Sábado, 06 Julio 2019 08:22

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enColombia
Domingo, 30 Junio 2019 15:58

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enEdición Nº258
Christy Petropoulou, Crisis-scapes: Athens and Beyond, 2014.

Comprender las características y dinámicas que resaltan en el espacio público urbano, además del paisaje que recrean estos grandes espacios de vida donde cada vez más nos amontonamos los humanos, y sus reivindicaciones desde los procesos comunitarios, son parte de las preocupaciones de Christy Petropoulou, doctora en Geografía Humana y profesora en tal área de la Universidad de Egeo, Grecia, quien también se interesa por comprender la dinámica de los movimientos sociales en la construcción y transformación de espacios geográficos alternos.

Después del XVII Encuentro Latinoamericano de Geógrafos realizado en Quito, Ecuador, a finales de abril, esta docente e investigadora europea recorre parte de Colombia. Dentro de sus intereses cargaba el de conocer experiencias comunitarias y populares.

Aprovechando esta circunstancia, La Red Colombiana de Estudiantes de Geografía tuvo la oportunidad de conversar en Pasto, Popayán y Bogotá con Christy, quien compartió las experiencias de resistencias de los pueblos de América Latina y las relaciones con los movimientos urbanos en Grecia.

Christy resalta el papel de la disciplina geográfica en el análisis de los movimientos sociales: al ser seres espaciales, todas nuestras relaciones ocurren en un espacio que constantemente modificamos y a su vez nos construye. Es así como, cambiando esas relaciones establecidas con el espacio, tejiendo sociedad en resistencia y rebeldía en territorio, podría cambiar el habitus de las sociedades, entendiendo el mismo como las estructuras establecidas a partir de las cuales entendemos la realidad social y actuamos en nuestro día a día, habitus dominante que impide cambiar el orden por un habitus subversivo, incluyente y nuevo. Sumado a ello, esas experiencias de cambio locales, territoriales, también tienen una incidencia en el escenario global, concepto conocido como “glocal”, enseñándonos, por ejemplo, que los movimientos sociales latinoamericanos han trascendido del escenario local para volverse movimientos que enseñan al pueblo global.

 

Aprovechando su visita conversamos con ella. Aquí parte de sus opiniones y de la investigación que adelanta.

Red: ¿Por qué es importante analizar los movimientos sociales urbanos desde la Geografía?
Christy: Los movimientos urbanos y regionales sociales son los que cambian la significación del espacio, lo que conlleva, por ejemplo, que un movimiento contra la transformación de una plaza en centro comercial puede incidir para transformar un espacio de pasaje y de itinerarios individuales e indiferentes en un espacio de solidaridad y de creación de lo común. Un espacio donde no se reivindican solo unos derechos si no que se construyen los derechos. Pero también, un movimiento contra una mina de oro puede guardar y revalorizar el espacio con los principios de buen vivir y de reconocimiento de la madre tierra. A veces, cuando este movimiento se hace más amplio y se conecta con movimientos anticapitalistas, anti-patriarcales y ecológicos, puede construir hetero-topias de otros mundos diferentes de los que vivimos y que nos humillan cada día.

El espacio es muy importante dentro de este proceso, por eso la geografía es importante. La territorialidad y el proceso de la creación de topos que se produce por estos movimientos a veces construye una otra tradición oral, que con el tiempo transforma la significación del espacio y produce otros códigos de comunicación en la vida cotidiana, con lo cual, finalmente, puede ser que con el tiempo cambie el habitus.

Red: ¿Los movimientos urbanos griegos vivieron un crecimiento luego de la crisis del 2008? ¿Podría explicarnos cómo fue esto?
Christy: Para ese momento existía una revitalización de viejos movimientos urbanos y regionales, a partir de la vinculación de nuevas generaciones. Pero también había un declive de unos movimientos muy burocratizados o de otros muy cerrados.

Con la crisis y la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó un organismo oficial, el Taiped, que tenía como cargo la liquidación de las propiedades públicas. La desazón que esto produce es total. Además, la disminución de los salarios y el crecimiento de desempleo en muchos sectores produce una frustración que solo por medio de encuentros en los espacios públicos podría sobrellevarse. Entonces aparecieron muchos movimientos por todo el país, algunos regionales, otros muy localizados en espacios reivindicados.

Muchos de estos movimientos, con el nuevo gobierno de coalición de la izquierda progresista con una parte de la derecha nacionalista (Syriza - Anel), ya no existen porque algunos se institucionalizaron por medio de la participación electoral, y otros se dividieron porque unos miembros eligieron la participación con el actual gobierno.

Pero lo aprendido de todo esto es hacer las cosas de manera común y solidaria. Eso no se pierde. Se reproduce por medio de rizomas en otros lados y otras experiencias, como por ejemplo en los espacios de solidaridad con los refugiados llegados al país y distribuidos por muchas partes del mismo. Ya cambió un habitus, el de individualismo por el de solidaridad. Pero esta lucha sigue en la vida cotidiana y como todas sabemos, es muy difícil.
Red: ¿Qué tipo de movimientos sociales urbanos se presentan en Grecia? Y desde su observación, ¿Cuál podría ser la ciudad que proponen o reivindican?
Christy: Existen diferentes movimientos urbanos y regionales. Algunos se formaron alrededor de la reivindicación de una plaza o de una calle, de un espacio abandonado que transforma en parque o la reivindicación del viejo aeropuerto abandonado. Otros se formaron contra los grandes proyectos de minas, de hidroeléctricas y de privatizaciones de parques de espacios arqueológicos, de bosques y de playas. Otros alrededor de otra motivaciones. También existe un importante pero pequeño movimiento de recuperación de empresas endeudadas, y un movimiento importante de nuevas cooperativas de cafés, restaurantes, editoriales, etcétera.
Los últimos años se multiplicaron también las ocupaciones-recuperaciones de edificios abandonados para la instalación de refugiados. Dentro de estos colectivos, también existen ideas ecologistas, anti-patriarcales, antirracistas, antifascistas y anticapitalistas, que no podemos decir que los caracterizan todo, pero existe gran inspiración de estas ideas, particularmente de las zapatistas, con tal inspiración muchos pretenden construir otros mundos.

Estas iniciativas, colectivos y movimientos, no tienen una propuesta para la ciudad pero crean redes de localidades de resistencia y creatividad dentro de la ciudad, potenciando nuevos espacios comunes y recreando un espacio público más inclusivo. Es así que podemos decir que ejercen el derecho a la ciudad, y no solo lo reivindican.

Red: Desde la perspectiva glocal, ¿cuáles son algunos de los aspectos del movimiento social latinoamericano que aportan luces a los movimientos urbanos en Grecia?
Christy: 1) La idea que podemos construir un mundo donde quepan muchos mundos; 2) La idea de tomar la decisiones en las asambleas por consenso, que es difícil de aplicar pero se intenta; 3) El buen vivir y una otra relación con la pacha mama, que pasa por la misma conciencia de la territorialidad y el cuidado de los granos, de las aguas, de los bosques, de las playas, por medio de actos en la vida cotidiana; 4) La fuerte tradición de luchas en América Latina y más la revolución cubana, el movimiento Zapatista, el movimiento Piquetero y la recuperación de las empresas en Argentina, las luchas contra las minas en Perú y Colombia, así como el movimiento contra la privatización del agua en Bolivia. Y ahora viene el movimiento feminista, anti-racista, anti-patriarcal; y 5) La idea de crear nuevos mundos en espacios donde se construyen las autonomías en el nivel territorial, en la vida cotidiana y no esperar solo a que el gobierno escuche las reivindicaciones.

Red: De la experiencia reunida en Colombia, ¿cuál cree que es el principal habitus subversivo de sus movimientos urbanos y sociales?
Christy: Colombia es un país de gran diversidad de paisajes y culturas, que resume toda la experiencia de América Latina en sus diferentes movimientos de autonomías indígenas y afro-descendientes (palenques o quilombos), hasta diferentes tipos de guerrillas (fracasadas algunas porque entraron al juego del poder oficial y al comercio de drogas). Pero también tiene una fuerte historia de lucha por la reforma agraria, siempre pendiente en su concreción.

Dentro de este contexto, el habitus de la clase media alta de tener siempre una mujer indígena o afro-descendiente para los trabajos de la casa, y unos hombres para la finca o la empresa en la ciudad con unos sueldos de hambre que siempre tiene que decir “sí señor”, con miedo, este habitus empieza a cambiar.

Es este habitus del miedo de expresarse, cultural y políticamente, generalizado en toda la sociedad vía el paramilitarismo, el que empieza a cambiar. Y eso pasa en las regiones donde se construyen las autonomías indígenas y afro-descendientes, allí es donde este proceso de cambio es más visible, con las asambleas donde participa toda la comunidad, que se alimentan de rituales, de comida y de baile común.
En las ciudades puede verse, dentro de unas universidades y escuelas alternativas, diversidad de colectivos; fuera de ellas, en las plazas, son evidentes su ocupación por comerciantes ambulantes independientes y artistas.

