Lunes, 13 Abril 2015 19:34

La educación en cese de actividades

La educación en cese de actividades

Desde el lunes 13 de abril los trabajadores de la Universidad Nacional están en paro. El sindicato promotor del cese de actividades aclara que no se trata de un conflicto nuevo, sino del resultado de irregularidades presentadas en el cumplimiento de los acuerdos pactados el 20 de septiembre de 2013, firmados tras un paro de más de cuatro semanas.


Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Pro-mejora salarial aclara a los medios de comunicación, estudiantes y comunidad en general, que el paro declarado a partir del lunes 13 de abril, no se trata de una medida para pedir aumentos en el salario, sino de una presión para concluir con los conflictos que no han podido solucionarse desde el 2013.


Según el comité, el aumento salarial fue decretado desde el 1 de enero de 2014, sin embargo no se concretó de manera efectiva, "Se dejó sin aumento a 60 profesores del colegio Iparm y a 75 trabajadores oficiales que realizan labores de mantenimiento". Aunque estos incrementos quedaron pendientes, las autoridades del centro de estudio si aprovecharon la declaración de aumento salarial para hacer efectivo el incremento de sus ingresos, beneficiándose del mismo el rector Ignacio Mantilla y todo el cuerpo directivo y asesor.


Además, informa el sindicato,139 cargos de libre nombramiento y remoción no fueron reconvertidos a carrera administrativa como se había comprometido la Institución al momento de la negociación del anterior cese de labores, y se siguen otorgando cargos a dedo, señalaron. Lo que más les preocupa de este punto, es que los contratos de los administradores de justicia disciplinaria de la Universidad son de dicha modalidad, por lo cual, dependen directamente del rector, quitándole independencia al ente.


Toda esta situación se torna en un contexto de malestar por la reelección de Mantilla, "corresponde a la más descarada expresión de la antidemocracia y de la política gubernamental que pretende hacer estallar nuestra Institución desde adentro, con actos de despilfarro y desgreño de los recursos de la Universidad, como los que han venido cometiendo Mantilla y el vicerrector Hernández, lo que se convierte en un acto oprobioso que agravia aún más a una comunidad burlada por el gobierno nacional", afirmaron.


Finalmente, resaltaron que están en total disposición para encontrar soluciones por medio del diálogo, pero al mismo tiempo rechazan la "criminalización que están haciendo los vicerrectores (Jorge Iván) Bula y (Diego) Hernández del movimiento de Trabajadores".


Docentes en paro indefinido


"Ehh ohh, paro nacional, ehh ohh todos a marchar", canta la Asociación Distrital de Educadores (ADE), luego del anuncio oficial del 22 de abril como el día para iniciar el paro indefinido por parte de los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode.
Ya han trascurrido 44 días intentando acuerdos pero, según Luis Grubert, presidente de Fecode, "no hay un solo punto en el que podamos decir que hay avance" por lo cual, este lunes realizaron un plantón frente al Palacio de Nariño, donde llevaran puesto tapabocas para pedirle al presidente Santos que él mismo negocie con los educadores.


La invitación del magisterio para que se unan al paro se extiende a los padres de familia, los estudiantes, la Mane. Mientras esto sucede, la Central Uitaria de Trabajadores y los sindicatos estatales ya anunciaron el acompañamiento a este nuevo conflicto laboral que se cierne sobre el país.

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Martes, 10 Febrero 2015 10:23

Ecopetrol y la mancha de la corrupción

Ecopetrol y la mancha de la corrupción

La Unión Sindical Obrera –USO- obtuvo la base de datos donde reposa la información de los contratos comerciales celebrados por Ecopetrol con distintas multinacionales. Sorpréndase. La información permite deducir sobrecostos y ejercicios de corrupción.

 

Entre los datos sospechosos de estos dolos, según Edwin Castaño –presidente de la USO– figuran nueve contratos que estaban vigentes para finales del 2014 con la compañía estadounidense PetroTiger Service de Colombia –que tiene su base en las islas Vírgenes Británicas–, que suman más de 136.000.000 millones de pesos. Otros 7 contratos están bajo lupa por posibles sobrecostos.

 

El sindicato no entiende por qué después de un año de investigación, los contratos de esta multinacional conservan vigencia. Castaño afirmó que Ecopetrol debió dar por terminadas las relaciones contractuales debido a que la estatal petrolera cotiza en la bolsa de New York, por lo que su imagen y acción podría verse afectada si llegase a quedar involucrada en un escándalo de corrupción.

 

Más grave. La denuncia sobre estos contratos fue interpuesta en enero del 2014 por la misma Ecopetrol y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La acusación tiene como origen el pago irregular de un contrato por 39 millones de dolares registrado en el 2010 entre la multinacional PetroTiger y la asociada indochina Mansarovar Energy Colombia Limited.

 

Entre las denuncias figuran supuestas consultorías autorizadas por el entonces presidente de PetroTiger Colombia, Joseph Sigelman, por un valor total de 266.000 dolares, dineros girados a las personas que hoy en día se encuentran bajo investigación, entre ellas el ingeniero de proyectos de Ecopetrol David Orlando Durán Flórez, que terminó su contrato en abril de 2011 y su esposa Hohanna Navarro.

 

Como testigo de la causa, la Fiscalía cuenta con Marcos Mauricio Vesga Niño, exgerente de la multinacional en Colombia, quien firmó un acuerdo para quedar exonerado del proceso judicial, debido a que fue el director de uno de los proyectos de donde provino el dinero para el pago de los sobornos.

 

¿Aguas tibias? Al medio día del lunes 9 de febrero –tratando de calmar los rumores de corrupción que podrian afectar una de las compañías más importantes del país- la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República sacó un comunicado donde alude a la adjudicación irregular de contratos de Ecopetrol que favorecen a terceros, y advierte que desde que fue interpuesta la denuncia penal en contra de los involucrados, el Gobierno trabaja con las autoridades nacionales y estadounidenses para garantizar el correspondiente castigo a los culpables.

 

En el comunicado las autoridades oficiales garantizan que los directivos de Ecopetrol no tienen nada que ver en el escándalo, al mismo tiempo que anuncian la completa disposición de la petrolera para ayudar a las autoridades en busca de archivos que lleven a esclarecer la verdad.

 

Mientras tanto, Ecopetrol comunicó que fueron ellos los que denunciaron y pidieron a las autoridades investigar los hechos ocurridos en el 2010 y se declararon victimas de este escándalo.

 

Por su parte Edwin Castaño advierte que Ecopetrol: "en vez de declararse victima", debe entregar toda la evidencia, porque el retener información que ayude a la justicia haría ver que éste solo es la "punta del icerberg de un problema mucho mayor", refiriéndose a una queja que el sindicato investiga y que afecta a una empresa de transporte de hidrocarburos.

