Lunes, 20 Enero 2020 06:03

Escuchar al perpetrador

Escuchar al perpetrador

Con la académica mexicana Karina García.

Conversó con 33 hombres que integraron las principales organizaciones criminales de su país, entre ellos sicarios y secuestradores, para intentar saber cómo se gesta la violencia del narco y cómo la piensan sus miembros. Para García, escuchar y analizar sus voces permite entender por qué fracasa la “guerra contra el narcotráfico”.

Karina G García es doctora en Ciencia Política y docente de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol. Su tesis doctoral Pobreza, género y violencia en las narrativas de 33 ex narcos: entendiendo la violencia del tráfico de drogas en México ganó el premio a la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Leyes para el período 2018-2019 de esa universidad británica. En su trabajo, García entrevistó a 33 hombres que habían integrado algunos de los carteles y organizaciones delictivas mexicanas y que en ese momento asistían al centro de rehabilitación de la organización Cristo Vive, ubicado en el estado de Coahuila, en el norte de México. El texto indaga sobre las razones y las formas que, para estos hombres, adquiere la violencia y propone la adopción de enfoques distintos a la militarización a la hora de combatirla. Su trabajo académico1 hoy está dando la vuelta al mundo gracias a un resumen publicado en el sitio web del Centro de Investigación Periodística bajo el título “Por qué fracasa la ‘guerra contra el narcotráfico’” (Ciper, 3-I-20). Brecha conversó con García para saber más sobre sus hallazgos.

—En tu tesis identificás cuatro “dimensiones” de la violencia relacionadas con el narcotráfico. La primera de ellas tiene que ver con la violencia entendida como un oficio que se aprende y se perfecciona, pero también como un negocio. ¿Cómo explicás este enfoque?

—Creo que muchas veces nos enfrascamos en este discurso que viene de Estados Unidos, de esta guerra abstracta contra las drogas –se habla en abstracto de las “drogas” y en abstracto de los “carteles”–, sin pensar o entender realmente los diferentes tipos de violencia que existen. Muchos de mis entrevistados me explicaban que tenían un calendario establecido de a quién levantar2, a quién torturar, cómo torturarlo, cuánto tiempo torturarlo, a quién desaparecer, cómo desaparecerlo… Todo esto se sistematizaba. Esa lógica, de cualquier tipo de violencia como negocio, es la que creo que se sigue reproduciendo en algunos niños y jóvenes.

¿Cómo es posible que haya niños y jóvenes dispuestos a ganarse la vida a través de torturas, asesinatos, secuestros? Para mí eso se ha explorado poco. Es difícil, es complejo, pero para poder diseñar políticas de seguridad efectivas hay que entender cómo llega ese individuo a considerar la realización, no ya de una actividad ilegal como el tráfico de drogas, sino de estos actos violentos.

—En tu trabajo citás la idea del “capitalismo gore”, esta exacerbación del modelo económico neoliberal que, en contextos de pobreza, genera violencia extrema y da lugar a un emprendedor criminal que progresa dentro de la estructura del cartel.

—Definitivamente. Ligado al discurso sobre la pobreza que encontré –los hombres que entrevisté veían el mundo como un lugar hostil, la pobreza como una condición fija e inevitable–, los entrevistados se consideraban a sí mismos como personas desechables, sin futuro por delante. La única manera que veían para disfrutar su juventud, o los años que les quedaban de vida –porque asumían que iban a morir jóvenes–, era insertarse en la sociedad de consumo orientada al dinero. Entonces se preguntaban, ¿cuál es la manera real que tengo de insertarme en esta lógica? Bueno, es a través del narcotráfico, y uno de los trabajos que más paga ahí es el que involucra la violencia: torturar, secuestrar y desaparecer cuerpos.

—La segunda dimensión de la que hablás es la de la violencia como parte de las reglas del juego.

—En mi tesis cito algo que me dijo uno de mis entrevistados, algo que a mí me quedó muy grabado. Él era sicario, pero su trabajo también era torturar y desaparecer cuerpos. Cuando me estaba contando los detalles más sádicos de cómo torturaba a sus víctimas, yo trataba de justificarlo de alguna manera. Entonces le decía: “Bueno, pero tú estabas bajo el influjo de las drogas para hacer esto”, y él me decía: “No”. Y yo: “Bueno, pero era la parte de tu trabajo que casi no te gustaba”, y él: “No, era parte de mi trabajo”. Creo que él se dio cuenta de que yo trataba de justificarlo con mi propia lógica y me contestó con una pregunta: “¿Tú cuestionarías a un carnicero por matar cerdos o gallinas?” Para él, su lógica es “este es mi trabajo, punto, no lo cuestiono, así es”. Para mucha gente esto es incomprensible, pero cuando se observa esa lógica a través de sus historias de vida, a través de las experiencias que estos hombres han tenido, es mucho más entendible; no justificable, pero sí mucho más entendible. Estas personas no llegan a descuartizar o decapitar personas de la nada; nacen y crecen rodeados de muchísima violencia, de diferentes tipos de violencia: doméstica, de género, de pandillas; rodeados de mucha inseguridad, y aprendieron desde muy pequeños que la violencia es la única manera, no solamente de sobrevivir, literalmente, sino de ser respetados. Ser respetados en este contexto significa no ser molestados, no tener que defender su integridad física día a día. Cuando hablamos de la violencia del narcotráfico, para ellos tenía sentido porque esa lógica ya la tenían desde niños y jóvenes, porque impera en los barrios pobres, con las pandillas juveniles. La frase que más me decían era: “Cada quién se rasca con sus propias uñas”. Esa experiencia se traslada a su trabajo ya como narcotraficantes. Obviamente, en el narcotráfico los niveles de violencia y su sistematización son mucho mayores, pero esa lógica la mayoría de los entrevistados ya la traían desde niños.

—También hacés mención a una tercera perspectiva, que es la de la violencia como un divertimento. Algo que va en paralelo; por un lado, ellos lo viven como un trabajo, pero, al mismo tiempo, algunos te dicen que prácticamente se vuelven adictos a matar.

—Esa es otra dimensión de la violencia que se tiene que atacar, y, de nuevo, está ligada a sus experiencias de vida. Tener este control sobre la vida de otra persona los hace sentirse poderosos. Efectivamente, algunos confesaron que la violencia para ellos era como un hobby, un pasatiempo; mencionaban mucho la palabra “adrenalina”, decían que les daba mucha adrenalina todo este proceso de levantar a las personas, escuchar cómo sufrían. Es escalofriante, pero así era. ¿Por qué? Regreso a esta autodefinición de ellos mismos como personas desechables. Realmente creían que no había otra forma de ser respetados, que no había posibilidad de sobresalir en otro campo. Esto es muy importante, porque no se metieron al narcotráfico sólo por el dinero, sino también por el respeto; la dignidad que no tenían antes la obtenían a través del miedo y del dominio sobre la vida de otras personas.