El arte, la comida y el baile crean espacios de encuentros que forman una ritualidad de habitus subversivo. Crean la poética de los movimientos. Sin ésta no podemos recuperar la vida y afrontar el miedo que se reproduce en esta época de “bio-capitalismo”.

Colombia conoce muy bien este miedo. La situación del shock y de perpetua “excepción” de derechos constituyentes está presente en todos los niveles de la vida. Con los desaparecidos, los asesinados, los feminicidios, los falsos positivos, los exilados, las consignas de terror de tipo “los buenos niños duermen temprano” y, actualmente, con las pláticas de paz que no reconocen la existencia de una guerra civil y tratan todas las formas de violencia de la misma manera, intentando borrar la historia.

Pero las prohibiciones silenciosas de salir de noche se rompen con las fiestas comunes y los mercados nocturnos. Las prohibiciones de expresarse en unas ciudades uniformes y mono-coloridas se rompen con los magníficos grafitis y murales que dicen la historia de esta ciudades y más, la historia de las periferias de auto-construcción popular. En el campo se construyen otros mundos por medio de las autonomías y en las ciudades nacen muchos nuevos colectivos.

Durante mi estancia en Bogotá, los edificios históricos de la Plaza de Bolívar estaban cubiertos de telas negras para protegerlos de los colores de los manifestantes. Alrededor había unos perpetuos trabajos de reconstrucción y re-significación de la ciudad que no terminaban nunca. Esto es un intento de gentrificación como decimos en Geografía Urbana, que quiere sacar la imagen de los pobres de la ciudad solo cambiándola de lugar. Estas telas negras en la Plaza Bolívar eran como un funeral para los asesinados y los desaparecidos.

Estos colores uniformes en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal, donde fui, eran como un funeral para los sueños borrados, que existen siempre bajo estos colores y donde algunos jóvenes las hacen revivir.

Finalmente, las paredes y las redes hablan, no se callan, y eso es un logro de los jóvenes “incluir la receta del amor de las generaciones anteriores y sustituir el miedo”.

En conclusión, la multiplicación de las acciones anticapitalistas, de las experiencias de construcción de otros mundos posibles, va rompiendo ese habitus establecido y generando grietas en el capitalismo global; avanzamos en la medida que multiplicamos las acciones y las organizaciones pues aprendemos de esas diversas formas de hacer. Sin embargo, la tarea es ¿cómo cohesionarnos para fortalecernos y resistir a la fracturación y atomización de los movimientos sociales? ¿Cómo resistimos en conjunto para que no fracture el miedo, la represión y la muerte a los líderes y lideresas de nuestro mundo? En otras palabras, ¿cuánto de amor debemos de agregar y qué otros elementos necesitamos para sustituir el ingrediente del miedo?

Publicado enColombia
Christy Petropoulou, Crisis-scapes: Athens and Beyond, 2014.

Comprender las características y dinámicas que resaltan en el espacio público urbano, además del paisaje que recrean estos grandes espacios de vida donde cada vez más nos amontonamos los humanos, y sus reivindicaciones desde los procesos comunitarios, son parte de las preocupaciones de Christy Petropoulou, doctora en Geografía Humana y profesora en tal área de la Universidad de Egeo, Grecia, quien también se interesa por comprender la dinámica de los movimientos sociales en la construcción y transformación de espacios geográficos alternos.

Después del XVII Encuentro Latinoamericano de Geógrafos realizado en Quito, Ecuador, a finales de abril, esta docente e investigadora europea recorre parte de Colombia. Dentro de sus intereses cargaba el de conocer experiencias comunitarias y populares.

Aprovechando esta circunstancia, La Red Colombiana de Estudiantes de Geografía tuvo la oportunidad de conversar en Pasto, Popayán y Bogotá con Christy, quien compartió las experiencias de resistencias de los pueblos de América Latina y las relaciones con los movimientos urbanos en Grecia.

Christy resalta el papel de la disciplina geográfica en el análisis de los movimientos sociales: al ser seres espaciales, todas nuestras relaciones ocurren en un espacio que constantemente modificamos y a su vez nos construye. Es así como, cambiando esas relaciones establecidas con el espacio, tejiendo sociedad en resistencia y rebeldía en territorio, podría cambiar el habitus de las sociedades, entendiendo el mismo como las estructuras establecidas a partir de las cuales entendemos la realidad social y actuamos en nuestro día a día, habitus dominante que impide cambiar el orden por un habitus subversivo, incluyente y nuevo. Sumado a ello, esas experiencias de cambio locales, territoriales, también tienen una incidencia en el escenario global, concepto conocido como “glocal”, enseñándonos, por ejemplo, que los movimientos sociales latinoamericanos han trascendido del escenario local para volverse movimientos que enseñan al pueblo global.

 

Aprovechando su visita conversamos con ella. Aquí parte de sus opiniones y de la investigación que adelanta.

Red: ¿Por qué es importante analizar los movimientos sociales urbanos desde la Geografía?
Christy: Los movimientos urbanos y regionales sociales son los que cambian la significación del espacio, lo que conlleva, por ejemplo, que un movimiento contra la transformación de una plaza en centro comercial puede incidir para transformar un espacio de pasaje y de itinerarios individuales e indiferentes en un espacio de solidaridad y de creación de lo común. Un espacio donde no se reivindican solo unos derechos si no que se construyen los derechos. Pero también, un movimiento contra una mina de oro puede guardar y revalorizar el espacio con los principios de buen vivir y de reconocimiento de la madre tierra. A veces, cuando este movimiento se hace más amplio y se conecta con movimientos anticapitalistas, anti-patriarcales y ecológicos, puede construir hetero-topias de otros mundos diferentes de los que vivimos y que nos humillan cada día.

El espacio es muy importante dentro de este proceso, por eso la geografía es importante. La territorialidad y el proceso de la creación de topos que se produce por estos movimientos a veces construye una otra tradición oral, que con el tiempo transforma la significación del espacio y produce otros códigos de comunicación en la vida cotidiana, con lo cual, finalmente, puede ser que con el tiempo cambie el habitus.

Red: ¿Los movimientos urbanos griegos vivieron un crecimiento luego de la crisis del 2008? ¿Podría explicarnos cómo fue esto?
Christy: Para ese momento existía una revitalización de viejos movimientos urbanos y regionales, a partir de la vinculación de nuevas generaciones. Pero también había un declive de unos movimientos muy burocratizados o de otros muy cerrados.

Con la crisis y la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó un organismo oficial, el Taiped, que tenía como cargo la liquidación de las propiedades públicas. La desazón que esto produce es total. Además, la disminución de los salarios y el crecimiento de desempleo en muchos sectores produce una frustración que solo por medio de encuentros en los espacios públicos podría sobrellevarse. Entonces aparecieron muchos movimientos por todo el país, algunos regionales, otros muy localizados en espacios reivindicados.

Muchos de estos movimientos, con el nuevo gobierno de coalición de la izquierda progresista con una parte de la derecha nacionalista (Syriza - Anel), ya no existen porque algunos se institucionalizaron por medio de la participación electoral, y otros se dividieron porque unos miembros eligieron la participación con el actual gobierno.

Pero lo aprendido de todo esto es hacer las cosas de manera común y solidaria. Eso no se pierde. Se reproduce por medio de rizomas en otros lados y otras experiencias, como por ejemplo en los espacios de solidaridad con los refugiados llegados al país y distribuidos por muchas partes del mismo. Ya cambió un habitus, el de individualismo por el de solidaridad. Pero esta lucha sigue en la vida cotidiana y como todas sabemos, es muy difícil.
Red: ¿Qué tipo de movimientos sociales urbanos se presentan en Grecia? Y desde su observación, ¿Cuál podría ser la ciudad que proponen o reivindican?
Christy: Existen diferentes movimientos urbanos y regionales. Algunos se formaron alrededor de la reivindicación de una plaza o de una calle, de un espacio abandonado que transforma en parque o la reivindicación del viejo aeropuerto abandonado. Otros se formaron contra los grandes proyectos de minas, de hidroeléctricas y de privatizaciones de parques de espacios arqueológicos, de bosques y de playas. Otros alrededor de otra motivaciones. También existe un importante pero pequeño movimiento de recuperación de empresas endeudadas, y un movimiento importante de nuevas cooperativas de cafés, restaurantes, editoriales, etcétera.
Los últimos años se multiplicaron también las ocupaciones-recuperaciones de edificios abandonados para la instalación de refugiados. Dentro de estos colectivos, también existen ideas ecologistas, anti-patriarcales, antirracistas, antifascistas y anticapitalistas, que no podemos decir que los caracterizan todo, pero existe gran inspiración de estas ideas, particularmente de las zapatistas, con tal inspiración muchos pretenden construir otros mundos.

