http://www.elotroparche.com/una-vecina-demasiado-incomoda/

Un deslizamiento de 60 mil toneladas de desechos acaecida el pasado 28 de abril, con su consiguiente mar de malos olores y despertar de preocuaciones entre vecinos del deposito de basura, le recordó a la ciudadanía bogotana que el relleno Doña Juana prosigue como una realidad por resolver.

Hay que recordar que desde su inicio, bajo la alcaldía de Andrés Pastrana en 1988, el relleno Doña Juana no ha dejado de ser una historia de conflictos y daños permanentes para la ciudad y sus habitantes, afectando en primera instancia a los pobladores de las veredas Mochuelo Alto y Bajo pero, con el paso de los años ampliando su impacto sobre las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, para un tiempo después impactar toda la ciudad.

Durante estas más de tres décadas, los perjuicios a la ciudad y al medio ambiente han sido de diverso tipo: las familias campesinas han sido golpeadas por la intervención institucional, negándoles su actividad productiva y sus relaciones históricas y ancestrales con el territorio; se alteraron los cauces naturales de las quebradas Puente Tierra, el Botello e Hierbabuena: los lexiviados han penetrado el conjunto de la cuenca contaminando aguas y envenenando la tierra; los malos olores y el inadecuado manejo del depótico de desechos de una ciudad de millones de pobladores, más los que llegan desde municipios aledaños, han multiplicado los roedores, moscan, zancudos y otros insectos, impactando la salud de quienes aún se resisten a dejar sus alrededores.

Algo que no solo los afecta y concierne a ellos, pues con los cuatro deslizamientos que han removido a la inmensa montaña de residuos, acaecidos en los años 1997, 2012, 2015 y 2020, toda la urbe ha sido impactada, con especial afectación en 1997 cuando el derrumbe arrojó un aproximado de un millón de toneladas de residuos que alcanzaron a llegar al cauce del Río Tunjuelo, afluente principal del Río Bogotá, inundando el Sur de la ciudad con olores nauseabundos, proliferación de roedores y moscas en los barrios cercanos,

Recordar también que hasta el año 2001 los lixiviados eran arrojados al Río Tunjuelito sin tratamieneto previo, luego de lo cual, a pesar de algunas medidas implementadas para su tratamiento, la situación se mantiene en niveles superiores a lo permitido, de manera que la contaminación que propicia su inadecuado tratamiento dispersa por toda la cuenca metano, amoniaco, ácido sulfhídrico, mercaptanos, altos niveles de contaminación bacteriológica con coliformes fecales y más organismos patógenos.

Es de destacar que la movilización social de sectores de pobladores ubicados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar ha logrado mediar para que los efectos de la disposición de basuras no hayan sido más catastróficos para la ciudad; una acción propositiva que los ha llevado a proponer innumerables salidas para la superación de esta probremática: desmonte del Botadero Doña Juana, implementación de un sistema de manejo de basuras que involucre los diferentes sectores de la economía, al igual que el desarrollo de una política de consumo responsable, manejo integral de los residuos que implique biogasificación, compostaje, conversión, reutilización y transformación final de las basuras, dando reconocimiento y participación a las comunidades y recicladores de oficio, entre otras. Lo triste y paradójico es que ninguna de estas propuestas comunitarias se han implementado.

Y no solo esto, contrario a lo propuesto y a las mismas evidencias arrojadas por la naturaleza y sus pobladores durante estas décadas, la administración Peñalosa no solo no cumplió con la demanda del cierre de Doña Juana sino que en el 2019 la amplió, agravando y prolongando a futuro la problemática ambiental que el relleno sanitario significa; acción antipopular que acompañó con el desmonte del plan “Bogotá basura cero” y con la privatizando del segmento de recolección de basura logrado para la ciudad por la alcadía que le antecedió.

¿Qué le espera a los habitantes de Bogotá? El panorama no es nada halagüeño: las tarifas de recolección de basura subieron desmedidamente en septiembre del 2019, y el operador exige mayor pago por tonelada –so pena de abandonar el manejo del botadero–, la administración baraja la posibilidad de quemar la basura para reducir el volumen de los desechos, lo que generaría mayor gasto de energía y un mayor daño a la salud de los bogotanos y de la región.

Por el momento, la actual directora de la Uaesp y la alcaldesa eluden el tema de darle una salida de fondo a una problemática que desde hace 32 años vive la ciudad.

Podemos concluir diciendo, que lo sucedido durante estas décadas es que las alcaldías que han estado al frente de la ciudad han carecido de voluntad política, de una concepción adecuada y responsable sobre el medio ambiente, así como de visión política y técnica para solucionar uno de los principales problemas de afecta a la principal urbe del país.

 

Reto

 

El manejo de las basuras en la ciudad es prioritario, y es deber del conjunto de liderazgos y de las organizaciones sociales con asiento en ella actuar para dejar en el pasado esta historia de atentados contra el medio ambiente, contra el territorio sur de Bogotá y contra sus pobladores.

Solucionar la problemática descrita no puede seguir siendo bandera solo de las organizaciones y de los pobladores del sur bogotano. Es necesario asumir entre el conjunto que somos una estrategia integral que permita, por medio de proyectos concretos, reducir los niveles de desperdicios en los hogares, ayudar en labores educativas, al tiempo que exigimos cambios en las políticas distritales y nacionales que obliguen a las empresas a asumir un mayor compromiso con los materiales y desechos que generan; a la par, implementar plantas que permitan la reutilización y transformación de los desechos, concretar alianzas público comunitarias que permitan disputarle el manejo en las decisiones y administración de la ciudad a los que históricamente han decidido su destino, todo lo cual no solo permitirá mejorar las condiciones ambientales y de salud para los habitantes de Bogotá y Cundinamarca sino que también sería parte de la solución para el grave problema de desempleo que se padece en los barrios populares.

Como puede concluirse, son inmensos los retos, pero no podemos esperar que las soluciones nos las den los actuales administradores y políticos, a los que solo les interesa aumentar sus ingresos para así financiar su siguiente campaña. La solución está en nosotros. Iniciemos una divulgación masiva de la problemática que nos aqueja y establezcamos estrategias comunes que nos permitan concretar los objetivos planteados por los líderes y las comunidades que ya han asumido esta gran tarea.

 

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julio 20 - agosto 20 de 2019

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Periódico desdeabajo Nº258
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Publicado enEdición Nº268
http://www.elotroparche.com/una-vecina-demasiado-incomoda/

Un deslizamiento de 60 mil toneladas de desechos acaecida el pasado 28 de abril, con su consiguiente mar de malos olores y despertar de preocuaciones entre vecinos del deposito de basura, le recordó a la ciudadanía bogotana que el relleno Doña Juana prosigue como una realidad por resolver.

Hay que recordar que desde su inicio, bajo la alcaldía de Andrés Pastrana en 1988, el relleno Doña Juana no ha dejado de ser una historia de conflictos y daños permanentes para la ciudad y sus habitantes, afectando en primera instancia a los pobladores de las veredas Mochuelo Alto y Bajo pero, con el paso de los años ampliando su impacto sobre las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, para un tiempo después impactar toda la ciudad.

Durante estas más de tres décadas, los perjuicios a la ciudad y al medio ambiente han sido de diverso tipo: las familias campesinas han sido golpeadas por la intervención institucional, negándoles su actividad productiva y sus relaciones históricas y ancestrales con el territorio; se alteraron los cauces naturales de las quebradas Puente Tierra, el Botello e Hierbabuena: los lexiviados han penetrado el conjunto de la cuenca contaminando aguas y envenenando la tierra; los malos olores y el inadecuado manejo del depótico de desechos de una ciudad de millones de pobladores, más los que llegan desde municipios aledaños, han multiplicado los roedores, moscan, zancudos y otros insectos, impactando la salud de quienes aún se resisten a dejar sus alrededores.

