La madre, la hermana y el sobrino de Cristina Bautista en su resguardo indígena, Tacueyó, en el departamento del Cauca, Colombia BERTA CAMPRUBÍ

En el día internacional de las defensoras del territorio y los derechos humanos, mujeres defensoras de distintas latitudes de América Latina denuncian cómo el patriarcado también está al interior de sus procesos organizativos sin ser aun colectivamente diagnosticado.

 

El sistema capitalista es entendido y visto por la mayoría de organizaciones sociales, medioambientales, étnicas y culturales de los territorios de América Latina como el principal obstáculo o incluso enemigo de sus procesos organizativos en tanto que estos defienden la vida y el capitalismo la destruye. Ese es un diagnóstico construido desde hace décadas con un claro aporte de los movimientos marxistas del continente, pero al que también se ha llegado partiendo de las cosmovisiones de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Aquellos que hacen un análisis más amplio, notan que el capitalismo llegó con y sigue formando parte del colonialismo y que este es el que instala otro pesado eje de opresión para estos pueblos, el racismo. El patriarcado, sin embargo, según denuncian defensoras desde Brasil, Honduras y Colombia, no está aún en la lista de estructuras por deconstruir.

Es por eso que miles de mujeres ejercen todos los días dos procesos de resistencia o más —según la perspectiva interseccional, tantas como ejes de opresión las atraviesen—, uno junto a toda su comunidad o movimiento social y otra con sus pares de género que ven necesaria esta lucha, aunque a veces también en solitario.

“Yo defiendo el derecho a defender derechos porque, por ahora, a las mujeres nos toca luchar por vivir una vida digna defendiendo nuestro territorio-tierra y nuestro territorio-cuerpo”, asegura Jesica Trinidad, defensora hondureña militante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras. “Hoy, la defensa de la vida tiene cara de mujer a nivel de América Latina y a nivel del mundo”, asegura la lideresa del pueblo garífuna Miriam Miranda. Pero esa defensa de la vida, tiene doble cara.

“La resistencia dentro de la resistencia”

“Cómo mujeres dentro de la organización caminamos con paso firme por la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía, ratificando que ninguno de estos principios son posibles con la violencia contra las mujeres en nuestros territorios, si las violencias contra nosotras caminan a la par del proceso, no será posible una resistencia real”, afirmaba el pronunciamiento del 25 de noviembre del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización que agrupa a 10 pueblos indígenas de Colombia liderada actualmente por ocho consejeros y una consejera.

 “Aquí está instalado el patriarcado. El sistema imperante nos los ha impuesto en nuestros territorios y, hasta el momento, nuestra organización aún no lucha contra ese patriarcado”, asegura Claribel Musicué, defensora del territorio del pueblo nasa, desde el departamento del Cauca de Colombia. “Las mujeres somos la resistencia dentro de la resistencia. Porque, a pesar de que estamos luchando por un proceso organizativo colectivo que nos abraza como comunidad originaria, también está la lucha de las mujeres dentro de ese proceso organizativo para que se reconozca la voz y el rol de las mujeres”, asegura firme Musicué.

“Para el caso de las comunidades negras colombianas, la doble resistencia de las mujeres es un hecho. El liderazgo visible femenino está asumiendo dos frentes de luchas fuertemente activos”, explica Harrinson Cuero, miembro de Proceso de Comunidades Negras original de Guapi, Colombia. Según él, las mujeres enfrentan a la vez un “neoextractivismo que las golpea de manera específica” y “los efectos del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado” que han “moldeado las lógicas de poder de los hombres”. Desde Vallecito, en Honduras, Miriam Miranda reafirma que “las mujeres siempre hemos estado ahí, invisibilizadas, calladas pero constantes, lo que pasa es que los hombres muchas veces ponen la cara en los resultados de un trabajo colectivo que hemos hecho las mujeres”.

“Desde las violencias sexuales hasta el cuestionamiento de si somos buenas madres, a nosotras la defensa de derechos nos desprestigia. Un hombre que va a una movilización es un hombre que va a luchar por su país, una mujer que va a una movilización es una mujer que abandona a sus hijos”, expresa Trinidad. Mujeres que participaron de las últimas movilizaciones en Colombia experimentaron como al llevar los hijos a la movilización junto a ellas, también se las acusaba de “mala madre” por exponerlos al peligro de la represión policial.

Desde Brasil, Natasha Neri, antropóloga y directora del documental “Letal” sobre la organización de las mujeres ante el asesinato masivo de jóvenes negros de las favelas de Rio de Janeiro, cuenta que “el movimiento de familiares de víctimas de violencia de estado está formado en un 98% por mujeres, son pocos los hombres que salen para esa lucha”. Esas madres de jóvenes asesinados que emprenden un proceso judicial y una campaña social en busca de justicia, también se encuentran con una lucha interna en sus entornos familiares. “A menudo acaban sufriendo el machismo de sus compañeros y muchas veces se deshacen matrimonios, los compañeros las tratan como locas, como si no pararan de hablar de la misma cosa”, explica Neri.

La defensa del territorio-tierra

“A los grupos armados: esta es nuestra casa y como autoridades y desde los núcleos familiares, les decimos, no son bienvenidos”, así de claro habló la autoridad tradicional del pueblo nasa Cristina Bautista durante el funeral de dos kiwe thegnas —cuidadores del territorio en la lengua del pueblo nasa— asesinados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el mes de agosto de 2019. En los primeros 10 días de ese mes habían sido asesinados cuatro kiwe thegnas o guardias indígenas en la región del Norte del Cauca.

“No son bienvenidos los que están reclutando a los menores: hay unos mandatos establecidos desde la comunidad: personal de afuera que esté desarmonizando el territorio se va”, aseveró Bautista. Dos meses después, el 29 de octubre de 2019, ella fue asesinada junto a cuatro guardias indígenas más por el mismo grupo armado.

“Cristina defendía el territorio porque, como ella decía, de aquí a mañana si nosotras no defendemos nuestro territorio estaremos en las ciudades pidiendo limosna”, recuerda su hermana, Amalfi Bautista. “A nivel intercontinental, atraviesa la Abya Yala una estrategia de despojo que es la implementación del desarrollo económico a través del proyecto neoliberal”, explica Camila Rodríguez, activista y defensora de los derechos colectivos, desde Bogotá.

 “Los proyectos extractivos están sobre el 80% de los territorios colectivos y eso evidentemente genera un grave conflicto”, apunta Rodríguez. Se trata de proyectos instalados dentro del marco de la legalidad —que no siempre de la legitimidad—, como represas hidroeléctricas, monocultivos extensivos, megaminería o extracción de hidrocarburos, pero también de proyectos que funcionan desde la ilegalidad como los cultivos de coca y marihuana para uso ilícito, la minería y la deforestación ilegales, el tráfico de drogas y armas, la trata de personas, etc.

“No es que directamente las empresas busquen los territorios colectivos, sino que ancestralmente Abya Yala es un territorio colectivo, siempre habitado por pueblos indígenas y a partir de la colonia también habitado y cuidado por comunidades negras y afrodescendientes”, explica Rodríguez.

Como el pueblo nasa de Colombia o el garífuna de Honduras, existen miles de comunidades en el mundo que enfrentan la llegada y la instalación de estos proyectos sea con herramientas que contemplan las distintas legislaciones como la consulta previa establecida por el Convenio 189 de la OIT o a través de acciones directas y movilización social. Comunidades como la Lumad de Filipinas o los Wetʼsuwetʼen de Canadá que resisten a gasoductos o grupos paramilitares son reportados en los informes de entidades como Global Witness o Front Line Defenders.

