Minería, patrón de crecimiento y finanzas públicas en Colombia

Antecedentes

 

En el mundo la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha llevado a una crisis económica y social que no se sufría desde la Gran Depresión de 1929, y Colombia no ha sido ni va a ser la excepción.

Luego de ser implementadas por el Gobierno nacional varias de las políticas impulsadas por el Banco Mundial, como reducción de la tarifa impositiva media a las empresas, aumento de las exenciones fiscales empresariales, ampliación de la base gravable para las personas naturales con ingresos menores a los del límite inferior obligatorio para declarar impuesto a la renta, eliminación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, entre otras, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento económico para los años 2020 y 2021 de 3.6% y de 3.8%, respectivamente. Sin embargo, “con la pandemia de COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo privado y la inversión”, a tal punto que, según el mismo Banco, en Colombia habría una contracción del 2.0 % en 2020, para luego lograr una recuperación en el 2021 de un 3.4% en 2021.

La proyección prevista inicialmente por el Gobierno nacional era del 4.0% y 4.2% para 2020 y 2021 (MFMP 2019), pero con la irrupción de la pandemia y la necesidad de implantar el confinamiento, ahora espera una contracción entre el 1.5% y 2.0% para el año 2020, llegando a señalar que “este será el peor año en la historia económica del país”.

En este contexto, el Gobierno nacional y grupos de presión empresariales y gremiales han expresado en los últimos días la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para promover ciertas acciones de política públicas con el propósito de promover proyectos en determinados sectores y actividades, en particular el sector minero-energético con la 2 propuesta gubernamental (Mininterior) de adelantar las consultas previas en calidad de derecho fundamental de los pueblos indígenas vía plataformas digitales (online) para realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios ancestrales –muchas de ellas sin tener acceso a servicios de internet– o con el planteamiento empresarial de imponer la modalidad de licencias ambientales express para aligerar la aprobación de proyectos y obras.

Ello con el propósito de lograr una pronta decisión gubernamental para sacar adelante sus planes y proyectos de inversión a la mayor brevedad posible, aún y a costa de la institucionalidad jurídica vigente y de la plena observancia de derechos, políticos sociales y ambientales. Dicho procedimiento podría conducir aparte de una determinada ruptura institucional democrática, a un agravamiento de tensiones sociales y de carácter étnico y campesino que se han ido acumulando en ciertos territorios alrededor de la cuestión social y ambiental, ahora acentuadas de por sí por los rigores de los impactos sociales y sanitarios de la pandemia.

Una argumentación al menos implícita de estas posturas sobre política pública se basan en la convicción de que proyectos como los relacionados con el sector minero-energético han de traer indiscutibles beneficios tanto a las regiones en las que se habrían de desarrollar los mismos como a la economía nacional en su conjunto, para no decir al país en general, al contribuir a generar empleo, ingresos fiscales a nivel local y nacional –con el pago de regalías e impuestos–, divisas internacionales –con la inversión extranjera y la exportación de minerales–, ingresos y consecuentemente crecimiento económico. Es decir, se trataría de un círculo virtuoso inversión-crecimiento-riqueza.

Por supuesto, este círculo virtuoso no se compadecería con la conocida sentencia sobre “la maldición de los recursos naturales” –utilizada incluso por algunas organizaciones internacionales– para representar aquellas situaciones especiales en las que el desarrollo de actividades minero-energéticas no solamente no genera desarrollo económico local, ni mejora de manera apreciable la calidad de vida y el acceso a servicios públicos integrales – con la reducción de pobreza, la desigualdad y la exclusión social– de las poblaciones en los territorios intervenidos, sino que además tiende a generar una “aperezamiento fiscal” y, entre otros, un decisivo desplazamiento de actividades sectoriales más trabajo intensivas/menos capital intensivas como algunos sectores manufactureros o desarrollados acorde con la aptitud del suelo como el caso de ciertas actividades agropecuarias, por ejemplo.

Y sin que necesariamente la actividad minero-energética se logre constituir en una verdadera fuente dinámica de crecimiento económico, de generación de empleo, de encadenamientos productivos a nivel doméstico, de redistribución de ingreso y de fortalecimiento significativo y perdurable de las finanzas públicas a nivel macro, y por el contrario, sí pueda reproducir fenómenos nocivos como una excesiva y no estructural/temporal revaluación de la moneda nacional y una alteración sustancial en precios relativos de bienes y servicios básicos con sus impactos perversos en la asignación de recursos productivos en la economía en una perspectiva duradera.

Más aún, una situación de ese tipo podría resultar aún más grave en la medida en que se llegaran a generar perversos y perdurables impactos socio-ecológicos en fuentes de agua, acuíferos, ecosistemas de especial interés, contaminación y ambiente, que por supuesto han de tomarse con la más prioritaria atención y valoración.

Infortunadamente el modelo neoextractivista que se ha venido desarrollando en Colombia, entre otros países, no ha logrado demostrar la estricta validez de dicha argumentación política y programática tan esgrimida en ciertos círculos. Y ello todavía más en la medida en que se tomen en debida consideración y valoren los impactos ambientales y socioecológicos generados por muchos de ese tipo de proyectos minero-energéticos en una perspectiva duradera.

El cuestionamiento anterior se torna aún más grave y decisivo de cara a la nueva etapa de neoextractivismo que se abriría en el país con macroproyectos mineros y de fracking líderes con tecnologías más complejas e intensivas en capital no suficientemente probadas en ecosistemas de relativa fragilidad –como zonas de cordilleras y hasta de páramos–, con consecuencias ecosistémicas novedosas todavía no dilucidadas técnicamente en el territorio –en acuíferos, biodiversidad, contaminación por la masiva acumulación de desechos y escombros, entre otros– y con afectaciones serias sobre el modelo de desarrollo económico y social en el territorio. Con el agravante de que en variadas regiones se podría abrir paso al aprovechamiento mediante varios proyectos en usufructo de múltiples títulos mineros ya otorgados, que podrían tener impactos de carácter sistémico y perdurable/irreversible sobre la configuración socio-económica y ecológica de los territorios afectados (1).

Ante tal panorama, este quinto documento pretende: (i) presentar unas breves reflexiones conceptuales sobre la tipología de los impactos económicos de proyectos mineros de una nueva etapa de neo-extractivistivismo de tipo enclave, especializados en la exportación de minerales no procesados domésticamente y con tecnologías complejas no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, entre otros rasgos característicos, y (ii) analizar únicamente los impactos en el tipo de modelo de desarrollo, la generación de empleo y los impactos fiscales a nivel local y nacional, sin adentrarse en problemáticas adicionales de particular relevancia local como los severos impactos en la salud de los habitantes, la agudización de inseguridad, la presión inflacionista de precios de bienes y servicios básicos, etc.

1. Acerca de la caracterización de impactos socio-económicos de proyectos mineroenergéticos en la nueva etapa del neo-extractivismo

La actividad minera en Colombia pareciera entrar a una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento – manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.


Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta nueva etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrán de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Aunque en este último campo sería claramente postitivo en términos de ingreso neto divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global.

El impacto fiscal neto sería el valor presente de las cuantías (en $ corrientes, por ejemplo) de los impuestos y regalías pagados por la empresa inversora a lo largo de la duración del proyecto, en tanto que el impacto cambiario neto sería el valor presente de los flujos de ingreso y egreso de divisas por concepto de inversión, exportación, remisión de utilidades, dividendos al exterior y reinversión en el país.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad, al menos como inicialmente se esperaba.

Sobra reiterar que hasta ahora no se han mencionado sino los impactos estrictamente económicos, lo que no es óbice para recalcar la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Hecha esta salvedad fundamental, es de resaltar que algunos de los macro-proyectos que han estado avanzando en etapas de exploración, algunos ya en trámite de licencia ambiental y otros en preparación, corresponden a unos típicos de enclave exportador, de firmas transnacionales, de gran escala a nivel internacional, altamente capital intensivos –de baja generación relativa de empleo–, con tecnologías complejas insuficientemente probadas en ecosistemas frágiles, con diversidad de impactos ecológicos duraderos –sobre fuentes de agua, acuíferos subterráneos, biodiversidad, entre otros– y con volúmenes de desechos y residuos sin precedentes en el país para la clase de ecosistemas a ser intervenidos masivamente.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de las fuentes de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 (2) y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, es claro que no tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

Retornando entonces a los otros impactos importantes, en específico en el campo fiscal y de balanza de pagos, que son recurridos interesadamente sin debido análisis conceptual ni empírico por parte de empresarios y gremios involucrados y no pocos funcionarios públicos responsables, aquí se ilustra la experiencia acontecida la anterior etapa neoextractivista observada en el país desde los 90s hasta finales de la década anterior 2010s, con respecto a los impactos en la composición y dinámica sectorial del PIB, la fiscalidad a nivel nacional y local, y la situación social de las poblaciones de los territorios intervenidos.

2. Modelo de crecimiento: Desplazamiento de actividades productivas generadoras de empleo y redistribuidoras del ingreso

Desde 1990, año de la apertura económica, la estructura de la economía colombiana comenzó a cambiar en varios aspectos, entre ellos: el decaimiento de la actividad agropecuaria e industrial –al punto de que se fueron agudizando procesos de desagriculturización y desindustrialización (Garay et al., 1998) (3), la ampliación del sistema financiero, así como el avance de la actividad minera y de ciertas ocupaciones intensivas en mano de obra desarrolladas mediante actividades informales con elevada precariedad laboral como construcción no empresarizada, comercio al por menor y por cuenta propia, y turismo informalizado, entre otras.

Dicha precariedad laboral implica que los trabajadores carezcan de varios de los componentes de lo que la OIT ha llamado un “ingreso social” digno, en tanto que no perciben los beneficios de la seguridad laboral al primar la informalidad, la contratación laboral precaria: al día día, al destajo, con ingresos inferiores a los de mínimo vital, violando toda la normatividad internacional vigente. El caso de sistemas de contratación de médicos, enfermeras, odontólogos y demás personal de la salud en el país es un hecho que hoy ha salido a la luz pública a raíz de la pandemia.

