Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enColombia
Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enEdición Nº258
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:21

La deuda pública es explosiva

La deuda pública es explosiva

En la contabilidad de los países se diferencia entre tres tipos de agentes: los hogares, las empresas (sociedades no financieras) y el sector público. La gráfica muestra que entre el 2007 y el 2016 su endeudamiento ha aumentado. Y, sobre todo, se destaca el de las empresas y el del sector público.

 

Los cambios han sido significativos. Entre 2007 y 2016, en las economías avanzadas (EA), la deuda total pasó de 230 por ciento del PIB a 260. En las economías emergentes la relación entre el saldo de la deuda y el PIB, aumentó de 120 a 160 por ciento. Y en dólares, el valor de la deuda total pasó de 110 a 150 billones. Estas tendencias son la expresión de una debilidad estructural de la economía mundial, y de una creciente volatilidad financiera.

 

 

grafico  La deuda

 

Preocupa el aumento de la deuda del sector público

 

La deuda del sector público crece más rápidamente que la de los hogares y de las empresas. En Estados Unidos, entre el 2007 y el 2016, el saldo de la deuda pública pasó de 58 a 99 por ciento del PIB. En Francia del 64 al 97. En Grecia del 104 al 179. En Italia del 102 al 133. En Japón del 147 al 201. En Bélgica del 91 al 106 por ciento. En las economías emergentes (Brasil, China, India, Colombia...) también se observa un crecimiento importante de la deuda pública, pero a un ritmo inferior. En Colombia, la deuda pública pasó de 43,8 por ciento del PIB en el 2007 a 52 por ciento en el 2016, así que el país también está inmerso en este proceso de creciente endeudamiento.

 

El aumento de la deuda pública tiene tres explicaciones. La primera se podría resumir en la llamada ley de Wagner. La segunda tiene que ver con la caída de la tributación. Y la tercera con la creciente volatilidad de los sistemas financieros.

 

La Ley de Wagner

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Adolph Wagner afirmaba que, en todos los países, el gasto público, como porcentaje del PIB, debía crecer. Y que esta tendencia ascendente era inevitable. Las apreciaciones de Wagner se han cumplido, y algunos dicen que sus predicciones se pueden considerar como una “ley”. En opinión del autor, a medida que el país se desarrolla y las tareas colectivas son más complejas, es inevitable que el Estado tenga que ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios, y que las actividad de supervisión y control sean más complejas.

 

Numerosas acciones que realiza el gobierno (educación, ciencia y tecnología, protección ambiental, seguridad, salud, etc.) tienen costos crecientes. Por ejemplo, las investigaciones en ciencia y tecnología cada vez son más exigentes y requieren un volumen mayor de recursos públicos. En todos los países del mundo el gasto público tiende a subir.

 

En Colombia el gasto público tiene que subir para que el país pueda tener un desarrollo comparable a los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde). Y ahora en la etapa del posacuerdo de La Habana, la modernización del campo exige que haya un aumento significativo de los recursos públicos. En sus cuentas optimistas, el Ministerio de Hacienda hace proyecciones en las que el gasto público se reduciría. Tales estimaciones no son realistas.

 

La menor tributación a los ricos

 

A pesar de que el gasto público es creciente, los países son cada vez más reacios a aumentar los impuestos, especialmente cuando los afectados son los ricos. Los informes recientes de Oxfam muestran que en el mundo entero se está presentando una especie de “carrera de mínimos”, y los países parecen estar compitiendo entre sí para reducir los impuestos. En este carrera hacia abajo, el límite inferior lo ponen los paraísos fiscales. Es evidente, entonces, que si el gasto sube, y los ingresos no crecen, el déficit se incrementa y no queda otro camino que recurrir al endeudamiento.

 

En Colombia, la última reforma tributaria fue un fracaso en términos de equidad. Para que los mayores gastos puedan financiarse, es necesario que crezcan los ingresos, especialmente los tributarios. En lugar de aumentarle los impuestos a los ricos, la reforma se los disminuyó. Se redujo la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, y se dio un paso muy débil en los impuestos a los dividendos. Puesto que el gobierno de Santos ha mostrado que no está dispuestos a mejorar el recaudo de una manera progresiva, afectando más a los ricos, el déficit del sector público se incrementa y la deuda sube.

