Bogotá, 100 días de Peñalosa:  bienvenidos al pasado

Ahora es habitual evaluar los primeros cien días de un nuevo mandatario, como forma de valorar las capacidades que perfila el gobernante, su estilo, su carácter y su relación con los gobernados; aunque todos los analistas coinciden en señalar que es poco tiempo para medir las calidades de un alcalde y menos valorar si su gestión ha sido buena o mala.

En el caso de Bogotá el alcalde Enrique Peñalosa ha presentado un primer balance, mirando la gestión de su antecesor con un fantasmal Libro Blanco anunciado en los medios e inaccesible a la ciudadanía y presentando un conjunto de acciones puntuales en materia de seguridad, movilidad, salud, espacio público y recreación.
Iniciado lo que corresponde a su segunda administración y delineados los elementos de política pública para poner en marcha su programa y la anunciada recuperación de la ciudad para todos, empezando por poner la casa en orden, resulta pertinente realizar un balance de los fundamentos esbozados en este nuevo gobierno de Enrique Peñalosa, en la intuición que más que una propuesta de transformación y cambio de la ciudad, pareciera que nos encontramos con una apuesta de continuidad y restauración vinculada a una visión urbanística del Siglo XX muy cercana a la gestión de su primera administración.

En efecto, estos primeros cien días de gestión permiten ya un análisis de la visión técnico gerencial de los asuntos públicos, de su relación con el mercado, al igual que una mirada al modelo de ciudad y sus propuestas en los temas más complejos y urgentes de Bogotá. Este gobierno se enmarca en un proceso de alternancia democrática, que debía hablar de la madurez de nuestra ciudad y sus instituciones, pero no se puede olvidar que después de doce años y tres mandatos de movimientos de izquierda, la derecha ganó la alcaldía de Bogotá y se observa un clima de euforia en los medios y en otros sectores, que quieren hacer creer a la opinión que pueden volver a ser protagonistas de la historia contemporánea de la ciudad, sin abandonar las prácticas que los han acompañado en años de vida republicana, generando exclusión, violencia, pobreza y carruseles.

 

¿Bogotá mejor para todos?

 

El 25 de octubre de 2015, Enrique Peñalosa, con un 48,5 por ciento de abstención, obtuvo el respaldo de solo el 33.1 por ciento de los electores, casi la misma proporción de Gustavo Petro en octubre 30 de 2011 (32.1%), además, como lo anotó Mario Noriega “[…] la ciudad claramente está dividida en dos. Enrique Peñalosa ganó en el norte (7 localidades) y Pardo ganó en el sur (11 localidades).

Clara López solo ganó en dos localidades. La ciudad conquistada corresponde solo al 35 por ciento del territorio urbano donde habita el 44 por ciento de la población. El resto todavía hay que ganarlo” (1). Señalaban la necesidad de una convocatoria amplia y pluralista a la ciudadanía para construir una gran mayoría para gobernar la ciudad.


Así lo advirtió Juan Lozano, quien indicó que “El reto de Peñalosa, a punta de buena gestión y resultados, consiste en aumentar progresivamente sus niveles de apoyo. Peñalosa es capaz, disciplinado y laborioso. Conoce a Bogotá mejor que nadie y debe tener claro que el éxito de algunos megaproyectos dependerá en buena medida del respaldo ciudadano mientras se ejecutan, por lo cual debería procurar, con humildad y diálogo popular, mejorar su nivel de aceptación” (2).

A pesar de un lema aparentemente atractivo y sencillo “Bogotá mejor para todos”, Peñalosa y su equipo no convocan a la participación pluralista, a la edificación de consensos incluyentes y a la concertación para que efectivamente sea una ciudad de todos y todas. Por el contrario, cualquier manifestación de conflictividad social o protesta ciudadana es tratada como asunto de orden público, acudiendo al Esmad y no al diálogo y la mediación. La recurrente inconformidad por el mal funcionamiento de Transmilenio o el desalojo de los vendedores ambulantes son expresión de problemáticas sociales que deberían ser atendidas, escuchadas y no inmediatamente reprimidas a bolillo.

La consulta y deliberación del Proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020³ es una clara muestra del desprecio por la participación y su consideración como un requerimiento solamente formal y limitado a la exposición de “ideas” y no un instrumento democrático de discusión y examen del futuro de la ciudad. La “Estrategia de Participación Ciudadana en la Formulación del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020” ha privilegiado la consulta en un sitio virtual que tiene como característica la impersonalidad, la ausencia de diálogo y la carencia de respuestas a la ciudadanía (4), contemplando solamente la realización de trece eventos, siete Foros Temáticos y seis Sesiones Interlocales, para debatir la principal política pública de Bogotá, desconociendo la riqueza, la diversidad, la pluralidad y los territorios de Bogotá (5).

Así que la pregunta es ¿si es posible construir una Bogotá para todos sin la existencia de diálogo, sin procesos de concertación y con la más absoluta indiferencia y desdén por la participación ciudadana?

 

Modelo de ciudad: expansión y segregación social

 

La visión urbanística de Peñalosa en el 2016 no dista nada de la puesta en marcha en su primera administración en 1997. Así como en ella tuvo la oportunidad de incidir en el POT capitalino, en el presente su gobierno establecerá las normas de ordenamiento territorial que estarán vigentes por lo menos hasta el 2030, con el riesgo de consolidar una ciudad segregada, conurbana con los municipios vecinos y con serios problemas de movilidad y sostenibilidad ambiental.

En materia de vivienda el Alcalde lanzó el ambicioso programa “Ciudad Paz” que “busca habilitar 15.000 hectáreas en el norte y oriente de Bogotá y urbanizar zonas de los municipios de Mosquera y Soacha para suplir la creciente demanda de vivienda de la capital. La Alcaldía estima que, antes de terminar su cuatrienio, se podrían construir más de 300.000 viviendas con transporte masivo […]6 “También y acaba de lanzar junto al gobierno nacional un programa de vivienda de 80.000 mil soluciones.7 ¿Qué significan estos ambiciosos proyectos urbanos y de vivienda?

Por lo menos tres grandes desafíos para la ciudad. Primero, ahondar la segregación socio espacial vigente en la ciudad desde hace muchos años, condenando a los sectores de medianos y bajos ingresos a vivir en la periferia, o en los municipios cercanos, alejados de sus sitios de trabajo, en ocasiones en zonas de riesgo por inundaciones o por deslizamientos en barrios homogéneos donde se concentran problemáticas sociales (carencia de empleo, de espacios educativos, de atención en salud y de transporte digno y oportuno), de seguridad y convivencia. Bogotá va camino a repetir lo ocurrido en la mayoría de ciudades del país con los programas de vivienda gratis, que hoy son una de las preocupaciones más grandes para los mandatarios locales.

Segundo, abandonar la intervención del Distrito en la revitalización del centro ampliado de la ciudad, propiciando su deterioro y conminando a los habitantes tradicionales de estos sectores al paulatino menoscabo de sus condiciones de vida y a la constitución de oportunidades de negocio para grandes operaciones inmobiliarias que solo benefician al gran capital.

Tercero, un alto impacto ambiental porque estos proyectos afectan de manera importante la sostenibilidad de la ciudad, su capacidad de adaptación y mitigación al impacto del cambio climático, al intervenir zonas de conservación o ecosistemas frágiles. Se hace referencia a los cerros orientales, al Río Bogotá,al Páramo de Sumapaz y a la ReservaNatural Productora Thomas Van Der Hammen.

El caso de la Reserva es sintomático de la visión ambiental de Peñalosa y su desprecio por las normas y la ciencia. La Reserva, un espacio de 1.396 hectáreas, fue creada en el 2000 por resolución 0475 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2011 la CAR hizo la delimitación (acuerdo 011). Luego, en el 2014, definió el plan de manejo ambiental (acuerdo 021), un pedido que le hizo el ministerio en el 2000 y que debió aplazarse hasta que el Consejo de Estado resolvió una demanda del propio Peñalosa. En materia científica, este espacio natural es uno de los más estudiados en Colombia, como lo certifica reiteradamente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien reseña más de 55 investigaciones en diversas disciplinas, que confirman la importancia de mantener este espacio.

En tanto la prioridad para la ciudad debería ser apostarle al Plan de Manejo de la Reserva con recursos y programas que permitan su renaturalización, su restauración ecológica y constituir este espacio como un gran parque, el Alcalde Mayor afirma desde el 16 de enero de 2015 que “La reserva es la única del mundo que no tiene árboles, son potreros” y que “No hay estudio que la sustente”. Por el contrario insiste en anunciar que solicitará al Consejo Directivo de la CAR la sustracción del 93 por ciento de la Reserva, para destinar estos predios a sus proyectos de vivienda. Acompaña este anuncio con una propuesta que ha sido presentada desde hace unos años por una entidad denominada Asodessco, que reúne a algunos de los propietarios con intereses inmobiliarios que quiere aprovechar la plusvalía que se generaría con la reversión de esta área que además tiene la condición de zona rural, en predios urbanos.

Por lo demás, está documentado que en el POZ Norte8,existen predios equivalentes a dos veces Ciudad Salitre, que como proyecto urbanístico tardó 35 años en desarrollarse, para urbanizar de manera inmediata que podrían ser utilizados por la Administración en sus proyectos de vivienda, sin intervenir la Reserva, pero despierta suspicacias la insistencia de Peñalosa en acabarla, agravadas ahora por la evidencia de que altos funcionarios de su gobierno poseen predios allí, aunque él lo considere irrelevante, como lo son también algunos de los constructores, los más importantes financiadores de su campaña.

 

Plutocracia y gobierno: la visión técnico gerencial de la administración pública de Peñalosa

 

Peñalosa se promociona desde años atráscomo un técnico y un mejor gerente, con decisiones políticas impolutas. Sin embargo, en el corto tiempo transcurrido de su segunda administración ha dejado entrever la frecuente ausencia de criterio técnico y decisiones gerenciales inexplicables, con altísimos costos para la ciudad y que realmente significan proyectar intereses de grupos de poder de la ciudad.

En el caso del Metro, empezó por descalificarlo declarando que “El diseño del metro lo hizo un funcionario del IDU lavándose los dientes”. Luego ignoró ocho años de estudios técnicos y ciento treinta mil millones de pesos invertidos, que definieron el trazado y la ingeniería básica. Ahora, sin ningún fundamento técnico y solo argumentando el costo, ha decidido que el Metro debe ser elevado. Peñalosa afirmó recientemente “Para que comencemos a hacer la línea del metro, sin que nos guíe la emoción sino la razón, tenemos que entender y aceptar que la inmensa mayoría del transporte público en Bogotá, de los próximos 100 años, seguirá basado en buses, y que TransMilenio además hace lo mismo que un metro”9.

Hoy se desconocen los estudios del Metro elevado, nadie sabe el costo estimado de su construcción y lo único que podremos esperar es que el presidente hasta hace poco de la Junta Directiva del ITDP (Instituto para el Transporte y el Desarrollo) de Nueva York, uno de los mayores promotores en el mundo del BRT (Bus Rapid Transit, en castellano Transmilenio) y financiado entre otras empresa por Volvo, el Doctor Enrique Peñalosa, este ganando tiempo y recursos para completar su red de buses en desmedro de una modalidad de transporte rápido, de alta capacidad, no contaminante y que no lacera la ciudad, como es el Metro Subterráneo.

La eventual privatización de la ETB, es otro ejemplo de la visión del patrimonio público que tiene Peñalosa y el gerente por el designado el señor Jorge Castellanos. Haciendo honor a su enunciado de que “las decisiones bajo mi alcaldía no serán emocionales ni políticas”, por lo cual uno se pregunta ¿entonces atienden a que intereses? En efecto, desde el inicio de la administración tanto el Alcalde Mayor como el Gerente de la empresa de telecomunicaciones se han dedicado a desprestigiarla, lo cual para una sociedad que cotiza en la bolsa es catastrófico. Esto resulta inexplicable por dos razones. Una, por la evidente recuperación de la ETB en los últimos años, que hoy es un competidor calificado en el mercado de mayor potencial en las telecomunicaciones, con la instalación de la red de fibra óptica, la venta de servicios de alto valor agregado vinculados con la internet como la televisión, la transmisión de datos y su potencial en el mercado de la telefonía celular.

