Amenazas de muerte, polarización y un ambiente irrespirable: el final de Netanyahu pone a Israel en máxima tensión

El odio y las amenazas son moneda corriente en Israel en la víspera del previsible final de la era Netanyahu que deberá concretarse este domingo en la Kneset. Numerosos diputados que apoyan la investidura de Naftalí Bennett se encuentran bajo protección de los servicios secretos y el jefe del Shin Bet ha hecho pública una inusual advertencia para calmar los agitados ánimos que dominan a la sociedad israelí.

 

La política israelí ha entrado en una nueva e incierta fase que se iniciará este domingo con una coalición de ocho partidos que ejecutará un pacto para echar del poder a Benjamín Netanyahu después de doce años, si bien la coalición no tiene demasiadas garantías de mantenerse unida durante mucho tiempo.

La transición se caracteriza por una cruda hostilidad, una toxicidad que carece de precedentes desde el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, un crimen que cambió el curso de la historia y que vuelve a planear con fuerza sobre los políticos de la alianza, incluidos algunos de sus líderes más visibles, como el primer ministro in péctore Naftalí Bennett.

Los malos presagios vienen de lejos. La polarización se percibe sobre todo en las redes sociales, donde el tono ha subido a niveles desconocidos, con descalificaciones y amenazas extremas en una sociedad en gran parte fanatizada, especialmente en el entorno de la derecha más nacionalista, donde se pueden poner como ejemplo los agresivos exabruptos de Yair Netanyahu, hijo del todavía primer ministro.

Una de las descalificaciones más utilizadas es la de boguéd (traidor), que se aplica especialmente contra los políticos de dos partidos de la extrema derecha, Yamina y Nueva Esperanza, que han pactado con lo poco que queda de centro izquierda la futura coalición de Gobierno.

La acusación de traidor ya se aplicó a Yitzhak Rabin en los meses que precedieron a su asesinato en noviembre de 1995. De hecho, numerosos analistas israelíes señalan que el clima actual se parece a aquél de manera alarmante y no descartan que otra tragedia esté a la vuelta de la esquina.
El jefe del Shin Bet, los servicios secretos, Nadav Argaman, ha formulado esta semana una advertencia pública y extraordinaria contra el omnipresente y rutinario discurso que incita a la violencia y el odio, agudizado desde el anuncio de la nueva coalición.

Los servicios secretos han tenido que reforzar la seguridad de varios líderes como Naftalí Bennet y otros responsables políticos de los partidos que lo respaldan. La joven diputada Tamar Zanberg, del partido liberal Meretz, ha tenido que abandonar su domicilio debido a las amenazas que ha recibido, y también su hija pequeña, amenazas que se ha tomado en serio. Los domicilios de otros diputados están siendo vigilados permanentemente por las fuerzas de seguridad, y delante de algunos de ellos los seguidores de Netanyahu se manifiestan a diario llamando a los residentes "traidores".

Uno de los rabinos más prominentes, Haim Druckman, que preside una de las escuelas rabínicas más radicales de los territorios ocupados, dirigió con claridad su voz contra los políticos traidores. En 1995 Druckman ya dijo que había que "hacer todo" lo posible para frenar a Rabin, y poco después el líder laborista fue asesinado.

Naftalí Bennet no se toma a broma estas amenazas y ha hablado de "días de veneno", además de advertir a sus hijos pequeños que su padre se ha convertido en la persona más odiada del país. Y todo indica que las presiones que el inminente primer ministro recibe no se detendrán después de la investidura del domingo.

El nacionalismo y el religionismo están detrás de este ambiente irrespirable. Las amenazas y el odio no han surgido de la noche a la mañana, sino que llevan décadas de cocción a fuego lento. En Estados Unidos y en Europa han preferido ignorar durante años una situación de la que no puede esperarse nada bueno.
En el dramático escenario de 1995 fue precisamente un joven nacionalista y religionista, Yigal Amir, quien apretó el gatillo contra Rabin. Amir sigue cumpliendo su condena en la cárcel pero no hay que descartar que haya otros jóvenes dispuestos a sacrificarlo todo e imitar a Amir para salvar al Gran Israel.

El hecho de que Netanyahu haya denunciado las últimas elecciones por "fraude", una circunstancia que ha recordado a lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, ha creado una mayor tensión. Pero a diferencia de Trump, Netanyahu no argumenta que el fraude sucedió en el recuento de votos sino en las alianzas que han surgido después de las elecciones.

El fondo de la cuestión es justamente el mismo que existía en tiempos de Rabin, hace 26 años, cuando en el ambiente flotaba la idea de la necesidad de llegar a la paz con los palestinos. En este sentido, Netanyahu advirtió hace una semana que Bennett no será capaz de resistir la presión de Estados Unidos en esa dirección.

Sin embargo, es muy difícil, o seguramente imposible, que el nuevo gobierno vaya a avanzar hacia la paz con los palestinos. En la coalición hay partidos, como el de Bennett, radicalmente opuestos a cualquier acuerdo de paz y en la Kneset existe una holgada mayoría que no le permitiría avanzar en esa línea bajo ninguna circunstancia, aunque Bennett quisiera dar ese paso, que no es el caso.

13/06/2021 08:34

Por Eugenio García Gascón

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Viernes, 23 Abril 2021 06:16

El comunicador y los cumpleañeros

La Habana, marzo de 2021 AFP, YAMIL LAGE

El Congreso del PC y la oposición en Cuba

Completado el traspaso entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, la designación de nuevas autoridades del partido único arroja luz sobre el futuro vínculo con la disidencia y el rol a jugar por la «economía militar».

 

Al fin de semana pasado causó sensación en Twitter la imagen del periodista Humberto López mientras recargaba el depósito de combustible de un moderno auto con matrícula particular. Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión revelarían después que el vehículo le fue asignado junto con un apartamento en uno de los edificios destinados a funcionarios de alto nivel del gobierno y el Partido Comunista (PC).

La noticia encontró confirmación implícita este lunes, al anunciarse el nuevo Comité Central del PC y conocerse que el abogado y presentador televisivo se incluía entre sus 95 miembros. El Comité Central es la «asamblea nacional de militantes» encargada de dirigir el PC entre congreso y congreso. Como esos encuentros se celebran cada cinco años –y la Constitución considera al PC la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado»–, las decisiones del Comité Central trascienden por mucho las fronteras de la organización que preside.

Frente a los más de 600 diputados que sientan plaza en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Comité Central –la mayoría de ellos, también parlamentarios– conforman una suerte de vanguardia de la vanguardia. Significativamente, es un grupo en el que predominan los dirigentes políticos y administrativos (apenas 11 de sus integrantes son trabajadores sin cargos de dirección y sólo dos desempeñan oficios manuales en la agricultura; no hay ningún cuentapropista).

La buena estrella de López comenzó a iluminar hace casi tres años, cuando fundó el programa de información política Hacemos Cuba, que todavía conduce y dirige. La exposición mediática que le propició ese espacio determinó que más adelante le llegara –todo indica que desde el Palacio de la Revolución– la propuesta de convertirse en el rostro visible de la campaña antidisidencia de la prensa estatal.