 

Despidos masivos

 

Sumado a los escándalos de corrupción y a la caída de las acciones de Ecpetrol en la bolsa, está el recorte presupuestal y los despidos masivos, aplicados por las empresas del ramo, justificados en la caída del precio del hidrocarburo.

 

Así lo anunció Ecopetrol ante la comunidad en el campo de Cantagallo, ubicado en el departamento de Bolívar, previendo que tales recortes se harán efectivos en la segunda parte del 2015 y durante todo el 2016. Otras empresas contratistas como OXY, manifestaron que despedirán alrededor del 60 por ciento de los trabajadores del campo El Centro, ubicado en el Magdalena Medio.

 

Por lo pronto la Unión Sindical expone que en el campo El Centro, el contrato de mantenimiento de las líneas de producción –donde se encuentran contratados 50 trabajadores– finaliza el próximo 28 de febrero y la petrolera ya confirmó que no será renovado. La pregunta es: ahora, sin trabajadores, ¿quién se encargará de desempeñar dichas labores, si estas son primordiales?

 

El argumento utilizado por las empresas petroleras es la tal "crisis del sector", sin embargo a ojos de los lideres sindicales, estas son escusas para acabar con los puestos de trabajo y por supuesto desmejorar la calidad laboral

 

Según el sitio web de la USO, Fredy Pulecio directivo de la sindical, contradice lo dicho por las petroleras y afirma que: "Los actuales precios del petróleo siguen siendo muy rentables para las empresas [...]. Lo que pasa es que ellas se han dedicado a chantajear, quieren valerse de que el precio ha bajado para doblegar tanto a la nación como a los trabajadores. Al país le piden que les bajemos más impuestos de los que ya le hemos bajado. Pero tienen 32 exenciones tributarias por las cuales han dejado de pagar 608 billones de pesos en 10 años".

 

El líder sindical relató que en Pacific Rubiales ya han despedido a más de 7.000 trabajadores, de un total de 12.000. Los despidos, según el sindicato, no han surtido el proceso legal, lo cual es un delito, porque el ministerio debe dar un permiso especial para que la empresa pueda proceder.

 

Por su parte, Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo, declaró que la industria petrolera en Colombia tiene un aproximado de 110 mil trabajadores, y que hasta ahora han solicitado el licenciamiento de 25 mil de ellos. Argumentando a que 'las empresas están perdiendo dinero' a causa de la caída del precio del barril.

 

En este momento la USO nacional se encuentra en la fase de divulgación, donde expone que aunque la problemática esta directamente relacionada con el modelo económico actual, el despido del personal podría evitarse con un trabajo en equipo, entre los obreros y las empresas.

Entonces. ¿Qué impide a las empresas buscar soluciones evitando una 'masacre laboral'?


Recuadro

Acciones que caen

La primera semana de febrero la acción petrolera alcanzó en un solo día un alza de un 10 por ciento. Sin embargo no son cifras para nada alentadoras ya que en el 2013 su precio ascendió a $ 5.500 y el actual es de $2.320.

 

Según el informe de la BBC mundo –en el que analiza la situación de la petrolera colombiana–, se reportó para finales del 2014 una reducción del 25 por ciento en su presupuesto de inversión para lo corrido del presente año. Es decir, sufrió un recorte de más de $2.000 millones de dólares.

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Domingo, 14 Diciembre 2014 05:45

Más de millón y medio de disconformes

Más de millón y medio de disconformes

Recesión económica, de-socupación, huelgas, manifestaciones, mafia en Roma, inmigración y crisis dentro de su propio partido, el Partido Democrático (PD), al primer ministro italiano Matteo Renzi no le espera un tranquilo y feliz fin de año y el que viene tampoco se presenta como muy fácil, según algunos analistas.


Por primera vez desde que Renzi llegó al cargo de primer ministro, el pasado 22 de febrero, las medidas económicas y sobre todo laborales impulsadas por su gobierno, que habían sido motivo de mucha discusión y críticas, fueron el motor de una huelga general de ocho horas el viernes y de manifestaciones en 54 ciudades del país. El centro de las protestas fue el llamado Jobs Act, una nueva ley laboral que recorta numerosas prerrogativas adquiridas por los trabajadores desde hace años. El paro –se habla de una adhesión del 60 por ciento y de un millón y medio de manifestantes en todo el país– fue una de las expresiones más claras de la inmensa desazón reinante entre los trabajadores italianos que, en tiempos de recesión económica, se han visto, dicen, "traicionados" por un gobierno de centroizquierda (aliado con el centroderecha).
Pero las marchas del viernes fueron también una muestra de la profunda crisis que está afectando al mismo Partido Democrático, el heredero del viejo Partido Comunista Italiano, el más grande partido comunista de Europa en los años '70-'80 del siglo pasado y creador de una nueva visión comunista no soviética del mundo: el "eurocomunismo".

De las manifestaciones participaron numerosos exponentes del área disidente del PD, un hecho que tampoco tiene muchos precedentes. Mientras algunos disidentes atacan a Renzi por ser soberbio y "autoritario", otros, como el diputado Pippo Civati, reiteran su amenaza de fundar otro partido "de izquierda" si él sigue en la dirección emprendida hasta ahora. Porque, según Civati, las propuestas laborales del primer ministro no son de izquierda, sino que parecen copiadas de Silvio Berlusconi (centroderecha). "Un partido de izquierda que está en el gobierno no puede estar tan lejos de los problemas de los trabajadores. Y que está lejos lo demuestra el éxito de la huelga general –comentó, por su parte, la diputada Rosy Bindi, otra de las disidentes–. No creo que Renzi esté haciendo políticas de izquierda, pero sobre todo es su método el que puede provocar conflictos en el país. Cada día se inventa un enemigo para justificar actitudes y decisiones incluso un poco autoritarias." Cuán importante es la crisis dentro del PD lo dirá también la reunión que hoy tendrá la dirección en Roma y en las que se esperan chispas y cortocircuitos de todo tipo.


