El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Publicado enEdición Nº259
El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Publicado enColombia
Alerta secretario de la ONU sobre crecimiento y envejecimiento poblacional

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó hoy en el marco del Día Mundial de la Población, que entre los problemas demográficos del mundo figuran el crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización.

 

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra cada año el 11 de julio desde 1989, Guterres indicó que el mayor desafío es el envejecimiento de la población, que hace necesario promover el envejecimiento activo y con salud, así como proporcionar una protección social adecuada.

 

Sostuvo que el Día Mundial de la Población es la ocasión para refrendar los compromisos globales en favor de un futuro mejor para todos en un planeta sano, contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan que ha adoptado el mundo y que su misión guarda una estrecha relación con las tendencias demográficas.

 

A medida que el mundo siga urbanizándose, según las previsiones el 68 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2050, el desarrollo sostenible y el cambio climático dependerán cada vez más de una gestión adecuada del crecimiento urbano, agregó.

 

En su mensaje publicado en la página web de la ONU, Guterres resaltó la necesidad de gestionar estas tendencias demográficas teniendo en cuenta la relación existente entre población, desarrollo y bienestar de las personas.

 

Hace 25 años, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, los dirigentes mundiales enunciaron por primera vez los vínculos entre población, desarrollo y derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

 

Este año, el Día Mundial de la Población busca llamar la atención del mundo sobre los asuntos pendientes de la Conferencia de El Cairo.

 

Reconoció que a pesar de los progresos en la reducción de la mortalidad materna y los embarazos no planeados, aún quedan muchos problemas por resolver, en especial los relacionados con los servicios de salud esenciales.

 

Las complicaciones del embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, mientras la violencia de género, que tiene sus raíces en la desigualdad, sigue causando estragos.

 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.

 

La población mundial actual es de siete mil 600 millones de personas y se calcula que alcanzarán los ocho mil 600 millones para el año 2030, según la ONU, que destaca que China e India siguen siendo los países más poblados.

 

(Con información de Notimex)

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Sábado, 06 Julio 2019 08:22

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enColombia
Domingo, 30 Junio 2019 15:58

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enEdición Nº258
Propuestas de ciudad para un New Deal Verde mundial. Cambiemos el sistema, no el clima


“Nuestra tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la codicia de algunos.”

Mahatma Gandhi

 

El pasado 15 de marzo, millones de estudiantes de 1.600 ciudades de todo el mundo participaron en la primera huelga global por el Clima, convocada por el movimiento Fridays for Future (el 15-M verde), cuya cabeza visible es la sueca de 16 años Greta Thunberg. No les falta razón: el planeta Tierra sufre una crisis ambiental global, y el cambio climático es el problema sistémico incomparablemente más grave que padece, por dos motivos críticos. El primero, ecológico, está relacionado con su potencia destructiva: la acumulación de gases invernadero en la atmósfera tiene el potencial de aumentar la temperatura media del planeta y transformar la Biosfera de manera radical, afectando de raíz los equilibrios ambientales del mundo entero y causando una catástrofe civilizatoria sin precedentes en la historia humana: el deshielo de los glaciares y una subida del nivel del mar que podría llegar a ser de metros, la desertificación de océanos y regiones mundiales enteras, el aumento de la frecuencia y potencia de los ciclones tropicales, la falta de agua potable, una pérdida de biodiversidad sin precedentes, el desplazamiento de ¡miles de millones de refugiados ambientales! y un resultado imprevisible en términos de catástrofes, caos, guerras y hambrunas. El segundo, geopolítico y geoeconómico, afecta a nuestra capacidad para combatir la crisis. El cambio climático está causado por el consumo de combustibles fósiles y la deforestación, es decir, la combustión de carbón, gas y petróleo (el corazón del modelo energético actual, que se aproxima a su cénit),[1] y el (mal) uso de la tierra.[2] Es nuestro propio modelo civilizatorio el que está causando la crisis (como dice el geógrafo David Harvey, “los llamados desastres naturales no tienen nada de naturales”), y sólo un cambio de modelo la puede frenar. Hoy, más que nunca, la crisis ambiental que sufrimos es esencialmente ética y política. Es imprescindible un cambio en nuestro modelo de desarrollo: el crecimiento infinito es imposible –física, matemática y biológicamente– en un planeta finito.

Pero no sólo tenemos un problema muy grave de alcance sistémico, sino una multiplicidad de problemas en todos los ámbitos: desertificación, erosión, pérdida de suelo, lluvia ácida, eutrofización de ríos y lagos, muerte de los ríos, agotamiento de la pesca, deforestación, pérdida de biodiversidad (la Tierra está experimentando la sexta extinción masiva de especies animales y vegetales), explosión demográfica, accidentes radioactivos como Chernobyl y Fukushima… Todo ello, junto al descubrimiento del plastiglomerado (el primer tipo de roca compuesto parcialmente de material plástico fundido), configurara el nacimiento de una nueva época geológica: el Antropoceno (término acuñado por Paul Crutzen en el año 2000), que sucedería al holoceno, en el que el impacto de la actividad humana sobre el planeta llegaría a adquirir el carácter de actor geológico.[3] En conclusión, sufrimos una crisis ambiental global que pone en peligro la supervivencia de la humanidad y la del resto de los seres vivos, causada por un modelo civilizatorio y de desarrollo expansionista, depredador, insostenible e insolidario. La crisis afecta hoy por hoy a todos los ecosistemas de la Tierra. Y no hay alternativas fáciles. Sí, tenemos que promover energías renovables, pero lo que es más importante, tenemos que reducir el consumo irresponsable de energía. Sí, tenemos que buscar maneras de “secuestrar” el carbono de la atmósfera,[4] pero lo que es más importante, tenemos que dejar de talar bosques y de consumir petróleo y carbón, para dejar de emitir CO2. Sí, tenemos que esforzarnos en reutilizar y reciclar materiales, pero lo que es más importante, tenemos que reducir el consumo despilfarrador de productos y los residuos que desechamos. Sí, tenemos que frenar la explosión demográfica, pero lo que es más importante, tenemos que garantizar dignidad y justicia para todos los pueblos del planeta, empezando por adoptar políticas de cooperación con el Tercer Mundo (de las que el 0,7% es una expresión muy tímida), que darían como resultado la mejora de la calidad de vida y la reducción natural de las tasas de natalidad. Y sí, tenemos que luchar por cambiar el statu quo geopolítico neoliberal, pero lo que es más importante, tenemos que empezar por [email protected] [email protected], porque no podemos construir la casa por el tejado.

 

El cambio necesario del modelo de desarrollo

 

O somos capaces de planificar este cambio, o la catástrofe climática y ecológica hacia la que estamos abocados lo hará por nosotros. Hay que plantear un nuevo modelo de desarrollo que asuma la limitación de los recursos naturales y la imposibilidad del ideal ficticio de crecimiento económico ilimitado. André Gorz, ideólogo del decrecimiento, afirmaba categóricamente: “Es imposible evitar una catástrofe climática sin romper de manera radical con los métodos y la lógica económica que impera desde hace 150 años... Por tanto el decrecimiento es un imperativo de supervivencia”. Necesitamos construir un nuevo modelo alternativo que, al mismo tiempo que plantee en qué áreas sí podemos y debemos desarrollarnos (sanidad, cuidado de las personas dependientes, educación, cultura, relocalización y economía de proximidad…), también deje claro en cuáles nos es imprescindible decrecer (explotación de los combustibles fósiles y los recursos naturales, agricultura y ganadería intensivas, industria nuclear y de armamento, consumismo –está demostrado que, a partir de cierto umbral, el nivel de consumo tiene poco que ver con el auténtico nivel de vida–;[5] reparto del trabajo, es decir, trabajar menos para trabajar [email protected]…). El economista Serge Latouche, en La apuesta por el decrecimiento, plantea que “volver a la huella ecológica[6] de 1960 no implica tanto producir menos valores de uso, en cuanto a los bienes básicos (agua, alimentos) y a los bienes duraderos (equipamientos domésticos, vestimenta, vivienda), como producirlos de manera diferente, y respecto a los segundos de forma que sean duraderos. Se trata de reducir el sobreconsumo, por supuesto, pero, aún más, la depredación y el desperdicio. Y antes de cerrar las fábricas de automóviles y llevar a los obreros al desempleo, se puede pensar en reconvertirlas en la fabricación de cogeneradores domésticos (cuya tecnología es cercana) para establecer el escenario Negawatt[7] de división por cuatro de nuestro consumo de energía. Objetor de crecimiento, Willem Hoogendyk presenta un pequeño esquema bastante verosímil de reducción del PIB del 60%.

 

 PIBGastos de compensación, de reparación, de despilfarro, etc.Resultado Neto

Situación actual
100- 60= 40
 Decrecimiento del 60% Reducción del 25%
Situación futura40- 10= 30



Ay, y es que “Nuestro PIB”, declaraba Robert Kennedy en frase lapidaria, “engloba también la contaminación del aire, la publicidad de cigarrillos y los trayectos de las ambulancias que recogen a los heridos en la carretera. Abarca la destrucción de nuestros bosques y de la naturaleza. Abarca el napalm y el coste del almacenamiento de residuos radioactivos. Y, al contrario, el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación…”.
Dentro del apartado del despilfarro y el consumismo irresponsables, merecen capítulo aparte algunos productos de lujo y/o completamente superfluos. Hay comparaciones sangrantes pero reales como la vida misma: para muestra, la que realizaba el Worldwatch Institute en 2010:

 

Gastos anuales en productos de lujo comparados con las inversiones necesarias para la satisfacción de algunas necesidades básicas

ProductoGastos mundiales anualesObjetivos socio-económicos para el conjunto de la población mundialInversiones anuales suplementarias para poder realizar esos objetivos
Maquillaje18.000 millones $Salud reproductiva para todas las mujeres12.000 millones $
Alimentos para animales domésticos (Europa y EE.UU.)17.000 millones $Eliminación de la pobreza y de la malnutrición19.000 millones $
Perfumería15.000 millones $Lucha contra el analfabetismo5.000 millones $
Cruceros marítimos14.000 millones $Agua potable10.000 millones $
Helados y postres helados en Europa11.000 millones $Vacunación de todos los niños1.300 millones $

 


Esta amarga realidad, paradójicamente, hace posible que el cambio de modelo propuesto pueda ser llevado a cabo sin que la gran mayoría de la población del primer mundo vea reducida su verdadera calidad de vida. En palabras del sociólogo Michael Löwy, ésta “sólo deberá privarse del consumo obsesivo, inducido por el sistema capitalista, de mercancías inútiles que no corresponden a ninguna necesidad real… son introducidas por la manipulación mental, esto es, la publicidad… que sería reemplazada por información sobre bienes y servicios facilitados por asociaciones de consumo.” (Ecosocialismo: hacia una nueva civilización, 2009)

 

El New Deal Verde: ¡Sí, se puede! 

