En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

 

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

 

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

 

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

 

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

 

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

 

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

 

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

 

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

 

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

 

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

 

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

 

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

 

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

 

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

 

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

 

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enEdición Nº247
Presidenciales 2018: conciencia política, condiciones materiales de vida e intereses de clase

La marca del sistema político colombiano está grabada a fuego sobre el cuerpo de la historia nacional. La impronta está conformada por un conjunto de factores complementarios, esenciales e interrelacionados que se retroalimentan y reproducen en un círculo conservador, tradicional y vicioso. Sus distintivos son: caudillismo, fanatismo y sectarismo, jerarquía y autoritarismo, racismo y exclusión, clientela y corrupción, captura de rentas y corporativismo, individualismo e informalidad, iniquidad y miseria, sin visión alguna de futuro.

 

El impacto de su sello no es menor. Durante el último medio siglo Colombia transformó la matriz económica, tecnológica e institucional, adoptó una nueva Constitución, se urbanizó, integró y abrió al mundo. Sin embargo, la estructura política y las mentalidades que dominan en el conjunto social continúan siendo conservadoras, tradicionales, “godas”, coloniales, dominadas por ideologías religiosas y de extrema derecha. La tradición centenaria familiar y la localización espacial, municipal o regional, son las características de la afiliación partidista, pero también del gamonalismo o caciquismo.

 

Los partidos políticos se organizan como carteles mafiosos, controlan el Estado, el presupuesto y el empleo público, ejercen el poder a través de la “clase política”, la parasitaria e inmensa maquinaria burocrático-militar y grupos paramilitares, en medio de la competencia y la batalla entre las distintas facciones. El pueblo cooptado por las variopintas ideologías hegemónicas, las que transmite de generación en generación, no milita formalmente en las organizaciones pero sigue “ciegamente” al caudillo, tiene “fe” en el partido que lidera y permanece alejado del ejercicio real de la política, es decir, del seguimiento y control del gobierno y con esto, del diseño e implementación de todos aquellos programas y acciones que tienen que ver con las condiciones de vida, para garantizar que sea digna.


Los diferentes partidos políticos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas, en estructuras multiclasistas. Las raíces de la formación de las identidades y las lealtades partidistas en la construcción de la nación colombiana amalgaman las clases sociales con factores étnicos, religiosos, geográficos y productivos. La simpatía por el caudillo y su partido es parte de la herencia cultural. Corrupción, violencia, clientelismo, tradición y fanatismo constituyen el cemento que une al sistema político.

 

A propósito de la elección del Presidente, para el período 2018-2022, a continuación intento dar forma más precisa a una idea de Karl Marx (1818-1883): la superestructura de opinión pública, creencias y prácticas, leyes e ideologías, no es configurada por sutiles análisis lógicos o diálogos racionales, sino que refleja las condiciones materiales de vida y los intereses de clase1. La tesis a sustentar consiste en demostrar que la estructura del capitalismo periférico y del sistema político colombiano constituye un mecanismo homeostático que funciona mediante variaciones o cambios en la superestructura pero lo hace de tal manera que a largo plazo el núcleo esencial y las relaciones sociales permanecen constantes y se reproducen en los espacios y tiempos históricos. En resumen, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política, cultural, ambiental y espiritual

 

Marx afirmó que los mecanismos ideológicos son parte del funcionamiento de una sociedad de clases, ya que contribuyen a ocultar a sus miembros cuáles son sus “verdaderos” intereses y necesidades. La sentencia “es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social” permite comprender el papel mistificador de las formas mentales de las clases dominantes que se imponen como “sentido común” a través del ejercicio del poder, las instituciones familiar y de trabajo, los medios de manipulación de masas y el aparato educativo. Con esta afirmación Marx desnudó la relación existente entre las formas sociales y materiales de vida (es decir, las relaciones de clase) y sus formas mentales y culturales (la “conciencia”).

 

Fuerzas políticas, abstención e izquierda, breve historia

 

Los partidos políticos constituyen organizaciones que congregan sectores de la población y clases sociales alrededor de la representación y defensa de cosmovisiones, intereses y necesidades comunes en el ámbito del poder político.

 

En Colombia los electores son fieles a su opción partidista. Por la configuración multiclasista, la dirigencia de arriba no toma en cuenta las inquietudes políticas, intereses o necesidades de los de abajo. Sin embargo, los votantes de los partidos les son leales pese a que sus intereses estén o no representados por los programas diseñados desde quienes controlan el poder. Los partidos políticos parecen ser entidades independientes de sus votantes: sus proyectos poco o nada tienen que ver con sus votantes ni con el interés público.

 

La base electoral de cada partido está ahí, localizada siempre, diferenciada geográficamente. La mayoría de los municipios son tradicionales. Los partidos adaptan sus programas y caudillos al cambio del tiempo, a la evolución social, económica e institucional, mientras su cuerpo de militantes tiene una composición local independiente y una estratificación socio-económica inamovible. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos, a su vez, el gamonal o cacique, maneja la clientela, distribuye subsidios, controla el gasto público y los puestos de trabajo, acumula los votos y domina la estructura local de poder2. A la base material de producción y las relaciones sociales a que da lugar ésta, se imbrica como un factor importante en la tradición de las identidades políticas municipales los patrones familiares como una de las fuentes donde los individuos adquieren sus primeras actitudes políticas. Por la herencia familiar se realiza la transmisión de las afiliaciones partidistas, sobre las condiciones materiales de vida, las necesidades y los intereses, ocupacional y de clase social.

 

Son muchas décadas de esta constante, fracturada en parte en las grandes ciudades, pero no así en los municipios intermedios o pequeños. De manera equivoca se relaciona el origen de los partidos políticos en Colombia a partir de la configuración de los caudillos en la época de la independencia (guerra en la cual los ejércitos españoles asesinaron a 200.000 patriotas, del millón de pobladores en aquella época) y de los primeros años de la independencia, en particular con las fuerzas acaudilladas y las doctrinas antagónicas entre Bolívar y Santander. Contrario a ello, la formación de los partidos políticos, con sus caudillos, plataformas y programas, tiene como fecha de inicio los mediados del siglo XIX.

 

La década de 1849 a 1860 fue decisiva en la conformación del sistema político colombiano. Durante estos años, en un momento de crisis mundial, cuando se luchaba contra la esclavitud y la eliminación definitiva de las estructuras socio-económicas legadas por la Colonia, y en medio de un ambiente de caudillismo, regionalismo, guerras civiles y anarquía, violenta lucha de clases e ideologías, surgieron el partido liberal y el conservador. La oligarquía se asentó desde entonces en el poder como su propiedad privada y exclusiva.

 

El enfrentamiento entre las clases sociales y la lucha violenta de las organizaciones por el poder muestra, de una parte, al Partido Conservador defendiendo y representando los intereses de terratenientes y del clero, es decir, los sectores más tradicionales y de clase dominante. De otra, el Partido Liberal, identificado con los sectores e ideas modernizantes; partido conformado por dos facciones definidas también por las identidades e intereses de clase que representaban: gólgotas que congregaban a comerciantes y clase media profesional, y draconianos que se apoyaban en simpatizantes del socialismo útopico y del radicalismo, defendían intereses de sectores populares como los artesanos, pequeños propietarios, pobladores de las barriadas pobres urbanas y pueblos originarios: campesinos, indios y negros.

 

En sus comienzos la base del movimiento social draconiano representaba las sociedades democráticas del artesanado que constituyen el embrión de las organizaciones obreras de tipo sindical. Los movimientos socialistas y las identidades de clase popular y trabajadora emergen en paralelo con los partidos tradicionales del establecimiento, pero sólo hasta las primeras décadas del siglo XX tendrán presencia en el campo de batalla de la política y en los circuitos económicos.

 

La historia política del siglo XIX se caracterizó por la lucha civil. Las guerras civiles fueron consecuencia del partidismo, las clases propietarias y de la influencia del clero (y no viceversa); estas, además, afianzaron el sentimiento partidista. Entre 1824 y 1908, en el territorio nacional se registraron ocho guerras civiles generales, dos internacionales y tres cuartelazos. En 1854 se registró la derrota sangrienta, ocasionada por la oligarquía nacional que contó con el apoyo de los gobiernos estadounidense e inglés, del experimento democrático-artesanal y único gobierno popular (José María Melo) que ha existido en la historia republicana de Colombia. Durante el cambio del siglo XIX al XX, la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento por el poder entre los partidos políticos hegemónicos, ocasionó la muerte a 180.000 residentes colombianos (la población alcanzaba la cifra de cuatro millones en todo el país). En resumen, las guerras civiles, expresión de la crónica y violenta lucha de clases y de partidos, prolongada hasta la actualidad, no actuaron como agentes en la conformación del partidismo en Colombia, sino que fueron, más bien, su manifestación.

 

El 4 de agosto de 1914 inició al primer conflicto bélico mundial que concluyó a finales de 1918. En 1914 tuvieron lugar las primeras elecciones directas en Colombia. Ganó el candidato conservador y oficialista, José Vicente Concha. La abstención fue 57 por ciento, en una época donde solamente podían votar los varones mayores de 21 años (las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1957) que supieran leer y escribir (el 87% de la población era analfabeta) y con un ingreso superior a 300 pesos (95% de los habitantes vivía en condiciones de miseria). El número total de votos fue de 331.410, el candidato ganador obtuvo 89 por ciento de estos. El mismo año fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), ideólogo y luchador a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia. Durante el cuatrienio de Concha, los sucesos más comunes de violencia se produjeron al reavivar los odios partidistas y al florecer el sectarismo clerical de una iglesia profundamente unida al partido conservador en el poder. Durante estos años, el gobierno colombiano entregó sin pudor alguno las riquezas del país a la expoliación y saqueo por parte de las transnacionales estadounidenses, también dio inicio al tutelaje político por parte de la “estrella del norte”. El censo realizado en octubre de 1918 registró 5,9 millones de habitantes; el 75 por ciento era población rural.

 

En Colombia las ideas socialistas arraigaron tempranamente, en paralelo a su surgimiento europeo durante el siglo XIX. Estas encontraron el terreno abonado en los sectores populares excluidos urgidos de atención gubernativa, de planes colectivos de trabajo y de requerimientos de derechos sociales para todos. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, las ideas socialistas mantuvieron un importante activismo, impulsadas por el movimiento obrero, campesino, indígena, los primeros trabajadores públicos y las primeras organizaciones sindicales, junto a una minoría intelectual comprometida. En 1919 lanzaron el “Manifiesto Comunista” y crearon el primer partido orientado por ese ideario. En 1922 apoyaron la candidatura del liberal Benjamín Herrera, quien obtuvo 256.000 votos, esto es, 38,2 por ciento del total. El candidato conservador, Pedro Nel Ospina, ganó al obtener el 61,8 por ciento de la votación, esto es, 409.131 votos. La abstención fue del 25 por ciento.

 

La década de los años 1920 fue candente en cuanto a la agitación del movimiento izquierdista. En 1925 la difusión de las ideas socialistas se convirtió en delito y el Gobierno presentó al parlamento el proyecto de pena de muerte para quien las divulgara. En la celebración del 1 de Mayo de 1928 el Gobierno encarceló a 8.000 dirigentes obreros, campesinos e intelectuales de izquierda, ante el temor de una conspiración armada para derrotar el gobierno del Conservador Miguel Abadía Gómez (1926-1930). En 1929 el Gobierno ordenó apresar a todos los dirigentes socialistas, expirando de este modo la “década de oro” del socialismo, en medio de la tortura y el asesinato de sus militantes. La historia se repite obsesivamente a lo largo del siglo XX y no afloja en lo corrido del siglo XXI: una oligarquía que concentra el poder, lumpeniza a la sociedad, conforma bandas criminales, excluye con violencia las mayorías populares y persigue de manera homicida cualquier pensamiento que exprese y defienda los principios de igualdad, democracia, justicia o dignidad humana.

 

La Hegemonía Liberal se dio entre 1930 y 1946. Inició en 1930 cuando fue elegido un presidente Liberal: Enrique Olaya Herrera, luego de 46 años de Hegemonía Conservadora. Durante la Hegemonía Liberal Colombia se modernizó, hubo logros sociales, pero también inició de nuevo la violencia entre liberales y conservadores. Al calor de las huelgas y las luchas populares, en 1930 se constituyó el Partido Comunista (PC), el cual fue declarado ilegal durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). El gobierno de Alfonso López Pumarejo lo legalizó y pactó alianzas con los dirigentes comunistas para impulsar las reformas liberales y cambiar la Constitución en 1936.

 

La lentitud de los cambios sociales del presidente Olaya Herrera hizo que un grupo de políticos liberales le retiraran su apoyo en octubre de 1933. De esta manera nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (Unir), liderada por Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Arango Vélez. En 1934 se efectuaron elecciones para Presidente para el periodo 1934-1938; el número de votantes fue de 942.209. El Partido Conservador decidió no participar en la elección. El candidato liberal obtuvo el 99,6 por ciento del voto a su favor; el Partido Liberal se encontraba en una cómoda situación desde el gobierno nacional y con mayorías en el Congreso, lo cual le permitió emprender una fuerte campaña en favor del empresario y su Jefe único Alfonso López Pumarejo. El marginal y recientemente fundado Partido Comunista presentó la candidatura simbólica del líder indígena Eutiquio Timoté, sólo obtuvo el 0,4 por ciento del total de votos.

