En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

Publicado enColombia
Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

Publicado enInternacional
Myanmar vive la jornada de huelga y protestas más importantes contra el golpe

Las movilizaciones y la huelga general de este lunes tienen lugar en medio de las amenazas del Ejército de desatar una violenta represión. El fin de semana dos personas fueronasesinadas por la Policía, sumando cuatro desde que comenzaron las protestas contra el golpe.

 

A pesar de las amenazas del Ejército, que advirtió a los "manifestantes que se arriesgan a morir en las marchas", y de la represión del fin de semana, Myanmar vive este lunes la jornada de protestas y huelga más importante desde que comenzaron las movilizaciones contra el golpe de Estado.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía, sumando así cuatro manifestantes asesinados por la represión del Gobierno golpista.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los manifestantes luchan contra el golpe y por la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600, entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi, como llevan haciendo a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se celebraron hoy de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores enfrentamientos y represión, según vídeos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Ante la convocatoria de este lunes, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias arterias de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

Revolución 22222

La convocatoria ha recibido el nombre de "la revolución 22222" al celebrarse el 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de hoy, que ha paralizado casi todo el país, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que el viernes falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que recibió un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró el domingo en Naipyidó.

En respuesta a estas muertes, la junta militar acusó a los manifestantes de "aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica" y les advirtió de que se podrían perder más vidas, en una clara amenaza para amedrentar a los manifestantes, que al juzgar por la masividad de este lunes, no ha surtido efecto.

Como viene ocurriendo desde el primer día de protesta y, a pesar de la impotencia de Aung San Suu Kyi que no llama abiertamente a tirar al gobierno militar, los jóvenes y trabajadoras, muchas de ellas de los sectores más precarizados como las de fábricas textiles, han jugado un rol central en las protestas. Impulsándolas y poniéndose a su cabeza no solo enfrentan la represión policial y militar, sino que le dan fuerza a todo el movimiento para seguir en las calles.

Lunes 22 de febrero | 10:00

Publicado enInternacional

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en una nueva jornada de represión a las protestas. Además, otras 30 personas fueron heridas por policías y soldados durante una manifestación de trabajadores portuarios en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Al menos unos 500 agentes de seguridad participaron en el operativo en las cercanías de Yadanabon, un astillero estatal. Balas de goma, munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes recibió el movimiento de desobediencia civil que exige la restitución del gobierno de presidenta y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. Una de las personas asesinadas es un menor de edad a quien le dispararon en la cabeza, según indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios, citado por AFP. "La mitad de los heridos recibió disparos con munición real", agregó el socorrista. La segunda víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de llegar al hospital. Los testigos afirmaron que la policía también reprimió con proyectiles metálicos fabricados con tornillos y lanzados con tirachinas. "Es como una zona de guerra", dijeron.

Hace tres noches las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores ferroviarios en Mandalay por haber adherido al movimiento de resistencia contra la Junta y el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, antigua Birmania. Otra nueva ola de represión llegó poco después de que los ciudadanos salieran a las calles para rendir tributo a Mya Thwet Thwet Khine. La joven de 20 años murió ayer luego de permanecer en estado crítico después de haber sido baleada el pasado nueve de febrero, unos días antes de su último cumpleaños.

La familia de Mya Thwet Thwet Khine anunció su muerte, la primera confirmada desde el golpe de Estado que puso en el poder al general Min Aung Hlaing. En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, unas mil personas se reunieron para recordar a la primera víctima del gobierno militar.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad continuaron ampliando medidas restrictivas. Anoche el país volvió a tener un apagón de Internet, lo mismo ocurrió en las últimas seis noches. Si bien la conexión fue restaurada a la mañana siguiente, las autoridades bloquearon Wikipedia, la plataforma de información libre y colaborativa. El gobierno ya había restringido el acceso a Facebook, desde donde la ciudadanía convocaba a las manifestaciones.

De acuerdo con datos de una ONG de asistencia a presos políticos, cerca de 550 personas han sido detenidas en menos de tres semanas. Entre ellos funcionarios huelguistas, monjes, responsables políticos y activistas. Sólo unas 40 personas han sido puestas en libertad.

Desde el departamento de Estado de EEUU condenaron "la violencia contra el pueblo de Birmania" luego de la muerte de Mya Thwet Thwet Khine. Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes para analizar medidas contra el Ejército birmano."Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles", afirmó Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE.