Desde finales de 2019, en varias emisiones del Noticiero nacional de televisión, un segmento conducido por él ha buscado poner en entredicho a las principales figuras de la oposición, al mostrar su dependencia respecto de los fondos federales de Estados Unidos y sus vínculos con organizaciones terroristas radicadas fuera de la isla. Las publicaciones en redes sociales de los propios opositores, así como grabaciones y documentos acopiados por la Seguridad del Estado (la policía política), son el pan cotidiano de la sección y le han garantizado un alto rating.

Este éxito le ha valido una defensa acérrima por parte de los partidarios del gobierno de La Habana y críticas y amenazas desde el campo opositor. Abogados como Eloy Viera, residente en Canadá, han convocado a presentar demandas judiciales en contra de López por delitos como injurias y violación de la correspondencia. «Esta persona tomó una llamada por teléfono con una asesoría legal y colocó el audio en la televisión nacional», denunció Viera la semana pasada a medios opositores en el exterior.

Difícilmente un tribunal cubano aceptaría un caso así. Pero el ascenso del polémico comunicador al Comité Central puede tomarse como referencia de que en el futuro la confrontación será incluso más radical. Así lo anticipó el presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso de aceptación del cargo de primer secretario del Comité Central del PC este lunes: «El dinero corre a raudales para atacarnos, [pero] no somos una revolución débil». Tres días antes, al inaugurarse el congreso, Raúl Castro había proclamado: «Jamás le negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución». Una salva de aplausos cortó sus palabras.

¿EL NUEVO HOMBRE FUERTE DE CUBA?

Como es habitual, el octavo Congreso del PC transcurrió entre el 16 y el 19 de abril, en homenaje a la batalla que desde 1961 la propaganda oficial cubana califica como «primera gran derrota del imperialismo en América». En esencia fue eso lo que ocurrió en Playa Girón, el minúsculo poblado de la costa centrosur de la isla, donde Estados Unidos pretendía establecer una cabeza de playa que justificara su intervención militar. Fue aquella una victoria por la que Fidel Castro manifestó siempre especial orgullo. Pero las décadas transcurridas han puesto a sus sucesores ante otros retos no menos notables.

Entre todos, pocos superan en urgencia el planteado por el envejecimiento poblacional. Uno de cada cinco cubanos tiene hoy más de 60 años de Edad y para 2030 se prevé que los ancianos representen alrededor de un tercio del censo nacional. Los jóvenes más calificados suelen plantearse la emigración como proyecto de vida, y entre los que se quedan predominan los matrimonios con uno o, cuanto más, dos hijos.

En respuesta, las autoridades han impulsado la «política de los tres hijos», que compromete a los gobiernos locales a construir viviendas y proveer ayudas a las madres solteras que cuidan familias numerosas. Sin embargo, a juicio de lo dicho a Brecha por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa estrategia comienza a ser contraproducente: «Lo que incita es a parir sin lo mínimo indispensable y después exigirle al Estado que resuelva los problemas. Muchos territorios han caído en una espiral de “gastos sociales” difíciles de sostener».

El número y la condición de los futuros cubanos centraron buena parte de las reflexiones de Raúl Castro durante la lectura del Informe Central al Congreso. Su preocupación apuntó al peligro que la actual tendencia demográfica implica para la defensa del país. «El envejecimiento de la población […] limita el número de ciudadanos que arriban a la edad reglamentaria para sumarse al servicio militar. […] Esta cuestión es más importante en la medida en que pasa el tiempo». Entre sus recomendaciones estuvo no «admitir la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos injustificados, no hayan cumplido el servicio militar».

El octavo congreso sirvió de escenario para la salida de la «generación histórica» de los cargos que había ocupado por más de 60 años. Y también para que se visibilizara el poder de la «economía militar», personificada en la figura del presidente del poderoso Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Exgeneral de las Fuerzas Armadas y exyerno de Raúl Castro, López-Calleja es considerado una pieza clave dentro de la nomenklatura isleña. Su promoción al Buró Político, la mesa directiva del PC, integrada por 14 miembros, fue resaltada por opositores como el exprofesor universitario José Raúl Gallego, emigrado a México. «Si en años anteriores lo vimos viajando en calidad de “asesor” o de “incógnito”, ahora abandona las sombras. Ante la cercanía de la muerte de Raúl Castro, el poder real empieza a afincarse también como poder formal», señaló Gallego en sus redes sociales.

Es ese el enfoque preponderante fuera de la isla y entre los grupos disidentes, pero puede que no sea completamente acertado. Al repasarse los nombramientos de los últimos dos años se pone de manifiesto el protagonismo del ahora presidente y primer secretario del PC. Con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel designó a figuras de su entorno para cargos tan estratégicos como los de primer ministro y primer secretario del PC en la provincia de La Habana (donde reside uno de cada cinco cubanos). Más aún, este congreso determinó erigir a Díaz-Canel como cabeza única del PC, algo inédito y no contemplado en los estatutos de la organización.

Otro hecho que ameritaría un segundo análisis es la postergación de que fueron objeto algunos de los dirigentes más populares del país. Dos viceprimeros ministros (una de ellos, mujer y negra) y el primer secretario del PC en la estratégica provincia de Santiago alcanzaron, apenas, a incluirse en la nómina del Comité Central. El caso de este último resultó más llamativo por la designación para el Buró Político de una homóloga suya proveniente de una pequeña provincia occidental.

LA VULGARIZACIÓN DE LA DISIDENCIA

Poco antes del congreso, el 4 de abril, los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) transmitieron en vivo una suerte de aquelarre callejero en que se burlaban de Díaz-Canel y los policías que poco antes habían fracasado en el intento de arrestar a uno de sus líderes. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo –las cabezas del MSI que quedan en Cuba– habían anunciado que ese domingo organizarían una fiesta para los niños de San Isidro, una barriada pobre ubicada a no más de un quilómetro de la ciudadela colonial de La Habana.

La fecha que habían escogido no era casual. El 4 de abril cumplía 60 años la Organización de Pioneros José Martí, el movimiento creado por el PC para agrupar a los niños de hasta 15 años de edad. Cualquier niño que en Cuba cursa las enseñanzas primaria y secundaria –es decir, todos– es considerado de manera automática «pionero» y pasa a jurar en cada comienzo de semana una consigna que a muchos opositores lleva tiempo causándoles urticaria: «Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!».

No sólo a la disidencia declarada, sino también a muchos de los cubanos residentes en otros países. La sangría migratoria alcanza con particular fuerza al liderazgo opositor. Activistas como Anamely Ramos –la «cara intelectual y femenina del MSI»– han decidido poner en pausa su «lucha frontal contra el régimen» y cruzar la frontera; en su caso, para cursar un doctorado en Antropología dictado por una universidad mexicana.

La metamorfosis política que se produce luego de abandonar la isla tiene su manifestación más dramática en la comunidad asentada en el sur de Estados Unidos. A mediados de 2020 un estudio de la Universidad Internacional de la Florida resaltó que, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los hispanos, entre los cubanoestadounidenses el presidente Donald Trump acaparaba dos tercios de las intenciones de voto; más aún, de acuerdo con la investigación, «76 por ciento de los encuestados que llegaron entre 2010 y 2015 dijeron ser republicanos».