 

Durante la Gran Recesión, surgió una pregunta indignada: si los gobiernos están gastando el dinero público de todos en salvar a los bancos, ¿por qué no lo invierten en rescatar a las personas? También podríamos preguntarnos: ¿Y en evitar el cambio climático?... En julio de 2008, un grupo de expertos británico de la New Economics Foundation daban una respuesta histórica: el informe A Green New Deal (“Un Nuevo Pacto Verde”): Políticas conjuntas para resolver el triple crack de la crisis del crédito, el cambio climático y los elevados precios del crudo, una batería de propuestas inspiradas en el New Deal, el gran programa de infraestructuras que dio empleo a 4 millones de personas en EE.UU., promovido por Franklin D. Roosevelt a raíz de la Gran Depresión. Las propuestas más importantes son:

1.– Implementar un sistema de energía con bajas emisiones de carbono que incluya hacer de cada edificio “una central eléctrica”. La participación de millones de propiedades permitiría maximizar la eficiencia energética y el uso de energías renovables para generar electricidad, por ejemplo, con cubiertas solares. Una inversión seria en la construcción de nuevos sistemas de suministro de energía –incluyendo la eficiencia energética, la cogeneración de calor y electricidad, y energías renovables para millones de hogares y edificios– costaría unos 50.000 millones de libras anuales, es decir, apenas un 3,5% del PIB de Gran Bretaña. ¡Sí, se puede!

2.– Esto permitiría crear un “ejército de trabajadores del carbono”, que proporcionaría los recursos humanos para el amplio programa de reconstrucción ambiental. Un estudio del Instituto de Investigaciones en Economía Política de la Universidad de Massachussets apoya este análisis: ese mismo año, los autores calculaban que la inversión de 100.000 millones de dólares en áreas prioritarias (aislamiento térmico de edificios, tráfico masivo/ferrocarril de carga, red eléctrica inteligente y energías renovables) en dos años podría generar 2 millones de empleos.

Y 3.– Establecer un Fondo “Herencia del Petróleo” –como el que ya existe en Noruega–, pagado por un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las compañías de petróleo y gas, como parte de un paquete de recursos financieros e incentivos para reunir el presupuesto que debe gastarse, y que también incluiría bonos verdes. El dinero recaudado ayudaría a lidiar con los efectos del cambio climático y facilitaría la transición a una economía baja en carbono. En 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicó un amplio estudio a analizar el impacto de un “eco-impuesto” extrapolado al mercado laboral mundial, y llegó a la conclusión de que la imposición de un precio a las emisiones de CO2 (sólo unos 30 € por tonelada de carbono emitido), y la utilización de lo recaudado para fomentar el empleo –reduciendo las aportaciones a la seguridad social– y para subvencionar las industrias “verdes” no contaminantes, conseguiría crear en cinco años ¡14,3 millones de nuevos empleos en todo el mundo! ¡Sí, se puede!

 

¿Qué hacer?: Las ciudades, la gran oportunidad

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), más de la mitad de la población del planeta reside en zonas urbanas, y el porcentaje llegará al 70% en el 2050 (en el estado español ya es así). En la actualidad, las ciudades acaparan el 75% del consumo energético y son responsables del 75% de las emisiones de carbono, además del consumo del 60% de agua y el 76% de la demanda de madera. Las ciudades dependen para su subsistencia de las capacidades productivas (alimentos, agua, energía y materiales) y asimilativas (residuos, aguas residuales y Gases de Efecto Invernadero, GEI) de los ecosistemas que las rodean; pero también son los espacios donde existe una mayor capacidad para afrontar la crisis ambiental global que vivimos. A modo de ejemplos a seguir, Malmö (Suecia) es la primera urbe del mundo neutra en carbono y el barrio ecosostenible de Vauban, en Friburgo (Alemania), la Capital Verde Europea, no sólo se autoabastece energéticamente, sino que además vende el superávit de electricidad producida por su parque solar de viviendas al resto de la ciudad.

¿Y en el estado español? Según el excelente informe del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM) de la Universidad Complutense de Madrid, Cambio Global España 2020/50. Programa Ciudades (noviembre de 2009), el escenario continuista es apocalíptico: si seguimos así, para el año 2050 tendremos ¡47.574.000 viviendas! (casi una por habitante) y un tsunami de cemento: un consumo de “suelo artificial” urbano de 48.842 km2, ¡el doble que en 1990!, en detrimento del suelo agrícola de calidad; el parque de vehículos triplicará su número actual (¡más de un coche por habitante!), llevando a las grandes ciudades a un colapso circulatorio, las emisiones de GEI ¡cuadruplicarán las de 1990! (¡adiós, Kyoto!), y multiplicaremos por dos los residuos producidos en el 2000... ¿Hay alternativas? ¡Por supuesto! Nos centraremos en las 4 variables fundamentales para minimizar la huella ecológica:

 

1.– Edificación y ocupación del suelo

Tenemos un parque de viviendas sobredimensionado e infrautilizado, una enorme cantidad de suelo clasificado como urbanizable y una distribución inadecuada de los usos del suelo en la ciudad, con una dedicación excesiva al transporte privado y una importante segregación de actividades. En 2009 el Parlamento Europeo aprobó el Informe Auken, que critica con dureza la “urbanización masiva” del estado español. La actividad edificatoria residencial debería responder sólo a las necesidades reales de vivienda: para ello, el número de viviendas construidas no debería superar las 37.000 anuales (en la misma proporción que el aumento de la población), y el stock de viviendas vacías tendría que reducirse al 5% del total. Al mismo tiempo, la rehabilitación urbana integral (incluyendo los componentes energético y ambiental) del parque residencial, además de mejorar la habitabilidad, daría un fuerte impulso a la creación de empleo y haría posible la reconversión del sector. Sólo deben construirse edificios con ‘cero energía’ (NZEB, “Nearly zero-energy buildings”) y cero emisiones durante todo su ciclo de uso, es decir, que generen in situ a partir de fuentes renovables la misma cantidad de energía que consumen, en cumplimiento de la Directiva europea de eficiencia energética (2010/31/UE). Estas propuestas permitirían una reducción drástica del consumo de energía (el 55%) y de las emisiones de GEI, ¡hasta el 80%!, de cara al 2050, según Cambio Global España 2020/50.

Curiosamente, las normativas urbanísticas de varias comunidades autónomas limitan las densidades edificatorias máximas, ¡pero nunca las mínimas! Hay que minimizar la demanda de nuevo suelo artificial para cubrir las necesidades sociales, recuperar el carácter compacto y diverso de las ciudades mediterráneas y, sobre todo, las densidades medias que existían antes de los procesos de dispersión urbanística de los últimos 20 años (1990-2010). Para ello, se debe prohibir el desarrollo de nuevos crecimientos urbanos no justificados, y conseguir que los nuevos desarrollos residenciales recuperen unos promedios de 70 viviendas por Hectárea.

2.– Consumo energético y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Reconducir el panorama energético en las ciudades pasa por conseguir de cara al año 2050 una reducción del 60% del gasto en energía respecto al 2000, sobre todo en la edificación y el transporte –los sectores con mayores emisiones–, y promoviendo un cambio sustancial en los hábitos de consumo que permita disminuir el gasto indiscriminado en torno al 10-20% per cápita. Es necesaria una transformación radical del transporte, dando prioridad al transporte público y eléctrico (véase el apartado “Movilidad urbana”). Además, los suministradores de energía tendrán que invertir en redes de distribución eléctrica inteligentes, que reducen las pérdidas de energía y las diferencias de gasto entre las horas punta y valle, permitiendo que el consumidor reduzca su gasto significativamente. A la vez, esto facilitaría la implantación de una nueva tarifa de la luz más progresiva, con criterios sociales (¡el estado español es el segundo país de Europa con la electricidad más cara!) y ambientales, y la “democratización” de la energía, con un cambio del marco legislativo: ya se ha derogado el impuesto al Sol y ahora hay que impulsar el autoconsumo. Al mismo tiempo, se debe planificar el cierre de todas las centrales térmicas para el 2025, mientras se aumenta la participación de las renovables en el mix energético, con el objetivo de llegar al 85% en 2050. Josep Vendrell, ex portavoz de energía de Unidos Podemos-En Comú Podem, planteaba un objetivo aún más ambicioso: ¡sería posible llegar al 100% de renovables! con una planificación de la transición energética, basada, junto a los aspectos ya tratados (ahorro y eficiencia, rehabilitación de edificios, electrificación de la movilidad y autoconsumo), en “la desintegración vertical de las grandes empresas para romper el oligopolio, el apoyo a las cooperativas, a los operadores públicos locales y a las pequeñas y medianas empresas de renovables; el cierre progresivo de las nucleares y el abandono del carbón, con una transición justa para las zonas afectadas; una planificación adecuada que ponga en el centro la expansión de las energías renovables” (La batalla de l’energia, treball 2017). En 2010, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO. calculaba que con sólo un 30% de energías renovables, ¡se podrían triplicar los puestos de trabajo en el sector! durante los próximos diez años, creando hasta 228.000 nuevos empleos directos e indirectos, sobre todo en la solar fotovoltaica y la eólica, hasta llegar a un total de 344.000 [email protected]

El objetivo final sería lograr ciudades neutras en emisiones de GEI, potenciando sustancialmente el “efecto sumidero”: los parques, jardines y zonas verdes podrían aumentar su capacidad de absorción de CO2 en un 30%, incrementando la proporción de cubierta por especies arbóreas y arbustivas en un 40%, y evitando el sellado continuo del suelo urbano, con el objetivo para 2050 de una reducción de las emisiones del 90-100% con respecto a 1990.