Casi mil defensores asesinados en cinco años

Según el informe de esta última ONG, 304 defensores del territorio y los derechos humanos fueron asesinados durante el año 2019 en el mundo y desde 2015 hasta ese año fueron 959. Un 68% de los que fueron asesinados en 2019 perdió la vida en América Latina y un 40% formaba parte de comunidades originarias —representando éstas solo un 5% de la población mundial—.

De 304, más de una tercera parte, 106, han perdido la vida en Colombia, y 43 en Filipinas, los dos países que encabezan el desangrante ránquing. Colombia, que este mes de noviembre cumple 4 años desde la firma de un acuerdo de paz considerado ampliamente fallido, ha registrado en este año 2020, 74 masacres y lleva más de mil líderes sociales, defensoras del territorio y excombatientes de las FARC asesinados desde esa firma. El segundo, Filipinas, desde la llegada al poder del presidente autoritario Rodrigo Duterte, ha alcanzado la cifra de 200 defensores asesinados, la mayoría por la policía o grupos paramilitares.

Lo que tienen en común la mayoría de personas perseguidas es que son parte del 44% de la población mundial que sigue viviendo en áreas rurales y que mayoritariamente sigue cultivando la tierra con métodos ancestrales. Con tan solo el aguante ante las dinámicas e inercias del éxodo rural y la urbanización de los estilos de vida, con tan solo su presencia en los territorios, éstas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, logran poner a resguardado y no dejar a disposición de las multinacionales o el narcotráfico, selvas, pampas y montañas. “Sin embargo cada vez están más cerca”, se lamenta Camila Rodríguez.

“Las formas de gobierno y de economía que se han globalizado nos llevan a la destrucción de los territorios, de los pensamientos propios y de los pueblos y por eso hay que destruirlas”, asegura Roseli Finscue, coordinadora del Programa Mujeres del CRIC y cofundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Colombia.

Rodríguez analiza también el “discurso legalista”, que no nace de las cosmovisiones propias, desde el que el mismo sistema hegemónico ha logrado que los defensores se protejan: “Se apropian de todo un discurso de defensa de derechos: los derechos humanos, los derechos territoriales y eso lo que hace también es visibilizar donde están y son los mismo ejércitos legales e ilegales que logran identificar donde están las luchas y las movilizaciones y generar impactos colectivos al asesinar líderes sociales y defensores de manera sistemática y selectiva”. Una estrategia de terror utilizada históricamente a lo ancho y largo del mundo.

Las múltiples violencias

De las 304 defensoras asesinadas en 2019, 40 eran mujeres. En Honduras, quinto país en el ranquing de defensoras asesinadas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos desarrolla hace una década una imprescindible tarea de registro y denuncia de las violencias más invisibilizadas. En su informe “La normalidad siempre ha sido el problema” —en referencia a la situación por el COVID-19—, exponen que durante el primer semestre de 2020 se han dado 530 agresiones a mujeres defensoras. Recalcan las agresiones con carácter de odio y discriminación racistas, y las seis mujeres transexuales asesinadas durante este periodo, y denuncian que la mayor parte de agresiones han sido perpetradas por la policía en primer lugar y por “actores vinculados a los movimientos sociales” en segundo lugar, por delante de las perpetradas por “actores vinculados a empresas y negocios”.

Efectivamente, las violencias para ellas vienen de afuera y de adentro: existen las que puedan sufrir por parte de actores armados públicos y privados y las que puedan sufrir por parte de miembros de su espacio de militancia, su comunidad o su familia. “Además de la violencia de la que fue víctima por parte de grupos armados, mi hermana también sufrió discriminación dentro de la organización por su defensa de los derechos de las mujeres”, asegura Amalfi Bautista.

La división de tareas por género que deja a la mujer en la esfera privada y al hombre en la pública, la falta de participación política y social, la invisibilidad de sus esfuerzos y la objetivación de sus cuerpos, son algunas de las grandes problemáticas que atraviesan las defensoras del territorio.En el caso de las comunidades negras, que en muchos casos podría ser extrapolable a otros colectivos, según Harrinson Cuero “los hombres negros aún no dimensionamos el grado de afectación que padecemos y aplazamos el debate justificados en el recrudecimiento de la violencia neocolonial”. Mientras tanto, “continuamos ejerciendo violencias contras nuestras hermanas y perpetuamos patológicos modelos de liderazgo”. Cuero comparte el punto de vista de la mayoría de mujeres consultadas: el próximo paso necesario para diagnosticar el patriarcado como un obstáculo e incluso como una amenaza para las organizaciones sociales y para el territorio es poner fin a “la resistencia de los compañeros hombres a reconocer el problema”.

 “No quiero que más mujeres del campo vivan en estas circunstancias. Las mujeres indígenas necesitamos oportunidades para participar en la vida política, económica, en la sociedad y en la cultura”, afirmó la defensora asesinada Cristina Bautista en un discurso ante las Naciones Unidas en 2017. “¿Porque hoy la defensa de los territorios tiene cuerpo de mujer? Pues es porque las mujeres como dadoras de vida entendemos la importancia de contar con los recursos que nos darán la vida en el futuro”, explica Miriam Miranda. Por esa defensa de la vida, la defensora Roseli Finscue concluye, “como más comunidad y más colectividad hagamos, más cerca estaremos de quitarle el poder que tienen al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado”.

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Domingo, 29 Noviembre 2020 06:36

Orwellianas

Manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global, que busca limitar la posibilidad de filmar y fotografiar a agentes policiales, en Toulouse, ayer. AFP, LIONEL BONAVENTURE

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA Y LA DERIVA ILIBERAL EN OCCIDENTE

 

Uno de los «fenómenos típicos» que el escritor inglés había advertido en el escenario político de su tiempo es ya un elemento característico de nuestro propio siglo. Entre la oscuridad y el exceso de luz, las libertades más elementales se ven cada vez más asfixiadas por el hasta ahora irresistido crecimiento de fabulosos monopolios de la industria digital y la acción represiva de los Estados que protegen la fortaleza capitalista.

Para las condiciones en que se vive en Francia actualmente, con una segunda ola de covid-19 tanto o más arrasadora que la primera, fue mucha gente: entre 10 mil y 25 mil personas sólo en París. Y varios miles más en Marsella, Montpellier, Rouen, Le Havre y otras ciudades. Fue el sábado, y la manifestación estaba convocada por unas 60 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y asociaciones de juristas y sindicatos, sobre todo de periodistas; también por grupos políticos de la oposición de izquierda y chalecos amarillos. Lo que reunía a toda esa gente era el rechazo de la Ley de Seguridad Global, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, aprobada esa misma noche por el Parlamento. Una ley calificada de liberticida por los manifestantes y que se distingue de otras de similar tenor porque en uno de sus artículos, el 24, prohíbe tomar imágenes de los rostros de policías y los gendarmes durante las protestas callejeras, sobre todo, claro está, cuando están reprimiendo: repartiendo palazos, lanzando gases a altura de hombre o mujer, disparando unas balas de goma, otras llamadas LBD 40 o granadas GLI F4.