El domingo de marras, apenas Osorbo logró escapar de los policías, miles de personas se conectaron en vivo a las transmisiones por Facebook del MSI. La dramaturgia de la protesta era simple: Osorbo, Otero Alcántara y sus correligionarios habían ocupado la calle frente a la sede de su organización y a voz en cuello convocaban, a las decenas de espectadores reunidos en el lugar, a ofender al presidente. «Cuando yo diga: “Díaz-Canel”, ustedes dicen: “¡Singao!”», grita Otero Alcántara en el video. Aunque a sus espaldas algunas voces lo respaldan, desde el público la reacción es mucho más tibia, nula casi. Sólo dos incidentes jalonan la transmisión: en un punto, los miembros del MSI vuelven a entrar a la casa para dejar paso libre a un puñado de policías que atraviesa la concurrencia; en otro momento, una anciana sale al ruedo contoneándose a ritmo de twerking para bailar con Otero Alcántara; mientras, los amigos de este aplauden y aseguran que «algo grande está ocurriendo en Cuba».

Las transmisiones originales del suceso encontraron amplio respaldo en el ecosistema disidente y entre las figuras del periodismo no estatal en Cuba. Mas la conmoción nacional que anticipaban desde el MSI nunca ocurrió. Al día siguiente, cuando Otero Alcántara pretendió retomar la idea del cumpleaños y salió a buscar niños para animarlo, la Policía cargó con él y con el payaso que había contratado para el festejo, sin que nadie en el barrio intercediera en su favor. Desde entonces, tanto él como Osorbo Castillo han tratado de llamar la atención con performances y declaraciones polémicas, pero, más allá de alguna detención de pocas horas, el asunto no ha pasado a mayores.

Desde Miami, la tarde del propio domingo 4, el humorista Ariel Mancebo se aventuró a analizar las razones de esa indiferencia, en un post que le granjeó ataques del autotitulado exilio. «El problema grave que yo tengo con los de San Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto. Su actitud es de guapos, no de disidentes que proponen un cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva. […] Alguien que camina dando saltos como si fuese un guapo en medio de una bronca, sin camisa, gesticulando a más no poder […] es más carne de presidio que líder».

Ni Osorbo ni Otero Alcántara parecen interesados en desligarse de esa aureola de marginalidad. La semana pasada, por ejemplo, Osorbo cuestionó sin pruebas las estadísticas oficiales sobre la covid-19 y se burló del destino que estaría dándoles el gobierno a los cadáveres que supuestamente esconde: «Al zoológico, para echárselos a los leones, no los están llevando, porque yo tengo un socio que vive por allá y me hubiera avisado. Nada, mi gente, seguro que los están cogiendo para alimentar los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Ustedes saben cómo funciona la dictadura». Por esas fechas, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública prácticamente había estallado en llanto durante su conferencia televisiva de las mañanas al anunciar la primera muerte de un niño cubano a causa del virus. Y en los días siguientes se notificaría el fallecimiento de otra niña y de una madre que acababa de dar a luz.

Desde hace semanas, La Habana Vieja, el municipio capitalino al que pertenece el barrio San Isidro, se mantiene como el de mayor índice de contagios del país, con una incidencia de nuevos casos que decuplica el promedio nacional. El hacinamiento de sus más de 91 mil habitantes en poco más de 4,5 quilómetros cuadrados no es una baza a su favor, pero al empeoramiento de la situación epidemiológica ha contribuido también con la indisciplina social.

Tras el frustrado arresto policial de Osorbo buena parte de la discusión en las redes se centró en la actitud de sus defensores, en particular de uno que se había involucrado en la disputa con un niño pequeño en brazos. Si bien hubo quien consideró ese gesto un símbolo de rebeldía, otros lo vieron como una decisión sencillamente irresponsable. Las normas establecidas por el gobierno para enfrentar la epidemia prohíben a los menores de edad permanecer en espacios públicos. Ante la violación de ese precepto, sus padres o tutores pueden ser sancionados con multas elevadas.

A una penalización similar se exponen los asistentes a actividades recreativas. Sin embargo, a comienzos de abril, Otero Alcántara se filmó participando en una fiesta con varios de sus vecinos. Como anticipando las críticas que le sobrevendrían por esa violación de las normas sanitarias, este reiteró que no aceptaba las órdenes de la dictadura y volvió a convocar a la desobediencia civil. Desde su punto de vista, «la epidemia es culpa del régimen». Más allá de la comedia de golpe y porrazo que llevan meses protagonizando, tampoco es que Otero Alcántara y los suyos tengan mucho que proponer. Al menos, si se dejan de lado sus transmisiones de Facebook y la sección de revelaciones con que, desde hace más de un año, López hace más animadas las soporíferas emisiones del Noticiero nacional de televisión

La Habana, marzo de 2021 

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Luis Arce derogó decretos para derribar el "andamiaje neoliberal" del gobierno de facto

A un mes de la asunción, el presidente de Bolivia busca superar la crisis económica

Desde el gobierno denunciaron que dichos decretos carecían de respaldo técnico y financiero. Además beneficiaban a los grandes empresarios poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el "andamiaje neoliberal" dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos "carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios" poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales. 

Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado "Bono Contra el Hambre". "Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano", señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.

Rumbo a la reconstrucción 

"Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019", dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria. 

Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.

El presidente de Bolivia también aplaudió la aprobación de las leyes de devolución del IVA a los trabajadores de bajos ingresos, y el esperado impuesto a las grandes fortunas. "Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía", aseguró Arce, quien asumió la presidencia el pasado ocho de noviembre luego de arrasar en los comicios de octubre.

En la madrugada del jueves Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos bolivianos de las personas naturales (poco más de cuatro millones de dolares). El proyecto ahora pasará al Senado, también de mayoría masista.

"Se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia", aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de la votación en el Congreso.

"Vamos a reconstruir el modelo económico que es un modelo basado en la actividad productiva del país", expresó Montenegro en diálogo con periodistas. "La economía boliviana había sido la primera en crecimiento de la región. Un andamiaje económico que se está intentando reconstruir nuevamente a partir del viraje neoliberal que se tuvo en Bolivia durante once meses", planteó en el mismo sentido el abogado y politólogo Gabriel Villalba.

Claro que para desarrollar ese modelo, que fue virtuoso de la mano de Luis Arce en la cartera de Economía, primero hace falta atender las prioridades. Por eso el gobierno boliviano comenzó a pagar hace pocos días el "Bono contra el Hambre". Durante la campaña, Arce había prometido el pago de este bono de mil bolivianos (unos 144 dólares) como mecanismo para reactivar la demanda interna. Para Villalba, esto demuestra que "la estrategia electoral del MAS se está cumpliendo, por eso el gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación en la ciudadanía". 

Además de exponer el descalabro económico y social que dejó a sus espaldas el régimen de Áñez, el cambio de gobierno destapó varias irregularidades de la justicia. Una avalancha de procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto contra líderes del MAS ya fueron rechazados por fallas de procedimiento. En tanto, otras causas que permanecieron paralizadas durante once meses, como las que atañen a las masacres de Sacaba y Senkata, empiezan a reactivarse lentamente. 

Con el objetivo de ir a fondo, el ministerio de Justicia encabezado por Iván Lima convocó a un grupo de expertos en distintas áreas del derecho para encarar una reforma judicial. Lima afirmó que el cambio en el sistema de justicia se realizará "contra viento y marea y contra quien se oponga", aunque "buscando la unidad".

Balance y perspectivas 

Analistas bolivianos consultados por este diario coincidieron en los avances del gobierno de Luis Arce a apenas un mes de su asunción. "Este mes de gestión es profundamente más social que económico en su agenda, porque primero está el tema de la reforma de la justicia y segundo el Bono contra el Hambre que tiene que ver con la redistribución de los recursos", aseguró el politólogo Marcelo Arequipa, quien a su vez destacó un elemento novedoso de este nuevo proceso. 

