Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

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Domingo, 22 Marzo 2020 06:25

Elogio del riesgo  

Elogio del riesgo  

“Vivir es una invención arrancada del terror”, escribe Anne Dufourmantelle (París, 1964). Encendida opositora de la obediencia, filósofa y psicoanalista, escarba con pasión en las miserias emocionales de hombres y mujeres de clase media urbana bajo el capitalismo. “Un terror que algunos apaciguan entre brazos siempre distintos, otros en el alcohol, otros aún en una hiperactividad enfermiza: los seres son desiguales ante la angustia”. Nada más tramposo que la mentalidad del autoayudismo asustado y narcisista, plantea. Vivir ya es un riesgo, opina. Y sale al cruce de la conformidad con uno mismo, esa profusión de libros que forman el mercado mundial del reaseguramiento en un mundo donde no hay nada seguro. Nada más lejos del publicitado riesgo cero. Si Dufourmantelle carga contra los tabúes individuales, no menos va contra los sociales. Por ejemplo, en su “Trabajar, el undécimo mandamiento”, dispara: “El trabajo libera son palabras de siniestra memoria. En nuestras sociedades democráticas llamadas liberales, el trabajo es aquello sobre lo que reposa todo el sistema económico-político de la deuda. ¿Qué libertad permite esta sociedad a los individuos que preferirían no hacerlo? El imperativo, repetido desde el jardín de infancia hasta la vejez, que dicta que el trabajo es aquello que nos hará libres, ¿nos deja aún la opción de aceptarlo o de rechazarlo? De ahí se deriva —y de esto soy testigo como psicoanalista— una falta afectiva que mina a los seres hasta conducirlos, en ocasiones, a querer salir del juego”.

Dufourmantelle se aparta de los rebusques del hermetismo y prefiere la claridad. Su prosa es capaz de irrumpir en medio de un razonamiento discursivo con una frase cortante, una imagen que, con la potencia de la metáfora, descubre otra cosa, una que acechaba en lo reprimido y no podía ser expresada de otra forma. Y pregunta: “¿Por qué será que la extrañeza del mundo deja a ciertos seres como desollados en vida? Muchas veces éstos se vuelven creadores, a menos que sucumban – la angustia es insoportable en altas dosis o cuando dura demasiado tiempo – o bien abdiquen inmediatamente, se agarren de un objeto balsa (la botella, la jeringa, la crisis), único proveedor de esa posibilidad de un refugio que no han recibido o no han sabido recibir en la cuna. ¿Y por qué será que otros parecen haber sido inmunizados desde el nacimiento?” A Dufourmantelle no le intimida arriesgarse en sus intervenciones clínicas mediante la formulación de interrogantes tanto cuando se encuentra ante un paciente o en la situación silenciosa y meditativa de la escritura. Y sí, la escritura es esencial, constitutiva en ella. Reflexionando, anota que “el gesto de la escritura se parece a un deshechizo, a una promesa de fidelidad, pero, ¿a quién? ¿Lo sabrá el escritor en el instante en que escribe?”. Otra reflexión: “Contra la extrañeza del mundo, la escritura inventa un lenguaje para traducir lo intraducible, para hacer oír lo innombrable e intentar inscribir en él una forma nueva. Así nace una lengua propia, para parafrasear a Virginia Woolf, un recinto particular donde el sujeto a cubierto por un tiempo ha negociado su paso en la tormenta de lo real”. Importa señalarlo, además de haber escrito un ensayo sobre la hospitalidad con Jacques Derrida, Dufourmantelle ha publicado novelas.

La literatura, define, es la búsqueda de la belleza, “una parte desnuda del mundo que se nos revela”. Y escribe: “Seamos o no creyentes, la belleza abre un espacio a la trascendencia, o por lo menos a aquello que señala hacia lo que posibilita. Alcanza nuestro caos interior en la aflicción de nuestra relación con nosotros mismos, la desherencia de lo que dejamos al abandono”. No obstante, no es ingenua y va contra la idea de lo bello como salvación. “Hay en la belleza un espanto del que ha hablado toda una literatura. Aquello hacia lo cual nos señala desiste al mismo tiempo completamente”.

El año pasado, en una librería, encontré su “En caso de amor”, un pequeño tratado de psicopatología amorosa contemporánea, relaciones devastadas traducidas en una serie de ensayos provenientes de su labor clínica, pero no sólo. Si “En caso de amor” me impresionó, apenas al hojearlo, se debió a su estilo, eso que decía al principio, una legibilidad infrecuente en la escritura psi, por lo general engrupida. Sus temas: humillaciones, derrotas, vergüenzas, culpas, secretos que se resisten a la luz. Este es su material de trabajo y sus experiencias pueden leerse tanto como con un interés psi como de simple y pura curiosidad ficcional. ¿Acaso la novela familiar, esa que nos inventamos para seguir aguantando y aguantándonos, no es una ficción?

Con sólo leer uno de sus nuevos –nuevos para nosotros– breves y punzantes ensayos del 2011 que integran “Elogio del riesgo” uno ya se da cuenta con qué clase de inteligencia está entrando en tránsito, porque, hay que decirlo, Dufourmantelle exige eso, dejarse llevar, estar dispuesto a una introspección cuestionadora, ser otro, sentir de pronto que le tiraron a uno de la alfombra o como proponía Wittgenstein, al llegar a lo alto de la escalera, en el último peldaño, animarse a patearla sin tener de qué agarrarse. Pero, me pregunto, ¿acaso no es esta la impresión del comienzo desconcertante de un tratamiento, animarse a la primera sesión?