Desde hace bastante tiempo los métodos que utiliza la Policía francesa para reprimir manifestaciones no son demasiado distintos de los denunciados con profusión en los últimos tiempos en Estados Unidos. La aparición de los chalecos amarillos, hace justo dos años, llevó esa represión al paroxismo. De no haber sido por las imágenes (fotos, filmaciones) tomadas en esas manifestaciones no sólo por periodistas, sino también por participantes en las marchas y anónimos varios, poco se hubiera sabido acerca de la magnitud de la violencia policial, negada por el gobierno y algunos medios de comunicación. Y hubo en esas protestas centenares de heridos, muchos de ellos muy graves, que perdieron dedos, manos, ojos, por el tipo de armas empleadas y por la forma en que las utilizan los agentes. Poco se hubiera sabido, igualmente, de casos muy similares al del negro estadounidense George Floyd, asesinado meses atrás a manos de un policía blanco que se le sentó encima y lo ahogó, un método de «apaciguamiento de revoltosos» impartido en las escuelas de formación de policías franceses. (Tanto han enseñado los uniformados de aquel lado del Atlántico a sus pares del mundo desde sus épicas batallas coloniales en Argelia, en Indochina…)

La Ley de Seguridad Global es uno más de los dispositivos represivos adoptados últimamente en París en el contexto de la «amenaza terrorista», pero lo del artículo 24 ha sorprendido hasta a quienes niegan la deriva hacia el iliberalismo del gobierno de Macron. Lo que dispone esa norma es que cualquier persona que tome imágenes que puedan «afectar el bienestar físico o psicológico de un agente de Policía» durante manifestaciones callejeras, del tipo que sean, puede recibir una multa de 45 mil euros o una pena de un año de cárcel. En las discusiones parlamentarias, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el texto excluía a los periodistas, siempre y cuando se acreditaran previamente en la propia Policía para cubrir tal o cual manifestación. Las sociedades de periodistas y las direcciones de medios (desde Le Monde hasta L’Humanité) respondieron que en esas condiciones no cubrirían manifestación alguna y argumentaron que ellos mismos se valían de imágenes captadas por freelancers, documentalistas o ciudadanos de a pie.

En la manifestación del sábado una reportera del programa televisivo Envoyé spécial, que aquí se puede ver subtitulado en TV5, lo ejemplificó. Se llama Élise y dijo: «Yo hice varias investigaciones sobre la violencia policial y ahora ya no podré hacerlas. La materia prima de estos reportajes son las imágenes tomadas por amateurs, porque es muy raro que un periodista pueda captarlas justo cuando desembarca con su cámara al hombro» (Mediapart, 21-XI-20). También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Global atentaban contra derechos fundamentales, en especial, contra la libertad de información (Le Huffpost, 16-XI-20).

No tuvo mejor salida el ministro Darmanin que retrucar todas estas críticas con un estilo muy LUC: «Tal vez la libertad de prensa pudiera estar bajo ataque, pero los policías y los gendarmes también» (Le Monde, 20-XI-20). Y respondió, evasiva tras evasiva, cuando se le cuestionó sobre la discrecionalidad dejada a los propios policías para evaluar cuándo se está afectando su «bienestar físico o psicológico». En la manifestación del sábado, abundaron también las referencias a las pesadillas orwellianas: «Big Macron is watching you», «2020 es el nuevo 1984». Y así. Al día siguiente, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, declaró: «La situación aquí en Francia está pasando de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada».

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De George Orwell se han popularizado sobre todo las críticas al totalitarismo, convenientemente identificadas con los regímenes de tipo soviético. Se lo ha reducido casi que a 1984 y, en todo caso, a Rebelión en la granja. En enero se cumplieron 70 años de su muerte y la ocasión se prestó para que desde las tiendas más diversas se lo intentara recuperar, incluidos referentes mediáticos de la derecha liberal, como el diario francés Le Figaro. Pero Orwell fue, antes de todo, un socialista libertario que combatió en la guerra civil española junto con los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y en su país se identificó, hasta su muerte, con una organización ubicada a la izquierda del laborismo, el Independent Labour Party. Tanto como demolió el autoritarismo de la antigua URSS y sus émulos, fustigó el liberalismo económico: pulverizó el pensamiento de su contemporáneo Friedrich Hayek, maestro de las Margaret Thatcher, los Chicago boys y los Connie Hughes del planeta entero, y en libros como El camino a Wigan Pier, a partir de crónicas sobre la vida de los mineros del norte de Inglaterra (que compartió) y la evocación de sus años juveniles en la Birmania colonizada por los ingleses, donde ejerció como funcionario del imperio, comenzó a plasmar su idea de un socialismo que conjugara «justicia y libertad». «Sentía que tenía que romper no sólo con el imperialismo, sino con cualquier forma de dominio del hombre sobre el hombre», escribió en esa obra, publicada en 1936, antes de su experiencia española. Y también: «Quería hundirme para hallarme de verdad entre los oprimidos, ser uno de los suyos y pelear contra los tiranos».

De la democracia liberal, a pesar de su admiración por el «patriotismo» y el compromiso antinazi de Winston Churchill, no pensaba nada demasiado bueno. Edwy Plenel, director del portal francés Mediapart, recordó en un artículo publicado en marzo pasado que en su prefacio de 1945 de Rebelión en la granja, «que permaneció por mucho tiempo inédito, Orwell mencionaba como “uno de los fenómenos típicos” de su época “el debilitamiento general de la tradición liberal occidental”». Esa constatación, señaló Plenel, convocante a la marcha del sábado pasado en París, «vale también, y cómo, para nuestro siglo, un siglo en el que el liberalismo político ha sido derrotado por un liberalismo autoritario que impone la ley de hierro del dinero y las mercancías y ha logrado colocar el poder estatal al servicio de una pequeña minoría de privilegiados». El traductor y docente Philippe Jaworski, que estuvo al frente de la entrada de Orwell, en octubre, a la colección francesa de La Pléiade, lo describió en distintas entrevistas como un panfletario en el mejor sentido de la palabra, «el mayor del siglo XX en su país, heredero directo de los protestantes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII, un denunciante de escándalos y tiranías». Lo movía la búsqueda de «la fraternidad» y «lo sublevaba la opresión, el abuso de autoridad –en las colonias, contra la clase obrera–, sin olvidar las mentiras del poder político y los medios de comunicación. Había en él un sentimiento de la precariedad de nuestra humana condición y lo inspiraba una suerte de ley moral que conminaba a la rebelión aunque se supiera que todo estaba ya perdido».

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¿Qué más perdida de antemano que una revuelta contra un ogro panóptico que todo lo controla y desde la opacidad más brutal? La pregunta se la planteó la semana pasada una manifestante parisina, que, a pesar de esa sensación, ahí estaba, «porque si no, para qué mierda vivir». En la concentración del sábado, los periodistas de Mediapart desfilaron bajo una pancarta que decía: «La democracia muere en la oscuridad», aludiendo a una frase que The Washington Post comenzó a inscribir en la portada de sus ediciones digitales y en papel desde 2017, con los primeros ataques de Donald Trump a la prensa «fake». Son coincidencias de eslóganes. No es que haya muchos vasos comunicantes entre el portal izquierdizante francés y el diario liberal estadounidense cercano a los demócratas. Por ejemplo: Mediapart ha tomado abiertamente partido por todos esos whistleblowers o «lanzadores de alertas» que han revelado documentación secreta de la maquinaria de guerra y dominación estadounidenses (los Julian Assange, los Edward Snowden, las Chelsea Manning), a los que The Washington Post utilizó en su momento, pero hasta ahí nomás: cuando la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias apretaron las clavijas, les soltó la mano (véase «La puñalada», Brecha, 23-X-20).