Otra razón, es de carácter estratégico para la ciudad. La ETB es patrimonio de los bogotanos, garantiza la cobertura de sus servicios a los sectores populares a costos razonables, con alta calidad y posibilita entrar en el desarrollo de industrias del conocimiento que constituyen un factor de competitividad para el futuro económico del Distrito. Entonces, ¿por qué, para qué y para quién privatizarla?

Empieza a verse en la ciudad un modelo de gestión que privilegia la intervención del mercado en los procesos de contratación y ejecución; que en nombre de la eficiencia y eficacia transfiere a privados la prestación de servicios, aprovechándose de la facilidad que representa contar con una mayoría aplastante y complaciente en el Concejo capitalino, integrada por algunas personas, partidos y movimientos viudos de poder y que en el pasado auparon modalidades de corrupción y clientelismo, facilitados por el autismo de los entes de control que olvidaron el activismo que tuvieron en los años recientes. Corresponde a la ciudadanía defender el interés general y hacer uso de los mecanismos de control contemplados en la constitución nacional para que el patrimonio y presupuesto público no culmine atrapado en la voracidad de los intereses privados.

* Sociólogo, DEA en Estudios Políticos, Candidato a Doctor, Universidad Pierre Mendes France, Grenoble II. Ex Subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito entre 2012 y 2014. @katzmauricio


1 Mario Noriega T. “El reto es grande y el tiempo es corto”, El Tiempo, 03/01/2016.
2 Juan Lozano, “Cinco retos de Peñalosa”, 03/01/2016.
3 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Participacion/Estrategia_Participacion%20PDD.pdf
4 https://bogotaabierta.co/ El 9 de abril de 2016, a la hora de la consulta 5:00 pm, la página llevaba 11.883 aportes, los cuales pueden ser de naturaleza muy específica, hasta consultas y sugerencias de orden general, sin ningún vínculo con el Proyecto de Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.
5 En el Plan de desarrollo Distrital 2012-2016 Bogotá Humana el balance de participación fue: “En este sentido, 268.487 ciudadanas y ciudadanos debatieron y propusieron 64.338 aportes, de los cuales, el 80,5% fueron el insumo fundamental para la construcción de programas entre los que se destacan movilidad humana, territorios saludables, gestión del riesgo, construcción de saberes, primera infancia”, Página 1, Logros SDP Bogotá Humana planeación con participación ciudadana, 2013.
6 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/listo-gerente-urbanizaria-van-der-hammen-articulo-614064
7 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-construiran-80-mil-viviendas-dos-anos-articulo-612856
8 El POZ Norte es la estrategia de planeación urbana y medio ambiental para 2,014 hectáreas del Norte de la ciudad, de las cuales 466 hectáreas, cerca de dos veces Ciudad Salitre, son suelo desarrollable. El proyecto busca asegurar la sostenibilidad de humedales y bosques nativos de la zona así como conectar los cerros orientales con la sabana del río Bogotá. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20NORTE%20-%20POZ%20NORTE/QueEs
9 http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-de-maria-isabel-rueda-a-enrique-penalosa-alcalde-electo-de-bogota/16457119

Publicado enEdición Nº223
Lunes, 19 Octubre 2015 06:19

Una mirada a las otras ciudades

Una mirada a las otras ciudades

Dice que las ciudades africanas y asiáticas son las "fuerzas mundiales de urbanización". Areas donde conviven múltiples formas de producción y de regulación, con regímenes pasados superpuestos y reglas diversas. Una mirada analítica sobre las limitaciones de los discursos modernistas para comprender las realidades de ciudades no occidentales contemporáneas.


AbdouMaliq Simone se especializó en cultura urbana, políticas públicas y relaciones internacionales. Con ese bagaje, trabajó en el funcionamiento de las ciudades africanas y, más recientemente, del Sudeste asiático. Invitado por el programa Sur Global (Unsam), Simone dialogó con Página/12 sobre las limitaciones de los discursos modernistas para comprender las realidades de ciudades no occidentales contemporáneas. Lejos de esa visión, este urbanista propone estudiar las ciudades africanas y las asiáticas como "fuerzas mundiales de urbanización", en las que conviven múltiples formas de producción y de regulación, con regímenes pasados superpuestos y reglas diversas que vuelven a las ciudades "un composé" de formas de funcionamiento.


–¿Cómo caracteriza a las ciudades africanas? ¿Por qué afirma que Africa y Asia son fuerzas de la urbanización mundial?


–Creo que el de "economía translocal" es un concepto que se aplica más a los estudios que hice sobre ciudades africanas que a mis investigaciones actuales en Yakarta y el Sudeste asiático, ya que se relaciona con una práctica expandida de producción artesanal, local y a pequeña escala, con una capacidad limitada de acceso a tecnologías de producción, a la industria. El tema es cómo encontrar un mercado para el consumo de esas mercaderías que se van produciendo locamente, sin limitarse a un grupo muy pequeño de consumidores que tienen recursos muy limitados.


–¿Con qué tipo de recursos se cuenta para expandir esas redes?


–En Africa están disponibles las redes coloniales, las diferentes monedas, los diferentes usos de recursos según tradiciones coloniales varias que pueden utilizarse para hacer circular las mercancías. Siempre se está haciendo jugar esas diferencias para expandir la circulación de cosas, de intercambios, de oportunidades. Estas prácticas tienen raíces históricas y geográficas de muy larga data, están enraizadas en muchas formas de organización social y política diferentes, y han sido una base económica muy importante para la expansión de las ciudades. El concepto "economía translocal" se refiere a estas formas de circulación y niveles que se superponen.


–En sus escritos, usted afirma que, para muchos residentes urbanos, la vida se reduce a un estado de emergencia que no deja tiempo para la etiología precisa de la crisis, ¿cómo es posible transitar este estado de cosas?


–El término "estado de emergencia" tiene dos connotaciones distintas. Una tiene que ver con la cotidianidad y la situación de crisis recurrentes y la necesidad constante de restablecer las bases de una vida cotidiana, recomponer su sustento. Por otro lado, con "lo emergente" también me refiero al surgimiento de nuevas formas de vida urbana que involucran nuevas predisposiciones y actitudes, nuevas formas o capacidades económicas y la expansión de nuevas formaciones de clase. Me refiero a que se vive en este doble estado de precariedad y promesa, lo cual desde ya no es exclusivo de las ciudades africanas sino inherente a la vida urbana de muchas ciudades del mundo.


–En medio de años de desilusión popular en su relación con los Estados africanos, las demandas intensivas de trabajo para asegurar las necesidades básicas, la arraigada "negociabilidad" de la Justicia y los efectos de procesos de reforma económica obligada y supervisada internacionalmente, ¿cómo determinar las posibilidades y futuros urbanos de las ciudades africanas?


–Te respondo con un ejemplo: Angola es una economía de enclave y es una de las economías que más está creciendo en el mundo. De hecho, en los últimos cinco años ha estado creciendo alrededor del 13 por ciento anual, debido exclusivamente a la producción de petróleo. Eso le ha permitido al gobierno angoleño comprar bancos y corporaciones portugueses y hacer grandes inversiones. Sin embargo, el mercado del petróleo emplea a menos del 2 por ciento de los trabajadores angoleños.


–¿Y los trabajadores que no entran dentro de ese 2 por ciento?


–Tienen que autoproducir su sustento y su vida urbana, de modo que el mundo que se deriva de esta situación es de su propia factoría, es artesanal y autoconstruido; y éste es otro tipo de enclave. Ese tipo de economía de enclave genera otra economía de enclave.


–¿En qué sentido?


–La producción de la vida urbana de los angoleños es una vida autoproducida. Y muchas ciudades de Africa son básicamente economías de enclave en sí mismas, donde se encuentran soberanías múltiples –aunque quizás suene fuerte esa palabra–, al menos múltiples formas de funcionamiento, múltiples regulaciones, múltiples regímenes, múltiples sistemas de importación y exportación, múltiples reglas de funcionamiento que hacen que las ciudades sean en realidad un composé de distintas formas de funcionamiento superpuestas, una multiplicidad de enclaves particulares.


–¿De qué manera las ciudades africanas calibran lo que usted denomina "tecnologías de control"?


–En muchos casos, los distintos niveles del Estado –el Estado federal, el Estado metropolitano o el municipal– ceden la administración de los temas urbanos a pequeños arreglos o estructuras de control, con el fin de diversificar el espacio urbano amplio en maneras que permitan a esos espacios múltiples articularse con distintos juegos de poder, cadenas de producción y circulación de mercancías, o diferentes formas de generación de valor.


–Pero qué es lo que hace la mayoría de los residentes, que no son corporaciones o sociedades públicaprivadas, o inversores. ¿Con qué alternativas cuentan esa mayoría frente a estas circunstancias?


–A ellos les queda el construir ellos mismos sus lugares de residencia, pero también sus relaciones interpersonales y sus formas de supervivencia, generando su propio trabajo y una economía basada en la proximidad. Eso es lo que va construyendo una diversidad de mecanismos propios que luego, apropiados y articulados entre sí, constituyen el nivel más alto de la ciudad, es decir que le permiten desprenderse o diferenciarse del contexto regional y constituirse en un centro político o administrativo.


–¿Cómo se conjugan estas nuevas modalidades de colaboración y competencia frente a la creciente dificultad de acceso al empleo y de garantizarse necesidades esenciales?


–Esta es una muy buena pregunta. Si se toma un grupo de mujeres en un mercado, por ejemplo, cada una vendiendo en su puesto el mismo tipo de productos, se da una situación de competencia. Por definición, cada una quiere vender los productos que ofrece y obtener un ingreso, pero al mismo tiempo se prestan atención una a la otra. En este tipo de situaciones, ninguna va a tratar de hacerle competencia desleal a la otra, los precios en general son los mismos en los distintos puestos. Pero puede haber otros detalles importantes para mirar, como quién le compra a quién, cuáles son las redes que se generan y cómo unas le pasan los clientes a otras.


–¿Podría darme un ejemplo?


–En Yakarta, donde estoy trabajando actualmente, hay un distrito donde se venden motocicletas y repuestos para motocicletas. Todos venden los mismos productos, los mismos repuestos, las mismas marcas. Imagínate que a ese distrito llega alguien con una motocicleta y necesita un arreglo: se va a acercar al primer vendedor que vea y allí se genera una relación. Esa persona obviamente quiere vender, pero al mismo tiempo le va a preguntar al cliente qué tipo de problema tiene, de dónde viene; hace una suerte de estudio del cliente. Es probable que a través de ese conocimiento, se entere que esa motocicleta no pertenece a esa persona sino que en realidad es de una empresa que tiene cientos de motocicletas. Entonces se da cuenta de que él puede hacer el arreglo pero hay alguien diez negocios más abajo que podría hacerlo mejor, y prefiere pasar el trabajo a otro y saber que el distrito después va a tener una buena relación con una empresa que le mande muchos más clientes. Entonces, por un lado, está esa competencia individual pero, por otro lado, piensa a futuro en términos de las posibilidades del distrito y su posición en un mundo competitivo más amplio de posibles clientes y relaciones. Siguen estando en competencia individual, pero también en colaboración para atraer la mayor cantidad de trabajo para el grupo más grande.


–¿Planifican pensando en el futuro?


–Sí, yendo más allá de lo que ocurre en el presente y anticipándose a cómo va a ser la situación. Pero para hacer este tipo de planificación es necesario un conocimiento, se necesita saber qué compañeros o competidores se tienen cerca, qué trabajo pueden hacer, de dónde consiguen los repuestos cada uno y qué más se podría conseguir según las redes que tiene cada uno. Se compite, pero también se presta atención, se tiene en cuenta a los demás. Es decir que ese poder de anticipación y de poder planificar hacia adelante y asegurar el trabajo a largo plazo, se basa en la capacidad de establecer relaciones con los demás, de tener algún conocimiento y la posibilidad de llevarse con estos otros, con los que supuestamente está compitiendo.


–¿Cómo se combinan las relaciones familiares y las relaciones comerciales y laborales?