“La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos, corremos” escribe. Le importa dejar en claro que no se trata de otra cosa que arriesgarla. “Vivimos bajo anestesia local, envueltos en celofán, buscando desesperadamente una sustancia o un amor que pueda despertarnos sin asustarnos”. En esto coincide con Kierkegaard: somos nuestros propios enterradores. Entonces, nos desafía, por qué no arriesgar el porvenir. Su coherencia es profunda. Y sus apuestas al riesgo deben ser leídas como proféticas, un saber por anticipado acerca de cuál será su destino, un destino que sólo se puede captar desde la responsabilidad de la elección y reside, como en lo escritural, en una decisión ante una circunstancia que, como en una tragedia griega, no parece fortuita. Que este libro tan deslumbrante y sabio como su angustia existencial se titule “Elogio del riesgo” cobra un sentido admirable al enterarnos cómo terminó sus días. En julio de 2017, a los cincuenta y tres años, estaba en una playa de la Riviera cuando cambió el clima y el área de nado se volvió peligrosa. Divisó a dos chicos de una pareja amiga en peligro y, sin vacilar, se lanzó al mar. Logró salvarlos, pero sufrió un paro cardíaco. Unos rescatistas la sacaron inconsciente del agua y trataron de reanimarla pero no lo lograron. Los chicos sobrevivieron. 

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La Unad y el Covid-19 (o el modelo de virtualización de la educación que debemos evitar)

Es bien sabido que una de las primeras medidas para enfrentar la crisis sanitaria despertada por la pandemia del COVID-19 ha sido la posibilidad de implementar, tanto en colegios como universidades y otras instituciones educativas, formas de teletrabajo y enseñanza virtual. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD es la institución de educación superior con la mayor trayectoria a ese respecto, tanto a nivel de pregrado y posgrado, pese a ser una gran desconocida en el país. Se trata de una megauniversidad que cubre prácticamente todo el territorio nacional y cuyas actividades están casi virtualizadas por completo. Sin embargo, aunque pueda pensarse lo contrario, su modelo tiene problemas profundos y, como la misma universidad, desconocidos, que avanzan silenciosamente y empiezan a ser calcados por otras universidades.

Precisamente la actual crisis sanitaria pone de relieve dichas falencias y constituye una alerta temprana frente al rumbo que han empezado, o podrían empezar a tomar, diversas instituciones educativas, incluso hasta convertirlo en el modelo imperante. Se sabe, por ejemplo, que otra de las universidades con mayor cobertura en Colombia, la Uniminuto, también ha iniciado un proceso acelerado de virtualización de cursos, al tiempo que presenta graves problemas estructurales similares a los de la UNAD. Para los docentes unadistas resulta absolutamente incomprensible que, a diferencia de las demás universidades del país, y sobre todo de las más prestigiosas, como la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional, los horarios de trabajo presencial se mantengan con casi total normalidad. Podría pensarse que, tratándose de una universidad a distancia, con programas virtualizados, los docentes están acostumbrados al teletrabajo, a laborar desde la comodidad de sus hogares, pero no es así.

Los docentes unadistas, salvo en casos excepcionales, están obligados a acudir a los diversos centros y a cumplir de manera estricta un horario. Los centros tienen oficinas donde cada docente se sienta en un computador de manera aleatoria y muy cerca los unos de los otros, como si se tratara de un call center. Es evidente que, sobre todo en las actuales condiciones de salubridad, el contacto con los equipos y con las demás personas debe ser evitado, además del contacto que implica tomar los respectivos medios hacinados de transporte para llegar a laborar. La intransigencia de las directivas ha sido descomunal. Nadie se explica por qué una universidad que puede extender el teletrabajo a prácticamente todo su personal, y que posee las condiciones para hacerlo, sigue obligando a sus empleados, de forma absolutamente innecesaria, a acudir a las instalaciones que, por demás, muchas veces no cuentan ni si quiera con jabón ni papel higiénico en sus baños.

La cuestión es tan escandalosa que incluso en un comunicado oficial se invitaba a los docentes con síntomas de gripa a laborar presencialmente “con las debidas medidas de precaución” (lavado de manos, tapabocas, etc.). En el último comunicado, gracias a la organización de algunos profesores y profesoras, se le da libertad a cada centro para autorizar permisos puntuales, pero la intransigencia generalizada continúa. Ahora bien, lo que actualmente acontece es solo una prolongación de un modelo de universidad virtual que le ha apostado a la proletarización total de sus maestros y a la masificación de la educación a costa de la calidad y del cultivo real del pensamiento.

Siendo una institución de educación superior de carácter público, la UNAD se autofinancia en un 80%, lo cual la convierte, en la práctica, en una institución privada. Los contratos de sus profesores son, en su gran mayoría, de cuatro meses, con demoras constantes en la entrega de liquidaciones e incertidumbre laboral permanente. Un docente unadista es consciente de que siempre que termina un contrato debe tener en la cabeza una alternativa laboral, pues no se garantiza nunca la continuidad. Dicha precarización es, a su vez, un instrumento de control altamente efectivo, que limita la posibilidad de organización de los maestros y la consecución de mejoras laborales, como sucedió ya con la perseguida y criminalizada ASPU-UNAD. Al tiempo, tratándose de educación virtual, los docentes ven difuminadas las fronteras entre su tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Hay quienes, a altas horas de la noche, siguen atendiendo estudiantes por Skype, correo electrónico, Whatsapp, etc. Adicionalmente, los docentes, que la universidad llama “tutores”, ven vulnerada su libertad de cátedra, pues se limitan a implementar guías previamente construidas por otros docentes y a calificar actividades de manera cuasimecánica con grupos de estudiantes de una cantidad exorbitante.

Como si no fuera suficiente lo anterior, los docentes deben desempeñar actividades administrativas y aceptar con la cabeza baja su papel de “toderos”. Si un estudiante necesita una homologación, información sobre un programa, o casi cualquier otro asunto administrativo, cualquier docente debe estar presto a atenderlo. La atención telefónica, que en la mayoría de los casos está asociada a temas administrativos,es responsabilidad de los “tutores”. Pero la explotación laboral se vende como horizontalidad y los llamados al autocontrol son constantes (por ejemplo, en el manejo del tiempo), cuando en realidad las condiciones estructurales de la misma universidad refuerzan la heteronomía. El control llega a unos niveles tan elevados que, en algunos centros,no solo hay que “marcar tarjeta” (entrada y salida) a través de un registro biométrico facial y con huella, sino que ciertos funcionarios se acercan a las oficinas a tomar fotos y obligan a los profesores a autorreportarse a través de Whatsapp, fuera de las cámaras dispuestas en diferentes puntos de las instalaciones.