Algo que no solo los afecta y concierne a ellos, pues con los cuatro deslizamientos que han removido a la inmensa montaña de residuos, acaecidos en los años 1997, 2012, 2015 y 2020, toda la urbe ha sido impactada, con especial afectación en 1997 cuando el derrumbe arrojó un aproximado de un millón de toneladas de residuos que alcanzaron a llegar al cauce del Río Tunjuelo, afluente principal del Río Bogotá, inundando el Sur de la ciudad con olores nauseabundos, proliferación de roedores y moscas en los barrios cercanos,

Recordar también que hasta el año 2001 los lixiviados eran arrojados al Río Tunjuelito sin tratamieneto previo, luego de lo cual, a pesar de algunas medidas implementadas para su tratamiento, la situación se mantiene en niveles superiores a lo permitido, de manera que la contaminación que propicia su inadecuado tratamiento dispersa por toda la cuenca metano, amoniaco, ácido sulfhídrico, mercaptanos, altos niveles de contaminación bacteriológica con coliformes fecales y más organismos patógenos.

Es de destacar que la movilización social de sectores de pobladores ubicados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar ha logrado mediar para que los efectos de la disposición de basuras no hayan sido más catastróficos para la ciudad; una acción propositiva que los ha llevado a proponer innumerables salidas para la superación de esta probremática: desmonte del Botadero Doña Juana, implementación de un sistema de manejo de basuras que involucre los diferentes sectores de la economía, al igual que el desarrollo de una política de consumo responsable, manejo integral de los residuos que implique biogasificación, compostaje, conversión, reutilización y transformación final de las basuras, dando reconocimiento y participación a las comunidades y recicladores de oficio, entre otras. Lo triste y paradójico es que ninguna de estas propuestas comunitarias se han implementado.

Y no solo esto, contrario a lo propuesto y a las mismas evidencias arrojadas por la naturaleza y sus pobladores durante estas décadas, la administración Peñalosa no solo no cumplió con la demanda del cierre de Doña Juana sino que en el 2019 la amplió, agravando y prolongando a futuro la problemática ambiental que el relleno sanitario significa; acción antipopular que acompañó con el desmonte del plan “Bogotá basura cero” y con la privatizando del segmento de recolección de basura logrado para la ciudad por la alcadía que le antecedió.

¿Qué le espera a los habitantes de Bogotá? El panorama no es nada halagüeño: las tarifas de recolección de basura subieron desmedidamente en septiembre del 2019, y el operador exige mayor pago por tonelada –so pena de abandonar el manejo del botadero–, la administración baraja la posibilidad de quemar la basura para reducir el volumen de los desechos, lo que generaría mayor gasto de energía y un mayor daño a la salud de los bogotanos y de la región.

Por el momento, la actual directora de la Uaesp y la alcaldesa eluden el tema de darle una salida de fondo a una problemática que desde hace 32 años vive la ciudad.

Podemos concluir diciendo, que lo sucedido durante estas décadas es que las alcaldías que han estado al frente de la ciudad han carecido de voluntad política, de una concepción adecuada y responsable sobre el medio ambiente, así como de visión política y técnica para solucionar uno de los principales problemas de afecta a la principal urbe del país.

 

Reto

 

El manejo de las basuras en la ciudad es prioritario, y es deber del conjunto de liderazgos y de las organizaciones sociales con asiento en ella actuar para dejar en el pasado esta historia de atentados contra el medio ambiente, contra el territorio sur de Bogotá y contra sus pobladores.

Solucionar la problemática descrita no puede seguir siendo bandera solo de las organizaciones y de los pobladores del sur bogotano. Es necesario asumir entre el conjunto que somos una estrategia integral que permita, por medio de proyectos concretos, reducir los niveles de desperdicios en los hogares, ayudar en labores educativas, al tiempo que exigimos cambios en las políticas distritales y nacionales que obliguen a las empresas a asumir un mayor compromiso con los materiales y desechos que generan; a la par, implementar plantas que permitan la reutilización y transformación de los desechos, concretar alianzas público comunitarias que permitan disputarle el manejo en las decisiones y administración de la ciudad a los que históricamente han decidido su destino, todo lo cual no solo permitirá mejorar las condiciones ambientales y de salud para los habitantes de Bogotá y Cundinamarca sino que también sería parte de la solución para el grave problema de desempleo que se padece en los barrios populares.

Como puede concluirse, son inmensos los retos, pero no podemos esperar que las soluciones nos las den los actuales administradores y políticos, a los que solo les interesa aumentar sus ingresos para así financiar su siguiente campaña. La solución está en nosotros. Iniciemos una divulgación masiva de la problemática que nos aqueja y establezcamos estrategias comunes que nos permitan concretar los objetivos planteados por los líderes y las comunidades que ya han asumido esta gran tarea.

 

 

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Publicado enColombia
Viernes, 08 Mayo 2020 06:44

La idiotez de la vida urbana

La idiotez de la vida urbana

Un amigo mexicano, hace ya más de una década me preguntó: ¿Qué situación se crearía si en la Ciudad de México hubiera un colapso hídrico? Nunca había imaginado tal posibilidad, por lo que me quedé sin palabras. Sin duda, a los pocos días, la situación se volvería caótica, habría violencia por el agua y mucha gente intentaría abandonar la mega ciudad, convertida en una trampa de la cual no sería fácil escapar.

Desde hace un mes se está produciendo un hecho insólito en Lima, y en menor escala en varias ciudades de provincia en Perú. Miles de personas abandonan la capital, cuya área metropolitana supera los 10 millones de habitantes (9.5 millones según datos oficiales de 2017). Pero el problema de Lima no es sólo la enorme concentración de población. Hay, por lo menos, dos temas adicionales.

El primero, es que creció de forma exponencial, como buena parte de las urbes de América Latina. En 1957 Lima tenía 1.2 millones de habitantes. En 1981 eran casi 6 millones. En 2004 llegaban a 8.5 millones, siendo 60 por ciento migrantes andinos que habían construido tres enormes conos (norte, este y sur), incluyendo los servicios, las viviendas y buena parte de los espacios colectivos.

El segundo, es la enorme vulnerabilidad de los sectores populares. El 70 por ciento trabaja en lo que el Estado llama informalidad: comercio ambulante en mercados y en las calles, elaboración y venta de alimentos, manufacturas del más diverso tipo, desde ropa hasta videos, además de varias actividades ilegales. Por último, Lima vive sobre un desierto que no tiene agua, árido y despoblado, helado y calcinante según temporadas.

La avalancha de migrantes fue descrita por el antropólogo José Matos Mar como desborde popular, en la década de los 80. ¿Cómo habría que nombrar ahora la migración inversa, el abandono masivo de la gigantesca y opresiva ciudad?

Los datos son muy elocuentes. Ante la salida incluso a pie de familias enteras, que en la larga caminata duermen donde pueden, corriendo enormes riesgos (ya hubo ahogados cruzando ríos y asesinados para robarles), el Estado abrió un registro para trasladarlos. El 25 de abril había 167 mil personas que querían retornar a sus pueblos o ciudades. Menos de 5 mil fueron transportados por el Estado (https://bit.ly/2xGrBBi).

Evidentemente son muchísimos más los que ya han salido y los que desean hacerlo. Huyen del hambre, de la soledad, de la insolidaridad. Familias enteras con sus hijos e hijas, buscan llegar a sus pueblos donde los esperan parientes que cultivan sus chacras y pueden abrazarlas con alimentos.

El historiador Fernand Braudel decía que el momento del naufragio es el más significativo, porque hace visibles los puntos de ruptura, las fallas en la construcción y los diseños defectuosos. En nuestras sociedades, esos defectos estructurales son el individualismo, el consumismo y todas las actitudes que entre los sectores populares son funcionales al capitalismo.