Estas iniciativas, colectivos y movimientos, no tienen una propuesta para la ciudad pero crean redes de localidades de resistencia y creatividad dentro de la ciudad, potenciando nuevos espacios comunes y recreando un espacio público más inclusivo. Es así que podemos decir que ejercen el derecho a la ciudad, y no solo lo reivindican.

Red: Desde la perspectiva glocal, ¿cuáles son algunos de los aspectos del movimiento social latinoamericano que aportan luces a los movimientos urbanos en Grecia?
Christy: 1) La idea que podemos construir un mundo donde quepan muchos mundos; 2) La idea de tomar la decisiones en las asambleas por consenso, que es difícil de aplicar pero se intenta; 3) El buen vivir y una otra relación con la pacha mama, que pasa por la misma conciencia de la territorialidad y el cuidado de los granos, de las aguas, de los bosques, de las playas, por medio de actos en la vida cotidiana; 4) La fuerte tradición de luchas en América Latina y más la revolución cubana, el movimiento Zapatista, el movimiento Piquetero y la recuperación de las empresas en Argentina, las luchas contra las minas en Perú y Colombia, así como el movimiento contra la privatización del agua en Bolivia. Y ahora viene el movimiento feminista, anti-racista, anti-patriarcal; y 5) La idea de crear nuevos mundos en espacios donde se construyen las autonomías en el nivel territorial, en la vida cotidiana y no esperar solo a que el gobierno escuche las reivindicaciones.

Red: De la experiencia reunida en Colombia, ¿cuál cree que es el principal habitus subversivo de sus movimientos urbanos y sociales?
Christy: Colombia es un país de gran diversidad de paisajes y culturas, que resume toda la experiencia de América Latina en sus diferentes movimientos de autonomías indígenas y afro-descendientes (palenques o quilombos), hasta diferentes tipos de guerrillas (fracasadas algunas porque entraron al juego del poder oficial y al comercio de drogas). Pero también tiene una fuerte historia de lucha por la reforma agraria, siempre pendiente en su concreción.

Dentro de este contexto, el habitus de la clase media alta de tener siempre una mujer indígena o afro-descendiente para los trabajos de la casa, y unos hombres para la finca o la empresa en la ciudad con unos sueldos de hambre que siempre tiene que decir “sí señor”, con miedo, este habitus empieza a cambiar.

Es este habitus del miedo de expresarse, cultural y políticamente, generalizado en toda la sociedad vía el paramilitarismo, el que empieza a cambiar. Y eso pasa en las regiones donde se construyen las autonomías indígenas y afro-descendientes, allí es donde este proceso de cambio es más visible, con las asambleas donde participa toda la comunidad, que se alimentan de rituales, de comida y de baile común.
En las ciudades puede verse, dentro de unas universidades y escuelas alternativas, diversidad de colectivos; fuera de ellas, en las plazas, son evidentes su ocupación por comerciantes ambulantes independientes y artistas.

El arte, la comida y el baile crean espacios de encuentros que forman una ritualidad de habitus subversivo. Crean la poética de los movimientos. Sin ésta no podemos recuperar la vida y afrontar el miedo que se reproduce en esta época de “bio-capitalismo”.

Colombia conoce muy bien este miedo. La situación del shock y de perpetua “excepción” de derechos constituyentes está presente en todos los niveles de la vida. Con los desaparecidos, los asesinados, los feminicidios, los falsos positivos, los exilados, las consignas de terror de tipo “los buenos niños duermen temprano” y, actualmente, con las pláticas de paz que no reconocen la existencia de una guerra civil y tratan todas las formas de violencia de la misma manera, intentando borrar la historia.

Pero las prohibiciones silenciosas de salir de noche se rompen con las fiestas comunes y los mercados nocturnos. Las prohibiciones de expresarse en unas ciudades uniformes y mono-coloridas se rompen con los magníficos grafitis y murales que dicen la historia de esta ciudades y más, la historia de las periferias de auto-construcción popular. En el campo se construyen otros mundos por medio de las autonomías y en las ciudades nacen muchos nuevos colectivos.

Durante mi estancia en Bogotá, los edificios históricos de la Plaza de Bolívar estaban cubiertos de telas negras para protegerlos de los colores de los manifestantes. Alrededor había unos perpetuos trabajos de reconstrucción y re-significación de la ciudad que no terminaban nunca. Esto es un intento de gentrificación como decimos en Geografía Urbana, que quiere sacar la imagen de los pobres de la ciudad solo cambiándola de lugar. Estas telas negras en la Plaza Bolívar eran como un funeral para los asesinados y los desaparecidos.

Estos colores uniformes en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal, donde fui, eran como un funeral para los sueños borrados, que existen siempre bajo estos colores y donde algunos jóvenes las hacen revivir.

Finalmente, las paredes y las redes hablan, no se callan, y eso es un logro de los jóvenes “incluir la receta del amor de las generaciones anteriores y sustituir el miedo”.

En conclusión, la multiplicación de las acciones anticapitalistas, de las experiencias de construcción de otros mundos posibles, va rompiendo ese habitus establecido y generando grietas en el capitalismo global; avanzamos en la medida que multiplicamos las acciones y las organizaciones pues aprendemos de esas diversas formas de hacer. Sin embargo, la tarea es ¿cómo cohesionarnos para fortalecernos y resistir a la fracturación y atomización de los movimientos sociales? ¿Cómo resistimos en conjunto para que no fracture el miedo, la represión y la muerte a los líderes y lideresas de nuestro mundo? En otras palabras, ¿cuánto de amor debemos de agregar y qué otros elementos necesitamos para sustituir el ingrediente del miedo?

Publicado enEdición Nº257
Viernes, 14 Diciembre 2018 10:14

Getsemaní, una historia de despojo

Getsemaní, una historia de despojo

"En Getsemaní la depredación es tan grande que no está quedando gente. Ya no llegamos a las 200 familias", dice Miguel Caballero, presidente de la Fundación Gimaní Cultural.

 

Getsemaní pasó de tener reputación de tugurio en los años 90, a ser ícono de auténtico ambiente cartagenero, con familias locales que todavía viven en el barrio y coloridos murales en sus calles. Ahora va a pasar de ser el sector mochilero y de rumba por excelencia, a la zona hotelera que contenga los resorts más exclusivos del país, incluyendo el primer hotel 6 estrellas de Colombia.

El barrio de Cartagena que prosperó con la artesanía y el comercio local y portuario, que alojó a los primeros esclavos libres de la ciudad, acogió a diversos grupos étnicos y culturales –africanos, españoles, sirio-libaneses, judíos– y fue escenario del surgimiento del proceso de independencia tiene cada vez menos habitantes. Según Miguel Caballero Villarreal, habitante de la calle Pedro Romero y presidente de la Fundación Gimaní Cultural, que labora por la preservación de la cultura getsemanisense, solo quedan alrededor de 16 por ciento de los habitantes que conformaban el barrio tres décadas atrás.

 

La gentrificación

 

La gentrificación se refiere a un proceso de desplazamiento de los habitantes originales de un territorio a favor de otros grupos que tienen un interés económico en la zona. Una de las principales manifestaciones de la gentrificación en Getsemaní resalta en la sobrevaloración de los predios en la comunidad.

Todo proceso urbano tiene un arranque, y el que nos ocupa obliga a remontarnos a 1978 cuando ocurrió la primera intervención sobre el barrio: desalojo del Mercado Público –para transferirlo a Bazurto– y establecer allí el Centro de Convenciones. Una puñalada a la historia y a la cotidianidad de quienes desde siempre viven allí, pues este cambio de escenario les restringió el acceso al puerto de la Bahía de las Ánimas, cuando a lo largo de toda la historia del barrio estos dos habían coexistido en una especie de relación simbiótica.

Un proceso que no muere allí. En los años 80 y 90 el barrio sufrió un gran deterioro, tanto por la retirada de las dinámicas económicas del mercado como por el abandono estatal. Un ejemplo de ello: o en 1983 el estado invirtió en Cartagena dinero para el enterrado del cableado eléctrico en el Centro Histórico en el marco del aniversario de los 450 años de la ciudad, pero Getsemaní quedó excluido de este proyecto. El deterioro de este territorio era su pretensión, camino que siguen en todo lugar del cual quieren su depresión, para que pierda valor, sus pobladores originarios se dispongan a vender sus casas a menor precio y los especuladores urbanos hagan moñona.

Luego de la declaración de Cartagena como Patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984, un proceso de gentrificación similar al de Getsemaní comenzó en el Centro y San Diego, con la diferencia de que en esta zona se desarrollaron proyectos de urbanización de grandes conjuntos residenciales, como la Serrezuela, Portobello, Las Bóvedas o Santo Domingo, de manera que en el Centro aún vive gente. A medida que se fueron agotando los espacios y la rentabilidad de invertir en el Centro, comenzó a incrementarse el interés en Getsemaní.