El control es ciertamente exacerbado, pero la calidad académica de cada curso pasa desapercibida: lo importante es que el docente aplique las guías y suba notas masivamente a la plataforma y, eso sí, que se asegure de que no repruebe tanta gente. La UNAD, esa gran desconocida, podría estar prediciendo el futuro de la enseñanza en el país, por lo que, si sigue pasando inadvertida, al igual que las investigaciones por corrupción que tiene su rector y su clientelismo endémico, estaremos perdiendo una gran oportunidad para cambiar de rumbo. En este contexto, es totalmente coherente que se obligue a los trabajadores a asistir a los centros, una medida sintonizada con las condiciones de maltrato estructural a las que están sometidos. Si algún docente o trabajador (o alguno de sus familiares)resultara gravemente enfermo o, no lo quisiéramos, muriera, la responsabilidad sería de la UNAD y de su incapacidad para tomar decisiones tendientes a garantizar el bienestar común.  

Una Docente Unadista

Bogotá D.C., marzo 18 de 2020

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Macron impondrá por decreto la reforma al régimen de pensiones

El presidente francés insiste con su proyecto pese a los meses de protestas populares

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció este sábado que adoptará el proyecto de reforma jubilatoria por decreto, sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional, una decisión que provocó la presentación de dos mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales de la próxima semana.

"Después de más de 115 horas de debate, la Asamblea Nacional llegó a examinar el artículo 8 (de un total de 65). Creo que nuestra democracia no puede darse el lujo de semejante espectáculo", afirmó ante el hemiciclo Philippe, quien denunció "una estrategia de obstrucción deliberada de una minoría".

El primer ministro, cara visible de la agenda reformista del presidente Emmanuel Macron, argumentó el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, con el objetivo de poner fin al "no debate" de la medida. De esta forma, el Ejecutivo acabaría con cualquier opción de debate después de las más de 40 mil enmiendas que presentó la oposición, casi todas desde el partido izquierdista Francia Insumisa.

Las palabras del premier fueron aplaudidas por los diputados de la mayoría oficialista, pero abucheadas por los legisladores opositores presentes en el pleno.

Considerada la mayor revisión al sistema jubilatorio francés desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma previsional fue fuente de controversia desde su presentación, el pasado 11 de diciembre, tanto en las calles con huelgas y protestas, como en la esfera política.

Poco después del anuncio de Philippe, el partido conservador Los Republicanos, por un lado, y tres formaciones de izquierda --los socialistas, los comunistas y los miembros de Francia Insumisa--, por el otro, presentaron mociones de censura contra el gobierno en un intento de frenar la aprobación por decreto, reseñó el diario Le Monde.

"El gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un consejo de ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable", esgrimió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El jefe del grupo de Los Republicanos en la Cámara baja, Damien Abad, también rechazó la estrategia del Ejecutivo, a la que calificó como "una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional". "Esto no puede terminarse con un 49.3 sin moción de censura", agregó su correligionario Eric Woerth.

Pese al repudio opositor, las mociones de censura contra el gobierno tienen pocas chances de prosperar, dada la mayoría legislativa con la que cuenta La República En Marcha, el partido del mandatario, para frenar estas iniciativas. Ante esta situación, el ex candidato presidencial de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon denunció que los métodos del premir son “violentos”, según consignó la cadena BFTMV.

Si bien Philippe advirtió hace unos días que el Ejecutivo podría prescindir del voto parlamentario, la decisión sorprendió a la oposición, a tan sólo una semana de los comicios municipales. La jugada podría ser arriesgada para el gobierno, dado el malestar y la división que este proyecto de ley generó en la sociedad francesa.

La reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. Los gremios iniciaron en diciembre una pulseada en las calles contra el nuevo sistema jubilatorio, que pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos. Según denuncian los sindicatos, la polémica medida "degradará los derechos de todos", mientras que el Ejecutivo aseguró defender un sistema "más justo y más simple".

Tras el anuncio de la aprobación por decreto de la reforma, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Philippe Martinez, deploró "la actitud profundamente escandalosa" del gobierno y anunció una movilización de los sindicatos "a partir de la próxima semana".

La última vez que se recurrió al 49.3 fue en 2016. El entonces primer ministro, Manuel Valls, lo hizo para aprobar la igualmente controvertida reforma laboral, que también provocó protestas en las calles. Desde la fundación de la V República, en 1958, ese método, impopular por considerarse una aprobación por la fuerza, se usó 86 veces. 

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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Sobrevivir sin dólares, reto para los venezolanos

Caracas. Cada vez se habla más de cómo circulan dólares en determinadas zonas de Caracas. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no acceden a la moneda estadunidense o sólo lo hacen de forma esporádica? ¿Cómo enfrentan el día a día?

El proceso se aceleró durante 2019. Si antes era centralmente de clases medias altas –una entrada a una discoteca en las zonas adineradas caraqueñas se pagaba en dólares–, en meses recientes se elevó la presencia y necesidad de la moneda norteamericana.

El cambio central no fue tener al dólar como moneda de referencia y de ahorro, algo que, como en otros países de América Latina, por ejemplo, Argentina, es costumbre. La transformación fue que comenzaran a circular dólares para gastos de cada día: los billetes comenzaron a multiplicarse en las calles, en particular en denominaciones de uno a 20 dólares.

Quienes dolarizaron sus ingresos, cálculos y cuentas bancarias quedaron a salvo de las dificultades económicas. ¿Qué sucede, en cambio, con quienes quedaron por fuera, o en los bordes, de ese proceso?

La economía venezolana ha atravesado en los pasados cinco años situaciones tan complejas como el desabasto de productos de primera necesidad, la inflación e hiperinflación, o la ausencia y reventa de dinero en efectivo. La llamada dolarización es uno de los nuevos fenómenos dentro del cuadro prolongado de diferentes dificultades.