 

La volatilidad financiera

 

Entre la deuda pública y la volatilidad financiera se presenta una especie de causalidad circular: el mayor endeudamiento estimula la volatilidad y, a su vez, ésta facilita el crecimiento de la deuda del sector público.

 

Para conseguir los recursos que necesitan, los gobiernos emiten título (TES en el caso de Colombia), que se negocian en los mercados financieros. Los especuladores que mueven su dinero de un país a otro compran aquellos bonos gubernamentales que ofrecen mayor rentabilidad, y presionan a los gobiernos para que los emitan de una forma atractiva. Al ofrecer un mayor rentabilidad, la deuda pública se encarece, y los especuladores se benefician a costa de la estabilidad financiera de los países. En este proceso, los capitales, que vuelan como golondrinas, de un país a otro, estimulan la volatilidad financiera. Los gobiernos se endeudan para pagar viejas deudas, y en esta dinámica se crean burbujas que alimentan la especulación y la volatilidad.

 

El servicio de la deuda (amortización a capital e intereses) es el gasto más alto del gobierno colombiano. A medida que el tamaño de la deuda va aumentando, es necesario destinar una porción mayor del presupuesto al pago de los intereses. Esta secuencia es perversa porque se reduce el margen disponible para responder a necesidades urgentes de la sociedad.

 

Estabilidad financiera por la vía de impuestos progresivos

 

Los impuestos progresivos, con tarifas que suben a medida que aumenta el ingreso, son el mejor mecanismo para estabilizar las finanzas públicas y reducir el monto de la deuda. No obstante, esta solución tiene costos políticos que los gobiernos no parecen dispuestos a asumir. Vale la pena traer a colación la pregunta de Oxfam: ¿por qué los más ricos, el 1 por ciento de la población, logran capturar el Estado, frente a la mirada complaciente y pasiva del 99 por ciento?

 

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Publicado enEdición Nº238
Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231
Viernes, 02 Diciembre 2016 15:25

Sistema tributario y salario mínimo

Sistema tributario y salario mínimo

Según la OCDE y analistas neoliberales, el bajo crecimiento de la economía y el alto desempleo que afectan a nuestro país tienen una doble causa: los excesivos impuestos y el elevado salario mínimo que pagan las empresas.

El argumento del elevado salario mínimo tampoco es válido si se compara internacionalmente en dólares, pues la devaluación lo ha colocado en unos 220 dólares mensuales, uno de los más bajos de América Latina. Y si se mide por su capacidad de compra interna, difícilmente adquiere la mitad de la canasta mínima vital de la población de ingresos bajos que, con base en información del DANE, es $1´323.798.

Pero el problema va más allá de comparar el salario mínimo de $689.454, con el valor de la canasta mínima vital de ingresos bajos. Según datos del DANE, a diciembre del 2015 el 47,1% de los ocupados en Colombia ganaba menos de un salario mínimo, y el 82,8% ganaba de menos de dos salarios mínimos hacia abajo. En otras palabras: casi el 83% de los ocupados en nuestro país tiene dificultad para acceder a la canasta mínima vital de ingresos bajos. Ver el siguiente cuadro:

 

 

En un contexto de bajos ingresos y alto desempleo es profundamente regresivo y recesivo incrementar la tarifa del IVA al 19% y establecer dos nuevos impuestos a la gasolina, que es lo que propone la reforma tributaria. Ello aumentará en más de dos puntos la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta mínima vital para ingresos bajos.

La OCDE, por su parte, presiona para que Colombia tenga una estructura tributaria en la que las personas naturales contribuyan más que las empresas al recaudo de impuestos directos. Mientras en la OCDE las empresas aportan el 28,2% y las personas 71,8%, en Colombia la proporción es inversa: las empresas contribuyen con el 86% y las personas con el 14%. Y lo recaudado a las empresas 3.441 (0,13% del total de ellas) representan el 68% de lo total del recaudo.