En el contexto de un país que no logra salir de la recesión económica, a la mencionada desazón de los trabajadores y a la desilusión de muchos militantes de izquierda se le agrega la sensación de asco profundo que han sentido los ciudadanos comunes cuando hace pocos días salió a relucir la llamada "mafia capital", una asociación de ex militantes de ultraderecha con mafiosos de distintos orígenes –pero sobre todo de la 'Ndrangheta (mafia) calabresa– y con personajes políticos y de la administración pública que, entre otras cosas, han decidido volcarse a actividades más "nobles", como el "negocio" de los inmigrantes. "¿Tenés idea de cuánto se gana con los inmigrantes? Con el tráfico de droga se gana menos", le dijo a su secretaria –según una escucha telefónica– uno de los cerebros de este negocio y titular de una cooperativa de ayuda a los inmigrantes, Salvatore Buzzi, arrestado como parte de "mafia capital". Buzzi se ocupaba, gracias a sus contactos a nivel administrativo y político y pagando consistentes coimas, de conseguir todos los fondos públicos posibles destinados al tema inmigración para luego, por supuesto, dedicar al objetivo de su cooperativa una mínima parte de esos fondos. "Es una vergüenza que se quiera lucrar con los inmigrantes", comentó Francesco Rocca, presidente de la Cruz Roja italiana que ayuda verdaderamente a los migrantes que a millares llegan de Africa. Y sobre la infiltración mafiosa en Roma el sacerdote Luigi Ciotti, todo un personaje en Italia por su batalla contra las mafias que ha llevado a cabo sobre todo en el sur del país, comentó: "Lo digo con sinceridad, con respeto y humildad, pero me sorprenden aquellos que se sorprenden", como dando a entender que muchas cosas se saben y se sabían pero poco se ha hecho para contrarrestarlas.
Si se trata de recesión económica y desocupación, el ministro de Economía de Renzi, Pier Carlo Padoan, salió a defender el criticado Jobs Act. "El gobierno no tiene miedo. Esta reforma sirve y permitirá incluir en el mercado laboral a quien ha sido excluido. Los decretos que pondrán en marcha el Jobs Act están casi listos y realizarán la reforma de modo eficaz", subrayó.

Aunque oficialmente no salió a relucir, no se descarta que las marchas y los problemas de la desocupación hayan sido tocados por Renzi y el papa Francisco, que ayer se encontraron en el Vaticano en audiencia privada. El papa Francisco en repetidas ocasiones ha bregado públicamente por soluciones para los desocupados italianos que en 2014 superaron el 13 por ciento de la población mientras los de-socupados menores de 25 años fueron más del 43 por ciento.

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En Estados Unidos la situación laboral y sindical no es color de rosa, y cada día empeora

Es un hecho que el modelo económico neoliberal -en lo que a garantías y derechos laborales y sindicales se refiere- ha hecho estragos en todo el mundo; tanto que ni el propio Estados Unidos, país donde se "cocinó" y afianzó este modelo, se salva de tales estragos, los cuales se materializan en fenómenos como: congelamiento de salarios desde hace muchos años, incremento del trabajo informal y el empleo precario, persecución y acoso al movimiento sindical, y un sistema fiscal que abiertamente favorece a los ricos y poderosos, entre otros.

Es la conclusión que salta de bulto de la entrevista que esta agencia de información le hizo a Brian Finnegan, Coordinador Global de Derechos Laborales de la AFL-CIO, la principal confederación sindical de Estados Unidos.

El señor Finnegan fue uno de los delegados fraternales del sindicalismo internacional invitado al VI Congreso de la CUT en Santa Marta, y con él sostuvimos esta breve conversación:

Se cree que, a diferencia de lo que sucede en los países del llamado tercer mundo, Estados Unidos es un país sin mayores problemas laborales y sindicales. ¿Es cierta esa apreciación?

Brian Finnegan. No lo es. Hay que reconocer que tenemos muchos problemas laborales y sindicales. Para comenzar, está el tema de los salarios, que es lo que más preocupa al trabajador. Tenemos 40 años con salarios congelados, no hay aumento real desde 1973.

¿Y cómo se define allá el aumento salarial?

No hay una regla como acá en Colombia, donde el aumento salarial se define cada año vinculado a un índice de precios, al IPC. Eso no existe en Estados Unidos. El aumento depende del poder del movimiento sindical para negociar colectivamente a nivel de cada empresa, ni siquiera por sector. En los años 90 tuvimos un aumento del salario mínimo, que quedó en 7 dólares y 25 centavos por hora, que es muy poco. Es un salario de miseria que no da para subsistir una persona en una ciudad, mucho menos una familia. En varios estados y ciudades tenemos salarios mínimos diferenciados, y ahí sí hemos logrado algún avance, se ha podido mejorar ese salario mínimo. Pero como dije, el salario promedio no ha aumentado desde hace 40 años, mientras el lucro de las empresas sí ha subido bastante. Ahora hay proyectos de ley, esfuerzos para lograr que aumente.

¿Y eso qué efecto ha tenido en el frente de la equidad, del bienestar social?

Y eso ha llevado a un aumento fuerte de la desigualdad. Es un proceso que se inició desde los años 80 en Estado Unidos, que cada vez está peor en el tema de la equidad. La concentración de la riqueza allí es más fuerte en comparación con Canadá y muchos países de Europa. Hasta el punto de que algunos ricos están preocupados, porque en el largo plazo eso tampoco les sirve a ellos, puede haber una rebelión o problemas serios.

¿Entonces, ya podemos hablar de que hay lucha de clases en Estados Unidos?

Yo diría que sí, pero la tendencia es a negarlo, o a no llamarlo con ese nombre. Pero la gente sí tiene claro que hay conflicto de clases, que los ricos cada vez se benefician más de la riqueza del país. Desde hace unos seis años hay crisis financiera y de empleo, que se supone que ya terminó. Pero la recuperación ha sido para los ricos, porque para los trabajadores, en términos de oferta de empleo, la crisis no ha terminado. Los puestos de trabajo que se han creado son precarios, empleo informal. O sea que en el tema laboral seguimos estando en muy malas condiciones. También es necesario modificar el sistema de impuestos, para que éstos sean más progresistas. En los años 80 y 90 tuvimos una serie de recortes de impuestos a los ricos, y ahora está pasando lo mismo con las empresas, que tienen mil maneras de esconder las ganancias y no pagar impuestos. De modo que con salarios que no aumentan, con incremento del empleo precario, y con un sistema fiscal que beneficia a los ricos, estamos en una situación muy difícil.

Usted habló de informalidad laboral. ¿Cómo se da ésta en Estados Unidos?

De muchas formas, es muy común. Muchas empresas lo hacen, inclusive las más grandes. Acuden a contratar con agencias de empleo que tercerizan el trabajo. Hoy es común que en una empresa por lo menos la mitad de los trabajadores sean subcontratados, y éstos tienen salarios más bajos, menos estabilidad y menos derechos. Son muchas prácticas y gama de cosas, igual que acá en Colombia. Allá no tenemos cooperativas exactamente, ni SAS, pero existe la tercerización, bolsas de empleo. También hay informalidad ilegal. Por ejemplo, casos en el que al trabajador se le paga al día y en efectivo, y de eso no queda ningún registro. En esa situación están sobre todo trabajadores migrantes. Lo más grave es que al trabajador informal lo clasifican como un pequeño empresario cuentapropista.

¿Podríamos decir entonces que la informalidad afecta más a los inmigrantes?