 

En 1934 la candidatura de izquierda liderada por Jorge Eliécer Gaitán apenas alcanzó 0,5 por ciento del total; en tanto, la abstención fue de 39 por ciento respecto al potencial de votantes. El intento de quebrar el bipartidismo fracasó, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda del apoyo obrero y campesino adelantado por Gaitán, quien mantuvo una posición de respaldo y asesoría a estos grupos en sus huelgas y luchas por la tierra. Gaitán liquidó su movimiento hacia 1935, luego del fracaso electoral, reincorporándose a las huestes del partido liberal.

 

El asesinato de Gaitán, en 1948, como medida preventiva ante su posible conquista de la Presidencia de la República, marcó el inicio de la reedición de la barbarie de la oligarquía nacional en contra de los sectores populares que se prolongó hasta la década de 1960: 300.000 asesinatos políticos y cerca de dos millones de campesinos desplazados por la violencia, en un país con una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Liberales y conservadores apoyaron el golpe militar que el 13 de junio de 1953 llevó al poder al general Rojas Pinilla. En menos de un año se desmontó la guerrilla liberal y el Partido Comunista, la única fuerza de izquierda con alguna organización, fue de nuevo declarado ilegal. Tras el derrocamiento de Rojas, en 1957, la oligarquía instaló el Frente Nacional que excluía del gobierno a quien no fuera liberal o conservador, institución que permaneció hasta 1974.

 

El desmonte del Frente Nacional favoreció a la izquierda con vocación electoral. Sólo a partir de 1972 el establecimiento permitió la participación de terceros partidos, diferentes al liberal y al conservador. A partir de este año es que puede hablarse de un sistema político de competencia abierta entre partidos; no obstante, estas organizaciones poco difieren en sus ideologías, intereses de clase y plataformas políticas, al igual que por sus raíces históricas.

 

En los años 1970, las localidades territoriales donde la votación comenzó a favorecer a los grupos radicales tenían lugar en zonas periféricas, en regiones de colonización, en los antiguos territorios nacionales y en los viejos baluartes comunistas. En respuesta, dentro de la cultura política colombiana, los grupos hegemónicos desataron una ideología anticomunista que legitima su asesinato y exclusión; a esta campaña sistémica de intolerancia y autoritarismo, han contribuido la jerarquía de la iglesia católica, los nuevos movimientos evangelistas y cristianos que florecen silvestremente en las zonas de control paramilitar, los medios de comunicación y la propaganda estatal. La última etapa del conflicto social colombiano, entre 1964 y 2016, dejó como saldo 8,5 millones de víctimas y el despojo de la propiedad y usufructo de más de 6 millones de hectáreas a familias rurales campesinas.

 

El contubernio entre espada y cruz, esto es, grandes empresarios, el partido del clero, los diversos grupos religiosos e iglesias evangélicas, paramilitares y partidos de la extrema derecha, se mantiene indisoluble desde la invasión española y la Colonia. Esta asociación fue definitiva en el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 20163. Ahora, en 2018, las iglesias protestantes y cristianas han dado su apoyo irrestricto al candidato presidencial de la extrema derecha Iván Duque, del Centro democrático. La candidata Viviane Morales, proveniente de la Iglesia Casa sobre la Roca, arrió sus banderas y se adhirió al proyecto de la extrema derecha4. El candidato del Centro Democrático también recibió el respaldo del movimiento político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la cual es considerada una de las más poderosas del país; con esta adhesión y su organización política “Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira)”, que en las pasadas elecciones a Congreso logró más de 500.000 votos, la campaña a la presidencia de Iván Duque ya tiene la mayoría de votos de las comunidades cristianas del país (pues, también se sumó Colombia Justa-Libres, el naciente partido que en las pasadas elecciones sorprendió con poco más de 400.000 votos).

 

Los ligeros avances modernizantes (derechos humanos, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de géneros e identidad sexual), democráticos y de paz están en riesgo. Los tiempos oscurantistas y de lucha violenta de clases, partidista y religiosa renacen con furia. Frente a estas mentalidades tradicionales, las políticas públicas de ciencia y la tecnología moderna agonizan, antes de haber arraigado en el país. Estas iglesias cristianas y la extrema derecha prometen “trabajar por la restauración moral de Colombia”.

 

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudah), presentado en marzo de 2018, señala que en 2017 se registraron 441 ataques en contra de organizaciones sociales defensoras del proceso de paz y de los derechos humanos, incluyendo 121 asesinatos. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11). El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales. Adicionalmente, en 2017, 1.500 campesinos fueron desplazados forzosamente. Un nuevo ciclo político de conflicto armado, violencia y exclusión alza su tenebroso vuelo sobre la historia del país. Así lo prometen los dos candidatos de la extrema derecha, Duque y Vargas Lleras: “hacer trizas los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia”.

 

El pasado 10 de mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó la evaluación de derechos humanos a Colombia (la tercera que enfrenta el Estado colombiano en su historia). En total, intervinieron 95 países de los 193 que hacen parte del Comité de Derechos Humanos. Cada interviniente hizo sus recomendaciones sobre cuáles son los temas que, en su opinión, deben mejorar. Sin duda alguna, el más mencionado fue el que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Pero también fue usual escuchar discursos sobre la importancia de que el país refuerce sus políticas para eliminar el reclutamiento infantil; proteger los derechos de los niños y mujeres, garantizar que los altos niveles de impunidad disminuyan de inmediato; y la necesidad, casi urgente, de que se firme el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

En 2017 fueron asesinadas en todo el país 10.870 personas, 9.929 fueron hombres y 941 mujeres. En 2018 caen asesinadas mil personas en promedio cada mes, el departamento más violento es el Valle del Cauca, seguido de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Cauca; entre las ciudades, las más violentas, en lo que va de 2018, son Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo debido al conflicto armado interno, a las bandas criminales, el narcotráfico y a casos asociados con la violencia intrafamiliar y la intolerancia interpersonal.

 

El gráfico 1 ilustra los ciclos de violencia en la historia nacional durante el último siglo, acompañado de los porcentajes de votación por la izquierda y del abstencionismo. Pese a todo, durante el último medio siglo los movimientos y partidos de izquierda ganan presencia en las principales ciudades y se constituyen como fuerza política alternativa. Sin embargo, no han podido romper el techo de cristal del 25 por ciento de cooptación de la votación efectiva, ni derrotar la abstención que en promedio representa un 54 por ciento durante la historia de las elecciones directas en el país. La violencia de clases, partidista y religiosa, afecta principalmente a los proyectos democráticos de las organizaciones de izquierda.

 

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La abstención es, sin embargo estructural, se mantiene incólume a pesar de los vaivenes temporales de la política y los indicadores socioeconómicos, fenómeno no sólo explicable por la apatía o la ignorancia política, sino también por el histórico monopolio de los partidos del establecimiento, la corrupción en el sistema electoral (“el pueblo vota hasta las cinco de la tarde, después lo hacen los grupos de poder que controlan la Registraduría”); también es cierto que la clase trabajadora y las comunidades populares odian al Estado o éste le resulta indiferente, ya que física, financiera y por voluntad política, intereses y corrupción, es incapaz de satisfacer las necesidades y las demandas participativas, económicas, sociales y ambientales de dichas clases y grupos.

 

En efecto, para las elecciones presidenciales del año 2006, dos fuerzas de izquierda se unieron, el PDI y la Alianza Democrática (AD), dando nacimiento al Polo Democrático Alternativo (PDA). El candidato de la izquierda, Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), alcanzó más de 2,6 millones de votos, esto es, 22,5 por ciento del total. La abstención, por su parte, se mantuvo en 55 por ciento; por tanto, el triunfo del candidato de la extrema derecha, Álvaro Uribe, fue precario, no llegó al 30 por ciento del censo electoral. En las elecciones presidenciales de 2010, el candidato del Polo Democrático concentró el 9,2 de la votación en la primera vuelta; la abstención alcanzó el 51 por ciento. En 2014, la izquierda, con Clara López Obregón como candidata del Polo Democrático, obtuvo en la primera vuelta el 15,3 por ciento del caudal electoral; la abstención fue del 52 por ciento. Para las elecciones del Congreso de 2018, los partidos de izquierda obtuvieron el 7,1 por ciento del total de votos y la abstención promedio (entre Senado y Cámara) representó 52,7.

 

La historia política y económica del país muestra que las tres últimas generaciones no han conocido modificación alguna de las condiciones de desigualdad o iniquidad socioeconómica (Gráfico 2).

 

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El modelo rentista y extractivo no genera empleo ni en la cantidad requerida ni con la calidad que dignifique el trabajo humano. La pobreza por ingresos disminuyó en 50 puntos porcentuales entre 1960 y 2018, sustentado en el sistema político asistencialista y de control clientelista, con privilegio de subsidiar el consumo de masas improductivo en lugar de fortalecer la autonomía, autogestión, capacidad productiva y sustentable de la población.

 

Ante esta realidad, los partidos de izquierda tienen el reto de convertirse en una verdadera fuerza política, económica y social de nuevo tipo, defensora de los derechos humanos y representante de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y demás sectores excluidos, en promover el poder popular y aupar de manera sinérgica, consciente y democrática el movimiento y las luchas sociales; de lo contrario, se reduce a una simple maquinaria parlamentaria y electoral, símil de los tradicionales partidos del establecimiento

 

Potencial electoral 2018

 

La población habilitada para los comicios electorales 2018 suma 36,2 millones de connacionales: 51,7 por ciento mujeres y 48,3 hombres. Representan el 75 por ciento de la población total del país. El Distrito Capital de Bogotá y dos regiones (Central y Caribe) concentran el 61,55 del potencial electoral (ver Mapa 1).

 

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Por rangos de edad, el potencial de población votante se concentra en el intervalo de 26 a 64 años, representa el 71 por ciento del total. En el rango de 18 a 25 años se ubica el 17 por ciento de los posibles votantes (Gráfico 3). Para las elecciones presidenciales de 2018, 1,3 millones ‘primivotantes’ están habilitados para acudir a las urnas, representan 3,6 del potencial electoral. Estos jóvenes que por primera vez podrán votar en las presidenciales, subconjunto de los menores de 25 años, quienes en su mayoría no pertenecen a un partido político y se mueven por el voto de opinión, constituyen un sector poblacional decisivo para elegir la fórmula ganadora. Si bien los jóvenes son prolíficos al momento de opinar en las redes sociales, su respaldo no se traduce necesariamente en votos. Éstos poco ejercen su derecho al voto; son los colombianos mayores de 40 años quienes más lo hacen.

 

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Siguiendo la tradición política nacional, la masa de votantes y las maquinarias políticas se manifestaron en los comicios de marzo de 2018 para elegir las 102 curules para Senado y los 166 escaños para la Cámara de Representantes. La hegemonía de los partidos tradicionales no se modificó (los triunfadores fueron los partidos: Centro Democrático y Cambio Radical –expresión de la extrema derecha–, el conservador y el liberal); sumado a las expresiones políticas de los grupos e iglesias cristianas y evangélicas, concentran tres cuartas partes de las curules. La persistencia de la distribución geográfica del voto tradicional también quedó bien demostrado. En efecto, el carácter local o regional de la distribución de los fortines partidistas se refleja en los resultados de las elecciones de Congreso en marzo de 2018 (Mapa 2).

 

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Condiciones materiales de vida y relaciones sociales de producción

El orden lógico de las clases de derechos humanos difiere del orden histórico de la conquista por la humanidad de las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, democracia, justicia y paz. Sin garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, difícilmente pueden ejercerse con independencia, madurez y conciencia los derechos civiles y políticos.

 

En Colombia, la población en edad de trabajar (PET) está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. De los 48,3 millones de nacionales en 2018, el 80,2 por ciento se encuentra en edad de trabajar. De los 38,7 millones de personas que conforman la PET (2,5 millones más que la cifra del potencial electoral), el 37,1 por ciento es población económicamente inactiva (14,4 millones) y 62,9 es población económicamente activa (24,4 millones). La población económicamente inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios (ver infograma).

 

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La población económicamente activa (PEA), también llamada fuerza laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo. En 2018, la PEA se divide en 90,6 por ciento ocupados (22,1 millones) y 9,4 desempleados (2,3 millones). En consecuencia, por cada ocupado se encuentra en condición de dependencia económica 1,2 personas.

 

En Colombia la mayoría de la fuerza de trabajo tiene un nivel educativo bajo. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo digno y contribuye al bienestar del trabajador y su familia. En Corea del Sur, por ejemplo, el 87 por ciento de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. El promedio de los países que pertenecen a la Ocde es de 74 por ciento. En Colombia, el 45,4 por ciento de la fuerza de trabajo no ha llegado a la educación media superior: 16 por ciento del total no cuenta con ningún nivel educativo; 33,7 por ciento solo ha cursado la primaria y 5,7 por ciento abandonó el sistema educativo en el grado de educación básica secundaria. Del total de la fuerza de trabajo en 2017, solo un poco más de una quinta parte había cursado la educación técnica o tecnológica (10,7%), universitaria (8%) o postgrado (3,6%).

 

A causa del atraso del aparato productivo colombiano y del bajo nivel educativo o pertinencia del conocimiento de la fuerza de trabajo se registra un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Educarse no es garantía de encontrar un trabajo digno. El desajuste es un hecho que se manifiesta a través del desempleo y el subempleo. Este problema de desajuste tiene un carácter estructural que difícilmente puede ser resuelto únicamente por el sistema educativo; su solución involucra necesariamente la participación de otros sectores sociales (familias, empresas y gobierno). En Colombia, el 67,5 por ciento de los desempleados ha alcanzado los niveles de educación media superior (43,6%), técnica o tecnológica (13,8%), universitaria (8,4%) o postgrado (1,7%).