Publicado enInternacional
El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles 

Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

 

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes. 

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número. 

"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".

Publicado enColombia
El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

Publicado enInternacional
En un mundo machista los hombres no son los enemigos.

Hombres que cuidan, protegen, quieren, expresan sus emociones, desprecian sus privilegios, profanan los roles que se les otorga socialmente, apoyan y resisten ante una sociedad patriarcal y machista son hombres aliados de la feminidad. Esta tesis es un llamamiento a no perder de foco que el machismo más que una cuestión de géneros es una patología estructural que carcome las entrañas mismas de las instituciones sociales, políticas y económicas que por acción u omisión sostiene la exclusión y la invisibilización de lxs cuerpxs feminizadxs como el principal foco del trabajo enajenante y explotador, fundamento del Estado, a saber: el trabajo reproductivo (maquila de cuerpxs) y sus derivados es decir, trabajos de cuidado, trabajos domésticos, trabajos donde exigen “el instinto maternal”, el “carisma”, “la ternura” y “la docilidad” sean características propias de las trabajadoras.

Toda profesión de cuidado o trato con la otredad exige del devenir mujer un carácter materno de manera implícita, ejemplo de ello son el trabajo de las profesoras, de las enfermeras, de las vendedoras, de las empleadas domésticas. También se pide de otras labores la fuerza, el liderazgo y el autoritarismo que suelen asignarles a los hombres.Así, estructuralmente el patriarcado se traslapa tras roles y modelos de conducta esperados en las mujeres y los hombres que asumen determinados trabajos y, en personas que se espera los exijan. En consecuencia, a todxs nos afecta esta estructura machista toda vez que demanda actitudes de nosotrxs que oprimen nuestro ser auténtico en el mundo. Por tanto, el machismo no es cuestión de géneros y poco o nada ayuda a la erradicación del mismo una encarnada “guerra de géneros”.

Cada persona tiene maneras propias y únicas de asumir su vida que son invisibilizadas cuando somos reducidos a ser “una cuestión de género” y a sentir rechazo por otrxs a partir de esta categoría. Sin embargo, más acá del género hay que fortalecer la tesis de que el problema del machismo no son los hombres cis*sinosu estructura ampliamente represora de toda persona que no asuma la dicotomía machista de su estela de “géneros binarios” y su consiguiente caracterización.

He visto mujeres llorar por “hombres” golpeadores,misóginos y defenderlos. He visto como mujeres se sienten incompletas sino tienen el cariño de un “hombre”. Esas mismas mujeres cuyos deseos corresponden a una sobre codificación de la máquina capitalista (Deleuze y Guattarri, 1998), patriarcal y misógina son las que señalan que una mujer soltera no es una mujer plena como tampoco lo podrían ser aquellas que no quieren ser madres o no son cisgénero.

Esas mujeres, las mismas que dicen que hay que soportar todo tipo de maltratos por razones sexo-afectivas son víctimas-aliadas del machismo al llevarlo en sus ovarios y posesionarse desde allí como mujer cisdeterminadas en su ser por la estela patriarcal.Es cierto que hay grados de alienación en las víctimas que reproducen el machismo de manera inconsciente que no les permite ver que ningún maltrato es soportable en una relación. No obstante, también hay mujeres deliberadamente conscientes de ser aliadas del machismo. Mujeres con cargos políticos pueden ser verdugas absolutas de políticas del cuidado, de la reivindicación del derecho a una maternidad libre, de otras formas de ser mujer no cis, por ejemplo, y que, a lo sumo, lo que exigen es la conservación de la familia heteropatriarcal como la primera y más retrógrada institución base de la sociedad machista.

A las mujeres aliadas del machismohay que hablarles desde el cuidado y sobre la deconstrucción de la mujer patriarcal y la fuerza del devenir mujer para que ellas mismas comprendan desde su ser/cuerpx que toda fuerza reactiva que aplica el sufrimiento, la humillación, el maltrato y la opresión sobre las propias carnes violenta el propio ser y lejos está del amor que potencia, amplía y fortalece la libertad.