Antes era así, pero el fenómeno está creciendo y está afectando a todo el mundo, no sólo a los inmigrantes. Como dije, las empresas multinacionales en sus fábricas enormes tienen doble forma de contratación: empleo formal por un lado, pero empleo informal por el otro. Trabajadores que realizan el mismo oficio pero ganan muy distinto. Hay una gama muy grande de prácticas para negar o esconder la relación laboral, y poner una distancia entre empleador y trabajador. Por ejemplo, en las universidades los profesores tienen contrato por no más de un semestre, no tienen beneficios, ni seguro de salud, ni jubilación. Solamente enseñan un curso durante 4 meses, y chao.

¿Y qué pasa en el sector de las comidas rápidas? Un sector que ha estado muy agitado, este año ha protagonizado grandes movilizaciones de protesta.

Hay mucha movilización, muchos paros exigiendo un salario digno, que dé para sobrevivir. En una época en el sector de las comidas rápidas trabajaban casi siempre jóvenes, estudiantes que hacían esos trabajos para obtener un ingreso y ayudarse en sus estudios. Ahora esos jóvenes ya son adultos y padres de familia, y siguieron trabajando en comidas rápidas porque no tienen más opciones laborales, tratando de sobrevivir con un salario muy bajo. Por eso es muy necesaria la movilización de esos trabajadores.

¿Qué tan fuerte está el movimiento sindical en Estados Unidos?

Hemos rebajado bastante su fuerza. Desde los años 50 del siglo pasado, que fue el ápice, cuando el 38% de toda la fuerza laboral del país estaba sindicalizada y gozaba de negociación colectiva. En el sector público la sindicalización hoy es del 18%, y en el sector privado bajó al 7%. Así que el promedio de la fuerza laboral asociada a sindicatos es en promedio del 12%. Además en el sector privado hay mucha represión antisindical y despidos de trabajadores. La gente forma un sindicato y lo pueden despedir. Cada año hay 30 mil trabajadores despedidos por ejercer la actividad sindical.

¿Luego eso no es un delito?

Sí, es ilegal, pero lo que es difícil es probarlo, y el sistema de justicia laboral es muy lento en esos procesos, puede demorar hasta 10 años una sentencia. Además esa política antisindical tiene mucho que ver con el partido que esté en el gobierno. Ahora con Obama está funcionando mejor que con Busch antes.

A propósito de Obama, ¿en el sindicalismo hay desencanto con su gobierno, con sus promesas no cumplidas?

Sí. Hay desencanto. Aunque tenemos bien claro que Obama en sus dos mandatos ha sido mejor que el gobierno de Bush, nadie pone en duda eso. En muchas cosas ha sido positivo Obama, pero en muchos sentidos ha sido una decepción.

Publicado 30 de septiembre de 2014.

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 16:23

Del presente y futuro de la CUT

"Hace 28 años la clase obrera unida, la que trabaja, la que produce y la que crea logró la más valiosa conquista: la creación de la CUT", afirma el video de invitación al VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, citado para su realización en Santa Marta entre el 24-26 de septiembre.

Casi tres décadas después de esta importante conquista para la clase obrera y los movimientos sociales en general languidece ante la realidad de la transformación del mundo del trabajo. Además, de la metamorfosis política y económica del país, al tiempo que su debilidad ante la progresiva degradación del debate interno de la Central.

Las cifras reafirman esta realidad: 531.000 afiliados a finales de 2013 contrastan con los iniciales millón cincuenta mil de 1986. La CUT, junto con el resto de centrales y sindicatos independientes solo logra agrupar al 4.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Si se quiere contrastar aún más, habría que decir que los desempleados reconocidos por las cifras oficiales casi triplican a los trabajadores sindicalizados; y los trabajadores informales, los que padecen el rebusque, alcanzan a ser casi 13 veces más que los agrupados en las organizaciones sindicales.

Las conquistas de la clase trabajadora han sido menguadas y en no pocos casos congeladas por la sistemática violencia estatal, paramilitar y empresarial. Sin embargo, este solo factor no explica la crisis del sindicalismo colombiano. El nacimiento en 1986 de la CUT fue el parte aguas renovador del llamado sindicalismo democrático de masas, todo un concepto con el cual las izquierdas categorizan la unión de organizaciones de trabajadores socialistas, comunistas, social demócratas y liberales de izquierda y, al mismo tiempo, desde este instante los acuerdos de unidad del sindicalismo se hicieron tras las bambalinas de los ejecutivos y dirigentes nacionales de la central, repitiendo el repertorio que desde siempre ha caracterizado a las cuestionadas Central General del Trabajo y Central de Trabajadores de Colombia.

De esta manera, y a pesar de las aspiraciones,en las casi tres décadas trascurridas de existencia de la CUT hasta ahora no fue posible resolver retos como la democratización sindical, la territorialización, el diálogo con la clase trabajadora no organizada, la vinculación con la población no organizada del país, la extensión de una política activa ante los trabajadores ilustrados (el proletariado contemporáneo) y de servicios e, incluso, a pesar de haber poseído un proyecto alternativo de plan nacional de desarrollo en la década de los noventa, no llegó a realizarse una discusión profunda en torno a temas sustanciales, entre estos: cómo reaccionar frente a la crisis económica y cómo reorganizar la producción en torno a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Estos cuellos de botella están trasformados hoy en irresolubles características de la mentalidad y de la subjetividad del sindicalismo en nuestro país; sus consecuencias no son pocas:

Primero, el sindicalismo colombiano anda un paso atrás del neoliberalismo, y así ha definido sus planes de lucha. Sin desmeritar que la resistencia al sindicalicidio ha sido ya en sí mismo un valiente y gran acto, es decir existir ya es un enorme logro, cabe resaltar que la CUT –y el sindicalismo en general–hasta ahora no ha realizado un balance pormenorizado que le permita adentrarse en las perspectivas del régimen productivo, económico y politico de forma tal que pueda caracterizar sus variables fundamentales, para de esta manera determinar el qué hacer más allá de las simples reacciones o del crecimiento o conservación vegetativo. No de otra manera puede la CUT proponerse en algún la iniciativa de emplazar al empresariado, y al poder en su conjunto.

Las consecuencias de esto también se revelan, no sólo en la incomprensión del presente, sino también en la incapacidad para proyectarse, lo que la ha llevado a privilegiar una vía para la confrontación, en lo fundamental, institucional. Su expresión máxima es el lobby parlamentario, y la misma 'negociación' anual del salario mínimo, breve instante durante el cual esta y las otras centrales figuran ante todo el país.