"Por primera vez en la historia política de este país se dividen las funciones. Una cosa es la administración del poder político y otra es la administración de la organización política, es decir el MAS. En la primera función están Luis Arce y David Choquehuanca y en la segunda está Evo Morales", planteó Arequipa. 

Para su colega Gabriel Villalba el saldo de este mes es "positivo aunque con muchísimos desafíos". Villalba calificó al nuevo gabinete como uno de "emergencia", ya que "tiene el rol de allanar el camino para el próximo gabinete que va a asumir el 22 de enero". En esa fecha se celebra en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, donde se nombra al gabinete que acompañará al presidente por el lapso de un año. "Quizás muchos de los actuales ministros sobrevivan y otros no, pero no será una crisis de gabinete sino una articulación histórica", agregó Villalba. 

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Lunes, 30 Noviembre 2020 05:54

El faro

El presidente Donald Trump, luego de la videoconferencia con miembros del ejército desplegados en el extranjero, en el Día de Acción de Gracias, el pasado jueves.Foto Ap

El "faro de la democracia" está parpadeando y en peligro de fundirse.

Noam Chomsky señala que "la elección entera reveló la fragilidad extrema de la democracia estadunidense". Explica en entrevista con Truthout que aun antes de Trump, era evidente que el país se acercaba cada vez más a una oligarquía en la cual los más ricos estaban ya en control de las decisiones fundamentales del gobierno, ya creando una crisis democrática.

La lucha por la democratización del país ha sido constante desde sus orígenes hasta la fecha –esa lucha que el historiador Howard Zinn reveló en su obra, incluyendo su Otra historia de Estados Unidos–, pero el asalto neofascista encabezado por Trump es el ataque más brutal contra las instituciones y procesos democráticos, y más que ello, sobre las fuerzas progresistas dentro y fuera de este país, en tiempos recientes.

Nunca un presidente ha cuestionado la legitimidad de una elección antes, durante y después de los comicios, y menos ha rehusado garantizar el traslado pacífico del poder. Eso es lo que ha generado, por primera vez, el debate sobre si hubo, o aún hay, un intento de golpe de Estado. Trump insiste, sin evidencia alguna, en que hubo un fraude masivo por medio de una conspiración entre demócratas, la FBI, partes del Departamento de Justicia y "comunistas", incluidos los cubanos y los venezolanos. Y tres cuartas partes de los 73 millones que votaron por Trump le creen.

Por lo tanto, se espera que Trump nunca conceda la elección, proclame que su resultado es un gobierno "ilegítimo", y que continúe haciendo todo por desestabilizar al próximo régimen, cueste lo cueste, o sea, el asalto anti-democrático no se acaba con el fin de la presidencia del magnate.

Pero este asalto contra el proceso político-electoral no se explica sin el ataque masivo contra la democracia durante las últimas cuatro décadas, bajo el esquema neoliberal que arrancó con la elección de Ronald Reagan y que ha sido el eje del consenso bipartidista de la cúpula política y económica de este país desde entonces. Con ello, se ha visto el peor nivel de injusticia económica en casi un siglo, expresado en la desigualdad económica cada vez más extrema –y aún más acelerada en los últimos años– junto con el desmantelamiento el estado de bienestar social y la privatización de programas sociales de salud, educación, y hasta de guerras y prisiones, incluyendo centros de detención para inmigrantes y sus niños.

El 0.1 por ciento más rico ha duplicado su fortuna desde el comienzo del neoliberalismo hace cuatro décadas y ahora controla 20 por ciento de la riqueza nacional. Según un informe reciente de la Rand Corporation, unos 47 billones de dólares fueron trasladados de las clases trabajadoras y medias (90 por ciento de la población) a los más ricos de 1975 a 2018 ( https://www.rand.org/pubs/working_ papers/WRA516-1.html).

Robert Reich advierte que lo que ahora promete el presidente Joe Biden es un retorno a la "normalidad", pero “eso será desastroso para Estados Unidos Unidos. Lo normal nos llevó a Trump… normal son cuatro décadas de salarios estancados y creciente desigualdad cuando casi todos los incrementos económicos se destinaron a los de arriba… Normal es también la creciente corrupción de la política por el gran dinero; un sistema económico amañado por y para los ricos”.

Por ello, un mosaico de movimientos y organizaciones sociales que fueron claves en frenar al proyecto neofascista de Trump entienden que la elección sólo fue un paso en una lucha por la democratización de Estados Unidos. Esa democratización de lo que antes se proclamaba el "faro de la democracia" y que llegaba a nuestros países para juzgar y recomendar recetas para ser más como ellos, ahora requiere de la ayuda de aquellos pueblos que han luchado contra el neoliberalismo y la derecha, o sea, un movimiento de solidaridad internacional para brindar apoyo a la lucha por la democratización de Estados Unidos.

El faro requiere una nueva luz.

Cats & Dinosaurs, International Solidarity; Paul Robeson Joe Hill, Flogging Molly Times they are a changing .

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Lunes, 23 Noviembre 2020 05:41

Primer mundo

El coach Gary Patterson participó como voluntario en la entrega de alimentos a miles de estadunidenses en Arlington, Texas. La semana pasada había imágenes de interminables filas de autos en Dallas, anteriormente símbolo de riqueza, en espera para recibir asistencia alimenticia para sus familias. Foto Ap

A mí me aseguraron que este era un país de primer mundo. Me engañaron. Recuerdo el viejo chiste de que aquí no había golpes de Estado porque no había una embajada estadunidense. Ahora sólo falta que Luis Almagro llegue con la OEA para anular la elección y rescatar al país de los "comunistas", como alega Trump y su gente.

Aquí en los últimos días hay imágenes y declaraciones que ponen en duda eso de "primer mundo" y más aun, eso de "faro de la democracia". Lo que más asombra es que después de estos cuatro años, y sobre todo después de este proceso electoral, que aún hay en este país aquellos que siguen ofreciendo proclamaciones, juicios y recomendaciones a otros países sobre democracia, elecciones, procesos democráticos, derechos humanos y más. Sería bueno que guardaran un tantito de silencio mientras aplican todo eso a su propio país, para empezar, incluso solicitar unas recomendaciones de otros países que saben de todo esto.

La semana pasada había imágenes de interminables filas de autos en Dallas –anteriormente símbolo de riqueza– en espera para recibir asistencia alimenticia para sus familias. En El Paso, presos fueron reclutados para ayudar a las autoridades a trasladar cuerpos de los hospitales abrumados por casos de Covid. Estas escenas no son exclusivas a Texas, se repiten a lo largo de un país donde hay cada vez más hambre en medio de la devastación económica y social provocada por el manejo político irresponsable y criminal de la peor crisis de salud pública en un siglo.

Millones están al borde de ser lanzados de sus hogares por no poder pagar rentas o hipotecas, millones más se encontraran sin asistencia de desempleo en las próximas semanas –o sea, como regalo de Navidad– si el gobierno no aprueba más fondos y extiende las moratorias de pago de deudas y rentas. Ni hablar de los inmigrantes –entre ellos los llamados "trabajadores esenciales" que están rescatando al país en medio de estas crisis–, quienes no tienen derecho a ninguna asistencia, y más bien sólo derecho a ser explotados y desechados.