En efecto, bajo el modelo de apertura económica se han venido observando cambios determinantes en la estuctura económica nacional en la medida en que el sector agropecuario ha pasado de representar del 17% del Valor Agregado Nacional (VA) en 1990 al 7% en 2019, la minería del 5% del VA en 1990 al 13% en 2012 y al 7% en 2019, la industria manufacturera del 19% del VA en los 90s a tan sólo el 13% en 2019. No sobra señalar que el sector agropecuario como la industria manufacturera son actividades que contribuyen a redistribuir el ingreso.

Entre tanto, la participación de la remuneración a los trabajadores en el Producto Interno Bruto ha disminuido sustancialmente en dicho periodo. Es así como a finales de los noventa alcanzó un nivel cercano al 37%, para luego caer de manera sostenida durante toda la primera década del 2000 al 31% en 2010 y luego ascender hasta cerca del 34% en 2018 (Gráfico 1). Por supuesto, mientras que la remuneración a los trabajadores desciende, el excedente bruto de explotación aumenta.

 

 

Esta tendencia se ve claramente reflejada en el caso del sector de minería al caer la remuneración laboral de un 16.2% del valor agregado (VA) en 1990 a un 13.3% en 2005 y 16.0% en 2018, por ejemplo, con una intensidad superior a la promedio nacional. En el caso del sector petrolero la remuneración de los trabjadores representaba el 16.4% del VA en 1990 y alcanzó un valor de 14.7% en 2018. En este sentido, tendría un relativamente menor impacto directo en la redistribución del ingreso, aunque sí potencialmente indirecto correlativo con la generación de valor agregado doméstico y con el pago de regalías e impuestos a nivel nacional y local.

Los cambios de las remuneraciones han estado asociados a variaciones en la composición del empleo. De acuerdo con el DANE, de los 15 millones 800 mil trabajadores ocupados en 2001, el 0.49% se encontraba laborando en el sector agropecuario, el 13.04% en la industria manufacturera, el 25.88% en el Comercio, el 4.03% en la construcción y el 1.03% en la minería. En 2019, esta misma composición fue: 0.53%, 12.35%, 27.45%, 27.45%, 7.11% y 0.67%, respectivamente.

Guardadas proporciones, estos cambios de composición a nivel nacional también se tienden a observar en el nivel territorial, con la característica de que el desplazamiento de las actividades agropecuarias e industriales se ha dado hacia sectores como el comercio, la 10 hotelería y la construcción, contribuyendo a profundizar tanto la informalidad como la pobreza.

 

 

En efecto, resulta de gran utilidad resaltar que entre la población clasificada como pobre según el índice de IPM, la informalidad en el trabajo supera el 50% y llega incluso hasta el 90%, como se muestra en el Gráfico 2. Y con la peculiaridad de que la mayoría de los departamentos con municipios eminentemente minero-energéticos muestran, en el caso de la población pobre, unos niveles de informalidad cercanos al 90% en 2018.

El potencial desplazamiento de actividades económicas productivas como la agropecuaria debido principalmente a la profundización de la actividad minero-energética (hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros) muestra cómo en departamentos como Casanare, Meta, Cesar, Córdoba y La Guajira, en los que en 1990 el sector agropecuario representaba el 65%, 34%, 46% y 35%, respectivamente, presentaron una reducción porcentual promedio cercana al 34% entre 1990 y 2018, sobresaliendo Casanare con - 54.4%, Cesar con -38.0% y Córdoba con -23.5% (Cuadro 1).

 

 

A esta situación se agrega el hecho que las tasas de crecimiento promedio entre 1990-2018 no difieren sustancialmente entre los departamentos mineros en comparación con la economía local líder de Colombia como la de Bogotá D.C., a excepción del caso del Meta como departamento petrolero que alcanzó una mayor tasa de crecimiento promedio hasta del 6.8% y de La Guajira como departamento carbonífero con una tasa muy inferior de apenas el 2.9%, en comparación con una del 4.8% en el caso de Bogotá. Ello implicaría que, al menos en principio, las actividades de hidrocarburos y, en menor medida y no de manera general, las mineras sí habrían impulsado significativamente el PIB de los departamentos en los que se desarrollaron durante el periodo en referencia.

Pero con el ingrediente de que una vez se ha producido el decaimiento de dichas actividades, ha tendido a decaer correlativamente el crecimiento del PIB en los respectivos departamentos especializados. Es así como cabe destacar que en el caso del departamento de Arauca donde la producción minera representaba el 81% en 1990 pero que en 2018 apenas llegó a ser del 40%, el crecimiento promedio del PIB fue significativamente negativo entre 1990 y 2018 (-1.5% promedio anual), como el único caso excepcional en el país con el departamento de Guaviare (Gráfico 3).

 

 

En términos per cápita se observa cómo la actividad minero-energética debió haber contribuido a que los departamentos especializados se ubicaran entre los departamentos con 13 mayor PIB per cápita en el país en 2018 –en $ constantes de 2015–, en particular los especializados en hidrocarburos: Casanare y Meta, incluso con mayor PIB per cápita que Bogotá D. C., y en menor medida Cesar y Córdoba –con un PIB per cápita cercano al promedio nacional en 2018–, como departamentos eminentemente mineros (Gráfico 4). Se constata nuevamente la muy notable caída del PIB per cápita del departamento de Arauca.

 

 

Paralelamente resalta la fuerte caída del PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015– entre 1990 y 2018 en departamentos como Córdoba, Cesar y Sucre, incluso claramente superior a la promedio nacional. En contraste, los departamentos caracterizados por tener importantes economías campesinas no sufrieron caídas como Boyacá y Santander o las tuvieron mucho menores que el promedio nacional, como Cundinamarca y Nariño (Gráfico 5)

 

 

En consecuencia, es posible apreciar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica 14 impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. Pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de municipios minero-energéticos

Complementariamente, resulta necesario indagar el impacto en pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de los territorios en que se desarrollan las actividades mineroenergéticas. Una primera aproximación se puede adelantar con base en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un indicador del bienestar de la población. El último Censo poblacional de 2018 realizado en Colombia muestra que el IPM de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio superior no sólo al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que además supera comúnmente a los de municipios de muy variadas regiones (Cuadro 2).

 

 

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. En otras palabras, al menos hasta 2018 los municipios mineros hayan podido acercarse suficientemente a los petroleros, y menos aún a la mayoría de regiones no mineras –en especial Bogotá D.C.–, en términos de no haber logrado todavía unos niveles de pobreza multidimensional claramente inferiores a los observados en 2018.

Esta conclusión coincide con los hallazgos analizados por Rudas y Espitia (2014, pp. 71- 72) (4), en el sentido de que “mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. … (Se constata así) una situación generalizada de confluencia de esta actividad minera, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en términos de calidad de servicios en salud y educación y de vivienda) de la mayor parte de la población residente en las zonas de extracción, significativos déficits en la capacidad de las instituciones públicas para brindar atención a los grupos más vulnerables de la población …” (Lo entre paréntesis es propio).

A lo que habría que agregar que los fenómenos de corrupción, captura y cooptación institucional reproducidos en los niveles regionales y locales han conducido al malgasto, desvío y apropiación ilícita de importantes recursos públicos, entre ellos regalías, por lo que se podría haber afectado perversamente tanto la prestación de servicios públicos como otras políticas a favor de la población vulnerable, impidiéndose un mejoramiento de sus condiciones de vida y una reducción de la desigualdad y la pobreza.

4. El impacto del sector de la minería y de hidrocarburos en las finanzas públicas a nivel local y nacional

Uno de los principales impactos potenciales de las actividades minero-energéticas hace relación especialmente a su contribución al reforzamiento de las finanzas públicas en los niveles local y nacional, mediante el pago de los impuestos a la renta y complementarios, de las regalías y otros.

Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

Ello al punto de que, como lo señalan Rudas y Espitia (2013, p. 144), “Colombia comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (5).

4.1 Impuesto a la renta y complementarios a nivel nacional

Detallando el caso del impuesto a la renta y complementarios vale la pena destacar que mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos era de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético –y hasta un 34% a favor del sector financiero– (Garay y Espitia, 2019 y 2020).

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0% (Garay y Espitia, 2020). Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.4% y un 5.0-6.0%, respectivamente.

En otras palabras, el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– habría aportado efectivamente apenas el 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

Este tipo de comportamiento se reprodujo relativamente en las últimas décadas en la medida en que “… por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado (colombiano) percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (Rudas y Espitia, 2013, p. 144).

4.2 Regalías

 

El nuevo Sistema General de Regalías implementado desde el año 2012 ha distribuido recursos a todos los municipios a través de diferentes mecanismos, dispersándose en miles de proyectos a nivel territorial, como se muestra en el Esquema 1.

 

 

El monto de regalías totales distribuido en el año 2012 correspondió a $10.5 billones (1.58% del PIB). Luego en 2013-2014 se presupuestaron $17.7 billones (1.20% del PIB de 2013 y 2014), en 2015-2016 $13.1 billones (0.79% del PIB) y en 2017-2018 $18.2 billones (0.95% del PIB). Es decir, el valor total de las regalías ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

De otra parte, es de mencionar que las regalías directas han representado desde el 31.87% en 2012, al 20.7% en 2013-2014 hasta llegar a menos del 12% en los dos bienios siguientes. Así, entonces, la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50-0.60% del PIB al año en dicho periodo de referencia.

 

4.2.1 A nivel departamental

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP sobre las finanzas públicas de las entidades territoriales, acorde con lo registrado por los departamentos y municipios sobre su ejecución de ingresos y de gastos, se observa que para el periodo 2000-2018:

 

(i) Los departamentos declararon regalías por $74 billones de pesos de 2019. Cerca del 50% de ese monto se concentró en los departamentos de Meta (18%), Casanare (15%), Cesar (7%), La Guajira (8%) y Santander (5%).

 

Y, entre otros, (ii) Los ingresos corrientes departamentales, tributarios y no tributarios (diferentes a regalías), sumaron un total de $155.1 millones de 2019, con una participación de apenas el 12% de los departamentos eminentemente minero-energéticos.

 

En el caso del departamento del Meta, por ejemplo, el valor acumulado de los ingresos tributarios alcanzó un valor cercano a los $531 mil millones en 2018, un 435% más del valor inicial en el año 2000 ($99 mil millones). Entre tanto, las regalías registraron un valor $13.3 billones, con un crecimiento de 5519%, respecto al valor inicial en el año 2000.

Con la peculiaridad de que una situación similar ha acontecido en otros departamentos minero-energéticos, muy diferente a lo sucedido en diversos departamentos y por supuesto a nivel nacional (Gráfico 6).