 

La mayoría de los trabajadores y empresas informales no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal, y por carecer de otros medios de sustento. El empleo informal es más común entre los más vulnerables de la sociedad. En Colombia, la mitad de la clase trabajadora genera sus ingresos para vivir –él y su familia– bajo condiciones de informalidad (Gráfico 4).

 

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Esto es, uno de cada dos trabajadores vive del “rebusque diario”, por tanto difícilmente puede mejorar su nivel educativo o competencias y contar con oportunidades o tiempo para participar en organizaciones de la clase trabajadora o realizar actividades políticas. Para el Dane, las características que permiten precisar la definición de empleo informal son:

 

• Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
• Los trabajadores familiares sin remuneración;
• Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
• Los empleados domésticos;
• Los jornaleros o peones;
• Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;
• Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
• Quienes no cuentan con contrato laboral ni están afiliados al sistema de seguridad social.



En el total nacional, el obrero, el empleado particular y el trabajador por cuenta propia son las posiciones ocupacionales que tienen mayor participación en la estructura ocupacional: 82,6 por ciento. La posición ocupacional es la ubicación que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo (Gráfico 5).

 

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Durante el último siglo, la matriz productiva colombiana ha registrado profundos cambios estructurales. En particular, el sector real de la economía (agropecuario e industrial perdió participación significativa en el PIB: a principios del siglo XX contribuía con el 70 por ciento de la producción nacional, en la década de 1960 se redujo al 50 y en los años 1990 cae por debajo del 30 y en 2017 sólo contribuyó con el 17,2 por ciento. La crisis del sector agropecuario y la desindustrialización que registra el país desde la década de 1970 ha dado paso a un modelo de desarrollo extractivo (principalmente en la explotación minera y de hidrocarburos), rentista, tercerizado, con una participación mayor del Estado en actividades improductivas, burocráticas, militaristas y con monopolio en la generación de servicios domiciliares, con amplia incidencia del comercio, el transporte y la especulación inmobiliaria. En particular, en los últimos 50 años la matriz productiva colombiana entró de lleno en el proceso de financiariación del capitalismo mundial, esto es, el control del trabajo productivo y el comando de la economía por parte del capital especulativo financiero (Gráfico 6).

 

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El desplome del sector productivo real en la última centuria ha ido en paralelo del descontrolado y caótico proceso de urbanización, de grandes ciudades con amplios cinturones de miseria, en unión de las profundas transformaciones en la estructura laboral. Cuatro de cada cinco personas habitan en centros urbanos. Dos terceras partes de la población ocupada labora en las ramas económicas de la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes, el transporte y los servicios comunales, sociales y personales; en su mayoría actividades de alta informalidad, inestabilidad y precariedad laboral, caracterizadas por insuficientes ingresos, ausencia de conciencia de clase, individualismo y baja iniciativa organizativa (sólo el 4% de la clase trabajadora hace parte de una organización sindical). En la rama de la “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” labora el 17,1 por ciento de la fuerza laboral ocupada. La “explotación de Minas y canteras” ocupa únicamente el 0,9 por ciento de los trabajadores, similar a la intermediación financiera que genera solamente el 1,3 por ciento de los puestos de trabajo en el país. El rentismo generado por la explotación de los recursos naturales y energéticos, más la especulación financiera, soportan la economía nacional pero son poco generadoras de empleo (Gráfico 7).

 

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El desarrollo desigual y combinado que caracteriza a Colombia se refleja en una dinámica regional, poblacional y cultural determinada por tres condiciones históricas y velocidades temporales: premoderna, moderna y post-moderna globalizada. Esta última se concentra principalmente en los grandes centros regionales y en el Distrito Capital de Bogotá. En particular, las principales empresas, centros de negocios, decisiones financieras y poder político se encuentran fusionadas en la Región Central y en Bogotá, Distrito Capital; en estas dos unidades geográficas y político administrativas se genera las dos terceras partes de la producción nacional (Mapa 3).

 

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En 2018, las zonas rurales del país todavía están habitadas por el 20 por ciento de la población. A partir de la década de 1980, la estructura agraria se ordenó de manera cuatrimodal por los siguientes modos de producción y tipos de fincas: i) latifundios ganaderos, ii) agro-comerciales, iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales y fracciones de clase: i) oligarquía terrateniente, ii) burguesía agro comercial, iii) clase media rural cafetera, iv) campesinado pobre, semiproletario y étnico (indígenas y afros). Esta estructura tiene una relación directa con el carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas.

 

La base material de vida y el poder político se retroalimentan por dos condiciones específicas: la concentración del poder económico y político, de una parte, y por la precariedad, estratificación, informalidad, desorganización y exclusión del mundo laboral. Estas condiciones de vida material y de relaciones sociales de producción condicionan, a la vez, la cultura política del pueblo colombiano.

Cultura política

 

La cultura política se define como el patrón de actitudes y orientaciones individuales predominantes frente a la política y acerca del papel de las personas en el sistema político.

 

La Encuesta de cultura política que realiza el Dane desde el 2007, indaga sobre la percepción que tienen los connacionales sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al concepto de democracia, los mecanismos y espacios de participación ciudadana y la percepción de utilidad que estos representan. También se exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las instituciones.

 

La Encuesta de cultura política busca generar información estadística estratégica que permite caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más que residen en las cabeceras municipales del territorio nacional. La encuesta tiene una periodicidad bienal y una cobertura nacional; cuenta con representatividad geográfica para cinco regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica. El periodo de recolección fue abril-mayo de 2017. El tamaño de la muestra es el siguiente: 104 cabeceras municipales, 1.286 segmentos; 27.841 personas de 18 años y más; 12.387 hogares.

 

En 2017, el 74,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó asistir a reuniones de iglesias, organizaciones o grupos religiosos, el 13,5 a Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal y el 11,7 a reuniones de Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, artísticos o culturales.

 

El mecanismo de participación más conocido, o del cual las personas de 18 años y más han oído hablar mayormente en 2017, es el plebiscito (80,0%); en segundo lugar el referendo aprobatorio o derogatorio (63,1%); seguido por la revocatoria de mandato (55,8%) y la consulta popular (48,7%).

 

Con relación a los espacios de participación ciudadana, en 2017 las personas de 18 años y más afirmaron conocer o haber escuchado hablar de las veedurías ciudadanas (36,6%), audiencias y consultas públicas (32,6%), los comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (25,4%) y Comités de participación comunitaria en salud (24,0%).

 

En 2017, el instrumento de protección de derechos que más conocen o del que más han escuchado hablar las personas de 18 años y más, es la acción de tutela (87,4%), el segundo es el derecho de petición (81,7%), el tercero la acción popular (44,4%) y el cuarto es la acción de cumplimiento (26,0%).

 

Con respecto a lo que las personas de 18 años y más consideran que un país debe tener para que sea democrático, en 2017 el 82,6 por ciento respondió que deben existir autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular, elecciones periódicas de los gobernantes (81,9%), mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (80,4%) y sistema judicial (77,6%).

 

Al preguntarle a estas personas qué tan democrática consideran que es Colombia, en 2017 el 29,3 por ciento considera que es un país democrático; medianamente democrático el 55,6 y no democrático el 15,1 restante. Por regiones, se observa que el 40,3 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe consideran que este es un país democrático, en la región Central el 34,2, en la Oriental el 29,1, en la Pacífica el 26,0 y en Bogotá el 16,3 por ciento. Al indagar por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 11,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirma estar muy satisfecho y el 49,9 muy insatisfecho. Al revisar por regiones se observa que el 18,0 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe están muy satisfechos con la forma en que funciona la democracia en Colombia, seguida por la Oriental 12,2, Central 10,1, Región Pacífica 10,0 y Bogotá 7,9 por ciento.

 

De las instituciones o actores en las que los encuestados no confían, se encuentran los partidos o movimientos políticos 61,6 por ciento, el Congreso de la República 51,7, Jueces y Magistrados 45,8, la Presidencia de la República 45,0, la Policía 44,3, la Asamblea departamental 43,2, los Concejos municipales/distritales 43,0, la Contraloría (nacional, departamental y municipal) 39,8, la Procuraduría General de la Nación 39,6, la Alcaldía Municipal/Distrital 35,0, la Fiscalía General de la Nación 34,1, la Gobernación 30,1, la Defensoría del Pueblo 28,6, las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 26,2 y la Registraduría Nacional del Estado Civil 25,9 por ciento.

 

Sobre la intención de voto, en 2017 el 59,2 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó que siempre vota cuando hay elecciones en el país, el 24,7 a veces vota y el 16,1 nunca vota. Las mujeres votan más que los hombres: 60 por ciento y 58,3, respectivamente (Gráfico 8).

 

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Por rangos de edad, los que más votan son las personas de 41 a 64 años (57,6%), siempre votan cuando hay elecciones (Gráfico 9).

 

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Por regiones, las grandes metrópolis como Bogotá registran menor intención de voto (20% nunca vota cuando hay elecciones). Las regiones Caribe y Oriental sobresalen porque dos de cada tres ciudadanos siempre vota (Gráfico 10).

 

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Únicamente el 28,7 por ciento afirmó no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015. Las principales razones para tal comportamiento es porque consideran que los políticos son corruptos (46,2%), porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%) y por desinterés (43,3%).

 

El 64,9 por ciento de personas de 18 años y más, según el grado de importancia que tienen la elección de Presidencia de la República, expresó que “es muy importante”. En Bogotá, esta elección sólo es importante para el 56,1 por ciento de la población mayor de 18 años; la valoración más alta corresponde a la región Caribe con el 76,4 por ciento.

 

Para 2017, sólo el 15,7 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que el proceso de conteo de votos es transparente. Por regiones, el Caribe registra el mayor nivel de confianza en el sistema electoral. Bogotá, Distrito Capital y las regiones Central y Oriental son más escépticas, están por debajo del promedio nacional en la valoración positiva del proceso de conteo de votos (Gráfico 11).

 

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Únicamente uno de cada diez colombianos se identifica con alguno de los partidos políticos activos en el país. Si bien, el 82,4 por ciento de las personas de 18 años y más está totalmente de acuerdo con la afirmación “a los políticos les interesan los votos y no las necesidades de la gente”; el 57,8 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país” y el 44,1 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar es la única forma de influir en el gobierno”.

 

Por debajo de los 40 años, los connacionales no tienen simpatías o identificaciones con alguno de los partidos políticos. La mayor identificación con algún partido o movimiento político se registra en los mayores de 64 años. Esta situación refleja un cambio en las tradiciones partidistas entre generaciones (Gráfico 12).

 

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Por regiones, la población de la capital del país es la que menos se identifica con un partido o movimiento político. A mayor tamaño de las ciudades el voto independiente es más importante. La región con mayor adscripción a partidos o movimientos políticos es la Oriental, con el 14 por ciento (Gráfico 13).

 

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Con relación a la posición ideológica, se les solicitó a los encuestados ubicarse en una escala ideológica de 1 a 10, de izquierda a derecha. Agrupando la escala, el 12,0 por ciento de las personas de 18 años y más afirma ser de izquierda (1-4), el 42,6 de centro (5-6) y el 20,7 de derecha (7-10). Los hombres tienden a ser más de izquierda que las mujeres; estas simpatizan más con las ideas de derecha. Por el centro, que es la mayoría, comparten por igual hombres y mujeres en su posición ideológica (43%). Uno de cada cuatro, hombre o mujer, no tiene posición política alguna (Gráfico 14).

 

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Por rangos de edad, la simpatía con las plataformas o programas de la izquierda registra un valor mayor al promedio nacional en las personas con edades entre 18 y 40 años. La posición ideológica de derecha presenta un grado superior en los mayores de 64 años (Gráfico 15).

 

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Finalmente, por regiones es Bogotá Distrito Capital la que más concentra ciudadanos con clara simpatía por las ideas de izquierda. De hecho, durante varios períodos ha elegido candidatos de los partidos de tal perfil. La región Oriental es lo opuesto a la capital del país, allí se concentra la mayoría relativa que mantienen una identificación ideológica con las doctrinas políticas de la derecha (Gráfico 16).

 

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2018: ¿Continuidad o cambio?

 

El reto que tienen ante sí las fuerzas que sueñan con un cambio estructural en el país no es menor: romper la historia –lo cual demanda más que voluntad– y, en contra de las circunstancias materiales de vida, económicas, productivas y sociales que caracterizan al país, lograr que las mayorías sociales de apáticos, indecisos, indiferentes, godos, conformistas, prevenidos, desinformados, opten por todo aquello que hasta ahora han desechado.

 

La información relacionada permite proyectar que la continuidad tiene todo a su favor para seguir al frente de la sociedad colombiana: la estructura económica, laboral, política y social en general, con su expresión en la conciencia política de la población, así permite preverlo. Pero, asimismo, se debe tomar en cuenta a la maquinaria estatal, con su gran engranaje clientelista de cientos de miles de empleados y trabajadores amarrados al poder del jefe –trabajadores, miles de ellos contratados a término definido–, temerosos de que los desbanquen en cualquier momento, además de otros muchos, estos sí contratados a término indefinido, que por obra de la rutina y la comodidad terminan sellando su mente con un pensamiento de mejor así…, mejor malo conocido que bueno por conocer.