La semana pasada, la organización Families Belong Together colocó más de 650 ositos de peluche en una jaula a las afueras del Capitolio para recordar a los legisladores que mas de 650 niños inmigrantes arrancados de los brazos de sus familias por el gobierno de Trump aún no han sido reunificados.

Mientras Trump enviaba saludos a manifestaciones de supremacistas blancos y neonazis que se manifestaban en apoyo del presidente, la FBI reportó que los crímenes de odio en este país han llegado a su nivel más alto en una década (7 mil 314), entre los cuales se registró el número más alto de homicidios motivados por odio desde que la FBI empezó a ofrecer esa cifra. De los 51 homicidios por odio en 2019, 22 fueron cometidos en El Paso por un joven motivado por las palabras de Trump y cuyo objetivo era matar a "mexicanos".

Ni hablar sobre la elección, y lo que parece ser un intento, aunque muy mal hecho hasta ahora, de un autogolpe de Estado por Trump y su equipo. Al declarar la existencia de un magno fraude desde antes de la elección y cumpliendo por ahora su promesa de no reconocer el resultado si no salía ganando, las acusaciones han llegado a niveles espectaculares. En una de las conferencias de prensa más extrañas en la historia del país, Rudy Giuliani y otros abogados encargados de demostrar el fraude, acusaron que Hugo Chávez –quien murió en 2013– era uno de los responsables, junto con George Soros, los cubanos y tal vez los chinos. Más tarde, sugirieron que en el estado de Georgia, el gobernador republicano fue sobornado por venezolanos y la CIA para entregar la elección –con el triunfo del demócrata Joe Biden–- a "comunistas".

Entre golpes de Estado y chavistas tomando por asalto a Georgia, en medio del epicentro mundial de la pandemia, la imagen del fin de semana fue Trump jugando golf, igual que Nerón con su violín.

Y me dicen que estoy en algún lugar del primer mundo.

Cuando los universos chocan, Gogol Bordello https://open.spotify.com/ track/3d090eNCOhcrUde6vZXSiN? si=Hd73vsbCQCS7e788RuKBJw

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Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú

El parlamentario centrista fue elegido por el Congreso

El intelectual Sagasti enfrentará el desafío de devolver la estabilidad a un país convulsionado por el rechazo ciudadano a su clase política. Trabajó en el Banco Mundial, en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y fue asesor en Naciones Unidas.

Por Carlos Noriega

El intelectual Francisco Sagasti Hochhausler, del centrista Partido Morado, es el nuevo presidente del Perú.El cuarto en cuatro años.Fue elegido este lunes por la mayoría del Congreso,luego de que el país estuviera más de 24 horas sin presidente, después de la renuncia al mediodía del domingo de Manuel Merino, en medio de masivas protestas en las calles, y de que el Legislativo no aprobara en la noche del domingo la elección de la congresista del izquierdista Frente Amplio, la poetisa y feminista Rocío Silva Santisteban, para ocupar la presidencia del país. 

En esta segunda votación la historia fue distinta y Sagasti ganó con amplitud. Obtuvo 97 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Hubo 26 votos en contra, de fujimoristas y de los más radicales de la coalición de derecha y de legisladores acusados de corrupción que apoyaron a Merino y hasta el final buscaron petardear una salida a la grave crisis política.

La elección de Sagasti fue como presidente del Congreso y en esa condición asume la presidencia del país, cargo que juramentará en la tarde del martes. Junto a él, fue elegida vicepresidenta del Parlamento la congresista del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, que al pasar Sagasti a ejercer la jefatura del Estado, ocupará la presidencia del Congreso.

La sesión parlamentaria en la que se eligió a Sagasti fue conducida por Rocío Silva Santisteban, que comenzó la jornada pidiendo un minuto de silencio por los dos estudiantes asesinados por la policía durante las masivas protestas contra el gobierno de Merino. La elección de Sagasti, a quien algunos llaman Don Quijote, por su aspecto físico, fue recibida con aplausos en el hemiciclo del Congreso.

Sagasti, de 76 años, es ingeniero industrial, docente en universidades del país y del exterior, y autor de varios libros de investigación. Ha trabajado en el Banco Mundial en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y ha sido asesor en Naciones Unidas y de organismos científicos del país. Es ajeno a la desacreditada clase política tradicional, un factor clave para calmar la indignación ciudadana que ha tomado las calles en contra de una clase política cuestionada por corrupción. Sagasti llegó al Congreso por primera vez en las elecciones parlamentarias de enero de este año. Candidato a la vicepresidencia de Perú por el Partido Morado, como compañero de fórmula del presidente del partido, Julio Guzmán, para las elecciones de abril del próximo año, ahora tendrá que bajarse de esa candidatura al ocupar la presidencia del país.

Hace una semana, el partido de Sagasti se opuso a la destitución por el Congreso del entonces mandatario Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente” a partir de cargos de haber recibido sobornos hace varios años cuando era gobernador y que todavía están en investigación, y de la designación en su reemplazo del entonces titular del Parlamento, Manuel Merino, decisión parlamentaria que gatilló masivas protestas ciudadanas, que llevaron a la renuncia de Merino.

Los miles de ciudadanos que la última semana protestaron en todo el país exigiendo la salida de Merino y de su gobierno sostenido por políticos implicados en denuncias de corrupción, y que este lunes seguían movilizados en calles y plazas esperando la decisión del Congreso, habían anunciado que si se elegía a un congresista que había respaldado a Merino reanudarían las protestas. La elección de Sagasti descomprime la crisis.

Pero esta noche continuaban las movilizaciones en las calles. No eran en rechazo al nuevo gobierno, sino en contra de los congresistas que originaron esta crisis política en su afán de tomar el gobierno y exigiendo juzgamiento para los parlamentarios denunciados por corrupción, que estuvieron en primera fila para colocar en la presidencia al repudiado Merino.

“Que se vayan los congresistas corruptos”, coreaban los manifestantes. En las calles hay indignación por la brutal represión policial desatada por el muy breve gobierno de ultraderecha de Merino. Se escuchaban arengas exigiendo que Merino sea juzgado por los asesinatos de dos jóvenes durante las protestas contra su gobierno.

Merino, investigado por la represión

La Fiscalía ya abrió investigación a Merino y a dos de sus ministros por homicidio doloso, desaparición forzada, lesiones y abuso de autoridad, por la represión policial de los últimos días.

A los gritos de “Asesinos, asesinos” y demandas de justicia, este lunes fue enterrado Jack Pintado, de 22 años, que murió de múltiples perdigones que la policía le disparó a la cara, cuello y tórax.

Gobierno de transición

El de Sagasti será un gobierno de transición, que durará ocho meses hasta que en julio del próximo año asuma el gobierno elegido en las elecciones de abril. Sus tareas centrales serán llevar adelante las elecciones, y enfrentar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha cobrado más de 900 mil contagios y más de 35 mil muertes, y la crisis económica a consecuencia de la pandemia. Con una pequeña bancada de solo nueve legisladores, el primer reto de Sagasti será nombrar un gabinete ministerial de consenso.

Minutos después de su elección, el nuevo presidente salió a las afueras del Congreso, donde se congregaban los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, que en los días previos se habían movilizado exigiendo la salida del gobierno de Merino y habían sido duramente atacados por la policía. Estaban en vigía esperando la elección en el Congreso. Los saludó y recibió algunos aplausos.