3.– Movilidad urbana

Empezando por el transporte interurbano, el estado español es el país de Europa que dispone de la mejor dotación de carreteras de alta capacidad por habitante: ¡debe cesar ya la construcción de nuevas autopistas y autovías!, con la excepción de actuaciones puntuales en seguridad. Los fondos sobrantes tendrían que dedicarse a la mejora de cercanías RENFE, de los ferrocarriles autonómicos y Feve, y de los carriles bus y VAO (para Vehículos de Alta Ocupación). Actualmente sólo hay carriles VAO en las entradas a Barcelona, Madrid y Granada.

Un impulso decidido al transporte público (empezando por el incremento de la flota) y a los modos de movilidad no motorizados frente al coche particular, unido al desarrollo de las energías renovables, que permitiría la electrificación del transporte (la construcción de redes de tranvía en todas las ciudades importantes y la sustitución de las flotas de autobuses de motor de explosión por otros híbridos) con bajos índices de emisiones, lograría para el 2050 una reducción del gasto energético y las emisiones al 25% de los valores del 2000. Según Cambio Global España 2020/50, esta reestructuración progresiva del reparto modal de la movilidad urbana podría llegar a un escenario de ¡sólo el 10% de los desplazamientos en coche!, un 30-32% en transporte público y la mayoría, un 58-60%, andando o en bici. En esta situación, el número de coches particulares por ciudadano (0,2) ¡habría descendido a la mitad del año 2000! Para conseguir estos objetivos, es básica una planificación urbanística favorable a la movilidad sostenible, la pacificación del tráfico y la mezcla de usos típica de la ciudad mediterránea compacta y diversa, que facilite la proximidad de servicios (los planes de movilidad de Friburgo y Vitoria-Gasteiz son claros ejemplos); la introducción de peajes de congestión en las horas punta de entrada y salida de las grandes ciudades (como ya se hace en Londres, Milán, Estocolmo…), cuyos beneficios se invertirían en el transporte público y, ¿por qué no?, en la subvención de la adquisición de vehículos eléctricos, empezando por las bicicletas eléctricas; y la aplicación de una tasa ecológica siguiendo el ejemplo de Alemania, que internalice los costes externos del transporte,[8] y también sobre el combustible del transporte aéreo. En diciembre de 2010, ISTAS-CC.OO. calculaba que el número de empleos en el sector de la movilidad sostenible podría duplicarse en los próximos diez años, llegando a alcanzar los 444.000 puestos de trabajo y consiguiendo reducir el consumo energético en un 13%, cifras nada desdeñables si tenemos en cuenta que la importación de petróleo y derivados supone ¡dos tercios del déficit comercial español! El estudio preveía que más de 20 ciudades contarían con una red de tranvía el año 2020. Aunque no se haya avanzado tanto, los datos siguen siendo válidos.

Y 4.– Generación de residuos urbanos

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 refleja que la gestión de los residuos urbanos en el estado español deja mucho que desear, tanto en su recogida como en su gestión (¡el 68% van a parar a los vertederos!), y subraya el incremento de la producción de residuos en un 89% durante el período 1990-2005. La mayor parte de este aumento se debe a los residuos derivados de la frenética actividad constructora durante esos años. Como en el transporte, es necesaria la internalización de los costes en las tasas, impuestos y precios públicos, y el pago de tributos locales en función de la cantidad de desechos generados.

Este es el apartado que consideramos más difícil de cumplir del programa Cambio Global España 2020/50, y el que requerirá una mayor concienciación ciudadana, pero aun así, se pueden apuntar objetivos muy claros: la utilización de materiales certificados, reciclados o reciclables en la construcción y obra pública debe ser una exigencia administrativa. Es necesario un impulso decidido a la reducción efectiva en origen de los residuos, hasta alcanzar en 2050 las cantidades producidas en 1990, empezando por establecer una limitación a la generación de residuos para todas aquellas actividades sometidas a licencia de obras o de actividad; promover la reutilización de los Residuos de Construcción y Demolición por encima del 90%, la reutilización de la práctica totalidad de los envases, con prioridad sobre el reciclado; la recogida selectiva, hasta llegar al 65%, y un aumento del reciclaje y la valorización, junto al aprovechamiento como compost y energía de los lodos de la depuradora. En 2050, sólo podrán depositarse en vertedero menos del 5% de los Residuos Sólidos Urbanos, y en todo caso después de haber sido objeto de algún tratamiento previo, tal y como ya establece la normativa vigente. De esta manera, conseguiríamos aproximarnos a los objetivos de “depósito cero en vertedero” y “residuo cero”, es decir, aproximarnos a conseguir cerrar los ciclos, optimizando al máximo el aprovechamiento de los materiales. También se lograría una disminución de los GEI relacionados con los residuos urbanos superior al 50%.

En definitiva, podemos concluir que la reducción de la huella ecológica del conjunto de las ciudades del estado español sólo será posible si se logra un cambio importante en los patrones de residencia, consumo y metabolismo urbano. Sin embargo, con la aplicación de estas medidas y la consecución de los objetivos en estos cuatro temas fundamentales, empezando por una disminución del 29% de la superficie artificial urbana actual, y en el marco de un escenario de reducción del consumo superfluo del 1,3% anual (poca broma, que daría como resultado un 40,3% en los 31 años que nos quedan hasta 2050), gracias a la disminución del despilfarro (volvemos a Latouche, Hoogendyk y Löwy) y a nuevos hábitos de vida más saludables, para 2050 lograríamos alcanzar la meta: ¡una huella ecológica similar a la biocapacidad del país registrada en el 2000! (unas 2,73 Hectáreas globales por habitante).

No es extraño que Willem Hoogendyk finalice su excelente obra, El gran cambio de rumbo llamando a fundar “un movimiento colectivo con ecologistas, objetores de crecimiento, militantes de la paz y de los derechos humanos, ‘creativos culturales’, grupos de pueblos que sufren la mundialización, emprendedores sociales, médicos inquietos, sin olvidar los agricultores y los propietarios de pequeñas y medianas empresas: un movimiento determinado a resistir y acabar de una vez por todas con… un sistema suicida… En suma, un movimiento por la preservación de un magnífico planeta, por un mundo duradero y más justo. […] ¿Qué arriesgamos? En el peor de los casos, perderemos nuestras cadenas y nuestro envenenamiento. Tenemos un mundo que salvar. Mujeres y hombres conscientes de todos los países, ¡uníos!”.

 

Notas:
[1] Aunque según el ecologista Bill McKibben, esto no debería preocuparnos demasiado: “Antes de que nos quedemos sin petróleo, nos quedaremos sin planeta.” (Deep Economy, 2007)
[2] “La alegría con que se ha deforestado el Sudeste asiático para ganar tierras de cultivo y el desecamiento de tremedales en los cuales crecían árboles llevaron a que se produjeran incendios tan enormes que supusieron el equivalente al 40% del total de emisiones mundiales producidas por la quema de combustibles fósiles.” (James Lovelock, La venganza de la Tierra, 2007)
[3] Véase Jan Zalasiewicz et al., Are we now living in the Anthropocene? (“¿Estamos viviendo ahora en el Antropoceno?”), Geological Society of America Today (2008). Y desde el punto de vista del colapso energético, Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, En la espiral de la energía, vol. I, cap. 6, El Antropoceno: la crisis ecológica adquiere dimensión mundial (2014).
[4] James Lovelock aporta varias ideas de geoingeniería, propias y de otros científicos (Klaus Lackner y Ken Caldiera, sobre todo) para llevarlo a cabo, op. cit.
[5] Veáse La situación del mundo 2008, de The Worldwatch Institute.
[6] La huella ecológica es una medida de la cantidad de suelo productivo y agua que un individuo, una ciudad, un país o la población mundial requieren para producir todos los recursos que consumen y absorber todos los residuos que generan. La huella ecológica total de una población determinada es la suma de los cultivos, pastos, bosques, ganado, pesca, construcciones y energía requeridos para su mantenimiento y la asimilación de sus residuos. (Global Footprint Network)
[7] El Negawatt es una unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología o un comportamiento, y corresponde "en negativo" al watt (W). Es la medida con la que se cuantifica la eficiencia energética o el ahorro de energía.
[8] “Si se incluyeran los costes invisibles […] –los accidentes de coche, la contaminación del aire, las bases militares (para impedir a los pueblos de los países productores controlar su propio petróleo), las subvenciones a las compañías petroleras– si, pues, se incluyera todo esto, el precio del carburante treparía a los 14 dólares el galón [3,78 litros]” (Sierra Magazine, abril 2002)

* El texto resume y actualiza el Trabajo Final de Diplomatura de Postgrado en Ideas y Experiencias Políticas Transformadoras del autor (UAB, abril 2018), tutorado por el profesor Joaquim Sempere.
 