–Por un lado, el hogar es una fuente de trabajo barato. Imaginemos una relación familiar con una tía, puede ser que una persona trabaje para una tía durante mucho tiempo y por muy poco pero con la idea de que esta tía, en algún momento, puede ver el beneficio de invertir en él, por ejemplo, en comprarle un pasaje a Europa o ayudarle en algún emprendimiento, ya que él ha demostrado su valor, su habilidad. Siempre está este principio de anticipación de que le resulte una inversión factible a los familiares. La coherencia de las economías domésticas o de la familia extensa, su fortaleza, se basa en cuánto pueden lograr distribuirse en el espacio. Por ejemplo, uno tiene un grupo de familiares con la misma ocupación o producen la misma cosa, pero localizados en distintas partes. Esta es una manera expandirse en una actividad económica, lo cual requiere cierto nivel de inversión especulativa, una disposición a trabajar aunque no sea por mucha remuneración. ¿Y con quién puede contarse para esto si no es con los parientes o los miembros de una misma familia? De esta manera, el trabajo familiar sigue siendo trabajo barato. Muchas veces las economías de los hogares pueden lograr expandirse a distintas zonas, pero esa expansión solamente se puede hacer a través de relaciones de parentesco porque se hacen utilizando muy pocos recursos y la única manera de mantener esa expansión es porque son parientes pero, al mismo tiempo, los hogares logran mantenerse debido a esa capacidad de expansión –y a veces de diversificación– a distintas ciudades. Es una relación entre obligación y autonomía que se sustentan mutuamente.


–¿Qué ocurre cuando las familias no son numerosas?


–En efecto, una cosa que va cambiando esta forma de economía familiar es la nuclearización de las familias: son más reducidas y los niños ya no trabajan, es decir que los hogares se vuelven nucleares. Al reducirse el tamaño de los hogares, se da una tendencia a la relocalización de los núcleos habitacionales a las periferias, ya que se vuelve económicamente inviable mantener la residencia en zonas centrales. Para que las familias tengan la capacidad de nuclearizarse y depender solamente de una pareja y los niños, y no contar con un número más grande de apoyo de parientes en una familia extensa, no pueden mantenerse viviendo en zonas céntricas de la ciudad. La mudanza a las periferias genera otros problemas, como los costos de transporte para desplazarse a trabajar en el centro, la falta de acceso a otros servicios. Uno de los problemas de la vida urbana actual en las ciudades del Sur es la nuclearización de las familias y la ruptura de esas relaciones de parentesco de familia extensa que también significaban una estructura económica basadas en relaciones complementarias.

–¿Cuán funcionales han sido las oscilaciones entre estabilidad e inestabilidad y la intermitencia de lo que usted llama "guerra de baja intensidad" para quienes manejan los circuitos de mercancías como el cacao, las gemas y los minerales?

–Hay complicidades a largo plazo entre aquellos que logran controlar el acceso a recursos: a la tierra, a rutas de transporte, el acceso a los puertos, el control de los recursos naturales, el acceso al poder político. Cada tanto, estas relaciones se consolidan o más bien se enquistan, en relación a diferentes dimensiones, que pueden ser de tipo generacional, de pertenencia étnica o la persistencia de viejas relaciones comerciales que han estado funcionando durante mucho tiempo. Como los Estados son maquinarias extractivas en tanto cobran rentas de los distintos tipos de actividades y muchas de ellas se hallan enquistadas, a menudo se forma una estructura muy claustrofóbica, con escaso margen para la innovación, poco espacio para que las nuevas generaciones logren entrar a alguna posición que genere algún nivel de ganancia. Si hay una cierta funcionalidad de esa guerra de baja intensidad, tiene que ver con mecanismos para la ruptura de esos feudos enquistados y la apertura a nuevas configuraciones de actores para acceder a oportunidades, para nuevos grupos jóvenes que tengan cierta injerencia, que se abran paso al mercado en medio de estructuras tan establecidas. Ahora bien, determinar si vale la pena –dados los costos de debilitamiento que genera este tipo de situaciones– es otro tema.


–¿Y vale la pena?


–Diría que no, porque los procesos de recuperación o recomposición para compensar los períodos destructivos del conflicto, la pérdida de la confianza que se genera, las situaciones de resquemor o la ruptura del tejido social, son a menudo tan profundas y tienen efectos tan duraderos, que el encontrarse constantemente en un proceso de reconstrucción tiene un costo muy alto. Además, las formas de gobernanza del Estado tampoco cambian tanto, se van regenerando nuevas formas de dependencia, por ejemplo en relación con las recientes inversiones chinas, incluso las asiáticas.


–¿En qué consisten esas nuevas formas de dependencia? ¿Qué rasgos las caracterizan?


–A lo ancho de grandes partes de Africa hay un retorno, quizás por la puerta trasera, a formas coloniales de dominación y de relaciones sociales, de sociedades que han atravesado estos conflictos de tan larga data y que han producido semejante destrucción de ese sistema. Donde podría haber una irrupción de nuevas formas de relacionarse, lo que termina pasando en los hechos es que se da una regeneración de sistemas. Ahora hay inversores que vienen con dinero de Asia y están adquiriendo grandes cantidades de tierra o armando obras de infraestructura que no parecen tener beneficios efectivos para la población a largo plazo y, además, generan una nueva forma de endeudamiento vinculada al funcionamiento de las economías de las colonias. Pareciera que estos conflictos de larga data y de baja intensidad –aun cuando se abren nuevas oportunidades– terminan recomponiendo la actuación de una economía colonial con otros actores pero con el mismo tipo de estructura.


–Los gastos de los Estados africanos para transformar los aparatos nacionales políticos y administrativos en el marco de procesos de "modernización", ¿qué efectos económicofinancieros tienen en la actualidad? ¿Y qué efectos políticos, sobre todo?


–En los años 80, con las grandes reformas de ajuste estructural que forzaron a los Estados a deshacerse de empresas estatales y dar lugar a las privatizaciones, los que adquirieron estas propiedades terminaron siendo funcionarios y actores del propio Estado. De manera que se formó un Estado paralelo o alternativo al existente. Hasta entonces, el Estado todavía convencía a la población de que podía proveer cierto tipo de cosas en tanto hubiese disciplina y orden. Podía proveer algún tipo de mecanismo de asistencia, como por ejemplo vivienda o subsidios para pan y arroz, documentos de identidad o algún tipo de trabajo público, es decir, algún nivel de seguridad. Pero el ajuste estructural implicaba suspender todas esas cosas y desprenderse y privatizar todas las propiedades que el Estado tenía: fábricas, ferrocarriles, el correo. Y muchos de los actores que ya estaban en el estado, distintos funcionarios de alto nivel, se asociaron con empresas y capitales extranjeros para comprar todos esos activos. De esa manera, el Estado se vuelve más extractivo que antes, más vibrante la extracción de fondos de la población.


–¿Por qué?


–Porque la privatización del Estado tiene que ver con hacerlo más eficiente en la recaudación de impuestos o los pagos provenientes de los mercados o de la tierra. Se invierte mucho en el Estado para volverlo más "serio" y eficiente, para lo cual se contrata gente bien entrenada, se profesionaliza y desarrolla una tecnocracia para lograr funcionar y recaudar mejor. Pero el Estado real no está allí, sino en ese mundo privatizado donde la vieja elite política todavía logra mantener al juego funcionando. Es decir que los mismos que eran funcionarios del Estado, ahora están en la función privada. Al mismo tiempo, las poblaciones se están dando cuenta más fácilmente de esto y están más militantes, más avispadas sobre cómo funcionan estas cuestiones y establecen umbrales de tolerancia. Esto hace que surjan más organizaciones –sobre todo a nivel local– que intentan generar cambios, y más movimiento en la sociedad civil, aunque se encuentran muy limitadas porque los Estados están muy endeudados con los acreedores externos y esto limita el tipo de cosas que se pueden hacer.

Publicado enCultura
Lunes, 13 Abril 2015 06:09

Ciudades gigantes, desafíos gigantes

Ciudades gigantes, desafíos gigantes

Crear un plan homogéneo de edificabilidad, mejorar el transporte y luchar contra las desigualdades sociales son los grandes retos que señalan arquitectos y urbanistas para las urbes de América Latina


Megaciudades. Aglomeraciones urbanas de hasta 20 millones de habitantes. "Monstruos ingobernables", como admiten unos arquitectos que tratan de ordenar el caos. Imposible. Las mayores urbes del planeta son complejos organismos que se multiplican sin freno y, en la mayoría de ocasiones, sin un patrón homogéneo. Núcleos hipertrofiados que han germinado con el progreso de las clases medias y el trasvase del campo a la ciudad. São Paulo, México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Río, etcétera. Urbanistas y arquitectos de estas metrópolis de América Latina analizan para EL PAÍS los retos que plantea su gestión. Y coinciden en señalar la falta de un criterio unificador que armonice el desarrollo de las urbes, las dificultades en la movilidad y el aumento de las desigualdades sociales como los principales problemas

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Los retos futuros pasan por convertir estas grandes ciudades en espacios más habitables, con mejores políticas de transporte público y menor contaminación. Y, sobre todo, trazar una dirección para la edificabilidad bajo un plan único, y que las grandes urbes no sean el resultado de un cuadro pintado a brochazos.


En 2014, 450 millones de personas compartían el suelo de 28 áreas metropolitanas en todo el planeta. Difícil detener la autoconstrucción, como si fuera un videojuego. "Hay un aspecto fundamental: la lucha por la ciudad", afirma Abilio Guerra, urbanista y arquitecto brasileño. "Es difícil encontrar fórmulas adecuadas en el Gobierno de las ciudades. La mayor parte de las veces, la iniciativa privada pasa por encima de los intereses de la gente, sin que el poder político tome medidas contra los abusos. Los grandes perjudicados son los espacios públicos de las ciudades. Lo vemos en Río con el caso del Parque do Flamengo, y en São Paulo con el Largo da Batata y el Parque Minhocão. Es preocupante, porque esto sucede en un momento de vulnerabilidad de la sociedad civil brasileña", analiza Guerra.


El patrón se repite en la mayoría de capitales latinoamericanas. En Bogotá se dan codazos sus 7,8 millones de habitantes, producto de la mayor densidad urbana en toda la región: 26.200 ciudadanos por kilómetro cuadrado. El censo crece en 170 personas al día. Y la administración da carta libre a la construcción para aportar cobijo a esa demanda.


Un decreto permite que los constructores puedan desarrollar grandes obras si se abona una cantidad económica adicional por la edificabilidad extra. "Eso significa que pueden aparecer edificios de cualquier tamaño en cualquier manzana, solo porque el constructor busca más metros", explica Mario Noriega, profesor de urbanismo en la Universidad Javeriana. Noriega pide un "marco legal según las necesidades de la gente, que no cambie de alcalde a alcalde". "Creen que eso da una apariencia de modernidad a la ciudad. Pero las calles no están preparadas. La ciudad tenía una estructura de manzanas, con 30 viviendas en cada una. Con la nueva norma, se harán hasta 400. Bogotá es muy densa en los bordes y poco en el centro, pero ahora será densa en todos lados. Su caso de densidad solo puede ser comparable a algunas ciudades chinas y africanas. Están creando una zona de desastre. Se habla de México como la ciudad monstruo, pero tiene metro, y Bogotá es cinco veces más densa", explica el profesor de urbanismo. Solo el 55% de sus habitantes dice estar orgulloso de su ciudad.


Una población similar a la de Bogotá, aunque con una densidad 10 veces menor, tiene Lima. Los arquitectos peruanos Arnold Millet, que ha trabajado en la Municipalidad, y Mario Lara abundan en la reivindicación de su colega colombiano. "Lima no tiene una gobernanza con un hilo único, sino que se suceden gobiernos que rompen con lo anterior y hacen lo contrario", apunta Millet. "El gran reto es ordenarla. Hoy es una ciudad descoyuntada, con más de 40 alcaldías [43 distritos y alcaldes de distrito] que cada una hace lo suyo, atomizada. La solución sería poner a Lima con menos alcaldías y con los mismos decretos", expone Lara.


Pocas ciudades en el mundo han logrado esta unidad metropolitana. Si acaso Londres y París, dicen los urbanistas. "Se parte de un centro y se acumulan municipios adyacentes", dice sobre México el español Miquel Adrià, director de la revista Arquine.
Cómo moverse en el laberinto


Las horas vuelan al volante o en transporte público para los millones de personas que se desplazan en ese ida y vuelta eterno entre la casa y el trabajo. El ciudadano de São Paulo invierte una media de 2 horas 53 minutos diarios en desplazamientos en vehículo propio, y 2 horas 46 minutos en medios públicos (son usados por el 62% de la población). Por la ciudad circulan 5,4 millones de coches, casi uno por cada dos habitantes. Cada mexicano emplea 16 horas a la semana en los trayectos. Bogotá no tiene metro y es el sistema de autobuses el que canaliza la marea humana de viajeros. En Lima, la única línea de metro no da abasto...