La reforma tributaria se propone “corregir” esta supuesta disfuncionalidad tributaria, haciendo que las Mipymes paguen más que las grandes empresas, y que los trabajadores asuman mayor participación en el impuesto de renta en tanto las empresas la disminuyan. Por otra parte, se pretende que la tributación indirecta (que es regresiva) tenga cada vez mayor peso que la directa.

Pero la baja tributación directa de los trabajadores y la alta concentración de ésta en pocas empresas, es síntoma de la precaria estructura empresarial del país, según se aprecia en el siguiente cuadro:

 

Estructura empresarial colombiana

Fuente: DANE, Confecámaras

 

En Colombia existen 2´528.293 empresas, de las cuales 2.518.180 (el 99,6%) generan el 67% del empleo, y el 28% de la riqueza nacional medido mediante el PIB. Solo 10.113 grandes empresas generan el 33% del empleo y el 72% del PIB.

La desigualdad en las utilidades empresariales medido por el Gini es superior al 0,8, mayor al Gini de ingresos, que bordea el 0,54. La reforma tributaria aumentará estas desigualdades al reducir la tarifa de renta de las grandes empresas en cerca de 10 puntos, al reducir los ingresos de los ocupados aumentando la tarifa de renta de las personas naturales, al bajar el umbral para presentar declaración de renta, y al gravar con impuestos indirectos a un país con alto desempleo y un 83% de ocupados cuyos ingresos están por debajo de dos salarios mínimos, que no alcanzan a cubrir su canasta mínima vital.

Es indiscutible que Colombia necesita una reforma tributaria que sea progresiva, eficiente y equitativa, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Nacional. Aunque el proyecto de reforma tributaria tiene algunos aspectos positivos, como el impuesto a los dividendos, algunos avances en el desmonte de los beneficios tributarios, y la introducción del concepto de impuestos saludables, que deberían abordarse de manera integral desde una perspectiva sanitaria, es una reforma profundamente recesiva, ya que contrae la demanda agregada de la población y concentra la riqueza en pocas manos.

En una coyuntura de alto desempleo, alta precariedad laboral, bajos ingresos, alta inflación, progresiva devaluación y bajo crecimiento económico, lo recomendable sería una reorientación de la política económica para impulsar un programa de recuperación que aumente la densidad empresarial, la rentabilidad de las Mipymes; y a la vez una política pública de trabajo decente para formalizar las relaciones laborales de casi 5 millones de trabajadores que se encuentran en condición de ilegalidad laboral, aumentar los salarios y garantizar los derechos de libertad sindical.

Si progresan los contribuyentes (empresas y personas naturales) se aumentará el recaudo sin necesidad de estar haciendo reformas tributarias fiscalistas. La mejor reforma tributaria en la condición actual, es un programa de recuperación económica que aumente la base tributaria (más empresas y empleos de calidad). El problema del país no es fiscal, es de baja rentabilidad empresarial de las Mipymes, y baja productividad de la economía.

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Martes, 29 Noviembre 2016 06:30

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

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Lunes, 28 Noviembre 2016 17:16

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enEdición Nº230
Miércoles, 26 Octubre 2016 10:08

La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí...

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

Martes, 23 Octubre 2012 20:17

Más para los ricos

El gobierno del presidente Santos ha radicado en el Congreso de la República un Proyecto de reforma tributaria para la equidad social y el mejoramiento del empleo formal. La lectura del texto no permite inferir que el resultado de su aplicación lleve a conseguir tales propósitos.

La propuesta tiene 102 artículos y 7 capítulos

Sus aspectos centrales se refieren al Impuesto Alternativo Nacional (IMAN), la reforma de los parafiscales a la nómina que se giran al Sena y al ICBF, y la simplificación del IVA.