Shoshana Zuboff forma parte de quienes defienden a los lanzadores de alertas. Dice que ayudan a correr los velos que imponen los «vectores del capitalismo de vigilancia», a los que identifica con el ogro panóptico orwelliano: los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), esos gigantes digitales que mueven más dinero y tienen más poder que buena parte de los Estados del mundo. Zuboff es una investigadora que enseña en la muy liberal Harvard Business School y que, aunque no lo acuñó (la precedieron economistas marxistas), sí popularizó el concepto de capitalismo de vigilanciaLa era del capitalismo de vigilancia se titula en español su último y monumental libro, en el que expone cómo los GAFAM y afines han sido la vanguardia de un cambio de época, del pasaje del capitalismo industrial a un capitalismo digital, en el que la materia prima a explotar y extraer para convertir en mercancía ya no son la tierra, el subsuelo, los bosques, sino los propios seres humanos. «Nos han escaneado por completo, hasta el más ínfimo detalle, para incluso intentar cambiarnos la conducta», dice. Y también: «Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, pero Google y esas redes nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando, de hecho, esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente. Hasta captar las microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual» (La Vanguardia, 10-X-20).

Zuboff apunta que esta nueva forma de depredación comenzó a ser desarrollada por Google en 2001, cuando tras el 11 de setiembre saltaron, en Estados Unidos primero y en buena parte de Europa después, todas las barreras de contención. «A las compañías de Internet ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra privacidad porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia», añade. China no les ha ido en zaga a las potencias occidentales. Por su propia vía, no les ha ido en zaga. Más bien que no.

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En octubre, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) –Microsoft no figura– de monopolio. Las denunció por cobrar comisiones de usura, imponer condiciones oprobiosas y extraer datos de millones de personas sin control ni permiso alguno. Casi un año y medio le llevó a la subcomisión consultar más de 1 millón de documentos, mantener audiencias con decenas de competidores de los GAFA y armar el rompecabezas de la manera de operar de estas empresas, que ocultan en algoritmos. Las cuatro grandes transnacionales, dice el informe, «se han transformado en un tipo de monopolio que se vio por última vez en la era de los barones del petróleo y los magnates del ferrocarril» y que afecta «la diversidad de las fuentes de información y la libertad de prensa, la innovación y la privacidad»: «Controlan el mercado al mismo tiempo que compiten en él, una posición que les permite escribir unas reglas de juego para los demás mientras ellos juegan con otras o llevar adelante su propia cuasi regulación privada, que no puede ser controlada por nadie, excepto por ellos mismos». Según se consigna, su valor bursátil acumulado supera los 5 billones de dólares, algo menos de un tercio del producto bruto interno de toda la Unión Europea, y ha crecido a medida que la pandemia de covid-19 ha avanzado.

El informe fue aprobado sólo por los demócratas, pero no es para nada seguro que el gobierno de Joe Biden siga las recomendaciones de la subcomisión, que propone dividir a los GAFA en distintas unidades. Tanto al presidente electo como a su vice, Kamala Harris, se les conoce por sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley (véase «Una fórmula repetida», Brecha, 21-VIII-20).

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Zuboff no es precisamente anticapitalista y cree que con controles, leyes y regulaciones se puede moralizar el funcionamiento del sistema en general y de estas empresas en especial, que se sienten más impunes que cualquier otra en cualquier otra época. «Los capitalistas de vigilancia son ricos y poderosos, pero tienen un talón de Aquiles: tienen miedo de la ley, temen a legisladores que no están confundidos ni intimidados y, en último término, les tienen miedo a ustedes», dijo ante un auditorio, en noviembre del año pasado, en Berlín (El Diario, 8-XI-19). «Tienen miedo a ciudadanos que estén listos a pedir un futuro digital que podamos llamar nuestra casa», añadió. Los lanzadores de alertas son otro de sus cucos, dijo también.

Franco «Bifo» Berardi es un septuagenario filósofo italiano que no para de reflexionar, desde hace décadas, sobre la evolución continua, y cada vez más acelerada, del capitalismo hacia el horror más absoluto y sobre cómo salir de un sistema cuyo colapso se está llevando consigo al conjunto de la humanidad. Fue también, y sigue siendo, un agitador social, un animador de medios (publicaciones, radios y televisiones asociativas) y, en cierta manera, un militante político. Su último libro, publicado en setiembre en Buenos Aires como El umbral, lo escribió desde el encierro pandémico combinando «crónicas y meditaciones» (tal su subtítulo). Hace unos años Berardi era más optimista sobre la eficacia de la «acción subversiva cuando se desarrolla en la esfera digital, cuando se infiltra en el interior de la dimensión algorítmica del capitalismo». No se hacía ilusiones con que eso bastara: sin una combinación con una «dimensión física, territorial», la rebelión desde las redes era claramente insuficiente, pero pensaba que «las acciones más exitosas en términos de sabotaje del dominio imperial han sido acciones como las de Assange y Snowden, que se desarrollan en la dimensión digital» (entrevista con Amador Fernández Savater, El Diario, 31-X-14). Hoy lo cree menos.

Lo particularmente repugnante de la persecución de Assange y Wikileaks, además de su encarnizamiento y «la violación de las reglas fundamentales de la ética de la información», es su profunda hipocresía, dice Bifo (Comune-info, 15-IV-19). «La acción de Wikileaks, irreprochable desde el punto de vista periodístico, se inspiró en el principio de transparencia. Revelar el secreto, hacer transparente la acción del poder político y militar, es el fundamento de la democracia liberal. Pero con la democracia liberal muerta esa base se está desmoronando», agrega.

El filósofo italiano está igual de convencido que el hacker australiano de que el mundo está volviendo a caer en una época de profunda oscuridad, pero esta vez «por exceso de luz». «La vieja edad oscura, que los europeos llaman Edad Media, fue un efecto de la extrema rarefacción de las interacciones sociales: el reino del silencio. La oscuridad de nuestro tiempo es, en cambio, el efecto de la proliferación ilimitada de fuentes de información y de los flujos de infoestimulantes, de la chispa cegadora de innumerables pantallas», escribe. Revelar secretos, «sacarlos a luz», será más insuficiente que nunca para reducir los daños del sistema, dice. Y en El umbral (el colapso está a la vuelta de la esquina), escribe que en los pliegues del desastre está despuntando una revolución de un tipo desconocido, sólo posible, claro, si el capitalismo no acaba antes con la civilización humana

Por Daniel Gatti

27 noviembre, 2020

Publicado enSociedad
Un agente de policía con una pistola taser en una imagen de archivo. EP.

No existe un marco regulador común que fije requisitos a la hora de usar estas armas a pesar de que hay estudios que certifican su peligrosidad. Los sindicatos policiales las reclaman y asociaciones pro derechos humanos las critican. 

 

La utilización de las pistolas taser por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuele a estar en el punto de mira. Este jueves se difundió un vídeo en el que un dispositivo de los Mossos d'Esquadra reducía con una de estas armas a una joven en la puerta de un hospital entre críticas por hacer un uso de la fuerza preocupante y desproporcionado.

Desde su llegada a España, el debate en torno al uso de este instrumento ha suscitado la polémica. Mientras que los sindicatos policiales defienden la incorporación de este tipo de armas, que consideran que generan una "lesividad mínima", organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como Amnistía Internacional están preocupadas por los riesgos que entrañan para la vida de las personas. Por su parte, la ONU las considera un dispositivo de tortura que puede ocasionar la muerte.

Repasamos algunas de las claves sobre el uso de estos dispositivos en España.

¿Qué son y qué efectos tienen sobre quien recibe un disparo?

Las pistolas taser son unas armas diseñadas para incapacitar a una persona o a un animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Taser es la marca y su nombre procede del acrónimo de Thomas A. Swift's Electric Rifle, la obra de Victor Appleton escrita en 1911 en la que su protagonista crea un rifle eléctrico.