 

 

Como se muestra a continuación, una situación similar acontece con el caso de municipios eminentemente minero-energéticos con respecto a muchos otros en el país.

Ello es una expresión de lo que en la literatura especializada se ha denominado como la “pereza fiscal”, consistente en que la recepción de regalías tiende a sustituir el compromiso por interponer esfuerzos para la consecución de ingresos fiscales adicionales provenientes de otras fuentes, consecuentes para alcanzar una mayor presión fiscal a nivel local, regional y/o nacional –definida como la proporción de ingresos fiscales en el PIB correspondiente según el nivel de análisis–.

 

4.2.2 Regalías a nivel municipal

 

En el Gráfico 7 se observa que en muchos municipios minero-energéticos el valor las regalías directas ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos tributarios en el periodo 2000-2018, en sentido opuesto al caso de la totalidad de municipios en el país.

Así, por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de 23 que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicho proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

Ahora bien, para analizar estadísticamente la relación entre regalías y pereza fiscal, Garay y Espitia (2019) incluyen el valor de las regalías directas como una de las variables exógenas en un modelo econométrico básico para determinar el grado de influencia tanto en el Valor Agregado per cápita (VapC) –variable proxi del Ingreso per Cápita– como en el Índice de Pobreza multidimensional a nivel municipal en el país, y encuentran que la intensidad de la actividad minero-energética (medida por el valor de regalías directas) en el municipio sí afecta estadísticamente –a un nivel de significancia del 0.01%– de manera directa el VapC municipal pero sin lograr contribuir estadísticamente a la reducción de la Pobreza Multidimensional Rural (Cuadro 3).

 

 

“Ello ratificaría lo analizado en estudios previos sobre el tema como el de Rudas y Espitia (2013) en el que se muestra que, en promedio, los municipios predominantemente mineros tienen menores niveles de calidad de vida que los predominantemente petroleros, y ambos, a su vez, menores que los demás municipios del país (con mayor desarrollo relativo de actividades no extractivas)”. Y con el agravante de que “cuanto mayor sea la importancia relativa de las regalías directas en los ingresos del municipio, ceteris paribus, menor la Tributación per Cápita promedio en el municipio … reproduciéndose así el conocido fenómeno denominado como pereza fiscal … Esto es, que las regalías directas tenderían a desincentivar los esfuerzos locales para aumentar la tributación municipal para el financiamiento de políticas públicas de interés local y territorial” (Garay y Espitia, 2019, p. 249) (Lo entre paréntesis es propio). Un mayor detalle se ilustra en el siguiente Cuadro 4.

 

 

5. A manera de reflexión

 

1. La actividad minera en Colombia pareciera estar avanzando hacia una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento –manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías 25 complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.

Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrá de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad como al menos inicialmente se esperaba.

Y con el agravante de que en presencia de una acendrado rentismo en relaciones societales básicas –consecuente con el usufructo del poder para el favorecimiento de intereses poderosos sin corresponsabilidad social– y de una institucionalidad extractiva –con la trasnferencia de rentas entre sectores y grupos de interés–, en medio de un avanzado estadio 26 de ilegalidad en calidad de práctica social7, como en el caso de un país como Colombia, se malgastan, desvían y apropian ilícitamente importantes y escasos recursos públicos –como los de regalías, por ejemplo– que habrían podido tener una indiscutible rentabilidad social y económica.

2. Ahora bien, bajo el modelo extractivista desarrollado en el país desde los 90s se puede constatar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. De acuerdo con el último Censo poblacional de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio no sólo superior al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que supera comúnmente al de los municipios de muy variadas regiones en el país.

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. 4. Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

En efecto, mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos fue de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético.

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0%. Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.6% y un 5.0-6.0%, respectivamente. Ello conduce a que el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– hubiera aportado efectivamente con cerca de un 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

5. El valor total de las regalías por concepto de la explotación de recursos mineroenergéticos en el país ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

Razón por la cual la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50%-0.60% del PIB al año en 2017-2018.

A lo que habría que agregar como agravante de que tanto a nivel de departamentos como de municipios eminentemente minero-energéticos la recepción de regalías ha dado lugar al fenómeno de “pereza fiscal” en la medida en que, por ejemplo, para el municipio de Puerto 28 Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicha proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

6. Ante la baja generación de empleo y valor agregado, dada la modesta reducción de los índices de pobreza –con mayor razón en cuanto que el IPM de las cabeceras municipales es menor que el de sus correspondientes áreas rurales (Garay y Espitia, 2019)– y de la desigualdad a los niveles municipal y territorial, y en presencia de una modesta contribución a las finanzas públicas por concepto del impuesto a la renta y de regalías, resulta claro que la actividad propiamente minera no se ha erigido como fuente importante de crecimiento económico, de bienestar social y de riqueza en el país en una base perdurable.

Ha de destacarse que por esa razón no puede considerarse como una fuente de apalancamiento de cuantiosos recursos fiscales para el reforzamiento de las finanzas públicas nacionales, opuesto a lo que pareciera ser esgrimido por algunos grupos de presión empresarial y aún gubernamental a propósito de la crisis socio-económica y sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

7. En el campo de la balanza de pagos, es de mencionar que la magnitud de los impactos de actividades mineras en la nueva etapa neo-extractivista ha de depender de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas transnacionales involucradas.

Sería de esperar que el impacto neto sería claramente positivo en términos de ingreso neto de divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción/exportación, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global. Si bien la magnitud del impacto neto –en divisas internacionales– dependerá del proyecto específico, no habría razones suficientes para prever que esta sea elevada como proporción a la suma del valor de la inversión y de las exportaciones, como requisito para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto.

8. Como agravante de lo anterior ha de recalcarse la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de la naturaleza adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, resulta claro que tampoco tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

 

Notas

1 A manera de ilustración, uno de esos territorios podría ser el sur-oeste antioquño una vez se llegara a adelantar el macroproyecto de oro y cobre en Jericó por Anglogold Ashanti.

2 No debe dejar de mencionarse que cerca de dos tercios de las enfermedades y patologías que sufre la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan con el cambio climático.

3 Ver, entre otros, a: Garay, L. J. et al (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996. DNP-Colciencias-Minhacienda-Mincomex-Proexport Colombia. Bogotá, Colombia.

4 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Enero. 

5 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). “Participación del Estado y la sociedad en la renta minera”. En Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Mayo.

6 Esta sub-sección se basa fundamentalmente en: Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 1. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Octubre. Capítulo 2; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 2. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Nota de investigación 8. (en publicación). 

7 El lector interesado puede consultar, entre otros, a: Garay, L. J. (2018). “Una génesis de la ilegalidad: Corrupción, Captura del Estado, Cooptación institucional y Macro-corrupción“. En: Garay, L. J. y Salcedo- Albarán. , E. El gran libro de la corrupción en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, Noviembre.

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La mala salud de hierro de la economía mundial

Los expertos auguran una aceleración del crecimiento en 2020, liderado por Europa y los emergentes, si la tensión comercial disminuye

 

La palabra resiliencia no es nueva, pero se ha puesto de moda en los últimos años. Según la Real Academia Española, este término hace referencia a la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Un significado que bien podría asociarse a la economía mundial. El crecimiento previsto para 2019 es del 3%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis financiera. La desaceleración resulta evidente —en 2017 el avance fue del 3,8% y en 2018 del 3,6%— y hasta cierto punto comprensible: a la fase final de un largo ciclo de expansión se le han sumado lastres geopolíticos de calado. Sin embargo, casi nadie otea una recesión en el horizonte; más bien al contrario, el consenso de los analistas apunta a que en 2020, a medida que el pulso arancelario vaya atemperándose, hay opciones de asistir a una moderada aceleración. La última actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula un avance del PIB global del 3,4% el próximo año.

“Si bien los indicadores industriales muestran una incipiente mejora, el crecimiento seguirá siendo modesto. La madurez del ciclo económico así como el elevado endeudamiento y los déficits fiscales limitan el potencial de recuperación”, señala Joan Bonet, director de estrategia de mercados de Banca March. Esta opinión es compartida por Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable de análisis global de Credit Suisse: “Prevemos un crecimiento económico moderado, una continuación de condiciones de liquidez favorables y un relajamiento de las tensiones geopolíticas. A medida que disminuya la guerra comercial entre EE UU y China debería mejorar la confianza de las empresas”.

Uno de los colchones de seguridad con los que cuenta la economía mundial son los bancos centrales. En 2019, tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) tuvieron que dar marcha atrás en la hoja de ruta que habían diseñado y que tenía como objetivo normalizar los tipos de interés. El panorama se oscurecía por momentos y tuvieron que sacar de nuevo la manguera de la liquidez. Los efectos de estos estímulos deberían extenderse al nuevo año. “Vemos un punto de inflexión en el crecimiento económico global durante la primera mitad de 2020. El impacto de tal relajación en las condiciones financieras llega con retraso a la economía real, pero en esta ocasión ese decalaje es mayor debido a las políticas proteccionistas”, señalan los expertos de BlackRock en su informe de perspectivas.

Tipos de interés

La Fed ha recortado en tres ocasiones los tipos de interés en EE UU durante 2019, dejándolos en la horquilla de entre el 1,5% y el 1,75%, mientras que el BCE mantiene el tipo de referencia en el 0%. El mercado no espera más recortes en el precio del dinero en los dos principales organismos monetarios, pero tampoco se vislumbra ningún movimiento al alza de calado a medio plazo ya que los datos de inflación están aún lejos de ser una amenaza. “Nuestro escenario principal contempla que la Fed haga una pausa en los recortes de tipos en 2020. En el caso del BCE y el Banco de Japón, esperamos que prosigan con la expansión cuantitativa y mantengan sus políticas de tipos de interés cero. En general, si 2018 para los principales bancos centrales fue un año de endurecimiento de las medidas monetarias y 2019 de suavización de las mismas, creemos que 2020 será el año en el que se haga un alto en el camino”, señalan desde la consultora Mercer.