Jordi de Miguel
licenciado en Biología por la Universitat Autònoma de Barcelona. Conseller de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Distrito de Nou Barris (2001-06), impulsó y coordinó la realización de La Agenda 21 de Nou Barris. Compromiso ciudadano por la sostenibilidad (Ayuntamiento de Barcelona, 2006)

Publicado enMedio Ambiente

El pasado 29 de abril, el alcalde de Bogotá D.C., Enrique Peñalosa Londoño y su gabinete radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, un documento de 674 páginas, 170 Artículos, por un valor de $95,9 billones de pesos.


El proyecto de Plan, resulta un texto largo, sinuoso y que requiere ser analizado cuidadosamente para entender las pretensiones de la actual administración en materia programática, administrativa, jurídica y presupuestal. La marca general del Plan es el desmantelamiento de lo público, la transferencia de rentas generadas por la aglomeración y el patrimonio colectivo al sector privado, la aplicación de la regla fiscal a la inversión social y los subsidios de la población vulnerable, la concentración del presupuesto en obras de movilidad y el abandono del enfoque de derechos y de inclusión en la construcción de una ciudad de derechos, democrática y moderna.

 

El proyecto de Acuerdo quiere hacer moñona, aprovechando que tienen el apoyo de una aplastante coalición mayoritaria en el Concejo distrital. Peñalosa y su equipo proponen un Plan de Desarrollo, con gran cantidad de orangutanes, incluyendo disposiciones y facultades que transformarán aspectos legales, financieros, patrimoniales, urbanísticos y de la estructura administrativa de la ciudad, los que significarán privatizaciones, venta de activos e inmuebles de la ciudad, reducción de plantas de personal, revisión del gasto recurrente, medidas que normalmente no hacen parte de un Plan de Desarrollo y que en una suerte de pague uno lleve lo que quiera. Si el Cabildo distrital lo aprueba, no solamente cede gran parte de sus facultades de control político durante los próximos años, sino que además pierde la capacidad de discutir serena y profundamente temas esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

 

Privatizar: liquidar patrimonio público valioso y rentable

 

En el Proyecto de Acuerdo aparecen varias figuras que consagran la privatización de activos estratégicos, productivos y rentables hoy patrimonio público y que se transferirían al sector privado a partir de la aprobación global del Plan efectuada en el Concejo de Bogotá. Esto significaría otorgarle una facultad amplia y discrecional a la administración para saldar bienes construidos y valorizados durante años, con el esfuerzo de todos, en un abrir y cerrar de ojos.

El caso más publicitado es el de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.E.S.P. (ETB), para la cual Peñalosa solicita en el Artículo 128 del proyecto en cuestión, autorización para la enajenación total de la participación que en ella tiene el Distrito¹. Paradójicamente, esta empresa entrega millonarios dividendos a la ciudad, algunos de los cuales tienen como destino el presupuesto de la Universidad Distrital; pero además tiene hoy un futuro comercial envidiable porque acaba de realizar cuantiosas inversiones en la instalación de fibra óptica en sectores residenciales y comerciales, además de abrir una rama de negocio en la telefonía celular, lo que la hace una empresa con tecnología de punta, que a pesar de los esfuerzos cotidianos de su presidente Jorge Castellanos, por denigrarla, sus acciones no hacen más que valorizarse y de allí la pregunta: ¿si la ETB es tan mal negocio, por qué hay tantas expectativas en el mercado por su privatización?

Otro caso importante de privatización es el de la EPS Capital Salud, que en el Distrito asumió los afiliados de la liquidada Caprecom, que en su gran mayoría son personas del régimen subsidiado de Salud. El Distrito, contradictoriamente titula el Artículo 66 del Plan, como “Fortalecimiento de la EPS Capital Salud”, pero en su contenido plantea “Como resultado del proceso de fortalecimiento o salvamento patrimonial de la EPS Capital Salud, se autoriza a la administración distrital a fusionar la entidad o enajenar total o parcialmente su participación accionaria en la misma, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

La venta de Capital Salud hace parte del proceso de reorganización del sector salud en Bogotá y su entrega a la lógica de mercado y al sector privado consagrada en el Acuerdo 641 de 2016, con la creación de la Red Integrada de Servicios de Salud conformada por 4 sub redes (Sur, Sur Occidente, Norte y Centro Oriente) que unificó y absorbió los 22 hospitales que hacían parte de la red pública y cuyas consecuencias empieza a ver la ciudadanía con las deficiencias en la atención de urgencias, el abandono del programa de Territorios Saludables y la espera prolongada para la atención de especialistas.

Un caso más de privatización, tiene que ver con la solicitud de autorización que el Alcalde hace al Concejo, empaquetada en el Plan de Desarrollo en el Artículo 134, denominado “Enajenación de Participación de Transmilenio S.A. en la Empresa Férrea Regional S.A.S.”. La consecuencia práctica del beneplácito del Cabildo para la venta de esta participación accionaria de Transmilenio S.A., es el abandono de la multimodalidad en el transporte público del Distrito, puesto que el objeto de la Empresa Férrea Regional, es el aprovechamiento de la red férrea del norte, sur y occidente que cruza la ciudad y la conecta con la Sabana. De esta manera el Distrito, particularmente esta administración, renuncia a la promoción y al aprovechamiento de esta red férrea regional y de figuras como el Tren de Cercanías que podrían significar atacar los problemas del transporte público con fórmulas más económicas, limpias y sostenibles, todo ello en favor de Transmilenio que es la prioridad de este Alcalde y del Plan comentado.

Sin agotar el análisis exhaustivo de las privatizaciones propuestas en este Plan de Desarrollo, no puede pasar desapercibido lo propuesto en un apacible Artículo, el 109, denominado “Gestión de Sedes Administrativas”, que en su parte final establece “[...] Asímismo, autorícese al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. durante el período de vigencia del presente Plan, para realizar de conformidad con las normas superiores que regulan la materia, la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito, que no sean necesarios para el funcionamiento administrativo de entidades distritales”.

 

¡Se vende!

 

Este artículo puede significar la venta de una cantidad importante de bienes inmuebles que posee el Distrito y que a juicio de esta administración no sean necesarios o que en su afán de recaudar recursos y reducir el patrimonio público, proceda a la venta de bienes importante que en muchos casos pueden representar patrimonio cultural, predios o edificaciones que por su tamaño y especialmente por su ubicación sean muy apetecidos en el mercado privado.

Otra forma de privatización, propuesta en el proyecto de Plan de Desarrollo está representada por la gestión del espacio público, privilegiando su acceso a quienes tienen los recursos económicos para pagar por su uso, disfrute y aprovechamiento. Hay tres propuestas en este sentido. La primera la contribución para eludir el Pico y Placa; la segunda la creación de autopistas y vías rápidas sujetas al pago de peajes urbanos y, finalmente, las contribuciones a parqueaderos. Estas figuras podrían profundizar la segregación y la inequidad en el espacio urbano.

 

Reorganización administrativa y masacre laboral

 

Peñalosa solicita de manera bastante inusual el otorgamiento de facultades pro tempore para realizar una reorganización administrativa del Distrito Capital. En efecto, en el Artículo 106 del Proyecto de Plan de Desarrollo, denominado “Modificación Estructura Administrativa” solicita “por el término de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, de facultades para modificar, fusionar, crear o suprimir entidades, establecer las funciones de sus dependencias, fijar las correspondientes escalas salariales y realizar las modificaciones presupuestales a que haya lugar; emitir los actos administrativos pertinentes para ajustar las instancias de coordinación y participación de las entidades distritales”. Esta solicitud la formula excusándose en “el propósito de dar celeridad y agilidad a las decisiones que se requieren para el cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la prestación de los servicios a la población”.

El otorgar estas facultades, el Concejo estaría propiciando el incumpliendo absoluto de los requerimientos mínimos fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública –Dafp– para adelantar este tipo de procesos, ya que las reestructuraciones deben ir acompañadas de estudios específicos sobre las necesidades, la situación fiscal del ente territorial, las realidades de las plantas de personal y los macro y micro procesos administrativos y organizacionales que permitan establecer la necesidad de una modificación organizacional.

Junto a estas facultades extraordinarias, en el Artículo 122 la administración le solicita al Concejo Distrital aprobar una “Racionalización del gasto y asignación eficiente de recursos” que tiene dos elementos. Por un lado “una mirada integral y técnica de la estructura administrativa del Distrito, en búsqueda de eficiencias administrativas y eliminación de duplicidad de funciones entre entidades; en este sentido se estudiará la posible fusión, transformación o supresión de algunas entidades cuyas funciones puedan ser asumidas por otras; y por otro, “una revisión, análisis y depuración del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las nuevas inversiones del Plan de Desarrollo y se convierta en un factor de decisión en la priorización del presupuesto. Esto permitirá fortalecer una gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas del Plan de Desarrollo Distrital”.

En otros términos, Peñalosa pide autorización para modificar sin participación ni consulta con los ciudadanos ni con los empleados públicos y oficiales, la estructura administrativa del Distrito y la racionalización de los gastos recurrentes, caso inédito en la ciudad, lo que podría significar una masacre laboral para los empleados y que no debería autorizarse en el Plan de Desarrollo sino que debería cursarse de manera autónoma y en un amplio proceso de diálogo.

 

Presupuesto de bolsillo y Regla Fiscal

 

El Alcalde Mayor utiliza el Plan de Desarrollo para hacer un manejo presupuestal que elude varias de las normas contempladas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y sus normas reglamentarias. Primero, en el Artículo 58 hace una definición bastante gaseosa de los Proyectos Estratégicos, incorporando desde los grandes de movilidad (metro y troncales de Transmilenio) hasta operación de bibliotecas. Luego, en el Artículo 125, establece que ese conjunto de proyectos se realizarán mediante el mecanismo de vigencias futuras, lo que significa que el Concejo le estaría dando un cheque en blanco para financiar y realizar proyectos indeterminados sin estudios técnicos ni financieros, sin pasar por la autorización previa del Consejo de Gobierno y del Confis y lo más grave sin un debate público sobre los costos, las dimensiones técnicas y las implicaciones sociales de estos proyectos.