Minutos antes, en un discurso abiertamente opuesto al del gobierno saliente y sus aliados, que acusaron a los manifestantes de terroristas, había expresado su reconocimiento a los jóvenes que salieron a protestar en defensa de la democracia, marchas que calificó como pacíficas, expresó su solidaridad con las familias de los dos estudiantes asesinados por la policía y su preocupación por los heridos y los desaparecidos en las protestas.

“Si un peruano muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación. En las calles estamos viendo esa indignación, que debemos reconocer y saber encausar”, señaló.

Luego de su elección, ante el Congreso Sagasti pidió a los parlamentarios trabajar juntos “para recuperar la confianza” de la población. Esa será una tarea muy difícil con un Congreso muy desacreditado. “El nuevo presidente tiene una buena hoja de vida, no es un político tradicional, pero esos congresistas son unos corruptos. Será muy difícil que volvamos a confiar en los políticos, ya hemos confiado mucho en los políticos y nos han engañado mucho”, señalaba un joven que esta noche integraba una nutrida movilización en el centro de Lima.

Lo hecho por el Congreso al destituir a Vizcarra para poner en el poder a Merino, en una movida detrás de la cual era notoria la presencia de políticos que cargan múltiples denuncias de corrupción y buscaban ganar impunidad y seguridad para algunos negocios, desató una indignación que desbordó en las calles con manifestaciones de una magnitud que el país no veía hace mucho tiempo. La salida de Merino es un triunfo de esas protestas juveniles, y la llegada de Sagasti ayuda a bajarle el tono a esa indignación, pero el rechazo a la clase política sigue expresándose en las calles.

Mientras Sagasti era elegido nuevo presidente y se preparaba para asumir el cargo este martes, el Tribunal Constitucional (TC) anunciaba que este jueves tomaría una decisión sobre la constitucionalidad o no de la destitución del exmandatario Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente” decretada por el Congreso. Vizcarra espera que un fallo a su favor lo pueda reponer en el cargo. El TC podría darle la razón declarando que su destitución fue en contra de la Constitución, pero señalar que ese fallo no es retroactivo y tiene el valor de una aclaración de una figura constitucional ambigua hacia el futuro, lo que importantes juristas dicen es lo más probable. Mientras el TC no se pronuncie, continúa la incertidumbre sobre la presidencia del país, que eventualmente podría volver a cambiar de manos en pocos días, aunque ahora esa no parece la posibilidad más cercana. 

Publicado enInternacional
Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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El presidente Donald Trump, en su trayecto de la Casa Blanca a su club de golf en Sterling, Virginia, contempló ayer desde su limusina blindada a decenas de sus simpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.Foto Ap

Diez meses con antelación a la cuestionada elección de la "democracia bananera" de EU (https://bit.ly/32JpFUS) –que desembocó en un caos post-electoral y ha puesto en riesgo su cohesividad con dos antagónicas fuerzas centrifugas al borde de una guerra civil ( https://bit.ly/38Lox6W )–, el texano conservador trumpófobo ( never-Trump) Michael Lind publicó un polémico libro La nueva guerra de clases (sic): salvar la democracia de la élite empresarial (https://amzn.to/3nnSIFl) que rebasa los resultados y el cronograma de la elección presidencial –más allá de quien sea el ungido constitucional final– y se adentra en la prospectiva del futuro incierto de su país que naufraga en un territorio inexplorado.

Michael Lind con un imponente bagaje académico y periodístico –se había dado a conocer hace ocho años con su libro idílico ya muy rebasado El próximo país estadunidense y la tierra prometida (https://amzn.to/36EFBsR).

Lind culpa a los "populismos (sic)" transatlánticos de haber despedazado a los partidos vigentes, lo cual ha desembocado en la ingobernabilidad, donde las "democracias (sic) occidentales" han sido desgarradas por una "nueva guerra de clases".

Aquí entramos con Lind a una Torre de Babel de exclusión semiótica con sus auto-definiciones de "populismo" y "democracia" que son muy confusas y nada rigurosas.

Dejo de lado si EU –una genuina plutocracia/bancocracia/cibercracia (https://bit.ly/38I9ieZ), consubstancialmente anti-democrática– es una "democracia", o si las monarquías (sic) neoliberales europeas lo son también.¡La guerra es también semiótica!

A juicio de Lind, las reales "líneas de batalla" son nítidas a partir de que se rompieron los compromisos de clase de la mitad del siglo pasado entre empresarios –una "súper-clase" de una élite universitaria aglutinada en centros urbanos de altos ingresos que dominan el gobierno, la economía y la cultura– y la alicaída subclase obrera, ubicada en las tierras profundas rurales de baja intensidad demográfica, primordialmente constituida por blancos y nativos.

Su "guerra de clases" versa desde la migración, pasando por el medio ambiente, hasta los valores sociales, donde la "súper-clase" empresarial va ganando la batalla, en medio del profundo declive de las instituciones que protegían a la clase obrera.

A su juicio, hoy la "súper-clase" controla las trasnacionales y los multimedia, y su desenlace es un trilema:

  1. Triunfo de la "súper-clase" –la oligarquía/plutocracia– y su “sistema de castas high-tech”.
  1. Empoderamiento de los populistas (sic), huérfanos de "reformas constructivas".Esto es muy debatible: el "populismo" chino es próspero y está altamente tecnificado cuando lleva la delantera espacial del 6G (https://bit.ly/36zXc59).

Y 3. Un compromiso de clases que otorgue "real poder" a la clase obrera. Habría que definir que significa y en qué consiste el "poder real" en la fase de la cibercracia de EU. Lind le apuesta ostensiblemente a esta opción intermedia muy etérea cuando la impotente clase obrera de EU ha sido prácticamente decapitada.

¿Qué tan válida es la taxonomía de Lind sobre la existencia de sólo esas dos clases antagónicas? ¿No existen más?

El británico Alastair Crooke, anterior espía británico del MI6 y ex asesor del español Javier Solana, ex canciller de la Unión Europea –evoca el impasse vigente cuando "Biden puede o no ganar, peroTrump es el presidente de la República Roja" https://bit.ly/38H8h6T).

Alastair Crooke pone en duda la "legitimidad" del proceso electoral al presuponer la manipulación cibernética del sufragio en Wisconsin y Michigan, que abonan a la dinámica de balcanización de EU.

Crooke fustiga severamente a Lind, cuyo concepto de una “sociedad tecno-dirigida ( managedsociety)”, basada en la ciencia, forma parte de la programática de Biden.

El problema radica en que, a juicio de Crooke,"EU se ha fracturado en dos placas tectónicas que se disgregan en diferentes direcciones" cuando "una mitad del electorado estadunidense votó precisamente para expulsar a la otra mitad". ¿Cuál será la "placa tectónica" menos afectada?

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Sábado, 17 Octubre 2020 06:24

Horas de incertidumbre

Manifestante del partido MAS frente al Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, Bolivia, el 5 de octubre. XINHUA, MATEO ROMAY

La previa de las elecciones bolivianas

Polarizada y bajo la amenaza de un nuevo ciclo de protestas y represión, Bolivia celebra elecciones generales este domingo 18. Sus habitantes se preparan para lo que pueda ocurrir mientras enfrentan la crisis económica y una avalancha de rumores y noticias falsas sobre lo que sucederá este fin de semana.