“El proyecto de gentrificación comienza cuando la gente está preocupada por cambiarle la cara al barrio. En los 90 comienza la demanda porque el Centro queda saturado,” afirma Caballero. Además evoca cómo hace nada más 10 años un arriendo en Getsemaní podía costar entre 500 y 800 mil pesos por un apartamento o una casa, mientras actualmente el mismo espacio puede costar entre 6 y 10 millones de pesos.

Es así como el precio de los servicios públicos ha aumentado es su tarifa de manera desproporcionada para muchas familias, como si allí solo vivieran ricos, olvidando que Getsemaní cuenta con todos los estratos sociales, de 1 a 6. No es raro, por tanto, que existan casas que utilizan electricidad de los postes de luz pública para así evitar pagar el servicio.

Es una presión para que la gente desaloje y de paso a nuevos propietarios, ahora portadores de capital. Y es que esta presión no hay quien la resista, de manera que la gente prefiere vender o arrendar y buscar vivienda en otro barrio, uno más económico. Y la tentación de vender no es poca pues ahora el metro cuadrado en Getsmaní oscila entre los 4 y 7 millones de pesos–.

 

Los emporios hoteleros

 

Getsemaní es hoy una zona de concentración de hoteles de diversa oferta: desde hostales de bajo presupuesto hasta exclusivos hoteles boutique. Es por ello que esta parte de la ciudad se ha convertido en la zona que más mochileros recibe, pues acá se encuentran, entre toda la oferta existente, los hospedajes más económicos de la ciudad.

Tal vez esta realidad dure poco, pues en la actualidad están en construcción dos megaproyectos de hoteles de lujo: el San Francisco de la cadena Four Seasons y el Hotel Convento Obra Pía, Viceroy Cartagena.  

El Hotel San Francisco pertenece a la cadena canadiense Four Seasons, pero la inversión es del grupo Santodomingo. En julio de 2017 arrancó este proyecto, en un territorio de 30 mil metros cuadrados que abarca desde la antigua sede del Club Cartagena, hasta el antiguo teatro Rialto pasando por las antiguas salas de cine Cartagena, Calamarí, Bucanero y Colón. La inversión total es de 100 millones de dólares.

El proyecto Convento Obra Pía está pensado como el hotel más exclusivo del país, el primero de 6 estrellas; estará ubicado en la calle de la Media Luna en la antigua sede del colegio La Femenina; su administración correrá a cargo del grupo Viceroy Hotels, pero la inversión de 50 millones de dólares es de KIT Capital, un grupo de inversión creado por el empresario y exbanquero de Goldman Sachs Kaleil Isaza Tuzman, que realiza negocios en finca raíz, medios digitales y el sector biomédico.

Isaza Tuzman es un colombo-estadounidense de padres colombianos criado en Boston que fue detenido en Colombia en 2015 por fraude y extraditado a Estados Unidos en 2016. Isaza Tuzman fue acusado de manipulación de mercado y fraude contable en su compañía KIT Digital, que quebró en 2013. El proyecto Obra Pía afirma que el percance legal con Isaza no interviene en el desarrollo del proyecto, que estaba estipulado para entregarse en el primer semestre de 2016.

 

La modificación de la vida del barrio

 

El Hotel San Francisco se situará al lado de la Universidad Rafael Nuñez. La dinámica económica que generan los estudiantes de la misma al interior del barrio es grande pues muchos arriendan habitación en Getsemaní y conviven con los habitantes del barrio. Una preocupación que tienen los getsemanisenses es que el hotel pueda llegar a abarcar también los territorios del centro de estudios.

Aunque los negocios que llegan al barrio generan empleo, Caballero Villarreal afirma que “el turismo no siempre es benéfico, hay mucha gente que viene por drogas y alcohol. Si hay demanda hay oferta. Esto perturba la tranquilidad de los vecinos”.

María Isabel Gutiérrez Caballero, una joven de 19 años, ha vivido toda su vida en la Calle del Espíritu Santo. Ha visto muchos cambios en el barrio: ahora encuentra menos gente sentada en la puerta de las casas, en la plaza, las calles pasan solas pero llegan más visitantes de otros barrios, ciudades y países. Hace pocos años sus padres recibieron una oferta para comprarles su casa en más de mil millones de pesos, sin embargo, María Isabel y su hermano disuadieron principalmente a su padre de venderla. Las familias, que a diferencia de la de María Isabel sí vendieron, dejan casas que, primero, quedan solas, y después de unos meses se convierten en un hotel o restaurante.

Las familias que deciden quedarse, tienen que enfrentarse, además, a otras transformaciones notables en su territorio, por ejemplo, convivir en un contexto mucho menos tranquilo. Los fines de semana, en especial, hay una oleada de personas que asisten a bares, discotecas y clubs, de donde se desprende música a alto volumen; personas muchas de las cuales llegan en vehículo, atiborrando el tráfico del sector, el cual crea más ruido. Hay que armarse de paciencia para aguantar todo esto.

Es una realidad que aún no es clara cómo terminará. “Finalmente el hotel es muy bonito, pero la gente no viene a encerrarse en un hotel, viene a conocer la comunidad. Y el día que nosotros ya no estemos Getsemaní va a perder el atractivo que lo hace diferente a San Diego y el Centro”, dice Davinson Gaviria Pájaro, habitante del Callejón Ancho y presidente de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní.

 

¿Quedarse?, de héroes

 

“A la comunidad la están arrinconando”, cuenta Miguel Caballero Villarreal. “Cada día cierran más los espacios para la gente. Vivir en Getsemaní no es fácil”. En espacios desalojados como el lote de Las Tortugas, donde actualmente hay un parqueadero, o el edificio Mainero, no quedó nadie porque son privados. Pero al mismo tiempo no hay estímulo estatal para los dueños de este tipo de terreno, para construir allí conjuntos residenciales por habitar por la gente del sector, por pobladores populares.

“Pienso que aunque la pelea no está perdida, hay poco que podemos hacer desde la Junta, porque debe haber una política pública desde el Distrito para incentivar a que la gente no venda sus casas”, afirma Davinson Gaviria Pájaro.

Proyecto 20-20 de la Junta de Acción Comunal propone vincular a la comunidad a los proyectos hoteleros, para que estos no se vean como enemigos sino aliados. Para generar empleo hay que capacitar a la gente. Si hay empleo en los proyectos de Getsemaní, habrá un motivo para que la gente se quede. Mantener a la comunidad en el barrio es el mayor objetivo. Sin embargo, para la gente es una realidad que los hoteles van a contribuir al incremento, cada vez mayor, de los impuestos, entre ellos la misma renta. “Va a ser la estocada final”, afirma Gaviria Pájaro.

Cuando Cartagena resistió en 1815 por tres meses la empresa de reconquista española, esta hazaña le dio a la ciudad el título de Ciudad Heroica. A pesar de las presiones, Getsemaní está resistiendo. Así, Miguel Caballero afirma que actualmente, quedarse a vivir en Getsemaní es como Cartagena siglos atrás, un acto heroico.

Publicado enColombia
De la experiencia urbana a la construcción colectiva de un nuevo paradigma de ciudad

La construcción de la ciudad hoy demanda nuevas lecturas y acciones encaminadas a reconocer las prácticas territoriales, comunitarias, organizativas e incluso institucionales, que redunden definitivamente en un modelo de ciudad ambiental y socialmente sostenible.

 

En “La experiencia urbana y su relación territorial expandida”**, artículo publicado en la anterior edición de este periódico hicimos referencia al actual modelo de ciudad, a algunas de sus principales características y problemáticas asociadas al desarrollo urbano de las ciudades colombianas, identificando las condiciones de segregación, exclusión, consumismo e individualidad que le dan sentido al modelo de ciudad vigente. Este panorama nos cuestiona acerca de ¿Cómo debería ser entonces la alternativa a éste modelo?

 

La premisa gira alrededor de una orientación más humana, sostenible y equitativa, construida a partir de repensar el hábitat como componente transversal y articulador de la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, y el acceso a los servicios públicos, complementarios y urbanos. Un modelo que fortalezca la participación y el trabajo colectivo de los ciudadanos, que les involucre, reconozca y garantice plenamente su derecho a la ciudad.

 

Un nuevo paradigma de ciudad

 

Al ver hacia donde se están orientando las ciudades desde las administraciones municipales, como Bogotá o Medellín, pareciera que un nuevo modelo o paradigma de ciudad está lejos, inalcanzable, pues la priorización de la inversión pública para generar infraestructura productiva está por encima de las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza.