Segundo, la CUT –y el sindicalismo restante– no ha(n) afrontado los cambios organizativos que conlleva enfrentarse al neoliberalismo. Es decir, no han ocurrido los cambios estatutarios y por la base que brinden la posibilidad de que las organizaciones sindicales sean instrumentos de lucha más allá de sus afiliados, lo que ha contribuido para languidecer la vitalidad de las organizaciones de los laboriosos del país. El accionar insuficiente de la estructura frente a la tercerización, los trabajadores/as juveniles, la flexibilización, la informalidad, es decir, la débil presencia y la débil cotidianidad frente a las transformaciones del mundo de la producción,determinaron una visión en la que el sujeto de las centrales obreras –y los sindicatos en general– son sus mismos afiliados y no todo aquel que convive en el mundo del trabajo.

El sindicalismo no logró hasta ahora imponer su propia agenda al establecimiento, lo que la limita en su interlocución social. Producto de la violencia estatal y paramilitar decenas de sus vasos comunicantes con el país de abajo fueron rotos; pese a ello, y a su raquitismo social, continúa figurando como uno de los sectores con mayor organización en Colombia. Sin embargo, también el propio sindicalismo, producto de su condición defensiva, se ha limitado, y en no pocos casos aislado, en su relacionarse con los territorios en donde sus afiliados hacen presencia, extensión y territorialización que sin duda alguna lo llevarían a potenciar su referente social, y con ello a transformarse radicalmente.

La CUT, y el sindicalismo en general, se restringen cada día más al circulo de los trabajadores estatales, en lo fundamental el magisterio. La composición de los ejecutivos nacionales, así como la incidencia real del sindicalismo denota estancamiento: se han convertido en organismos de trabajadores con convenciones colectivas que no atienden a las nuevas generaciones,ni a las expectativas de los trabajadores de las grandes empresas privadas donde las convenciones colectivas son vapuleadas cada día con pactos colectivos, contratos basura y la estabilidad laboral es un mito, decantándose en la relación patrón-obrero lo peor del régimen laboral colombiano.

La CUT no se agrupa ni daa conocer con las experiencias más relevantes de la transformación del sindicalismo a nivel latinoamericano y mundial. Contrario a ello, el debate interno entre los sectores que están representados en el ejecutivo queda reducido al interrogante ¿continuar, si o no, la afiliación a la Central Sindical Internacional (CSI)?, la misma que hasta hace poco fue dirigida por el laborista ingles Guy Ryder, actual presidente de la OIT.

Con esta práctica y privilegios, dejan de examinarse y discutirse –como experiencias y referentes– prácticas como las del sindicalismo de base argentino, que renace en la lucha con los tercerizados y la recuperación de fábricas, además de increpar a las burocracias sindicales de las centrales gobiernistas de su país; o la falta de acercamiento a las corrientes por la reconstrucción sindical brasilera que en sectores como el deltransporte público en sus principales ciudades aportan a la reconstrucción de las relacionescon los usuarios y el resto de la sociedad. Como vía expedita la CUT prefiere un escenario tímido en los lánguidos comunicados y actas de denuncia internacional, que es lo único que permite la tribuna de la CSI. Se deja de mirar hacia el continente y el mundo para luchar internacionalmente en una restringida perspectiva de articularse para la breve denuncia.

Un debate burocrático de corrientes que impide y es ficción de una democracia obrera profunda. El IV congreso de la CUT está diseñado para que los sindicatos grandes, con más de 500 afiliados, asistan al espacio, obviando a las organizaciones de trabajadores pequeñas que agrupan a parte de los trabajadores en industrias y ramas privadas con mayores dificultad para desatar la lucha. Adicionalmente se realiza en un ambiente donde la mayoría de los delegados fueron elegidos hace un año. Además, su actual junta directiva fue elegida antes de la realización del congreso, impidiendo que las tesis del mismo queden expresadas en la recomposición de los organismos de dirección nacional.

De esta manera, este congreso de la CUT termina siendo un escenario de disputa de las fuerzas expresadas como corrientes dentro del ejecutivo nacional (corriente democrática, corriente del Polo y corriente clasista) y no en un amplio evento democrático en donde las tesis fuesen elaboradas y discutidas por sitio de trabajo, por rama de la producción y por territorios, propiciando que la cita del 24 al 26 de septiembre no entusiasme a nadie más que a algunas juntas directivas, transformándose más bien en un insípido debate de tramite.

No es extraño, entonces, que por doquier se enuncie la imperiosa necesidad de reconstruir la CUT desde un propósito de reactivar las bases sindicales y reconstruir los vasos comunicantes con la sociedad, su interacción con la misma y, por su conducto, la conexión profundo con la centralidad del mundo del trabajo.

Desde luego, las banderas políticas por la democracia, soberanía y la paz –que hacen parte del lema de su VI congreso–, no deben ser abandonadas, pero ellas pueden ser significadas a través del fortalecimiento de la incidencia en una clase trabajadora cada día más extensa que afronta la precaria situación de la tercerización, la informalidad, la reclusión en las economías de servicios, la reprimarizacion y la desindustrialización. Dicho de otra manera, es el momento en el cual es necesario pensar el renacimiento del sujeto colectivo que significan los trabajadores/as y, porque no, entusiasmarnos en pensar que podemos resurgir para superar al poder.

Publicado enEdición Nº206
A 150 años de la Primera Internacional

Samir Amin publicó recientemente en Monthly Review (volumen 66, número 2, junio de 2014) un extenso artículo con un título muy sugerente: Popular movements toward socialism: their unity and diversity (Movimientos populares hacia el socialismo: su unidad y diversidad). El artículo, en sí mismo, es interesante y casi se empata con un emblemático aniversario de la Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT).


En dicho artículo escribió que Marx, en la resolución (sic) de fundación de la AIT, señaló que la tarea de la Internacional es generalizar y unificar los movimientos espontáneos de la clase obrera, pero no prescribir a favor o imponerles cualquier sistema doctrinal. Y más adelante el autor añadió que Marx propuso un principio fundamental al que se adhiere: aceptar y reconocer la diversidad, actuar para reforzar la unidad en la lucha. De la cita de Marx, Amin no da fuentes, pero quiero pensar que al decir resolución en realidad se refería al Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, redactado por Marx y expuesto el 28 de septiembre de 1864. Sin embargo, según mis fuentes, Marx nunca habló expresamente de movimientos espontáneos de la clase obrera sino de movimientos aislados y con frecuencia sin dirección, razón por la cual solían ser derrotados.


Lo que Marx dijo en el Manifiesto inaugural fue: " La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros. La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados" (las cursivas son mías).