"El metro es una necesidad en Bogotá". Lo dice el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, consciente del embudo que supone para la capital la ausencia de este medio de transporte. A cambio, la ciudad presume de la red de ciclorrutas (carril bici) más grande de América Latina, 392 kilómetros de asfalto que los ciudadanos utilizan cada vez más. Piden, eso sí, mayor seguridad vial y que las empresas incentiven las dos ruedas entre sus empleados. Solo el 17% de los bogotanos se declara satisfecho con la red de vías urbanas. Y los problemas de aparcamiento son cada vez mayores para una flota de 1,5 millones de coches. El sistema de autobuses, TransMilenio, moviliza a dos millones de personas al día. "Se enfoca todo en los buses, pero no basta. Bogotá es una ciudad que funciona como una ciudad del siglo XIX y tiene población del siglo XXI", analiza Mario Noriega. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ciudad multiplica por 2,7 los niveles de contaminación que se consideran perjudiciales para la salud.


Ante la congestión, las ciudades buscan fórmulas como el Día sin Carro y diversos tipos de restricciones. En Lima, otro foco de contaminación (sobre todo en invierno dada la gran nubosidad), el ómnibus no puede circular por algunas avenidas, y en la pasada alcaldía diversas calles del centro pasaron a ser peatonales. Con 150.000 nuevos coches cada año (un total de 1,5 millones), proliferan los taxis, formales e informales. También México ha puesto la señal de Stop. Los coches con más de ocho años tienen prohibido circular un día a la semana y un fin de semana al mes en la ciudad. "Aunque estos mismos coches se venden en los municipios y contaminan. La solución es tener la misma política en los dos sitios, ciudad y área metropolitana", señala Miquel Adrià. Hasta seis millones de vehículos entran y salen de la urbe cada día. Distrito Federal ha puesto en marcha proyectos para mejorar las comunicaciones, como dobles pisos en carreteras, nuevas estaciones de tren, estaciones de metro multimodales, que unen varias líneas (hay 300 kilómetros de vía y cinco millones de usuarios), y un nuevo aeropuerto fuera de la ciudad.


Y junto a la saturación, la inseguridad. Según un estudio de la Fundación Thomson Reuters, seis de cada 10 mujeres aseguran haber sido acosadas físicamente en los transportes públicos de América Latina. Bogotá, Ciudad de México y Lima son los escenarios más inseguros.


Las desigualdades sociales


La polarización social también sacude las megaurbes. El ciudadano es parte del mobiliario. "El gran reto es la inclusión", comenta la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao. "La vivienda es un bien social, no debería ser un commodity. Los arquitectos nos hemos desconectado de no querer lidiar con el problema de la falta de vivienda digna para la población. En México es muy fuerte la segregación en todos los sentidos, física y social. Las clases están muy marcadas. Es un México muy disgregado y contrastado. Está todo revuelto. Hace 20 años la gente cambiaba dos veces de casa durante su vida. Hoy son 17. Esto genera desarraigo, desentendimiento de la comunidad y falta de identidad".


Raúl Fernández Wagner, profesor de urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires, ofrece una visión sobre la capital argentina, con 15 millones de habitantes en toda la metrópoli. "El mayor conflicto es el acceso al suelo por parte de la población. De cada 10 nuevos habitantes de Buenos Aires, seis no buscan la compra de suelo, sino que entran en el mercado informal. Es muy difícil tener propiedad privada porque es muy cara. En 10 años Buenos Aires duplicó el PIB. Eso ha de¬sa¬ta¬do también un fuerte proceso especulativo con el suelo".


Sostenibilidad, movilidad e igualdad social. Son tres de los retos de las grandes ciudades latinoamericanas. Para estas urbes no se trata solo de acumular población, sino de convertirse en mejores sitios para vivir.


AMÉRICA LATINA: LOS DESAFÍOS


Objetivo: reducir el abismo entre ricos y pobres

 


Por Verónica Calderón México Df 11 ABR 2015 - 00:22 CEST


Un breve paseo por la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 demarcaciones legales que dividen al Distrito Federal, refleja la enorme brecha económica en México, la segunda economía de América Latina y el país donde viven el hombre con la segunda mayor fortuna del mundo y 53,3 millones de pobres. Mientras el menú degustación para una persona en un exclusivo restaurante puede ascender hasta más de 150 euros, en la calle se apuesta una señora con dos niños que ofrece chicles y cigarros sueltos a cambio de unas monedas. Reunirán, con suerte, unos cinco euros al terminar el día. La imagen es una de tantas que ilustran la desigualdad en Latinoamérica, la región con la mayor inequidad en el mundo solo superada por el África subsahariana: un 28% de su población vive en la pobreza y uno de cada cinco subsiste con menos de cuatro euros al día. Diez de los 15 países más desiguales del mundo están América Latina.


Pese a que el crecimiento registrado en los primeros años del siglo XXI redujo la cifra de pobres un 30%, también aumentó la riqueza de las clases altas. En 2002, la región tenía 25 multimillonarios; en 2014, esta cifra llegaba a 114.


La desaceleración producida tras la crisis financiera que se inició en 2009 afecta en primera fila a los que menos recursos tienen. La reducción de las previsiones de crecimiento de las mayores economías de la región, en especial de Brasil, el gigante regional, han puesto en riesgo las conquistas sociales de la última década. Por otro lado, las fortunas latinoamericanas mantienen el tirón: aumentan a una velocidad del 23% al año, según un informe de Oxfam. Un 8% más rápido que en el resto del mundo.


El coeficiente Gini analiza la distribución de los ingresos con valores que van del cero (igualdad absoluta) al 1 (total desigualdad). América Latina, un mosaico variopinto de países con profundas diferencias, se ha ganado las esperanzas de buena parte de los economistas mundiales por su riqueza natural y capacidad de crecimiento, pero mantiene como denominador común la desigualdad. Pese a que durante los años de avance sostenido, entre 2000 y 2009, las economías latinoamericanas habían conseguido reducir el índice de un 0,54 en 2000 a un 0,5 en 2010, la marca todavía está muy por debajo de países con mayor equidad. El coeficiente Gini en los países escandinavos es de 0,25.
El 10% de la población mexicana gana 27 veces más que el resto, 15 veces más que Estados Unidos y nueve veces más que el promedio de la OCDE.


Gasto público


A esto se suman los nubarrones en la economía global: la caída en el precio del crudo ha reducido las previsiones del crecimiento de las dos mayores economías de la región, México y Brasil, y ha agravado la crisis en Argentina y Venezuela, que tienen pronósticos negativos de un -1,5% y -2,9%, respectivamente. Después de que la región consiguiera crecer globalmente en 2010, en 2014 llegará solamente a un 1,7%.


Para capear el temporal, los dos punteros de la región, Brasil y México, han respondido con recortes a su gasto público, anunciados por sus respectivos presidentes, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto. Esto, según un informe del Banco Mundial de 2014, salvará empleos y mantendrá la estabilidad a largo plazo. Pero eso no significa que el camino no vaya a ser doloroso. Marianne Braig, investigadora de la Universidad Libre de Berlín, opinó en un foro organizado en la Universidad Nacional Autónoma de México que las políticas de la región han demostrado que no son efectivas para reducir la inequidad, especialmente, por el inadecuado manejo de ingresos.


Otro informe del Banco Mundial, también de 2014, indica que la movilidad entre clases es lenta y que el acceso a la educación va de la mano con los ingresos de los padres. Los alumnos de escuelas privadas obtienen mejores resultados que los egresados de centros públicos, pese a que se ha aumentado el gasto en educación en los últimos años.


La paradoja latinoamericana reside en que las empresas, que han avanzado en su competitividad, muchas veces no encuentran a los trabajadores que buscan precisamente por los fallos en la educación. La solución continúa siendo el empleo informal, la fuente de ingresos de más del 60% de la población de la región y uno de sus mayores retos a vencer. La desigualdad también se refleja en los servicios. La mitad de los 600 millones de habitantes de América Latina carece de instalaciones para el suministro de agua, esto en una zona que tiene los mayores recursos acuíferos del mundo. El 90% tiene acceso al agua, pero la calidad del servicio es ineficaz e insuficiente en la mayoría de los países.


La inflación, además, se mantiene como un fantasma que afecta con mayor dureza a los sectores más frágiles. "En general, el futuro no es prometedor para las conquistas sociales de América Latina [...], pero la aplicación adecuada de políticas adecuadas como la flexibilidad en el tipo de cambio, mayores esfuerzos en la educación y la facilitación del ahorro para las clases media y baja pueden ayudar al contexto", apunta Augusto de la Torre, jefe regional para América Latina del Banco Mundial en un informe de octubre de 2014. Los retos para una región que alberga ciudades como México, donde en mismo barrio conviven, a solo unos metros, un hombre que limpia cristales por menos de un dólar y la mansión de Carlos Slim, un magnate con una fortuna tan grande que, si gastara un millón de dólares por día, debería vivir 220 años para agotarla.

Publicado enEconomía
Sábado, 11 Abril 2015 17:27

Paz y ciudad

Paz y ciudad

Los estudios y análisis sobre los orígenes y manifestaciones de la violencia en Colombia la asocian con la concentración latifundista de la tierra rural, el despojo de los campesinos, la exclusión política, la falta de libertades políticas, la concentración de la riqueza, el autoritarismo violento del Estado y el paramilitarismo.

Son pocas, casi nulas, las referencias y reflexiones sobre la relación entre ciudad y violencia política. Planteado en otros términos, sobre el papel que cabe a las ciudades y a los centros urbanos en la persistencia de la violencia social y sobre las acciones en materia de desarrollo urbano para hacer realidad la paz y la convivencia entre millones de ciudadanos.

Colombia es hoy una sociedad urbana, en lo fundamental. Cerca del 75% de su población vive en centros urbanos, y se prevé que esta proporción aumentará al 85% en el año 2050. Durante las próximas cuatro décadas cerca de 20 millones de personas llegarán a las ciudades, con las correspondientes demandas de vivienda, transporte, servicios públicos y sociales, entre otros. El número de ciudades mayores de 1 millón de habitantes aumentará de 4 en 2010 a 7 en 2050, y las mayores de 100 mil, de 41 a 69, lo cual implica mayores retos en materia de conectividad y coordinación.

En los últimos años las ciudades colombianas se han convertido en el motor de nuestra economía. Cerca del 85% del PIB nacional lo generan actividades en los centros urbanos, por lo que se encuentra una fuerte relación positiva entre el nivel de urbanización y el ingreso per cápita de las regiones colombianas (http://bit.ly/1Emuv8M).

Las ciudades, que en otro tiempo fueron consideradas el resultado más perfecto de los beneficios del desarrollo económico capitalista, son hoy, sin duda alguna, la expresión más completa y brutal de la crisis aguda y casi insoportable que vive este sistema. Las que en otro tiempo fueron promesa de progreso individual y social, manifestación clara de la modernización, entendida no sólo como incorporación de los avances tecnológicos en la industria, los servicios y otras áreas de la actividad humana, sino también como realización de un futuro anunciado. Las que eran consideradas muestra evidente del desarrollo civilizatorio; utopía materializada a golpe de reorganización del espacio-tiempo de la vida toda, en aras de la maximización de la productividad, de hacer más eficientes la producción, distribución, circulación y consumo de los productos y servicios, nacionales y extranjeros; el lugar por excelencia de la mercantilización plena, dinámica, expansiva, pujante. Las que fueron núcleo de concentración de unas supuestas y reales oportunidades de ascenso social a través del empleo "seguro" y bien remunerado, de la escuela "accesible" y cuasi gratuita, del acceso a los servicios de salud, recreación, cultura, además de otros servicios urbanos que en conjunto mejoraron los niveles de vida de la gente, ampliando su posibilidad de obtener bienes que no llegaban a las zonas rurales y de satisfacer una amplia gama de necesidades (reales o creadas). Esas ciudades viven hoy un deterioro constante y su continuo declive nos expresa lo que parece la crisis irrevocable de lo urbano.

En Colombia, el crecimiento urbano presenta profundas desigualdades económicas, sociales y espaciales, generando de manera enorme y terrible pobreza y exclusión. Su desmedido crecimiento contribuye a la depredación del ambiente y de los recursos naturales, provocando segregación social y urbana, fragmentación, privatización y utilización irracional de los bienes comunes, de los servicios y los espacios públicos.

En los últimos años, se han multiplicado los procesos que favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales y los inducidos por la acción de diferentes sujetos: empresarios, gobiernos y otros colectivos sociales e individuos. En suma, hoy día construimos ciudades sociales injustas, económicamente ineficientes y con baja competitividad y complementariedad, espacialmente desordenadas, poco funcionales y ambientalmente insustentables.