Los riegos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas

Aunque los que promueven su uso aseguran que únicamente inmovilizan generando una incapacitación inmediata y transitoria de las persona mediante pulsos eléctricos y que en ningún caso hay consecuencias mayores, lo cierto es que los efectos sobre los ciudadanos que reciben los disparos sí que pueden ser graves. Amnistía Internacional señaló en 2015 que las lesiones secundarias que puede generar al afectado al desplomarse pueden ser incluso letales. Además, los riesgos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas. 

La joven que recibió este jueves tres disparos con una de estas armas en Sabadell, Paula Parra, ha relatado en TV3 que con el primer tiro sintió un pinchazo en el pecho durante unos segundos y acto seguido notó una descarga eléctrica que la tiró al suelo. Después de este, recibió otros dos impactos en el brazo, ha explicado. 

Una investigación de Reuters asegura que en Estados Unidos, en unos 20 años, han muerto más de 1.000 personas que habían sufrido un "incidente" con una de estas pistolas. En 153 de estos casos las autoridades han confirmado  que las tasers fueron culpables directos o contribuyeron al fallecimiento.

¿Quién las usa?

En Catalunya, el Parlament autorizó en julio de 2016 que se dotara a la Policía catalana de estas armas. Los Mossos d'Esquadra utilizaron por primera vez una taser en septiembre de 2018 para reducir a un hombre que se comportaba de manera agresiva con su exmujer y su hija en un bar de Girona. En Euskadi, el Gobierno vasco dedicó en el año 2017 una partida de 50.000 euros para comprar este tipo de dispositivos a la Ertzaintza. 

También unos 200 cuerpos de policías locales de diferentes ayuntamientos las han incorporado ya. "La falta de regulación y de un marco normativo general genera un vacío legal", que permite que cada Administración decida por su cuenta si usarlas o no, señala el portavoz de la Fundación por los derechos humanos Irídia, Andrés García.

De los grandes consistorios, el de Madrid ha dotado a su Policía Local con más de 200 pistolas taser bajo el pretexto de que la utilización de las armas eléctricas respetará criterios garantistas para la seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona no las ha incorporado por el momento, pero sí que lo han hecho más de una cincuentena de municipios catalanes. Mientras, los sindicatos han solicitado que se incorpore como arma para el cuerpo de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Por su parte, la Policía Nacional recientemente ha comprado un lote de 1.000 de estos dispositivos. También está previsto que agentes de la Guardia Civil tengan acceso a ellas. 

¿Bajo qué protocolos?

El principio básico es que los cuerpos policiales solo deberían hacer uso de estas armas cuando la situación entrañe un riesgo grave para la integridad física. Ahora bien, no existe un marco normativo común que regule su uso.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos han reclamado tanto al Congreso como al Ministerio de Interior la necesidad de que se cree una instrucción de uso que cumpla con ciertos requisitos. En concreto, exigen que cada intervención con una taser quede grabada, cuestión que por el momento no es indispensable.

Para el ministerio de Grande-Marlaska "no es obligatorio ni necesario" que los agentes que porten las armas eléctricas registren sus intervenciones "con carácter general" a pesar de que el modelo adquirido por el Ejecutivo ofrece la posibilidad de realizar grabaciones. Mientras, para García es "absolutamente imprescindible porque es la única manera de garantizar que todas las actuaciones serán revisadas". 

¿Cuáles son las consecuencias?

El portavoz de Irídia señala que la implementación de las pistolas de electrochoque en los cuerpos de seguridad de Estado puede traducirse en un aumento de la violencia institucional.

Para Amnistía estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida

A Amnistía Internacional también le preocupa porque a su juicio, estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida: son fáciles de llevar, de usar y de causar un gran dolor sin dejar grandes marcas visibles. Además, y coincidiendo con la postura de la ONU, consideran que pueden convertirse en herramientas de tortura si se utilizan cuando la persona ya está reducida o bajo custodia policial.

García señala que existe el riesgo de que ciertas situaciones que se podrían resolver con otros métodos policiales, se acaban utilizando también estas armas: "Es una herramienta cómoda, fácil y segura para el agente, pero lesiva y que puede llegar a ser letal para la ciudadanía". 

27/11/2020 22:13 Actualizado: 27/11/2020 23:02

Por celia vasco

@CeliaVasco_

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Un general del Ejército de Bolivia fue detenido por la masacre de Sacaba

El primer arrestado por la represión del régimen de Jeanine Áñez

 

El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército de Bolivia Alfredo Cuéllar, fue detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos once personas por impacto de bala.

Así lo comunicó su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuéllar frente a la Fiscalía, en la que expuso que él "solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación". Se trata del primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales a quien la oposición y las Fuerzas Armadas no reconocieron como ganador de los comicios presidenciales. 

Al menos once personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo.

Paredes presentó en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados "en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)".

Ese plan, continuó Paredes, "básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal". Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades "al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar", ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa 'La Razón'.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Senkata "hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Áñez".

Por su parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron este martes de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la documentación recopilada por los familiares de la masacre para ayudar a su investigación sobre los hechos.

El grupo de expertos del CIDH empezó su investigación sobre los acontecimientos este lunes, aunque en un informe preliminar calificó de "masacres" la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos.

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Miércoles, 25 Noviembre 2020 05:54

El terror del silencio

Concentración contra la violencia machista. David F. Sabadell

Ojalá la violencia de género fuese tan fácil de erradicar como difícil es el 25N para quienes la hemos vivido. La indefensión queda como cicatriz, y me paraliza cuando siento que una sombra me sigue, cuando recibo un mensaje anónimo, cuando noto un velo extraño en los ojos de alguna amiga que no habla mucho de su pareja.

 

Pienso, mientras escucho a R., en lo que aprendí con Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero: que el terror se encuentra en lo cotidiano, en las cuatro paredes de algo que un día llamamos hogar. En lo silenciado. Fíjense bien en estas cuatro palabras: el terror del silencio —de lo que pasa y no se oye, o de lo que se ve y no se cuenta—. Y observen cómo se atoran en sus gargantas, cuánto cuesta tragarlas.

R. nació en un país latinoamericano donde la droga corre por las televisiones, los ministerios, los barrios, las escuelas y los comercios. Me cuenta que una vieja amiga, B., tuvo que refugiarse al otro lado del océano porque unos sicarios tenían a toda su familia amenazada. Una de sus hermanas, S., se ennovió con un peligroso narcotraficante, y cuando le abandonó un par de miembros del cártel la mataron a quemarropa, enfrente de su hija que aún estaba echando los dientes de leche. Acto seguido acribillaron a la niña. Y entre las ropas de S. dejaron una nota: “vamos a por el resto de ustedes, uno por uno”.

Ahí está el terror: en un trozo de papel que alguien desliza sobre un cadáver, en unos trazos de tinta (¿rápidos?, ¿toscos?, ¿de qué color?, ¿qué palabras exactas hay escritas?), en dos vidas escapándose a diástoles. R. me describe todo sin escatimar en detalles que no he pedido y que me erizan: la calle a plena luz del día, la camioneta de la que bajaban S. y la niña, el tránsito rugiendo, y revivo la historia como si estuviera pasando bajo mi ventana, pero no oigo nada. Ni balazos horadando el eco de la ciudad ni gritos ni nada que alerte de que la normalidad urbana se ha quebrado.