 

Estamos ante un reto nada sencillo, mucho más cuando factores como el trabajo informal, el rebusque por cuenta propia, el desempleo, el narcotráfico y toda su mentalidad de individualismo consumista, han terminado por consolidar entre nosotros una estructura social que está altamente atomizada en lo organizativo, sin confianza en los procesos colectivos, incrédula ante la capacidad de los procesos sociales.

 

En medio de todo ello, son positivas las energías que va despertando la campaña liderada por Petro, pues, en medio de ello, puede leerse que la masacre de varias décadas consumada por el poder no logró arrasar con la esperanza.

 

Pero para que la misma sea efectiva, para que este momento de reencuentros no se pierda en la adoración de un caudillo –aprendiendo de la historia nuestra e internacional–, hay que pasar a darle cuerpo a un proceso colectivo donde todos aquellos sectores que ahora depositan su anhelo en un tercero encuentren un espacio y unos procesos para delinear entre el conjunto los objetivos por disputar, las formas de hacerlo, los territorios por enraizar, etcétera.

 

Sólo así, en medio de una coyuntura colectiva, podrá (re)iniciarse el recorrido de un camino transitado en distintos momentos de nuestra historia reciente, recorrido que en este caso tiene que ver con recuperar para la política a las mayorías de abstencionistas, incrédulos, indiferentes, indecisos, confundidos, godos. La encuesta del Dane permite ratificarlo: en Colombia, para sus pobladores, existe una democracia maltrecha, deforme, donde ni partidos ni instituciones son de fiar.

 

Bueno, avanzar hacia esa otra democracia, que sí es posible, requiere mucho más que participación electoral, y mucho más que caudillos. Construir, abrir, potenciar, fortalecer cientos, miles de espacios para la participación directa y decisiva de las mayorías, para que ellas mismas construyan sus plataformas de lucha y vayan concretándolas en el día día. Hay que abrir espacios de todo tipo para compartir entre todos/as, para politizar, para que perdamos el miedo ante la violenta criminalidad del establecimiento, pero también ante lo que habremos de cimentar y levantar, como nueva posibilidad para la vida, en justicia y dignidad. Esto es parte del reto que ahora se ve más viable y necesario de encarar.

 

No es sencillo pero tampoco imposible. Es necesario, como lo es que tengamos en mente la necesidad de otra economía, otro Estado y otros relacionamientos sociales y políticos para –por esa vía– quebrar parte de la estructura de dominación reinante entre nosotros; como es necesario, también, erradicar los carteles políticos, las mafias y sus mecanismos de control y sometimiento social, de los cuales también se vale el establecimiento para profundizar su dominio y su sometimiento.

 

¿Sencillo? ¿Obra de un gobierno? ¿Realización posible sin revolución? La trilogía de estas preguntas tiene un mismo no como respuesta y un triple sí como quimera, pues no es sencillo ni será obra de un solo gobierno ni será factible sin revolución. Todo un cambio estructural, de base, cultural, tenemos ante nosotros, con otra democracia, que sí es posible para que surja otra cultura de la política, vía indispensable para que los gobiernos del futuro sí sean de la gente y para la gente.

 

Para orientarnos hacia estas metas, nos sirve la lectura histórica aquí realizada, cruzada con la información procesada por el Dane y la misma lectura de la realidad que hoy estamos viviendo.

 

 

1. Sarmiento, Libardo. Ontología Humana Crítica. Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2016, capítulo IV.

2.  Pinzón de Lewin, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. Ediciones Uniandes-Cerec, Bogotá, 1989.

3. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana.

4.   Esta iglesia afirma poseer en privilegio “la mente de Cristo” y proclama entre sus fundamentos: “Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno; en la existencia de los ángeles buenos y malos, y en la de Satanás como jefe de los últimos”.

Lunes, 28 Mayo 2018 11:16

Del sueño a la realidad

Del sueño a la realidad

La campaña de Gustavo Petro aglomera en plazas de barrios y municipios. Da para tanto que pudiera ser verdad que, ante el 27 de mayo, ¿Colombia está ad portas de otro 19 de abril de 1970?

 

Con un gran número de reacios a participar, los días que pasan de discurso electoral y trapisonda prenden en una parte del país, con realidades entre la ciencia política, la inconformidad y la fantasía –en la esperanza (de la oposición) y en la desesperanza (de los excluidos), cualquier cifra es vista como avance o triunfo. Estas elecciones (2018-2022) resultaron con un abrebocas que no es garantía ni prenda de buen sabor.

 

Sucede que una ola de optimismo recorre al movimiento social colombiano y contagia a sus variados activismos con pasajes de memoria. Es motivo de alegría. Se trata de una irrupción en la exaltación de ánimo que tiene origen en la campaña presidencial de quien ahora aparece como aglutinador de la inconformidad de izquierda, cuyas propuestas de gobierno encuentran sintonía con capas poblacionales a lo largo y ancho del país. Incluso, silban en conglomerados sociales hasta ahora arrinconados, y silenciados, por una guerra contrainsurgente y paramilitar que dejó entre estos sectores un temor generalizado, y una amarra de silencios que apretaban pechos y hondas huellas en la memoria.

 

Es un optimismo que parece o llega a extremo, exagera, dado el antecedente de situación a flor de números, no solo en los recientes resultados de las elecciones, las consultas de marzo y la cifra anterior con continuidad del “referendo por la paz”, con efectos sobre la presente campaña, sino porque no repara en el asunto substancial con factores críticos: de las lecciones dejadas por las formas organizativas, partidistas, de gobierno, gestión e ¿identidad y pertenencia popular? aplicadas en América Latina durante los últimos años. Tampoco avista en las lecciones de nuestra propia historia cuyo reflejo más paradigmático descansa en Jorge Eliécer Gaitán, en el movimiento gaitanista y su exterminio. Y por supuesto con menor medida, en las consecuencias del fraude a Rojas Pinilla.

 

De ahí que llamen la atención, e incluso asusten, mensajes que ahora llegan por las redes sociales festejando el surgimiento de “un nuevo caudillo”. Una barbaridad y un contrasentido de múltiples dimensiones: social, organizativo, político, histórico, contradictorio ante el desafío actual por ¡Otra Democracia!, la que implica espacios, procesos y dinámicas participativas, deliberativas, consultivas, de otro tipo y otro ritmo, en todo el quehacer social, de lo cual no están exentas las nuevas formas de organización y participación, las nuevas formas por potenciar para ser gobierno y poder.

 

Precisamente, la primera lección por apropiar del inolvidable legado de Gaitán es que su potencial de liderazgo no se tradujo en fuerza organizada. Quedó un vacío que impidió la respuesta coherente de las mayorías ante la acción violenta del establecimiento, facilitando el genocidio que luego padecieron por decenas miles de sus adeptos. Es la misma lección que arroja el progresismo por toda América Latina: el más notorio aspecto que logran constituir y articular estos proyectos de gobierno es el de unos partidos de ascenso de otra clase dirigente, con vocación y funcionamiento electoral, simples instrumentos para tales jornadas. Todo un error que adelgaza el apoyo y las mayorías iniciales.

 

Otra de sus enseñanzas, en las circunstancias del tiempo en que vivió, fue el limitado sentido educativo de sus mensajes. En efecto, para conformar un sujeto social activo y protagónico por el cambio estructural, no basta con denunciar y agitar en la campaña electoral. Más allá de la misma y de sus semanas o meses de contienda, un proyecto de nuevo país debe asumir que en todo tiempo y circunstancias –como una de las funciones de quien tiene la palabra y la atención de quienes le escuchan– hay una tarea urgente: la de pronunciar mensajes llenos de ruptura con la política tradicional en su implicación de sentido pedagógico. Entre los primeros y fundamentales mensajes que debiera repetir una y otra vez, es que el líder resulta circunstancial y está en cuestión con Gaitán…, con Chávez…, con Evo…, la arenga “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”.

 

Para el tiempo de hoy y su desenlace pronto con victoria, los liderazgos deben ser colectivos. En todo proceso con vocación de cambio resulta central la configuración y la suma de las estructuras sociales plurales y horizontales, sumergidas con reconocimiento en territorios, donde todas las miradas de país tengan espacio, donde la propia gente se articule no solamente un día, con identidad e iniciativa, dando paso a la discusión y la planeación sobre cómo ser gobierno directo y en todo momento. Con proyección de los bosquejos diversos que amplíen el consenso social con raíz popular, y, de este modo, con un alcance definitivo de asidero –con margen para diversas formaciones políticas, no sólo de “partido único”–, bien por vía autónoma, bien de manera concertada con instituciones de variado carácter.

 

Extraña, por tanto, que en la campaña en marcha el candidato Petro no aluda a una ni a otra de estas particularidades, como si pretendiera tener asiento indispensable; como si la situación que ahora sucede con Lula en Brasil no ampliara ondas aleccionadoras por toda nuestra región: como si la curva con descenso en la popularidad de Chávez no hubiera sembrado lección alguna; como si el presente y la repetición en Bolivia de un liderazgo que no cuenta o pareciera no contar con sucesión no fuera suficiente para adentrarse en debates sobre estos temas de gobierno y poder.

 

Desprendida del genocidio padecido por el gaitanismo, llegan las imágenes que nos indican que sin movimiento(s) social(es), como soporte y alma de los procesos de cambio a que llama el candidato, toda esperanza de transformación efectiva es pura palabrería o “discurso de candidato y de político”. En verdad, sin mecanismos de control por parte de los propios movimientos, sobre quién interpreta o lleva por un tiempo la palabra de todos, lo único que queda en siembra es la continuidad de un personalismo, de un ‘presidencialismo’ funcional con las leyes del capital y, con este marco, de desilusiones.

 

Una lección de experiencias vividas en toda la región, y más allá, pero también desprendida de nuestro propio territorio con sus vivencias, es que una cosa es el gobierno y otra el poder. Mucho más cuando el acceso que otorga un hipotético triunfo electoral es al control del Ejecutivo, sin desconocer que Congreso, Cortes, Fuerzas Armadas, gremios económicos (entre ellos los banqueros), medios de comunicación, organismos multilaterales, etcétera, estarán en otras manos. O sea que ese optimismo desbordado que ahora se siente en amplios sectores del activismo y una franja alternativa ni siquiera pondera en que ese supuesto gobierno, sin un previo o paralelo hecho social motor de diferenciación, dentro de una situación en la cual el poder oligárquico cuenta con la iniciativa ante la opinión del habitante común, contaría con un escaso margen que condiciona y fuerza a conciliar y negociar las propuestas que ahora agita por plazas y auditorios, teniendo que –muy seguramente– ejecutar muchas de las medidas y programas que ahora mismo rechaza. En la desventaja derivada de la correlación de fuerzas, hay medidas impuestas de facto por el poder real que está detrás del escenario: el poder financiero, con sus cohortes de congresistas, jueces y militares que lo protegen y legalizan.

 

De ahí que sea sustancial que quien ahora atrae todas las miradas insista en que las gentes del país asuman sus formas de reunión, de organización, y obtengan espacios de deliberación, reflexión y decisión, para debatir en un primer momento el plan de gobierno que ahora es el eje de la campaña, y su aplicación, para que se lo apropien, lo amplíen en argumentos y lo reformulen en todo o en parte, según el sentimiento frente a la deuda social que el país padece bajo la responsabilidad tradicional. De ahí igualmente que insista el candidato en que esas mismas gentes con paso rápido, y bajo un impulso diario de una porción institucional en contradicción que salga a la vista, se constituyan, en todo espacio y lugar, en cientos, en miles, de comités de gobierno. Es una conexión de reuniones y organismos que deberán constituirse en soporte fundamental de control y ahondamiento de una política alterna, dentro de las variantes con realismo de a) la progresión y la continuidad en un nuevo proyecto de articulación y acción social alterna en Colombia, y b) de una gestión presidencial de nuevo tipo.

 

En cualquier caso, está a la orden una articulación arcoíris de las gentes de toda procedencia que siembre las instancias y mecanismos necesarios para que esa fuerza ahora despertada no vuelva a contraerse, no regrese a la contemplación, sino que ahora ocupe todo el territorio nacional en una animada campaña por un país soportado en vida digna y democracia plena, una frase que pudiera resumir todo aquello que anhelan unas y otros, tanto en el campo como en las ciudades.

 

Y así debe ser, pues, recordemos, un buen gobierno es el que garantiza la felicidad de todos sus gobernados, para lo cual un factor fundamental precisamente es lo ya resumido en la máxima de vida digna y democracia plena. Y un buen dirigente es aquel que, sin generar dependencias ni someter voluntades ni cortarle energía a la inconformidad social, crea las circunstancias requeridas para que, al tiempo que él actúa, surjan otros cientos de liderazgos del más diverso tipo, locales, regionales y nacionales. Son lecciones para tomar en cuenta. “Seamos realistas: proyectemos lo imposible”.

 

Rectificar en el mensaje y los instrumentos para la comunicación con la ciudadanía de a pie y del común, organizar, movilizar, educar, sembrar confianzas, acercar compromisos, disponer espacios y métodos para procesar las divergencias, identificar y proyectar un liderazgo de diverso tipo y colectivo de nación, mirar el presente pero siempre con perspectivas de inmediato, son apartes de una campaña y una acción social electoral que deben ser mucho más que eso.