La clave de bóveda sobre la que sostiene la posibilidad de una aceleración del crecimiento mundial en 2020 es la mejora del clima comercial. El año que está a punto de concluir se ha caracterizado por la política del palo y la zanahoria en las relaciones entre Washington y Pekín. El caso Huawei es el mayor exponente de estas tensiones. Sin embargo, en las últimas semanas se han dado algunos pasos para reconducir la situación. Uno de ellos es la firma por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de la primera fase del acuerdo con China. Como consecuencia de este pacto, EE UU no aplicó el 15 de diciembre los aranceles que iban a entrar en vigor (aunque sí mantiene los existentes hasta esa fecha), mientras el gigante asiático hará lo propio.

“Un acuerdo para reducir o eliminar los aranceles existentes y un compromiso de dejar de añadir nuevas tasas podrían reducir sensiblemente la incertidumbre en la economía mundial, liberar la demanda acumulada en inversión por parte de las empresas y permitir que Trump proclame victoria en un año electoral”, reconoce Mark Haefele, responsable de la división de grandes patrimonios de UBS.

Las negociaciones comerciales continuarán en 2020 y algunos analistas aconsejan no echar las campanas al vuelo. Libby Cantrill, responsable de políticas públicas de Pimco, una de las mayores gestoras de renta fija del mundo, califica los avances de “tregua débil”. “No se puede deducir que toda la incertidumbre ha sido eliminada tras el acuerdo de la fase uno, ya que se mantendrán muchos de los aranceles. Además, habría que ser prudente a la hora de visualizar futuros avances, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha costado llegar hasta la firma de la primera fase y que muchos de los asuntos más espinosos, como el subsidio a las empresas estatales, se han pospuesto para las próximas rondas de contactos”, recuerda Cantrill.

Otro de los culebrones de 2019, el Brexit, podría empezar a vislumbrar también una salida en el próximo curso, circunstancia que despejaría las incertidumbres actuales. La contundente victoria de Boris Johnson en las recientes elecciones británicas y la mayoría conservadora en el Parlamento han acelerado la aprobación de la ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), texto que incluye la prohibición de nuevas prórrogas más allá de diciembre de 2020.

Está por ver si en el año que queda hasta ese límite Londres y Bruselas serán capaces de negociar una nueva forma de relación política y comercial. “Es un plazo demasiado abreviado para cerrar un acuerdo multisectorial entre los 28 países, que debería ser aprobado además por los respectivos parlamentos nacionales”, señalan los economistas de S&P. La principal agencia de calificación de riesgos del mundo cree que la mayoría obtenida por Johnson le da más margen para negociar con Bruselas, aunque advierte que no se puede descartar del todo un Brexit sin acuerdo. “Pensamos que el Reino Unido podría pedir una extensión del plazo a la UE. Sin esta prórroga el acceso de las compañías británicas a los consumidores europeos pasaría a regularse según los términos de la OMC el 1 de enero de 2021, lo que supondría el pago de tarifas significativas en sectores clave como automoción, agricultura y comercio minorista. Ese escenario dañaría al Reino Unido más que a la UE ya que su relación comercial es asimétrica”, explican en S&P.

EE UU ha sido el principal motor de la economía mundial tras la salida de la Gran Recesión. Su economía acumula desde 2009 la mayor fase expansiva de la historia con 125 meses de crecimiento ininterrumpido. El gigante estadounidense cuenta con el apoyo de la Fed y un mercado laboral robusto que aviva el consumo interno. Sin embargo, las previsiones de los expertos apuntan a que en el rebote de la economía mundial EE UU debería ceder protagonismo a otras áreas como la UE o los países emergentes. El FMI calcula que en 2020 EE UU crecerá un 2,1% frente al 2,4% estimado para este año.

“El impulso de los recortes fiscales se está desvaneciendo, la incertidumbre relacionada con la política comercial parece estar afectando a la inversión de las empresas, y los indicadores del mercado laboral se están moderando. Sin embargo, la relajación de las políticas monetarias y la solidez de las finanzas de los consumidores deberían evitar que el crecimiento de EE UU caiga demasiado”, pronostica Joseph Little, responsable de inversión de HSBC Asset Managemet

Enigma electoral

En la ecuación que manejan analistas y gestores para vislumbrar cómo será la economía mundial el próximo año, una variable impredecible son los comicios en EE UU. El 3 de noviembre de 2020, el electorado de este país decidirá quién ocupará la Casa Blanca hasta 2024, así como la conformación del Congreso. “Con las elecciones presidenciales cerniéndose en el horizonte, habrá que prever turbulencias tanto en política nacional como en política exterior, independientemente de que Donald Trump siga en el poder o deje paso a los demócratas. Aunque se mantenga la tregua en la guerra comercial con China, es muy probable que surjan otras cuestiones, como la reforma tributaria y de la competencia, que traiga volatilidad”, recuerda Michaël Lok, director de inversiones de Union Bancaire Privée (UBP).

Por su parte, China prosigue con su aterrizaje que, aunque es suave, no encuentra todavía suelo. Si en 2018 el gigante asiático crecía el 6,6%, este año cerrará con un avance de su PIB del 6,1% y en 2020 la aceleración se frenará hasta el 5,8%, según el FMI. “Es un año importante para China. En 2010, el Gobierno se comprometió a duplicar el tamaño de la economía y los ingresos medios para 2020. Para alcanzar estos objetivos, las autoridades tendrán que garantizar al menos que el crecimiento se mantenga en el nivel simbólico del 6%. Es posible una mayor flexibilización de la política económica”, indica Keith Wade, economista jefe de Schroders.

Escenario más benigno

Junto con Europa, los otros candidatos a liderar la aceleración en el crecimiento mundial son los países emergentes, con especial protagonismo para Latinoamérica —la previsión apunta a una mejora del PIB del 1,8% frente al 0,2% de 2019—. “Los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal durante 2019 han reducido la presión sobre los mercados emergentes, principalmente de aquellos que dependen de la financiación en dólares estadounidenses. Gracias a que la inflación está disminuyendo, los bancos centrales de varios de estos países tendrían margen para reducir el precio del dinero”, argumentan en Credit Suisse.

En este tablero de juego aún plagado de minas, pero en principio más favorable que hace unos meses, ¿qué puede pasar con la economía española? Las proyecciones apuntan a que continuará la desaceleración del crecimiento del PIB (1,8% en 2020 frente al 2,1% de 2019), pero a pesar de ello España debería seguir siendo uno de los alumnos aventajados entre los países desarrollados.

El principal riesgo que ven los expertos viene del lado político. La negociación para formar Gobierno aún no había llegado a buen puerto al cierre de esta edición y, en el caso de contar con el apoyo de ERC, los socialistas tienen la intención de liderar un proyecto que incluye a Podemos en el Ejecutivo, algo que no es muy del agrado de los mercados. “La nueva alianza de izquierdas no podrá contar con una mayoría estable, mientras que los límites de maniobra fiscal del país serán puestos a prueba. Después de años por encima de su potencial, el crecimiento de España se está reajustando”, advierten en AXA.

Más pesimistas en relación con la inestabilidad política son en Julius Baer. “La perspectiva de un Gobierno débil y poco favorable a la libertad de empresa nos ha llevado a reducir nuestro optimismo respecto de la economía española. Recientemente hemos rebajado la proyección de crecimiento para España en 2020 al 1,7%”, indican en el banco suizo. “La expectativa de una subida de impuestos podría agravar esta tendencia, pero seguimos confiando en que el incremento de los salarios, la bajada del ratio de endeudamiento de las familias y la facilidad de acceso al crédito mantengan la demanda interna e inclusive rebote. El sentimiento empresarial también se ha deteriorado porque se espera una presión fiscal sobre las compañías y mayores costes regulatorios”.

Como ocurre muchas veces, lo urgente relega a lo importante. Si bien las previsiones económicas son menos dramáticas que hace 12 meses, sobre la mesa queda aún por resolver un cuestión clave que marcará el devenir del mundo en las próximas décadas: cómo cambiar el modelo económico para que sea menos contaminante, reduzca las tasas de desigualdad y sea más justo con las mujeres.

En el caso de Europa, si bien el crecimiento en 2020 no será para tirar cohetes (1,4%, según el FMI), sí constituirá una mejora con respecto al del año que está a punto de concluir (1,2%). La aceleración vendrá de la mano de Alemania, que tras un año muy difícil para una economía tan exportadora debido a las tensiones comerciales, debería beneficiarse de las menores tensiones arancelarias. Además, el resto de socios comunitarios mirará con atención a Berlín por si el Gobierno alemán cede a las presiones y usa su buena situación presupuestaria para estimular todavía más su crecimiento. “En Europa, la política monetaria ha alcanzado sus límites e incluso los miembros más centristas del consejo de gobierno del BCE reconocen los efectos colaterales no deseados de sus políticas no convencionales. Solo hay un margen fiscal relevante en Alemania, creemos que en 2020 se aplicarán los estabilizadores automáticos, pero que el impulso fiscal adecuado no llegará hasta 2021, cuando las debilidades del mercado laboral empiecen a acumularse”, reconocen en AXA Investment Managers.

Por DAVID FERNÁNDEZ

Madrid 29 DIC 2019 - 03:30 COT

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La economía mundial crecerá en 2019 y 2020 al ritmo más bajo desde la Gran Recesión, según la OCDE

El 'think tank' de los países ricos vuelve a rebajar la previsión de crecimiento para 2020 y llama a los Gobiernos a aplicar estímulos fiscales de largo plazo centrados en la emergencia ambiental y en la digitalización

Los malos presagios sobre la economía global se suceden semana tras semana, informe tras informe: en octubre fue el turno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora le toca a la OCDE. En un clima de creciente tensión comercial, menor demanda privada e inversión lastrada por la incertidumbre, el crecimiento mundial se quedará este año y el próximo en el 2,9%, su nivel más bajo desde la Gran Recesión y casi medio punto por debajo de la medida del último lustro. Hasta aquí, lo esperado —salvo unas leves correcciones a la baja— en el último informe sobre las perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado este jueves y que ya en septiembre —en una tónica que se repite desde hace un par de años— advertía del debilitamiento económico global. Lo que sí debe preocupar, y mucho, señala el organismo con sede en París, es que la ralentización no responde a un “shock cíclico”, sino a “cambios estructurales” que los Gobiernos siguen sin atender. Están los que se podrían catalogar ya como clásicos: las tensiones comerciales, pese a las recientes señales de distensión entre Washington y Pekín, y geopolíticas. Pero en esta ocasión, el ente comandado por el mexicano Ángel Gurría agrega dos variantes más: la digitalización y, muy especialmente, el cambio climático, que sitúa como problemas “estructurales” que deben ser atendidos con urgencia.