Entonces, alguien —no un policía, porque la policía no se mete en ajustes de cuentas, y desde luego no otra mujer—se encarga de que desaparezcan S. y su hija de la escena del crimen como desaparecen sus historias, todo lo que una vez significaron, todo lo que fueron. Y no se habla de esto en los diarios locales. Me cuentan los paisanos, sin embargo, que esta es una realidad instalada con la que conviven a diario. Cinco años después de perder a su hermana, en 2020, B. regresa de visita. La estaban esperando. Unos secuaces del narco despechado la matan a ella y a su sobrino —el otro hijo de S., que se había salvado simplemente porque aquella otra vez no quiso salir de casa—, en la calle, de día y del mismo modo: balacera a bocajarro.

Dos semanas después de oír esta historia, mi amiga D., desde España, sube a una red social una foto con una antigua compañera de carrera, otra mujer latinoamericana que regresó a su país de origen. Por lo que escribe sé que A. ha desaparecido de un modo trágico, y que no ha sido un accidente ni una enfermedad. Es otro tipo de tragedia, de esas que algunas presentimos con una claridad salvaje. D. me cuenta por audio de WhatsApp —no se me ocurre un medio más impropio— que a A. la ha envenenado su expareja; y no solo a ella, también a su pequeño de cuatro años. Por el mismo motivo: dejarle y tener un hijo con otro hombre. D. reproduce como puede las palabras de la madre de A., que fue quien se puso en contacto con ella. Pienso en su capacidad sobrehumana para marcar un teléfono y contar qué pasó: no que A. murió, no que A. falleció, sino que a A. y a su pequeño los mataron.

Ojalá la violencia de género fuese tan fácil de erradicar como difícil es el 25N para quienes la hemos vivido. La indefensión queda como cicatriz, y me paraliza cuando siento que una sombra me sigue, cuando recibo un mensaje anónimo, cuando noto un velo extraño en los ojos de alguna amiga que no habla mucho de su pareja.

Me he prometido escribir estas historias por quienes no pueden contarlas. Con iniciales, porque, sí, tengo miedo. Porque día a día atestiguamos amenazas, insultos, acosos, vejaciones, palizas y violaciones; vemos lo que te puede pasar si eres una mujer que se defiende, que comunica, que escribe, que hace arte o activismo, que dice que no, que dice que sí. Que quiere libertad e igualdad. Que reclama lo que es suyo.

Duele mucho lo que nunca verás, veremos, porque nadie querrá ni podrá contarlo o no se atreverá, o no tendrá dónde, o lo contará pero mal, o restándole importancia. Y sobre todo duele el silencio que dejan las que un día dejan de ser un nombre para convertirse en un número de una lista; este silencio que es, de verdad, terrorífico.

Por Rocío Mareno

25 nov 2020 06:00

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Viernes, 20 Noviembre 2020 06:22

La séptima función del lenguaje

La séptima función del lenguaje

Para Roman Jakobson, uno de los representantes de la lingüística moderna, el lenguaje es un sistema funcional caracterizado por la intencionalidad comunicativa de los hablantes. De tal manera que se puede pasar de manifestar sentimientos a tratar de influenciar o convencer a otros, de transmitir una información a expresar un mensaje de manera bella. Las funciones del lenguaje son seis, pero en nuestro país tal vez se haya descubierto la séptima.

Desde finales de la Guerra de los Mil Días (1899–1902) la oratoria se volvería un recurso para deshumanizar a los vencidos. Ateos, masones, asesinos, apátridas, traidores; son solo algunos de los adjetivos utilizados contra líderes liberales como Rafael Uribe Uribe, que a la postre sería asesinado y cuya alma es condenada públicamente al infierno por el clero de la época.

De los luchadores sociales y trabajadores de las tres primeras décadas del siglo pasado, gente muy rebelde los llama Renán Vega Cantor, se afirmó que eran infiltrados del bolchevismo internacional, propagadores de doctrinas malsanas que estaban contra la sana religión y la moral católica. Se satanizaron sus fiestas (el Primero de Mayo) y se sancionó su cultura como vulgar y contraria al progreso. Al final la Masacre de las Bananeras (1928) fue el culmen de una retórica oficial contra cualquier reivindicación social.

El Bogotazo (1948) estuvo precedido de hechos de violencia en todo el territorio nacional. Mujeres y niños asesinados, cadáveres mutilados y expuestos para el terror de la población, pueblos donde alguno era degollado por no ir a la misa el domingo o por escuchar los discursos de Jorge Eliecer Gaitán en la radio. En esta ocasión la palabra también precedía a la masacre. Se tildaba a los liberales de ateos, asesinos de niños, incendiarios de iglesias. En Antioquia un obispo instaba a la turba a matar a cambio de la entrada directa al cielo, y en Armero –Tolima– un sacerdote clamaba por la cabeza de Gaitán.

En los años sesenta, tras repartir el país entre liberales y conservadores, los campesinos se alzan ante la injusticia de un Estado que los ignora a su suerte. Crean zonas donde, de manera independiente, podrán realizar sus proyectos comunitarios de solidaridad y dignidad. Solo son familias que huyen del hambre y la pobreza impuesta desde arriba por gamonales políticos y delfines. En el Congreso de la República y los medios hegemónicos se vuelven a escuchar las voces de la muerte. Los campesinos no serían más que una plaga levantisca en contra de los legítimos dueños de la tierra, aceptar las “repúblicas Independientes” es permitir la fragmentación de la unidad nacional, la única forma de conservar la paz es con la guerra… el bombardeo a Marquetalia viene precedido de una oleada de odio que justifica la matanza.

Guerrillero, mamerto, rojo, zurdo, izquierdoso, ateo, comunista, agitador. La jerga contra todo el que quiera un cambio social era variada y respondía a una moda continental venida de las dictaduras del Cono Sur y sus aliados en la Escuela de las Américas de Panamá. Los manuales de contrainsurgencia aconsejaban buscar sediciosos en las universidades, asociaciones campesinas, Comunidades Eclesiales de Base, en los llamdos “barrios de invasión" o leyendo en el transporte público. Ellos (todos) eran el enemigo a vencer, para mantener la civilización cristiana occidental…para mantener los privilegios de unos cuantos. A las desapariciones y las sesiones de tortura siguieron las fosas comunes. Los que se perdían en la noche y la niebla ahora no podían ser nombrados, habían perdido incluso su entidad.

Así mataron al cura Camilo, a los estudiantes, a los obreros. Así mataron a la gente de la Unión Patriótica. Al comandante Pizarro que entre sonrisas de esperanza nos daba su palabra para un país en paz…los mataron para no seguirlos nombrando.

Hoy la derecha envalentonada ha normalizado el lenguaje que deshumaniza, que niega al otro, que lo mata antes de que las balas atraviesen su cuerpo. “Te doy en la cara marica”, “terroristas”, “mamertos que todo lo quieren regalado”, “castrochavistas”, “te quitás esa camiseta o te pelamos”. O simplemente “sapo”, “vendido”…”gonorrea”. Nos hemos acostumbrado a leerlo en las redes sociales, lo escuchamos sin asombro en la voz de egregios periodistas y “editorialistas” en la radio. Lo vemos en los noticieros y telenovelas que hacen apología a una cultura de la muerte y el delito.

La séptima función del lenguaje es la deshumanización. Ese poder absoluto que resta dignidad al adversario antes de torturarlo, de asesinarlo, de hacerlo un enemigo público. La palabra creadora ha desaparecido para dar paso a una nueva lengua venida de los confines del odio y la perversidad.

Para Theodor W. Adorno “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie” pues la lengua ha perdido su conexión con lo más íntimo de lo humano. Los campos de concentración, esas fábricas de la muerte donde la racionalidad se convierte en una pesadilla, fueron también un cementerio de palabras y de voces. Las víctimas ya habían muerto antes de pasar el amplio portón donde los esperaba el olvido.