De poco sirve echar las culpas al sistema (capital o Estado) de nuestros males si, a la vez, no proponemos y transitamos caminos para superarlos. No tengo la menor duda que el sistema capitalista, el mismo que funciona en Estados Unidos, Europa o China, tiene una enorme responsabilidad en la pandemia y, de modo muy particular, en la enorme mortandad que provoca entre los más pobres.

Datos revelados por el diario O Globo el pasado primero de mayo sobre Río de Janeiro, no dejan lugar a dudas. Mientras en Leblon la tasa de letalidad de los infectados es de 2.4 por ciento, en el complejo de favelas Maré llega a 30.8 por ciento. Información que nos dice que la letalidad entre los pobres es 13 veces mayor que entre los ricos.

No creo en los analistas que dicen que la pandemia nos coloca a las puertas del comunismo, o que ahora la humanidad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo. No veo el menor síntoma de que algo así esté en camino y, por el contrario, observamos cómo los poderosos intensifican sus planes genocidas: desde la masificación del teletrabajo y el control digital hasta megaobras como el Tren Maya, entre muchas otras.

La frase de Marx alterada, que titula este artículo (mencionó la estupidez de la vida rural, en el Manifiesto del Partido Comunista), no debería ser tomada al pie de la letra, sino valorarla como un legado del tiempo que le tocó vivir. Marx consideraba a la burguesía como revolucionaria y confiaba plenamente en el desarrollo de las fuerzas productivas y los avances tecnocientíficos como garantía del progreso de la humanidad.

No estamos obligados a insistir en ese modo de razonar. Siglo y medio atrás no existían ni el feminismo ni el anticolonialismo, que se desplegaron plenamente en el siglo XX y que deberían haber cambiado nuestra forma de ver el mundo con la emergencia de sujetos colectivos como los pueblos originarios y las mujeres de los sectores populares.

Nuestra fidelidad debería ser con los pueblos, que van por delante de cualquier teoría, como nos enseñan ahora las migrantes que abandonan Lima.

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El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

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El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

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Alerta secretario de la ONU sobre crecimiento y envejecimiento poblacional

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó hoy en el marco del Día Mundial de la Población, que entre los problemas demográficos del mundo figuran el crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización.

 

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra cada año el 11 de julio desde 1989, Guterres indicó que el mayor desafío es el envejecimiento de la población, que hace necesario promover el envejecimiento activo y con salud, así como proporcionar una protección social adecuada.

 

Sostuvo que el Día Mundial de la Población es la ocasión para refrendar los compromisos globales en favor de un futuro mejor para todos en un planeta sano, contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan que ha adoptado el mundo y que su misión guarda una estrecha relación con las tendencias demográficas.

 

A medida que el mundo siga urbanizándose, según las previsiones el 68 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2050, el desarrollo sostenible y el cambio climático dependerán cada vez más de una gestión adecuada del crecimiento urbano, agregó.

 

En su mensaje publicado en la página web de la ONU, Guterres resaltó la necesidad de gestionar estas tendencias demográficas teniendo en cuenta la relación existente entre población, desarrollo y bienestar de las personas.

 

Hace 25 años, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, los dirigentes mundiales enunciaron por primera vez los vínculos entre población, desarrollo y derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

 

Este año, el Día Mundial de la Población busca llamar la atención del mundo sobre los asuntos pendientes de la Conferencia de El Cairo.

 

Reconoció que a pesar de los progresos en la reducción de la mortalidad materna y los embarazos no planeados, aún quedan muchos problemas por resolver, en especial los relacionados con los servicios de salud esenciales.

 

Las complicaciones del embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, mientras la violencia de género, que tiene sus raíces en la desigualdad, sigue causando estragos.

 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.

 

La población mundial actual es de siete mil 600 millones de personas y se calcula que alcanzarán los ocho mil 600 millones para el año 2030, según la ONU, que destaca que China e India siguen siendo los países más poblados.

 

(Con información de Notimex)

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Sábado, 06 Julio 2019 08:22

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enColombia
Domingo, 30 Junio 2019 15:58

Los enredos del POT de Bogotá

Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Publicado enEdición Nº258
Propuestas de ciudad para un New Deal Verde mundial. Cambiemos el sistema, no el clima


“Nuestra tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la codicia de algunos.”

Mahatma Gandhi

 

El pasado 15 de marzo, millones de estudiantes de 1.600 ciudades de todo el mundo participaron en la primera huelga global por el Clima, convocada por el movimiento Fridays for Future (el 15-M verde), cuya cabeza visible es la sueca de 16 años Greta Thunberg. No les falta razón: el planeta Tierra sufre una crisis ambiental global, y el cambio climático es el problema sistémico incomparablemente más grave que padece, por dos motivos críticos. El primero, ecológico, está relacionado con su potencia destructiva: la acumulación de gases invernadero en la atmósfera tiene el potencial de aumentar la temperatura media del planeta y transformar la Biosfera de manera radical, afectando de raíz los equilibrios ambientales del mundo entero y causando una catástrofe civilizatoria sin precedentes en la historia humana: el deshielo de los glaciares y una subida del nivel del mar que podría llegar a ser de metros, la desertificación de océanos y regiones mundiales enteras, el aumento de la frecuencia y potencia de los ciclones tropicales, la falta de agua potable, una pérdida de biodiversidad sin precedentes, el desplazamiento de ¡miles de millones de refugiados ambientales! y un resultado imprevisible en términos de catástrofes, caos, guerras y hambrunas. El segundo, geopolítico y geoeconómico, afecta a nuestra capacidad para combatir la crisis. El cambio climático está causado por el consumo de combustibles fósiles y la deforestación, es decir, la combustión de carbón, gas y petróleo (el corazón del modelo energético actual, que se aproxima a su cénit),[1] y el (mal) uso de la tierra.[2] Es nuestro propio modelo civilizatorio el que está causando la crisis (como dice el geógrafo David Harvey, “los llamados desastres naturales no tienen nada de naturales”), y sólo un cambio de modelo la puede frenar. Hoy, más que nunca, la crisis ambiental que sufrimos es esencialmente ética y política. Es imprescindible un cambio en nuestro modelo de desarrollo: el crecimiento infinito es imposible –física, matemática y biológicamente– en un planeta finito.

Pero no sólo tenemos un problema muy grave de alcance sistémico, sino una multiplicidad de problemas en todos los ámbitos: desertificación, erosión, pérdida de suelo, lluvia ácida, eutrofización de ríos y lagos, muerte de los ríos, agotamiento de la pesca, deforestación, pérdida de biodiversidad (la Tierra está experimentando la sexta extinción masiva de especies animales y vegetales), explosión demográfica, accidentes radioactivos como Chernobyl y Fukushima… Todo ello, junto al descubrimiento del plastiglomerado (el primer tipo de roca compuesto parcialmente de material plástico fundido), configurara el nacimiento de una nueva época geológica: el Antropoceno (término acuñado por Paul Crutzen en el año 2000), que sucedería al holoceno, en el que el impacto de la actividad humana sobre el planeta llegaría a adquirir el carácter de actor geológico.[3] En conclusión, sufrimos una crisis ambiental global que pone en peligro la supervivencia de la humanidad y la del resto de los seres vivos, causada por un modelo civilizatorio y de desarrollo expansionista, depredador, insostenible e insolidario. La crisis afecta hoy por hoy a todos los ecosistemas de la Tierra. Y no hay alternativas fáciles. Sí, tenemos que promover energías renovables, pero lo que es más importante, tenemos que reducir el consumo irresponsable de energía. Sí, tenemos que buscar maneras de “secuestrar” el carbono de la atmósfera,[4] pero lo que es más importante, tenemos que dejar de talar bosques y de consumir petróleo y carbón, para dejar de emitir CO2. Sí, tenemos que esforzarnos en reutilizar y reciclar materiales, pero lo que es más importante, tenemos que reducir el consumo despilfarrador de productos y los residuos que desechamos. Sí, tenemos que frenar la explosión demográfica, pero lo que es más importante, tenemos que garantizar dignidad y justicia para todos los pueblos del planeta, empezando por adoptar políticas de cooperación con el Tercer Mundo (de las que el 0,7% es una expresión muy tímida), que darían como resultado la mejora de la calidad de vida y la reducción natural de las tasas de natalidad. Y sí, tenemos que luchar por cambiar el statu quo geopolítico neoliberal, pero lo que es más importante, tenemos que empezar por [email protected] [email protected], porque no podemos construir la casa por el tejado.