“El cambio climático y la digitalización son cambios estructurales en marcha para nuestras economías”, subraya la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, al comienzo del último informe del año sobre las perspectivas de la economía mundial, presentado en la capital francesa. A ambos factores se suma, continúa, que “la política comercial y la geopolítica se están apartando del orden multilateral de la década de los noventa”. “Sería un error considerar estos cambios como factores temporales: son estructurales y, en ausencia de una dirección política clara en estos cuatro temas, la incertidumbre seguirá cerniéndose sobre nosotros, dañando las perspectivas de crecimiento”. El organismo carga las tintas contra la “falta de una dirección política” para intentar paliar sus efectos en momentos en que el mundo experimenta un incremento de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes o inundaciones “que podrían provocar disrupciones significativas en la actividad económica a corto plazo, así como daños de larga duración al capital y las tierras, además de provocar flujos migratorios desordenados”, enumera Boone. Por eso, insiste, los Gobiernos “deben actuar rápidamente”, porque “sin una orientación clara en los precios del carbono, estándares y regulación, y sin la inversión pública necesaria, las empresas aplazarán decisiones de inversión, con nefastas consecuencias para el crecimiento y el empleo”.

El panorama es malo, pero el riesgo de recesión permanece lejano, contrariamente a los lúgubres pronósticos que han ido ganando predicamento en los últimos meses. Pero el resfriado en los principales motores de crecimiento empieza a ser más que preocupante: de entre las grandes economías, el frenazo es especialmente brusco en la zona euro, que pasará de rozar el 2% de crecimiento en 2018 al 1,2% este año y el 1,1% en 2020, lastrada por sus dos principales polos industriales, Alemania e Italia —“en buena medida, como reflejo de la mayor dependencia del comercio internacional”—; y Estados Unidos, que pasará de rozar el 3% al 2,3% en 2019 y el 2% el próximo ejercicio pese al buen tono general del consumo. La economía china, por su parte, proseguirá su senda bajista bajo el mantra del “aterrizaje suave” —“aunque la ralentización podría ser más brusca de lo previsto”—: en 2020 el crecimiento quedará por debajo del 6% por primera vez en tres décadas, lastrado por una guerra comercial con EE UU que añade un grado adicional de presión a ambas orillas del Pacífico. En un panorama tan sombrío, India emerge como una de las escasa buenas noticias mundiales, con una expansión que —tras el tijeretazo del último año— recuperará el suelo del 6% en 2020.

La importancia de la palanca fiscal

Aunque varía notablemente entre países —“EE UU tiene más que la eurozona y Japón”, subrayan los economistas de la OCDE—, el margen de los bancos centrales para relanzar el crecimiento es cada vez más estrecho. Ante este agotamiento, el club de los 36 países más industrializados del planeta llama a dar un paso al frente en la inversión pública, el que más resistencias está encontrando encuentra. “Si el crecimiento y la inflación se ralentizaran más de los previsto, la política monetaria debería seguir flexibilizándose. Pero [ese movimiento] debería ir acompañado de estímulos fiscales contracíclicos”, agregan los técnicos de la OCDE. “Hay una necesidad urgente de acciones más atrevidas para relanzar el crecimiento y los Gobiernos deben enfocarse no solo en los beneficios a corto plazo de los estímulos fiscales, sino en las ganancias de largo plazo. La creación de vehículos inversores nacionales podrían ayudar a diseñar planes para encarar los fallos de mercado y tener en cuenta las externalidades positivas para la sociedad en su conjunto”.

El margen de acción en política fiscal fluctúa, y mucho, entre países. Las diferencias son especialmente acentuadas en Europa. La OCDE cita explícitamente tres casos —Alemania, Países Bajos y Suecia— de naciones con deuda pública en niveles relativamente bajos y la actividad económica picando a la baja, en los que se “podrían implementar estímulos adicionales” y aprovechar “los intereses negativos a largo plazo, que ofrecen una oportunidades para afrontar la escasez de infraestructuras y reforzar el crecimiento a largo plazo”. En el lado opuesto, el organismo apela a la prudencia en países fuertemente endeudados y en los que las proyecciones no apuntan precisamente a una reducción de los pasivos a corto y medio plazo: Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido, además de Japón y EE UU fuera del Viejo Continente. También en España, Portugal y Grecia, donde aunque la deuda está previsto que caiga, “el margen para políticas fiscales discrecionales es limitado” y una flexibilización adicional “podría socavar la sostenibilidad de la deuda y reducir el espacio fiscal para combatir futuras recesiones”. En todos los casos, la OCDE llama a una “mayor coordinación entre las palancas monetaria y fiscal para hacer frente a la desaceleración en un momento en el que la inflación permanece no solo bajo control sino en niveles inferiores a los deseables en casi todas las economías desarrolladas.

Por Silvia Ayuso / Ignacio Fariza

París / Madrid 21 NOV 2019 - 05:04 COT

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La economía mexicana se sume en la incertidumbre tras caer en el tercer trimestre

El estancamiento económico asienta las dudas que ya sobrevolaban sobre la política económica de López Obrador

La segunda mayor economía de América Latina prolonga su paso sobre el peligroso filo de la recesión. El PIB mexicano cayó un 0,4% interanual entre julio y septiembre, un abrupto descenso que ya es el segundo consecutivo —tras el del segundo trimestre de este año— desde la crisis financiera global. El crecimiento, aunque siempre por debajo de su potencial como economía emergente, empieza a tornarse en una atonía preocupante para un país que necesita del dinamismo para sacar a millones de personas de la pobreza. En relación con el trimestre precedente (mayo a junio), la economía mexicana registró un mínimo crecimiento del 0,1%, mientras en los nueve primeros meses del año, el país norteamericano registró una evolución neutra (0%) que preocupa cada vez más analistas, acostrumbrados ya a recortar las previsiones para el gigante latinoamericano. México esquivó por poco la recesión en julio y enfrenta, de cara a fin de año, un pronóstico poco alentador.

El estancamiento económico, principalmente en el sector industrial, asienta las dudas que ya sobrevolaban sobre la política económica de Andrés Manuel López Obrador.La estimación provisional hecha pública este miércoles por la oficina estadística mexicana (Inegi) ha terminado de confirmar lo que ya se anticipaba: la mayoría de los organismos internacionales y analistas creen muy difícil que este año deje un crecimiento mayor al 1%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había rebajado el pasado 15 de octubre su perspectiva de crecimiento para México hasta el 0,4% y la Cepal (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región) estimó un 0,2% para el primer año de López Obrador en el Gobierno, uno de los pronósticos más duros hasta ahora.

Las cifras publicadas este miércoles dejan muy lejos ya la idea de un crecimiento del 4% anual que había prometido el presidente. La política de austeridad implementada por la Administración mexicana, con importantes recortes en salud, ciencia y cultura, ha pasado factura al escenario económico nacional. El bajo gasto público ejercido por el Gobierno es uno de los puntos más señalados en la explicación de la contracción económica. Hace apenas dos semanas que la Cepal advirtió de la existencia de focos rojos en donde era necesario “poner especial atención” en materia de inversión, como la desigualdad social.

“Con austeridad, gastando bien, se puede crecer”, había defendido el presidente al esquivar la recesión en julio. Pero la suma entre austeridad y poca inversión privada excusa en la baja seguridad jurídica han funcionado como un mal cóctel para la economía mexicana. “Para que haya un crecimiento económico en México, se necesita de la inversión privada”, reconoció recientemente Carlos Slim, uno de los empresarios que más expectativas ha puesto sobre este Gobierno.

Por sectores, el ligerísimo repunte de la economía mexicana a tasa trimestral está respaldado principalmente por el aumento del 3,5% de las actividades primarias. Este sector incluye principalmente a la agricultura y ganadería, pero en él que se encuentra también la industria petrolera, uno de los ejes del proyecto económico de López Obrador, en el que los planes de inversión siguen sin dar los frutos esperados. En el lado contrario, lo que más ha golpeado al país es el frenazo sufrido por las actividades secundarias: la manufactura —muy dependiente de EE UU y, en general, de una economía global que no da más que malas noticias— cayó un 1,8% a tasa anual, y las terciarias —el sector servicios— no pasó del 0%. El peso reaccionaba con una ligera caída a la publicación de los datos: a media mañana (hora de Ciudad de México), la moneda retrocedía tres décimas frente al dólar.

Los números acentúan, en fin, la preocupación por el debilitamiento de la economía doméstica y una baja expansión interna. Después de todo, México fue uno de los que mejor parado salió en el último informe de comercio exterior de la Cepal este martes en una región que sufrió una caída del 10%. El Banco de México reconoció tras rebajar su previsión de crecimiento a un rango entre el 0,2 y el 0,7% que existía una “debilidad más profunda de los componentes de la demanda interna” de lo que decían las estimaciones.

Por Georgina Zerega

México 30 OCT 2019 - 18:26 COT

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Un monitor de televisión informa de la nueva rebaja de tipos en EEUU, en el patio de negociación de la Bolsa de Nueva York, en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que hará falta una "sustancial revaluación" de las perspectivas económicas para forzar un nuevo cambio en el precio del dinero.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha decidido bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 1,50% y el 1,75%, en plenos temores de desaceleración económica global, según ha informado este miércoles. Se trata de la tercera rebaja consecutiva que realiza la autoridad monetaria este año.

La decisión de la Reserva Federal tras su reunión de política monetaria de dos días se ha vuelto a tomar sin consenso: ha tenkido ocho votos a favor y dos en contra (la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, se han mostrado a favor de mantener los tipos sin cambios).

La Fed ha explicado que en las ultimas semanas el mercado de trabajo se ha mantenido "sólido" y la actividad económica del país ha seguido creciendo a un ritmo "moderado". No obstante, la institución ha notado que la inversión empresarial y las exportaciones "han permanecido débiles".

Así, el banco central estadounidense ha justificado su decisión en las "implicaciones" de los desarrollos globales para las perspectivas económicas, así como las "débiles" presiones inflacionistas. De cara a decidir los futuros ajustes en el precio del dinero, la autoridad monetaria ha subrayado que "monitorizará" las implicaciones de los nuevos datos para las perspectivas de la economía.