“Judío”, “Traidor”, “Enemigo del Estado”, “Homosexual”, “Gitano” …las palabras se convierten en etiquetas para los hombres, después en categorías para delitos y por último en el color de una estrella cosida a un raído uniforme que el prisionero utilizará para trabajar hasta morir…después el horno y la ceniza…la oscuridad y el silencio. El inicio de todo holocausto es la palabra.

Es nuestro deber recuperar la palabra creadora. Caminar con los otros para construir, humanizar y pensar. Esto solo es posible cuando hacemos de nuestro contacto con el mundo una experiencia sentipensante, donde el Otro es mi reflejo y se dignifica a través del don del lenguaje.                 

Es aquí donde la comunicación alternativa y popular asume su función frente a los hombres y mujeres que todos los días luchan, viven y mueren por la utopía posible de una sociedad mejor. La palabra que humaniza, que crea y devuelve la dignidad a los Condenados de la Tierra.

Colectivo Alebrijes

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Sábado, 14 Noviembre 2020 06:06

«En Nicaragua el control es asfixiante»

Monica batodano./ Afp, Miguel Alvarez

Con la líder sandinista disidente Mónica Baltodano

 

En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha endurecido su política de represión de los movimientos sociales y de ataque a las libertades democráticas en busca de evitar un levantamiento como el de 2018. En esta entrevista, la ex comandante guerrillera sostiene que la actual crisis pandémica ha hecho la situación insostenible para las clases populares y que, a pesar de la retórica antimperialista del presidente, el régimen sigue políticas económicas y migratorias diseñadas en Estados Unidos.

Mónica Baltodano, comandante guerrillera durante la revolución sandinista y ministra de Asuntos Regionales en los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rompió con Daniel Ortega en 1998 a raíz de los pactos que el actual presidente nicaragüense fraguó con el derechista Arnoldo Alemán. Desde su actual lugar de militancia, la Articulación de Movimientos Sociales, Baltodano denuncia la tenaz represión del régimen orteguista y teme que las elecciones de noviembre de 2021 no hagan más que legitimarlo.

—¿Cómo describirías la situación que vive en estos momentos Nicaragua?

—Desesperante. La pandemia vino a profundizar la crisis económica derivada de la crisis política y social que se abrió con la sublevación de abril de 2018. Después de dos años de decrecimiento y en camino al tercero, con cierres de centros de trabajo y migración forzada de más de 100 mil nicaragüenses, la pandemia ha profundizado la pobreza general del país. Un callejón sin salida para las grandes mayorías.

A la par, el Estado y todas sus instituciones mantienen un férreo control sobre el pueblo, a través de represión directa –capturas, criminalización de la protesta bajo cargos falsos, asedio y vigilancia permanente sobre los luchadores y la oposición– e indirecta, recurriendo a todas las armas en su poder, como el uso del fisco contra cientos de opositores. El ejemplo más patético es el reciente embargo por deuda fiscal del Canal 12, uno de los tres canales de televisión abierta independientes que quedaban en el país.

En las últimas semanas el control ha sido asfixiante. [Los agentes del régimen] entran a las casas encubiertos como delincuentes y se llevan celulares, computadoras. Dejan rótulos con amenazas, como hicieron con la dirigente feminista María Teresa Blandón. Hay patrullas que siguen durante todo el día a los elementos más visibles de las organizaciones opositoras y decenas de policías rodean las actividades bajo techo, como han hecho recientemente con la Asociación de Madres de Abril, que agrupa a familiares de asesinados por la represión, o con la Asociación María Elena Cuadra, que trabaja con mujeres de las maquilas y cuyo local fue rodeado durante cinco horas. También se usa a grupos paramilitares para rodear las reuniones, arrojar piedras a los participantes y pinchar las llantas de sus vehículos. Ya ha habido heridos graves, como ocurrió a comienzos de octubre con la periodista Verónica Chávez, quien quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras recibir una pedrada en la cara.

—Por lo que puede verse, el régimen busca la forma de perpetuarse combinando la represión con una legislación más estricta contra el movimiento popular. ¿Qué medidas concretas ha tomado en ese sentido?

—Tiene tres proyectos de ley: el de regulación de agentes extranjeros, que califica como tal a toda organización o ciudadano que reciba fondos del extranjero. Obliga a las personas naturales que lo hagan a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación y le da al gobierno facultades omnímodas para intervenir las actividades personales o de las asociaciones, con la discrecionalidad que le permite el control absoluto del Poder Judicial. Establece además que un «agente externo» no puede participar en política, con lo que se busca intervenir en las candidaturas electorales. Otro proyecto es el de cadena perpetua para los crímenes de odio, definidos de un modo genérico, que permite aplicarla a los disidentes políticos. Un tercer proyecto, ya a punto de ser aprobado, es el de ciberdelitos, que la gente ha bautizado como «ley mordaza». Se busca intervenir en las redes sociales e investigar y enjuiciar a los opositores que se expresan por estos medios.

—El régimen se encamina hacia elecciones generales, pero cuenta con la simpatía de sectores económicos y políticos. ¿Podrías detallar un poco estos apoyos?

—Las elecciones se deberían realizar en noviembre de 2021, pero la dictadura no da ninguna señal de cambiar nada. Dado que tiene el control de todos los poderes del Estado, no hay intersticios institucionales a los que recurrir.

Hay sectores del gran capital, principalmente ligados a los bancos y a las inversiones energéticas, que tienen temor a perder todos los privilegios que consiguieron con Ortega. Por eso todavía cabildean para que no se endurezcan las presiones internacionales y se produzcan situaciones que no puedan controlar. Pero lo hacen con mucha discreción para no sufrir más descrédito entre la ciudadanía.

Además, Ortega conserva vínculos con algunos personeros de la Iglesia Católica y con numerosas iglesias evangélicas. Por supuesto, cuenta con el control férreo sobre el núcleo duro del FSLN, que ronda un 20 por ciento del electorado. Pero su apoyo principal descansa hoy en las armas, la Policía, el ejército y las fuerzas paraestatales.

—¿Cómo es la situación de la protesta social? La dificultad para seguir en las calles es evidente.

—Los grupos organizados han desplegado diversas formas de resistencia, que con la pandemia se han debilitado, como los piquetes de agitación sorpresivos en centros comerciales, esquinas y otros lugares públicos. Esos piquetes son inmediatamente rodeados por policías, por eso deben realizarse cerca de un lugar donde la gente pueda refugiarse. Se hacen pintadas, se pegan papeletas de forma clandestina, en la oscuridad de la noche. Se usan profusamente las redes sociales, con «tuitazos» o conciertos virtuales. Se elevan globos con mensajes escritos y los colores de la resistencia: azul y blanco. Pero incluso esas actividades son sometidas a represión. Hace unas semanas hubo una redada contra 40 activistas después de que amanecieron papeletas pegadas con la imagen de Ortega y el lema: «Se va». De todos modos, lo más relevante de la resistencia son los esfuerzos que se hacen para ampliar la capacidad organizativa de la gente.

—La comunidad internacional presiona contra la represión, pero eso no parece surtir efectos prácticos. ¿Cuáles serían los soportes internacionales del régimen?