 

El cambio necesario del modelo de desarrollo

 

O somos capaces de planificar este cambio, o la catástrofe climática y ecológica hacia la que estamos abocados lo hará por nosotros. Hay que plantear un nuevo modelo de desarrollo que asuma la limitación de los recursos naturales y la imposibilidad del ideal ficticio de crecimiento económico ilimitado. André Gorz, ideólogo del decrecimiento, afirmaba categóricamente: “Es imposible evitar una catástrofe climática sin romper de manera radical con los métodos y la lógica económica que impera desde hace 150 años... Por tanto el decrecimiento es un imperativo de supervivencia”. Necesitamos construir un nuevo modelo alternativo que, al mismo tiempo que plantee en qué áreas sí podemos y debemos desarrollarnos (sanidad, cuidado de las personas dependientes, educación, cultura, relocalización y economía de proximidad…), también deje claro en cuáles nos es imprescindible decrecer (explotación de los combustibles fósiles y los recursos naturales, agricultura y ganadería intensivas, industria nuclear y de armamento, consumismo –está demostrado que, a partir de cierto umbral, el nivel de consumo tiene poco que ver con el auténtico nivel de vida–;[5] reparto del trabajo, es decir, trabajar menos para trabajar [email protected]…). El economista Serge Latouche, en La apuesta por el decrecimiento, plantea que “volver a la huella ecológica[6] de 1960 no implica tanto producir menos valores de uso, en cuanto a los bienes básicos (agua, alimentos) y a los bienes duraderos (equipamientos domésticos, vestimenta, vivienda), como producirlos de manera diferente, y respecto a los segundos de forma que sean duraderos. Se trata de reducir el sobreconsumo, por supuesto, pero, aún más, la depredación y el desperdicio. Y antes de cerrar las fábricas de automóviles y llevar a los obreros al desempleo, se puede pensar en reconvertirlas en la fabricación de cogeneradores domésticos (cuya tecnología es cercana) para establecer el escenario Negawatt[7] de división por cuatro de nuestro consumo de energía. Objetor de crecimiento, Willem Hoogendyk presenta un pequeño esquema bastante verosímil de reducción del PIB del 60%.

 

 PIBGastos de compensación, de reparación, de despilfarro, etc.Resultado Neto

Situación actual
100- 60= 40
 Decrecimiento del 60% Reducción del 25%
Situación futura40- 10= 30



Ay, y es que “Nuestro PIB”, declaraba Robert Kennedy en frase lapidaria, “engloba también la contaminación del aire, la publicidad de cigarrillos y los trayectos de las ambulancias que recogen a los heridos en la carretera. Abarca la destrucción de nuestros bosques y de la naturaleza. Abarca el napalm y el coste del almacenamiento de residuos radioactivos. Y, al contrario, el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación…”.
Dentro del apartado del despilfarro y el consumismo irresponsables, merecen capítulo aparte algunos productos de lujo y/o completamente superfluos. Hay comparaciones sangrantes pero reales como la vida misma: para muestra, la que realizaba el Worldwatch Institute en 2010:

 

Gastos anuales en productos de lujo comparados con las inversiones necesarias para la satisfacción de algunas necesidades básicas

ProductoGastos mundiales anualesObjetivos socio-económicos para el conjunto de la población mundialInversiones anuales suplementarias para poder realizar esos objetivos
Maquillaje18.000 millones $Salud reproductiva para todas las mujeres12.000 millones $
Alimentos para animales domésticos (Europa y EE.UU.)17.000 millones $Eliminación de la pobreza y de la malnutrición19.000 millones $
Perfumería15.000 millones $Lucha contra el analfabetismo5.000 millones $
Cruceros marítimos14.000 millones $Agua potable10.000 millones $
Helados y postres helados en Europa11.000 millones $Vacunación de todos los niños1.300 millones $

 


Esta amarga realidad, paradójicamente, hace posible que el cambio de modelo propuesto pueda ser llevado a cabo sin que la gran mayoría de la población del primer mundo vea reducida su verdadera calidad de vida. En palabras del sociólogo Michael Löwy, ésta “sólo deberá privarse del consumo obsesivo, inducido por el sistema capitalista, de mercancías inútiles que no corresponden a ninguna necesidad real… son introducidas por la manipulación mental, esto es, la publicidad… que sería reemplazada por información sobre bienes y servicios facilitados por asociaciones de consumo.” (Ecosocialismo: hacia una nueva civilización, 2009)

 

El New Deal Verde: ¡Sí, se puede! 

 

Durante la Gran Recesión, surgió una pregunta indignada: si los gobiernos están gastando el dinero público de todos en salvar a los bancos, ¿por qué no lo invierten en rescatar a las personas? También podríamos preguntarnos: ¿Y en evitar el cambio climático?... En julio de 2008, un grupo de expertos británico de la New Economics Foundation daban una respuesta histórica: el informe A Green New Deal (“Un Nuevo Pacto Verde”): Políticas conjuntas para resolver el triple crack de la crisis del crédito, el cambio climático y los elevados precios del crudo, una batería de propuestas inspiradas en el New Deal, el gran programa de infraestructuras que dio empleo a 4 millones de personas en EE.UU., promovido por Franklin D. Roosevelt a raíz de la Gran Depresión. Las propuestas más importantes son:

1.– Implementar un sistema de energía con bajas emisiones de carbono que incluya hacer de cada edificio “una central eléctrica”. La participación de millones de propiedades permitiría maximizar la eficiencia energética y el uso de energías renovables para generar electricidad, por ejemplo, con cubiertas solares. Una inversión seria en la construcción de nuevos sistemas de suministro de energía –incluyendo la eficiencia energética, la cogeneración de calor y electricidad, y energías renovables para millones de hogares y edificios– costaría unos 50.000 millones de libras anuales, es decir, apenas un 3,5% del PIB de Gran Bretaña. ¡Sí, se puede!

2.– Esto permitiría crear un “ejército de trabajadores del carbono”, que proporcionaría los recursos humanos para el amplio programa de reconstrucción ambiental. Un estudio del Instituto de Investigaciones en Economía Política de la Universidad de Massachussets apoya este análisis: ese mismo año, los autores calculaban que la inversión de 100.000 millones de dólares en áreas prioritarias (aislamiento térmico de edificios, tráfico masivo/ferrocarril de carga, red eléctrica inteligente y energías renovables) en dos años podría generar 2 millones de empleos.