—Por un lado, viven la violencia como un hobby, por otro, lo entienden como parte de las reglas del juego o como un negocio. Pero también muchos te dicen que pensaron repetidamente en suicidarse. ¿Cómo entendés vos esto? ¿Por qué tienen esa idea en la cabeza?

—Lo más importante, desde mi punto de vista, es que su vida diaria, desde muy pequeños, es en verdad insoportable. Desde que tienen uso de razón están rodeados de violencia. Muchos de los entrevistados contaban que sus padres eran extremadamente violentos. Imagínate crecer con ese miedo, con tanta inseguridad. En el núcleo familiar, que es donde se supone que te dan el apoyo para que salgas adelante, es donde menos apoyo tenían. No hay felicidad. Ese es otro punto muy importante; su único escape –y por eso ingresaron a las pandillas y empezaron a utilizar drogas desde muy pequeños– era drogarse y evadir la realidad. Esto va aunado a esta idea de que ya se sabe cómo van a terminar las cosas: asumen desde muy chiquitos, seis, siete, ocho años, que van a morir, ya sea de una sobredosis –porque la drogadicción es la manera en que la mayoría de los niños y jóvenes de sus entornos lidian con esa realidad tan cruda–, o en alguna riña callejera, o bien en alguna balacera. Esto se asume. Así como otras personas, en otros contextos, cuando crecen, asumen que van a estudiar una carrera, formar una familia. ¿Por qué? Porque es lo que les rodea. Ese día a día para mí es muy importante para entender cómo y por qué ellos se sienten desechables. Contestando a tu pregunta, morir es un alivio, porque ya no se tiene que lidiar con eso, con el sufrimiento que arrastran desde su niñez por el abuso de los padres y por esa falta de propósito, esa falta de dignidad. Aun en el narcotráfico –y esto me pareció muy interesante–, por más que intentaron, no lograron sentirse felices. Terminaron de una u otra manera como drogadictos, en las calles, muchas veces como vagabundos; muchos perseguidos por los carteles, en condiciones casi infrahumanas. Así es como llegaron al centro de rehabilitación.

—La cuarta perspectiva es la del “culto a la muerte”, el ritual. La violencia vista casi como un deber ante una entidad superior. ¿Cómo encaja esto con todas las dimensiones anteriores que planteás?

—Hay muy poca investigación al respecto, al menos en México, ya sea académica o periodística, pero, al parecer, por lo que vi en mis entrevistas, eso era una constante. Creo que es algo que todavía se hace en el cartel de Los Zetas, que de una u otra manera obligaba a sus integrantes a ser parte de este “culto a la muerte”. Para protegerse, no tanto para tener una vida digna, sino para tener una muerte digna, hacían este ritual con ofrendas, en el que ofrecían vidas a la santa Muerte. Las víctimas, muchas veces, eran personas inocentes, niños, jóvenes de la calle.

—Una de estas personas te contó que mató a un amigo porque se lo pidió la santa Muerte.

—Ellos creían firmemente que existe esta entidad, digamos, sobrenatural. Obviamente hay que contextualizar estas narrativas, porque durante su experiencia en el narco estas personas estaban bajo el influjo de varias drogas. Lo que dicen es que escuchaban una voz; esta persona dice: “No me acordaba, no sabía que lo había matado; me comentaron que, de la nada, agarré una pistola y le disparé”, y al que le disparó era uno de sus mejores amigos. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos no se excusaron por su violencia de ninguna manera, y por eso es que hice esta identificación de los tipos de violencia: como negocio, como reglas de juego, como hobby. Pero cuando se trataba del culto a la santa Muerte, ahí sí se veían como indefensos, no podían cuestionar a la santa Muerte; tenían que hacer lo que les pedía. Esos rituales involucraban cuestiones muy sádicas. No tengo más información al respecto, los participantes que pertenecían a estos carteles fueron los que me comentaron más. Pero, insisto, creo que se tiene que hacer más investigación sobre este tema, sobre todo en el contexto de desapariciones que tenemos actualmente en México, que es un problema gravísimo.

—En tu trabajo hacés referencia a la Guardia Nacional (GN) creada el año pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No terminás de verla como algo positivo o que pueda colaborar a solucionar el problema.

—Entiendo la idea detrás de la creación de este nuevo cuerpo policíaco. Entiendo la preocupación del nuevo gobierno, porque efectivamente existe mucha evidencia sólida de que había mucha corrupción en la Policía Federal, y ni se diga en las policías estatales y locales. Entiendo y, de cierta manera, apoyo esa iniciativa, pero se tendría que haber complementado con otras estrategias en paralelo. Hasta donde yo puedo ver, la GN no ha ayudado a disminuir la violencia, que incluso se ha incrementado; 2019 fue uno de los años más violentos en México.

Habrá que preguntarle al gobierno cuál es la estrategia. Para mí esa es la pregunta principal que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente. ¿Qué se espera obtener? ¿Cómo esta nueva corporación ayuda a prevenir y disminuir la violencia del narcotráfico? Lo que yo trato de resaltar en el artículo es simple y sencillamente la importancia de la prevención, actuar más bien a través de políticas locales, de programas que ataquen los problemas de raíz. Hay que repensar las estrategias y, para poder repensarlas y que sean efectivas, hay que escuchar también a los perpetradores, y basados en esas experiencias empezar a diseñar nuevas políticas públicas.

  1.   Publicado originalmente en inglés como Poverty, gender and violence in the narratives of former narcos en www.bristol.ac.uk
  2.            En la jerga de los carteles, “levantar” refiere al secuestro de una persona.

Rafael Rey

17 enero, 2020

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El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

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Manifestantes este sábado en las calles de Beirut. NATALIA SANCHA

 Los manifestantes secundan "una semana de rabia" contra la incapacidad de los políticos de formar Gobierno

Beirut ha vivido en la noche del sábado su jornada más violenta entrado el cuarto mes de protestas antigubernamentales. “Se nos acabó la paciencia y se acabó el plazo que le dimos hace una semana a los políticos”, sentencia un joven antes de romper unos adoquines y liarse a pedradas contra una fila de policías antidisturbios. Los manifestantes han declarado ”una semana de rabia” contra la élite político-económica que gobierna el país y que desde hace tres meses no logra formar un nuevo Gobierno al quedar enfrascada en un mercadeo de carteras y candidatos. 