Luego, el Alcalde pretende que el Plan de Desarrollo le otorgue facultades para incorporar directamente los recursos adicionales a los previstos en el presupuesto aforado de cada vigencia, a través de un Decreto, evitando ir al Cabildo cada año a tramitar una adición presupuestal, que tiene un costo en tiempo y negociación, en la manera cómo opera el Concejo Distrital. También solicita unas facultades pro tempore para efectuar traslados entre agregados o entre entidades o aprobar créditos adicionales al presupuesto de la vigencia 2015, lo cual no está contemplado en las normas presupuestales distritales.

La cereza del ponqué en términos presupuestales y de derechos, es la propuesta de Peñalosa de incorporar a través del Plan de Desarrollo la denominada Regla Fiscal en el Distrito. En efecto, en el Artículo 105, definido como “Focalización de Beneficios y Subsidios”, la administración le pide al Cabildo permitirle reglamentar “la implementación de los beneficios y subsidios autorizados por el Concejo Distrital, para que en el marco de sostenibilidad fiscal y dentro de los recursos presupuestados para cada vigencia fiscal, se puedan priorizar a los correspondientes beneficiarios”. Abandonando la universalidad de los derechos, condicionándolo al acceso a la disponibilidad presupuestal definida por la propia administración y sujetando la garantía de los derechos a la voluntad del ordenador del gasto quien fija las prioridades, focaliza y selecciona los beneficiarios, dando pie a la ampliación del modelo neoliberal y clientelista de asistencia social caritativo, lo cual en Bogotá significa una política social regresiva, que desconoce los logros de inclusión social de la ciudad.

 

Misceláneos para la preocupación ciudadana

 

Un proyecto tan extenso como el Plan de Desarrollo tiene tal cantidad de temas que es muy difícil comentarlos en un breve texto, por tanto señalaré sucintamente tres temas que aparecen y que deben ser discutidos más ampliamente. Primero, la intención de ubicar como proyectos estratégicos los senderos ecológicos, uno el panorámico rompe fuegos de los cerros orientales, y otro el de conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. Estos proyectos afectarán ambiental, paisajística y patrimonialmente los cerros orientales y la Reserva Natural Thomas Van Der Hammen, promoviendo la urbanización para los estratos altos de la ciudad. Segundo, la ausencia del tema de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía y la capacidad administrativa de las localidades y por el contrario la clara intención de asaltar sus recursos, con el argumento de promover la concurrencia y complementariedad entre el nivel central y la gestión local, con la cofinanciación de obras del Distrito para “potencializar los recursos de los Fondos de Desarrollo Local” como contrapartidas en proyectos de gran impacto social, los cuales serán definidos por el nivel central, abandonando las prioridades de la inversión local. Un tercero, es la utilización del Plan de Desarrollo para fijar normas urbanísticas, lo cual se menciona para la infraestructura educativa y para unos planes parciales que deberían tener uno y otro un curso legal distinto.

 

El Estado no es la solución...

 

En síntesis, el proyecto de Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para aprobación del Concejo Distrital es un proyecto cargado de micos, que busca que en un solo paquete le sean concedidas facultades al Alcalde Mayor para modificar aspectos esenciales de la administración pública, de la estructura organizacional y del presupuesto distrital. Esta administración parte del precepto fijado en la década de los 80 del siglo pasado por Ronald Reagan, quien afirmaba que “El Estado no es nunca la solución. En realidad, es siempre el problema”. Así pretende reducir el campo de intervención del Estado, abriendo espacio a la acción del mercado, privatizando servicios esenciales, achicando el aparato de gobierno, con argumentos afincados en una aparente eficiencia y eficacia del sector privado y la supuesta incapacidad del Estado para la administración, procediendo en este proyecto a vender entidades públicas esenciales, al desmantelamiento institucional y a recortes presupuestales con consecuencias en el acceso y garantía de derechos a la ciudadanía.

En realidad el Plan de Desarrollo consagra la transferencias de rentas públicas construidas en años de impuestos y ahorros colectivos a sectores privados que se aprovechan de la regulación y la aglomeración de una ciudad como Bogotá, sin que la administración resuelva de fondo los problemas de inclusión social, de movilidad sostenible y de sostenibilidad ambiental que hoy constituyen los principales problemas de la capital del país.

 

* Mauricio Katz García, @katzmauricio. Sociólogo, DEA en Estudios Políticos, Candidato a Doctor, Universidad Pierre Mendes France, Grenoble II. Ex Subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito entre 2012 y 2014.


1Todos los artículos comentados en este texto hacen parte del Proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, radicado el 29 de abril de 2016 al Concejo de Bogotá D.C.

Publicado enEdición Nº224
Vista de la ciudad de Bogotá (Colombia), tomada en enero de 2016.
El Informe Mundial de Ciudades 2016 dibuja un panorama crecientemente desigual y propone las líneas para las próximas décadas


 

Las ciudades bien planeadas pueden ser la solución a algunas de las grandes crisis que afronta la humanidad. Inequidad, cambio climático, informalidad o inseguridad son problemas que no podrán ser superados sin un planeamiento urbano adecuado, según el Informe Mundial de Ciudades 2016 (WCR2016, por sus siglas en inglés), que se presentó el pasado miércoles en Nueva York. Entre sus conclusiones, una es clara: “El modelo de urbanización actual es insostenible”.

 

El documento de 260 páginas es el resultado de 20 años de estudio, los que van desde la segunda a la tercera edición de la conferencia de ONU Hábitat sobre desarrollo urbano sostenible: Hábitat III, que se celebrará el próximo octubre en Quito (Ecuador) con el fin de marcar la agenda del crecimiento en las urbes para las próximas décadas.

 

La inexorable urbanización del planeta —más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que en 2030 sean dos tercios— es a la vez una oportunidad de corregir inequidades y un riesgo, ya que también puede agravarlas. Todo dependerá de cómo se afronte este crecimiento: si es como hasta ahora, probablemente la situación de millones de personas empeorará. Pero si se hacen cambios, es posible atajar muchos problemas. Una urbanización bien dirigida “propicia el avance económico y mejora la calidad de vida de todos”, según el texto.

 

El reto es enorme, especialmente en las ciudades más grandes. En las 600 mayores urbes del mundo vive una quinta parte de la población del planeta y se genera el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) global. En 1995 había 22 grandes ciudades y 14 megaciudades en el mundo; hoy ambas categorías se han multiplicado por dos. Convertir especialmente a estas —pero también a otros asentamientos menores— en lugares sostenibles medioambientalmente, resilientes, socialmente inclusivos, seguros y económicamente productivos debe ser el objetivo para los próximos años.

 

Conseguirlo dependerá, según el informe de ONU Hábitat, de la importancia que le otorguen las autoridades locales y nacionales al planeamiento urbano. “Esto requiere un cambio de paradigma: de la construcción básica de hogares a un acercamiento más holístico que integre marcos regulatorios, planeamiento urbano y financiero, reconocimiento de los derechos humanos y la necesidad de poner a las personas en el centro del crecimiento sostenible”, reza el WCR2106. A nivel práctico, esto se traducirá en una mayor densificación urbana y periurbana, ya que el crecimiento poblacional no puede ser directamente proporcional al de ocupación de suelo: los recursos y las infraestructuras son mucho más eficientes en las zonas compactas y pobladas que en las dispersas.

 

Para ello, según Joan Clos, director ejecutivo de ONU Hábitat, hará falta un doble acercamiento que mejore las zonas ya existentes y propicie que las nuevas cumplan estándares mínimos de calidad. El informe señala que es necesario construir 1.000 millones de viviendas de aquí a 2025 para quienes no tienen una con los requisitos mínimos de habitabilidad. Esto, calcula, costará entre 9 y 11 billones de dólares (entre 8 y 10 billones de euros).

 

El documento acusa a los gobiernos de haber sido ineficientes en los últimos 20 años, en los que los asentamientos informales se han disparado sin un marco regulatorio adecuado para controlarlos. El crecimiento ha sido “caótico y disfuncional” y se ha ampliado el abismo entre la demanda y el abastecimiento de servicios básicos. En el lado positivo —aunque han crecido en términos absolutos— la proporción de chabolas se ha reducido en estas dos décadas.

 

Es sin embargo una victoria pírrica en unas urbes cada vez más desiguales. El 75% ha incrementado su inequidad y son “demasiadas” las que han fracasado a la hora de proveer a sus habitantes de un espacio sostenible para todos. “El fiasco de las políticas urbanísticas ha sido espectacular y devastador en su impacto a hombres, mujeres y niños de muchas ciudades. La urbanización pasiva (o espontánea) se ha probado como insostenible”, añade el informe.

 

La agenda que se tendrá que perfilar de aquí a octubre debe “mirar hacia adelante y estar enfocada a resolver problemas con medios claros de implementación”, según el documento, que recoge las líneas generales sobre las que se asentará:

 

• Ha de adoptar una aproximación general de las ciudades con estrategias y acciones concretas, introduciendo mecanismos de financiación claros y formas de monitorización efectivas.

 

• La implantación de las políticas tiene que estar recogida en planes bien definidos, y no puede variar en función de agendas partidistas ni oportunismos.


• Tendrá que reforzar la relación entre urbanización y desarrollo, con el objetivo de que se conviertan en instrumentos paralelos de crecimiento sostenible.


• Debería establecer enlaces a otros acuerdos globales y agendas y estar claramente conectada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


• Debe introducir cambios transformadores y promover un nuevo modelo de urbanización que sea universal y adaptable a las distintas realidades nacionales.