El feminismo como resistencia práctica contra la opresión femenina no puede ser un soso discurso de clase. Tampoco una pueril exigencia sobre derechos ante el Estado.Cabe decir aquí que el feminismo de Estado es insuficiente porque olvida que la emancipación de la mujer tiene que ser económica, cultural, educativa y no solo política.

Se reconoce el feminismo de Estado como toda tendencia que aboga por la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres fundando instituciones cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de las mujeres como colectivo político. Dice Celia Valiente, a propósito de El Feminismo de Estado en España (2006), que este también es conocido como “feminismo institucional”, “feminismo oficial” y a las mujeres que están en estas instituciones se les reconoce como “feministas de Estado”.

Asumo que esta categoría puede desconocer los diferentes matices existentes en el feminismo. Sin embargo, también logra mostrar el quid por el cuál muchas mujeres pueden sentir cierto rechazo, apatía o indiferencia por el feminismo al privilegiar el mejoramiento de las condiciones sociales para un colectivo y no para toda la comunidad (pueblo, oprimidxs, explotadxs, locxs, lxs nadie, etc.) que, también sufren la crueldad de las desigualdades sociales.

De hecho, según Dora Barrancos, anarquista y feminista argentina, las mujeres anarquistas, por ejemplo, en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no abrazaron tan precozmente el feminismo como las mujeres de la alta sociedad. Las anarquistas, la mayoría de ellas obreras o cercanas a la causa obrera, exigieron su independencia, su emancipación, su libertad al amar más acá de los convencionalismos sociales; de aquí su grito de “Ni Dios, ni patrón, ni marido” proclamado por la icónica y valerosa Virginia Bolten.

Dora Barrancos menciona que la relación entre feminismo yanarquismo ha estado presente desde el origen de éste último y sus anales teóricos en el siglo XIX al pugnar por relaciones basadas en la libertad –como autodeterminación– de cada persona que se expande solo en una comunidad que cesa de instaurarse a partir de la explotación y la dominación[1].

En este sentido, para algunas mujeres desde el Estado no se puede establecer relaciones de igualdad entre hombres, mujeres, niñxs, sexualidades disidentes y agentes sociales en general, toda vez que él es el fundamento y garantía del sostenimiento de las desigualdades entre las personas. En consecuencia, el Estado no puede sino reducir, a lo sumo, las relaciones de desigualdad a partir de la aceptación de unos derechos (libertades otorgadas por el establecimiento), pero no establecer relaciones completamente libres (libertad como facultad individual) e iguales (fortaleciendo unas condiciones económicas generosas para todxs).

El feminismo como práctica que reivindica la emancipación y la liberación de lxs cuerpxs feminizadxs (de aquí que el feminismo abiertamente cis es un discurso excluyente que desconoce las diferentes maneras de ser mujer) tiene que ser la realización del devenir mujer libre de toda violencia coercitiva en todos los escenarios sociales y, en cuyo origen la materialización de una comunidad libre de opresión es necesaria.

Sin que se trate de coherencia, pero sí de cohesión, el feminismo en su práctica tendría que tender a la negación de toda institución social. La realización de la corporalidad asumida como mujer exige el aniquilamiento de las relaciones de opresión y dominación que gesta el Estado bajo la concepción del derecho y su abstracción de base y fundamentalista: la propiedad privada como factor determinante de la pobreza y la mercantilización de la reproducción.

Cuando las mismas instituciones crean “espacios” para la mujer se circunscriben en un plano amplio de una democracia pluralista. Sin embargo, ni la democracia ni un contexto ético pueden potenciar el rol de la mujer dentro del Estado sino es a costa de la supervivencia del propio patriarcado. El origen del argumento radica en una contradicción entre lo que se “debe” hacer y lo que “se puede” realizar.

Por supuesto es un “deber” la inclusión de todos los agentes sociales en una sociedad idealmente democrática. En cualquier caso, el deber con toda y su retórica de la obligación no es vinculante porque las condiciones de posibilidad que le preceden tanto económicas como jurídicas son mendigantes ¿es viable la inclusión de lxs cuerpxs feminizados en el Estado coautor de la pobreza,principal factor determinante de los embarazos adolescentes?, ¿es posible la inclusión de las mujeres en el Estado que niega el derecho a una maternidad escogida?, ¿es permisible la inclusión en el Estado que precariza la vida de las mujeres en diferentes esferas social es al reducirlas a un rol y objeto puramente sexual-reproductivo?