Al menos 220 personas han resultado heridas y docenas de personas, arrestadas, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Estamos en alerta máxima y tenemos 18 unidades móviles que han atendido a 100 personas en el terreno y trasladado a 65 a los hospitales”, resume Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja libanesa. “Hay heridos de todo tipo, por asfixia o golpes, y el balance incluye policías y civiles”, apostilla. Cientos de libaneses han acudido a Beirut desde diferentes ciudades del país para protestar frente al Parlamento. “La gente no tiene para comer, y no pueden pagar los hospitales”, protesta una mujer llegada de la norteña ciudad de Trípoli. Como el resto, acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Un amplio despliegue policial ha impedido que los miles de ciudadanos congregados pudieran llegar al hemiciclo y repelido a las primeras filas a golpe de cañones de agua. Lo que ha provocado una lluvia de piedras como respuesta. El centro de la ciudad ha quedado totalmente sumergido en una irrespirable nube de gases lacrimógenos bajo la que durante horas las fuerzas de seguridad han perseguido a los manifestantes por centros comerciales y céntricas avenidas. Entre vitrinas de tiendes de Hermés o de Louis Vuitton, refinadas transeúntes cargadas con bolsas de compras han atendido a jóvenes descamisados incapaces de respirar o con el torso amoratado por los porrazos. “No tenemos trabajo, no podemos pagar los estudios, esto es una revolución de los pobres contra los políticos ricos y corruptos”, grita uno de los jóvenes.

Estos enfrentamientos ocurren transcurridas apenas 48 horas desde que la ministra del Interior, Raya el Hassan, hubiera de disculparse públicamente por “el exceso de violencia policial” contra manifestantes y periodistas. El abuso de la fuerza ha provocado la indignación popular. “Pedimos a las fuerzas del orden que respeten este lugar y no crucen las puertas”, se oía entrada la noche desde los altavoces del minar de la conocida mezquita de Mohammad Al Amin, donde mujeres, niños y ancianos habían buscado refugio huyendo de batalla campal.

Jóvenes de entre 20 y 30 años, entre ellos docenas de mujeres, han arremetido a patadas contra cajeros y reventados las cristaleras de bancos en lo que se ha convertido un ataque sistemático contra las instituciones bancarias que han impuesto un control informal de capital en el país tras que la libra libanesa se haya devaluado en un 60%.

La desesperación frente al deterioro económico, la perdida de empleo con el cierre de negocios y un vaticinado colapso financiero ha unido a jóvenes de diferentes confesiones que hace apenas dos meses se enfrentaban a palos en las calles. Unidos en la violencia contra las fuerzas del orden, jóvenes suníes llegados de Trípoli han cerrado filas junto con jóvenes llegados de la barriada chií de Beirut de Dahie, y feudo de Hezbolá. “Estábamos contra las manifestaciones, pero ahora es contra los bancos que no nos dan nuestro dinero y nos están robando”, dice un joven bajo el nombre de Ibrahim, desempleado a los 23. La mayoría de ellos cobra por jornada de trabajo y nunca ha pisado este céntrico barrio, concurrido habitualmente por la élite del país, por lo que muchos piden indicaciones y otros acaban perdidos para ser arrestados por policías.

El 30% de libaneses vive bajo el umbral de la pobreza, según cifras de la ONU. La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué no nos protege de la policía?, grita un grupo de manifestantes ante el avance de la policía. “Se acabó lo de manifestaciones pacificas”, zanja uno de ellos.

Por NATALIA SANCHA

Beirut 18 ENE 2020 - 17:18 COT

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Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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En Bolivia, el gobierno de facto militariza las calles

La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó ayer su preocupación por el inicio de operaciones conjuntas de patrullaje preventivo por parte de la policía y las fuerzas Armadas de cara a las marchas del 22 de enero anunciadas por los seguidores del presidente en el exilio Evo Morales. El Movimiento al Socialismo (MAS), del mandatario, anunció ayer que el ex canciller David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo.

En su comunicado, el organismo recordó los antecedentes de Sacaba y Senkata, donde 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales fueron producto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Resaltó que tanto la policía como las fuerzas armadas deben enmarcar sus intervenciones en la ley, e hizo un llamado a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país.

Militares bolivianos ingresaron a la conflictiva región del Chapare, bastión político de Morales, a días de que pobladores de esa zona cocalera inicien manifestaciones contra el gobierno transitorio, informó el jueves el ministro de Defensa.

Luis Fernando López informó que a partir del (lunes) 20, por un tema constitucional y de leyes, iniciamos el tema de la erradicación de coca excedente y no descartó dirigir personalmente esas acciones.

Esa labor es usual en Bolivia y la realizan conscriptos del ejército y efectivos policiales.

Por separado, el comandante militar de la zona, Javier Espinoza, informó que un grupo de 300 uniformados ya ingresó a Chapare, pero para ejercicios de paracadismo, lo que levantó sospechas entre los cocaleros.

El poderoso dirigente del sector, Leonardo Loza, respondió que no nos atajamos (oponemos) a que cualquier miembro del ejército haga su trabajo (...) pero acá no pueden intimidarnos con tanquetas, con ametralladoras.

Agregó que el miércoles 22 los labriegos leales a Morales se movilizarán en Chapare para celebrar de manera pacífica el día de la fundación del Estado Plurinacional, como usualmente se hizo desde que entró en vigencia la nueva Constitución en 2009, cuando Bolivia dejó de ser república.

Las movilizaciones de sindicatos leales al ex mandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, también se realizarían en otras ciudades, lo que motivó que el gobierno ordene operaciones de seguridad de policías y militares a partir de este jueves.

La Defensoría indicó que se debe crear un ambiente que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, dando prioridad al uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no el uso de la fuerza estatal.

En este sentido, destacó: Si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley, resaltó.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado e integrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan, además, que el 22 de enero finaliza el mandato interino de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se proclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en los comicios del 20 de octubre, que desencadenaron la crisis política que llevó a Morales a salir del país.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para remplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Extienden el mandato de Jeanine Áñez

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganador de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme a un acuerdo entre el MAS y los aliados de Áñez.

El partido de Morales anunció que David Choquehuanca, un indígena aymara, quien fue su canciller, será el candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo. La decisión fue apoyada por un pacto entre sindicatos que está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonia.

Choquehuanca, de 58 años, logró el apoyo necesario para ser postulado por el MAS, creado por Morales. El ex canciller irá acompañado en la fórmula por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

El ex presidente va a ratificar en los próximos días la decisión. Él no ha elegido, él ha pedido que decidamos en consenso, explicó ayer el diputado de esa fuerza política Juan Cala.