De acuerdo con los análisis e investigaciones de diversos estudiosos de nuestras realidades urbanas, las ciudades colombiana se han transformado aceleradamente por lo menos en los últimos veinte años y, en el momento actual, enfrentan una problemática caracterizada, entre otras cuestiones, por precarias condiciones de vida, la vulnerabilidad de la mayoría de sus pobladores, tanto en el ámbito social como económico, la degradación del entorno natural y construido, y la reorientación de las políticas sociales de combate a la pobreza, así como nuevas tendencias sobre planificación del territorio urbano.

El funcionamiento del sistema de producción capitalista, desde sus inicios, pero especialmente en su etapa neoliberal actual –que comienza entre los años setenta y ochenta del siglo XX–, ha implicado formas específicas de organización y distribución espacial que centraron en las ciudades las dinámicas más intensas del proceso de acumulación, por lo que son precisamente las ciudades las que manifiestan impactos muy negativos acarreados por dicho proceso. En el periodo referido, la dinámica capitalista también ha exigido la instrumentación de las llamadas políticas de ajuste estructural que ampliaron los costos sociales y ambientales, y han supuesto, en general, un creciente deterioro de las dinámicas urbanas.

Estos fenómenos no han sido colocados explícitamente en los diálogos de paz de La Habana. Se trata de un vacío a corregir.

Los acuerdos y consensos alcanzados hasta el momento se refieren al tema agrario, a la participación política y la democracia ampliada, a la erradicación de los cultivos ilícitos y al fin del conflicto, y poco se mencionan, por ahora, los problemas de nuestras ciudades y su desarrollo urbano (en gran parte porque el gobierno de Santos se niega a tocar el modelo neoliberal vigente), que provocan otros fenómenos muy perturbadores de violencia. Es muy probable que al dialogar sobre "los ajustes que se deben hacer al Estado para adecuarlo a la paz" se dispongan cambios en las normas que regulan la planeación urbana, pues las vigentes desde 1997, como la ley 388 (http://bit.ly/1CECVT8), son la base de una verdadera basura neoliberal como los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, que con su segunda generación aprobada, el único resultado que presentan en sus más de 15 años de vigencia, es el de una mayor segregación social y fragmentación urbana.

La emergencia de la ciudad colombiana del siglo XXI es explosivamente dialéctica, y en la misma lo bueno y lo malo, integración y marginalidad, cohesión social y desigualdad creciente, desarrollo sostenible y dinámicas insostenibles, productividad competitiva y enclaves excluyentes, democratización de la gestión urbana y crisis de gobernabilidad de las regiones urbanizadas, globalización y localismo, están en conflicto permanente.

Conflicto que es alimentado por las lógicas del neoliberalismo, como la acción de los promotores inmobiliarios y de la planificación urbana (a través de los POT y Planes de Desarrollo), aliados en la empresa de convertir la ciudad, como en efecto lo han logrado, en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de acumulación explotadora.

La urbanización neoliberal impuesta con los POT, ha convertido la ciudad en una mercancía, en un valor de cambio, destruyendo su principal rasgo: ser el espacio de encuentro entre personas, grupos y culturas diferentes y un lugar para el disfrute y la satisfacción de las necesidades humanas.

Esa circunstancia ha hecho que los ciudadanos comunes y corrientes pierdan el control de su vida, y que la misma quede en manos de los agentes del neoliberalismo, especialmente de los propietarios del suelo y los promotores inmobiliarios, quienes transformaron las ciudades para adecuarla a sus intereses mercantiles. En otras palabras, la ciudad dejó de pertenecer a la gente. A ella le fue expropiado su derecho a decidir sobre su propio destino y, en consecuencia, a producir la ciudad y a disfrutarla a su imagen y semejanza.

La verdad es que, la institucionalización del paradigma neoliberal (con los POT y Planes de Desarrollo), apoyado por el capital financiero y bancario, ha fomentado la organización de unas ciudades más fragmentadas y desiguales, donde predomina un uso especulativo del suelo, enfocado en proyectos residenciales cerrados y espacios públicos privatizados.

La urbanización especulativa que caracteriza el actual desarrollo urbano, es mensajera de una amenaza de muerte o degradación de la ciudad democrática, la que genera las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía.

Tenemos, pues, el fenómeno de expropiación de la ciudad por los grupos de poder económico y político que constituyen la oligarquía inmobiliaria.

Las teorías económicas neoliberales que impulsan este proyecto de despojo, han acelerado la concentración de la renta y del poder en unas cuantas manos generando pobreza y desigualdad crecientes, exclusión, abandono masivo del campo, procesos acelerados de urbanización precaria, segregación social en la ocupación del territorio urbano, privatización de la vivienda social y de los espacios y servicios públicos, desalojos, y desplazamientos forzados de población a favor de los inversionistas y negociantes inmobiliarios y muchos otros impactos que inciden en la destrucción del patrimonio común y del tejido social a escalas nunca vistas.

Hoy la ciudad neoliberal colombiana está reducida a paraíso de los negocios inmobiliarios y de la corrupción que los apoya; al lucro derivado del manejo desregulado de las rentas del suelo y de la producción masiva de viviendas, centros comerciales y otros macroproyectos urbanos. Ya no interesa la habitabilidad de la ciudad ni la vida de sus habitantes, mucho menos si estos son pobres y excluidos del mercado.

La ciudad colombiana está inmersa en procesos de urbanización caótica, insostenible e ingobernable, que arrastran un conjunto de problemas como los siguientes:

Las zonas centrales se han densificado muy desigualmente.

El crecimiento ha sido más horizontal que espacial, con el consiguiente despilfarro de suelo, ha predominado la informalidad pero también el crecimiento por productos homogéneos (por ejemplo barrios cerrados, parques empresariales, etc.), es decir la fragmentación y la segregación social y funcional. Las estructuras urbanas de centralidad son escasas o débiles y en general la ciudad como sistema polivalente e integrador esta sólo presente en algunas áreas centrales con historia.

Las periferias continúan creciendo y la presión migratoria en muchos casos continuara si se mantienen los factores de expulsión de la población de las áreas rurales. Este crecimiento urbano conlleva no sólo el desarrollo incontrolado y depredador de importantes zonas de la ciudad que comprometen su futuro sino que también ejerce una presión sobre la ciudad central en la medida que necesita o requiere de sus servicios (ocupación de espacios públicos por la venta ambulante, utilización de equipamientos sociales y educativos, inseguridad urbana, etc.) para que esta población allegada pueda sobrevivir.

Los procesos más recientes, con gran impacto, de fragmentación urbana debido a la intromisión en las estructuras existentes de ghettos para ricos, ya sea en forma de "productos urbanos" – o sea grandes equipamientos "autistas" con respecto al entorno, segregadores y dedicados principalmente al consumo- o de comunidades, barrios, ciudades o pueblos cerrados.

El desarrollo urbano mediante asentamientos informales, el crecimiento horizontal, el despilfarro de suelo, la contaminación de las aguas por ausencia de redes de saneamiento, la captura ilegal de algunos servicios básicos (energía, agua), la proliferación de servicios de naturaleza pública no reglados (transportes, a veces asistencia sanitaria, policías barriales, etc.) y la ocupación de suelos no idóneos.


La degradación de áreas centrales o de barrios de la ciudad formal que no se renovaron en su trama y / o actividades y en los que se produce la dialéctica del deterioro social y funcional, abandono de actividades centrales o dinámicas y de poblaciones de ingresos medios, deterioro del patrimonio físico, incluso del arquitectónico y monumental, pérdida de elementos simbólicos o identitarios de la ciudad, inseguridad ciudadana, etc.

La proliferación en la ciudad de actividades informales como los vendedores ambulantes con efectos depredadores sobre los espacios públicos y los servicios urbanos y que a menudo entran en conflicto con los habitantes residentes o activo formales.

El desarrollo de actividades vinculadas a la economía ilegal y a la delincuencia urbana, y en general aumento objetivo y subjetivo de la pérdida de seguridad y de calidad de vida por parte de la población urbana formal.

La menor eficacia de políticas urbanísticas redistributivas y reactivadoras (por ejemplo mediante la generación de nuevas centralidades, realización de espacios públicos de calidad en los barrios de menores ingresos, etc.), debido al bajo nivel de la demanda solvente y a la menor integración cívica de la población.

El bajo nivel de participación ciudadana y poca capacidad de negociación de importantes sectores de la población marginal.

La dificultad de reconversión de estas áreas (por todas los efectos ya dichos, a los que se añade muchas veces la resistencia de la población al cambio y de las zonas formales a recibirla) o la implementación de soluciones que reproducen la marginalidad desde una teórica formalidad (conjuntos de viviendas públicas de baja calidad y separadas física y culturalmente de la ciudad formal). Eliminar las viviendas marginales del área central, trasladando a la población de barrio es un grave problema para sus habitantes.

Señalemos, además, que cuando casi el 75% de la población vive en el espacio urbano, solo una parte de estos habitantes urbanos vive en la ciudad, en estricto sentido, quizás la mitad o menos, pues el resto vive en zonas urbanizadas pero segregadas, dispersas, fragmentadas. Una urbanización que no genera automáticamente ciudad, que en ciertos casos extremos parecen oasis de civilidad y en otros se han degradado hasta convertirse en zonas de riesgo, en ambos casos rodeados de espacios monofuncionales y monosociales, sin capacidad de autogobierno, exponentes de un desarrollo insostenible, que genera comportamientos anómicos y psicologías sociales marcadas por el individualismo, el miedo a los "otros" y el afán insolidario de distinción.

La informalidad del desarrollo físico, la enormidad de las desigualdades sociales, la persistencia de la pobreza urbana, la percepción social de que se da una creciente y casi incontrolable violencia urbana, la muy objetiva realidad de las dinámicas que conllevan insostenibilidad (despilfarro de suelo, contaminación del agua y de la atmósfera, agotamiento de recursos hidrológicos, graves carencias de redes de saneamiento y de sistemas eliminación de residuos, etc.), el aumento del desempleo y en algunos casos del analfabetismo y de la mortalidad infantil, etc. no solo son fenómenos heredados del pasado sino muy presentes y no parecen tener solución en un futuro inmediato.

En muchos casos podría argumentarse que las políticas urbanas en curso, consignadas en los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, no atenúan estos problemas, funcionales y sociales, incluso los agravan enormemente, debido al deterioro institucional de las alcaldías municipales.

Con 15 años de vigencia de tales instrumentos de planificación urbana, los resultados son negativos, pues quien se ha visto favorecido por dichas herramientas son los especuladores inmobiliarios y un pequeño núcleo de constructores que controla la institucionalidad para favorecer sus procesos de acumulación. La verdad es que el papel de tal planificación es traducir el orden social jerarquizado, controlado por unas minorías, en una organización territorial que lo reproduce.

Lo cierto es que la planificación institucional es una secreción de una sociedad dominada por el valor de cambio que, por ende, genera un espacio homogeneizador, represivo y cuantitativo manteniendo a raya la diferencia, la calidad y la creatividad.

Solo una práctica de oposición o antiplanificación puede abrir las puertas a la producción de diferencia. Tal práctica tiene que ser agresiva y contestataria e inscrita en una lucha de clases que abra nuevos espacios de posibilidad y genere nuevas prácticas donde el uso y la apropiación prevalezcan. El futuro no es un resultado mecánico de leyes subyacentes a la realidad ni de una racionalidad objetiva.

El futuro es lo que queremos las mayorías sociales. No se puede predecir o diseñar científicamente en una mesa de dibujar. Si bien podemos actuar guiados por lo que no queremos, sobre la base de aquello de lo que conocemos que nos aliena y de principios humanizantes, no podemos predecir cómo será ese futuro; pero si podemos construirlo a través de la eliminación en la práctica diaria lo que nos aliena.

En última instancia, la planificación urbana es un acto de poder. Entonces, podemos hablar de un poder que impone su agenda desde arriba, una negociación donde cada parte entra con la misma posibilidad de influir el resultado, o un ejercicio de contradicciones donde puede haber formaciones que incluyen varios sectores de clase bajo el control de una de ellas (ej. el clientelismo) o una lucha por imponer los intereses de una a las demás.