Marx aceptaba que la Internacional estuviera compuesta por diferentes tipos de organizaciones. De hecho participaron tradeunionistas, lassalleanos, proudhonianos y anarquistas, pero siempre insistió en que, si bien debían actuar en cada lugar y circunstancia de acuerdo con sus posibilidades, la idea de la Internacional era coordinar sus acciones en una lógica de unidad y coherencia. Más bien fue Bakunin el que insistía, en 1868, en que todos los movimientos en cada país debían tener libertad absoluta sin recibir orientación alguna de un grupo central, en clara alusión al Consejo General de la Internacional, en el que Marx tenía una gran influencia. De ahí una de las grandes diferencias entre Marx y Bakunin, diferencias tan grandes que el primero prefirió la desaparición de la Internacional antes que dejarla en manos de los anarquistas. Sobra decir, por obvio, que Bakunin estaba en contra de la conquista del poder político de los trabajadores, que para Marx, Engels y varios de sus seguidores era y sigue siendo fundamental.


En tanto Bakunin, como también los proudhonianos, estaba en contra de los partidos, para Marx y Engels el partido era muy importante. En el Congreso de La Haya de 1872, encabezado por estos últimos, y en el que se dio una fuerte lucha contra el anarquismo, se introdujo un añadido a los Estatutos de la AIT:


Artículo 7. a. En su lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase sino constituyéndose él mismo en partido político propio y opuesto a todos los antiguos partidos formados por las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y el logro de su fin supremo: la abolición de las clases. Con estos acuerdos en el congreso de La Haya se establecieron las bases para la creación de partidos políticos de la clase obrera en contra de sus enemigos de clase.


En sus pocos años de vida la Primera Internacional evolucionó de una difusa coordinación de los movimientos aislados de los trabajadores a la propuesta directa de constituir partidos políticos para luchar por el poder de manera no sólo unida sino organizada. Es decir, partidos de clase como sinónimo de unidad y una dirección que los guíe (la que Lenin, años después, llamaría la dirección de los más capaces y experimentados en las luchas de los trabajadores).


Aunque la orientación de Amin en su artículo va en un sentido distinto al que yo sostendría, podría estar de acuerdo con él, sobre todo en estos tiempos del siglo XXI, en que los partidos políticos auto

denominados de izquierda deben "aceptar y reconocer la diversidad [y] actuar para reforzar la unidad en la lucha..." por el socialismo, añado.
PD: Quiero agradecer a amigos y lectores sus expresiones de solidaridad y afecto con motivo de un inesperado quebranto de mi salud. Con ciertos cuidados, aquí sigo.


www.rodriguezaraujo.unam.mx

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Por la soberania, la paz, el trabajo decente y vida digna

Declaración conjunta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación General de Trabajadores CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, la Confederación de Pensionados de Colombia CPC y la Confederación Democrática de Pensionados CDP.
Conmemorando en este 1° de mayo de 2014 a nuestros mártires de Chicago de 1886, los trabajadores y pensionados de Colombia y el mundo, pasamos revista a nuestra situación económica, social y política y, reiteramos nuestra decisión de seguir enarbolando las democráticas banderas de la soberanía, la paz, el trabajo decente y la vida digna.


La crisis mundial del modelo neoliberal que sacude a Europa y Estados Unidos desde 2008, viene siendo descargada en países y pueblos, sometiéndolos a recortes fiscales, disminución de derechos a la población en todos los órdenes y eliminando condiciones laborales y salariales. Para ello vienen imponiendo el modelo de Tratados de Libre Comercio –TLC- que violan la soberanía nacional, como en nuestro caso, arrasando la producción agropecuaria e industrial, precarizando y reduciendo el trabajo nacional, todo ello en favor de las grandes multinacionales, para sosegar las dificultades de los grandes monopolios.

La situación durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha profundizado la aplicación de la economía basada en la gran minería y las grandes plantaciones agrarias en manos de las multinacionales, concediendo enormes gabelas que hacen de Colombia un paraíso para la inversión del capital extranjero con todas las garantías para el altísimo rendimiento de sus ganancias por vías de la reducción de impuestos y las exigencias medioambientales, las regalías y recorte de condiciones laborales, aumentando el desempleo y arrojando a la informalidad la fuerza laboral colombiana. A la par de esto, se han recortado los derechos fundamentales de la educación y la salud, mientras que los servicios públicos domiciliarios han sido privatizados para su enriquecimiento, martirizando mes a mes a millones de colombianos.


La informalidad laboral sigue estando alrededor del 70%, lo cual niega los derechos laborales y las libertades sindicales, desconoce las normas laborales y los convenios de la OIT, incluido en entidades estatales. Aún más condenable es la práctica de transformar las CTA en sociedades comerciales denominadas SAS –Sociedades por Acciones Simplificadas- o la de transformar las mismas CTA o las SAS en falsos sindicatos creados por las empresas, firmando falsos contratos sindicales para dar la imagen de libertad sindical, negando de paso la negociación colectiva.


Este año en entidades estatales del orden nacional y territorial, se han presentado más de 100 pliegos de solicitudes y en ninguna negociación se vislumbra acuerdos laborales, lo cual muestra la falta de voluntad política del gobierno para cumplir los convenios 151 y 154 de la OIT. Así mismo, los pensionados van a presentar, ante la Presidencia de la República, su pliego de peticiones.


La impunidad en los asesinatos cerca de 3.000 sindicalistas en los últimos 20 años, sigue siendo superior al 94% en casos de homicidios y del 99% en casos de amenazas. Si bien el índice de asesinatos ha disminuido en los últimos años, las amenazas y acciones en contra de sindicalistas se ha incrementado notoriamente, constituyendo toda una situación de persecución al movimiento sindical que se ve reflejada en no menos del 4% de afiliación sindical y una cobertura de negociación colectiva que no benefició a más de 287 sindicatos en 2013, sumado a las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas expresados en desplazamientos, desapariciones y homicidios, razón por la cual nos manifestamos a favor de una salida política al conflicto armado y la reparación de las víctimas y al movimiento sindical.


El resultado de tales políticas ha conducido a Colombia a ser el tercer país más desigual de América según reciente informe de la ONU. Las políticas económicas han sido un fracaso para la nación y sus millones de pobladores, pero han resultado ser un festín para el pequeño puñado del capital financiero, las multinacionales y los intermediarios colombianos.


Frente a todo ello, la movilización social y política, se ha incrementado de una manera importante: la movilización civilista, que desde el 28 de abril desarrollan campesinos y productores agropecuarios contra los TLC, en búsqueda de medidas de protección del estado, las reclamaciones de los mineros, los camioneros, las huelgas obreras en sectores importantes de la economía, la huelga de las madres comunitarias, la movilización estudiantil por el derecho a la educación superior gratuita y de calidad y la movilización de los trabajadores, usuarios, pensionados y estudiantes de la salud contra el regresivo proyecto de ley de reforma a la salud. El anuncio de un paro nacional de Fecode en el mes de mayo, cuya hora cero la definirá su Junta Nacional del 12 de mayo, por salud y salarios, es una portentosa muestra de la protesta de los distintos sectores, que ganan un enorme acompañamiento y una altísima opinión favorable, la respuesta del gobierno ha sido por lo general la negativa a resolver sus peticiones y la utilización de diversos métodos represivos que generan el repudio generalizado, amparados en la ley que penaliza la protesta social.