Rodríguez, de 30 años, es dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de las cuales Morales continúa siendo su máximo líder.

Horas después, el presidente en el exilio tuiteó que habría cuatro precandidatos y que se reunieron con él en Argentina, donde está refugiado. Entre ellos Choquehuanca y Rodríguez, pero también el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pary.

Cala y su colega, el senador Omar Aguilar, informaron que sólo es una formalidad, pero que Morales debe respetar la decisión de los congresos del MAS en Bolivia.

Choquehuanca y Rodríguez, tienen el apoyo de ocho de nueve regiones, agregó Aguilar.

También dijo que se prevé que el anuncio oficial lo hará Morales y luego el binomio será proclamado. La decisión se da a cinco días de que Morales brinde un informe desde Argentina sobre sus 14 años de gobierno. Morales considera que jurídicamente continúa siendo el presidente de Bolivia debido a que la Asamblea Legislativa aún no ha tratado su carta de renuncia.

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Viernes, 17 Enero 2020 06:18

Las nuevas-viejas formas de dominación

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue creado en 1961 y fue desmantelado oficialmente en 1979; creada originalmente para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato

Los escuadrones de la muerte creados por las oligarquías en la década de 1960, claves para contener las insurrecciones populares, tenían funciones y modos casi idénticos a los actuales grupos paramilitares, al llamado narcotráfico y, en no pocas ocasiones, al accionar de las fuerzas estatales de represión.

Echemos un vistazo al pasado inmediato, digamos los años 60 y 70, en un país azotado por los escuadrones y los paramilitares, como El Salvador, cuyo caso puede aplicarse a toda América Latina.

El primer grupo paramilitar formal se llamó Organización Democrática Nacionalista (Orden) y fue creado por el director de la Guardia Nacional en 1964, en completo secreto, en el contexto del Programa de Seguridad de Estados Unidos en El Salvador, que un año antes había iniciado el entrenamiento de integrantes del cuerpo policial.

El objetivo de Orden era el control del campesinado en las áreas rurales, ya que en esos años la principal riqueza del país era la producción de café, caña y algodón para la exportación. Entre sus objetivos figuraba adoctrinar al campesino en favor de “la democracia representativa y el mundo libre”, en un país gobernado por militares que habían masacrado a 30 mil trabajadores rurales e indígenas en la revuelta de 1932, en la que participó Farabundo Martí.1

Los integrantes de Orden recibían entrenamiento militar y permiso para portar armas; a cambio debían delatar a sus vecinos en pueblos y cantones. También se beneficiaban con recomendaciones para obtener trabajo, servicios de salud, educación para sus hijos, diversos insumos agrícolas y, si era necesario, la destrucción de expedientes judiciales comprometedores.

Como la estructura económica no estaba en condiciones de proporcionar servicios a los campesinos, que habían perdido sus tierras por el avance de la mecanización en la agricultura de exportación, Orden suplía ese vacío a través de la prebenda personal, que “simulaba constituir a los habitantes en ciudadanos”, según la acertada frase de la investigadora Sara Gordon.

Como puede observarse, una misma organización paramilitar cumplía la doble función de control policial y de servicio social, lo cual le otorgaba un poder extraordinario.

Orden fue responsable, entre muchos otros y siempre en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, del asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977, como parte de la escalada represiva contra la Iglesia popular y las organizaciones campesinas y estudiantiles que desembocó, dos años más tarde, en el asesinato de monseñor Óscar Romero (por escuadrones mejor organizados y pertrechados) y el inicio de la guerra civil en la que murieron más de 70 mil personas.

Un integrante de Orden expresaba de este modo las “ventajas” que le daba pertenecer a la organización paramilitar: “podemos arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente. Aquí en mi cantón, yo soy la ley”.

Vale reflexionar quiénes son, hoy en nuestra realidad cotidiana, los que tienen el poder suficiente para comportarse de ese modo. No hace falta indagar demasiado para concluir que se trata de esa peculiar amalgama entre aparatos represivos estatales, paramilitares y narcos. Ellos son la “ley”, los que tienen vía libre para detener, violar, desaparecer, torturar y asesinar a quienes quieran. Son los herederos de los escuadrones de la muerte.

Una “modernización” similar sucede con las formas clientelares que usaron las oligarquías para extender favores a sus incondicionales, para consolidar una base social que les permitiera seguir esquilmando a los campesinos. Esos modos, como la caridad de la Iglesia, fueron sistematizados por el Pentágono como “acción cívica”, aplicando en las guerras centroamericanas formas de contrainsurgencia aprendidas en Vietnam.

Modos que evolucionaron hasta lo que hoy denominamos políticas sociales, aplicadas tanto por gobiernos progresistas como conservadores, porque han mostrado cierta utilidad para contener la protesta y, sobre todo, para abrir fronteras a la acumulación capitalista.

Es cierto que han aparecido nuevas formas de control social a caballo de las nuevas tecnologías. Pero ellas no sustituyen el control parapolicial y paramilitar, sino que se superponen y complementan. Para la población que vive en la zona del no-ser, donde la vida no es respetada y la violencia es el modo de regular las relaciones sociales, las viejas formas de control contrainsurgente siguen vigentes.

Fernand Braudel, maestro del tiempo largo, nos enseñó a desconfiar de los cambios rápidos: “ni siquiera las revoluciones son rupturas totales”. La persistencia y la duración son más potentes que “los golpes de teatro”.

Por eso, no nos hagamos muchas ilusiones con los “cambios” desde arriba: la violencia, que fue la partera del capitalismo, lo seguirá sosteniendo hasta el final, pese a los discursos que maquillan la dominación.

1 Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador , Siglo XXI, p. 142

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USAID admite que desde 2017 ha entregado 467 millones de dólares a la oposición venezolana

Parte del dinero fue destinado al autoproclamado presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato, bajo el concepto de "ayuda humanitaria".

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.

Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".

En el documento, publicado en diciembre, la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para "compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia".

El informe, titulado "USAID en Venezuela", aclara que el organismo "no transfiere fondos" directamente a la "administración de Guaidó", sino que "se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación". No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.

Ya en septiembre del año pasado,  la agencia estadounidense informó que entregaría 52 millones de dólares para apoyar al líder opositor, con el fin de "restaurar la gobernanza democrática" en el país sudamericano. 

Los fondos no aparecen

El pasado 29 de noviembre, el exembajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, acusó al "entorno" de Guaidó por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. "Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor, mal manejo de recursos, doble facturación, facturación ficticia", afirmó.