Soledad, de 22 años, cuida las tres bolsas de mercado y los quintales de arroz, azúcar y harina que acaba de comprar. Mientras espera que su mamá adquiera otros productos de la canasta familiar, cuenta que llegó temprano al mercado para abastecerse porque «cualquier cosa puede pasar» después de las elecciones nacionales de este 18 de octubre en Bolivia. Como la suya, otras familias hacen compras en la populosa calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz para aprovisionarse, principalmente, de alimentos secos. Tras la experiencia de los conflictos poselectorales del año pasado, no quieren quedar desabastecidas.

Son las 8 del martes 13 de octubre, y en este sector hay más movimiento que en los días anteriores. Algunas personas hacen fila en la tienda de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, porque ahí el precio es menor que en otros lugares; otras ya abordan los taxis con varias compras. La harina es el producto más demandado porque, además, restan pocas semanas para la celebración de Todos Santos y los paceños requieren de esa materia prima para hacer los panes que ofrecerán a sus difuntos el 1 de noviembre.

Faltan cuatro días para las ansiadas elecciones nacionales, que fueron pospuestas tres veces debido a la pandemia del coronavirus. Los bolivianos las esperan con mucha incertidumbre porque se trata de un evento sin igual, ya que se realizarán después de la anulación de los resultados de los anteriores comicios a causa de un presunto fraude electoral. El fantasma de los conflictos sociales de 2019 –que duraron 35 días y en los que murieron 35 personas– toma más fuerza. Por ello, las gasolineras también se llenan de automóviles, públicos y privados, que buscan proveerse de combustible. El panorama es similar en los supermercados y mercados de La Paz y de la ciudad de El Alto.

Soledad dice que los conflictos del año pasado la sorprendieron con pocos alimentos y que le afectó el incremento de los precios de productos frescos; por eso, en esta oportunidad, también se surtió de verduras, que almacenará en su refrigerador.

Esta joven, que está en el último año de la carrera universitaria de Bioquímica, espera que no ocurra nada similar a 2019 tras estas elecciones y que los adeptos de las fuerzas políticas acepten el resultado, sea cual sea. Eso sí, quiere que haya un proceso eleccionario justo. Así, piensa que se podría evitar que haya una nueva convulsión social y que actúen las fuerzas coercitivas, algo que el gobierno ya anticipó.

«La presidenta lo ha dicho con claridad: “No se hagan a los vivos”. La Policía Nacional va a actuar, el Ejército va a actuar; nosotros no estamos de adorno», afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a inicios de este mes, tras su retorno de Estados Unidos.

POLARIZACIÓN

Wendy Chambi está segura de su voto. Sin dudarlo, dice que apoya a Luis Arce, candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, a quien ya llama presidente. Dice que le gustan sus propuestas de «llevar adelante el país» y asegura firmemente que no desea que Carlos Mesa, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC), asuma la presidencia, porque «endeudará al país».

Ella tiene 32 años y es comerciante de artesanías en plena Ceja de El Alto, uno de los lugares más céntricos y populares de esa urbe. La mayor parte de los pobladores de esa ciudad apoyan al MAS y se levantaron para respaldar a Morales luego de que renunciara el 10 de noviembre del año pasado, tras 14 años en el poder.

Es mediodía y en medio de su puesto de venta de carteras y billeteras de cuero, guantes de lana y llaveros artesanales, Wendy asegura que el MAS ganará en primera vuelta, aunque sea con pocos puntos de diferencia, y que triunfará incluso en el caso de una eventual segunda vuelta.

—¿Y si gana Mesa? –le pregunto.

—No vamos a permitir, porque van a haber más bloqueos, convulsión, marcha. No va a ser normal nuestro país.

Asegura que, aunque gane Mesa en una segunda vuelta, habrá más presencia del MAS en la Asamblea Legislativa, lo que ocasionaría un escenario de ingobernabilidad. Esa posible situación también le causa incertidumbre.

La última encuesta de preferencia electoral, realizada el 11 de octubre y elaborada por la consultora Ciesmori para las redes televisivas Unitel y Bolivisión, coloca a Arce en primer lugar (32,4 por ciento) y a Mesa en segundo (24,5 por ciento), con una diferencia de 8,1 por ciento entre ambos candidatos, lo que significaría una segunda vuelta. Por debajo, y en tercer lugar, se encuentra Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 10,7 por ciento. Hubo un 8,6 por ciento de encuestados que no quiso revelar su voto y los indecisos alcanzan el 6,2 por ciento.

Un joven se acerca al puesto de Wendy y pregunta por los llaveros, pero no los compra. La vendedora, quien trae mercadería desde el departamento de Cochabamba, relata que la venta no es como antes. Hasta octubre del año pasado, en un día bueno vendía un valor de 400 bolivianos (57 dólares), ahora sólo llega a 100 bolivianos. Siente que, desde que Jeanine Áñez gobierna el país, la economía entró en crisis y que para revertir esa situación votará por el MAS, al igual que el gremio al que pertenece.

La Federación Gremial de El Alto, uno de los sectores más numerosos –con cerca de 100 mil afiliados– y con mayor poder de movilización en aquella urbe, es aliada del MAS; incluso una de sus representantes es candidata a diputada por ese frente. Su secretario ejecutivo, Rodolfo Mancilla, asegura a Brecha que Arce es la única opción sólida para mejorar la situación del país. «En estos últimos diez meses no hay economía. Estamos fregados. So pretexto de pandemia, nos han encerrado más de 60 días, luego hemos vuelto a salir [a vender], pero la economía ha caído, ya no es igual; estamos obligados a apretarnos el cinturón», afirma.

Mancilla, quien es originario del área rural, como la mayoría de los comerciantes en El Alto, cree que las encuestas mienten y que el MAS ganará en primera vuelta. Para garantizar los resultados, los militantes de ese partido harán control social en todos los recintos electorales.

El dirigente teme que haya un posible fraude, postura que manejan hace algunos meses los líderes del MAS. Desde el mes pasado, Arce viene afirmando que Mesa sólo puede ganar en caso de que haya fraude, y que no confía en el órgano electoral.

Ante ese tipo de afirmaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explica a Brecha que esa instancia garantiza «la mayor transparencia» en los comicios. Romero señala que se saneó el padrón, se rediseñó la cadena de custodia del material electoral, se reforzaron los sistemas de resultados preliminares y de cómputo, y se garantizó la presencia de cuatro misiones veedoras internacionales y de dos plataformas de organizaciones nacionales de la sociedad civil. «Hacemos una exhortación a la ciudadanía y a todos los actores políticos, sociales y regionales a que acudamos en un ambiente tranquilo», acota.

VOTO ÚTIL

Mientras viaja en una cabina del teleférico Amarillo desde el sur de La Paz hacia Sopocachi, Pati, una joven de unos 35 años, evita hablar de política porque teme que las otras tres personas, que se dirigen a la urbe alteña, se molesten con su posición. Ella votará por CC porque dice que no «hay otra opción» que tenga oportunidad frente al MAS; cree que el partido de Morales ya tuvo su turno de gobernar por 14 años y que el país requiere una renovación.