Y 3.– Establecer un Fondo “Herencia del Petróleo” –como el que ya existe en Noruega–, pagado por un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las compañías de petróleo y gas, como parte de un paquete de recursos financieros e incentivos para reunir el presupuesto que debe gastarse, y que también incluiría bonos verdes. El dinero recaudado ayudaría a lidiar con los efectos del cambio climático y facilitaría la transición a una economía baja en carbono. En 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicó un amplio estudio a analizar el impacto de un “eco-impuesto” extrapolado al mercado laboral mundial, y llegó a la conclusión de que la imposición de un precio a las emisiones de CO2 (sólo unos 30 € por tonelada de carbono emitido), y la utilización de lo recaudado para fomentar el empleo –reduciendo las aportaciones a la seguridad social– y para subvencionar las industrias “verdes” no contaminantes, conseguiría crear en cinco años ¡14,3 millones de nuevos empleos en todo el mundo! ¡Sí, se puede!

 

¿Qué hacer?: Las ciudades, la gran oportunidad

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), más de la mitad de la población del planeta reside en zonas urbanas, y el porcentaje llegará al 70% en el 2050 (en el estado español ya es así). En la actualidad, las ciudades acaparan el 75% del consumo energético y son responsables del 75% de las emisiones de carbono, además del consumo del 60% de agua y el 76% de la demanda de madera. Las ciudades dependen para su subsistencia de las capacidades productivas (alimentos, agua, energía y materiales) y asimilativas (residuos, aguas residuales y Gases de Efecto Invernadero, GEI) de los ecosistemas que las rodean; pero también son los espacios donde existe una mayor capacidad para afrontar la crisis ambiental global que vivimos. A modo de ejemplos a seguir, Malmö (Suecia) es la primera urbe del mundo neutra en carbono y el barrio ecosostenible de Vauban, en Friburgo (Alemania), la Capital Verde Europea, no sólo se autoabastece energéticamente, sino que además vende el superávit de electricidad producida por su parque solar de viviendas al resto de la ciudad.

¿Y en el estado español? Según el excelente informe del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM) de la Universidad Complutense de Madrid, Cambio Global España 2020/50. Programa Ciudades (noviembre de 2009), el escenario continuista es apocalíptico: si seguimos así, para el año 2050 tendremos ¡47.574.000 viviendas! (casi una por habitante) y un tsunami de cemento: un consumo de “suelo artificial” urbano de 48.842 km2, ¡el doble que en 1990!, en detrimento del suelo agrícola de calidad; el parque de vehículos triplicará su número actual (¡más de un coche por habitante!), llevando a las grandes ciudades a un colapso circulatorio, las emisiones de GEI ¡cuadruplicarán las de 1990! (¡adiós, Kyoto!), y multiplicaremos por dos los residuos producidos en el 2000... ¿Hay alternativas? ¡Por supuesto! Nos centraremos en las 4 variables fundamentales para minimizar la huella ecológica:

 

1.– Edificación y ocupación del suelo

Tenemos un parque de viviendas sobredimensionado e infrautilizado, una enorme cantidad de suelo clasificado como urbanizable y una distribución inadecuada de los usos del suelo en la ciudad, con una dedicación excesiva al transporte privado y una importante segregación de actividades. En 2009 el Parlamento Europeo aprobó el Informe Auken, que critica con dureza la “urbanización masiva” del estado español. La actividad edificatoria residencial debería responder sólo a las necesidades reales de vivienda: para ello, el número de viviendas construidas no debería superar las 37.000 anuales (en la misma proporción que el aumento de la población), y el stock de viviendas vacías tendría que reducirse al 5% del total. Al mismo tiempo, la rehabilitación urbana integral (incluyendo los componentes energético y ambiental) del parque residencial, además de mejorar la habitabilidad, daría un fuerte impulso a la creación de empleo y haría posible la reconversión del sector. Sólo deben construirse edificios con ‘cero energía’ (NZEB, “Nearly zero-energy buildings”) y cero emisiones durante todo su ciclo de uso, es decir, que generen in situ a partir de fuentes renovables la misma cantidad de energía que consumen, en cumplimiento de la Directiva europea de eficiencia energética (2010/31/UE). Estas propuestas permitirían una reducción drástica del consumo de energía (el 55%) y de las emisiones de GEI, ¡hasta el 80%!, de cara al 2050, según Cambio Global España 2020/50.

Curiosamente, las normativas urbanísticas de varias comunidades autónomas limitan las densidades edificatorias máximas, ¡pero nunca las mínimas! Hay que minimizar la demanda de nuevo suelo artificial para cubrir las necesidades sociales, recuperar el carácter compacto y diverso de las ciudades mediterráneas y, sobre todo, las densidades medias que existían antes de los procesos de dispersión urbanística de los últimos 20 años (1990-2010). Para ello, se debe prohibir el desarrollo de nuevos crecimientos urbanos no justificados, y conseguir que los nuevos desarrollos residenciales recuperen unos promedios de 70 viviendas por Hectárea.

2.– Consumo energético y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Reconducir el panorama energético en las ciudades pasa por conseguir de cara al año 2050 una reducción del 60% del gasto en energía respecto al 2000, sobre todo en la edificación y el transporte –los sectores con mayores emisiones–, y promoviendo un cambio sustancial en los hábitos de consumo que permita disminuir el gasto indiscriminado en torno al 10-20% per cápita. Es necesaria una transformación radical del transporte, dando prioridad al transporte público y eléctrico (véase el apartado “Movilidad urbana”). Además, los suministradores de energía tendrán que invertir en redes de distribución eléctrica inteligentes, que reducen las pérdidas de energía y las diferencias de gasto entre las horas punta y valle, permitiendo que el consumidor reduzca su gasto significativamente. A la vez, esto facilitaría la implantación de una nueva tarifa de la luz más progresiva, con criterios sociales (¡el estado español es el segundo país de Europa con la electricidad más cara!) y ambientales, y la “democratización” de la energía, con un cambio del marco legislativo: ya se ha derogado el impuesto al Sol y ahora hay que impulsar el autoconsumo. Al mismo tiempo, se debe planificar el cierre de todas las centrales térmicas para el 2025, mientras se aumenta la participación de las renovables en el mix energético, con el objetivo de llegar al 85% en 2050. Josep Vendrell, ex portavoz de energía de Unidos Podemos-En Comú Podem, planteaba un objetivo aún más ambicioso: ¡sería posible llegar al 100% de renovables! con una planificación de la transición energética, basada, junto a los aspectos ya tratados (ahorro y eficiencia, rehabilitación de edificios, electrificación de la movilidad y autoconsumo), en “la desintegración vertical de las grandes empresas para romper el oligopolio, el apoyo a las cooperativas, a los operadores públicos locales y a las pequeñas y medianas empresas de renovables; el cierre progresivo de las nucleares y el abandono del carbón, con una transición justa para las zonas afectadas; una planificación adecuada que ponga en el centro la expansión de las energías renovables” (La batalla de l’energia, treball 2017). En 2010, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO. calculaba que con sólo un 30% de energías renovables, ¡se podrían triplicar los puestos de trabajo en el sector! durante los próximos diez años, creando hasta 228.000 nuevos empleos directos e indirectos, sobre todo en la solar fotovoltaica y la eólica, hasta llegar a un total de 344.000 [email protected]

El objetivo final sería lograr ciudades neutras en emisiones de GEI, potenciando sustancialmente el “efecto sumidero”: los parques, jardines y zonas verdes podrían aumentar su capacidad de absorción de CO2 en un 30%, incrementando la proporción de cubierta por especies arbóreas y arbustivas en un 40%, y evitando el sellado continuo del suelo urbano, con el objetivo para 2050 de una reducción de las emisiones del 90-100% con respecto a 1990.

3.– Movilidad urbana

Empezando por el transporte interurbano, el estado español es el país de Europa que dispone de la mejor dotación de carreteras de alta capacidad por habitante: ¡debe cesar ya la construcción de nuevas autopistas y autovías!, con la excepción de actuaciones puntuales en seguridad. Los fondos sobrantes tendrían que dedicarse a la mejora de cercanías RENFE, de los ferrocarriles autonómicos y Feve, y de los carriles bus y VAO (para Vehículos de Alta Ocupación). Actualmente sólo hay carriles VAO en las entradas a Barcelona, Madrid y Granada.