Ante esos escenarios han surgido numerosas formas de resistencia y recomposición. Mariana García y Hernán Vargas, investigadores venezolanos, han estudiado durante tres años esas mutaciones, particularmente en los sectores populares, pero también en las clases medias.

García y Vargas señalan cuatro puntos centrales "para responder a la pregunta de cómo hace la gente para sobrevivir, para resolver".

En primer lugar están las migraciones laborales. "La reconfiguración del trabajo que hace que te muevas del trabajo formal al informal, por cuenta propia, que puede ser adentro o fuera del país, porque la búsqueda es la de mayor cantidad de divisas". Así surgieron las iniciativas de trabajo informal, ventas, reventas, o pequeños negocios, como las ya características peluquerías en las calles.

Ese fue uno de los mecanismos ante el aumento de precios, depreciación de la moneda, y consecuente depreciación de los salarios. Los sueldos dejaron de alcanzar, mucha gente dejó los trabajos asalariados, y se perdió una característica de los años anteriores del chavismo, cuando, explica Vargas, "todo el mundo quería trabajar fijo, contratado, en alguna institución pública, quizás en una privada".

En segundo lugar mencionan los subsidios y García explicó que una de las cosas "determinantes en la materialidad cotidiana son las políticas de transferencia monetaria directa, o de subsidio al consumo, como el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) o los bonos".

"Esto tiene un peso tremendo en la supervivencia de la gente que vive de su trabajo", dijo Vargas. A esas políticas se debe agregar el "subsidio invisible" de los servicios, como agua, luz, gasolina y algunos transportes.

En tercer lugar, los investigadores señalaron cambios en el consumo, el cual bajó en comparación con el modo de vida que se había logrado en los años anteriores del chavismo.

"El modo de vida de estos años que era que todos los fines de semana te ibas a tomar cerveza con los amigos, los asalariados podíamos almorzar en la calle todos los días, todo eso se viene a pique y eso es importante en términos de cómo se recompone la vida en Venezuela", explica Vargas.

A esto siguen las resistencias colectivas. "Las reconfiguraciones han llevado a unas formas colectivas cada vez mayores, que pueden ser organizadas, mercados comunales, campesinos, sistemas de intercambio entre comunidades organizadas y cooperativismo".

Esas formas colectivas descritas por Vargas se articulan con lo que, explica, es el "crecimiento de lo pequeño", como la agricultura familiar, el apoyo mutuo entre familias, el intercambio directo entre vecinos, por grupos de WhatsApp. Lo pequeño, multiplicado en la escala nacional, tiene impacto masivo.

Las estrategias para conseguir ingresos en dólares dependen de posibilidades, habilidades y reflejos históricos. Así, por ejemplo, para las clases medias, acostumbradas a oficios tradicionales, como por ejemplo los profesores, "se ven en la necesidad de irse, porque no saben hacer otra cosa distinta que trabajar a cambio de un salario por eso que sabe hacer".

Esa migración, que es transversal a la sociedad, genera remesas y reconfiguraciones de los espacios, donde en algunas zonas medias "ves cada vez más puros viejitos caminando por ahí viendo cómo resolver, viejitos que a veces se quedan con los más pequeños". Allí muchos de los jóvenes se fueron al extranjero a trabajar y enviar dinero a las familias.

Esa serie de dinámicas reconfiguran el mapa de la economía de cada día, de las calles y los comercios, creando divisiones entre acceso y cantidad de dólares. Se trata de una dinámica visible, que incrementa las desigualdades, generando una estabilidad para una franja pequeña de la sociedad, aquella que logró garantizar ingresos en dólares.

"Tienes sectores que de los mil dólares hacia arriba empiezan a operar de otra manera, empiezan a tener dinero para poder comprar cosas, otro carro, un negocio, importan y exportan porque van y vienen, viene aquí a hacerse la cirugía estética, el trabajo odontológico, cosas que en otro lado son más caras", explica Vargas.

La expansión desigual de los dólares en la economía crece mes tras mes. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que se está ante una "autorregulación de una economía en resistencia", lo que parece significar que se trata una situación que se permitió e incentivó en un contexto de asedio por las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Venezuela.

Marco Teruggi / Sputnik

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Varias mujeres trabajan en una empresa de producción de flores en la población de El Rosal, departamento de Cundinamarca (Colombia) EFE

El 10% de las flores que se venden en España provienen de Colombia, productor mundial de rosas en condiciones de explotación y con graves consecuencias para el medio ambiente

A nadie sorprenderá saber que la venta de flores se dispara entre los días 11 y 14 de febrero o que las ventas de ramos por Internet se multiplican por 20. El Día de los Enamorados concentra alrededor del 8% del total del negocio anual de la floristería española. El día de Sant Jordi es otro pico del consumo de un bien que, pese al simbolismo que lo asocia al amor y las muestras de afecto, genera un reguero de consecuencias socioambientales semejante a cualquier otro oficio del modelo del agronegocio orientado a la exportación masiva.

De Colombia, el segundo país exportador de flores a nivel internacional, proceden alrededor del 10% de las flores que llegan a España, y que suponen un jugoso negocio de 106 millones de euros anuales. La floricultura ocupa en ese país 6.700 hectáreas, de las un 73% se ubican en la Sabana cercana a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Los defensores del sector subrayan que da empleo a unas 130.000 personas, en su mayor parte mujeres; pero la industria de las flores supone también sobreexplotación laboral, daños a la salud de las trabajadoras y graves consecuencias ambientales.

"El impacto es bien complicado. Sacan el agua del río, del humedal, de lo que haya, para la industria floricultora; y eso va apocando el agua para los cultivos de papa, zanahoria, del agro; entonces, eso es muy perjudicial para la Sabana, y también para la población", resume María (nombre ficticio), una trabajadora del sector.

Según el estudio hídrico de la entidad estatal Ingeominas, el sector florícola consume unos 54,8 millones de metros cuadrados de agua por año, frente a los 10,7 millones que abastecen para el consumo humano a los tres municipios que concentran la producción de flores: Funza, Madrid y Subachoque. Así, la industria agroexportadora de flores compite directamente con la producción de alimentos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria en la región.