Asimismo, en diciembre el portal Armando.info denunció la supuesta participación de once parlamentarios opositores en una "trama de corrupción para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos, entre los que se encuentran tres del partido político de Guaidó (Voluntad Popular).

Estas acusaciones mutuas de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos fue lo que contribuyó a acelerar la fractura a lo interno de las filas opositoras, que devino en el nuevo conflicto legislativo que se vive en Venezuela, donde dos sectores del antichavismo se atribuyen la presidencia del Parlamento.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que Guaidó "maneja millones de dólares" de los fondos bloqueados por EE.UU. a Venezuela, que son usados por el parlamentario opositor para impulsar sus planes "terroristas" en el país.

Publicado: 16 ene 2020 23:53 GMT

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 Las antiguas ruinas de Persépolis, donde los líderes occidentales y la realeza británica viajaron alguna vez para celebrar con el sah los 2 mil 500 años del imperio persa.Foto Francesco Bandarin/Página de Internet de la Unesco
Hay algo profundamente ritual, además de ultrajante, sobre nuestra cobertura en torno a la comedia del absurdo de Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos lanza otro tuit al mundo y –sin importar qué tan infantil o clínicamente enfermo sea su contenido– lo tratamos como un pronunciamiento político serio. Luego, millones marchan por las calles del mundo árabe al grito de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, y reportamos estas consignas –que he escuchado en Medio Oriente por décadas– y que son en realidad producto de un debate político serio. Sus consignas son comprensibles, pero no dan ninguna indicación de cuál será la reacción futura de Irán al asesinato de Qasem Soleimani.

Entonces, los canales internacionales disfrazan toda esta verborrea de periodismo de crisis –siendo escrupulosamente justos con ambas partes mendaces– y abren un viejo manual de vocabulario periodístico: escalada, represalia, repercusiones, venganza, odio; la crisis más grave desde la última crisis más grave, sea cual sea.

Esto es territorio conocido y me recuerda los primeros días de la guerra en Irlanda del Norte, cuando jugábamos los mismos absurdos e infantiles juegos de palabras.

En uno de sus exasperados poemas de principios de los 70, Seamus Heaney, el futuro premio Nobel y ahora, lamentabemente, el difunto Seamus, expresó una furia casi idéntica. Escribió sobre los periodistas de Belfast “que probaron su pulso: ‘escalación’/ ‘repercusión’/ y ‘medidas enérgicas’…/ ‘Polarización’ y ‘odio arraigado’…”

El poema de Heany titulado Lo que sea que usted diga no dice nada, es muy aplicable. Entre más términos periodísticos pronunciamos, más banales nos volvemos. Y cuanto más banal se vuelve, menos entendemos. O, más precisamente: menos se supone que debemos entender.

Porque nosotros constatamos que estas palabras que llevamos en el pulso conspiran con los conflictos sobre los que escribimos. Somos componentes esenciales del falso drama. El asesinado Soleimani es un ícono barbado, un oponente empedernido de Estados Unidos; cosa muy peligrosa ahora que Trump ha ejecutado un salto dramático en la escala del recrudecimiento. Y así seguimos, y seguimos. Y seguimos.

Ciertamente, esta jerga de la crisis es muy adictiva. Comencemos con la sugerencia trumpista de que podría haber futuros objetivos para el ejército estadunidense importantes para la cultura iraní. La manada en Washington de inmediato señaló que usar como blancos sitios culturales constituye un crimen de guerra, al menos según las convenciones firmadas en Ginebra y La Haya, sin mencionar la resolución de 2017 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena la destrucción de sitios culturales.

Los iraníes dijeron tonterías sobre Genghis Khan (que es exagerar un poco) y Hitler, que tiene mucho más qué ver, pese a que los clérigos chiítas no son normalmente expertos en jurisprudencia de la Segunda Guerra Mundial.

Y luego todo fue analizar lo que Trump dijo o quiso decir. Desde luego estaba muy claro. Proponía un culturicidio”. Ésta era una palabra que usábamos en Bosnia cuando los croatas o los serbios o los bosnios deliberadamente hacían estallar los puentes otomanos, mezquitas antiguas e iglesias y cavaban las tumbas de antiguos cementerios para vengarse unos de otros.

El culturicidio es lo que viene en segundo lugar después del genocidio. No se asesina masivamente a una raza de personas; se destruye el legado pasado y futuro de una raza de personas de manera que las generaciones por venir no puedan experimentar o disfrutar la prueba histórica de su propia existencia. Cuando el genocidio no funciona (como ocurre a veces) esta es la opción que sí se logra.

Los nazis eran expertos en culturicidio. ¿Qué otra cosa fue quemar 267 sinagogas durante la Noche de los Cristales? ¿O la destrucción de 427 museos rusos en Smolensk, Poltava, Estalingrado, Novogorod y Leningrado por parte de la SS alemana en 1941? ¿O prender fuego al almacén temporal del Louvre en el castillo de Valencay en 1944, por parte de la segunda División Panzer de la SS del Reich? ¿O lo que pasó, unos meses después, cuando Hitler mandó destruir lo que quedaba de Varsovia, y hacer que el comando Spreng volara en pedazos el Castillo Real polaco y derribara la iglesia en la que alguna vez estuvo sepultado el corazón de Chopin?

Es esencial recordar estos actos de barbarie si queremos comprender lo que propuso Trump. No porque esté cuerdo –está completamente loco–, sino porque muchos de los que ordenaron un culturicidio han estado tan dementes como el presidente estadunidense. Goering dijo al presidente checo Hacha que destruiría Praga si el anciano no aceptaba la ocupación nazi, pues Hitler estaba impaciente. Hacha se dio cuenta de que lo nazis no estaban jugando y entendió el mensaje.

Pero este culturicidio –el atacar lugares importantes para la cultura, según las palabras inmortales de Trump– no es algo que se pueda englobar limpiamente en unos cuantos años. En 1914 el ejército alemán que invadió Bélgica incendió deliberadamente la gran biblioteca de la universidad Lovaina (Leuven), destruyendo 300 mil libros, muchos de ellos manuscritos medievales. Tampoco olvidemos la quema de bibliotecas armenias, iglesias cristianas y antigüedades romanas –piensen en Palmira, que fue obra de Isis.

Tampoco debemos hacer de lado el recuerdo del mariscal de las fuerzas armadas reales, Sir Arthur Garris, quien subió al tejado del ministerio aéreo de Londres la noche del 29 de diciembre de 1940 para mirar los incendios que provocó el bombardeo nazi y el cielo sobre la capital. En sólo seis semanas la fuerza aérea alemana destruyó el centro de Coventry y su catedral medieval.