La bajada de tipos se produce poco después de que se conociese este mismo miércoles la continuada ralentización de la economía estadounidense con una tasa anualizada en el tercer trimestre del año del 1,9%, después del 3,1% en el comienzo del año y 2% en el segundo trimestre.

La economía estadounidense, no obstante, ha dado señales dispares sobre su estado. Por un lado, el mercado laboral mantiene su solidez, con una tasa de desempleo por debajo del 4%, en niveles no vistos en medio siglo; mientras que la inflación sigue contenida y por debajo de la meta anual del 2% marcada por la Fed. Por otro, la guerra comercial desatada con China por el proteccionismo comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la preocupación entre los empresarios, con multimillonarios aranceles tanto a la exportación como a la importación.

Powell avisa

Tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que hará falta una "sustancial revaluación" de las perspectivas económicas para forzar un nuevo cambio en los tipos de interés, al señalar que se encuentran "bien posicionados" tras la rebaja de un cuarto de punto anunciada.

Sería necesaria una "sustancial revaluación de nuestras perspectivas" para cambiar los tipos de interés, afirmó Powell en una rueda de prensa. "La política monetaria se encuentra bien posicionada", agregó tras la rebaja del precio del dinero.

La Fed anunció este miércoles un nuevo recorte de los tipos de interés, el tercero consecutivo, hasta dejarlos entre el 1,5 % y el 1,75 %, en plenos temores de desaceleración económica global y en Estados Unidos.

Powell subrayó que las presiones inflacionarias aún se encuentran apagadas. "El 2% de inflación: eso es lo que debe ocurrir", sostuvo, y precisó que espera que se alcance ese nivel a mitad del próximo año.

Sobre las tensiones comerciales con China, Powell indicó que eran parte de las cuestiones que nublan el horizonte económico. "Una sostenida reducción en la incertidumbre comercial sería buena para la confianza empresarial inmediata y, sobre el tiempo, para la actividad empresarial", dijo.

La próxima reunión de la Reserva Federal, la última del año, tendrá lugar a mediados de diciembre.

WASHINGTON

30/10/2019 19:49 Actualizado: 30/10/2019 20:43

AGENCIAS

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El FMI alerta de que la economía global crecerá este año a su ritmo más lento desde la Gran Recesión

El Fondo pronostica para 2019 una subida del PIB mundial de solo el 3% por el bajón del comercio y la industria

 

Hace casi dos años ya que Donald Trump dijo ante la élite financiera y empresarial del mundo que iba a colocar a América primero. “EE UU nunca volverá a hacer la vista gorda ante las prácticas económicas injustas”, aseguró en el Foro de Davos en enero de 2018. Han sido dos años regados de retórica nacionalista y de medidas y contramedidas proteccionistas. Desde entonces, la economía del mundo se ha ido frenando de forma paulatina. El FMI anunció el martes que la ralentización continuará este año con un crecimiento global del 3%, el más bajo desde la crisis de la década pasada, conocida como la Gran Recesión.

No ha tenido buena suerte Kristalina Georgieva en su puesta de largo al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La búlgara que antes ocupó altos cargos en la Comisión Europea y el Banco Mundial se estrena como directora gerente del Fondo con un jarro de agua fría sobre la economía mundial. La actividad crecerá poco este año. El próximo lo hará algo más, un 3,4%. Pero —tal y como repitió la economista jefa del Fondo, Gita Gopinath, en una comparecencia en Washington— esta recuperación futura es “precaria” y sometida a muchas amenazas.

“El crecimiento apagado es consecuencia de las crecientes barreras al comercio, de la elevada incertidumbre que rodea al comercio y a la geopolítica; de tensiones en economías emergentes y de factores estructurales como el bajo crecimiento de la productividad y el rápido envejecimiento en países desarrollados”, asegura el informe presentado el martes.

Esta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, es cada vez más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte en más y más reales. Y golpean a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado julio en prácticamente todos los países y áreas analizadas.

Gopinath dio algunas cifras que dan que pensar. La economista mostró su alegría por el acuerdo comercial preliminar entre China y EE UU. Pero dejó claro que los riesgos siguen vigentes; y que en la lista de prioridades mundiales destaca la pronta retirada de las barreras comerciales impuestas últimamente. “Esto podría impulsar la confianza, revitalizar la inversión e impulsar el crecimiento”, añadió. En sus previsiones, el FMI no incluye la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Si este se produjera, el Reino Unido perdería entre el 3% y el 5% de su PIB, dijo Gopinath. La situación sería peor sin la actuación de los bancos centrales. Gracias a su política monetaria expansiva, el crecimiento es cinco décimas mayor.

Preocupa Europa

Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea.

El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamiento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.

Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento.

Estas previsiones podrían empeorar aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acababa resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas del FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos del pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.

Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso del sector industrial. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china debida a los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.

Cuando habló en Davos en 2018, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía entonces. La perspectiva que da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global. Y, después de mucho anunciarla, esta es ya una realidad.

ENVIADO ESPECIAL, Washington 15 OCT 2019 - 11:03 COT

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Las economías del G-7 se debilitan y elevan el riesgo de entrar en recesión sincronizada

Nunca en la historia del G-7, las mayores potencias del planeta habían entrado en números rojos de forma simultánea; 2009, tras la crisis financiera que estalló tras la quiebra de Lehman Brothers. Diez años después, el fantasma de la recesión vuelve a resurgir.

 

La historia se repite. O, cuanto menos, tiene visos de que las tensiones comerciales, bursátiles y monetarias que dominan la coyuntura económica global, pueden reeditar estos negros augurios. Empezando por las mayores economías del planeta. Porque el G-7 podría incurrir de nuevo en recesión, como ya ocurrió desde el mismo inicio del ejercicio 2009; por primera vez desde su creación, en 1975, a instancias del presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing y del canciller alemán, Helmut Schmidt. Ni siquiera en las décadas de la Guerra Fría, este selecto club certificó algún receso económico colectivo.

En 2008, cuando la caída de Lehman Brothers, la acumulación de activos tóxicos en los balances de los bancos (swaps y productos derivados y estructurados de alto riesgo en la mayor parte de las entidades anglosajonas y europeas, y de hipotecas y préstamos inmobiliarios, en el caso del sistema financiero español) generó un credit crunch sin precedentes desde el Crash de 1929 que anuló casi de inmediato los flujos de capital y de comercio y precipitó a las economías del G-7 hacia el abismo un año después.

En cuestión de meses. Porque, según los cálculos de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, según sus siglas en inglés), la institución federal que certifica el comienzo y el final exacto de los ciclos económicos en EEUU, el mayor PIB del planeta entró en números rojos ya en enero de 2008, tras un año del estallido de la crisis subprime en su mercado hipotecario.

La NBER se toma su tiempo para sellar los periodos de bonanza y de vacas flacas. Ahora, la coyuntura está sometida a las inclemencias de unas guerras comerciales desatadas desde la Administración Trump desde el verano de 2018, que se han transformado en hostilidades monetarias, en un baile en el valor de las divisas y en una carrera desaforada por rebajar de nuevo los tipos de interés a cotas próximas a cero (sobre todo entre los bancos centrales anglosajones), así como al daño colateral de un cúmulo de altas tensiones geopolíticas. Esencialmente, por las embestidas del unilateralismo de la Casa Blanca hacia China, Irán (y, por ende, en el conjunto de Oriente Próximo), Rusia o Corea del Norte, pero también por la inconsistente y ambivalente acción exterior americana, que ha desestabilizado el orden global. Sin olvidar las inciertas secuelas que dejará el brexit y los riesgos reales de que se produzca una drástica división social, política y territorial en el Reino Unido.

Diez años después, convienen en señalar tanto los analistas del mercado como las instituciones multilaterales, la sombra de la crisis arrecia de nuevo. Porque, ¿en qué escenario se encuentran las economías del club más poderoso del planeta? Los datos coyunturales de todos ellos revelan ya que se avecina marejada. Y, en algunos casos, fuertes tormentas.

La mayoría de las potencias industrializadas (más allá del G7) están en franca ralentización, hasta el punto de que el sónar de la recesión se escucha en no pocas latitudes. EEUU, Japón, la zona del euro (con Alemania e Italia en registros negativos en los últimos trimestres y Francia en actividad plana), Reino Unido y, en menor medida, Canadá se han sumergido en un escenario crítico, tal y como alerta la OCDE en su último índice director, publicado este mes de septiembre, que anticipa el comportamiento de los ciclos de negocio entre sus socios, y que se ha instalado por debajo del nivel 100 que avisa sobre la amenaza de contracción.

Y que incluye tendencias como la drástica caída exportadora en Alemania o la pérdida de confianza de los empresarios en Japón en el futuro inminente de la economía. “Es aún algo precipitado predecir una recesión sincronizada, aunque no resulta para nada aventurado asegurar que la preocupación de que las potencias más industrializadas caigan en números rojos está en un punto de ebullición”, dice Ian Stewart, economista jefe de Deloitte en su blog corporativo, a propósito del barómetro de la OCDE, en el nivel más bajo desde 2009.

EEUU, más frágil de lo previsto

La economía americana creció un 2% en el segundo trimestre. Incluso una décima menos que la primera de las tres estimaciones que realiza el Tesoro. Sólo la sostiene la fuerte demanda interna, especialmente el consumo, porque la inversión de empresas también se ha gripado. Más evidencias de que las agresiones arancelarias de la Administración Trump están pasando factura a la mayor parte de las rúbricas del PIB. Desde el sector exterior al mercado inmobiliario y que su doble y agresiva rebaja fiscal deteriora las arcas federales por su escasa capacidad recaudatoria. Los gastos de los gobiernos estatales y locales se han frenado y crece el peligro de que el Gobierno federal pueda declararse en bancarrota. Malos augurios si la mayor potencia del mundo carece de fondos y recursos para emprender planes de estímulo en caso de que fueran necesarios para espolear la actividad. “Las últimas semanas han sido más que azarosas”, ha admitido el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien achacó la turbulencia a la escalada arancelaria de Washington. El consumo, que aporta casi las dos terceras partes de la economía, repuntó un 4,7%, el mayor salto desde 2014, pero este sostén hará difícil que se cumpla el objetivo oficial de crecimiento anual, del 3%. Desde Wall Street, bancos de inversión como Goldman Sachs, predicen contracción en los próximos doce o dieciocho meses. Antes de los 24 que, a lo sumo, pronostican otros servicios de estudios financieros. La fase de esplendor más prolongada del PIB americano -iniciada en junio de 2019, después de 18 meses de números rojos, la de mayor calado también en su historia reciente, según la NBER-, podría estar dando sus últimos coletazos.