María conoce de primera mano los impactos sobre la salud de quienes trabajan en los invernaderos: "Los agroquímicos causan intoxicaciones y, a largo plazo, afectan a los pulmones, provocan hongos y enfermedades dermatológicas, en función del contacto que uno tenga con esos químicos". Como sucede con cualquier oficio del agronegocio, la floricultura requiere el empleo masivo de productos químicos (plaguicidas, fumigantes y fertilizantes) vendidos por grandes transnacionales como Syngenta o Bayer, las mismas que controlan la fase de distribución.

El uso y abuso de agrotóxicos generó una intoxicación masiva en la empresa Aposentos en 2003, cuando 374 trabajadoras y trabajadores tuvieron que ser llevados al hospital por ingerir sustancias tóxicas. Después de aquello, y en gran parte gracias a la presión de consumidores en países europeos y en los Estados Unidos, algunas sustancias tóxicas dejaron de utilizarse; pero se sustituyeron por otras que no han sido testadas y las medidas de seguridad laboral no son fiscalizadas.

El trabajo en los invernaderos también genera enfermedades asociadas a los movimientos repetitivos, en posiciones incómodas y sometidas a altas temperaturas. "Las cortadoras de flores sufren dolencias como el síndrome del túnel carpiano, el espolón calcáneo y el manguito rotador. También hay enfermedades psicológicas porque el hecho de estar tan presionado, a la gente le estresa, y a veces sufren depresión", explica María. En los picos de demanda, las operarias se ven forzadas a realizar jornadas por encima de las doce e incluso las quince horas diarias, y cortar 400 flores por hora, lo que requiere un ritmo de trabajo frenético. La consecuencia lógica de realizar un movimiento tan repetitivo durante 12, 14 o 16 horas diarias es la pérdida de movilidad y fuerza en la mano.

Esto tiene que ver con la aguda estacionalidad del negocio, que se concentra en fechas señaladas como San Valentín y Sant Jordi. Dar cuenta de esa demanda implica someter a una gran presión a las trabajadoras; y son otras trabajadoras, las supervisoras, las que deben asegurarse de que se alcanza ese rendimiento: "Uno generalmente anda presionando a la persona para que cumpla con las labores semanales, diarias, por horas; eso de cansar a la gente hace que la gente se enferme de estrés y de depresión", afirma María. "Esa es la labor de un supervisor, revisar que el trabajo está bien hecho y exigir que se cumpla con el trabajo", matiza Inés, que también prefiere ocultar su identidad; ella trabaja desde hace dos décadas como supervisora en los invernaderos de la Sabana de Bogotá.

"Funciona como una maquila"

"Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía cuándo iba a salir", así que llega un momento en que "ya los oficios de la casa se atrasan un poco más, ya uno descuida un poquito más a los hijos", cuenta una trabajadora entrevistada para el informe Las mujeres en la industria colombiana de las flores, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

"La industria funciona como una maquila: se trate del textil, de nuevas tecnologías o de las flores, la lógica es la misma: producir al máximo con el menor coste posible; y eso lleva a niveles tremendos de explotación", afirma Erika González, autora del citado informe. Además, añade la investigadora, "se tiende a la subcontratación para evitar toda responsabilidad; o, si se hace contrato, es cada vez más precario; entre otras consecuencias, esto deja a muchas trabajadoras por fuera del acceso a una jubilación.

Como en toda maquila, el trabajo está feminizado. Ellas cultivan, recogen, cortan las flores y hacen los ramos, mientras los hombres son empleados en tareas mejor pagadas, como el mantenimiento de infraestructuras. "Emplear a mujeres asegura el empresario mayores niveles de explotación: la mayor parte son mujeres cabeza de hogar, es decir, de sus ingresos depende el sostenimiento de sus familias, y eso les genera una dependencia muy alta de estos empleos", asegura González.

Y añade otro factor que perpetúa un sistema de explotación en el que se tocan la esfera del trabajo formal y la del trabajo reproductivo: "Este tipo de trabajo, con jornadas extensísimas y que además no saben cuándo van a salir, provoca mucha angustia a estas mujeres, que no pueden hacerse cargo de las tareas de cuidado y crianza; las que quedan a cargo de los hijos suelen ser las hijas mayores, que muchas veces se ven obligadas a dejar de estudiar".

Quienes deciden organizarse para reivindicar mejoras laborales, se exponen a pagar un alto precio. Desde que comenzó 2020 y hasta el 5 de febrero, 28 líderes sociales han sido asesinados en un país que cada año se encuentra entre los más peligrosos para defensores de la tierra, sindicalistas y periodistas.

Por todo ello, quienes conocen desde dentro el sector florícola en Colombia no celebran el día de San Valentín: en su lugar, el 14 de febrero conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores de las Flores, en el que reivindican formas de vida más justas y sustentables para ellas y para sus territorios. "Debemos visibilizar que, si compras un ramo de rosas, por hablar de un producto que viene en gran parte de Colombia, esas rosas llevan una parte de agua que no pudo usarse para producir alimentos, de agroquímicos que afectaron la salud de la mujer que las cultivó; de sobreexplotación laboral. Tal vez después de saber todo esto, podamos pensar alternativas para mostrar afecto, cariño o lo que se quiera mostrar ese día", reflexiona Erika González.

En la campaña Tras las flores, que en 2019 promovieron las y los activistas de la Sabana de Bogotá, pedían a los consumidores "buscar otras formas de celebración que sean sostenibles, tanto con el entorno como con las personas, para evitar perpetuar las lógicas de desigualdad". Así lo resume González: "Debemos interesarnos por quién y cómo se produce algo; y después, vemos si seguimos pensando que regalar rosas por San Valentín es una buena idea".

Por Nazaret Castro

13/02/2020 - 21:43h

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¿Cuántas clases medias caben en la clase media?

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una creciente y omnipresente categoría, "la clase media". Este término monopoliza la mayoría de interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.

En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media.

Si tanta capacidad explicativa tiene, lo pertinente sería comenzar por preguntarse qué es exactamente eso de la clase media. Para ello, debemos partir de dos premisas básicas, que de no considerarlas podríamos llegar a sesgar cualquier interpretación posterior.