En su autobiografía, Harris describe cómo, al dar la espalda a los incendios, le dijo a su jefe, el comandante aéreo (y capitán de bombarderos) Sir Charles Portal: Bueno, están arando en el viento. Sobre los alemanes que bombardeaban Londres, Harris citó Hosea 8:7 errónemente, pues la frase real es cosechar un remolino. Lo que vino después, desde luego, fueron tormentas de fuego sobre Hamburgo y Dresde, cuando Harris encabezó a los bombarderos.

De nada sirve decir que Dresde no fue un ataque de venganza. Se logró cerrar vías ferroviarias y la industria gracias al avance de las fuerzas rusas. Pero se eligió a Dresde y a Hamburgo porque las bombas incendiarias destruían fácilmente casas medievales aún habitadas por civiles, pues eran de madera. Fueron tan efectivas que los incendios en Dresde, que recibió el impacto de 650 mil bombas incendarias, destruyeron la gran iglesia de Nuestra Señora, del siglo XVIII. Y liquidó al pueblo de Dresde.

Qué raro que no se dijo nada de la Noche de los Cristales, de Poltava, Novogorod, Leningrado, Lovaina, del castillo de Valencay y del pobre y viejo presidente Hacha después del tuit de Trump. Unos cuantos pulsos sobre Isis y Dresde fueron toda la memoria histórica que se manifestó.

Pero olvidamos otro elemento notable: la espuria exigencia de venganza. Los nazis alegaron que la Noche de los Cristales de 1938 fue una represalia por el asesinato de un diplomático alemán a manos de un judío en Berlín. Los museos rusos fueron destruidos porque las fuerzas soviéticas seguían resistiéndose a la Wehrmacht. El castillo del Louvre fue atacado porque la SS culpó a los franceses de ayudar a los aliados en el desembarco en Normandía. Los alemanes destruyeron el centro de Varsovia por órdenes de Hitler porque sus habitantes se atrevieron a alzarse contra la ocupación. Praga fue amenazada porque la tardanza de Hacha exasperó al führer. Los alemanes quemaron Lovaina después de que sus tropas fueron atacadas por francotiradores belgas. Hamburgo y Dresde vinieron después de la primera destrucción nazi de Varsovia en 1939 y luego Coventry en 1940.

El Isis pulverizó iglesias y antigüedades porque ofendían las interpretaciones literales del islam.

El intento ridículo de Trump de perpetrar culturicidio –si bien pudo haber sido mucho más serio– fue hecho para advertir de una represalia estadunidense que pudo ser respuesta a una represalia iraní, que aún no se ha materializado, por el asesinato de Soleimani. Dicho asesinato, a su vez, fue la venganza de Estados Unidos por los soldados estadunidenses muertos en Irak que fueron ahí para vengar el inexistente papel del presidente iraquí Saddam Hussein en el 9/11.

Y ahora, según periodistas que deberían dar las noticias como si fueran un show de comedia, dicen que el asesinato de Soleimani fue, según el vicepresidente Mike Pence, una represalia por su ayuda en el traslado clandestino de entre 10 y 12 terroristas que perpetraron los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, se trató de 19 asesinos de los cuales se comprobó que 15 eran sauditas a quienes les hubiera encantado ver muerto a Soleimani.

Eso es a lo que yo llamo una mentira obvia y enorme. Casi tan tan descarada como George W. Bush diciendo hace 19 años que Saddam estuvo involucrado en el 9/11 ¿se acuerdan? y que por lo tanto tenía que invadir Irak. Esto, en la escala del uno al 10 es exactamente igual a Hitler alegando que la invasión de 1939 a Polonia era su obligación porque Polonia intentaba invadir Alemania. ¡Esto es exactamente lo que Hitler dijo!

Estas son señales, desde luego, de que algunos de los militares estadunidenses de más alto rango están un poquito espantados de que su comandante en jefe los lleve por el camino de injustificables crímenes de guerra. El Pentágono se está mostrando algo distante de la Casa Blanca en este tema. Esto me lo contó personal árabe militar que habla regularmente con el ejército estadunidense en el golfo, cuyos representantes son dos funcionarios estadunidenses de alto nivel radicados en la región.

Es un problema simple. Los Trumps del mundo vienen y se van –aun cuando tengamos que aguantarlos otros cuatro años como sucederá con el verdadero Trump– pero los tenientes coroneles se vuelven generales que aún estarán esperando un retiro honorable cuando un abogado internacional toque a su puerta dentro de 10 años.

No cuenten con sus soldados, ni con sus servicios de inteligencia. Me dicen fuentes muy confiables que los estadunidenses trataron de matar con un dron a Solemani en Siria hace unos 18 meses y fallaron.¿Qué hubiera pasado si lo hubiesen asesinado entonces? No hubiéramos podido decir que el asesinato se debió a las próximas elecciones estadunidenses o a que Trump enfrenta un proceso de impeachment. Pero esperen, ¿no habría coincidido el asesinato, entonces, con la investigación de Mueller de los contactos entre Trump y los rusos durante las elecciones de 2016?

Sólo dos detalles más antes de que dejemos este tema sórdido y empapado de mentiras. Uno es que fue Qasem Soleimani quien acordó con el Hezbolá libanés que el grupo intentaría poner fin a las protestas laicas en el centro de Beirut antes de Navidad en las que chiítas, sunitas y cristianos exigían un gobierno no religioso. Vi a jóvenes del Hezbolá, a quienes muchos consideran héroes de las guerras antisraelíes del sur de Líbano, golpeando y maltratando a los inocentes manifestantes. No son más defensores de Líbano.

En Irak, los hombres armados de Soleimani, iraquíes que formaban parte de la gran milicia chiíta iraní del país, reprimían otra manifestación justa que exigía poner fin a un gobierno de corrupción. Dispararon contra cientos de sus propios correligionarios en Bagdad y en la ciudad más sagrada de Irak. Incluso el poderoso ayatola Sistani objetó la interferencia de Irán. Este no fue el momento más honorable de Soleimani. Y así, los estadunidenses lo mataron justo cuando su campaña para promover el poderío iraní estaba fracasando. ¿Fue esto simplemente estupidez o hay algo que no sabemos?

De cualquier forma, he aquí un breve cuestionario: Todos nos hemos sumado al asustadizo debate de cuándo responderá Irán, pero no hemos decidido cuál sitio cultural. Los trumpistas atacarán Irán para vengarse por ___? Ustedes pueden responder a la pregunta escribiendo en la línea la afrenta que les plazca.