Hay que decir que no se asiste en este texto aopiniones comunes como que son los victimarios y no las víctimas los responsables directos de las relaciones de abuso, no. Tampoco es una mera crítica al machismo en ciertos feminismos y una salvaguarda a los hombres traidores del patriarcado, ni una invitación a que los hombres “defiendan”la feminidad porque no necesita de defensores sino de agentes críticos contra el patriarcado.Este escrito es un intento por llevar la discusión a un nivel estructural donde la violencia machista no es solo cuestión de géneros sino, ante todo, un problema afincado en el mismo origen de las instituciones de la sociedad que estableció el trabajo doméstico y reproductivo como fenómeno normalmente violento, enajenante y explotador de todx cuerpx feminizadx.

No se trata de ser o no feminista. Lo que se trata es de no seguir siendo o dejar de ser machista, cómplice de la institucionalidad patriarcal. No se puede exigir desde un discurso del privilegio que se hagan instituciones de cuidado solo para las mujeres cuando tantos otrxs cuerpxs ni siquiera se lo pueden pensar. También cabe hacer autocrítica a ciertos feminismos que reivindican el autoritarismo al subordinar y disminuir la importancia de corporalidades disidentes y/o animales ciñendo su discurso al biopoder y sus ya famosas formas de exclusión-excepción desde la nuda vida[2].

El acabamiento del machismo pasa por el acabamiento de toda institución autoritaria (disculpen el pleonasmo), de todo Estado, de todo modelo político-económico-social que requiera la explotación de lxs cuerpxs para su beneficio porque ninguna institucionalidad ha mostrado que puede acabar con el trabajo reproductivo (sea para la producción de obrerxs o de carne para su consumo) como el principal foco del capitalismo, partiendo así del desconocimiento de que la construcción de una comunidad femenina surca espacios que van más allá del género.

Pero no solo esto.Las corrientes feministas contemporáneas tendrían que fortalecer la articulación de sus propuestas con movimientos antiespecifistas, ácratas, ecologistas, ambientalistas, en definitiva, con todxs aquellxs que sientan el problema de lxs cuerpxs que sufren como origen de su resistencia vital.

Me llama la atención la reflexión que realiza Silvia Rivera Cusicanqui sobre “la mujer tejedora”, en la cual menciona que nosotras como mujeres tendríamos que experimentar en nuestro ser la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser mujer?, específicamente ¿qué significa ser mujer en el mundo andino? Estos cuestionamientos tocan el punto más sensible de esta reflexión porque el ser mujer no tiene que reducirse a asumir un rol políticamente asignado, biopolíticamente administrado y socialmente exigido, todo lo contrario. Ser mujer es una experiencia que comulga con nuestro estar en el territorio, con nuestro ser para el mundo en un experenciar el cuerpx en las originarias relaciones con las otredades. Tampoco el ser hombre comulga necesariamente con el machismo sino en cuanto se asume en su ser social, político y económico como sujeto del privilegio. De aquí que algunas masculinidades no pueden ser tenidas como machistas por su mero devenir hombre.

La invitación es a cuestionar la significación del género como un papel subsiguiente a los propios modos de expresión en los cuales asumir la lucha de un mundo sin dominación es un llamado que nos convoca a todes y ante el cual somos aliades, cómplices creadorxs de relaciones vitales,cuidadoras, solidarias, amorosas, en un mundo donde el machismo funge como herramienta de opresión de lxs cuerpxs que en su vulnerabilidad, unicidad y devenir animal/corporalidades-disidentes/mujer/hombre/ individuo/singularidad/ han de ser cuidadxs de la mano dura del patriarcado.

*Es un neologismo que intenta presentar a lxs individuxs cuya identidad de género coincide con su sexo biopolíticamente dado.

 

 

Referencias bibliográficas:

-Barrancos, Dora, “Mujeres de “Nuestra Tribuna”: el difícil oficio de la diferencia”, Mora, nº 2/noviembre, 1996, 125-143.

------------(1990) Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo. Buenos Aires: Contrapunto.