De hecho la planificación no ha logrado ni puede imponer un dominio absoluto de clase. La democracia liberal representativa ha propuesto una planificación con participación constreñida (planificación participativa) donde se manipulan los intereses de clase y donde se presentan muchas combinaciones. Para nuestro caso, la globalización neoliberal aparece como un nuevo absolutismo de clase apoyada en una maquinaria apabullante de propaganda e ideología (las virtudes del libre cambio y de la mal llamada democracia), un monopolio cada día más arraigado del poder represivo del Estado y la dictadura del mercado. Esta planificación ha sido devastadora para la ciudad colombiana y ha profundizado el sistema de transferencia de valor hacia fuera. Si Colombia quiere cambiar su destino tiene que desarrollar otra doctrina, otra práctica, y una planificación contestataria o alternativa a la que la globalización neoliberal impone.

En conclusión, señalemos, que la superación del largo conflicto armado colombiano y la construcción de la paz con las nuevas fuerzas sociales y políticas necesita de un vuelco absoluto en la situación de las ciudades y su desarrollo urbano.

Un paso en ese sentido sería la eliminación de las leyes sobre desarrollo urbano expedidas en los años recientes y la planificación del mismo recogida en los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, hoy en su segunda generación, verdadera basura neoliberal, causante de la pobreza y segregación de millones de colombianos como lo estamos observando en Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Popayan, Villavicencio, Pereira, Cúcuta, etcétera.

Publicado enColombia
Bogotanos debemos demandar como ciudadanos ampliación de derechos urbanos

En el debate en curso para escoger la próxima alcaldesa o alcalde de Bogotá el 25 de octubre del año en curso, un asunto crucial es el tema de los derechos ciudadanos urbanos. Son el conjunto de derechos que le dan forma al "derecho complejo a la ciudad".


Tal como lo propone ese gran teórico del urbanismo democrático y los movimientos sociales citadinos progresistas, Jordi Borja, la nueva realidad de la globalización comunicacional y económica, de la revolución tecnológica postindustrial, nos lleva a replantear, actualizar y ampliar los derechos ciudadanos correspondientes a nuestro siglo ( http://bit.ly/1758flu ).


Los movimientos sociales progresistas y la izquierda política, agrega ( http://bit.ly/1758flu ), para ser fieles a sus objetivos históricos de libertad e igualdad y de estar al lado de los que son a la vez víctimas y resistentes potenciales de un sistema basado en el despilfarro global y el lucro personal, deben rehacer sus bases teóricas y sus principios éticos.


Como bien sabemos, en todas las épocas han sido los movimientos sociales e intelectuales revolucionarios los que han trazado un nuevo horizonte de derechos exigibles que luego se han ido formalizando políticamente y jurídicamente por medio de la lucha política.


Ocurrió con los derechos civiles y políticos promovidos por las revoluciones democráticas a partir del siglo XVIII y con los derechos sociales y económicos revindicados y en parte conquistados por las luchas, reformas y revoluciones sociales (soviética, china, cubana, etc.) del siglo XX.


En el siglo actual han surgido derechos de género, ambientales, comunicacionales, vinculados a la mayor autonomía del individuo, otros relativos a las identidades colectivas, etc. En un caso se trata de derechos nuevos, en otros de ampliación y desarrollo de derechos ya legitimados pero que resultan limitados hoy. Es el caso del derecho a la vivienda y a algunos servicios básicos, acota Borja ( http://bit.ly/1758flu ).


En nuestras sociedades ampliamente urbanizadas se requiere un derecho más complejo, es el "derecho a la ciudad" al que nos hemos referido ampliamente en otros textos. 


La elaboración y conversión en reivindicación política de nuevos derechos ciudadanos es una tarea que difícilmente cumplirán espontáneamente las instituciones del Estado oligárquico y los partidos políticos de las elites dominantes. Están doblemente limitados por sus marcos clientelares y los financieros impuestos por los conglomerados bancarios. Unos límites que impiden la innovación. Pero las contradicciones sociales existen y la capacidad cultural para reflexionar a partir de éstas también, plantea ( http://bit.ly/1758flu ).


Vivimos en un momento histórico que nos empuja a pensar y a luchar por algo nuevo. Por nuevos derechos. Y esa es una tarea de los movimientos sociales emancipatorios.


El "derecho a la ciudad" incorpora derechos relativos al entorno físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el ambiente, etc. que condicionan derechos individuales y colectivos de carácter social o político, es decir la efectividad del estatuto del ciudadano.


Pero también se integran en el derecho a la ciudad derechos políticos y sociales que a su vez condicionan la inserción en la ciudad como la igualdad político-jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el salario ciudadano o ingreso mínimo básico, la formación continuada, etc.


El "derecho a la ciudad" es pues un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía plena de nuestra época.


En nuestras sociedades altamente urbanizadas hay un fuerte vínculo entre derecho a la ciudad y derechos ciudadanos.


En sentido amplio los derechos ciudadanos, y los deberes correlativos configuran el Estatuto de las personas reconocidas como ciudadanos. La democracia no consiste únicamente, como está ampliamente demostrado, en la existencia de instituciones representativas y ciertas libertades políticas y civiles. Esta es la dimensión formal. La dimensión material es que las instituciones y las libertades se justifican y se ejercen con el fin que las políticas públicas hagan reales los derechos teóricos considerados legítimos en cada momento histórico y las libertades sirven para reivindicarlos.


Tales derechos deben conceptualizarse como ciudadanos y no "humanos" simplemente a la manera histórica por considerar que forman parte del estatuto de ciudadanía, es reconocer a la persona como sujeto de derechos y deberes que le hacen libre en el territorio urbano en el que ha elegido vivir e igual a todos los que conviven en este territorio.


La plataforma de los derechos urbanos


En el texto que sigue se sugiere una Plataforma, obviamente no exhaustiva, de derechos urbanos como contribución a la renovación de la cultura política en el ámbito de la ciudad y del gobierno distrital. La legitimización de las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas y prácticas políticas territoriales requiere la formulación de derechos que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad en la contienda electoral que ya cobra forma y culminará en octubre del año en curso.
Esos derechos urbanos son los siguientes:

 

  1. Derecho a la vivienda y al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alojo en la misma área si esta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Las autoridades distritales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas. El derecho a la vivienda está integrado necesariamente en el derecho a la ciudad: la vivienda si no está integrada en un tejido urbano, articulado con el resto, en él que conviven poblaciones y actividades diversas. Si no es así el derecho a la vivienda puede ser de hecho la marginación de los sectores de bajos ingresos, es la exclusión territorial.
  2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.
  3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales.
  4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, o participar o confrontarse. Para los "excluidos" la integración grupal conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.
  5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para existir para los otros.
  6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos distritales. En la ciudad la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recalificación de los centros históricos no solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social son elementos consubstanciales de la democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias entre las ciudades. La adecuada relación centralidades-movilidades es hoy una de las condiciones básicas para el funcionamiento democrático de las ciudades. La pluralidad de centralidades se vincula a la superación de las dinámicas segregadoras y especializadoras de los territorios: el urbanismo de la ciudad del siglo XXI debe optar por la mezcla, la diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios.
  7. Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas publicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapte a las características de poblaciones especialmente vulnerables. Los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación o económicas que se realizan en las periferias, o los proyectos comerciales o inmobiliarios deben ser siempre constructores de la ciudad, es decir, incorporar programas de vivienda y de urbanización básica así como elementos de monumentalidad.
  8. Derecho al gobierno plurimunicipal. Los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad. En las regiones más urbanizadas este gobierno debe tener una dimensión plurimunicipal o de ciudad-región. No se trata de suprimir los municipios, incluso los pequeños son ámbitos de representación y de gestión (a veces muy limitada) válidos. Pero casi siempre la gestión pública de proximidad requiere ámbitos de planificación y programación, de gestión de servicios costosos y de redistribución de recursos, que abarcan una diversidad de municipios.
  9. Derecho a la innovación política. Los gobiernos locales y el distrital deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. P.ej. el planeamiento estratégico es una innovación política aun no recogida por el derecho público. Las relaciones entre Administraciones y entre actores públicos y privados deben incorporar cada vez más formas contractuales y no únicamente jerárquicas o compartimentadas.
  10. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación: Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas (p.ej. ventanilla única). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho al a las redes de internet.
  11. Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las instituciones democráticas no son capaces de protegerlos o integrarlos. Por otra parte estas áreas refugios forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
  12. Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios. El gobierno distrital debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Por otra parte la complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados oligopólicos.
  13. Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su costo, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la «inseguridad » afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base local y distrital y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida.
  14. Derecho a la ilegalidad. Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (p.ej. para obtener la reversión de uso de espacio público congelado por una institución estatal). Es decir se trata de demandas que se pueden considerar "legítimas", aunque no sean legales. Un ejemplo es la tolerancia oficial en áreas urbanas delimitadas, respecto al tráfico de droga, el uso social efímero o definitivo de espacios privados con vocación pública, etc. Otro ejemplo es la resistencia a los desalojos bancarios permaneciendo en las viviendas que jueces ordenan desocupar con la policía.
  15. Derecho al empleo y al salario mínimo ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios es decir remunerados al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (p.ej. servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de « salario ciudadano » y de "formación continuada para todos. El espacio urbano-regional puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales.
  16. Derecho a la calidad del medio-ambiente. Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
  17. Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido (p.ej. parejas homosexuales) merecen igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.
  18. Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político jurídico de ciudadano. Y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto es decir la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio - con un entorno social lo que debe determinar el estatuto legal.
  19. Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno distrital y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que las afectan directamente.
  20. Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información transversal similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. Derecho a la movilidad física completa en los espacios políticos y económicos en los que se encuentran inmersos.
  21. Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones a constituir redes y asociaciones que actúen y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye tanto el reconocimiento por parte de las NN.UU. y de todos sus organismos y programas como de organizaciones mucho menos transparentes (como la Organización mundial del comercio o el Banco Mundial). La regulación de los procesos globalizados no la realizarán únicamente los gobiernos de los Estados y los grandes grupos económicos. La globalización supone poner en cuestión el soberanismo monopolista.

 

Legitimación de estos derechos


El desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso:


Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.


Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos. Proceso que debe darse en la actual campaña electoral.


Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

 

En la medida que en muchos casos estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aún el suficiente arraigo social, el rol de los intelectuales y pensadores demócratas, a la vez como fuerza sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos, es hoy trascendental. En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política.

En este proceso de legitimación de derechos es interesante considerar como en los últimos años se han elaborado diversas Declaraciones, Manifiestos o Cartas de derechos ciudadanos o de derecho a la ciudad. En la conferencia de Naciones Unidas-Habitat de Estambul se discutía del derecho a la vivienda pero ni gobernantes ni expertos, ni autoridades locales ni organizaciones sociales, se planteaban la cuestión más ambiciosa y necesaria del derecho a la ciudad. En los primeros años del siglo XXI se han elaborado por parte de las autoridades locales reunidas en el Foro Social de Porto Alegre la Carta de los Derechos Humanos en la ciudad (2000) y la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis 2002). En el Fórum de las Culturas (Barcelona 2004) se elaboró la Carta de los Derechos Emergentes promovida por Institutos y Ligas de Derechos humanos de diversos continentes.


Habitat International Coalition que reúne a casi medio millar de organizaciones vecinales o ciudadanas de todo el mundo está desarrollando desde inicios de este siglo un ambicioso proceso participativo para elaborar la Carta del derecho a la ciudad de los movimientos populares urbanos. Todo ello es una demostración evidente que la cuestión de la ampliación y reelaboración de los derechos ciudadanos es un reto de nuestra época.


Recogemos esta propuesta para que se considere en el debate electoral en curso y de esa manera superar el gerencialismo tecnocrático que algunos están planteando como falsa salida neoliberal a los graves problemas que presenta en la actualidad Bogotá en diversos campos.

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Martes, 28 Octubre 2014 09:39

Medellín tiene POT neoliberal

Medellín tiene POT neoliberal

La élite oligárquica de Medellín y su alcalde Aníbal Gaviria –vinculado a investigación sobre paramilitarismo en Urabá–, impusieron un Plan de Ordenamiento Territorial/POT para la globalización neoliberal, con despojo y exclusión de 700 mil personas que viven en situación de pobreza y segregación social. Se proyectó la ciudad de clases adineradas y mafias de la Oficiana de Envigado y uribistas.