Se requiere, entonces, mantener al Comando Nacional Unitario al frente de la búsqueda de la solución política del conflicto armado y como tal respaldar el proceso de paz en La Habana y que se haga extensivo a los otros grupos guerrilleros; luchar por la soberanía y la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionados, para lo cual tendrá como eje el funcionamiento del Comando Nacional Unitario de las tres Centrales, las Confederaciones de Pensionados y la más amplia unidad de acción con las demás organizaciones populares, sociales y políticas. En ese contexto continuar con la defensa del trabajo decente y la vida digna, de los derechos humanos y sus políticas públicas, la reparación colectiva del movimiento sindical y el apoyo a los conflictos agrarios, de camioneros, de sectores de la salud, educación y luchas populares por mejores condiciones de trabajo, vida y bienestar para todos los trabajadores y pueblo.


Firman:


LUIS ALEJANDRO PEDRAZA
Presidente CUT
JULIO ROBERTO GOMEZ E.
Presidente CGT
MIGUEL MORANTES A.
Presidente CTC
FABIO ARIAS GIRALDO
Secretario General CUT
MIRYAM LUZ TRIANA A.
Secretaria General CGT
ROSA E. FLEREZ G.
Secretaria General CTC
ORLANDO RESTREPO
Presidente CPC
JHON JAIRO DIAZ
residente CDP
Bogotá, 25 de abril de 2014

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Rafael Correa: "Ecuador es hoy ejemplo de estabilidad democrática"

El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, ha dedicado el doctor honoris causa que recibirá este miércoles en la Universidad de Barcelona a los emigrantes que tuvieron que salir del país tras la grave crisis económica de 1999. "Sentí verguenza de ser economista. No fui culpable de aquella tragedia nacional, pero sí corresponsable. Es para vosotros este doctorado, hermanos. A Ecuador lo mantuvieron los pobres", se ha dirigido a la comunidad ecuatoriana que ha llenado el Auditorio del Fórum barcelonés, más de 3.000 entre ciudadanos, voluntarios y cuerpo diplomático.

 

En su primer día de la gira europea que lo llevará a Madrid el jueves y el fin de semana a Italia, el presidente ecuatoriano, que ha llegado a la Ciudad Condal con cinco horas de retraso por un problema técnico en el avión, también ha repasado algunas de las mejorías que está experimentado el país desde que llegó al poder en 2007: "Me encontré a un país desesperanzado. Pero gracias a vosotros, que sostuvisteis al país partiendo a tierras extrañas para enviar dinero, hoy estamos en la vanguardia a nivel mundial. Somos un país modernizando, el milagro ecuatoriano, el país que más reduce desigualdad en América Latina"


Desde que llegó al poder, Correa ha sustentado la política exterior en velar por los intereses de la comunidad que vive en el extranjero. Y ésta se lo agradece cada vez que recibe la visita de su presidente. Una vez al año, el presidente ecuatoriano realiza giras por Europa, Asia y Oceanía. España copa prácticamente la mitad de la migración ecuatoriana y en Catalunya ésta llegó a los índices más altos en 2006, con más de 86.000 ecuatorianos según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El mismo estudio, sin embargo, determina que el pasado 2013 la comunidad ecuatoriana apenas rebasaba los 50.000 residentes. Un descenso que Anabel Intriago, ecuatoriana con más de 19 años residiendo en Catalunya, cree que seguirá a la baja. "Muchos ecuatorianos en Catalunya ya tienen la maleta hecha. Es el mayor logro de nuestro presidente: haber puesto las facilidades para que los que dejamos hace tiempo nuestro país podamos regresar", razona desde su butaca, visiblemente emocionada. Argumentos no le faltan. El gobierno de Ecuador eliminó los impuestos en la entrada de inmueble al país de aquellos ecuatorianos con más de un año residiendo fuera. Y aprobó la dación en pago, en una jugada que Correa ha reivindicado con esmero: "Respetamos la soberanía española, pero nuestros migrantes serán respaldados en cualquier problema con los desahucios, a través de la dación en pago. Ningún banquero que compre deuda ecuatoriana en España podrá cobrarla en nuestro país". Los asistentes se han arrancado a gritar un "¡Sí, se puede!" que por un momento ha desconcertado al presidente.


Correa también ha insistido en que "está prohibido olvidar lo que nos llevó a la crisis", en un evidente paralelismo con la situación española. "Nos vendieron las bondades del mercado, la libertad de elegir y producir... Pero el fundamentalismo neoliberal, esta ideología disfrazada de ciencia, esta idea de que los mercados se regulaban solitos nos llevó a la quiebra generalizada. El poder en Ecuador lo tenían los banqueros, con la revolución ciudadana manda el pueblo", ha apuntado. Y ha acabado con una advertencia: "Ecuador es hoy ejemplo de estabilidad democrática pero hay que estar atentos, los medios son los brazos ejecutores, de los caprichos y necedades de la elite que siempre nos dominó. Hay políticos que añoran el pasado. Ni un paso atrás".


Correa se ha despedido del auditorio remarcando los pilares de su reforma educativa, con dos nuevas universidades inauguradas este año y otras dos en camino, a la postre el motivo de su investidura como doctor honoris causa por la UB. "Hace cuarenta años fue el boom petrolífero, hoy vivimos el boom del conocimiento, de la investigación, del talento humano". Para ello ha recalcado que en su viaje a España busca "estrechar lazos con universidades de prestigio, firmar convenios de colaboración y visitar institutos de investigación".


En un ambiente festivo y familiar, cada asistente ha contado en su butaca con un globo con un lema muy significativo: "Hablemos de lo importante: Crisis y futuro". También se han repartido guantes negros como protesta contra el fallo emitido el pasado marzo en Nueva York, que consideraba fraudulenta la sentencia que obligaba a la compañía petrolera estadounidense Texaco -ahora Chevron- a indemnizar al gobierno de Ecuador por contaminar una zona de la Amazonia ecuatoriana durante décadas. Correa, que ha sido vitoreado tras cada intervención, sólo se ha enojado cuando un espontáneo ha intentado boicotear la charla exigiendo a gritos que se leyera una carta con sus quejas al actual gobierno.