-------------(2005) entrevista. Recuperado 02-2021 de https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/frauenbereich/barrancos/transcrip/transcrip2/index.html

-Deleuze, G., & Guattari, F. (1998). El antiedipo. Barcelona: Paidós

-Quintana Porras, Laura (2006)De la Nuda Vida a la 'Forma–de–vida'. Pensar la política con Agamben desde y más allá del paradigma del biopoder. En: Dossier: Lógicas del poder. Miradas críticas. (Méx.) vol.19 no.52 México sep./dic. Recuperado: 02-2020 de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952006000300003

-Rivera Cusicanqui, Silvia (2018) Un mundo ch'ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta limón.

---------------------------------(2019) entrevista. Recuperado el 02-2021 de: https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena

-Rouco Buela, Juana(1924) Mis proclamas, Santiago de Chile: editorial Lux. Recuperado el 02-2021 dehttp://ideasfem.wordpress.com/textos/e/e09/.

-Valiente, Celia (2006) El feminismo de Estado en España:el Instituto de la Mujer (1983-2003)España: Universitat de València.

 

[1] La exigencia de la libre asociación política y la eliminación de todas las relaciones de explotación y dominación fueron las consignas de las mujeres anarquistas del siglo XIX, incluso, dentro de los mismos movimientos sindicales o libertarios, sin sujetarse a una postura feminista, pero sí como anarquistas, como mujeres anarquistas. A este hecho lo llama Dora Barrancos: contra-feminismo del feminismo anarquista.

[2]La nuda vida es un concepto utilizado por Agamben para mencionar que hay vidas que las formas de poder totalitario reducen a su condición orgánica siendo despojadas de todo reconocimiento político. Es la vida limitada a ser pura vida separada de todo contexto y no atendida como forma de vida, así se puede disponer de la misma para excluirla. Para ampliar este concepto recomiendo el artículo de Laura Quintana De la Nuda Vida a la 'Forma–de–vida'. Pensar la política con Agamben desde y más allá del paradigma del biopoder (2006).

Publicado enSociedad
Viernes, 12 Febrero 2021 06:43

Contrainsurgencia 4T

Contrainsurgencia 4T

Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https://bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

"No les bastó con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

Publicado enInternacional
Carabineros reprimen en Santiago una manifestación en repudio al asesinato perpetrado el viernes por policías contra el malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, cuando efectuaban un control de identidad. El joven, quien llevaba unos machetes para realizar sus actos, se negó a ser revisado. El caso pareció ahondar la crisis que viven las fuerzas de seguridad desde el estallido social de octubre de 2019, que dejó decenas de muertos. El agente acusado de disparar a quemarropa está detenido. Foto Ap / Ap

En las manifestaciones, enfrentamientos, barricadas y 10 edificios públicos incendiados

 

Santiago. El policía acusado de disparar a quemarropa y matar a un joven malabarista callejero el pasado viernes en una ciudad del sur de Chile permanacerá en prisión preventiva después de que manifestantes respondieron a este acto de brutalidad policial con protestas y la quema de 10 edificios públicos, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El juez del juzgado de garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes se presentarán formalmente los cargos contra el detenido, cuya identidad se mantiene en secreto por su seguridad.

Tras el asesinato del malabarista, la noche del viernes fueron incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrió el asesinato.

El malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, se encontraba en el centro de Panguipulli, pequeña localidad, de 32 mil habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control Martínez Romero, quien portaba unos machetes con los que realizaba sus actuaciones callejeras, se negó a ser revistado por los uniformados, a lo que dos policías respondieron disparando al suelo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo uno de los policías continuó disparando al joven hasta que este cae, muerto, en la calzada. El malabarista recibió al menos cinco disparos, según información de la Policía de Investigaciones.

El coronel de Carabineros, Boris Alegría Michellod, argumentó en declaraciones a los medios de comunicación que el joven malabarista persistió en abalanzarse contra la policía, por lo que los uniformados actuaron “en resguardo de su propia integridad y de sus propias vidas” e hicieron uso de las armas de fuego en “legítima defensa propia”. Esta versión es desmentida por testigos en el lugar de los hechos y, el video que circuló en redes.

El caso pareció ahondar una crisis profunda de la policía chilena que data desde las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por este organismo del Estado desde el estallido social que inició en octubre de 2019 y que dejó un saldo de más de 450 personas con trauma ocular, más de 31 muertos y 4 mil denuncias por violaciones de derechos humanos, en situaciones que no han llegado a la justicia.

Publicado enInternacional
Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

Publicado enInternacional
Página 1 de 264