 

De esta manera, así se pierda en el propósito de ser electo, se gana en el propósito de ser más país. Un triunfo por concretar en la calle, en una dualidad de poderes por darle forma constituyendo y poniendo en marcha miles de asociaciones solidarias en pro de otra economía necesaria, base presente y futura para darle piso a otra política, una que no amarre ni someta con clientelas y chantajes provenientes de la casa de gobierno nacional, departamental, municipal, veredal, del corregimiento, de la comuna, la localidad, la JAL, el barrio, la acción comunal o similares. Una economía y una política otras, asentadas a través de juntas de vecinos autónomos que asuman el ordenamiento y el cuidado de sus barrios y sus cuadras como un asunto prioritario en beneficio de la vida digna, la cual no es posible por fuera de la vida colectiva y solidaria. Como proyección de este actuar, un entretejido de movimientos sociales del más diverso carácter deberá tomar forma por todo el país. Su interrelación, en intercambio de productos, experiencias, discusiones, campañas, etcétera, será fundamental para que gane músculo.

 

Al actuar así, lo electoral será una simple circunstancia en el ejercicio de reconstruir nuestro país, devastado por años de confrontaciones armadas, con la proyección de un modelo paramilitar, contrainsurgente, que centró su mira en el “enemigo interno”, arrasando con los liderazgos sociales, con la instrumentalización de narcotráfico y narcotraficantes, en un desbarajuste de valores, tradiciones y tejidos sociales, y por su conducto en un ahondamiento del neoliberalismo por la senda cultural, levantando ante las propuestas de otro país posible inmensas murallas por sortear, todo lo cual fue y sigue complementado por una pléyade de pésimos gobiernos.

 

Con la primera vuelta de esta campaña, este 27 de mayo –y de darse el caso con la segunda el 17 de junio– se cierra una fase de optimismo social y deberá arrancar, de inmediato, otra fase: la de un alternativo reencuentro nacional. Hay que proceder así, pues no hay espacio para la desesperanza.

Publicado enEdición Nº246
Lunes, 02 Abril 2018 08:00

Más que “cantos a la bandera”

Más que “cantos a la bandera”

Tal y como estaba programado, el pasado 11 de marzo quienes habitamos el territorio colombiano fuimos convocados para elegir un nuevo poder legislativo. Y como es ya recurrente, a tal llamado respondió menos del 50 por ciento de quienes estaban en capacidad de hacerlo: 17.818.185 ciudadanos, es decir, el 48.82 por ciento del censo electoral.

 

Una participación con algunos datos que es importante resaltar: 1´137.133 votos anulados por mal diligenciados (6.38% del total), 871.444 votos no marcados (4.89%), clara expresión de descontento con el régimen político vigente o con los llamados “padres de la patria”, y 835.445 votos marcados en blanco (4.68% del total), que expresan que no tienen identidad con ninguno de los candidatos en cuestión, y que están por otro tipo de régimen político.

 

La suma de estos tres “detalles” da un total de 2´844.022, es decir, el 15.96 por ciento del censo electoral, un porcentaje superior al obtenido por la mayoría de los participantes en esta cita electoral*

 

De igual manera, como estaba proyectado, los partidos tradicionales, es decir, la derecha de distinto matiz retuvo el control del legislativo. Supieron aprovechar la coyuntura electoral para tensar las fibras clientelares por tantos decenios tejidas, pero también para acercarse a las mayorías sociales, como es costumbre con una interpretación engañosa de los problemas sociales, manipulando las necesidades más sentidas de quienes viven más urgidas de algún favor o de algún ingreso para sobrellevar cada día. Tendremos, por tanto, por cuatro años más, la aprobación de leyes para mantener el modelo de acumulación y desigualdad imperante hasta hoy.

 

Aunque los resultados son contrarios a las necesidades de los marginados y excluidos del país, los diversos matices en que se organiza e identifica la izquierda y sectores progresistas, no solo conservaron la representación en el legislativo sino que la incrementaron. Las fuerzas de izquierda, sumaron 2.627.614 votos (17,56%), lo que les significa 19 senadores. A estos se suman los 5 a que tiene derecho las Farc por derecho propio. Si bien estamos ante un avance es inocultable que la izquierda no se perfila todavía como una corriente política de mayorías.

 

Por tanto, la alegría reinante en muchos sectores de la sociedad y del activismo refleja un triunfo parcial. Un triunfo que de no ser correspondido de manera adecuada ante sus bases por los elegidos, con una labor realmente alternativa fuera y dentro del Congreso, terminaran actuando, pese a su disciplina, constancia, propuestas, etcétera, en contra de los mismos sectores que los eligieron. De ahí que una primera explicación que le deben a sus bases es aquella donde les indiquen por qué su trabajo en el hemiciclo será limitado, sin resultados concretos, pese a sus deseos y proyectos por presentar en los meses venideros.

 

¿Por qué sucedería esto? Porque, más allá de su disciplina y consecuencia, son minoría y, por tanto, todos aquellos proyectos de ley que presenten y no le sirvan al establecimiento serán negados, es decir, simplemente estarán declamando “cantos a la bandera”, al tiempo que legitimando una instancia legal que de manera recurrente actúa de espaldas al país nacional.

 

Ante esto, sería urgente y necesario que la lógica de la política de los movimientos o grupos que lograron poner un representante en los muros del Congreso, trasciendan de los escenarios institucionales y vayan más allá de estos, propiciando espacios y discusiones frente a la democracia realmente existente, denunciando que la participación de la sociedad y las decisiones de la vida en su conjunto –educación, salud, vivienda, economía, naturaleza, etcétera– no pueden quedar talladas solamente en el voto de cada tantos años, sino que debe ser producto de una participación cotidiana y constante.

 

En igual sentido, estos representantes de la gente de a pie deben concretar una labor educativa constante para poder sustentar los sueños que sostienen la pugna por una nueva sociedad, una labor constante, donde las razones de sus actos y de sus luchas contra el poder estén siempre antecediendo y acompañando todos sus procederes. Al actuar así, estarán mostrando que no olvidaron que se deben a la gente, no solo cuando buscaron su voto, sino ahora que ya están ungidos, y que sin el apoyo de esas gentes, no son nada, a pesar de todo lo que los puedan inflar los medios de comunicación oficiosos.

 

Labor educativa y disputa de poder por encarar que también debe llevar a estos congresistas a convocar sesiones legislativas alternativas, sesiones en las cuales extiendan para su debate, ante la sociedad que concurra a su llamado, los proyectos de ley que pretenden tramitar, a la vez que retoman todas las iniciativas que esos mismos sectores les presenten, discutiendo con ellos formas alternas de hacerlos realidad si, como es predecible, no encuentran eco en la cava santanderista.

 

Un proceder de reflexión y debate, así como de organización, al cual debería asistir la mayor cantidad posible de senadores y representantes considerados así mismos como alternativos, como una muestra y evidencia de su conciencia de que su labor durante los próximos cuatro años será formal, cuando más.

 

Proceder alternativo para transformar la sociedad, toda vez que el voto no debe ser un simple acto formal, de elegir y ser elegido, sino el mandato para que una persona un día cualquiera deja de ser un empleador o trabajador por cuenta propia para asumir un nuevo rol: el de político profesional. Nuevo rol con una misión fundamental: llevar la voz de las mayorías allí donde el poder pretende seguir armándose de legalismo y enredos jurídicos para justificar su concentración de poder y la prolongación de privilegios.

 

Una misión, la de hacer que los sin voz la recuperen, que trasciende tal encomienda, debiendo llegar hasta lo organizativo, y más allá de esto, hasta la construcción con todas las manos dispuestas para ello de otra legalidad y de otra estructura estatal. Labor constante, persistente, en la cual a la par que desestructura lo existente se estructura lo que apenas muestra sus primeras formas.

 

No es una labor fácil ni con resultados inmediatos, pero sí impostergable, si de verdad se pretende que las elecciones dejen de ser el rito por medio del cual se legitima el poder realmente existente. Un rito, que como lo pudimos constatar en las que tuvieron como fecha el 11 de marzo, está carente de realismos y de una visión integral del poder.

 

Y así es porque algunos candidatos alternativos ofrecen proyectos como en bazar, sin asidero en la real geopolítica que nos circunda y el contexto económico que vivimos; mientras otros –tal vez todos– concitan a sus votantes sin tomar en cuenta la correlación de fuerzas y, por tanto, lo irreal de sus promesas, lo cual los acerca a la demagogia.

 

Entonces, comprensión y sensatez con la geopolítica, así como con el contexto económico y la correlación de fuerzas, pensando siempre en el país que requerimos para vivir en felicidad, demanda de otro modelo social, el cual va tomando forma en pequeñas, medianas y grandes acciones. La educación dicen que es una labor pequeña –tal vez porque sus frutos no son perceptibles en lo inmediato– pero en realidad su dimensión es inmensa. Desde el legislativo también es posible hacer magisterio, acompañado de organización, para que el voto popular no quede reducido a entonar “cantos a la bandera”.

 


 

* Registraduria Nacional del Estado Civil. Elecciones 2018. Boletín 52-Senado de la República. En registraduria.gov. Link: http://resultados2018.registraduria.gov.co/resultados/99SE/BXXXX/DSE99999.htm

 

Publicado enColombia
Sábado, 31 Marzo 2018 10:51

Más que “cantos a la bandera”

Más que “cantos a la bandera”

Tal y como estaba programado, el pasado 11 de marzo quienes habitamos el territorio colombiano fuimos convocados para elegir un nuevo poder legislativo. Y como es ya recurrente, a tal llamado respondió menos del 50 por ciento de quienes estaban en capacidad de hacerlo: 17.818.185 ciudadanos, es decir, el 48.82 por ciento del censo electoral.

 

Una participación con algunos datos que es importante resaltar: 1´137.133 votos anulados por mal diligenciados (6.38% del total), 871.444 votos no marcados (4.89%), clara expresión de descontento con el régimen político vigente o con los llamados “padres de la patria”, y 835.445 votos marcados en blanco (4.68% del total), que expresan que no tienen identidad con ninguno de los candidatos en cuestión, y que están por otro tipo de régimen político.

 

La suma de estos tres “detalles” da un total de 2´844.022, es decir, el 15.96 por ciento del censo electoral, un porcentaje superior al obtenido por la mayoría de los participantes en esta cita electoral*

 

De igual manera, como estaba proyectado, los partidos tradicionales, es decir, la derecha de distinto matiz retuvo el control del legislativo. Supieron aprovechar la coyuntura electoral para tensar las fibras clientelares por tantos decenios tejidas, pero también para acercarse a las mayorías sociales, como es costumbre con una interpretación engañosa de los problemas sociales, manipulando las necesidades más sentidas de quienes viven más urgidas de algún favor o de algún ingreso para sobrellevar cada día. Tendremos, por tanto, por cuatro años más, la aprobación de leyes para mantener el modelo de acumulación y desigualdad imperante hasta hoy.

 

Aunque los resultados son contrarios a las necesidades de los marginados y excluidos del país, los diversos matices en que se organiza e identifica la izquierda y sectores progresistas, no solo conservaron la representación en el legislativo sino que la incrementaron. Las fuerzas de izquierda, sumaron 2.627.614 votos (17,56%), lo que les significa 19 senadores. A estos se suman los 5 a que tiene derecho las Farc por derecho propio. Si bien estamos ante un avance es inocultable que la izquierda no se perfila todavía como una corriente política de mayorías.

 

Por tanto, la alegría reinante en muchos sectores de la sociedad y del activismo refleja un triunfo parcial. Un triunfo que de no ser correspondido de manera adecuada ante sus bases por los elegidos, con una labor realmente alternativa fuera y dentro del Congreso, terminaran actuando, pese a su disciplina, constancia, propuestas, etcétera, en contra de los mismos sectores que los eligieron. De ahí que una primera explicación que le deben a sus bases es aquella donde les indiquen por qué su trabajo en el hemiciclo será limitado, sin resultados concretos, pese a sus deseos y proyectos por presentar en los meses venideros.

 

¿Por qué sucedería esto? Porque, más allá de su disciplina y consecuencia, son minoría y, por tanto, todos aquellos proyectos de ley que presenten y no le sirvan al establecimiento serán negados, es decir, simplemente estarán declamando “cantos a la bandera”, al tiempo que legitimando una instancia legal que de manera recurrente actúa de espaldas al país nacional.

 

Ante esto, sería urgente y necesario que la lógica de la política de los movimientos o grupos que lograron poner un representante en los muros del Congreso, trasciendan de los escenarios institucionales y vayan más allá de estos, propiciando espacios y discusiones frente a la democracia realmente existente, denunciando que la participación de la sociedad y las decisiones de la vida en su conjunto –educación, salud, vivienda, economía, naturaleza, etcétera– no pueden quedar talladas solamente en el voto de cada tantos años, sino que debe ser producto de una participación cotidiana y constante.

 

En igual sentido, estos representantes de la gente de a pie deben concretar una labor educativa constante para poder sustentar los sueños que sostienen la pugna por una nueva sociedad, una labor constante, donde las razones de sus actos y de sus luchas contra el poder estén siempre antecediendo y acompañando todos sus procederes. Al actuar así, estarán mostrando que no olvidaron que se deben a la gente, no solo cuando buscaron su voto, sino ahora que ya están ungidos, y que sin el apoyo de esas gentes, no son nada, a pesar de todo lo que los puedan inflar los medios de comunicación oficiosos.

 

Labor educativa y disputa de poder por encarar que también debe llevar a estos congresistas a convocar sesiones legislativas alternativas, sesiones en las cuales extiendan para su debate, ante la sociedad que concurra a su llamado, los proyectos de ley que pretenden tramitar, a la vez que retoman todas las iniciativas que esos mismos sectores les presenten, discutiendo con ellos formas alternas de hacerlos realidad si, como es predecible, no encuentran eco en la cava santanderista.