No equidad


La equidad social no llegará con la aplicación de las normas, en caso de ser aprobadas, porque el IMAN, que crece progresivamente sobre remuneraciones superiores a 2,3 millones de pesos, es un golpe demoledor a las clases medias, a los profesionales y los consultores. Por esa vía, el Gobierno espera recaudar ocho billones de pesos. La simplificación del IVA a tres tarifas (0%, 5% y 16%) igualmente golpea a los sectores medios y populares, pues se grava el corrientazo y la salud prepagada. Este tributo le dará al gobierno siete billones de pesos. La reducción del impuesto a los capitales golondrinas, del 35 al 10 por ciento, es un privilegio a los especuladores financieros que manipulan títulos de deuda pública y amasan fortunas con sus maniobras monetarias por todo el planeta.

No empleo


La reducción del impuesto a la renta del 33 al 27 por ciento, para crear una Contribución para la Equidad (CREE) del 6 por ciento –al tiempo que se eliminan los aportes de nómina para el Sena, el ICBF y la salud–, no traerá los resultados anunciados en materia de formalización de empleo y ampliación del trabajo porque los empresarios, como ya se probó con las leyes de flexibilización laboral de los 90 y las de primer empleo, no utilizan las mayores utilidades para crear puestos de trabajo sino para atender presiones laborales. La eliminación de los parafiscales es un golpe demoledor al Sena, al ICBF y a la salud de los trabajadores porque los deja a merced de las coyunturas económicas de prosperidad, que son muy volátiles, pero lo más graves consiste en que no se hacen previsiones en el presupuesto público para darles soporte fiscal a dichas entidades de reconocida importancia en la formación de la mano de obra, en la atención de la familia y en la salud de los asalariados.

Más plata para los ricos


El nuevo estatuto tributario deja intacto el sistema de exoneraciones fiscales para grandes monopolios, que, según estudios, oscilan entre 20 y 27 billones de pesos anuales.

Las multinacionales mineras siguen sin pagarle tributos al Estado, pues tienen todas las gabelas para explotar nuestros recursos energéticos y mineros, y llevárselos sin mayores costos tributarios. Es el modelo neoliberal irlandés que ya sabemos en qué paró.

Total, la reforma tributaria proyectada por el gobierno de la ‘prosperidad democrática’ deja intacto el obsoleto y regresivo sistema de impuestos colombiano, que en los gravámenes al patrimonio no alcanza al 7 por ciento, y en el total del tributo no sube más allá del 15. Ello contrasta con otras naciones, como Brasil, donde se paga el 34 por ciento, o Dinamarca, donde se aporta un porcentaje del 48.

Con razón somos el tercer país con mayor desigualdad en el planeta, porque, entre otras razones, los ricos no pagan impuestos.

Para concluir, digamos que, de ser aprobado el proyecto por el Congreso, no alcanzará la equidad ni el pleno empleo que con tanta demagogia se anuncian los voceros del Gobierno.



Recuadro

César Giraldo

“Vendrán más reformas: tributarias, fiscales y pensional”


Contra lo dicho en su campaña electoral, el gobierno de Santos presentó una reforma tributaria. El tiempo elegido para hacerlo: en simultaneidad con la negociación de paz abierta con la insurgencia, que actuará como mampara y distractor sobre la cascada impositiva que recaerá sobre los menos pudientes. El argumento al sustentarla: reducir la desigualdad social en el país, reducir el desempleo y la pobreza. Simples palabras, pues los hechos indican otra cosa.

Desde abajo.
¿El Gobierno dice que la reforma pretende disminuir la informalidad. ¿Qué porcentaje de empleo informal hay en Colombia?
César Giraldo. Según como se mida. Las cifras que usa el Dane –trabajadores en empresas de menos de cinco personas, los por cuenta propia, servicio doméstico, del campo– lo ubican en un 55 por ciento. Si uno lo mirara a partir de quienes cotizan –afiliados a la seguridad social–, supera el 70. La informalidad reinante aquí es de las más altas de América Latina, fenómeno que además persiste y está más allá del crecimiento general de la economía, o de la recuperación de algún sector, pero en el largo plazo la tendencia es creciente. Ello indica que el trabajo se está precarizando. En el fondo, todo lo que es trabajo precario, si uno toma informalidad –póngamosla en el 55%–, le suma desempleo –el 10%– y subempleo formal, encuentra que el trabajo precario en Colombia es del 85 por ciento.