Son las 19.45 y Pati regresa de su trabajo, en la banca privada, a su hogar. Tras bajar de la cabina, apura el paso para tomar movilidad, pues en La Paz aún hay restricción de circulación desde las 20, a causa de la pandemia. Ya en la calle, dice que Mesa es una persona preparada y que por ello este domingo le dará su voto, aunque admite que se trata de un «voto útil», es decir, para que no retorne el MAS al gobierno.

Aunque espera que este domingo gane Mesa, o que al menos se apunte a una segunda vuelta, Pati dice que, en caso de que ganara el MAS, ella respetará los resultados; sin embargo, no todos los partidarios de CC opinan igual. Muchos de los militantes afirman que, si su candidato no triunfa, saldrán nuevamente a las calles a «defender su voto». Lo mismo piensan los seguidores de Camacho, la opción radical contra el partido de Arce.

Redes de desinformación

Pati, Soledad, Wendy y el dirigente gremial de El Alto tienen algo en común: se informan, principalmente, por las redes sociales. Por ello, la primera asegura que Mesa afirmó públicamente que pedirá dinero prestado del exterior; la segunda, que los masistas se alistan activamente para convulsionar las calles, y el tercero, que el candidato de CC tiene Alzheimer.

«Ahí está la certificación médica, que este señor [Mesa] es un olvidadizo está en las redes sociales», afirma Mancilla con mucha seguridad, pese a que la anterior semana esa información fue desmentida. Y es que una de las características de estas elecciones es que campea la desinformación, principalmente, en las redes sociales. Esto se incrementó a mediados de julio, cuando se reforzaron las campañas políticas.

Adriana Olivera, subeditora de Bolivia Verifica –medio digital que se dedica a la verificación de noticias– explica que los bulos circulan principalmente en Facebook, Twitter y Whatsapp, y que el análisis de las noticias falsas desmentidas por el medio indica que tienen el fin de asustar a la gente. «Desinforman sobre las encuestas, sobre las propuestas políticas, pero también sobre el hecho de que ambos bandos se estén armando de cara a las elecciones.»

Karen Gil
16 octubre, 2020

 

Con el politólogo y sociólogo boliviano Fernando Mayorga

La duda central

Francisco Claramunt

—Por estos días la ONU, la Unión Europea (UE) y la Iglesia Católica manifestaron de forma conjunta su preocupación por el «clima de confrontación política» en Bolivia. ¿Cómo cree que puede influir este contexto en lo que suceda el domingo?

—Ha habido acciones de violencia, más que nada perpetradas por grupos parapoliciales organizados el año pasado, secundando el golpe de Estado contra Evo Morales, y que desde entonces han actuado de manera impune, incluso con el cobijo del gobierno y la Policía. En los últimos días esos grupos atacaron la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Sucre. Ha habido también enfrentamientos e incidentes entre simpatizantes del MAS y otras fuerzas, pero han sido muy focalizados. El clima de temor y de violencia proviene más que nada por el riesgo de que los grupos parapoliciales puedan llevar adelante acciones durante y después de las elecciones. Sin embargo, ese ambiente no va a tener efectos inhibitorios en la asistencia a las urnas. Tampoco la pandemia los tendrá, puesto que ahora todos los actores políticos están impulsando la participación. Todo parece indicar que vamos a tener una asistencia mayor al 85 por ciento, el porcentaje histórico en Bolivia en los últimos 20 años.

—Esta semana el ministro de Gobierno instó a la Policía a que el día de las elecciones «vuelva a ponerse del lado correcto de la historia», en referencia al rol de la institución en los sucesos de noviembre. ¿Este tipo de comentarios se trata de exabruptos puntuales o responden a un comportamiento general del gobierno durante la campaña?

—El gobierno es fruto de un golpe de Estado y tuvo como primer objetivo proscribir al MAS y desmantelar su base organizativa. Como parte de esa conducta, la presidenta interina fue, en su momento, candidata para estas elecciones, aprobó una serie de decretos anticonstitucionales –puesto que permitían acusar de sedición a cualquier persona, de manera arbitraria– y encabezó una persecución a militantes sindicales y militantes del MAS. Cuando vino la pandemia y se tomaron medidas como la cuarentena rígida, estas tuvieron un carácter represivo y selectivo, con presencia militar y policial focalizada en lugares donde la población es mayoritariamente leal al MAS. Ahora el gobierno tiene un discurso de apoyo a Carlos Mesa –puesto que es el único que podría forzar una segunda vuelta– y lo acompaña de amenazas. Este martes, el ministro de Justicia dijo que el MAS «va a salir a matar más gente» si pierde. Lamentablemente, el Tribunal Superior Electoral [TSE] no ha llamado la atención a las autoridades por este tipo de intervenciones. Se trata de un gobierno que en 11 meses de gestión no sólo se ha caracterizado por su fracaso total en la lucha contra la corrupción, sino por su desvarío discursivo. La única motivación de su accionar político es la desaparición del MAS, la ilusión de que ese partido no sólo pierda las elecciones, sino que pueda disgregarse en el corto plazo.

—¿Hay garantías de que estas elecciones serán limpias?

—Sí. De la misma forma que lo fueron las del año pasado, que fueron anuladas por denuncias de fraude nunca comprobadas. Era cuestión de tiempo que se revelara que el comportamiento de la misión electoral de la OEA en aquel entonces fue tendencioso y formó parte de una lógica conspirativa. No hubo fraude porque el sistema electoral boliviano tiene varios elementos de resguardo. Ahora, tras lo sucedido el año pasado, se suma la presencia de una multitud de observadores internacionales, sobre todo de la UE. Va a haber mucha atención internacional. Y el TSE –salvo algunas acciones criticables, como las que mencionaba antes– ha tenido en general un desempeño aceptable. Considero que no es conveniente plantear dudas sobre este proceso electoral. Además, dudo de que se dé un resultado que invierta las tendencias de voto que están vigentes ahora.

—¿Ese resultado será respetado por ambos bloques?

—Esa es la duda central. La distancia entre Luis Arce y Carlos Mesa podría ser algo mayor al 10 por ciento. Y si eso no aparece, si la distancia apenas supera ese porcentaje, será decisiva la posición que tomen los rivales de Arce. De la misma manera en la que, si hay una diferencia menor a 10 puntos y hay segunda vuelta, será muy importante la posición del MAS. En ambos casos, el rol de los candidatos y de los líderes va a ser fundamental para que se concluya el recuento y se respeten los resultados. Hay que recordar que el año pasado la crisis empezó a raíz de una especulación en torno a resultados que no eran siquiera preliminares, sino fotografías de las actas. A las 8 de la noche había una diferencia de siete puntos a favor de Evo Morales respecto de Carlos Mesa y este declaró que ya estaba decidida la segunda vuelta. Al otro día la OEA dio un informe muy irresponsable: cuando el recuento estaba en el 95 por ciento de las actas, dijo que por la situación de polarización y por la diferencia muy estrecha –puesto que Evo Morales tenía entonces un 10,3 por ciento de diferencia con Mesa– era recomendable convocar a segunda vuelta. Un acto inverosímil porque nunca se vio que una misión de observación recomendara algo semejante, sin siquiera haberse llegado al recuento final oficial. Allí empezó la espiral que derivó en el golpe. Para este domingo hubiera sido adecuado un compromiso previo de aceptación de los resultados si es que no se pueden probar irregularidades, pero no lo hubo y ahora estamos con ese riesgo. Existe un contraste entre la amplia participación y confianza de la población, y el riesgo de que alguno de los sectores ponga en cuestión el resultado.

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