorecer la pereza. Pero el informe de FAO subraya que la protección social no reduce el esfuerzo laboral y refuerza los medios de vida en lugar de fomentar la dependencia. ¿Podría explicar mejor los alcances de esta afirmación?


–Esa acusación es un mito. Decir que los programas de protección social fomentan la dependencia y bajan el esfuerzo laboral no es verdad. Lo que nosotros hemos visto, basado en las evidencias que surgen de nuestras investigaciones, es que el impacto es al contrario. Ese impacto cambia según los continentes. En Africa las familias, además de usar la transferencia de dinero para la comida, como son pequeños productores lo invierten también en sus actividades productivas. Por lo cual producen más, no menos. Lo que sí se produce es una mayor flexibilidad en el tipo de actividades laborales que desarrollan. Por ejemplo, tienden a reducir su participación en el trabajo temporario agrícola (recolección de verduras o frutas por ejemplo, ndr), que son actividades que la gente hace sólo cuando necesita. En vez de eso prefieren trabajar más en su propia parcela o actividad. De hecho hay un cambio en la actividad laboral pero no una reducción del esfuerzo.


–¿Y en América latina?


–En América latina es un poco diferente, aunque en las zonas agrícolas donde hay pequeños productores se da este mismo fenómeno. No hay una reducción laboral sino que la gente se concentra en la propia actividad y no en ir a trabajar para otros.

Un tema que no está en el informe de FAO pero es un punto de investigación en América latina es si esos programas generan o fomentan el trabajo informal (en negro o no regularizado, ndr). Dadas las reglas de esos programas, si tienes un trabajo formal pierdes la posibilidad de seguir recibiendo las ayudas. Entonces ocurre que la gente tiende a mantenerse en el mercado informal para no perder esa asistencia. Este tema se está estudiando pero en general no se ve que exista un impacto negativo.


Davis nombró un estudio realizado por dos expertos del Cedlas –Centro de Estudios distributivos laborales y sociales– de la Universidad de La Plata, que analizaron los efectos del programa de Asignación Universal por Hijo sobre el mercado laboral. El estudio destacó que ese programa tiene "un innegablemente positivo impacto social" aunque podría tener "algunos efectos no queridos sobre el mercado laboral" que podrían corregirse con ciertos ajustes al programa.


–Las afirmaciones del Informe parecen provenir del análisis a nivel agrícola, pero dado que el hambre y la malnutrición no son sólo un problema de las familias que viven en el campo, ¿esas conclusiones se aplican a los programas de protección social puestos en práctica en las ciudades?


–El enfoque del Informe de FAO se centró sobre protección social y agricultura. Pero obviamente muchos de esos programas también están implementados en zonas urbanas como por ejemplo en Brasil, México o Argentina. Los impactos de programas de esta naturaleza sobre la nutrición siguen siendo válidos, lo mismo que sobre el consumo de alimentos y su diversidad. En cuanto al impacto a nivel de la nutrición, se ha demostrado que estos programas son aún más eficaces en las zonas urbanas El impacto sobre salud y educación a veces hasta son más fuertes que en las zonas agrícolas porque en las ciudades se tiene más fácil acceso a un sistema escolar y al sistema sanitario.

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En riesgo de regresar a la pobreza, 208 millones de latinoamericanos

La desaceleración del crecimiento en América Latina, que puso fin a una década dorada de avances en el terreno económico y social, colocó en riesgo de regresar a la pobreza a cuatro de cada diez habitantes de la región, unas 208 millones de personas, advirtió este miércoles el Banco Mundial (BM).


La región vivió una década dorada, con crecimientos de 4 a 6 por ciento en promedio anual –impulsada por el alto precio de las materias primas y el auge exportador a China– que se interrumpió recientemente, expuso Jorge Familiar Calderón, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.


El crecimiento de la región en esos años dio paso a una importante transformación social, que permitió a millones de latinoamericanos salir de la pobreza, dijo Familiar Calderón al participar en el 14 Encuentro Santander América Latina, organizado por esa entidad financiera y la Universidad Complutense de Madrid.


Un tema importante en la transformación social que vivió América Latina es que la clase social más numerosa en la región es la que llamamos vulnerable; ya no son pobres pero tampoco son clase media. Tienen un ingreso de entre cuatro y diez dólares por día y representan 40 por ciento de la población de la región. Este grupo está en riesgo de regresar a la pobreza por la pérdida de dinamismo económico de la región, apuntó el vicepresidente del organismo multilateral.


La población de América Latina y el Caribe es de 521.9 millones de personas, de acuerdo con datos del banco. El 40 por ciento de latinoamericanos en condición vulnerable, con un ingreso de 4 a 10 dólares por día, es equivalente a 208.7 millones de personas, de acuerdo con los datos del Banco Mundial.


Después de crecer a tasas hasta de 6 por ciento anual en los años previos a la crisis de 2009, Latinoamérica desaceleró su ritmo de expansión hasta 0.8 por ciento previsto para este año. El mayor impulso al crecimiento estuvo determinado por el auge de exportaciones de materias primas a Asia, principalmente desde Sudamérica.


Latinoamérica y el Caribe vivieron una época dorada de crecimiento, con tasas que fueron de 4 a 6 por ciento anual, dijo Familiar. Ello provocó una transformación social sin precedente. La pobreza, en la que es incluida la población que tiene un ingreso menor a 2.5 dólares por día, se redujo a la mitad y por primera vez en la historia de la región el número de personas que forman parte de la clase media (con ingresos de entre 10 y 50 dólares al día, según clasificación del organismo) superó al de aquellos en pobreza, aseguró.


Para las clasificaciones del organismo, la pobreza extrema considera a personas de ingreso menor a 2.5 dólares diarios; pobreza, quienes perciben hasta cuatro dólares por día; vulnerables, entre cuatro y diez dólares, y clase media entre 10 y 50 dólares de ingreso diario.


Muchas de las condiciones que dieron lugar al crecimiento de la región y a la transformación social ya no están con nosotros, dijo. Citó la caída en el precio de las materias primas –como metales, petróleo y granos–, que constituyen buena parte de las exportaciones de la región, y el bajo crecimiento de China, uno de los principales compradores de las materias primas latinoamericanas.

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