Un impulso decidido al transporte público (empezando por el incremento de la flota) y a los modos de movilidad no motorizados frente al coche particular, unido al desarrollo de las energías renovables, que permitiría la electrificación del transporte (la construcción de redes de tranvía en todas las ciudades importantes y la sustitución de las flotas de autobuses de motor de explosión por otros híbridos) con bajos índices de emisiones, lograría para el 2050 una reducción del gasto energético y las emisiones al 25% de los valores del 2000. Según Cambio Global España 2020/50, esta reestructuración progresiva del reparto modal de la movilidad urbana podría llegar a un escenario de ¡sólo el 10% de los desplazamientos en coche!, un 30-32% en transporte público y la mayoría, un 58-60%, andando o en bici. En esta situación, el número de coches particulares por ciudadano (0,2) ¡habría descendido a la mitad del año 2000! Para conseguir estos objetivos, es básica una planificación urbanística favorable a la movilidad sostenible, la pacificación del tráfico y la mezcla de usos típica de la ciudad mediterránea compacta y diversa, que facilite la proximidad de servicios (los planes de movilidad de Friburgo y Vitoria-Gasteiz son claros ejemplos); la introducción de peajes de congestión en las horas punta de entrada y salida de las grandes ciudades (como ya se hace en Londres, Milán, Estocolmo…), cuyos beneficios se invertirían en el transporte público y, ¿por qué no?, en la subvención de la adquisición de vehículos eléctricos, empezando por las bicicletas eléctricas; y la aplicación de una tasa ecológica siguiendo el ejemplo de Alemania, que internalice los costes externos del transporte,[8] y también sobre el combustible del transporte aéreo. En diciembre de 2010, ISTAS-CC.OO. calculaba que el número de empleos en el sector de la movilidad sostenible podría duplicarse en los próximos diez años, llegando a alcanzar los 444.000 puestos de trabajo y consiguiendo reducir el consumo energético en un 13%, cifras nada desdeñables si tenemos en cuenta que la importación de petróleo y derivados supone ¡dos tercios del déficit comercial español! El estudio preveía que más de 20 ciudades contarían con una red de tranvía el año 2020. Aunque no se haya avanzado tanto, los datos siguen siendo válidos.

Y 4.– Generación de residuos urbanos

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 refleja que la gestión de los residuos urbanos en el estado español deja mucho que desear, tanto en su recogida como en su gestión (¡el 68% van a parar a los vertederos!), y subraya el incremento de la producción de residuos en un 89% durante el período 1990-2005. La mayor parte de este aumento se debe a los residuos derivados de la frenética actividad constructora durante esos años. Como en el transporte, es necesaria la internalización de los costes en las tasas, impuestos y precios públicos, y el pago de tributos locales en función de la cantidad de desechos generados.

Este es el apartado que consideramos más difícil de cumplir del programa Cambio Global España 2020/50, y el que requerirá una mayor concienciación ciudadana, pero aun así, se pueden apuntar objetivos muy claros: la utilización de materiales certificados, reciclados o reciclables en la construcción y obra pública debe ser una exigencia administrativa. Es necesario un impulso decidido a la reducción efectiva en origen de los residuos, hasta alcanzar en 2050 las cantidades producidas en 1990, empezando por establecer una limitación a la generación de residuos para todas aquellas actividades sometidas a licencia de obras o de actividad; promover la reutilización de los Residuos de Construcción y Demolición por encima del 90%, la reutilización de la práctica totalidad de los envases, con prioridad sobre el reciclado; la recogida selectiva, hasta llegar al 65%, y un aumento del reciclaje y la valorización, junto al aprovechamiento como compost y energía de los lodos de la depuradora. En 2050, sólo podrán depositarse en vertedero menos del 5% de los Residuos Sólidos Urbanos, y en todo caso después de haber sido objeto de algún tratamiento previo, tal y como ya establece la normativa vigente. De esta manera, conseguiríamos aproximarnos a los objetivos de “depósito cero en vertedero” y “residuo cero”, es decir, aproximarnos a conseguir cerrar los ciclos, optimizando al máximo el aprovechamiento de los materiales. También se lograría una disminución de los GEI relacionados con los residuos urbanos superior al 50%.

En definitiva, podemos concluir que la reducción de la huella ecológica del conjunto de las ciudades del estado español sólo será posible si se logra un cambio importante en los patrones de residencia, consumo y metabolismo urbano. Sin embargo, con la aplicación de estas medidas y la consecución de los objetivos en estos cuatro temas fundamentales, empezando por una disminución del 29% de la superficie artificial urbana actual, y en el marco de un escenario de reducción del consumo superfluo del 1,3% anual (poca broma, que daría como resultado un 40,3% en los 31 años que nos quedan hasta 2050), gracias a la disminución del despilfarro (volvemos a Latouche, Hoogendyk y Löwy) y a nuevos hábitos de vida más saludables, para 2050 lograríamos alcanzar la meta: ¡una huella ecológica similar a la biocapacidad del país registrada en el 2000! (unas 2,73 Hectáreas globales por habitante).

No es extraño que Willem Hoogendyk finalice su excelente obra, El gran cambio de rumbo llamando a fundar “un movimiento colectivo con ecologistas, objetores de crecimiento, militantes de la paz y de los derechos humanos, ‘creativos culturales’, grupos de pueblos que sufren la mundialización, emprendedores sociales, médicos inquietos, sin olvidar los agricultores y los propietarios de pequeñas y medianas empresas: un movimiento determinado a resistir y acabar de una vez por todas con… un sistema suicida… En suma, un movimiento por la preservación de un magnífico planeta, por un mundo duradero y más justo. […] ¿Qué arriesgamos? En el peor de los casos, perderemos nuestras cadenas y nuestro envenenamiento. Tenemos un mundo que salvar. Mujeres y hombres conscientes de todos los países, ¡uníos!”.

 

Notas:
[1] Aunque según el ecologista Bill McKibben, esto no debería preocuparnos demasiado: “Antes de que nos quedemos sin petróleo, nos quedaremos sin planeta.” (Deep Economy, 2007)
[2] “La alegría con que se ha deforestado el Sudeste asiático para ganar tierras de cultivo y el desecamiento de tremedales en los cuales crecían árboles llevaron a que se produjeran incendios tan enormes que supusieron el equivalente al 40% del total de emisiones mundiales producidas por la quema de combustibles fósiles.” (James Lovelock, La venganza de la Tierra, 2007)
[3] Véase Jan Zalasiewicz et al., Are we now living in the Anthropocene? (“¿Estamos viviendo ahora en el Antropoceno?”), Geological Society of America Today (2008). Y desde el punto de vista del colapso energético, Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, En la espiral de la energía, vol. I, cap. 6, El Antropoceno: la crisis ecológica adquiere dimensión mundial (2014).
[4] James Lovelock aporta varias ideas de geoingeniería, propias y de otros científicos (Klaus Lackner y Ken Caldiera, sobre todo) para llevarlo a cabo, op. cit.
[5] Veáse La situación del mundo 2008, de The Worldwatch Institute.
[6] La huella ecológica es una medida de la cantidad de suelo productivo y agua que un individuo, una ciudad, un país o la población mundial requieren para producir todos los recursos que consumen y absorber todos los residuos que generan. La huella ecológica total de una población determinada es la suma de los cultivos, pastos, bosques, ganado, pesca, construcciones y energía requeridos para su mantenimiento y la asimilación de sus residuos. (Global Footprint Network)
[7] El Negawatt es una unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología o un comportamiento, y corresponde "en negativo" al watt (W). Es la medida con la que se cuantifica la eficiencia energética o el ahorro de energía.
[8] “Si se incluyeran los costes invisibles […] –los accidentes de coche, la contaminación del aire, las bases militares (para impedir a los pueblos de los países productores controlar su propio petróleo), las subvenciones a las compañías petroleras– si, pues, se incluyera todo esto, el precio del carburante treparía a los 14 dólares el galón [3,78 litros]” (Sierra Magazine, abril 2002)

* El texto resume y actualiza el Trabajo Final de Diplomatura de Postgrado en Ideas y Experiencias Políticas Transformadoras del autor (UAB, abril 2018), tutorado por el profesor Joaquim Sempere.
 