 

Un proceder de reflexión y debate, así como de organización, al cual debería asistir la mayor cantidad posible de senadores y representantes considerados así mismos como alternativos, como una muestra y evidencia de su conciencia de que su labor durante los próximos cuatro años será formal, cuando más.

 

Proceder alternativo para transformar la sociedad, toda vez que el voto no debe ser un simple acto formal, de elegir y ser elegido, sino el mandato para que una persona un día cualquiera deja de ser un empleador o trabajador por cuenta propia para asumir un nuevo rol: el de político profesional. Nuevo rol con una misión fundamental: llevar la voz de las mayorías allí donde el poder pretende seguir armándose de legalismo y enredos jurídicos para justificar su concentración de poder y la prolongación de privilegios.

 

Una misión, la de hacer que los sin voz la recuperen, que trasciende tal encomienda, debiendo llegar hasta lo organizativo, y más allá de esto, hasta la construcción con todas las manos dispuestas para ello de otra legalidad y de otra estructura estatal. Labor constante, persistente, en la cual a la par que desestructura lo existente se estructura lo que apenas muestra sus primeras formas.

 

No es una labor fácil ni con resultados inmediatos, pero sí impostergable, si de verdad se pretende que las elecciones dejen de ser el rito por medio del cual se legitima el poder realmente existente. Un rito, que como lo pudimos constatar en las que tuvieron como fecha el 11 de marzo, está carente de realismos y de una visión integral del poder.

 

Y así es porque algunos candidatos alternativos ofrecen proyectos como en bazar, sin asidero en la real geopolítica que nos circunda y el contexto económico que vivimos; mientras otros –tal vez todos– concitan a sus votantes sin tomar en cuenta la correlación de fuerzas y, por tanto, lo irreal de sus promesas, lo cual los acerca a la demagogia.

 

Entonces, comprensión y sensatez con la geopolítica, así como con el contexto económico y la correlación de fuerzas, pensando siempre en el país que requerimos para vivir en felicidad, demanda de otro modelo social, el cual va tomando forma en pequeñas, medianas y grandes acciones. La educación dicen que es una labor pequeña –tal vez porque sus frutos no son perceptibles en lo inmediato– pero en realidad su dimensión es inmensa. Desde el legislativo también es posible hacer magisterio, acompañado de organización, para que el voto popular no quede reducido a entonar “cantos a la bandera”.

 


 

* Registraduria Nacional del Estado Civil. Elecciones 2018. Boletín 52-Senado de la República. En registraduria.gov. Link: http://resultados2018.registraduria.gov.co/resultados/99SE/BXXXX/DSE99999.htm

 

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 12 Marzo 2018 09:01

De votos y devotos

De votos y devotos

En un marco de incertidumbre avanza la coyuntura electoral, expectativa en la que estará inscrita la sociedad colombiana hasta mayo o, incluso, hasta junio del año en curso.

El momento denominado ‘primera vuelta’ de este ciclo electoral, las elecciones por las 102 curules del Senado y las 166 de la Cámara, y por su conducto por una importante tajada del ponqué burocrático y presupuestal del país, tiene como rasgo más prominente la indiferencia de las mayorías nacionales, como queda a la vista en la actividad y el discurso de los candidatos de los diversos partidos que con persistencia buscan atraer la atención y el favor ciudadano. Esta indiferencia no es nueva ni es para menos, pues el Congreso, donde el afán de la mayoría de sus integrantes no es obedecer sino mandar, encabeza el sitial de (des)honor como la más corrupta y la de menos credibilidad entre las instituciones oficiales. Un 82 por ciento de imagen desfavorable así lo ratifica.

Allí, en el Congreso, la mayoría de sus integrantes no se preocupa por el relacionamiento activo y decisorio con la ciudadanía. En un proceder digno de cualquier monarquía, en las listas de los partidos que controlan el recinto de las leyes figuran hijos, hermanos, esposas y otros familiares de quienes no pueden optar a la elección por estar presos o en investigación, por delitos como paramilitarismo y corrupción. Es ésta una designación por vínculo consanguíneo que resulta digno de las empresas electorales familiares predominantes por siempre en el país. Así operan desde antes y a lo largo del siglo XX, y hasta ahora, a través de las llamadas Casa López, Lleras, Santos, Pastrana, Gómez, Ospina, y las familias segundonas a su servicio. De acuerdo a sus intereses y al modelo de sociedad, suplantan y no representan.

Actúan esas castas en contravía de la democracia que supuestamente defienden, buscando siempre subir y no bajar. Los partidos, tradicionales y otros, deciden sin consulta alguna ante sus bases las decenas de nombres de quienes integran sus listas para el Legislativo. Es una acción sin diálogo ni debate alguno con la sociedad, para discernir acerca de quiénes y por qué motivo debieran encabezar a ser elegidos. En una escogencia que no establece los propósitos exactos de cada campaña, unos y otros se lanzan a la caza de los votos esquivos de esa minoría que termina reafirmando la desgastada democracia formal, en la cual el Legislativo siempre está a favor del Ejecutivo, así como del restante poder dominante, hoy y siempre, en lo económico, lo político, lo comunicacional y, por supuesto, lo militar.

Claro. Sin el ejercicio previo del diálogo ni del debate social y político, las mayorías apáticas ante la cosa pública están más decepcionadas de la misma en las últimas décadas, pues el país no supera un escándalo y otro escándalo, ni el estupor suscitado por el robo de millones de millones de pesos de que es objeto mediante contratos entregados a dedo. Así, el ciudadano desilusionado es testigo de la privatización del patrimonio público en todos sus niveles, comprobando que lo motivante para la mayoría de los políticos de profesión es servirse y no servir.

Y no salen los colombianos de estos asombros que, de tanto repetirse, tal vez ya no lo sean tanto, cuando quienes ofrecieron en campaña legislar en beneficio de los más de más votan con un sí los proyectos que siguen beneficiando a los menos de menos, con lo cual destruyen en vez de construir. Así, entre ley y ley, los impuestos siguen en creciente, y en línea contraria los salarios; los derechos no dejan de ser letra muerta, entre ellos los fundamentales, como salud, educación, trabajo, vivienda, en fin, todo un listado de negaciones que siempre, en una y otra oportunidad, terminan por acrecentar el acerado escepticismo y la despreocupación reinante en Colombia por lo gubernamental.

Estamos ante una disputa electoral entre los mismos de siempre, que, por el lado de los sectores que pretenden un cambio social, más radical o de menor tenor, con sus propuestas no alcanzan a crear en el conjunto social una atmósfera de ruptura con el pasado, nada favorable ni agradable para millones de connacionales. Es palpable una clara incapacidad para originar espectativas de cambio, de confianza en el porvenir y de triunfo en la coyuntura, ya que quienes se definen como alternativos al orden imperante no proponen más que tímidas reformas en lo económico y para el conjunto del régimen político, con determinación en aquello que los asesores de imagen denominan “políticamente correcto”.

De este modo, lo que se ofrece en la campaña electoral, inclusive por quienes se dicen contrarios al establecimiento, es más de lo mismo. Sin duda, están sujetos a las sensaciones mediáticas potenciadas por los creadores de opinión. En esa constante, no se deciden por presentarles a sus posibles electores un diagnóstico real del Congreso con que cuenta el país, desnudando sus características y determinantes, todas aquellas que lo sellan de manera total con el conjunto del poder, y que hacen indispensable el cambio de su naturaleza y sus integrantes, para que algún día se llegue allí a legislar en beneficio realmente social.

Queda en deuda así un diálogo/debate de estos candidatos con la ciudadanía en el cual se alcance a explicar que, mientras los sectores alternativos no logren una mayoría en el Congreso de la república, poco más que denuncias podrán realizar en el mismo. De ahí que sea imperioso construir, en una perspectiva de educación y organización social, pero también con proyección de dualidad de poder, otros espacios deliberativos en los que todos aquellos que padecen las consecuencias de lo aprobado por el poder a través del Legislativo se atrevan a ir configurando la sociedad que requieren y sueñan.

Necesitamos un proceder de los candidatos por el cambio, y de quienes en efecto lleguen a ser elegidos para tal instancia, que eduque y prepare para las luchas por encarar, con una convicción mucho más allá de lo electoral, en que la democracia directa y radical vaya tomando cuerpo, superando la formalidad liberal en la cual, en verdad y a pesar del ejercicio del voto, se termina por suplantar y por no representar, toda vez que lo defendido por los congresistas es lo conveniente para el sistema vigente y para los eternos monopolizadores del poder, nunca para las mayorías sociales.

Un tipo de proceder como el que planteamos requiere claridad y convicciones de poder, convicciones que obligaría a los militantes a ser nítidos en su relación con el conjunto social, pero también entre ellos, dejando a un lado las medias tintas, defendiendo sus ideales y sus identidades organizativas, sin proceder como en esta campaña parece que lo están haciendo, militando en unas listas, con un candidato a la Presidencia, pero impulsando a uno diferente. Todo un proceder que desdice de las afinidades que ahora reúnen a estos sectores alternativos y todo un proceder que, en vez de construir, termina por destruir.

Hay que decirlo sin temor: una política de nuevo tipo requiere claridad absoluta, romper los círculos de conveniencia, actuar en el presente con proyección al futuro cercano y lejano; involucrar de manera constante, en el debate y las decisiones, al conjunto social; dejar a un lado las manipulaciones; ver en cada acción un acto educativo y, por tanto, prepararlo y llevarlo a cabo con el debido sentido pedagógico, sin crear falsas expectativas o imposibles de concretar, acciones en las cuales los actores mayoritarios dejen de esperar que todo se haga a su nombre para asumir en sus manos su destino. Para proceder en consecuencia, hay que comenzar, en el ejercicio electoral mismo, por explicarles a los posibles votantes lo que no es factible conseguir por vía electoral, dibujando con todas las manos el camino por recorrer…, si de verdad se desea llegar a una sociedad otra.

Publicado enColombia
Sábado, 20 Enero 2018 09:27

El año que ya fue y el que llegó

El año 2017 no dejó beneficios para los marginados, aunque sí enseñanzas; entre el incumplimiento de sus compromisos firmados con diversidad de movimientos sociales y el direccionamiento económico de acuerdo con la regla fiscal, con el favor del gobierno los ricos prosiguen abultando sus bolsillos, apropiando sólo para ellos lo producido por las mayorías nacionales.

 

El año 2017 fue fuerte en protestas en Colombia: más de 100 movilizaciones sociales con eco nacional y 44 consultas populares así lo atestiguan. De las primeras, las acaecidas en Buenaventura y el Chocó (territorios con historia y población común), desprendieron los ecos más fuertes sobre el conjunto nacional; de las segundas, las votaciones a través de las cuales en nueve municipios dijeron no al extractivismo minero sobresalen por su significado y potencial.

 

Desde el establecimiento

 

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de final de año (31 de diciembre), afirmó que el 2017 fue de transición en términos de paz, economía, sociedad y política; enfatizando que su gobierno trabajaba para que la paz fuera un “árbol frondoso que diera sombra a todos” y admitiendo que su mandato no ha sido ni es perfecto, pero que en los 7 meses que le quedan seguirá trabajando para garantizar una vida mejor a todos los que aquí habitamos.

 

En su discurso, claro está, dejó a un lado el coletazo de la reforma tributaria, cuyos efectos comprimieron al extremo la economía y las posibilidades de sobreviviencia en infinidad de familias populares de todo el país; tampoco aludió a las más de 200 mujeres muertas por violencia feminicida, ni a los operativos del Esmad que dejaron un rosario de heridos por todo el país, así como varios muertos; menos aún aludió a los 63 líderes y lideresas que perdieron la vida por defender lo justo, como tampoco recordó los falsos positivos judiciales y los miles de jóvenes para los cuales es cada vez más difícil ingresar a la educación básica y universitaria.

 

Es extraña la manera de ver la realidad de quienes detentan el poder, su prisma funciona de manera similar a la ley del embudo: acercan al ojo la parte ancha del utensilio, de suerte que su visión se reduce para ver solo lo que quieren observar, lo demás no existe –o al menos así lo consideran y quieren que el resto de connacionales también reduzcan su visión–, es por ello que afirman que su gestión es impoluta así la realidad indique lo contrario; es por ello que Santos tampoco retomó los incumplimientos de su gobierno con lo firmado con diferentes movimientos sociales tras las duras luchas que estos se vieron obligados a entablar en diversos territorios nacionales para obligar a los de arriba a respetar los derechos básicos y fundamentales de los de abajo.

 

¿Derramamiento de sangre?

 

Cada año, el Gobierno y su modelo, dan razones suficientes para que las comunidades decidan irse a la protesta, al paro, salgan a movilizarse y accionen jurídicamente para hacer respetar sus derechos fundamentales. Protesta que no es fácil concretar: los esfuerzos por parte de los actores alternativos para ganar el consenso social a favor de la resistencia activa son grandes, sobre todo en tiempos en que las comunidades están dispersas, algunas despolitizadas, vulnerables ante el accionar intimidatorio o violento por parte del Estado colombiano.

 

Es así, por medio de la violencia institucional y los incumplimientos de lo firmado, como quien termina su mandato en agosto próximo demostró a lo largo del 2017 que no está dispuesto a poner en riesgo los intereses políticos y económicos de los dueños del país, así tal decisión les cueste la vida a miles de colombianos. Dando fiel evidencia de los intereses que representa, abrió mayores canales de inversión para que el capital nacional e internacional profundice su presencia, esta vez en territorios que por décadas estuvieron, como efecto de la guerra, por fuera de la economía capitalista. Lo que vendrá en los próximos años será una lluvia de dólares y euros por efecto de los cuales miles de campesinos se verán obligados a continuar monte adentro o emigrar a los cascos urbanos de sus municipios a las capitales del departamento.