Japón, el eterno enfermo económico

Aunque en el periodo entre abril y junio, el segundo PIB del G-7 -tercero del mundo, por detrás del de China- registró un repunte del 1,3% en términos interanuales -apoyado por el alza del consumo y de las inversiones empresariales, que lograron aupar al sector exterior nipón- el clima se ha deteriorado a lo largo del verano. El fervor por las compras tiene dos motivos coyunturales: las inyecciones monetarias del Gobierno, constantes desde hace décadas, y el adelanto de gastos antes de la subida fiscal del IVA prevista para el mes de octubre. Aun así, el mercado ve complicado que se logre la pírrica meta de crecimiento, del 0,7%, para este ejercicio. “No deberíamos ser optimistas”, advierte Yoshiki Shinke, economista jefe de Dai-Ichi Life Research Institute a Bloomberg, “porque las presiones comerciales” no sólo con China, sino también con Corea del Sur, “y las subidas impositivas al consumo están al acecho y podrían deteriorar súbitamente la actividad” y dejar a Japón en un nuevo limbo de crecimiento plano. Otra década más. Porque el alza respecto al primer trimestre fue de sólo tres décimas

Alemania, la locomotora gripada

Nueva contracción en primavera. Del 0,1%. Igual que en el verano de 2018. Y con actividad plana en el pasado otoño e invierno. Los contratos de comercio exterior alemanes restaron medio punto a su PIB durante el segundo trimestre. El colapso de sus ventas a otros mercados es el gran lastre de la mayor economía del euro junto a la pérdida de vigor de su industria, especialmente la automovilística. El Bundesbank predice otro trimestre de contracción, el segundo consecutivo, lo que adentraría a Alemania en recesión técnica, entre julio y septiembre. En un clima en el que los empresarios -y los socios europeos- reclaman planes de estímulo ante la pesadumbre que pesa sobre sus decisiones de inversión futuras. La amenaza de Trump de que las ventajas competitivas del sector del automóvil germano “son peores que la de China” atenazan al poderoso tejido empresarial alemán, que señalan a la guerra comercial y las tensiones geopolíticas como los factores del deterioro. Clemens Fuest, director del Instituto Ifo, alerta de que la debilidad industrial se está propagando a otros sectores de actividad, como lo demuestra el descenso abrupto de su prestigioso indicador de confianza empresarial.

Reino Unido y su encrucijada por el brexit

Fuga de empresas, desmantelamiento gradual de la City y pérdida de atractivo inversor a corto, medio y largo plazo. Las secuelas del brexit restaron dos décimas al PIB en el segundo trimestre. Aunque en julio, según datos del Banco de Inglaterra, el PIB parece haber recuperado un cierto vigor, al repuntar tres décimas, según sus estimaciones preliminares, con la práctica totalidad de sus parámetros en positivo. Pero el riesgo de recesión pre-brexit sigue latente. Aunque el trimestre actual otorgue un balón de oxígeno y Reino Unido eluda con ello los números rojos oficiales. Entre otras razones, por el deterioro político interno, con la opción del divorcio duro encima de la mesa de Boris Johnson, la clausura del Parlamento británico, el rechazo de esta medida “ilegal”, según los altos tribunales escoceses, y la posibilidad de un incierto adelanto electoral.

Francia, la dama se esconde

Tampoco el panorama galo es precisamente halagüeño. Las dos décimas de crecimiento de su PIB le alejan de cualquier conato de convertirse en el motor de la economía del euro. Más bien, al contrario. Su ritmo es el que marca también la zona monetaria europea y el que evidencia que la crisis manufacturera alemana ha contagiado a la francesa y, por ende, a la de los socios del euro. El futuro económico francés es, si cabe, aún más incierto, porque tampoco tira el consumo interno. Ni con el turbo económico decretado por Emmanuel Macron -17.000 millones de euros- para impulsar la actividad, ni con las rebajas fiscales que se pusieron en marcha para contener las protestas de los Chalecos Amarillos. Francia refleja casi a la perfección la profecía de Mario Draghi antes de ceder el testigo del BCE a Christine Lagarde, de que el panorama “empeora por momentos y se deteriorará aún más”. Sólo la inversión de las empresas ofreció un cierto dinamismo. Acrecentado por el alza del gasto público para construir nuevas infraestructuras. Ni el comercio ni la industria mostraron pulso antes del verano. “Francia está en un episodio plano, con previsión de que los mercados, pese a la alta volatilidad, no serán beneficiosos en los próximos años. Debemos estar en estado de cautela máxima y responder de forma ágil a los acontecimientos”, afirmó Laurent Burelle, CEO de Plastic Omnium en un reciente acto empresarial, recogidas por Reuters.

Italia, el mal endémico del euro

El cambio de gobierno en el país, con la salida de la Liga Norte de Matteo Salvini, podría facilitar la vuelta a la estabilidad presupuestaria que exige Europa. Sin embargo, el arsenal fiscal para estimular la economía y, sobre todo, la fragilidad de su sistema financiero, obstruyen cualquier plan de inyección. Su cuadro de mando es muy preocupante. El PIB italiano ha vuelto a fallar en su cometido de registrar crecimiento. Y van cuatro trimestres consecutivos de los últimos cinco. Entre abril y junio certificó una actividad cero. Tras un primer trimestre de ligero alza, aunque de apenas una décima. Vuelve a evitar una recesión técnica que se afana en pulular por la economía trasalpina. El Banco de Italia también carga contra “las varias tensiones comerciales y geopolíticas abiertas” y la manifiesta debilidad del ciclo industrial, sobre todo, el alemán. Por si fuera poco, la censura, con amenaza sancionadora, de la UE por los planes presupuestarios italianos, salvada sobre la campana el mes pasado ante el cambio de gobierno, está supeditada a que Roma reduzca drásticamente su enorme deuda desde este año.

Canadá, la gran esperanza

Es el más emergente de las potencias del G-7. Por ostentar el mayor potencial de crecimiento del club. Y es el que más cartas tiene de que el club sortee la recesión sincronizada. Su PIB aumentó nada menos que nueve décimas en el segundo trimestre, que le aupó a un alza del 3,7% en términos intertrimestrales. Pero su propulsor, el sector exterior, es el más expuesto a un recrudecimiento de las hostilidades arancelarias globales. Porque ni las inversiones empresariales ni el sector inmobiliario, que emite señales de agotamiento, parecen estar en disposición de sustituir al comercio como dinamizadores de la actividad al cumplirse el decimoprimer aniversario de la quiebra de Lehman Brothers.

 

13/09/2019 08:23 Actualizado: 13/09/2019 08:23

Por DIEGO HERRANZ

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Miércoles, 04 Septiembre 2019 06:16

Pesadilla en el banco central

Pesadilla en el banco central

Estas noches de verano los bancos centrales sufren una pesadilla recurrente. Sueñan que estalla un volcán llamado Recesión y que la erupción arrasa con economías enteras. Los flujos piroclásticos destruyen vidas y riqueza sin distingo. Angustiados, los responsables de los bancos centrales despiertan sobresaltados. Por un momento suspiran aliviados, pensando que sólo era una pesadilla. Pero para parafrasear el maravilloso microrrelato de Augusto Monterroso, cuando despiertan el dinosaurio sigue ahí.

No se necesita ser especialista en alta cocina macroeconómica para entender su inquietud. En los tiempos que corren, los nubarrones de una recesión están por todos lados. Y los bancos centrales saben que ya no tienen armas para enfrentarla.

La semana pasada se llevó a cabo la tradicional reunión de Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unidos. Es una selecta conferencia organizada por la Reserva Federal de Kansas City, en la que participan funcionarios de bancos centrales, organismos financieros y especialistas en teoría macroeconómica. El tema este año fue el de los "desafíos" que enfrenta la política monetaria. Es el eufemismo que emplean los banqueros para hablar de sus pesadillas.

La última crisis llevó a los bancos centrales a aplicar una política de dinero fácil y bajas tasas de interés. Esa postura recibió el nombre de "flexibilidad cuantitativa" y consistió en inyectar billones de dólares y euros en el sistema financiero y bancario para evitar el colapso. Muchos alertaron sobre la hiperinflación que esto podría ocasionar. Pero 10 años después de haberse inaugurado esta política monetaria, las presiones inflacionarias brillan por su ausencia.

La economía de Estados Unidos se ha mantenido en expansión, pero a una tasa débil (promedio de 2.1 por ciento anual desde 2010). Y aunque la economía se mantiene cerca del pleno empleo, los salarios siguen estancados y no hay presiones inflacionarias por el lado de los costos laborales.

Y en cuanto a las tasas de interés, los bancos centrales han seguido manteniendo una tasa cero o cercana a cero, pero eso no ha servido para reactivar la economía. Los bancos centrales quisieran regresar a una política "normal", es decir, con tasas de interés cercanas a sus niveles históricos. Pero cualquier aumento en las tasas corrientes amenaza con desencadenar mayor volatilidad en las bolsas de valores y frenar todavía más una economía afectada por la deflación y atrapada en un paisaje de bajas tasas de crecimiento.

Ese es el escenario que ocupó la atención de los participantes en la conferencia de Jackson Hole. Algunos, como Larry Summers, el tristemente célebre macroeconomista de Clinton, concluyen que los bancos centrales deberían reconocer su impotencia. Frente a una nueva recesión no tienen ya campo de maniobra: ya no pueden reducir más sus tasas de interés. Además, relanzar otra ronda de flexibilidad monetaria sería parecido a lo que se intentó infructuosamente en Japón durante 20 años.

Los indicadores a escala mundial son inquietantes. Bajas tasas de interés, endeudamiento y déficits elevados, y tasas de crecimiento tenazmente mediocres. Todo indica que existen frenos adicionales a la demanda agregada y que sólo una política fiscal o medidas novedosas, como la renta básica universal, podrían revertir. Pero el pensamiento conservador sobre austeridad fiscal es una cárcel de ideas de la que es muy difícil escapar.