Jordi de Miguel
licenciado en Biología por la Universitat Autònoma de Barcelona. Conseller de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Distrito de Nou Barris (2001-06), impulsó y coordinó la realización de La Agenda 21 de Nou Barris. Compromiso ciudadano por la sostenibilidad (Ayuntamiento de Barcelona, 2006)

Publicado enMedio Ambiente

El pasado 29 de abril, el alcalde de Bogotá D.C., Enrique Peñalosa Londoño y su gabinete radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, un documento de 674 páginas, 170 Artículos, por un valor de $95,9 billones de pesos.


El proyecto de Plan, resulta un texto largo, sinuoso y que requiere ser analizado cuidadosamente para entender las pretensiones de la actual administración en materia programática, administrativa, jurídica y presupuestal. La marca general del Plan es el desmantelamiento de lo público, la transferencia de rentas generadas por la aglomeración y el patrimonio colectivo al sector privado, la aplicación de la regla fiscal a la inversión social y los subsidios de la población vulnerable, la concentración del presupuesto en obras de movilidad y el abandono del enfoque de derechos y de inclusión en la construcción de una ciudad de derechos, democrática y moderna.

 

El proyecto de Acuerdo quiere hacer moñona, aprovechando que tienen el apoyo de una aplastante coalición mayoritaria en el Concejo distrital. Peñalosa y su equipo proponen un Plan de Desarrollo, con gran cantidad de orangutanes, incluyendo disposiciones y facultades que transformarán aspectos legales, financieros, patrimoniales, urbanísticos y de la estructura administrativa de la ciudad, los que significarán privatizaciones, venta de activos e inmuebles de la ciudad, reducción de plantas de personal, revisión del gasto recurrente, medidas que normalmente no hacen parte de un Plan de Desarrollo y que en una suerte de pague uno lleve lo que quiera. Si el Cabildo distrital lo aprueba, no solamente cede gran parte de sus facultades de control político durante los próximos años, sino que además pierde la capacidad de discutir serena y profundamente temas esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

 

Privatizar: liquidar patrimonio público valioso y rentable

 

En el Proyecto de Acuerdo aparecen varias figuras que consagran la privatización de activos estratégicos, productivos y rentables hoy patrimonio público y que se transferirían al sector privado a partir de la aprobación global del Plan efectuada en el Concejo de Bogotá. Esto significaría otorgarle una facultad amplia y discrecional a la administración para saldar bienes construidos y valorizados durante años, con el esfuerzo de todos, en un abrir y cerrar de ojos.

El caso más publicitado es el de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.E.S.P. (ETB), para la cual Peñalosa solicita en el Artículo 128 del proyecto en cuestión, autorización para la enajenación total de la participación que en ella tiene el Distrito¹. Paradójicamente, esta empresa entrega millonarios dividendos a la ciudad, algunos de los cuales tienen como destino el presupuesto de la Universidad Distrital; pero además tiene hoy un futuro comercial envidiable porque acaba de realizar cuantiosas inversiones en la instalación de fibra óptica en sectores residenciales y comerciales, además de abrir una rama de negocio en la telefonía celular, lo que la hace una empresa con tecnología de punta, que a pesar de los esfuerzos cotidianos de su presidente Jorge Castellanos, por denigrarla, sus acciones no hacen más que valorizarse y de allí la pregunta: ¿si la ETB es tan mal negocio, por qué hay tantas expectativas en el mercado por su privatización?

Otro caso importante de privatización es el de la EPS Capital Salud, que en el Distrito asumió los afiliados de la liquidada Caprecom, que en su gran mayoría son personas del régimen subsidiado de Salud. El Distrito, contradictoriamente titula el Artículo 66 del Plan, como “Fortalecimiento de la EPS Capital Salud”, pero en su contenido plantea “Como resultado del proceso de fortalecimiento o salvamento patrimonial de la EPS Capital Salud, se autoriza a la administración distrital a fusionar la entidad o enajenar total o parcialmente su participación accionaria en la misma, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

La venta de Capital Salud hace parte del proceso de reorganización del sector salud en Bogotá y su entrega a la lógica de mercado y al sector privado consagrada en el Acuerdo 641 de 2016, con la creación de la Red Integrada de Servicios de Salud conformada por 4 sub redes (Sur, Sur Occidente, Norte y Centro Oriente) que unificó y absorbió los 22 hospitales que hacían parte de la red pública y cuyas consecuencias empieza a ver la ciudadanía con las deficiencias en la atención de urgencias, el abandono del programa de Territorios Saludables y la espera prolongada para la atención de especialistas.

Un caso más de privatización, tiene que ver con la solicitud de autorización que el Alcalde hace al Concejo, empaquetada en el Plan de Desarrollo en el Artículo 134, denominado “Enajenación de Participación de Transmilenio S.A. en la Empresa Férrea Regional S.A.S.”. La consecuencia práctica del beneplácito del Cabildo para la venta de esta participación accionaria de Transmilenio S.A., es el abandono de la multimodalidad en el transporte público del Distrito, puesto que el objeto de la Empresa Férrea Regional, es el aprovechamiento de la red férrea del norte, sur y occidente que cruza la ciudad y la conecta con la Sabana. De esta manera el Distrito, particularmente esta administración, renuncia a la promoción y al aprovechamiento de esta red férrea regional y de figuras como el Tren de Cercanías que podrían significar atacar los problemas del transporte público con fórmulas más económicas, limpias y sostenibles, todo ello en favor de Transmilenio que es la prioridad de este Alcalde y del Plan comentado.

Sin agotar el análisis exhaustivo de las privatizaciones propuestas en este Plan de Desarrollo, no puede pasar desapercibido lo propuesto en un apacible Artículo, el 109, denominado “Gestión de Sedes Administrativas”, que en su parte final establece “[...] Asímismo, autorícese al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. durante el período de vigencia del presente Plan, para realizar de conformidad con las normas superiores que regulan la materia, la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito, que no sean necesarios para el funcionamiento administrativo de entidades distritales”.

 

¡Se vende!

 

Este artículo puede significar la venta de una cantidad importante de bienes inmuebles que posee el Distrito y que a juicio de esta administración no sean necesarios o que en su afán de recaudar recursos y reducir el patrimonio público, proceda a la venta de bienes importante que en muchos casos pueden representar patrimonio cultural, predios o edificaciones que por su tamaño y especialmente por su ubicación sean muy apetecidos en el mercado privado.

Otra forma de privatización, propuesta en el proyecto de Plan de Desarrollo está representada por la gestión del espacio público, privilegiando su acceso a quienes tienen los recursos económicos para pagar por su uso, disfrute y aprovechamiento. Hay tres propuestas en este sentido. La primera la contribución para eludir el Pico y Placa; la segunda la creación de autopistas y vías rápidas sujetas al pago de peajes urbanos y, finalmente, las contribuciones a parqueaderos. Estas figuras podrían profundizar la segregación y la inequidad en el espacio urbano.