  1. La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo.

Según la Cepal, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todos esos millones de personas son idénticas. No lo son en su capacidad eco­nómica ni tampoco en su lógica ­aspiracional.

La mayoría de los organismos internacionales, en las últimas décadas, ya subclasificaron esta categoría tan amplia. A veces usan términos como el "media-baja" y "media-alta"; o incluso aparece una nueva categoría que es esa de casi clase media, bautizada por el Banco Mundial para denominar a quienes están justo un poco por encima del umbral de la pobreza, pero que son susceptibles de regresar en cualquier momento a ser pobres.

No obstante, esta desagregación tampoco es suficiente para captar la gran heterogeneidad existente dentro de estos 250 millones de personas que viven de manera muy diversa en Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas completamente contrapuestas. Por ejemplo, no es lo mismo aquella familia que luego de años llega a tener niveles (de educación, trabajo, salud, propiedad, ingresos) de clase media que otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría Álvaro García Linera, no tiene nada que ver la clase media de origen popular en Bolivia –que, según encuesta Celag es con la que se autopercibe un tercio de la población– con la clase media tradicional (que es media no por densidad sino porque se encontraba en medio de una clase baja multitudinaria y otra clase, alta y muy reducida). Tampoco tendría ningún sentido equiparar la clase media recién llegada con aquella que fue alta, pero que acabó siendo clase media por múltiples razones económicas, sociales o políticas.

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo tan diverso en su capacidad económica, en sus niveles educativos, en sus hábitos culturales, y más aún si queremos hacerlo en relación con su lógica aspiracional. Si bien hay un "comportamiento imitador" de aquella ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad que las aspiraciones sean las mismas con aquella otra porción de la clase media que desea ser alta; o con aquella otra que tiene tradición histórica de pertenecer a ese grupo social, con usos y costumbres arraigados, sólidos, que hacen que la subjetividad se diferencie de los ciudadanos que aún están en esa fase de movilidad social y siempre con una sensación más bien de tránsito, del "querer llegar a ser".

  1. La segunda premisa es que la clase media no puede ser un concepto ­importado.

No se puede trasladar ahistóricamente la concepción de clase media eu­ropea a Ecuador, ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a Chile. Cualquier "epistemicidio", como diría Boaventura De Sousa, para sustituir una episteme externa por la propia suele hacer mucho daño en cualquier análisis. Con la clase media esto es lo que sucede constantemente. Es frecuente presuponer que los comportamientos de la clase media son similares en todas partes, como si no hubiera historia específica de cada país y, mucho peor, como si la distribución del ingreso fuera la misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos comparar de ninguna manera aquella distribución en un país cuya clase media es multitudinaria con aquel otro en que su clase media es una pequeña porción entre dos jorobas: una gigante conformada por la clase baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La subjetividad de una u otra de ningún modo podría ser la misma. Existe siempre un "relativismo" en la construcción de la subjetividad de esa clase media basado en cómo te observas en relación con el otro, con los de abajo y con los de arriba. Incluso, estadísticamente, la misma clase media identificada con indicadores "objetivos", como el ingreso o consumo, también tiene un componente relativista que es determinante.

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que cuando hagamos referencia al desafío de sintonizar con la clase media entendamos que no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades dentro de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea con base en ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político, y sin descuidar tampoco el componente país o, a veces, el regional. La clase media guayaquileña tampoco es la misma que la quiteña; ni la boliviana del El Alto a la de Santa Cruz. En definitiva, ante tanta variedad de "clases medias", habrá que considerar multiplicidad de lógicas aspiracionales y sentidos comunes.

Por ello debemos "cuidar" el modo de querer atraerla e incorporarla al proyecto político progresista, porque no siempre existe una única manera de hacerlo. Se requiere mucho más bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta imprescindible comenzar a analizar e identificar las disputas y tensiones que se dan dentro de este gran grupo social, porque seguramente de ello dependerá buena parte de la sostenibilidad de una propuesta política. Sería un gran error confundirse de objetivo, porque seguramente satisfacer a una clase media es mucho más fácil que a todas las clases medias que caben en ella.

Por Alfredo Serrano Mancilla, director Celag

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Hardt y Negri: ‘Asamblea’, o cómo cartografiar los últimos ciclos de luchas (I)

Tomando como punto de partida Asamblea, el título más reciente de Hardt y Negri, recorremos la producción conceptual con la que ambos autores analizan los últimos ciclos de luchas.

Ahora que se cumplen dos décadas desde la publicación de Imperio (2000), Michael Hardt y Antonio Negri completan con su última obra, Asamblea (2019), el análisis que durante estos últimos años han llevado a cabo sobre las resistencias y los contrapoderes capaces de poner en cuestión los intentos del capitalismo por monopolizar las relaciones políticas, sociales y económicas.

El recorrido de los autores comienza así con la entrada del nuevo milenio, no solo analizando sino también acompañando el ciclo de luchas surgido alrededor del movimiento por una globalización alternativa, en el marco del capitalismo en fase avanzada y en plena ofensiva e intento de expansión del modelo neoliberal. Unos años más tarde, y ante la necesidad de poner el foco sobre las alternativas que se pueden dibujar ante un poder que se pretende imperial, los autores saludarán en Multitud (2004) la formación de una nueva subjetividad colectiva atravesada por la heterogeneidad y con un potencial creativo capaz de descentrar las formas de atribución de valor propias de la extracción capitalista. De la misma manera, siguiendo en esta línea de destituir las relaciones propias del capitalismo para constituir un nuevo orden de relaciones a todos los niveles, en Commonwealth (2009) los autores trabajarán sobre el concepto del común como espacio ontológico propio de la multitud y en el que esta subjetividad, esta inteligencia colectiva, es capaz de dar lugar a nuevas formas de riqueza encarnadas en el ámbito de la producción material y, en general, en la creación de formas de vida.