El concejo municipal de la ciudad, capital del departamento de Antioquia, el centro del mayor conservadurismo político en Colombia, donde habitan casi 3 millones de personas, aprobó el día 27 de octubre el Plan de Ordenamiento Territorial/POT de segunda generación, que estará vigente hasta el año 2027. La elite oligárquica que controla la institucionalidad local, impuso, desconociendo el conjunto de prestaciones que le dan forma al derecho a la ciudad de millones de ciudadanos, un estatuto urbanístico que proyecta dicha urbe al escenario de la globalización neoliberal en su tercera fase.



Este POT, con 18 bloques temáticos y 617 artículos, enfoca su reglamentación en los temas de borde territorial, el río Medellín y la ladera urbana. 

El sentido fundamental del texto plantea proyectos orientados a la ocupación capitalista y expoliadora del territorio de la ciudad, mediante el despojo violento de las comunidades y barriadas populares. Su marco general corresponde a la visión del "Estado de competencia" para atraer la inversión de capitales internacionales, incrementar las exportaciones, estimular la inversión extranjera, y fomentar el turismo y los eventos de negocios. El POT quiere hacer de Medellín una ciudad competitiva en el ámbito de la globalización.



El nuevo POT desconoce los derechos de 700 mil ciudadanos que se debaten en condiciones de pobreza extrema. Su derecho a una vivienda digna, con servicios, dotaciones y movilidad, fue omitido de manera tajante y arbitraria. La que ganó fue la Medellín de los privilegios y mafias.



En el trámite y los procesos de legalización de esta herramienta urbanística del capital, afloraron potentes y diversas expresiones de inconformidad y rechazo social dándole forma a un sujeto que gana notable presencia en el espacio público. En los cabildos comunales, en los foros realizados, así como en los debates del concejo municipal, la movilización popular fue un hecho inocultable que expresa los elevados niveles de conciencia social. Se conforma, de esta manera, una plataforma de movilización ciudadana, con pliegos de derechos de gran envergadura. Hay que darle sostenibilidad a dicha movilización y proyectar nuevos eventos de acción por los derechos urbanos fundamentales, especialmente en los escenarios de paz que se construyen con los diálogos de La Habana.

Las acciones futuras de estos sectores dirán la última palabra sobre el sentido excluyente del POT impuesto por la elite oligárquica de Medellín.

 

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Pronunciamiento político frente al debate final y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín

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Pronunciamiento político frente al debate final y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto" Charles Dickens. Historia de dos ciudades

 

Queremos una ciudad para la vida, es decir: para habitarla, para vivirla, para disfrutarla; no queremos una ciudad que "se vende" al mundo, mientras sus moradores sufren la inequidad, la pobreza y la exclusión.

El espacio de Diálogos surgió con la intención de ser un ejercicio de conversación abierta por el Derecho a la Ciudad, planteando la importancia de cruzar el Campo y la Ciudad, desde los territorios urbanos y rurales en Medellín. En el marco del proceso de discusión pública frente al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), llevado a cabo en los últimos meses en la ciudad de Medellín, diversas organizaciones sociales, culturales, comunitarias, de la academia, las Ong´s, mujeres y hombres del campo y la ciudad, hemos manifestado nuestras propuestas con respecto a la defensa de los territorios, la vida digna y el derecho a la ciudad.

En ese sentido, rechazamos el enfoque de participación promovido en el proceso de formulación del POT y consideramos necesario reiterar e insistir en garantías políticas para la inclusión y desarrollo de los siguientes planteamientos en la reglamentación e implementación del POT, así como en las Agendas Públicas de la Ciudad: (1) Reconocimiento y articulación de los planes de desarrollo local al ordenamiento territorial, (2) Protección integral de derechos a moradores, (3) Mejoramiento integral de barrios y Unidades de Planificación Rural Campesina, (4) Gestión comunitaria del riesgo, (5) Transversalidad y desarrollo del enfoque de Género en el Ordenamiento Territorial, (6) Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria y patrimonio en el territorio, (7) Que los instrumentos de gestión y financiación del POT sirvan para la generación de equidad al invertirse en las poblaciones y los territorios más empobrecidos para avanzar en asuntos de hábitat, vivienda digna y adecuada, (8) Generación de Instrumentos económicos para el aumento de la inversión social y la justicia espacial, (9) Un ordenamiento del territorio que sirva para la construcción de paz, (10) transparencia e información permanente sobre la reglamentación e implementación del POT.

En especial, reivindicamos el reconocimiento de la interlocución con las organizaciones sociales y comunitarias, urbanas y campesinas. Exigimos garantías para la participación política en los procesos de planeación y gestión de los territorios urbanos y rurales en la ciudad. Rechazamos los señalamientos públicos, la criminalización de la protesta, las amenazas e intimidaciones a líderes y lideresas que promueven la participación comunitaria en los territorios. Exigimos al Estado, el Municipio de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la aplicación del principio de consulta previa y concertación durante todas las etapas, niveles, instancias, instrumentos, procedimientos y mecanismos del proceso de política pública frente al ordenamiento territorial.

Así mismo, planteamos la necesidad de la generación de acuerdos políticos públicos, vinculantes y claros con las organizaciones sociales y comunitarias, tanto rurales campesinas como urbano populares, que permitan el reconocimiento del derecho a la ciudad, la participación política y el enfoque de derechos en el ordenamiento territorial. Realizamos una invitación a las comunidades en los diferentes territorios a fortalecer los procesos de organización e incidencia política, especialmente en lo que tiene que ver con la constitución de ciudadanías implicadas y veedurías ciudadanas para el seguimiento y concertación efectiva de la implementación de los diferentes planes, programas y proyectos en los territorios. Porque si la administración decide en el Concejo, las comunidades decidimos en el territorio.

Reivindicamos el derecho a la opinión diferente, la protesta, la movilización y la oposición política. El derecho a pensar distinto y ser reconocidos como actores en la construcción política de la ciudad. Participar no es legitimar, participar no es solamente estar de acuerdo o asentir ante las políticas de la administración municipal, participar también es tener la posibilidad de plantear las contradicciones y propuestas; participar es debatir, deliberar y construir públicamente.

MESA DE ORGANIZACIONES DIÁLOGOS CAMPO CIUDAD

Barrios y veredas de Medellín
Lunes 27 de Octubre de 2014

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Emcali. Al servicio de las constructoras y del sector inmobiliario

Tres que son uno. El Plan de Desarrollo Municipal Cali (2012-2015), el Acuerdo Municipal del G-11 –aprobado recientemente por la mayoría en el Concejo local– y el borrador de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resumen y potencian una ciudad al servicio del capital nacional e internacional, propósito concretado a través de una planificación que define unas políticas y un modelo del territorio al servicio de una agenda regional priorizada de acuerdo a las necesidades del mercado y de la élite empresarial.

 

Una perla. El POT establece el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ecociudad Navarro, que permite la construcción de viviendas de interés social a menos de un kilómetro del relleno sanitario de Navarro, cuando existen estudios que señalan que deben construirse a una distancia, mínima, de tres kilómetros. También establece el Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias (Pjaoc), el cual contempla la reubicación de las 5.500 familias que habitan en estos territorios (1). En el POT no se reglamenta la participación de la plusvalía generada por éstas y otras obras, así como las cargas y beneficios específicos. Cabe señalar que este proyecto de revisión y de ajuste del POT fue calificado como deficiente por el Consejo Municipal de Planeación.

 

De esta manera Cali se ajusta a las dinámicas de las principales ciudades del país, donde la prioridad es la "belleza", la "competitividad" y su capacidad de atracción para las inversiones de capital extranjero. Con ello transforman la urbe en una mercancía a la venta (city marketing), una plataforma de negocios para que las inversiones sean más rentables para el empresariado, para lo cual imponen el despojo de la población y someten el patrimonio público al interés privado.

 

En materia de servicios públicos la imposición de este proyecto urbano orienta el grueso de las inversiones que realizan las Empresas Municipales de Cali (EmCali) hacia la generación de mayor rentabilidad para las inversiones del sector privado. En este sentido, fueron comprometidos el año pasado 304 mil millones adicionales para las vigencias comprendidas entre 2014 y 2017, pretendiendo con ello sacar de la quiebra las 21 Megaobras, que han generado sobre costos y problemas económicos a los habitantes de la ciudad.

 

Con esta misma orientación, los proyectos de servicios públicos priorizados en el actual borrador de ajuste y revisión del POT, fueron definidos para el área de expansión del corredor Cali–Jamundí (ver mapa), de esta manera pretenden viabilizar los proyectos que las constructoras ya están ofertando en estos terrenos, los cuales fueron convertidos en urbanizables a través de planes parciales decretados por el alcalde de la ciudad.

 

Estos proyectos de acueducto y alcantarillado en el área de expansión y en las zonas de redensificación, contenidas en el borrador de ajuste y revisión del POT, beneficiarán principalmente a las constructoras y el sector especulativo inmobiliario, sin embargo serán financiados por las Empresas Municipales de Cali. Así se impuso en el acuerdo de pago suscrito entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Guerrero en el marco de la devolución de la empresa, y quedó establecido en el Conpes 3750 de 2013, donde quedó detallado el plan de inversiones.

 

Por estas razones, el gerente general de EmCali Eice Esp Oscar Pardo, asumió el compromiso en los últimos meses –en declaraciones públicas– con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con anticipar el pago de la deuda que tiene la empresa con la nación, para garantizar lo más pronto posible las obras que requieren las constructoras y el sector inmobiliario en las áreas de expansión y redensificación, estas últimas se concentrarán principalmente en el centro de la ciudad con el proyecto de urbanización ciudad Paraíso, que despojará a la población de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre de la Comuna 3, que de acuerdo a proyecciones realizadas en el 2009 "beneficia" a 3.072 personas reunidas en 978 hogares (2).

 

Este proyecto de urbanización se realizará sobre una extensión de 23,16 hectáreas, correspondientes a 30 manzanas, lo que afectará a 926 predios que son de uso predominantemente residencial, para estratos 1 y 2, aunque también hay allí actividades comerciales. Esta zona está ubicada en el centro tradicional de la ciudad, específicamente entre las carreras 10 y 15 con calles 12 y 17.

 

Este territorio queda establecido como un área de redensificación, en la cual se permitirá construir edificaciones hasta de 12 pisos, dentro de la planificación se proyecta edificar 2.464 apartamentos, un centro comercial y una estación intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo "MIO" (3).

 

El dinero por cancelar no es poco. Al 31 de diciembre de 2013 la deuda de la Empresa con la nación ascendía a 1 billón 37 mil millones de pesos, y en el año 2025 –cuando se termine de pagar– ascenderá a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, incremento exponencial resultado de las condiciones del acuerdo de pago suscrito entre Santos y y el alcalde Guerrero. Estos recursos son los que pondrán a disposición de los proyectos de servicios públicos requeridos en las áreas de expansión y redensificación establecidas en el actual borrador de ajuste y revisión del POT. Este compromiso, sumado a los adquiridos con las 21 Megaobras y el G-11 pondrán en riesgo la viabilidad financiera de Emcali.

 

 

Este sometimiento del patrimonio público que representa la Empresa pública de quienes habitan en Cali, al servicio de las constructoras y el sector inmobiliario, hace parte constitutiva del proyecto de ciudad de corte neoliberal impuesto desde el inicio de la década de los años 90, profundizado con la gestión del alcalde Guerrero. Es por esto que fue reconocida la deuda con la nación, recursos orientados principalmente a las áreas de expansión y redensificación definidas en el POT, aunque esta deuda sea ilegítima en su composición y en los intereses que le han cargado.

 

Hay que recordar que las Empresas Municipales de Cali vienen de un periodo de 13 años de intervención del gobierno nacional, que le impuso el pago prioritario de sus deudas con el sector financiero, lo que impidió atender las prioridades de la población. Ahora se prioriza los interés de las constructoras y el sector inmobiliario, nuevamente en contra del patrimonio público y de las reales necesidades que tiene la población para acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia.

 

Por estas razones es fundamental confrontar este proyecto de ciudad de corte neoliberal, impuesto por diferentes gobiernos municipales y con la anuencia del Concejo. Con este propósito se conformó el Frente Amplio por la Defensa de la Ciudad, para confrontar este modelo de ordenamiento y forjar un territorio para la vida digna, salvaguardando las empresas públicas y los derechos colectivos.