 

Al tiempo que esto sucede, la guerra contra las drogas mantendrá en su foco a los pequeños cultivadores, mientras los industriales del ramo siguen en la sombra, favorecidos por la banca, la industria y el comercio, vías para el lavado de sus fortunas.

 

Es todo un contubernio entre los poderes económicos, político, militar, nacional e internacional. Contubernio que favorece la dilación de la investigación que pesa sobre su gobierno por haber aceptado los dineros provenientes de la multinacional Odebrech, los que potenciaron sus campañas electorales que lo llevaron en dos periodos consecutivos a la Casa de Nariño.

 

Mientras esto sucede y pese a lo expresado el 31 de diciembre en cadena nacional, los pronósticos para 2018 no son los mejores, no hay duda: en su primera semana se registró el asesinato de dos líderes sociales ¿año nuevo, muerte segura?

 

Muerte que desde ya anuncian lo que recurrentemente ocurre en Colombia cada que hay campaña electoral con proyección nacional, acontecer que pondría al filo la débil paz hasta ahora lograda: de ahí que nos preguntemos: ¿tendremos un frenesí de violencia –popular– en el curso de la coyuntura electoral que marca el primer semestre del año que ahora empieza a dejar pasar sus horas?

 


 

Recuadro 1


Algunos retos al frente


El afán de expoliar aún más el bolsillo popular late entre los gremios que reúnen a los dueños del país, de ahí que sus propuestas para supuestamente “mejorar la economía nacional” retomen las medidas que ya están en marcha en Brasil, Argentina y otros países que siguen a ojo cerrado las recomendaciones de los organismos multilaterales: reformar las pensiones –aumentando la edad para acceder a la misma, así como las semanas por cotizar–; poner en marcha una nueva reforma tributaria y privatizar todo bien público que aún permanezca como tal (¿seguirá otro porcentaje Ecopetrol en la lista?).

 

Dicen por ahí que al que no quiere sopa le dan dos tazas. Pues bien, si el conjunto social no logra reunirse como una sola voz en el año que empieza, los oligarcas cumplirán con sus propósitos, ahora, o en el 2019, o en el 2020, o en el año que sigue, concretando una de las dos medidas estructurales que pretenden, o las dos, y continuarán con otras privatizaciones.

 

El reto que tienen ante si los excluidos y negados, los que trabajan por cuenta propia, pero también los contratados a término indefinido o por años, además del resto del país nacional, es cerrar el paso, como un solo cuerpo, a éstas y otras medidas de tufillo oligárquico.

 

En las semanas que siguen, de intensa campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia, unos y otros dirán que no ejecutarán estas reformas, pero con seguridad una vez elegidos procederán por vía contraria. Ante el canto de las sirenas, como Ulises, hay que taparse los oídos, en este caso con los tapones de la experiencia. El modelo es uno sólo, por ello quien entre a administrar el establecimiento está sometido a las decisiones del capital internacional y los intereses de sus aliados criollos.

 

¡No pasarán!, hay que decir desde ahora.

Publicado enEdición Nº242
Salvador Nasrall desconoció los resultados de los comicios generales en Honduras.

 

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, desconoció este miércoles los resultados de los comicios generales en Honduras y tildó además de tramposo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según Nasralla, los datos que sorpresivamente ahora dan la ventaja al mandatario y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, han sido tergiversados y manipulados.

El candidato opositor, que en un inicio llevaba una ventaja de cinco puntos, denunció que horas después de firmar un pacto con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se comprometía a aceptar los resultados, los mismos fueron alterados durante varios cortes en el sistema de cómputo del TSE.

“No reconocemos los resultados porque hoy se cayó el servidor y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas”, dijo Nasralla.

Asimismo, subrayó que el citado pacto, también firmado por Orlando Hernández, carece de validez. “No voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas”, apostilló.

Igualmente aseguró que defenderá su triunfo en las calles de ser necesario.

Las declaraciones de Nasralla tienen lugar luego que el TSE diera al presidente y aspirante a la reelección una ventaja de 0,10 puntos tras escrutarse el 82,89 por ciento de las mesas de votación.

De esa manera Orlando Hernández obtenía el 42,21 por ciento de las papeletas, mientras Nasralla alcanzaba 42,11 por ciento.

 

(Con información de Prensa Latina)

 

 

Publicado enInternacional

Colombia parece estar condenada a la repetición de los ciclos y a la monótona reedición de “más de lo mismo” en infinidad de aspectos de la vida nacional, política, sobre todo la electoral, que no escapa a esa repetición infinita donde las circunstancias son casi idénticas y los protagonistas parecen los mismos.

 

Empezando apenas el calendario electoral que da la señal de partida para la contienda presidencial de 2018, aparece el tema de los sobornos de la empresa Odebrecht y sus ilegales contribuciones a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos (2010 y 2014) y la de Oscar Iván Zuluaga en el 2014. Una vez más los implicados en esos escándalos, fieles a la tradición de sus antecesores en situaciones semejantes, niegan los hechos del tamaño de un elefante y se rasgan las vestiduras para probar su inocencia. Y en el mejor de los casos, cuando sea imposible ocultar la realidad, repetirán la frase acuñada por Ernesto Samper, cuando en 1994 su campaña presidencial recibió dineros del Cartel de Cali: “fue a mis espaldas”.

 

Ya veremos “más de lo mismo”, en un año o dos, cuando se destape la corrupción, los sobornos y las coimas que seguramente rodearán las campañas electorales que alistan baterías para las contiendas del 2018: la del Congreso y la presidencial. No es fatalismo ni pesimismo, es simplemente realismo ante la evidencia de que la política electoral agenciada por los partidos tradicionales ha sido y es, en lo fundamental, una vieja y consolidada empresa criminal contra el pueblo.

 

No obstante, lo predecible de la política colombiana no dejan de sorprender ciertos “logros” como el conseguido, hasta ahora, por el uribismo al ostentar el record de liderar de manera consecutiva cuatro campañas presidenciales sucias y sangrientas: las dos de Uribe en 2002 y 2006, la de su protegido, Juan Manuel Santos en el 2010 y la de su deplorable marioneta, Oscar Iván Zuluaga, en el 2014.

 

Lo realmente novedoso de la contienda electoral que se inicia es que en ella está de por medio la suerte del proceso de paz con las Farc, herido profundamente en su legitimidad luego de la derrota del SÍ en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Herida que pese al Acuerdo-reformado-firmado pocas semanas después (24 de noviembre) y al respaldo dado por el Congreso, no ha cerrado del todo.

 

Las Farc se han confinado en las zonas de desarme y desmovilización sin poder ocultar su preocupación y desconcierto por el incumplimiento de puntos de lo pactado para la fase inicial de la desmovilización y ante el peligro de incumplimientos mayores en el futuro. En el tortuoso proceso de implementación de los acuerdos en el Congreso se han hecho modificaciones de última hora que los farianos han tenido que tragarse. En lo que resta del actual gobierno la suerte del proceso de paz no será la mejor, pero más allá del 7 de agosto del 2018, podrá ser peor si gana Vargas Lleras o si gana una candidatura abiertamente uribista, sector político, que como es sabido, tiene sentenciado a muerte el proceso paz.

 

Por desgracia, en cambio, no son novedosos los asesinatos generalizados a todo lo largo y ancho del país de activistas sociales y luchadores populares (van más de 157) en el último año. Es como vivir lo sucedido en los años del exterminio de la UP, de los movimientos cívicos y de otras organizaciones políticas alternativas. Ahora, una vez más la campaña presidencial ya está manchada de sangre.

 

Ante las denuncias nacionales e internacionales de la evidente falta de garantías para la oposición de izquierda, el gobierno nacional responde con evasivas y niega, contra toda evidencia, el carácter sistémico de esta persecución, tal como lo hicieron otros gobiernos en los años ochenta y noventa del siglo pasado.

 

Una vez más ante la imposibilidad, por ahora y quién sabe por cuánto tiempo, de una alternativa popular, que ponga en peligro la hegemonía política y electoral de las elites dominantes, la posibilidad real de ganar la disputa presidencial parece reducirse nuevamente a las fracciones en que están divididas dichas elites: el uribismo y el santismo, restando sólo saber si la candidatura de Germán Vargas Lleras finalmente se inclinará más hacia Uribe o más hacia Santos.

 

Una vez más la coyuntura electoral encuentra a la izquierda perdida en el laberinto de sus propias limitaciones y aquejada de las viejas prácticas políticas que le restan posibilidades para concitar el apoyo del campo popular y menos aún de ganar el apoyo de millones de connacionales que sin ser de izquierda, padecen, sin saber las causas, las consecuencias del injusto orden social y el espantoso modelo económico neoliberal.

 

Realidad y reto

 

Mientras perviva la vieja política personalista, grupista e incluso sectaria, no exenta también de corrupción y el caudillismo –de los que se creen grandes barones electorales– la izquierda, a lo sumo, sólo fraguará transitorias y fugaces convergencias electorales, pero será incapaz de transformar sus prácticas, renovar su lenguaje y su estilo político a la hora de tener que llegarle y entusiasmar a las grandes mayorías. Será incapaz de constituirse en una alternativa de gobierno, esto es, en tener la fuerza para ganar una elección nacional al mismo tiempo que poseer la habilidad para articular lo electoral con la lucha de los movimientos sociales en los campos y ciudades del país.

 

Más allá de la ideología. Ser alternativa de gobierno depende, no tanto de la rigurosidad y claridad programática, sino de la capacidad para saber sintonizarse con las angustias y anhelos de la ciudadanía.

 

Tras esta sintonía necesaria, renovando y transformado la manera de hacer política, la izquierda podrá constituirse en una alternativa ética de gobierno que atraiga a las gentes hastiadas del robo, saqueo e ineptitud de los partidos tradicionales y de los gobiernos de turno.

 

Para ello son necesarias rupturas con los tiempos y las formas habituales de la política. Por ejemplo, propiciar que la mayoría social construya junto con los partidos y movimientos alternativos, los planes de gobierno, eligiendo al mismo tiempo a quienes desee sean sus candidatos y candidatas, tanto para presidencia como para el poder legislativo. Introducir el principio que, en el debate, selección y la definición de compromisos, nadie mande sin obedecer. Construir colectivamente una propuesta tal que, más allá del hecho electoral, sirva como plataforma y vía para salir a luchar cada día por un orden económico, social y político diferente, en una perspectiva de doble poder, emplazando al establecimiento a cumplir con el mandato social y popular. Así, el hecho electoral será un simple momento, una escala dentro de un largo recorrido que tiene claramente definido su norte.

 

Y así debe procederse, pues debemos comprender que ser alternativa de poder es algo muy distinto y mucho más exigente que ser una alternativa de gobierno. Seremos alternativa de poder cuando el bloque histórico popular esté en condiciones de quebrar la hegemonía política y cultural que las clases dominantes ejercen sobre el pueblo colombiano, lo cual pasa por derrotar el orden social imperante.

 

La hegemonía popular en lo político, lo ético, lo estético, lo técnico, lo ecológico, lo científico y lo cultural, será una nueva forma y contenido de organizar y dirigir la vida material y espiritual al servicio de la emancipación y el despliegue de las potencialidades humanas, es decir, de la vida buena y del buen vivir. Por lo tanto, no es ni será una cuestión que se ponga en juego en una simple jornada electoral, como creen el electoralismo y las estrechas concepciones liberales.

 

Empezar a hacer esta ruptura no es fácil, pues nada lleva a pensar que una izquierda que rehúsa desde hace bastante tiempo a transformarse y buscar una nueva forma de hacer política, lo vaya a hacer pronto, lo vaya a hacer de cara a las próximas elecciones del 2018 y que en lo mediato, llegue a ser una alternativa de gobierno.

 

No obstante, precisamente por ello, Desde Abajo, en unión con otras organizaciones políticas y movimientos sociales, persisten en orientar sus esfuerzos tras esa necesaria transformación, porque otra política y otra democracia pueden y deben ser posibles. Como esto nos tomará un tiempo en lograrlo hay que empezar cuanto antes. Entonces, ahí sí ...hablaremos del poder, del verdadero poder.

Publicado enEdición Nº234
Ecuador y el decaído encanto del progresismo

 

El debate sobre los gobiernos progresistas en América Latina, sus logros y sus errores, sus posibilidades y sus límites, su crisis y el ascenso de los contrarios, continúa. Atizan el debate las cifras arrojadas por los comicios presidenciales celebrados el pasado 19 de febrero en Ecuador, donde Lenín Moreno, candidato del oficialista Alianza País, ganó pero no venció.

Continuidad en veremos. El candidato del gobiernoContinuidad en veremos. El candidato del gobierno tenía como objetivo central evitar a toda costa una segunda vuelta y con ello la pragmática "todos contra uno" de la atomizada oposición, para lo cual, y según las normas, debía lograr el 40 por ciento de los votos, con 10 puntos de diferencia de quien le siguiera en sufragios. Un ideal.

Sin embargo, el esfuerzo no rompió el descontento ni la apatía ciudadana. En un país donde el voto es obligatorio, el 18,9 por ciento no concurrió a las urnas, el 2,73 lo depositó en blanco, y el 7,03 lo anuló; en total, un significativo 27,95 por ciento (1). Las cifras también confirmaron, luego de un dilatado conteo de las papeletas electorales que suscitó todo tipo de comentarios, que Lenín Moreno obtuvo el 39,35 de los votos y 28,10 por ciento Guillermo Lasso, su contrario inmediato. En estas condiciones, el próximo 2 de abril tendrá lugar la segunda vuelta.