 

Además de esto, el WCR2016 incluye cinco principios irrenunciables: asegurar un nuevo modelo que proteja los derechos humanos y el cumplimiento de la ley; garantizar un crecimiento inclusivo; empoderar a la sociedad civil; promover la sostenibilidad medioambiental y las innovaciones que faciliten el aprendizaje y compartir el conocimiento.

 

 

 

Publicado enInternacional
Pronunciamiento político frente al debate final y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto" Charles Dickens. Historia de dos ciudades

 

Queremos una ciudad para la vida, es decir: para habitarla, para vivirla, para disfrutarla; no queremos una ciudad que "se vende" al mundo, mientras sus moradores sufren la inequidad, la pobreza y la exclusión.

El espacio de Diálogos surgió con la intención de ser un ejercicio de conversación abierta por el Derecho a la Ciudad, planteando la importancia de cruzar el Campo y la Ciudad, desde los territorios urbanos y rurales en Medellín. En el marco del proceso de discusión pública frente al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), llevado a cabo en los últimos meses en la ciudad de Medellín, diversas organizaciones sociales, culturales, comunitarias, de la academia, las Ong´s, mujeres y hombres del campo y la ciudad, hemos manifestado nuestras propuestas con respecto a la defensa de los territorios, la vida digna y el derecho a la ciudad.

En ese sentido, rechazamos el enfoque de participación promovido en el proceso de formulación del POT y consideramos necesario reiterar e insistir en garantías políticas para la inclusión y desarrollo de los siguientes planteamientos en la reglamentación e implementación del POT, así como en las Agendas Públicas de la Ciudad: (1) Reconocimiento y articulación de los planes de desarrollo local al ordenamiento territorial, (2) Protección integral de derechos a moradores, (3) Mejoramiento integral de barrios y Unidades de Planificación Rural Campesina, (4) Gestión comunitaria del riesgo, (5) Transversalidad y desarrollo del enfoque de Género en el Ordenamiento Territorial, (6) Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria y patrimonio en el territorio, (7) Que los instrumentos de gestión y financiación del POT sirvan para la generación de equidad al invertirse en las poblaciones y los territorios más empobrecidos para avanzar en asuntos de hábitat, vivienda digna y adecuada, (8) Generación de Instrumentos económicos para el aumento de la inversión social y la justicia espacial, (9) Un ordenamiento del territorio que sirva para la construcción de paz, (10) transparencia e información permanente sobre la reglamentación e implementación del POT.

En especial, reivindicamos el reconocimiento de la interlocución con las organizaciones sociales y comunitarias, urbanas y campesinas. Exigimos garantías para la participación política en los procesos de planeación y gestión de los territorios urbanos y rurales en la ciudad. Rechazamos los señalamientos públicos, la criminalización de la protesta, las amenazas e intimidaciones a líderes y lideresas que promueven la participación comunitaria en los territorios. Exigimos al Estado, el Municipio de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la aplicación del principio de consulta previa y concertación durante todas las etapas, niveles, instancias, instrumentos, procedimientos y mecanismos del proceso de política pública frente al ordenamiento territorial.

Así mismo, planteamos la necesidad de la generación de acuerdos políticos públicos, vinculantes y claros con las organizaciones sociales y comunitarias, tanto rurales campesinas como urbano populares, que permitan el reconocimiento del derecho a la ciudad, la participación política y el enfoque de derechos en el ordenamiento territorial. Realizamos una invitación a las comunidades en los diferentes territorios a fortalecer los procesos de organización e incidencia política, especialmente en lo que tiene que ver con la constitución de ciudadanías implicadas y veedurías ciudadanas para el seguimiento y concertación efectiva de la implementación de los diferentes planes, programas y proyectos en los territorios. Porque si la administración decide en el Concejo, las comunidades decidimos en el territorio.

Reivindicamos el derecho a la opinión diferente, la protesta, la movilización y la oposición política. El derecho a pensar distinto y ser reconocidos como actores en la construcción política de la ciudad. Participar no es legitimar, participar no es solamente estar de acuerdo o asentir ante las políticas de la administración municipal, participar también es tener la posibilidad de plantear las contradicciones y propuestas; participar es debatir, deliberar y construir públicamente.

MESA DE ORGANIZACIONES DIÁLOGOS CAMPO CIUDAD

Barrios y veredas de Medellín
Lunes 27 de Octubre de 2014

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Publicado enColombia
¿Espacio para la especulación urbanística o para la vida?

El Plan de Gobierno, el POT y el "mega proyecto" cinturón verde para el Área metropolitana, Jardín Circunvalar, tres iniciativas de importancia estratégica para Medellín, aprobadas –o en proceso de serlo– sin conocimiento pleno ni debate profundo por parte de los habitantes de la ciudad. Consecuencias y retos abiertos por estas decisiones.

 

La ciudad debe ser un tejido de lugares para el buen vivir o se convertirá en un espacio fragmentado, de segregación y exclusión social, sin conexión y sin calidad, para vivir en estrés ambiental, de movilidad, ecológico y de trabajo.

 

Medellín, una ciudad con escaso suelo urbano y rural aprobará su POT en septiembre próximo, en un proceso que no concita el debate profundo de sus normas, con conocimiento de causa por parte de la ciudadanía. El eje central de la discusión por dar, debería versar por tanto, sobre los usos del suelo, en una movilización de sus habitantes por mts2 para el buen vivir de todos y todas, para una vida con calidad y bienestar.

 

Debate público reglamentado por la Ley 507/99, que en su artículo 2º ordena a los concejos municipales o distritales, la celebración obligatoria de un Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento, sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en la ley, lo cual está desconocido en el actual proceso de revisión y ajuste del POT.

Pero no sólo no hay discusión sino que lo aprobado es una carta en blanco para que luego la administración municipal, en el curso no mayor a 12 meses –contados a partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento– lo reglamente. Vale por tanto preguntar, ¿Será viable aprobarlo cuando sólo presenta criterios y lineamientos sin su base reglamentaria? De esta manera, después de un año de aprobado serán reglamentados asuntos estratégicos para un proyecto de ciudad y para la vida con calidad para sus pobladores (ver recuadro 1)

 

Cinturón verde, un macroproyecto sin fundamento

 

Este macroproyecto, aprobado e integrado dentro del POT, es una de las decisiones que más afectará la vida futura de los pobladores de este territorio. En una estrategia de levantar corredores o cinturones "verdes" para contener el crecimiento de la ciudad, desplazará miles de familias campesinas y cambiará el uso del suelo que hoy tienen centenares de hectáreas agrícolas, afectando la oferta alimenticia que hoy llega a la capital de Antioquia.

 

Déficit de vivienda y lucha por el suelo

 

El problema de la ocupación informal de las laderas que rodean a Medellín es estructural, pese a lo cual el Estado y la municipalidad no han querido atenderlo. Planeando la ciudad a favor de los menos los más quedan excluidos: la institucionalidad de la planeación y el ordenamiento de la ciudad han construido alternativas innovadoras para ello; mal contadas son entre 4.500 y 5.000 viviendas al año las requeridas para dar solución a las familias que llegan a la ciudad, provenientes de un campo que históricamente adolece de atención por parte del Estado.

 

De otra parte, la municipalidad en su falta de continuidad de políticas, desvía o desatiende los acuerdos que a largo o mediano plazo se plasman en instrumentos de ordenamiento de la ciudad, como los planes locales o el mismo POT, razón por la cual entre otras cosas y sin temor a equivocarnos queda sin ejecución el 20 por ciento de lo que estaba previsto en el POT inicial de 1999, y los posteriores ajustes conocidos hasta el día de hoy.

 

Hemos aprendido a hacer ciudad, es cierto, pero para no más del 30 por ciento de la población de Medellín, para el restante 70, incluyendo el territorio rural-campesino, no se ha hecho ciudad, lo poco que existe en el campo y las laderas urbanas las han construido las comunidades populares y campesinas con sus propias manos y muchas de éstas son informales porque la inmobiliaria urbana, la institución y el Estado, así lo quieren.

 

Hace más de 20 años el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Informales – Primed– para dos fases: 1993-1997, 1998-2003 (según decreto 478 de 1998) estableció una política que a nuestro modo de ver atendía esta problemática de los asentamientos informales y/o en zonas de alto riesgo. Su propuesta era la implementar políticas que ordenaran lo que todo mundo sabía que inexorablemente iba a pasar: las laderas y los suelos de alto riesgo se densificarían. Las cifras así lo constatan, para el año 2003 proyectaban una población de 300.000 habitantes en asentamientos subnormales, eran 87 asentamientos en el año 1999 y actualmente –según lo anuncia la administración municipal– superan los 130.

 

Por estas circunstancias en 1993 fue concebido un plan para su manejo que proponía reubicación, mejoramiento o consolidación barrial en donde fuera posible, y como quedaban terrenos baldíos por la reubicación y estos terrenos eran considerados de alto riesgo, proyectaban una intervención innovadora que transformara el sector en oportunidad de espacio público, recreación o paisaje. En ese entonces, como ahora, era necesario para estos asentamientos: superación de las condiciones de pobreza con el mejoramiento de viviendas, legalización de escrituras, recuperación y estabilidad de terrenos, recuperación de microcuencas, incremento de los índices de coberturas de acueducto y alcantarillado, infraestructura peatonal, equipamientos sociales, educativos, recreativos y de salud, así como incremento del espacio público y la infraestructura vial. Y claro, generación de empleo con el desarrollo de obras, y no propiamente poniendo adoquines, sino participando integralmente en la fabricación de hábitat e infraestructura.

 

Pero este manejo requería de gestión, regulación y control al largo plazo, lo que parece que es prácticamente imposible en estructuras administrativas tan jóvenes e imperfectas como las de esta ciudad. La falta de realización del anterior POT y la nueva propuesta de éste así lo demuestran.