 

Reorganización administrativa y masacre laboral

 

Peñalosa solicita de manera bastante inusual el otorgamiento de facultades pro tempore para realizar una reorganización administrativa del Distrito Capital. En efecto, en el Artículo 106 del Proyecto de Plan de Desarrollo, denominado “Modificación Estructura Administrativa” solicita “por el término de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, de facultades para modificar, fusionar, crear o suprimir entidades, establecer las funciones de sus dependencias, fijar las correspondientes escalas salariales y realizar las modificaciones presupuestales a que haya lugar; emitir los actos administrativos pertinentes para ajustar las instancias de coordinación y participación de las entidades distritales”. Esta solicitud la formula excusándose en “el propósito de dar celeridad y agilidad a las decisiones que se requieren para el cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la prestación de los servicios a la población”.

El otorgar estas facultades, el Concejo estaría propiciando el incumpliendo absoluto de los requerimientos mínimos fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública –Dafp– para adelantar este tipo de procesos, ya que las reestructuraciones deben ir acompañadas de estudios específicos sobre las necesidades, la situación fiscal del ente territorial, las realidades de las plantas de personal y los macro y micro procesos administrativos y organizacionales que permitan establecer la necesidad de una modificación organizacional.

Junto a estas facultades extraordinarias, en el Artículo 122 la administración le solicita al Concejo Distrital aprobar una “Racionalización del gasto y asignación eficiente de recursos” que tiene dos elementos. Por un lado “una mirada integral y técnica de la estructura administrativa del Distrito, en búsqueda de eficiencias administrativas y eliminación de duplicidad de funciones entre entidades; en este sentido se estudiará la posible fusión, transformación o supresión de algunas entidades cuyas funciones puedan ser asumidas por otras; y por otro, “una revisión, análisis y depuración del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las nuevas inversiones del Plan de Desarrollo y se convierta en un factor de decisión en la priorización del presupuesto. Esto permitirá fortalecer una gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas del Plan de Desarrollo Distrital”.

En otros términos, Peñalosa pide autorización para modificar sin participación ni consulta con los ciudadanos ni con los empleados públicos y oficiales, la estructura administrativa del Distrito y la racionalización de los gastos recurrentes, caso inédito en la ciudad, lo que podría significar una masacre laboral para los empleados y que no debería autorizarse en el Plan de Desarrollo sino que debería cursarse de manera autónoma y en un amplio proceso de diálogo.

 

Presupuesto de bolsillo y Regla Fiscal

 

El Alcalde Mayor utiliza el Plan de Desarrollo para hacer un manejo presupuestal que elude varias de las normas contempladas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y sus normas reglamentarias. Primero, en el Artículo 58 hace una definición bastante gaseosa de los Proyectos Estratégicos, incorporando desde los grandes de movilidad (metro y troncales de Transmilenio) hasta operación de bibliotecas. Luego, en el Artículo 125, establece que ese conjunto de proyectos se realizarán mediante el mecanismo de vigencias futuras, lo que significa que el Concejo le estaría dando un cheque en blanco para financiar y realizar proyectos indeterminados sin estudios técnicos ni financieros, sin pasar por la autorización previa del Consejo de Gobierno y del Confis y lo más grave sin un debate público sobre los costos, las dimensiones técnicas y las implicaciones sociales de estos proyectos.

Luego, el Alcalde pretende que el Plan de Desarrollo le otorgue facultades para incorporar directamente los recursos adicionales a los previstos en el presupuesto aforado de cada vigencia, a través de un Decreto, evitando ir al Cabildo cada año a tramitar una adición presupuestal, que tiene un costo en tiempo y negociación, en la manera cómo opera el Concejo Distrital. También solicita unas facultades pro tempore para efectuar traslados entre agregados o entre entidades o aprobar créditos adicionales al presupuesto de la vigencia 2015, lo cual no está contemplado en las normas presupuestales distritales.

La cereza del ponqué en términos presupuestales y de derechos, es la propuesta de Peñalosa de incorporar a través del Plan de Desarrollo la denominada Regla Fiscal en el Distrito. En efecto, en el Artículo 105, definido como “Focalización de Beneficios y Subsidios”, la administración le pide al Cabildo permitirle reglamentar “la implementación de los beneficios y subsidios autorizados por el Concejo Distrital, para que en el marco de sostenibilidad fiscal y dentro de los recursos presupuestados para cada vigencia fiscal, se puedan priorizar a los correspondientes beneficiarios”. Abandonando la universalidad de los derechos, condicionándolo al acceso a la disponibilidad presupuestal definida por la propia administración y sujetando la garantía de los derechos a la voluntad del ordenador del gasto quien fija las prioridades, focaliza y selecciona los beneficiarios, dando pie a la ampliación del modelo neoliberal y clientelista de asistencia social caritativo, lo cual en Bogotá significa una política social regresiva, que desconoce los logros de inclusión social de la ciudad.

 

Misceláneos para la preocupación ciudadana

 

Un proyecto tan extenso como el Plan de Desarrollo tiene tal cantidad de temas que es muy difícil comentarlos en un breve texto, por tanto señalaré sucintamente tres temas que aparecen y que deben ser discutidos más ampliamente. Primero, la intención de ubicar como proyectos estratégicos los senderos ecológicos, uno el panorámico rompe fuegos de los cerros orientales, y otro el de conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. Estos proyectos afectarán ambiental, paisajística y patrimonialmente los cerros orientales y la Reserva Natural Thomas Van Der Hammen, promoviendo la urbanización para los estratos altos de la ciudad. Segundo, la ausencia del tema de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía y la capacidad administrativa de las localidades y por el contrario la clara intención de asaltar sus recursos, con el argumento de promover la concurrencia y complementariedad entre el nivel central y la gestión local, con la cofinanciación de obras del Distrito para “potencializar los recursos de los Fondos de Desarrollo Local” como contrapartidas en proyectos de gran impacto social, los cuales serán definidos por el nivel central, abandonando las prioridades de la inversión local. Un tercero, es la utilización del Plan de Desarrollo para fijar normas urbanísticas, lo cual se menciona para la infraestructura educativa y para unos planes parciales que deberían tener uno y otro un curso legal distinto.

 

El Estado no es la solución...

 

En síntesis, el proyecto de Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para aprobación del Concejo Distrital es un proyecto cargado de micos, que busca que en un solo paquete le sean concedidas facultades al Alcalde Mayor para modificar aspectos esenciales de la administración pública, de la estructura organizacional y del presupuesto distrital. Esta administración parte del precepto fijado en la década de los 80 del siglo pasado por Ronald Reagan, quien afirmaba que “El Estado no es nunca la solución. En realidad, es siempre el problema”. Así pretende reducir el campo de intervención del Estado, abriendo espacio a la acción del mercado, privatizando servicios esenciales, achicando el aparato de gobierno, con argumentos afincados en una aparente eficiencia y eficacia del sector privado y la supuesta incapacidad del Estado para la administración, procediendo en este proyecto a vender entidades públicas esenciales, al desmantelamiento institucional y a recortes presupuestales con consecuencias en el acceso y garantía de derechos a la ciudadanía.

En realidad el Plan de Desarrollo consagra la transferencias de rentas públicas construidas en años de impuestos y ahorros colectivos a sectores privados que se aprovechan de la regulación y la aglomeración de una ciudad como Bogotá, sin que la administración resuelva de fondo los problemas de inclusión social, de movilidad sostenible y de sostenibilidad ambiental que hoy constituyen los principales problemas de la capital del país.

 

* Mauricio Katz García, @katzmauricio. Sociólogo, DEA en Estudios Políticos, Candidato a Doctor, Universidad Pierre Mendes France, Grenoble II. Ex Subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito entre 2012 y 2014.


1Todos los artículos comentados en este texto hacen parte del Proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, radicado el 29 de abril de 2016 al Concejo de Bogotá D.C.

Publicado enEdición Nº224
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