da. Ante esta realidad, ¿qué implicaciones tendrá en el mundo del trabajo la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso?
CG. Al presentarla, el Gobierno dice que quiere generar más empleo y acabar con la informalidad; que la propuesta eliminará impuestos a la nómina destinados a financiar el Sena, 2 puntos; a financiar el ICBF, 3; a financiar la salud en la parte patronal, 8. No se acaban las contribuciones de los trabajadores. Las contribuciones patronales serían sustituidas por un impuesto a las utilidades empresariales, de 8 puntos.

Pero es una falacia afirmar que la disminución de los impuestos al trabajo generará más formalidad y con ello más empleo; sería como afirmar que el problema del empleo depende del salario y que a medida que se flexibiliza generará más empleo. En Colombia hay varias ofensivas empresariales y gubernamentales por flexibilizar el contrato laboral: Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2003, Ley del primer empleo (y ahora este tema de la reforma tributaria), y pese a ello no generan empleo formal.

El problema de la informalidad y el desempleo es histórico en Colombia, ahora presente en todos los países, producto de la lógica del capitalismo actual, dedicado a la especulación financiera sin preocuparse por fortalecer el sector productivo.

Lo que hacen, entonces, es desviar la atención de la opinión pública y favorecer a los empresarios, porque los desgravan con el argumento de que el empleo y el crecimiento dependen de la inversión de los capitalistas, porque ellos son “los que generan empleo”, y por tanto toda reforma tributaria y de carácter fiscal tiene que favorecerlos. Es un discurso basado en la concepción de que el trabajo es lo que genera riqueza –perdón, el capital es lo que genera riqueza–, y lo que genera empleo, pero en el fondo es la misma puja histórica conocida por la humanidad, la puja distributiva entre capital y trabajo, y cada vez el capital quiere lograr más del excedente económico y extraérselo al trabajador. Ése, el fondo de la reforma actual.

da. ¿La reforma es parte de un conjunto más amplio de reformas económico-sociales?
CG. ¿Cuál la índole de la reforma tributaria? El Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, dice que no busca recaudar impuestos. Quiere es un cambio estructural: desgravar el capital, gravar más el trabajo. Para ello concierta gran parte de su iniciativa, primero a su interior, luego con el empresariado, pero no consulta al conjunto social, a los trabajadores. El Gobierno sabe bien para dónde va, y calcula hasta dónde llegar, y busca alianzas. Eso indica que vendrán más reformas, tributarias –para tocar otros aspectos– y fiscales (para fortalecer las reglas fiscales y limitar el endeudamiento territorial). En el paquete de reformas también vendrá la pensional. Es una agenda oculta, concertada con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero para no despertar protestas las sueltan poco a poco.

Esta política favorece al capital, sobre todo el trasnacional. Ocurre que en el país todo el excedente económico generado se fuga en la balanza de pagos, en el pago de intereses de la deuda y las remesas de utilidades. Si miramos la balanza de pagos, la variable “Renta de los factores” –lo relativo a los rublos que mencionados–, intereses de la deuda y remesa de utilidades al exterior andan disparados: para 2011 fueron más o menos 17 mil millones de dólares, cifra gigantesca; en 2010 fueron 14 mil millones, 13 mil en 2009; en 2007 fueron 5 mil; 2 mil en 2002. Tal realidad lleva a la economía colombiana a un desequilibrio que nos pone en la situación de Europa antes de la crisis; el país se sostiene con inversión extranjera en el sector minero energético, pero cuando esos flujos se paren y Colombia no halle petróleo, la balanza se torna insostenible y nos abocaremos a una crisis financiera, una crisis de balanza de pagos.

Sería bueno, por todo esto, que el conjunto social le exigiera al Gobierno que diga cuál es la agenda económica a largo plazo; que no nos la suelten a poquitos.

Publicado enEdición 185