De esta manera, y después de elaborar en Declaración (2012) una crónica urgente sobre la ola de revueltas que emerge en 2011 en distintas partes del mundo ―de las primaveras árabes al 15M, pasando por Occupy Wall Street―, en Asamblea los autores llaman la atención sobre la necesidad de analizar los problemas de organización que surgen alrededor de los movimientos sociales y políticos, así como de encontrar formas de articulación para las nuevas relaciones que, en cada nuevo ciclo de luchas, desde principios del siglo XX ―y aun antes, si orientamos el punto de referencia hacia acontecimientos como el alzamiento zapatista― se han dado como alternativa al orden impuesto, a escala global, por el sistema capitalista.

En este sentido, con Asamblea se trata de poner a trabajar la producción conceptual a la que han dado lugar Hardt y Negri a lo largo de la serie de textos precedentes, cerrando así una línea de análisis que nos permite recorrer la línea roja ―en ocasiones latente y subterránea― de las revueltas que durante las últimas décadas han puesto en duda la estabilidad sistémica neoliberal. De esta manera, poniendo el foco en las experiencias concretas de los movimientos sociales, así como en las nuevas formas de actividad orientada a la producción de valor, Asamblea sistematiza un conjunto de respuestas a la principal cuestión que atraviesa tanto la obra conjunta de los autores como la importante producción anterior de Negri, y que se puede analizar a través de dos ejes entrelazados: el problema de la organización de las luchas, si miramos hacia el interior de los movimientos políticos y sociales; y el problema de la institución, si miramos hacia el exterior, hacia la conformación de las relaciones en el campo social.

Abordamos, en este texto, el marco en el que los autores desarrollan su obra, con el fin de explicitar desde qué posición tratan Hardt y Negri de pensar el presente. Para una segunda entrega, reservamos el análisis de los dos ejes que acabamos de mencionar: el relativo a las líneas de organización, con las que dotar de mayor fortaleza a las luchas, y el relativo a la creación institucional bajo premisas disimétricas a las del poder capitalista.

Nuevos ciclos de luchas, nuevos instrumentos para el análisis

Los elementos que acabamos de apuntar aparecen como resultado de un proceso de renovación del cuerpo teórico y de los mecanismos de intervención del marxismo. Por esta parte, Asamblea se expresa de manera explícita ―como se puede ver en los apartados titulados “Debates marxistas”― y, de manera más o menos clara, en los demás capítulos. Los autores inciden, con este trabajo de actualización del análisis y de las prácticas marxistas, en lo que constituye una constante en su producción. Asimismo, en la obra de Negri, con títulos como Los libros de la autonomía obrera (1970-1978) o Marx más allá de Marx (1979) ―así como en la trayectoria militante del autor, cuya experiencia se puede seguir en grupos como Potere operaio o Autonomia―, se encuentra también presente la necesidad de recuperar, desde una lectura abierta y crítica, los principales elementos con los que el marxismo ha analizado las relaciones de producción y de poder dentro del sistema capitalista.

Por este lado, si bien en las últimas décadas las condiciones en que se dan los procesos de producción han mutado, al mismo tiempo que lo han hecho los medios necesarios para la creación de riqueza, la explotación sigue presente como signo ineludible de la expropiación que el poder capitalista lleva a cabo sobre la sociedad en su conjunto. Como señalan los autores de manera clara en Asamblea, este proceso de privatización de los beneficios que lleva a cabo el capitalismo tiene en la actualidad un carácter abiertamente parasitario, en la medida en que el tipo de actividades que se realizan ya no necesitan, en muchas ocasiones, ni de la organización ni de los medios que antes disponía el capitalista.

El poder de mando global se ejerce ahora sobre procesos de producción de tipo intelectual, afectivo ―en un sentido amplio― con capacidad para funcionar de manera cooperativa y autónoma. A esto se refieren Hardt y Negri cuando recuerdan los cambios que han llevado, a partir del año 68, a la constitución de una nueva fuerza de trabajo cuya producción solo se puede entender en términos sociales y desde la cooperación colectiva, y que surge como resultado del declive progresivo del obrero masa propio de la producción fordista y del obrero especializado propio de la gran industria. Asimismo, el avance de las nuevas tecnologías y su aplicación a los procesos productivos ―cuyo ejemplo más destacado se encuentra en la robotización o la toyotización de las actividades― ha provocado un cambio sustancial en las luchas: si las posibilidades de éxito por parte del movimiento obrero se encontraban en un principio en la capacidad por hacerse con los medios de producción, el tipo de trabajo que se desarrolla en la actualidad implica que en muchas ocasiones la fuerza de trabajo disponga de los medios necesarios, no solo para llevar a cabo su actividad sino, además, para hacerlo sin necesidad de intermediación alguna. Hardt y Negri toman como punto de partida el análisis que expone Marx en los Grundrisse sobre la mecanización de la producción, alertando del peligro de caer en planteamientos ingenuos respecto de la tecnología. Dicho de otro modo, la liberación del proletariado no depende tanto de los avances tecnológicos como de la capacidad de apropiación que muestre sobre estos avances y sus potencialidades productivas.

De hecho, las posibilidades de supervivencia por parte del sistema se encuentran en buena medida ligadas a su capacidad de conformar, de manera estructural, un modelo de subjetividad compatible con las exigencias del gobierno neoliberal. Siguiendo las huellas del análisis que lleva a cabo Foucault sobre el poder, Hardt y Negri parten así desde una concepción de carácter biopolítico. El poder se cierne sobre la vida en su conjunto en la medida en que no trata solo de incidir en sentido extensivo, ocupando la totalidad del territorio, sino también en sentido intensivo, es decir, mediante la conformación del medio y de las subjetividades que lo han de habitar. El poder capitalista, si bien necesita mantener centros de mando e instaurar ciertas jerarquías, se distribuye así de forma inmanente. Con esto el sistema no solo trata de determinar las relaciones de producción ―lo que el marxismo clásico entiende por el ámbito de la infraestructura― sino también, y de manera acompasada, las relaciones de reproducción ―lo que desde la perspectiva marxista clásica se inserta en el ámbito de la superestructura―.