 

El modelo actual considera necesaria la expansión de la ciudad, la renovación urbana y las intervenciones con bulldozer –que arrasan con lo construido, en términos de infraestructura y tejido social–, para potenciar un desarrollo físico espacial que abra las puertas a nuevas inversiones privadas y al mercado, dando paso principalmente al desarrollo económico y el intercambio acelerado de mercancías. La ciudad planeada por la tecnocracia estatal entra entonces en una contradicción expresa con la ciudad habitada –y construida también– por las comunidades.

 

A pesar de este panorama, la ciudad es producto de múltiples intervenciones hechas por diversos actores, quienes desde perspectivas distintas generan otras formas de apropiarla, realizando diferentes intervenciones comunitarias e, incluso públicas, logrando establecer dinámicas sostenibles con el medio ambiente, el vecindario y la ciudad misma.

 

Estas formas de intervención hacen parte de esa otra cara de lo urbano, de un nuevo paradigma que parte del reconocimiento de la ciudad habitada, socialmente construida, y del trabajo de procesos organizativos que por años han respondido a las adversidades de habitar la ciudad informal. A partir del reconocimiento de esa ciudad que no fue planeada pero que respondió a las necesidades de una población creciente –fuertemente ligadas al déficit de vivienda y los servicios públicos–, surgen estrategias claves desde la política pública para mejorar las condiciones del hábitat y compensar los desequilibrios urbanos.

 

Destacamos el papel que juegan, por ejemplo, el mejoramiento integral de barrios y la revitalización urbana en el posicionamiento de políticas e intervenciones que escuchan las exigencias históricas de la gente por acceso a servicios y espacio público, y que a partir de la escala barrial, del reconocimiento del tejido social y la infraestructura existente, integran la participación ciudadana a la planificación y gestión del territorio. La clave radica en ir más allá de intervenciones físicas puntuales o localizadas, comprometiendo las instituciones y los presupuestos públicos en alcanzar acciones espaciales que tengan como eje fundamental la participación de la gente en la construcción de la ciudad, y que estas actuaciones exitosas sean referentes replicables.

 

Propuestas que construyen el nuevo paradigma de ciudad

 

Con el fin de alimentar las intervenciones públicas, es necesario reconocer los aportes que colectivos y organizaciones realizan en ciudades como Bogotá y Medellín, evidenciando las interrelaciones entre lo público y lo comunitario, así como los espacios de trabajo reivindicados y promovidos por la sociedad que construyen el nuevo paradigma de ciudad.

 

En Bogotá, por ejemplo, puede encontrarse cómo la construcción de acueductos comunitarios en los Cerros Orientales garantiza la prestación de servicios, y han representado un ejercicio transformador del territorio que favorece la autonomía y autodeterminación de barrios completos. O cómo la conformación de una Audiencia Pública en la zona de expansión en Usme permitió jalonar intervenciones urgentes en cuestión de transporte y equipamientos en una zona construida por la misma Administración Distrital.

 

Cada una de estas actuaciones es compleja y está cargada de dificultades en su realización, y aun así conservan la cualidad de estar liderados por la comunidad misma y de responder a unas necesidades muy concretas e inaplazables de los territorios. Por ello la urgencia de repensar el paradigma o el modelo de ciudad radica en reconocer que la organización del territorio no es un ejercicio de decretos y escritorios exclusivamente, sino de acciones ampliadas que tienen múltiples referentes internos y externos que deben ser estudiados y adaptados con rigor. El ejercicio de la participación ciudadana es transversal en cada uno de los ejemplos mencionados, y logra la articulación y fortalecimiento del tejido social a partir de la construcción de diversas estrategias para dar solución a las dificultades comunes.


La transformación de los barrios de la periferia de Medellín

 

La capital antioqueña es uno de los puntos de referencia para el desarrollo urbano, no sólo en el país sino en Latinoamérica, sin embargo, las intervenciones de sus administraciones, que son ampliamente cuestionadas por su insostenibilidad, generan nuevas tensiones territoriales que requieren de la organización y el establecimiento de lógicas de interlocución que permitan llegar a acuerdos entre la comunidad y el municipio. Ejemplo de esto es la estrategia Cinturón Verde, que, aunque busca contener el crecimiento de la ciudad, genera una dinámica de especulación en el mercado del suelo que termina expulsando a los habitantes tradicionales de las zonas afectadas por tal estrategia.

Proyectos urbanos de este tipo, parecen tener implícita la expulsión de la población de un territorio, como si esta no tuviera derecho a residir en los espacios que con su propio esfuerzo han desarrollado o habilitado. En contra respuesta, el mejoramiento de barrios surge como una estrategia poderosa para el ejercicio colectivo e incluyente, que permite interpretar de manera amplia la integración de respuestas a las necesidades –o expectativas– de una comunidad, a la vez que le relaciona con la escala de la ciudad y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

Grupos como la Mesa Interbarrial de Desconectados, la Mesa de Vivienda Comuna 8, el Movimiento de Pobladores, entre otros, crean espacios de discusión y formación territorial para pensar una propuesta de ciudad alternativa desde las comunidades, que haga valer su derecho a la ciudad y a participar en las decisiones de cómo, para qué y para quiénes se construye la ciudad. Trabajo que ya ha dado frutos al incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, los principios de derecho a la ciudad y la protección a moradores, los cuales permiten consolidar el modelo de ocupación territorial que se propuso Medellín, y que deben convertirse en un referente para otras ciudades y municipios.

 

Las mujeres en la lucha por el hábitat en Bogotá

 

En la zona de expansión urbana de Bogotá la construcción de vivienda masiva ha representado para sus nuevos habitantes una oportunidad de establecer un proyecto de vida. La “casita”, como propiedad, en muchos casos es una garantía para el futuro y la reconstrucción de la vida misma. Sin embargo, estos grandes proyectos que buscan dar una propiedad especialmente a grupos vulnerados y empobrecidos, generan nuevas tensiones de difícil manejo para quienes las habitan, especialmente frente a la convivencia y la adaptación a la vida en propiedad horizontal, además del conflicto que representa habitar un espacio entre lo urbano y lo rural.

 

Esta presión recae especialmente sobre las mujeres y su rol histórico –y solitario– en la comunidad, pues quienes más sufren esta débil calidad de vida en un hábitat tan precario como el que hoy por hoy ofrece el modelo de vivienda, son ellas. La falta de equipamientos como jardines infantiles u hospitales, la baja calidad del espacio público o la falta de transporte dificultan las tareas de reproducción y cuidado, y aumentan la doble carga que de por sí ya tienen las mujeres en sus hogares.

 

En un rincón de Bogotá, en la localidad de Usme, los grupos ciudadanos organizados que han dado luz al mejoramiento e instalación de servicios como el alumbrado en las calles, la construcción de jardines infantiles o el acercamiento de servicios sociales como el control de perros o gatos, de dinámicas productivas como las huertas urbanas y la economía rural, o de acceso a derechos culturales como la lectura, el baile o la pintura, están conformados fundamentalmente por mujeres, que a través de los mecanismos jurídicos y de participación han logrado llamar la atención sobre los múltiples sobrepesos que implica habitar la ciudad formal y planeada.

 

La lucha por el agua y el ambiente en Bogotá

 

Desde el borde sur de Bogotá, un grupo de jóvenes se agrupa bajo la consigna “Parque Ecológico Cerro Seco. Lo queremos, lo necesitamos”, y adelanta un trabajo en colectivo para defender de la minería al ecosistema subxerofítico, propio de la alta montaña, y a los habitantes de sus barrios de los impactos que implicaría tal explotación para la salud. Con este trabajo defienden un modo de vida basado en el respeto a la naturaleza y ponen manifiesta la relación existente entre esta y la calidad de vida. En vez de canteras, la juventud organizada de Ciudad Bolívar pide la conformación del parque metropolitano, un espacio que sirva para la conservación, la educación ambiental y para poner freno a la expansión urbana.

Esta experiencia se convierte en un ejercicio intergeneracional de toma de conciencia sobre el territorio: mientras los abuelos fueron quienes dominaron la montaña para construir un proyecto de vida, los jóvenes retomaron la idea de la autogestión del territorio para resignificar el espacio que habitan y proponer un nuevo modelo ambiental y de espacio público. Este territorio es reconocido en la actualidad como un cuerpo vivo que hay que defender, no sólo desde las pujas administrativas, sino desde las prácticas culturales y económicas, y que deben ser transformadas en función del cuidado de la vida y la naturaleza.

 

Materialización del nuevo paradigma de ciudad

 

Cada uno de los ejemplos expuestos evidencian el accionar amplio y diverso que fluye de manera permanente en los territorios y que, además de resistir al modelo de la ciudad de hoy, propone formas de disputa de la misma en el que se garantizan derechos y se construyen otros. Estas posibilidades se dan a partir del trabajo organizado de colectivos y comunidades que desde sus acciones configuran y dotan de sentido un nuevo modelo de ciudad distante del que se sufre en la cotidianidad.