Como posibles objetivos están, por ejemplo, las antiguas ruinas de Persépolis, desde luego, donde los líderes occidentales y la realeza británica viajaron alguna vez para celebrar con el sah los 2 mil 500 años del imperio persa. Nixon, Pompidou, el duque de Edimburgo, la princesa Ana. Toda la crema y nata. Entonces supongo que debo incluir las grandes mezquitas de Isfajan y Mashad.

Pero tengo una sospecha sobre el tipo de sitio cultural que el presidente loco de Estados Unidos tiene en mente. Está en el mismo centro de Teherán. Tiene paredes de concreto, es feo , está repleto de eslóganes anacrónicos y fue abandonado hace mucho por sus ocupantes originales. Los iraníes lo llaman la guarida del espionaje.

Se trata de la embajada de Estados Unidos en Teherán donde fueron tomados en rehenes 52 estadunidenses en noviembre de 1979. Durante mucho tiempo el inmueble ha sido un símbolo de humillación para Estados Unidos. Es el complejo cuya captura por parte de los así llamados estudiantes del ayatola Jomeini comenzaron toda la catástrofe estadunidense-iraní; o como diría Seamus Heaney, el odio arraigado. El edificio juega un papel activamente pernicioso que está en el centro de las vidas políticas iraní y estadunidense. Es, potencialmente, el edificio cultural más importante de toda la capital.

¿No sería esto muy atractivo para Trump? Presidente loco de Estados Unidos ordena que dron sin piloto haga estallar embajada estadunidense vacía.

Eso sí sería de importancia cultural.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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Los asesinatos de más de 500 líderes sociales en Colombia desde 2016 reflejan el deterioro de la seguridad en el país

Las organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes, mientras que la ONU confirma el asesinato de 107 activistas en 2019 e insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales".


Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, ha informado este martes la Defensoría del Pueblo en una declaración publicada en las redes sociales.


Además, la entidad ha alertado sobre 15 casos más ocurridos en noviembre y diciembre pasados que están en fase de verificación.


En 2019 fueron asesinados 118 líderes sociales, de los cuales 99 eran hombres y 19 mujeres, ha añadido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que señala que "se trata de vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de la nación".

"Estos 118 casos se suman a 133 casos del 2016. En 2017 hubo 126 casos –108 hombres y 18 mujeres– y en 2018, 178 casos distribuidos en 166 hombres y 12 mujeres", ha detallado el Defensor del Pueblo colombiano .


Negret ha manifestado su "especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y las líderes sociales" al subrayar que, "si bien entre 2018 y 2019 hay una ligera tendencia a la baja en la cifra global, en el caso de la mujer hemos visto un aumento exponencial".


"Pasamos de 12 a 19 mujeres líderes y defensoras asesinadas entre 2018 y 2019 con corte al 31 de octubre. Esto en términos absolutos es un aumento del 63%", ha destacado.

En ese sentido lamenta la situación del departamento selvático del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, "donde están presionando a las mujeres que lideran causas como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y que se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios".

Por ello insta como solución para frenar esa violencia a que las autoridades estatales, incluida la Defensoría del Pueblo, actúen con "celeridad y diligencia".


"También la solución está en la sociedad, que debe reconocer la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegiéndolos sin estigmatizarlos. De esta manera, podemos avanzar hacia el ideal de un Estado con instituciones fuertes y una sociedad civil con garantías para promover los intereses de sus comunidades", ha apostillado Negret.


19 líderes sociales asesinados en 2020


De igual forma organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes sociales, mientras que la ONU los cifra en 10.


Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del pueblo de San Francisco del Rayo, asesinado frente a sus familiares por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba. Un modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.

Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "detenga el genocidio".


Preocupación de la ONU: 107 activistas asesinados


La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado este martes en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", ha remarcado la portavoz de la oficina Marta Hurtado.


Por ello insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".

"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, el 98 %, en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", ha sostenido la organización.


Política fallida


Para el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental que "ha resultado ser muy limitada", así como de "regiones incendiadas" cuya seguridad se ha "deteriorado en los últimos cuatro meses".

"En medio de ese deterioro de la seguridad han caído los líderes sociales, y la política, como es muy limitada, no ha tenido cómo prevenir esos homicidios", explicó el analista.

"El mayor esfuerzo tiene que ser por parte de la Justicia. En lo fundamental hay que buscar quiénes son los que están pagando para matar líderes sociales, los autores intelectuales y los que llaman determinadores", ha manifestado.

Por ello, el experto instó al Gobierno a "pasar de un política reactiva a una política mucho más preventiva". "Esto va a ser un tema largo y doloroso", ha lamentado.

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No hay paz para un Caribe colombiano que aún espera al Estado

La desatención del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece vía libre para que estructuras criminales impongan su ley. A sus habitantes no les queda más alternativa que sostenerlas, mientras dejan un rastro de sangre detrás de sí.

 Si los días 14 no existiesen, los días previos no serían tan duros para Saida García. “Quisiera que se borrara este número de todos los meses del calendario”, dice cuando se cumple un año del asesinato de su marido. Ella, lideresa social de Perico Aguao, pueblo que se encuentra dentro del caribeño Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, renuncia a ocultar su identidad tal y como había hecho en otras ocasiones: “Wilton [Orrego] y miles de víctimas que quedan en la impunidad en Colombia lo merecen”.


Las personas defensoras de derechos humanos, y por ende sus familias, viven en alerta permanente en Colombia, que se erige como el país latinoamericano que registra más asesinatos a este colectivo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde la firma de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, hasta el 8 de septiembre de 2019, ya serían 666. En La Lengüeta, sector de la Sierra Nevada donde se encuentra Perico Aguao, estos tres años de postacuerdo no han alterado “en nada” las dinámicas de ilegalidad, asegura Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe.


La organización guerrillera nunca llegó a ejercer control en la zona, ya que se lo impidieron las autodefensas y los paramilitares de extrema derecha que ahora, bajo nuevas denominaciones (los Pachenca y el Clan del Golfo), vestidos de civil, con armas cortas y con importantes líderes extraditados a Estados Unidos, siguen manteniendo su dominio sobre el territorio. “Ofrecen seguridad, administran justicia y posibilitan la ampliación de la oferta turística a cambio de extorsión”, según Trejos, que asegura que aquellas personas que no pagan son sancionadas “con violencia directa contra ellas o sus bienes”.