En en este contexto, la ley del valor ya no solo debe captar las relaciones que se dan entre los muros de la fábrica y, por tanto, en espacios de tiempo delimitados y sobre unidades simples de producción, de carácter objetivo y susceptibles, por tanto, de ser contabilizadas en términos de valor de cambio. La huella de la explotación sobre la actividad de la fuerza de trabajo, tal y como quedaba albergada en la mercancía, resulta, así, cada vez más tenue para el análisis. De esta manera, un análisis sobre la ley del valor que trate de responder a las condiciones del contexto actual, debe captar el resultado de la extracción de beneficios que el capitalismo lleva a cabo a gran escala, sobre el conjunto de las relaciones que constituyen el campo social, sin límites en el tiempo y en un espacio abierto para la acción. Por decirlo con el “Post-scriptum sobre las sociedades de control” de Deleuze, que los autores citan en más de una ocasión, el análisis sobre el valor producido y su alienación se debe dar en un contexto en el que la vieja fábrica deviene al fin alma empresarial, capaz de propagarse por la sociedad en su conjunto. Esto es, en definitiva, lo que Hardt y Negri definen como la subsunción ―por absorción, colonización, captura― real de las formas de vida por el capital.

Nuevos ciclos de luchas, nuevos objetivos

En todo caso, los autores rechazan la determinación teleológica, finalista que la dialéctica clásica reserva para los cambios en la sociedad. En términos eminentemente materialistas, para Hardt y Negri solo las relaciones que se dan en el campo social, así como la capacidad de orientación y organización de las rupturas y los acontecimientos que se liberan con cada nuevo ciclo de luchas, pueden decidir el alcance de los procesos de cambio. De la misma manera, teniendo en cuenta el contexto biopolítico y la necesidad por parte del sistema capitalista de eliminar todo espacio de exterioridad, los autores rechazan que sea la confrontación directa con el poder de mando el único motor de las transformaciones sociales. Esto no implica abandonar el antagonismo como elemento alrededor del cual explicar las relaciones de fuerza en el seno de la sociedad. De lo que se trata es de entender tal antagonismo en términos positivos, de creación de alternativas, y no solo desde la necesidad de combatir de manera frontal los embates del poder.

En este sentido, si bien en muchas ocasiones es necesario crear diques de contención frente a la violencia que se genera desde los poderes establecidos, o que segregan los grupos de extrema derecha, a medio y largo plazo se trata de abrir espacios que escapen de la influencia del sistema; espacios que, en todo caso, no se deben configurar desde la pureza de las identidades políticas, como reductos para una minoría militante, sino como territorios amplios en los que articular las distintas singularidades que caen bajo las exigencias del sistema y que, al mismo tiempo, pueden vivir bajo parámetros de relación y de producción que dejen atrás la explotación neoliberal.

Es de esta manera que cabe entender nociones como la de éxodo, en este caso por el lado de la construcción de subjetividades subversivas y, pues, desde la posibilidad de conjugar las resistencias con la creación de alternativas. De manera más exacta todavía, se trata de hacer que las resistencias constituyan en sí mismas, al menos de forma germinal, un indicio sobre las relaciones que se pueden articular más allá del radio de acción del modelo neoliberal. Como se puede leer en distintas partes de su obra, los autores recuerdan la afirmación de George Jackson, miembro del partido Black Panther, que exhortaba a no olvidar tomar un arma antes de emprender cada nueva huida. Este elemento supone, de hecho, una de las líneas que Hardt y Negri no han dejado de explorar a lo largo de su producción: la utilización de la fuerza en sentido democrático y, así, como una forma de combatir los efectos negativos que el modelo neoliberal inocula, de manera estructural, sobre la población en su conjunto. Pero sobre todo, así se puede entender la importancia que conceden los autores a las acampadas que surgieron alrededor de las protestas de 2011 y que sirvieron para poner en duda las bases del sujeto que el neoliberalismo ha construido los últimos tiempos, contando con los materiales que disponen los medios de comunicación de masas, los instrumentos de control avanzado, la deuda como mecanismo de alienación de la riqueza o el modelo representativo en el ámbito de la decisión política.

Hardt y Negri recuperan, pues, para su última obra uno de los aspectos principales de su pensamiento: la prioridad ontológica de las luchas y la producción de los movimientos sociales y políticos sobre los intentos de control y extracción de beneficios que pone en juego el poder capitalista. Esto coincide con la afirmación radical de la inmanencia que los autores reivindican en el conjunto de su producción. Siguiendo en este caso los pasos de Spinoza ―y de la lectura que lleva a cabo Negri sobre la obra del autor de la Ética en La anomalía salvaje (1981)―, la constitución ontológica del ámbito de lo social depende de unas composiciones de cuerpos determinadas ―atravesadas por un conjunto de discursos―, entre las cuales circulan una serie de afectos de distinto tipo. En definitiva, la acción de la multitud tiene la capacidad de dar lugar a la vida en su totalidad; de la misma manera que el capitalismo, en la medida en que incide sobre la vida extrayendo y privatizando la potencia creativa de la multitud, se define en última instancia como un poder de muerte. La distinción propia del marxismo entre el trabajo vivo ―por el que el proletariado crea un conjunto de relaciones capaces de transformar la realidad― y el trabajo muerto ―por el que el capitalista extrae la plusvalía―, resuena así en el análisis que llevan a cabo los autores. Al fin y al cabo, como recuerda Negri en una de las entrevistas que ha concedido con motivo de la publicación de Asamblea, “ya no podemos seguir moviéndonos sobre la base de una crítica que no sea colorida, que no esté cargada de los sabores de la vida”.

Por Miquel Martínez  / Josep Artés

Profesores de Filosofía


publicado

2020-02-07 10:00

Publicado enSociedad
Una grupo de personas sin trabajo, a las puertas de una feria de empleo en Río de Janeiro. Mario Tama

 La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades". Uno de cada cinco busca trabajo y no lo encuentra

El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.

 “Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.

Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".

Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor

Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.

Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.

2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.

Informalidad y salarios al alza

Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.

El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.

Por Ignacio Fariza

Madrid 28 ENE 2020 - 12:02 COT

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