 

Este es un paradigma de ciudad que reconoce a los habitantes y a las comunidades como actores constructores de la ciudad, con capacidades para identificar las necesidades insatisfechas en lo urbano y el entorno natural, y que prioriza formas de resolverlas potenciando los mecanismos de gestión asociada. Este paradigma es posible y se evidencia mediante al menos tres elementos:

 

i) El reconocimiento desde las acciones públicas del territorio socialmente construido que es apropiado de múltiples formas según las necesidades e intereses de los diferentes actores, para que las intervenciones propuestas por la administración pública, partan de los consensos colectivos.
ii) La identificación y potencialización de la construcción de tejido social, con el cual florece el sentido de la vida en la ciudad. La generación de dinámicas que aumenten la participación de la población en la toma de decisiones, además de favorecer las lógicas en las que esto ha sido posible en los territorios, es una deuda a saldar desde los espacios de poder público.
iii) La apertura de la participación ciudadana en espacios o instrumentos de planificación estatal. La sociedad como fuente y creadora de derecho debe permear el ordenamiento jurídico y la institucionalidad en materia urbana, a través de los acuerdos sobre el territorio habitado y administrando de manera consensuada y colectiva los espacios que habitan.

El paradigma de ciudad propone traspasar la frontera existente entre el ejercicio de participación en la planeación territorial y el Estado. Su materialización podrá evidenciarse en el momento en el que se logre disminuir la brecha existente entre el ejercicio de la participación y los escenarios legales y técnicos propios del ámbito estatal, materializando una ciudad más equitativa y con servicios urbanos al alcance de todas las personas.

 

Es preciso entonces, fortalecer un sentido, una idea y una razón sobre la cual organizarse y tejer comunidad, teniendo en cuenta que la diversidad de actores hace también dificultosa la tarea de construir ciudades social y ambientalmente sostenibles. Finalmente, es necesario resaltar que la participación y el ejercicio colectivo de la gestión y las victorias por el espacio, construyen de manera incidente, la única y más preciada forma de construir ciudad sobre la ciudad, en la cotidianidad y desde abajo.

 

* Ma. Camila Carreño Novoa, Carolina Catumba, Lucía Duque Guevara y Natalia PedrazaMora
** Ver artículo “La experiencia urbana y su relación territorial expandida” en: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34922-la-experiencia-urbana-y-su-relacion-territorial-expandida.html

Publicado enColombia
El Cairo tiene los días contados como capital de Egipto

El proyecto de nueva capital, una megaurbe construida de la nada en el desierto y a la que solo los más pudientes tendrán acceso, es el último sueño faraónico del mariscal Abdelfatah al-Sisi, el hombre fuerte del país desde el golpe de Estado de 2013.

A El Cairo, que en árabe significa “la victoriosa”, esta vez le ha tocado perder. Dentro de aproximadamente un año, se añadirá a la mítica lista de excapitales de Egipto, junto con Alejandría, Tebas o Menfis. Sin embargo, todavía no se sabe el nombre de la ciudad que la reemplazará.

De momento, la nueva capital es solo un conjunto de esqueletos de hormigón, rodeados de hendiduras y grúas, plantados en medio del desierto. El proyecto es el último sueño faraónico del mariscal Abdelfatah al-Sisi, el hombre fuerte del país desde el golpe de Estado de 2013. Aunque hay quienes se muestran escépticos sobre la posibilidad de cumplir el calendario previsto, el Gobierno egipcio ya sorprendió a todos con la edificación en tiempo récord de una ramificación del Canal de Suez en 2016.


“Durante la segunda mitad del próximo año, está previsto que se trasladen todos los ministerios. El llamado ‘barrio administrativo’ es el más avanzado. En 2021 ya se habrá completado toda la primera fase”, afirma confiado Khaled Husseini, un militar que ejerce de portavoz del proyecto. Es decir, que en apenas cinco años, Egipto habrá construido una nueva capital de la nada a unos 50 kilómetros al este de El Cairo. Además de los edificios oficiales —el Parlamento, el palacio presidencial , embajadas, etc.—, la flamante ciudad albergará un distrito financiero y a aproximadamente un millón de personas. “Tenemos un sueño —proclama Khusseini, parafraseando a Martin L. King—. Daremos una gran imagen de lo que es el Estado de Egipto”.


EMPORIO MILITAR


Las cifras del plan, una vez culminadas sus tres fases, provocan vértigo: más de cinco millones de habitantes, un parque con un tamaño el doble de grande que el Central Park de Nueva York, un río artificial que atravesará la ciudad, más de 600 clínicas y hospitales... y todo ello en una enorme extensión de 700 km2, la misma que Singapur. También se levantará una veintena de rascacielos, incluido el más alto de toda África, con 400 metros. En las maquetas expuestas en su página web, la nueva urbe parece una mezcla de Dubái y Vancouver, y se insiste en que será una “ciudad totalmente inteligente”.


Las Fuerzas Armadas disponen del 51% de las acciones de la ACUD, la sociedad constructora, mientras que el resto corresponde al Ministerio de la Vivienda. Desde que Al-Sisi comenzó a gobernar el país con mano de hierro, la huella de los militares en el Gobierno y la economía, que ya era bien visible, se ha hecho omnipresente. No obstante, es imposible conocer las dimensiones exactas del emporio militar egipcio, un auténtico tabú. El presupuesto del Ministerio de Defensa es un secreto de Estado blindado por la Constitución. Esta opacidad también cubre las cifras de la nueva capital.


“No está muy claro quién está pagando estos proyectos. No hay mucha transparencia”, lamenta el economista Amr Adly, que se muestra crítico con los llamados “proyectos nacionales”, una serie de obras faraónicas, como el nuevo Canal de Suez, con las que el Gobierno pretende estimular la economía. “El problema es que no se han hecho sobre la base de estudios de viabilidad rigurosos... Atraen muchos recursos a corto plazo bajo la promesa incierta de ganancias futuras”, agrega.


El portavoz Husseini reconoce que no existe un presupuesto final definitivo, si bien en un primer momento se habló de 40.000 millones de dólares. “De momento, hemos puesto unos 20.000 millones de libras —1.300 millones de euros—, y confiamos en que el resto lo pondrán inversores egipcios y extranjeros. Ya hay compañías de los Emiratos y chinas implicadas en la financiación de la primera fase, y estamos en negociaciones con otras”, afirma el oficial.


El objetivo central de la nueva capital es descongestionar El Cairo, una megalópolis de unos 22 millones de almas, con un tráfico cercano al colapso y una contaminación que supera con creces los límites recomendados por la ONU. Este no es el primer plan para ganar terreno al desierto construyendo barrios a las afueras de El Cairo. Y su herencia no es precisamente positiva. La urbe está circundada de urbanizaciones llenas de edificios dejados a medias, testigos silenciosos de una ruinosa política pública. Desconectadas de las redes de transporte público, a menudo, solo se trasladaron allí algunas élites.
Obviamente, lo mismo podría pasar con la nueva capital, que difícilmente atraerá los cinco millones de habitantes estimados. “Su lógica deriva de la existencia de un sector de la construcción muy especulativo en las afueras de El Cairo en el que vender parcelas de desierto puede ser muy lucrativo”, critica David Sims, un urbanista que en su libro Egypt’s Desert Dreams documenta el fracaso de 40 años de planificación urbanística en el desierto. “Además, en lugar de descongestionar El Cairo, agravará sus problemas para que se promueva el uso del vehículo privado. La mejor alternativa era haber invertido en transporte público”, añade.


Uno de sus principales problemas de sostenibilidad será el despilfarro de agua que acarreará en un momento de previsiones de creciente escasez para Egipto a causa de la construcción de uno de los mayores embalses del mundo en Etiopía. Basta con echar un vistazo a los anuncios de los apartamentos en la nueva capital, que ofrecen todo tipo de lujos, como piscina y spa compartidos, además de amplios jardines en mitad del desierto. Su precio mínimo es de unos 60.000 euros, un precio prohibitivo para la mayoría en un país donde un funcionario raramente cobra más de 200 euros al mes. Según Husseini, las autoridades se están planteando reservar 20.000 apartamentos para viviendas sociales, una cifra claramente insuficiente.


FILOSOFÍA CLASISTA


Con todos estos datos sobre la mesa, es difícil ignorar la marcada filosofía clasista que impregna el proyecto. El Estado dedica ingentes recursos públicos en edificar una “ciudad inteligente” adornada con todo tipo de lujos y últimas tecnologías de la que solo podrán disfrutar las clases adineradas, mientras aplica el durísimo plan de ajuste pactado con el FMI. En los últimos meses, el régimen ha retirado buena parte de las subvenciones a servicios públicos como el agua, la electricidad o los transportes, además de a los combustibles, con aumentos de hasta un 50%. Encima, la brusca devaluación de la libra egipcia en 2016 situó la inflación por encima del 30% durante más de 15 meses consecutivos.