—Desde que se instaló [en 2019] la segunda fase del diálogo entre el gobierno y la oposición, que duró apenas unas semanas, es obvio que Estados Unidos apuesta a lo que llamamos «aterrizaje suave». Para ellos eso significa llegar a las elecciones de 2021 a cualquier precio. La propuesta de la gente, sin embargo, era «¡que se vayan!»: que las autoridades renuncien y se forme un gobierno de transición que prepare nuevas elecciones. Para algunos de nosotros es un suicidio ir a elecciones con Ortega controlando todo.

Así como Ortega despliega eventualmente una retórica antimperialista, el gobierno de Estados Unidos se ha ido en pura retórica antiorteguista. Es cierto que hay sanciones personales a 24 allegados al régimen, incluida la vicepresidenta y tres hijos de la pareja, pero los efectos reales son dudosos. En la práctica, Ortega sigue las mismas políticas del Consenso de Washington y la doctrina de seguridad y migración que favorece a Estados Unidos, pero es obvio que ahora no le garantiza al imperio, ni en Nicaragua ni en la región, la misma estabilidad que antes de 2018.

A nivel internacional, Ortega recibe aún el apoyo de algunos Estados, como Cuba, Venezuela, Rusia e Irán y de algunos partidos comunistas, pero ha perdido terreno. Si nos atenemos a la votación de la última resolución sobre Nicaragua del Parlamento Europeo, que exhorta a no aprobar las leyes represivas de las que hablaba anteriormente, Ortega también tiene el respaldo de algunas fuerzas de la ultraderecha fascista.1

—Desde la distancia da la impresión de que Venezuela se ha erigido en ejemplo: los que mandan resisten al pueblo apoyados en la fuerza militar y policial y en una base reducida pero muy fiel.

—Así es. Es sorprendente cómo el régimen de Ortega copia medidas que han aplicado en Venezuela y viceversa. Comparten un modelo común de sobrevivencia en el poder a cualquier precio. Pero aquí no hay petróleo.

—¿Cómo ves el futuro inmediato?

—El aplastamiento de la sublevación popular invirtió el orden de prioridad nacional. Para el gran capital, salvar la economía es lo principal. La democracia y los derechos humanos pueden esperar. Los más de 100 presos políticos y los exiliados también pueden esperar, mientras el país vive de facto bajo estado de sitio, con todas las garantías y derechos conculcados, lo que hace enormemente compleja la recuperación de las calles como escenario político.

La dictadura, pues, coincide con el gran capital en una «salida realista»: la realización de elecciones en noviembre de 2021, como sea. Aunque se hagan bajo las mismas reglas de juego imperantes ahora. Ortega juega con el tiempo y busca reformas cosméticas para quedarse, sino con el Ejecutivo, al menos con una fuerza suficiente en el parlamento y con sus incondicionales en el ejército, la Policía y demás poderes del Estado. Este sería el escenario más nefasto.

Un segundo escenario sería lograr la libertad para todos los presos políticos y, con el pueblo en las calles y con las organizaciones populares como actores, conseguir que se den elecciones, pero tras reformas electorales profundas. Conseguir, por ejemplo, nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral y en todo el aparato institucional, la depuración del padrón electoral, la posibilidad de construir coaliciones independientes no sometidas a los partidos legales y la vigilancia internacional del proceso.

Un tercer escenario posible es que los sectores más reaccionarios de Estados Unidos logren unir a la derecha oligárquica clásica, banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas (que hasta 2018 eran aliados de Ortega), con elementos de las fuerzas armadas y apuesten a una acción de fuerza o a un relevo político concertado vía elecciones.

Otra posibilidad es la de una nueva sublevación: que las extremas restricciones que vivimos abonen la conciencia para una sublevación que saque a Ortega del poder y se creen espacios para una transición democrática. El régimen sabe que esto puede ocurrir, por eso mantiene sus planes represivos a pleno vapor. Este escenario supone colocar la agenda social por encima de la politiquería, construir coaliciones que giren en torno a las necesidades más sentidas del pueblo y centrarse en la organización de la resistencia para mantener desde la calle las reivindicaciones de las y los luchadores insurrectos y de los héroes asesinados desde abril.

La dictadura no da espacio ni respiro, vivimos bajo un régimen del terror, pero el pueblo ha logrado ya una victoria estratégica que será clave frente a cualquier escenario. Hemos logrado sobrevivir, resistir. Estamos de pie ante la política del miedo y el terror. Cada día que nos organizamos y resistimos somos más fuertes y estamos más cerca del fin de la dictadura.

Por Raúl Zibechi
13 noviembre, 2020

  1. La resolución del Parlamento Europeo del 8 de octubre tuvo 694 votos a favor, 64 abstenciones y 21 votos en contra. De estos últimos, ocho provinieron de la ultraderecha, uno de un nacionalista conservador, diez del GUE (izquierda europea) y dos del Partido Comunista griego.
Publicado enInternacional
Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

Publicado enColombia
Denuncian que la Fiscalía y el Centro de Memoria Histórica están ocultado las cifras de desaparecidos en Colombia

Al parecer, se perdieron 13 años de información sobre el número de víctimas por desaparición forzada.

 

El equipo de Desaparicion forzada.Co denunció que la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica borraron 13 años de información sobre el número de víctimas de desaparición forzada en Colombia, pues pasaron de contabilizar 98.930 víctimas a solo 34.978.

Dentro del seguimiento que desde esta organización hacen a cada una de las bases de datos registradas en Medicina Legal, la Unidad de Víctimas, la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se dieron cuenta que hubo “una manipulación evidente de los datos por parte de estas dos últimas entidades”, así dice la denuncia compartida. Además, confirmaron que la cifra fue alterada cuando Centro Memoria publicó en sus redes que son 76.320 víctimas de este delito, datos que no concuerdan con ninguno de sus informes.

Para los investigadores de Desaparicionforzada.co, la Fiscalía redujo los datos abiertos al público, que se publican de manera mensual en el portal Datos Abiertos de Colombia desde agosto de 2018. Lo curioso es que para abril del 2020 se registraron 98.930 víctimas de desaparición forzada desde 1997 y ahora la cifra, en noviembre de 2020, se reduce significativamente, “justo antes de superar la barrera de los 100 mil casos, la Fiscalía cambió el rango temporal y ahora solo informa de los casos entre 2010 y 2020, por lo que la cifra de víctimas pasó a 34.978 en octubre de 2020”, aseguran en la denuncia.

Según Erik Arellana, uno de los investigadores de Desaparicionforzada.co, la Fiscalía borró de una base pública y de consulta de trece años de información, “esto significa un interés de desaparecer a los desaparecidos, una revictimización hacia las familias que llevan en la búsqueda de sus seres queridos por décadas”, confirmó el Arellana en un comunicado¿.

Por su parte, Federico Andreu, abogado y defensor de derechos humanos declaró, en el comunicado enviado por Desapariciónforzada.co, que no es la primera vez que la Fiscalía juega con los números. “Lo ha manejado siempre muy políticamente. Esto tiene una consecuencia gravísima porque invisibiliza la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en el país”.

Hasta el momento se tiene claro que el Centro de Memoria Histórica no contó 4.152 registros de personas desaparecidas, según ellos, porque no estaban en el rango de fechas de su último informe. “No se contó el equivalente al 5.1% del total de las víctimas de desaparición forzada, debido a que la fuente del hecho no suministra o desconoce la fecha de ocurrencia de los mismos. Lo anterior no quiere decir que estos casos se hayan borrado. Por el contrario, toda la información recopilada desde 1958 hasta 2018, que contiene 80.472 víctimas” confirmó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Sin embargo, no hay una explicaron concreta de por qué estas entidades decidieron presentar una cifra distinta de desaparecidos.

10 de Noviembre de 2020

Publicado enColombia
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