 

Con lo cual resaltan dos aspectos: de una parte los requerimientos en las laderas están lejos de ser los que ofrece el cinturón verde, y de otra esta alternativa del cinturón la promueven como una innovación para frenar la expansión urbana en las laderas de la ciudad. Esta decisión genera dudas, pues cualquier persona, urbanista o no, sabe que la disposición de vías y equipamientos en algún lugar son generadoras de mayor densidad urbana. Para evitar esta densificación metros arriba del cinturón es obligatorio contar con capacidad de regulación y control urbano, y es evidente que en Medellín no existe esta capacidad, y con seguridad esto será imposible de superarlo incluso con las bases militares propuestas por instalar allí.

 

Del lado del verde urbano, el proyecto del cinturón, vuelve e insiste en reducir el asunto de la ecología urbana y del medio ambiente a un programa de siembra de árboles, olvidando que la sostenibilidad y el desarrollo humano sostenible es ante todo humano, más aún cuando involucra comunidades carecidas históricamente de todo.

 

Lo que sí requiere la ciudad, y la comunidad en oposición al cinturón verde así lo ha expresado, es la consolidación de los barrios que han esperado por más de 15 años, muchos por más de 30, que esta urbe los acoja y los deje de tratar como zonas marginales. Las familias que viven en zonas de alto riesgo también están en espera de que les ofrezcan alternativas. Como dice alguien de la comunidad "con esto del cinturón verde o Jardín Circunvalar de todo se ha hablado pero de mi casita (mi hogar en donde vivo) nada se ha dicho". Para hacer esto solo hay que seguir los intereses de la comunidad, los planes de desarrollo local y las directrices del POT. De seguir por la vía propuesta en éste Plan –Jardín Circunvalar– no habrá fin para la especulación inmobiliaria, inconsecuencia gubernamental que no es de ahora pues desde hace años es evidente que el gobierno no quiere regular y controlar la expansión incontrolada de la ciudad: Altos de Calasanz, El Poblado, Ciudadela de Occidente, Los Limonares, Belén Rincón, los bordes en San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista así lo demuestran.

 

El cinturón verde deja pues planteado para Medellín, del lado del cinturón, la incapacidad de controlar y ordenar la expansión urbana, y aunque la EDU insista que no quiere hacer un muro de contención sí requiere de un cinturón. ¿Por qué en esta ciudad a cambio de ordenar lo que se sabe que vendrá, eligen la prohibición que nunca funciona y que gasta recursos y tiempo innecesarios en policía, cárceles, juzgados y planes que no funcionan?

 

Aguzando la mirada

 

Si quitamos los jardines, pinos y uno que otro mirador, obtendremos lo que de verdad será el cinturón verde o el jardín circunvalar: un andén de adoquines que conectará las residencias –cajones– y las bases militares que proyectan construir: las residencias –cajones– las hará la inmobiliaria con 217.800 millones y la administración gastará $322.395 millones de pesos de nuestros impuestos en el andén circunvalar, para un total de $540.000 millones (1), de los cuales el 40 por ciento será en vivienda, el 30 en infraestructura y movilidad, el 10 en medio ambiente y quebradas, 10 en equipamientos educativos, y el restante 10 por ciento en cultura y deportes. 217.800 millones serán para la inmobiliaria, el resto: $322.395 millones para desarrollo de hábitat, es decir para suplir la carga que genera el desarrollo de vivienda. Como en otras ocasiones con este tipo de planes y obras, de nuevo el beneficio será para la inmobiliaria y la carga para nuestros impuestos. La plusvalía será nuevamente de la inmobiliaria, pues ella será quien aproveche la especulación de suelo generada metros arriba y metros abajo del andén circunvalar. De nuevo la ciudad seguirá siendo parasitada por la inmobiliaria urbana.

 

Dando una mirada rápida a los planes locales de las comunas y zonas de las laderas de Medellín, a los planes participativos de los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena, puede afirmarse que el macroproyecto del Cinturón Verde Metropolitano y del Jardín Circunvalar para Medellín no han integrado los planes de desarrollo local de los barrios y corregimientos que serán afectados con el macroproyecto, tampoco contienen de manera integral los POT de los diferentes municipios del Valle de Aburrá, y tampoco consulta las necesidades de la comunidad.

 

No es casual que ésta reclame y quiera saber: qué, cómo, cuánto, en dónde, se hará este macroproyecto, que población será desplazada, reubicada o qué pasará con su informalidad, si entregan su vivienda a cambio de qué alternativa, si van a comprar viviendas o terrenos a cómo tasarán el metro cuadrado, o cuál será el alto costo de impuestos 5 años después del proyecto. A la comunidad le muestran una intención de proyecto, pero no realizan con ella una consulta libre, garantizándole con anterioridad buena y plena información.

 

Siendo así, puede concluirse que el macroproyecto Cinturón Verde no asume compromisos con la estructura ecológica principal de la ciudad, ni con las necesidades de los 130 asentamientos en las laderas de Medellín, ni con las más de 12.000 familias campesinas que viven en los corregimientos. Ante tanta confusión, por qué integran dentro del POT este macroproyecto, y por qué CorAntioquia hace el requerimiento de:

 

"Espacio público: En la actualidad el municipio de Medellín viene ejecutando el proyecto de Jardín Circunvalar articulando estrategias como el camino de vida ubicado en la base del cerro tutelar Pan de Azúcar, con el que se espera contener el crecimiento de la expansión urbana hacia las zonas rurales. Este programa debe ser acogido por el POT, con el fin de contribuir al aumento del índice de espacio público y a la estructura ecológica principal.

 

Como ya se manifestó los Parques Lineales, como estrategia de aumento del índice de espacio público natural, deberán construirse por fuera de las rondas hídricas de las quebradas.

 

Las estrategias a implementar en los bordes de ciudad no deben utilizarse como medios para cambiar la clasificación del suelo ni para legalizar hechos cumplidos. Dentro de los proyectos que hacen parte de la revisión y ajuste del POT, debe formularse un proyecto específico con ejecución en el corto, mediano y largo plazo que controle la expansión urbana hacia las laderas" (Estructura ecológica principal del municipio de Medellín, CorAntioquia enero de 2014. Requerimientos para POT de Medellín).

 

A propósito de este "magoproyecto" debe también indagarse si en lo referido a macroproyectos, tal y como se expresa en el actual POT: Título III. Instrumento de planificación complementaria, Artículo 315, sobre sus contenidos, si el Cinturón Verde para el Valle de Aburrá, Jardín Circunvalar, presentó, según lo requiere el nuevo POT, los siguientes aspectos:

 

  • La concreción del Modelo General de Ordenamiento Territorial definido para la Ciudad en el área de planificación.
  • La concreción del Sistema de Reparto de Cargas y Beneficios a escala del área de planificación, en aplicación de los lineamientos generales establecidos en el presente Acuerdo, vinculando los desarrollos predio a predio, los desarrollos sujetos a Plan Parcial, Plan de Legalización y Regularización, API y Plan Especial de Protección Patrimonial -PEMP-.
  • La definición y criterios generales de intervención de los sistemas a estructurantes que deberán incorporar y desarrollar los instrumentos de planificación complementaria presentes en el área de planificación.
  • El conjunto de acciones necesarias para la solución integral y coordinada de los principales problemas que obstaculizan el desarrollo del área de planificación.
  • La estrategia de vinculación interinstitucional y multisectorial a la ejecución del macroproyecto.

 

No más territorio, economía y vida campesina en Medellín

 

Los aportes a la ecología urbana solo podrán lograrse con el manejo integral del suelo, las aguas, la flora, la fauna y la biodiversidad, con el bienestar ecológico de la ciudad, lo que incluye cuerpos saludables, lo que implica imponerle responsabilidades a la propiedad privada y al Estado con el entorno natural y el ambiente, con las fuentes de agua, la alimentación y el bienestar de la base orgánica que habita la ciudad.

 

Un reto que no puede esperar, y que puede lograrse –entre otras– restituyendo y recuperando la base natural característica históricamente del Valle de Aburrá y del trópico húmedo, con salud y con bienestar social y ecológico. Ese es el verde urbano que reclama la sostenibilidad ecológica y ambiental, restitución de la base natural para consolidar el lugar, para tejer los lugares, y no pinos y eucaliptos que solo son producción de madera y celulosa para papel. Los pinos y eucaliptos no aportan a la singularidad de esta ciudad que es ante todo de la bio-diversidad; la que es necesaria de recuperarla a través de conectar la biodiversidad por la red de quebradas, incluyendo el río Medellín, con más y nuevas áreas verdes en los barrios, con control ambiental del transporte, la industria y el comercio, con disminución de la movilidad privada y el ofrecimiento de más y mejor transporte público eléctrico, entre otros aspectos.

 

Contrario a estas necesidades, la administración municipal mira desde el borde de la ciudad, proyectándose metros arriba del cinturón verde, de espaldas a los barrios populares y pasando por encima del territorio rural-campesino del municipio. No sólo esto, para lograr sus propósitos ahora trata de convencer a las administraciones de los 9 municipios del Área Metropolitana para que hagan lo mismo.

 

Contradicción. La comunidad campesina y de los corregimientos se extrañan ante este proyecto, con razón, lo que buscan con el cinturón verde ya existe en el territorio rural-campesino de los corregimientos de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá: producción de alimentos para la ciudad, servicios ambientales en agua, aire limpio, fauna y flora, hábitat tradicionalmente rural campesino y por tanto paisaje, patrimonio cultural y espacio público para la ciudad, hábitat propio para el ecoturismo, y sobre todo campesinos que viven y saben de su economía agraria. Esta gente sabe generarse su propio empleo y cuentan con patrimonio familiar; sus fincas de entre 0 y 5 hectáreas. Con seguridad este hábitat bien consolidado y protegido sería más eficaz en el control de expansión urbana que el Jardín Circunvalar.