“Nunca antes tantos egipcios lo habían pasado tan mal”, comentaba el analista y exdiputado en el exilio Amr Hamzawy ya antes de la última ola de recortes. El días después de que el Gobierno anunciara un incremento de los billetes de Metro en El Cairo del 300%, en diversas estaciones se produjeron concentraciones de protestas espontáneas. Fue una extraña muestra de desafío ante una dictadura que castiga con mucha dureza la disidencia. Por ejemplo, la participación en una manifestación ilegal comporta una pena mínima de tres años de cárcel. Las manifestaciones se acabaron con la toma de las estaciones principales por parte de los antidisturbios. Los egipcios ya no tienen ni siquiera el derecho a la pataleta. Las imágenes de hace siete años de un pueblo empoderado en la Plaza Tahrir parecen ahora muy lejanas. Un espejismo del desierto.

Pot  RICARD GONZÁLEZ

2018-09-11 09:00:00

Publicado enInternacional
La experiencia urbana y su relación territorial expandida

Más allá de identificar las tensiones permanentes de habitar la ciudad, la sociedad está llamada a cuestionarla y actuar desde la construcción –o destrucción– de paradigmas urbanos que derroten la individualidad, la desigualdad y la pobreza desde el posicionamiento de actuaciones alrededor del medio ambiente y la acción prioritaria por el ser humano.

 

Hablar de ciudad conduce a pensar, casi inmediatamente, en las características físicas del concepto, su infraestructura y la facilidad que brinda tal o cual escenario para que una persona pueda acceder a una gama de servicios diferenciados. A partir de ello sería posible decir que generalmente la ciudad se concibe como uno de los resultados de la modernización.

 

Desde las Leyes de Indias, promulgadas en Europa con el fin de regular la vida en sociedad en los territorios de América invadidos y colonizados, se impuso una visión de ciudad que debería cumplir con ciertas características físicas. La definición de un centro (plaza) que está delimitado por las instituciones que representan autoridad y poder, como la iglesia católica, las instituciones que administran justicia y los lugares de decisiones de la vida pública, así como su mantenimiento con el pasar de los años, son la expresión del intento por regularizar la vida social en medio del tránsito hacia la modernidad.



Este patrón urbano, construido desde el poder, y reglado por las instituciones, terminó por consolidarse como el método formal y ordenado de construir la ciudad. Sin embargo, esa forma impuesta que ha cambiado de acuerdo a épocas, tendencias y dinámicas globales, ha desatado en la actualidad el establecimiento de un modelo de ciudad cuyo enfoque se ha limitado a desarrollar lo físico-espacial bajo pautas de mercado que destacan fundamentalmente una imagen, por encima del desarrollo socio-espacial que humanice la ciudad y, en consecuencia, las haga sostenibles, saludables y vivibles. Las ciudades en la actualidad no dialogan con sus habitantes y están reguladas simbólicamente por aquellas instituciones dedicadas a mantener un statu quo.



En este sentido, es necesario rescatar vértices de la ciudad que han sido menguados. Se trata de un espacio fundamentalmente social, y que por ende no puede ser predeterminada de antemano ya que es producida y construida por las interacciones sociales cotidianas que se dan dentro de un contexto político, ideológico, social y cultural determinado; es por ello que hablar de ciudad nos remite a hablar también de democracia. La ciudad es, finalmente, un organismo complejo donde la imagen de felicidad no es más que un sofisma que atenúa las tensiones que la vida social produce dentro de lo urbano.

 

La cotidianidad es la vida de la ciudad

 

La vivienda, la movilidad, los servicios públicos, las infraestructuras públicas, los equipamientos, y demás aspectos característicos de las ciudades se encuentran en constante interacción y resuelven, en diferentes medidas, problemáticas asociadas a lo urbano. Sin embargo, la realidad cotidiana, manifiesta de diferentes maneras a lo largo del territorio urbano, queda desvanecida ante los ejercicios de planeación, superando rápidamente las acciones planteadas por las instituciones desde la formalidad. Esta realidad es la que se vislumbra, tornándose discusión en los escenarios públicos que la ciudad –planeada o no– permite sean permeados por la cotidianidad y las tensiones de la vida que fluye a su interior.

 

En este sentido, la vida urbana también es el encuentro entre las distintas ciudadanías o sujetos urbanos cuya mayor actividad se da en los espacios abiertos como el lugar ideal para el desarrollo y consolidación de la democracia. Es así que el espacio público, ideológicamente hablando, es utilizado como herramienta homogeneizadora de la población, bajo paradigmas como la cultura ciudadana, que establece unos “usos adecuados”, normalmente relacionados con el mero tránsito o paso de peatones, espacio que es reforzado por estructuras físicas que no incluyen lugares para la permanencia o la contemplación.

 

Habitar el espacio público en los diferentes modelos de ciudad

 

El espacio público como lugar de reunión, es un escenario que se complejiza a partir de las diferentes prácticas y usos que le dan, y en esa medida constituye un espacio de encuentro que pone de manifiesto las diferencias y consensos entre la sociedad que acude al mismo.

 

Sin embargo, por lo menos en las actuales ciudades de Latinoamérica, la concepción del espacio público es cada vez más condicionante, lo que obliga a la ciudadanía asistente a replegarse a ciertas prácticas, omitiendo la diversidad en las representaciones culturales que a éste se remiten. Este tipo de espacio público fomenta la segregación, en tanto se construyen espacios para niños (parques) y ciclistas (ciclorutas), pero pocas veces espacios donde diversos sujetos (ancianos, niños, mujeres, estudiantes y deportistas) puedan convivir y encontrarse.

 

En lugar de generar un espacio público abierto, universal y accesible, un espacio que permita construir la colectividad y afianzar la posibilidad de establecer consensos ante las tensiones que resaltan en éste, el espacio público ha terminado por ser convertido en la herramienta propicia del mercado inmobiliario para potenciar sus propuestas urbanas caracterizadas, principalmente, por ser cerradas, focalizadas, conservadoras y aisladas, evitando así que la ciudad sea un espacio generador de experiencias desde el encuentro entre diferentes actores urbanos

 

Un ejemplo concreto de este análisis es el que surge de la vivencia en la ciudad con los centros comerciales o rascacielos, donde el espacio tejido con la ciudad está estrechamente vinculado a las actividades económicas que estos ofrecen. Es así como edificios como el BD Bacatá en Bogotá, o los centros comerciales en general, son una especie de coraza que no ofrece un relacionamiento con la ciudad distinto a una experiencia de consumo, a pesar de las grandes áreas y servicios urbanos que ocupan.

 

Este es el nuevo espacio público, que reemplaza las aceras y plazas por corredores y pasillos entre una multiplicidad de almacenes, un espacio que llama al consumo y a la individualidad. Un espacio que logra estructurar un escenario silenciador de las tensiones y, en consecuencia, de la posibilidad de consensuar sobre las mismas, un espacio que actúa en contraposición a las múltiples formas de tejer el territorio desde dinámicas participativas, como destaca en acciones de mejoramiento de barrios en Medellín o Bogotá.

 

Estamos entonces ante una opción para la ciudad, la cual sigue siendo una extensa malla de relaciones físicas y sociales, y que es el enclave territorial que precisa repensar su forma y relación en torno a lo colectivo y lo común. Ciertamente, el espacio público es ese hilo conector que permite abrir el encuentro en una ciudad atiborrada de construcciones, lo cual implica que estas conexiones superen la noción meramente funcional de la circulación de sus habitantes.

 

Es decir, el espacio público debe permitir organizar la vida colectiva y la reinterpretación de la ciudad a partir del reconocimiento de las diferentes representaciones culturales y políticas de la sociedad, de manera que la experiencia en lo urbano sea un ejercicio activo de apropiación que responda a las necesidades de la comunidad, todo ello por encima de los intereses inmobiliarios o económicos del mercado.

 

A partir de esto es necesario que la sociedad cuestione, desde su experiencia urbana, cuáles son las decisiones de ciudad y qué prioridad tiene lo humano, pues el espacio urbano –tal como si fuera un organismo complejo– mantiene una dinámica relacional no solamente dentro de sí, con sus múltiples sucesos, sino hacia fuera, con el espacio rural, del cual percibe una enorme cantidad de servicios sin los cuales sería imposible soportar sus actividades.

 

¿Ciudades más allá del capitalismo?

 

En la medida en que la renta sea lo que determine la construcción de ciudad, los usos colectivos serán desechados y dejados a la deriva. Es por ello que la ciudad es el espacio predilecto para la reproducción del capitalismo, el flujo e intercambio rápido de mercancías y servicios, lo que se pone de manifiesto en la forma como es ocupa el suelo, junto con las lógicas de uso establecidos en estos. Los usos agropecuarios y ambientales o de conservación del territorio, tal como el espacio público, quedaron supeditados a las necesidades de las urbes, de manera que la expansión y el desarrollo de las ciudades suceden a expensas de estos.