 

* Asesor de SintraEMCALI
1 De acuerdo a la Secretaría de vivienda social de la ciudad, informe de gestión 2012, "Se realizó una verificación vivienda a vivienda en 12 sectores ubicados e el jarillón del río Cauca y 11 sectores en las lagunas del Pondaje y charco azul, realizando una caracterización socioeconómica e iniciando un proyecto social articulado con PJAOC (Plan Jarillón Agua Blanca, Obras Complementarias), este proyecto pretende la reubicación de estas 5.500 familias, con apoyo del Fondo de Adaptación Nacional con lo cual se cumplió con el 100% de la meta".
2 Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/archivos/paraiso.pdf
3 Tomado de http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html (consultado el 9 de junio de 2014).

Publicado enEdición N° 203
Viernes, 23 Mayo 2014 10:37

Medellín, una ciudad superficial

Medellín, una ciudad superficial

Durante la realización del VII Foro Urbano Mundial (WUF) "Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la Vida", convocado por la ONU, Medellín fue el centro del mundo. Como todo evento de gala, la ciudad fue adecuada para la ocasión: sus calles y parques relucían, disponibles para que todos los visitantes la gozaran. Los despojados de todo, los mal llamados "habitantes de la calle" (3.400 según reciente estudio de la U. de A., distintos de los otros 30 mil que están por largos intervalos en la calle pero aún no rompen del todo con sus familias) no ocupaban sus lugares habituales; no pocos de los vendedores ambulantes (quienes según las estadísticas representan más del 50 por ciento de los trabajadores de la urbe) tampoco eran visibles en todas las aceras, calles, esquinas; la basura era recogida a tiempo; las paredes relucían después del cepillo y agua recibida.

 

Pasados unos días todo parece que hubiera sido una ilusión. Idos los extranjeros todo regresa a la normalidad, y los cambios teorizados por unos y por otros en los salones del Centro de Convenciones aún no los aplican en la capital de la montaña.

 

Quizá muchas de las personas llegadas de más allá de nuestras fronteras, hombres o mujeres con apellidos como Smith, Nilsson, Larsenno y otros, en sus recorridos dirigidos vieron una ciudad como tacita de plata, urbe de apariencias. Con toda seguridad, unos y otros, cuando salieron de los aburridos Centros Comerciales del sur de Medellín no conocieron mujeres como Guillermina Granda (arriba derecha) y Alba Luz Muñoz (arriba izquierda) que llevan entre 35 y 48 años respectivamente vendiendo gomas de mascar y cigarrillos en la carrera Junín, con ventas diarias entre 3.000 y 4.000 pesos, dinero que "por arte de magia" tienen que estirar para cubrir pasajes, alimentación y el pago de impuestos, cotidianidad en la que además están obligadas a lidiar con los agentes de espacio público quienes –en su labor de control del espacio público– les impiden sentarse en alguna banca callejera mientras intentan vender, menudeado, dulces o cigarrillos al paso.

 

Ciudad de apariencias y realidades contradictorias, poblada por miles de experiencias de vida sometidas a la violación de todo tipo de derechos, donde la economía informal crece como espuma, informalidad revestida como trabajo a pesar de no garantizarle a quienes llenan sus estadísticas derecho a un salario básico, seguridad social, subsidio para el transporte, vacaciones, etcétera; fenómeno incontrolable potenciado por la globalización, la desaparición de la frágil industrialización que alguna vez conoció la ciudad, pero también la violencia rural, el robo de la tierra a los campesinos, su expulsión bajo amenaza de muerte, y la misma traducción de las urbes modernas en grandes supermercados donde las multinacionales y las grandes empresas locales buscan compradores para sus baratijas de todo tipo: sombrillas, venenos para plagas, bufandas, sombreros, ropa de todo tipo, relojes, cintas de cine de cartelera o clásico, calzado de contrabando o falsificado, flores, frutas y verduras.

 

Ciudad de apariencias y engaños, urbe de ensueños transitorios. Así la vieron los miles de visitantes que por unos días llegaron al Foro de las Naciones Unidas, la misma que para muchos de sus habituales habitantes es territorio de pesadilla, en particular para quienes a cada paso están a la caza de un peso para garantizarse el alimento diario.

 

Ellos y ellas, que ante la falta de otras opciones tomaron la calle, soportando los señalamientos y repetitivos ataques por parte de la Alcaldía local, institución que en la práctica los trata como invasores de lo público y usurpadores de impuestos –¿qué más impuesto que tener que pagar vacunas a las bacrim, "dueñas" del centro, y rendir cuentas a la subsecretaría de espacio público para poder laborar?– pero, vaya paradoja, al momento de rendir cuentas su rango crece, en ese momento son considerados como "trabajadores independientes" con una economía estable.

 

Pensarían los/as señores/as Smith, Nilsson o Larsenque que todas aquellas personas que transitan con caminar pausado, de calle en calle, cargando su chaza, o empujando un carrito con apariencia de coche para los bebés, o simplemente carretillas, vestidos con uniformes de marcas reconocidas como Claro, Bon Ice, Vive 100, entre otras, pese a estar en la calle cuentan con seguridad social e ingresos asegurados. ¡Ay!, puro buen corazón de burócrata internacional, así no es la realidad, la economía informal es un infierno diario, donde unos días se logran unos pesos y otros, incluso, puede pasarse raspado, pero en no pocas ocasiones termina trabajando para terceros, los mismos que determinan el "sueldo" que percibido por el esfuerzo diario.

 

Esto ocurre, por ejemplo, con los minuteros, obligados a tener hasta 10 celulares con planes de minutos ilimitados, a precios irrisorios que van desde 150 hasta 200 pesos, de los cuales solo 100 o 120 quedan para el vendedor. Teniendo en cuenta la fuerte competencia en este campo de las telecomunicaciones, dándose la "rareza" de encontrar un minutero a 10 pasos de distancia del otro, sumando la tan rumorada mafia que está detrás del negocio, pues ellos ponen los equipos, alguien los vende y luego ellos descuentan el capital y su parte; quedando así menos del 50 por ciento para quien les trabaja.

 

Imágenes de la cotidianidad, de una vida que no es en dignidad para todos los que llenan el Valle de Aburrá, pero que sí podría serlo, garantizando por esa vía la reducción de la desigualdad social que reina entre quienes acaparan el fruto del trabajo de miles y estos y estas, sometidos a la angustia de "Dios proveerá".

 

El centro de Medellín, ahora proporciona un mercado muy amplio, tan competido que a ratos parece que ya no hay a quién vender, no tanto por falta de transeúntes sino por falta de billetes en sus bolsillos, realidad que no es casual. La tasa de desempleo en la ciudad se presume es la más baja en los últimos 18 años, según la alcaldía de Medellín, lo que permite interrogar, si así fuera ¿estaría la mayoría de la población en el rebusque para poder subsistir, sometidos a condiciones de seguridad tan injustas? O, ¿será que realmente a los paisas no nos gusta trabajar?

 

¿Qué habrán pensado los y las ilustres visitantes si hubieran detallado el Parque Bolívar, La Veracruz, partes de la Avenida Oriental con La Playa, el Parque de Berrio y la Plaza Botero, ¿habrían considerado estas paradojas?

 

Estas son partes de una realidad cotidiana, de la urbe del ingenio y el emprendimiento, la que en proporción a su número de pobladores cuenta con más "habitantes de calle" en el país, donde los pocos centros día e instituciones para la rehabilitación no tienen las estructuras adecuadas para alojar a más de 5.000 personas en una noche y, peor aún, los métodos de reinserción social no son idóneos para aquellos que han perdido todo tipo de conexión familiar y en general social, pues de un 100 por ciento solo un 1 por ciento logra restablecer su vida.

 

Y entonces, ¿de qué nos sirvió el Foro Urbano Mundial?

 

Según Ricardo Arango, gerente del Foro Urbano Mundial, "(este) le permite llegar (a la capital de Antioquia) a las grandes ligas de ciudades como Barcelona, Río de Janeiro, Vancouver, Melbourne, Johannesburgo, ciudades que definen el futuro urbano [...]. El foro le genera beneficios económicos a Medellín y le permite aprender de las mejores prácticas urbanas del mundo".

 

La realidad abofetea a los administradores de este territorio, ciudad que, en comparación con urbes como Nápoles, antes de venderse ante el mundo –como un espacio de estructuras modernas y tecnología de primer nivel– debe asumir sus responsabilidades locales en materia de vida digna, garantizando todos sus derechos a sus pobladores, además de equilibrar el costoso nivel de vida con las desorbitantes cifras de personas en materia de miseria, pese, incluso, a contar con un trabajo asalariado.

Publicado enEdición Nº202
Una manifestación de 'sin techo' amenaza con sabotear el Mundial

 

"Si no cumplen con nuestras exigencias vamos a parar la Copa. Si no respetan nuestros derechos, el 12 de junio no habrá inauguración". La amenaza, recurrente, esta vez vino del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), que protagonizó este jueves el tercer día de caos en las calles de São Paulo. La marcha, organizada con la Frente de Resistencia Urbana, fue calificada por los convocantes como "la mayor manifestación del año en la ciudad". La Policía Militar afirmó que cerca de 5.000 personas asistieron, mientras los organizadores elevaron el número a 20.000.

 

"Nosotros tenemos una propuesta clara. No sacar provecho del Mundial sin que sean respetados nuestros derechos. El balón está con el pueblo. Queremos nuestra rebanada del pastel y no migajas", afirmó Guillherme Boulos, líder del MTST, antes de atacar también las constructoras que serían, según él, las principales beneficiadas por el evento. La amenaza fue clara: "Nos dijeron en Brasilia que los recursos para vivienda acabaron, mientras los de la FIFA no. O aparece el dinero o el junio de la Copa se convertirá en un junio rojo [en referencia el color que identifica los movimientos populares]".

 

Entre los activistas también se encontraban estudiantes y grupos que, hace meses, levantaban la bandera contra la organización del Mundial en Brasil. La Frente de Resistencia Urbana, que también coordina organizaciones de trabajadores sin techo, reúne muchos otros movimientos sociales. Las reivindicaciones, reiteradas en tres protestas solo en este mes, abarcan, además de vivienda, salud, transporte y educación, una pensión vitalicia para las familias de los obreros muertos e incapacitados durante las obras de la Copa. En total, nueve trabajadores han muerto durante los trabajos realizados en los estadios que serán sede del torneo, cuyos gastos superan con diferencia los efectuados en los dos últimos mundiales en Sudáfrica y Alemania.

 

La protesta arrancó bajo el grito: "Copa sin pueblo, todos a la calle de nuevo" y mantuvo cerradas varias vías importantes de la ciudad brasileña durante horas punta. A las 19.00 horas, São Paulo, una de las metrópolis con el peor tráfico del mundo, registró 248 kilómetros de lentitud, un tránsito cercano al récord del año, alcanzado en el miércoles cuando los conductores y cobradores de autobuses estacionaron sus vehículos en medio de la calle para exigir mejores condiciones de trabajado.

 

En São Paulo existen hoy cerca de 290.000 edificios deshabitados, según la Secretaria Municipal de Habitación. A pesar de ello, casi 3,2 millones de personas viven en condiciones inadecuadas, de acuerdo con un informe municipal. Esto significa que o no son propietarios de la casa donde viven por haber sido construidas irregularmente —como las favelas—, pagan un alquiler excesivo en relación con su renta o viven en áreas de riesgo. Se trata del 30% de los más de 11 millones de habitantes de la ciudad.

 

A menos de un kilómetro del estadio en que se jugará el partido inaugural de la Copa, la Arena Corinthians (Itaquerão), hay una comunidad compuesta por 300 familias que esperan viviendas populares y viven con un alcantarillado abierto y con problemas de abastecimiento eléctrico. En la zona se instaló uno de los campamentos del MTST, que reúne actualmente 5.000 familias en la denominada "Copa do Povo [Copa del Pueblo]", que reclama una casa propia del programa federal Minha Casa Minha Vida.

 

La cercanía del torneo ha empujado a los trabajadores de los más diversos gremios —profesores, policías, conductores de transporte público— a convocar a la paralización de sus actividades para hacer una demostración de fuerza justo antes de que inicie la Copa. El pasado ocho, durante la primera manifestación del Frente de Resistencia Urbana, centenares de sin techo invadieron las sedes de las tres grandes constructoras en São Paulo: la Odebrecht, la Andrade Gutierrez y la OAS, todas responsables de obras de infraestructura para el Mundial. Entonces, los líderes de la protesta se reunieron con la presidenta Dilma Rousseff, que estaba de visita en la ciudad, quien se comprometió a encaminar sus reivindicaciones y ajustarlos a los programas del Gobierno federal. La marcha de este jueves es un aviso de que no han olvidado esa promesa.

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