 

Sin embargo, por lo interpretado en la nueva propuesta del POT (2), e inventariando mts2 para la estructura ecológica principal y mts2 para la expansión urbana, sin tener en cuenta los mts2 en situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, los mts2 para la estructura rural-campesina, el territorio, la economía y la vida campesina, se reducen hasta un 25 % del total de la extensión de los corregimientos
Áreas definidas para la estructura ecológica principal:
Lo que extrae un 60 por ciento de las áreas de los corregimientos para la estructura ecológica principal.

 

Sacando las áreas para la estructura ecológica principal, las que están en situación de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, y las destinadas a espacios verdes de valor patrimonial, el nuevo POT presenta la propuesta de áreas para cultivar de la siguiente manera:

 

El nuevo POT coloca en riesgo de desaparecer la riqueza social, cultural, económica, ambiental y de hábitat que genera la vida campesina, la misma que no resiste más años de olvido y abandono.

 

Para su protección requieren de dos alternativas que quedaron pendientes en los 12 años de ejecución del actual POT y en los planes de gobierno de las anteriores administraciones municipales: de un lado, reconocer la existencia y asegurar la protección del territorio rural-campesino, escoger una figura de las que están propuestas en la Constitución Nacional que permita proteger el hábitat rural-campesino, bien sea reserva campesina, Distrito Agrario, microrregión de tratamiento especial, microrregión con uso prioritario del suelo, etcétera.

 

De otra parte se requiere recoger recursos de impuestos ambientales, de los generados en la comercialización de alimentos y de los disponibles para salud, educación, cultura etcétera, y revertirlos como compensación para el desarrollo rural-campesino. Esto es en fortalecimiento de la Unidad Agrícola Familiar; en protección y apoyo de la economía campesina; en mejoramiento de la calidad de vida; y en consolidación del hábitat rural-campesino.

 

Estos 4 aspectos permitirían consolidar una microrregión rural-campesina para Medellín y el Valle de Aburrá que sería mucho más efectiva para los propósitos definidos en el Cinturón Verde Metropolitano y el Jardín Circunvalar. Los recursos para lograrlo, haciendo las cuentas que propuso la Universidad Nacional en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible para Medellín, no superan los 250.000 millones, la mitad de lo considerado en el Jardín Circunvalar. Este Plan, el Plan Eco y más de 20 planes contratados por la misma administración municipal demuestran que es más barato consolidar el territorio rural-campesino y más efectivo en ciudad sostenible que lo propuesto en el Jardín Circunvalar.

 

1 Las cifras aquí presentadas las entregó la EDU en la exposición del 8 de julio del 2013 en el Concejo de Medellín.
2 Información tomada del documento: "Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Proyecto de Acuerdo, Tomo 4. Versión 1, Concertación con autoridades ambientales. De la Alcaldía de Medellín". Al momento del presente artículo no se conocen las últimas versiones del proyecto de acuerdo a presentar al concejo de Medellín.

 


 

Recuadro


Capítulo IV. Unidad de planificación rural –UPR: (establecer) los requisitos que deben cumplir los interesados en presentar el proyecto de Legalización y Regularización rural, los contenidos mínimos del documento técnico de soporte y la cartografía a presentar. Capítulo V. Legalización y regularización integral de asentamientos, para reglamentar los aspectos procedimentales, fases y contenidos de la Regularización Integral de Asentamientos, así como los requisitos que deben cumplir los interesados en presentar el proyecto de Legalización y Regularización Urbanística, los contenidos mínimos del Documento Técnico de Soporte y la cartografía a presentar. Sobre el Título IV. Instrumentos de gestión del suelo, Capítulo I. Transferencia de derechos de construcción para reglamentar los aspectos procedimentales de la transferencia de Derechos de Construcción en los términos del Decreto – Ley 151 de 1998 y lo establecido en el presente Acuerdo. Dicha reglamentación deberá identificar las áreas e inmuebles de protección ambiental que serán consideradas áreas generadoras de derechos de construcción a transferir. Capítulo III. Venta de derechos de construcción y desarrollo, para reglamentar los aspectos procedimentales de la Venta de Derechos de Construcción en los términos de lo establecido en el presente Acuerdo.

Capítulo III. Participación en plusvalía. Se autoriza al Alcalde por el término de seis (6) meses para expedir la reglamentación que contenga: 1. Los avalúos de referencia necesarios para la implementación de este instrumento. 2. La identificación de las áreas objeto de la participación en Plusvalía, acorde con los resultados arrojados por la implementación del Modelo Multipropósito. 3. La determinación de los hechos generadores objeto de cobro y la determinación de los porcentajes de participación en Plusvalía según la ley.

Capítulo IV. Desarrollo prioritario, Artículo 349. Plazos. El acto administrativo respectivo, establecerá los plazos para el desarrollo o construcción del inmueble, así:

1. Terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada, no urbanizados. Tendrán un plazo de tres (3) años para urbanizarse a partir de la declaratoria.
2. Terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada. Tendrán un plazo de dos (2) años para urbanizarse a partir de la declaratoria.
3. Terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada. Tendrán un plazo de dos (2) años para construirse a partir de la declaratoria.
4. Inmuebles que conformen unidades de actuación o gestión urbanística en Planes parciales vigentes. Tendrán un plazo de dos (4) años para construirse a partir de la declaratoria, siempre y cuando no se exceda el periodo constitucional de Alcalde respectivo.

Capítulo V. Fondo de compensaciones y regeneración urbana. Será un fondo cuenta, sin personería jurídica o autonomía administrativa del Municipio de Medellín, que se regirá por las reglas contenidas en el presente Acuerdo y el Acto Administrativo que lo reglamente, para cuya expedición el Alcalde dispondrá de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo.

 


 

Recuadro


Porcentaje de área para cultivos


Corregimiento Áreas para aprovisionamiento de alimentos (ha) Extensión total del corregimiento % de área para cultivos
Santa Elena 1.592,41 7.046 23%
San Cristóbal 1.409,33 4.954 28%
Palmitas 1.707,10 5.754 30%
San Antonio de Prado 1.433,35 5.077 28%
Altavista 446,88 2.741 16%
Total 6.589,07 25.572,00 26%

 


 

Recuadro


Cargas para el municipio, beneficios para la inmobiliaria urbana

 

Fondo de compensación y regeneración urbana. Según el capítulo V, artículo 352, "El Fondo tendrá por objeto el recaudo, contabilización, administración, asignación y control de la totalidad de los recursos relacionados con los siguientes aportes, en dinero o en especies diferentes: Obligaciones Urbanísticas, Transferencia de Cesiones; Venta de Derechos de Construcción; y Recuperación de Plusvalías". Según lo expresa el mismo documento de POT el fondo "Se regirá por las reglas contenidas en el presente Acuerdo y el Acto Administrativo que lo reglamente, para cuya expedición el Alcalde dispondrá de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo".

 

Nadie desconoce que de este fondo depende la distribución de cargas y beneficios, y como es tradicional en Medellín las cargas son para el municipio y los beneficios para la inmobiliaria urbana. Los fondos que recauda el municipio se usan o para compensar los déficits de ciudad que produce la inmobiliaria o como recursos de caja: "un fondo cuenta, sin personería jurídica o autonomía administrativa del Municipio de Medellín", usable según las destinaciones que les den los gobiernos de turno. Un ejemplo: la autoridad Ambiental –CorAntioquia– solicitó el 40 por ciento de estos recursos a cambio de aprobar el "macro proyecto jardín circunvalar" como parte de la estructura ecológica principal. Así mismo, para nadie es desconocido que los desastres urbanos de la densificación sin control de El Poblado, altos de Calasanz, San Cristóbal, Belén Rincón etcétera, en parte es por una incapacidad e ineficacia de negociación y control de la plusvalías urbanas.

 

Esta confusión y ambigüedad sobre el sistema de cargas y beneficios es funcional a la corrupción e intereses políticos de los gobiernos de turno: la inmobiliaria negociará cargas y beneficios en beneficio propio con las curadurías urbanas, y los gobiernos de turno usarán el fondo según sus criterios e intereses electorales, y transferirán recursos públicos al sector privado para desarrollos urbanos que no tienen control ni fundamento.

 

Con una confusa redacción en el Artículo 295. Sistema de gestión en los ámbitos de ladera (Ciudad Consolidada), se expresa que tan sólo el 40 por ciento de los recursos generados serán invertidos en los mismos barrios origen del proyecto constructivo, siendo así los barrios pagarán con estrés y apiñamiento el proyecto de redensificación.

 

En el nuevo POT proponen que recursos del Fondo de compensación y regeneración urbana sean usados para el "mago proyecto" Cinturón Verde, Jardín circunvalar para Medellín, sin especificar la cuantía de estos recursos. Esta medida viola el principio según el cual, los déficits de espacio público, biodiversidad y verde urbano en el lugar, no pueden compensarse con áreas verdes por fuera del lugar: El calentamiento y estrés ambiental del Poblado no pudo ser compensado con áreas verdes en el parque Arví. El estrés urbano no será compensado con el Jardín Circunvalar, con árboles en las laderas de la ciudad.

 

En el parágrafo del Artículo 288. Principios del Sistema Municipal para el reparto de cargas y beneficios, se formula "La Administración Municipal propenderá por la construcción y reglamentación de los sistemas regional y departamental para el reparto equitativo de cargas y beneficios que se articulará y complementará el sistema municipal", de esta manera quedará pendiente por y para siempre reglamentar tanto el sistema de repartos, el fondo de compensaciones y regeneración urbana y las obligaciones urbanísticas. Al no reglamentarse el fondo de compensación y regeneración urbana queda sin reglamentarse el Título II. Sobre Ámbitos de reparto de cargas y beneficios. Sin la reglamentación sobre las obligaciones urbanísticas no se puede reglamentar el fondo de compensación y regeneración urbana. ¿Cómo funcionará este gran fondo?

Publicado enEdición Nº202
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