 

En este sentido, es necesario enfatizar en que el sostenimiento de las ciudades está estrechamente ligado al funcionamiento de grandes zonas que no son urbanas las cuales permiten el abastecimiento de agua, alimentos y generación de energía, así como de zonas para la disposición de residuos y recepción de vertimientos, entre otros, lo cual representa una dinámica ultra funcional que está a merced de prioridades lejanas a la de fortalecer las dinámicas relacionales entre las personas, la naturaleza y los espacios que habitan, lo que genera un claro desbalance entre las ciudades y las áreas rurales necesarias para garantizar estos procesos.

 

Es en este sentido que la disputa por el territorio es un suceso expandido entre las dinámicas urbanas y rurales-ambientales, disputa reflejada en la generación de conflictos como, en el caso de Bogotá, los que están ligados a la urbanización de los Cerros Orientales y el área rural de la localidad de Usme, o de áreas protegidas como en el Parque Nacional Farallones de Cali, o la ocupación sobre espacios de ronda y su posterior inundación, como sucedió en la cuenca del río Tunjuelo en la localidad de Bosa al sur de la capital del país, o con las viviendas de alto costo en la cuenca del río Bogotá en el municipio de Chía.

 

Bajo el actual modelo económico, la ciudad consume recursos externos y territorio, invade, desplaza, niega, impone; realidad que invita a pensar en nuevas formas de planificarla, gestionarla y construirla, eliminando o disminuyendo las desigualdades territoriales que genera su desarrollo. Es por ello que el encuentro y la interacción entre las diversas ciudadanías y sujetos urbanos también implican el relacionamiento de estos con los sujetos campesinos, los habitantes y cuidadores de áreas protegidas.

 

Los espacios de borde urbano rural, que se vienen consolidando en localidades como Usme y San Cristóbal en Bogotá, por ejemplo, dan cuenta de la posibilidad del encuentro, de la viabilidad de generar espacios públicos integrales donde se armonicen los usos y prácticas urbanas, rurales y ambientales en la ciudad. Prácticas que surgen desde abajo y que reivindican el derecho a la ciudad, a una ciudad diversa e incluyente en donde la experiencia urbana sea resultado de prácticas colectivas.

Publicado enEdición Nº249
El insoportable autoritarismo del alcalde de Bogotá

La pobreza que caracteriza las intervenciones del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para justificar su obstinación en la construcción de una troncal de transmilenio por la carrera séptima, no hace más que imprimirle una impronta de insoportable autoritarismo En efecto, controvertir con futilezas los argumentos técnicos, económicos, de contaminación ambiental, de afectación a la salud, de desvalorización de los bienes inmuebles, de afectación al trabajo, de inseguridad, esgrimidos con suficiencia y profundidad por expertos nacionales e internacionales y consignados en diversos documentos, refleja la ligereza y falta de responsabilidad con que un proyecto de la magnitud de una troncal de Transmilenio por la séptima se ha abordado por parte de la actual administración de la capital.

A continuación sintetizamos algunas de las razones que al comité de ciudadanos que defendemos la Séptima nos mueven a continuar con la oposición al mencionado proyecto, y que apoya una inmensa mayoría de habitantes de Bogotá, porque esta emblemática avenida es patrimonio de todos los habitantes de la capital.
1. Es un proyecto contaminante del medio ambiente que atenta de manera severa contra la salud de los ciudadanos de la Séptima y sus zonas aledañas, por la utilización del combustible diésel, altamente cancerígeno . Mientras que en Europa se restringe y tiende a eliminarse su uso, en Bogotá y el resto del país, como expresión de menosprecio por la salud de sus habitantes, se pretende incrementar la alta toxicidad causada por la combustión del diésel.
2. Existen conceptos de expertos según los cuales, las dimensiones de la Séptima –que en algunos tramos es demasiado angosta, solo 22 metros– exigirían como mínimo disponer de 32 metros para alojar los carriles que permitan, en cada sentido, movilidad fluida máxime, si se tiene en cuenta que el Transmilenio debe compartir el espacio con vehículos livianos (taxis, carros particulares, motos y bicicletas). Los anteriores señalamientos y la historia y tradición, que lleva tras de sí esta importante y emblemática vía, no admiten duda sobre la inconveniencia de imponer una troncal de Transmilenio.
3. Este proyecto vulnera, entre otros, los derechos fundamentales contemplados en los artículos 2, 8, 11, 23, 44, 49, 79 y 80 de la Constitución Nacional, no sólo de las personas que habitan sobre el corredor de la Séptima, de los comerciantes, de los transeúntes que diariamente recorren la avenida, si no de la ciudadanía en general, forzando el desplazamiento de algunos y desconociendo, adicionalmente, el enunciado y vigencia del Estado Social de Derecho, igualmente contemplado en el artículo primero de la Constitución Nacional
4. Si se implementa el proyecto de transporte pesado de Transmilenio por la Séptima, más que la Caracas, sufrirá nefastas consecuencias de mayor inseguridad, incremento de la polución del aire, deterioro urbano, mayor contaminación acústica y visual y depreciación de los inmuebles residenciales y comerciales circunvecinos, con el agravante aumento de las vibraciones mecánicas, ya existentes en algunos predios.
5. Monopolizar el uso del reducido espacio de que dispone la carrera Séptima para los buses, no solo afecta a los que viven entre las calles 32 y la 100, sino a los que viven de ésta hacia el norte, en su mayoría habitantes de clase media asalariada, que verían afectada su calidad de vida y bienestar, al tener que aguantarse un trancón interminable que se va a generar por la carrera Séptima, precisamente por no tener las dimensiones espaciales apropiadas requeridas para una movilidad fluida, aspecto que olímpicamente desconoce el alcalde Peñalosa. Al quedar un solo carril para que fluyan motos, bicicletas y carros particulares, el caos que se prevé será de una magnitud insoportable.
6. Es un crimen urbano el arboricidio que se dará con la construcción de esta troncal, convirtiendo la Séptima en una mole de cemento que afecta la estética de esta emblemática vía, que encierra un valioso patrimonio histórico y cultural. Las 21 estaciones que se anuncian en los diseños y que más parecen unos galpones, atentan contra el paisaje urbanístico de la avenida
Señor Alcalde, si usted fuera un exponente del ejercicio de la democracia y no como lo es, del autoritarismo y por ende del desconocimiento del buen juicio de una inmensa mayoría de ciudadanos y de expertos en movilidad (nacionales y extranjeros) que rechaza por inconveniente y justificadamente lesivo el proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, expresado en diversos escenarios, no aduciría de manera tan simplista, populista y además polarizante (entre ricos y pobres), que el asunto de la oposición al proyecto en mención obedece a que por la Séptima viven los más ricos. Expresar lo anterior, refleja el absoluto desconocimiento de la heterogeneidad social y económica que caracteriza a la población que habita sobre el corredor de la Séptima y su área de influencia; es dejar, además sin sustento a un importante segmento de familias que viven de sus actividades comerciales ubicadas en esta avenida. Tratar de convencer –con costosas campañas– a los habitantes de barrios populares como El Codito y San Cristóbal Sur entre otros, de que ellos serán los más beneficiados con el “dichoso proyecto”, es una burda y engañosa utilización de los sectores menos favorecidos de la sociedad, en pro de beneficiar eso sí, a los más ricos.
Un Alcalde debe representar los intereses de la mayoría ciudadana y no, como en el caso de la troncal de Transmilenio por la Séptima, defender las ventajas económicas de unos pocos constructores, contratistas y hombres de negocios, que derivarán jugosas ganancias del proyecto que nos ocupa, a costa de la afectación de una inmensa mayoría de ciudadanos. Recuerde señor Alcalde que el interés particular no debe primar sobre el interés general.
Por las razones expuestas, reiteramos nuestro rotundo rechazo al proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima y solicitamos al Gobierno DistritaL la suspensión de dicho proyecto, a la vez que hacemos un nuevo llamado a concertar de manera democrática y participativa con los vecinos de la Séptima y la ciudadanía en general, la mejor solución para la movilidad de la ciudad y la renovación urbanística de esta vía. Esta transformación se debe dar con proyecciones de largo plazo que resultarían menos costosas, amigables con el medio ambiente, que propicien la salud, la innovación estética, acorde con los avances tecnológicos en armonía con la protección del medio ambiente, con los desarrollos modernos y sostenibles de movilidad y con la significación cultural e histórica, no solamente de la Séptima si no de nuestra ciudad capital.
Bogotá, Enero 5/2018

Publicado enColombia
Miércoles, 04 Octubre 2017 06:51

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

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