Rafael Correa, tras ser investido mañana doctor honoris causa en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los avances en materia educativa registrados en Ecuador durante su mandato, viajará el jueves a Madrid para reunirse con la comunidad ecuatoriana de la capital española, además de hacer lo propio con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el rey don Juan Carlos, según ha confirmado entre tímidos silbidos. El viernes pondrá rumbo a Italia, donde tiene previsto acudir a Génova primero (ahí radica la comunidad ecuatoriana más grande del país transalpino) y a El Vaticano después, dando por concluida su gira europea con la participación en la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII.


El presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Catalunya, William Macas, se mostraba agradecido al gobierno de Correa por su lealtad con los que dejaron, como él, el país hace 15 años. "Ecuador consta de cuatro regiones naturales: la litoral, la interandina, la amazónica y la insular. Desde que está Correa, los que vivimos fuera del país somos la quinta región", aseguraba.

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Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Publicado enEdición Nº200
Sábado, 22 Marzo 2014 11:54

El mito del trato justo

Se afirma que el mercado es el camino idóneo para ejercer la actividad económica porque allí cada uno remunera de acuerdo a su esfuerzo y a su productividad. De acuerdo con esto, cuando dos personas realizan una transacción transparente (sin trampas), mediada por un pago en dinero, están realizando un intercambio de valores equivalentes.

 

Esta visión ha sido criticada por las ciencias sociales cuando se trata del contrato laboral. Por un lado, el trabajador no puede negarse a la transacción porque de ello depende la reproducción de su vida y la de su familia. Por el otro, no es un intercambio entre equivalentes porque lo que recibe el trabajador como salario es una fracción del valor que genera con su trabajo. Hay quienes afirman que esto no es cierto, que al fin y al cabo se trata de un contrato en el mercado laboral, el cual debe funcionar de forma libre, sin las rigideces del código laboral. Este es un tema que ha sido tratado por la literatura respectiva.

 

Aquí lo que se quiere abordar es el caso del trabajador que vende directamente en el mercado el producto de su trabajo, como es la situación del vendedor ambulante, el mecánico automotriz, la costurera, el técnico en computadores. Se lo llama el trabajo por cuenta propia, y se afirma que su situación, como la de cualquier empresario, mejoraría si se capacita, asume riesgos y se vuelve un emprendedor. En otras palabras, si hace las acciones adecuadas para una buena inserción en el mercado.

 

Sin embargo aquí tampoco hay una relación de intercambio entre iguales, como no la hay en el contrato laboral. Se presenta una asimetría que esconde una distribución injusta y regresiva contra ese trabajador de la economía popular. Esto se ilustrará con un ejemplo.

 

Cuando un alto ejecutivo bancario en una noche de farra consume licores de alta gama en un bar de una zona exclusiva, la cuenta que paga al final es alta. ¿Que incluye ese valor?: El precio de los licores refleja el pago de un arriendo costoso (se trata de una zona exclusiva), los impuestos (en esas zonas no se puede consumir licor de contrabando), los salarios del personal de servicio que debe incluir la seguridad social, y por supuesto la ganancia extraordinaria que recibe el dueño por estar en un sitio de moda. Lo que paga el ejecutivo corresponde a una porción pequeña de su alto ingreso, el cual se genera con una jornada laboral normal (ocho horas diarias de lunes a viernes).

 

Sin embargo cuando después de beber el licor consume alimentos en la calle para calmar el hambre, esos alimentos son producidos por un vendedor ambulante, que debe arrastrar por un trayecto largo su carro con todos los insumos. Su jornada empieza en la mañana, cuando se abastece de los insumos, luego realiza las preparaciones previas, posteriormente se está toda la noche a intemperie esperando el cliente, y finalmente debe regresar a guardar su carro. Si la jornada empieza a las diez de la mañana y termina a las cuatro de la mañana del día siguiente, se trataría de una jornada de 16 horas.

 

¿Que muestra el ejemplo? Que el trabajo del ejecutivo y el del vendedor ambulante se valoran de forma diferente porque su posición en la jerarquía social es distinta. El intercambio mercantil entre ambos no es equivalente. Esa pizza que para el vendedor puede significar un trabajo de horas, para el ejecutivo comprador no equivale ni un segundo del suyo. Y si se habla de productividad el vendedor ambulante al menos fabrica pizzas, mientras que el ejecutivo maneja relaciones públicas para que los clientes del establecimiento financiero y a los dueños del mismo puedan extraer rentas financieras que son la expresión del trabajo social que se genera en otra parte. Más allá de intercambios de equivalentes lo que está detrás es una jerarquía social, y conforme a ella una valoración diferente del trabajo, y una distribución desigual del excedente económico.

 

De tal forma que no pueden reducirse los intercambios mercantiles a una mera relación cuantitativa. No sólo se trata que el trabajo de cada uno tiene una valoración distinta, sino que en el caso de la economía popular hay dos características adicionales que deben ser tenidas en cuenta. La primera, que en la economía popular se carece de derechos sociales pero al mismo tiempo no se paga impuestos directos por la actividad económica. Se trata de una población que está excluida del contrato social sobre el cual se construye la ciudadanía. Su actividad económica se mueve en el terreno de la ilegalidad (que no es lo mismo que la criminalidad). Ilegalidad porque no se pagan impuestos, no se tiene registro mercantil, ni contabilidad auditada, ni derechos de propiedad definidos y debidamente registrados.

 

La segunda característica de la economía popular consiste en que en general su actividad económica se hace en el seno del hogar. La consuencia no sólo consiste en la introducción de relaciones mercantiles en el seno de la familia, sino que se va borrando la separación entre el mundo privado que se da en el seno de la familia, y la esfera pública donde se realiza el trabajo mercantil.

 

Se genera una tensión en el seno de la familia entre su función de reproducción de la vida a través del afecto y el cuidado, y la reproducción de la vida a través de la inserción en el mercado, y el impacto que esto tiene sobre la familia está por estudiarse. En este campo hay una imbricación entre la economía doméstica (realizada desde los hogares, la famiempresa) y la economía popular.

 

Estas características hacen que la relación con el Estado tienda a moverse en terrenos de la justicia penal y los códigos de policía, el clientelismo político, y una relación inestable que oscila entre la negociación y la confrontación. Esa relación es distinta a la del trabajador estatutario cuya relación se mueve en los códigos de la legislación social (entre ellas un código laboral), los derechos sociales, y la negociación colectiva; o la del ciudadano que paga impuestos, es sujeto de derechos sociales, y participa en la discusión y definición de las políticas públicas, como es el caso del ejecutivo señalado atrás.

 

De manera que el mercado no es una relación entre iguales. Esto no es nuevo, pero siempre se olvida. Se vende la ilusión a los trabajadores de la economía popular que si se lanzan con todo su ánimo al mercado salvador serán emprendedores exitosos. Vana ilusión. Siempre serán maltratados por las asimetrías ocultas en la supuesta igualdad mercantil.

Publicado enEdición Nº200