El resultado anotado es paradójico. Para algunos puede valorarse de manera positiva, pues conservar casi un 40 por ciento de favorabilidad por parte del correísmo, luego de 10 años ininterrumpidos de conducir el país, es algo encomiable; pero para otros refleja lo contrario, resaltando el desgaste en que entró un proyecto joven, anunciado apenas en 2006 como una nueva época para Ecuador, antineoliberal, antiprivatizador, adjunto y respetuoso de los movimientos sociales y de la naturaleza, entre otras de sus cualidades.

Inocultable. El desgaste hoy es palpable en cualquier ciudad ecuatoriana, donde la inconformidad de sus pobladores con el gobierno que encabeza Rafael Correa ya no es ocasional, de una que otra persona, sino una voz fuerte que crítica sus medias tintas, sus cambios de posición, el creciente endeudamiento con los chinos, sus rasgos autoritarios, el tratamiento violento dado a los pueblos indígenas, opuestos a su política extractivista en sus territorios, las dificultades crecientes para sobrellevar la vida diaria, entre otras quejas comunes que con facilidad se escuchan en los buses y los cafetines, y en cualquier conversación que reúna a más de dos personas.

 

Más freno que acelerador

 

Desde 1998, cuando Hugo Chávez entró al Palacio de Miraflores en Caracas, ganó espacio el deseo y la esperanza de cambio no sólo en Venezuela sino igualmente en otros países de Nuestra América, llamando incluso a construir el socialismo con signo de siglo XXI, es decir, autocrítico, superador de los límites ya conocidos en su gestión en otras latitudes. La crisis económica de finales del siglo XX y el desgaste neoliberal, entre otros factores, permitieron este avance.

En uno y otro país, el giro a la izquierda llegó. La clase dominante, desde dos siglos atrás, parecía arrinconada. Variadas reformas ganaron espacio y el Estado retomó su rol protagónico, con la reestatización de numerosas empresas como prueba de ello; la organización social recibió apoyo –siempre y cuando no cuestionara las líneas oficiales–, de tal manera que lo máximo logrado fue la institucionalización de diversidad de movimientos sociales, congelando o apagando la vitalidad de su voz crítica.

Ilusión sin ruptura real. La centralidad estatal y la importancia dada a lo institucional fortalecieron el presidencialismo, incluyendo el papel del dirigente único, dejando a un lado un cambio imprescindible y que poco o nunca se vio: transformar las relaciones sociales. Sin cambios de este tenor, pero también sin afectación de la matriz productiva (economía primario-exportadora), así como de la cultura heredada –imposible de romper en pocos lustros–, lo imperante durante todos estos años fue una dicotomía entre discurso y realidad, una especie de trastorno disociativo cuyas consecuencias sufrieron –sufren– las sociedades de cada uno de los países autodenominados progresistas.

El gobierno ecuatoriano no escapó a esta constante, como heredero de las luchas sociales de su país, en especial del liderazgo y la movilización de los pueblos indígenas, de quienes asumió sus demandas como propias al estructurar su programa en 2006 (2): protección de territorios, contralando la producción petrolera en algunos de ellos e impidiendo la misma en otros (Parque Nacional Yasuní-ITT), no firmar tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos, avanzar hacia la soberanía alimentaria, impedir las privatizaciones, apoyar y fortalecer la economía popular, renegociar la deuda externa, redistribuir la tierra, no aceptar injerencia alguna de los organismos multilaterales de crédito, entre otros asuntos. En sus primeros años de gestión, los bríos del nuevo gobierno eran palpables, y caminar de gancho con los movimientos sociales lo fortalecía.

Llegaron inversiones estatales por doquier. El país, sin gran industria pública, se dotó de vías y autopistas, y las tractomulas las coparon. Las mercaderías extranjeras hicieron su agosto, y así fue visible el propósito que persigue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa) en todo el subcontinente y el papel que en su concreción juega este país. El trabajo mejoró y la pobreza cayó, resultados pasajeros que en momentos de crisis económica como los actuales quedan cuestionados, toda vez que no están soportados sobre líneas estratégicas, como la redistribución de la propiedad y/o el cambio de la matriz productiva.

Luna de miel. La aceptación gubernamental de lo social-popular duró poco. La promesa de no tocar el Yasuní-ITT fue arriada por el Presidente ante las multinacionales en agosto de 2013, así como la de no ampliar la frontera petrolera en la Amazonia, para lo cual incluso arremetió de manera violenta contra sus otrora aliados. En el camino quedaron varios muertos y encarcelados (3). A renglón seguido, vino la expedición de leyes que persiguen y satanizan el aborto, y otras que coartan y criminalizan la protesta social (4), así como medidas que estimulan el paralelismo organizativo, apostándole con ello a la división y el debilitamiento de los movimientos sociales que critican las líneas oficiales del gobierno. El buen vivir fue quedando como simple consigna.

A la par de estas inconsecuencias, en un país donde la economía agraria, de base o popular, cuenta con un amplio tejido a lo largo y ancho de su territorio, que toma el maíz –gramínea– y el chocho o fruto de altramuz –leguminosa– como dos de los soportes fundamentales de la dieta diaria, el gobierno abre espacio para el monocultivo y los agrocombustibles, violando incluso el mandato constitucional sobre el particular. En el momento se tramita la conocida en este país como "ley Monsanto", que, de ser aprobada, permitiría el ingreso y la siembra de las semillas certificadas (5).

Las privatizaciones también vieron su amanecer. Varios campos petroleros fueron entregados (Auca a Schlumberger, Sacha a Halliburton), así como varias concesiones –incluso sin licitación–: el puerto de Posorja y Puerto Bolívar. Con la promoción de las llamadas alianzas público-privadas fueron privatizadas hidroeléctricas, gasolineras, programas de alimentación escolar, así como una parte del sistema de salud vía convenios con clínicas y hospitales privados, así como enajenado el Banco del Pacífico (6).

En esa lógica de gobernar de espalda a las fuerzas sociales que lo soportaban, conciliando con el capital, no faltaron los bajos reajustes salariales y el incremento del IVA, así como las reformas para viabilizar la flexibilización laboral.

La esperanza en el cambio decae y el descontento crece. Si alguien pierde, alguien tiene que ganar. En efecto, los grandes grupos empresariales y la banca son los beneficiados. Durante el gobierno progresista no dejaron de crecer. Sin cambiar la estructura económica, ¿cómo darle paso a otro modelo social? (7).

 
De cara a la segunda vuelta

 

Con este panorama al frente, no es extraño que de un total de 12.816.698 de personas en edad de elegir, 3.345.306 opten por abstenerse, anular el voto o depositarlo en blanco, voto protesta que no ve otras opciones por parte alguna. Como no es extraño que un importante segmento de los movimientos sociales se incline por vías contrarias a la oficial, aliándose con otros sectores a los cuales considera más consecuentes. Es el caso de una parte del movimiento indígena, aliado con el exgeneral Paco Moncayo, candidato del movimiento Acuerdo Nacional, al cual también se sumaron Izquierda Democrática y Unidad Popular.

Otro conjunto de expresiones sociales, alternativas pero marginales, optaron por presentarse de manera autónoma. La dispersión fue la nota predominante, y los resultados logrados reflejan el fruto final de un gobierno que en sus primeros años fue producto de los movimientos sociales y que terminó por debilitarlos casi hasta su extinción. Se reflejan así, claramente, una alianza fuerte y una aceptación social en los comicios de 2006, cuando es ungido Presidente con el 58,67 de los votos, en 2009 cuando es reelegido con el 52 por ciento y en 2013 con el 57,17 por ciento, alcanzando una apreciable presencia en la Asamblea Nacional donde, de un total de 136 asambleístas, logró 80 en 2009 y 100 en 2013, para caer a 70 en 2017 (8).

Tras esta contradictoria gestión, ahora resaltan los caminos opuestos. Hay un amplio segmento social que ya no confía en el discurso progresista de Rafael Correa ni ve esperanza alguna en lo que pueda realizar Lenín Moreno, quien aparece como su continuidad.

En estas circunstancias, no es claro cómo pudiera hacerle honor a su nombre Alianza País, para darle cuerpo a una amplia coalición electoral, ni cómo dirigirse a esta masa de inconformes para convencerlos de que ahora las cosas marcharán de acuerdo a los deseos populares. Este será el cuello de botella por romper a la hora de pretender la superación del 39,35 por ciento logrado en la primera vuelta. Un inicial aviso sobre la dificultad que enfrentan vino de Paco Moncayo, que ya informó de la decisión de la coalición que encabeza de no apoyar al partido oficial. Siendo los indígenas uno de los integrantes de la misma, no podía ser distinto. Se trata claramente de una decisión y el evidente distanciamiento con el actual gobierno, expresados por el consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en su reunión del pasado 23 de febrero, donde manifestó: "No al continuismo de la dictadura ni a la consolidación del capitalismo" (9).

Le queda a Moreno el expediente de concentrarse en el carácter de clase de su oponente y su historia reciente (10), tratando de movilizar las fibras más profundas de quienes padecieron los efectos económicos y sociales de las políticas lideradas por este personaje y sus aliados, estimulando el voto útil, a la vez que el grosero recurso del clientelismo, así como el abuso abierto del poder.

De manera contradictoria, para quienes aparecen ahora como el cambio pero no son más que la continuidad de lo predominante durante 200 años de vida republicana, la tarea es más sencilla: por un lado, unirse entre ellos (Guillermo Lasso, Cyntia Viteri, Abdalá Bucaram), con lo cual ya totalizarían 49,23 por ciento de la intensión de voto, y, por otro, enfatizar en que el país no será como Venezuela, estribillo usado con amplio eco durante su inicial campaña electoral. Cuentan a su favor que sus fuerzas dirigen las tres principales alcaldías del país: Quito, Guayaquil y Cuenca.

¿Triunfo? ¿Derrota? Aunque las cartas parecen estar marcadas, nadie puede todavía darse por vencedor. Si bien el progresismo, como real opción, para las mayorías de la región está agotado, Lenín Moreno tiene su oportunidad, y entre bastidores Rafael Correa tendrá que batirse hasta el final.

En todo caso, para los movimientos sociales en pugna contra el actual gobierno, cualquiera que sea el resultado electoral del próximo 2 de abril, continuidad o relevo, el reto que tienen al frente es el mismo: reconstituirse, superar su atomización y construir una propuesta real para el cambio, que rompa la apatía política y la desconfianza social sembrada por Alianza País a lo largo de sus 10 años de gobierno.

 

 

1. Cne.gob.ec.

2. Rafael Correa asumió por primera vez como presidente el 15 de enero de 2007; su segundo mandato arrancó el 10 de agosto de 2009, fruto de una reforma constitucional redactada por la Asamblea Nacional que determinó adelantar los comicios de todas las dignidades del país; el tercero tuvo como fecha de inicio el 24 de mayo de 2013.

3. http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:ecuador-correa-se-mancha-de-sangre-muertos-y-heridos-por-represion&catid=7:notas&Itemid=7.

4. http://www.elpais.com.co/mundo/vias-bloqueadas-y-marchas-marcan-jornada-de-protestas-contra-correa.html.
5. http://milhojas.is/612406-la-ley-de-semillas-de-ap-es-la-ley-monsanto.html.

6. Acosta, Alberto, "El largo camino de Rafael Correa hacia el neoliberalismo", https://www.desdeabajo.info/mundo/30838-el-largo-caminar-de-correa-hacia-el-neoliberalismo.html.

7. "En el 2007, cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, 50 grupos económicos obtuvieron ingresos de casi 15.000 millones de dólares. Representaron el 33% del Producto Interno Bruto (PIB), que en ese año llegó a 44.000 millones". [...] "Cuatro años después [...], el Servicio de Rentas Internas había certificado la existencia de 75 grupos. Estos habían obtenido ingresos por algo más de 25.000 millones de dólares. Y su impacto económico representaba el 43,8% del PIB, que en ese año fue de 58.000 millones de dólares. Un crecimiento de 10 puntos". Delgado Jara, Diego C., "Mayor ganancia de la historia de la banca y grupos fácticos con Rafael Correa", febrero 25, 2013, http://2014.kaosenlared.net/kaos-tv/48307-mayor-ganancia-de-la-historia-de-la-banca-y-grupos-f%C3%A1cticos-con-rafael-correa.

8. En el momento de escribir esta nota, la cifra aún no estaba confirmada por el Consejo Nacional Electoral y bien pudiera ascender, incluso, hasta 75.
9. http://conaie.org/2017/02/23/resoluciones-del-consejo-ampliado-la-conaie/.

10. Accionista mayoritario del Banco de Guayaquil; uno de los mayores beneficiados con la crisis financiera y económica que azotó a Ecuador en 1999, especulando con el dinero que por obligación y durante un año no podían retirar los depositantes, y recibiendo a su cambio Certificados de Depósito Reprogramados, negociables. Aprovechando el afán de muchos ahorradores, tales Certificados se negociaban hasta el 50 por ciento de su valor real. El ahora candidato multiplicó su fortuna con la necesidades de miles de sus conciudadanos. También se destaca por su pertenencia al Opus Dei. http://restauracionconservadora.com/responsabilidad-lasso-feriado-bancario/.

 

 

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