Quienes regentan negocios no hablan de estas dinámicas a los cuatro vientos y, de hecho, a primera vista no son fáciles de detectar, pero la prudencia generalizada encuentra sus grietas. “No hay otra, toca aceptarlo y punto”, dicen con resignación algunos ciudadanos. Ante la falta de alternativas, se ha dado una normalización de este día a día, sin que ello implique necesariamente un apoyo explícito. “El Estado ha dejado la zona en el olvido y la gente necesita una seguridad que estos grupos, de cierta forma, les subministra”, apunta un trabajador de la zona.

LA PARTE BUENA Y LA VERDAD


“¿Quieres saber la parte buena del turismo o la verdad?”, se le escapaba al calor de un día festivo de finales de 2018, a un policía de Palomino, localidad vecina de Perico Aguao y destino al cual se dirigían estas pasadas Navidades Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. La pareja, que estaba celebrando su luna de miel, nunca llegó al pueblo y sus cuerpos sin vida fueron encontrados a escasos tres kilómetros de la tumba de Orrego. Habían sido víctimas de un robo, según la versión de la Fiscalía.


“Llama mucho la atención que un país con altos índices de impunidad resolviera en pocos días este crimen”, asevera Trejos. Si prácticamente la totalidad de actividades turísticas y comerciales pagan extorsiones a cambio de seguridad, ¿por qué una pareja recién casada es hallada muerta? Según la principal asociación de hoteles de la zona, fueron víctimas de un “hecho aislado que no define a este territorio”. En ese caso, ¿el asesinato de Orrego solo fue un hecho aislado más?


Los motivos de estos crímenes se funden entre el cuchicheo y las teorías de la gente del territorio, pero diversos analistas coinciden en que lo más probable es que el asesinato de Jiménez y Monsalve se debiera a su actividad como ambientalistas.


Lo cierto es que no solo la pareja y Orrego, guardabosque de la Sierra Nevada desde 2015, ya no recorren este sector del parque nacional. En noviembre se supo que el director del área protegida, Tito Rodríguez, se había exiliado a Canadá. Ante estos hechos, otro trabajador de la institución, que pide mantener el anonimato, asegura no saber si va a seguir con sus tareas: “Me he sentido bastante abatido todo el año”, afirma. La preocupación y la sensación de amenaza vienen de largo. En su caso, hace ya unos años vio cosas relacionadas con el narcotráfico mientras trabajaba que “no tendría que haber presenciado”.


Hablar de la Sierra Nevada es hablar de una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, que tiene el privilegio de conectar con embarcaderos desde donde es distribuida. Pero es que además, el 90% de este espacio natural es reserva de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y, como la mayoría de los Parques Nacionales de Colombia, tiene problemas de uso, tenencia y ocupación del territorio. En concreto, en La Lengüeta, donde se encontraron los cuerpos de Jiménez y Monsalve, y donde se produjo el atentado que acabó con la vida de Orrego.


LA LENGÜETA: INCUMPLIMIENTOS QUE MATAN


El hasta hace poco director del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora solicitante de asilo, ya no acepta entrevistas. Le preocupan las consecuencias que sus palabras puedan tener sobre los compañeros que siguen sobre el terreno. En 2018, en su oficina de Santa Marta explicaba que si la situación en La Lengüeta hubiese continuado como cuando él empezó como dirigente en 2013, “indudablemente” se podría estar hablado de “funcionarios muertos”.

El asesinato de Orrego, unas semanas más tarde, cogió por sorpresa y fue un golpe muy duro para el tejido social y, en especial, para la comunidad campesina de este área de la Sierra Nevada a la cual pertenecía el exguardabosque. Su padre, Amilcar Orrego, es una de las cabezas visibles del colectivo, así como García, su esposa, que sigue siendo una de las lideresas del mismo y que afirma sentirse bajo amenaza. Se debe, sobre todo, al hecho de no saber por qué le mataron: “Hasta el momento no ha habido ni un solo pronunciamiento”.


La organización de las familias campesinas en La Lengüeta empezó con la torpe llegada del Estado en 2005 cuando, por primera vez, funcionarios de Parques Nacionales Naturales comunicaron a los habitantes del área que vivían en una zona protegida y que allí no podían ni construir, ni cultivar. “Hasta ese momento, aquí no sabíamos qué era que llegaran proyectos del Estado ni sus instituciones”, explicaba García en su casa unas semanas antes del asesinato de su marido. “Hay familias que llevan más de ochenta años aquí, cuando ni siquiera existía la Troncal del Caribe”, aseguraba refiriéndose a la vía principal de la costa del norte de Colombia.


Pero a lo largo de los cuatro años que precedieron a la muerte de Orrego se llevó a cabo un proceso de diálogo, que Rodríguez aseguraba que había conseguido “resultados muy grandes”. De hecho, el mismo Orrego empezó a trabajar como guardabosque en 2015, dejando atrás su dedicación a la tala de madera. Eso sí, ya en esos días de finales de 2018, el director del parque alertaba de que estaban ante un “momento muy crucial” porque la gente no veía “respuestas efectivas del Estado” y por la presión sobre el territorio de unos intereses “desaforados” del sector turístico. A los pocos días de estas afirmaciones a puerta cerrada, una de las sedes de Parques Nacionales Naturales, ubicada en La Lengüeta, era incendiada.


Hay que tener en cuenta que la comunidad campesina no ha dejado de ver cómo los Gobiernos nacionales se suceden sin que ninguno cumpla con un antiguo compromiso: pagarles sus propiedades para que, así, el área protegida quede libre del actual impacto a la flora y la fauna, y para que los pueblos indígenas puedan gozar de su territorio ancestral. El reiterado incumplimiento deja poco margen de maniobra a unas familias vulnerables que deben seguir viviendo en este entorno con muchas limitaciones.


Fuentes internas de Parques Nacionales Naturales apuntan que está en juego el modelo de desarrollo de la región. Uno de sus trabajadores afirma que “hay muchos intereses asociados a la construcción de hoteles en el área protegida”, e invita a poner más el foco en el poder y la influencia que tienen ciertas familias del Caribe. No solo “la bandita y el criminal” son una amenaza para el territorio, manifiesta.


El 14 de enero de 2019 muchos planes de futuro fueron sepultados en La Lengüeta. García tiene claro su mayor deseo para el año que acaba de empezar: que se haga justicia. En 2019 a la Sierra Nevada le arrebataron a Wilton Orrego, pero los recuerdos no se arrebatan ni pueden imponerse con violencia. Con las palabras de su marido en la cabeza, una lideresa social del Caribe colombiano resurge más empoderada para encarar el 2020: “Él siempre tuvo bien claro como tenía que comportarse en cada lugar”.

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