Pero el principal problema que enfrentan los bancos centrales estuvo ausente de las discusiones en Jackson Hole. La verdadera pesadilla de los bancos centrales es su irrelevancia, no sólo en emergencias, sino también en tiempos normales. La raíz de esta intrascendencia es múltiple. Primero, los bancos centrales no controlan la oferta monetaria, contrario a lo que se piensa comúnmente. Hoy, la oferta monetaria es manejada por los bancos comerciales privados. En vista de que los bancos privados crean dinero de la nada, su problema no es conseguir que alguien le deposite sus ahorros en dinero de alto poder. Su problema consiste en encontrar sujetos de crédito confiables. Y en los tiempos que corren, esa tarea no es fácil.

Segundo, el banco central tampoco controla la tasa de interés de referencia para los inversionistas. Sólo la tasa de muy corto plazo (24 horas) que afecta el mercado interbancario de reservas de dinero de alto poder. Y los bancos privados se las han ingeniado para usar todo tipo de tecnologías y optimización contable para reducir su necesidad de reservas.

Tercero, el sistema bancario en su conjunto puede llegar a necesitar más reservas en dinero de alto poder (por ejemplo, cuando se excede en sus operaciones de crédito). En ese caso, el banco central no tiene más remedio que adoptar una postura acomodaticia y proporcionárselas, a menos que prefiera frenar el crecimiento económico.

El banco central camina dándose aires de importancia y emite comunicados severos y formales, como si fuera el dueño del negocio. En realidad no es más que el siervo fiel de los bancos comerciales privados.

Twitter: @anadaloficial

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China con 129 empresas supera a EU con 121: ranking de Fortune 500 Global

En los 10 primeros sitiales del ranking por ingresos de Fortune de las 500 principales empresas, brilla el "capitalismo con características estatales chinas" con tres frente a dos de EU, dos de Gran Bretaña, una de Arabia Saudita, una de Alemania y otra de Japón (https://bit.ly/2YAlEBm).

China Daily se refocila que por primera vez China ostenta 129 empresas frente a 121 de EU (https://bit.ly/2YKpk3m). Vienen 119 de Pekín, a las que habría que sumar 10 de Taiwán.

Va la sectorización de las empresas de EU y China: En Aeroespacio y defensa: empatados EU y China con seis empresas cada uno.Vestimenta: EU sólo con una empresa. Químicos: empatados con uno. Energía: China se desprende espectacularmente con 23 empresas frente a 13 de EU. Ingeniería y construcción: China sola con ocho empresas, frente a la orfandad de EU cuya infraestructura deja mucho que desear. Finanzas: China supera con 28 a las 27 de EU en su otrora su feudo inexpugnable. Alimentos y farmacias: cuatro de EU y China 0 (una de sus vulnerabilidades). Cuidados de salud: EU aplasta con 15 empresas a dos de China que se ha quedado en la acupuntura. Productos del hogar: EU con una empresa frente a cero de China.

Industria: China siete empresas frente a cinco de EU. Materiales: China apabulla con 15 a EU con sólo una. Medios: EU con una empresa y China 0. Automotriz y partes: China supera con siete a dos de EU. Menudeo: EU con 10 empresas frente a cuatro de China. Tecnología: Prácticamente se encuentran empatados, EU con 12 y China con 11. Telecomunicaciones: prácticamente empatados EU con cuatro y China con tres. Transporte: seis de EU frente a cuatro de China. Mayoristas: China con 10 supera a las tres de EU.

Si se suman las 129 empresas chinas y las 121 de EU se obtiene la mitad de las empresas del total. Más grave aun es que de los 193 países adscritos a la ONU, solamente aparece 17 por ciento (34 países).

Lo relevante no es el corte de caja de hoy del ranking sino las tendencias que acentuarán la preminencia de China frente al inexorable declive de EU, quien supera todavía a Pekín en el rubro militar no cuantificado en el Fortune 500 Global, donde Washington es superado por la supremacía de Rusia (https://bit.ly/2CbHXjy).

En forma anómala, Rusia solamente ostenta cuatro empresas (tres de hidrocarburos): Gazprom, Lukoil, Rosneft oil y Sberbank en lugares nada competitivos –a la par de México que cuenta con dos estatales, Pemex y CFE, pese al cataclismo neoliberal, y dos privadas América Móvil y Femsa.

Por deporte geoeconómico, coloco el número de empresas de los otros ocho países en los 10 primeros lugares del PIB medido por el Poder de Paridad de Compra:

India: India Reliance Industries, Indian Oil, Oil & Natural Gas, State Bank of India, Tata Motors, Bharat Petroleum y Rajesh Export. De sus siete empresas, ostenta tres petroleras, siendo importador de hidrocarburos aunque en lugares mediocres.

Japón: 52 empresas que provienen de su época gloriosa neoliberal de las cuales 35 (¡67.3 por ciento!) exhiben pronunciada tendencia declinante.

Alemania: 29 con 17 (58.6 por ciento) con tendencia declinante.

Gran Bretaña: 16 y 10 (62.5 por ciento) con tendencia declinante. En primer lugar su depredadora petrolera BP.

Francia: 31 empresas y 17 (54.8 por ciento) con tendencia negativa. Viene en primer lugar su petrolera Total.

Brasil: ocho empresas, siete (87.5 por ciento) con tendencia negativa. En primer lugar viene Petrobras.

Indonesia aparece una sola: Pertamina (refinación de petróleo).

Por morbo geopolítico coloco a Holanda, que siempre me ha llamado la atención por su triangulación con Gran Bretaña: 11 empresas con seis (54.5 por ciento) con tendencia declinante. En primer lugar viene la petrolera Royal Dutch Shell.

Reinan los ingresos del petróleo, mientras China Daily formula que la I&D (inversión de 2.18 por ciento de su PIB) e Innovación, con ayuda gubernamental (sic), se encuentran detrás de su éxito con el liderazgo de la aviación, ferrocarriles y la tecnología 5G, cuyo sello indeleble es Huawei: más de 87 mil 800 patentes globales, 14.77 mil millones dólares de inversión en I&D (el quinto mundial: más que Microsoft, Apple e Intel) e ingresos por 58.3 mil millones de dólares al primer semestre, pese a la "guerra comercial" de Trump.

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Publicado enEconomía
El futuro del mundo explicado por el hombre que dirige la mayor agencia de desarrollo

 Achim Steiner, administrador del PNUD, advierte de que el cambio climático es cruel porque castiga a quienes menos han contribuido a él. Pero, asegura, ni los ricos van a poder comprarse un escenario distinto

 

La trayectoria de Achim Steiner en el sistema de Naciones Unidas ha estado casi siempre ligada a la preservación del planeta. Dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante una década (2006-2016), y también ha sido director general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y secretario general de la Comisión Mundial sobre Represas. Y esto se nota en sus preocupaciones actuales como administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cargo que ostenta desde junio de 2017.

Desde el pasado enero, el PNUD ya no es el encargado de coordinar al resto de agencias, fondos y programas, una función que venía ejerciendo desde hacía un cuarto de siglo. Preguntado por este cambio en su despacho de Nueva York, con el Río Este de fondo, Steiner se limita a mencionar las razones que han llevado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a crear una nueva institución de coordinación en el marco de la reforma del sistema de Naciones Unidas. En resumen, para lograr una mayor eficiencia. "Algunos podrían incluso decir que así será más fácil que nos concentremos en el trabajo de desarrollo", zanja sobre cómo afecta al PNUD esta medida.

Con todo, Steiner pilota una de las agencias más grandes de la ONU con enorme peso en el impulso de Agenda 2030, la hoja de ruta internacional para lograr un mundo más justo, pacífico y un planeta todavía habitable para esa fecha. Pero cuatro años después de su aprobación, cuando tenía que despegar y empezar a mostrar resultados, la ONU advierte que no ha sido así. No se hace lo suficiente ni se avanza al ritmo que requieren los retos de la humanidad recogidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la igualdad de género, garantizar educación de calidad para todos y sanidad universal.

Pregunta. El informe de seguimiento de los ODS dice que, al ritmo actual de progreso, no se logrará ningún objetivo en 2030. ¿Cuál es su análisis?

Respuesta. Creo que estos son objetivos realizables, nadie debería sentarse ahora y decir: "Oh, nunca lo lograremos". En algunos países estarán mucho mejor y eso debería ser un estímulo para los demás. En solo 30 años hemos logrado reducir la pobreza extrema del 36% al 8%, teniendo en cuenta que la población casi se ha duplicado en ese tiempo, es un ejemplo de que, en realidad, las políticas y los programas funcionan.

P. El documento alerta de que el cambio climático es una amenaza para los ODS y no se está haciendo suficiente contra este mal. ¿Está de acuerdo?

R.. Estamos lejos de hacer lo suficiente. Pero seamos claros, Europa se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40% y tengo mucha confianza en que cumplirá. Igualmente, hace 10 años, el mundo siempre señalaba a China e India como países que estaban frenando el progreso en la acción climática global. Hoy es diferente. China está trabajando activamente en la diversificación de su matriz energética para reducir las emisiones. Como estos, puedo dar muchos ejemplos. El problema es que hemos construido este sistema durante 200 años y ahora estamos perdiendo un tiempo que no tenemos para hacer un cambio en nuestros sistemas energéticos, de transporte, agrícolas... Nos dirigimos hacia una situación de emergencia, la ventana se está cerrando y no estamos actuando lo suficientemente rápido, que es distinto a decir que no se está haciendo nada.

P. Entonces, ¿qué hace falta para salvar el planeta?

R. La verdad amarga es que quienes son lo suficientemente ricos comprarán su salida. Comprarán tierras más altas; aquellos que sean lo suficientemente ricos se mudarán de las naciones isleñas que desaparecerán por la subida de los océanos, podrán pagar el doble de primas para asegurar sus propiedades contra inundaciones y poner más aires acondicionados en sus casas. Algunos comienzan a usar la ruta del norte y celebran el hecho de que el hielo del Ártico se esté derritiendo, lo que facilita el transporte de combustibles fósiles. Es la ironía de principios del siglo XXI: el cambio climático es un fenómeno muy cruel porque ha comenzado a castigar a quienes menos han contribuido a él. Pero en algún momento, incluso con todo el dinero del mundo, no vas a comprarte un futuro diferente.

P. ¿Qué hace el PNUD en este sentido?

Respuesta. El PNUD se ha convertido en uno de los principales socios de los países en desarrollo para abordar la adaptación al cambio climático. Esto se consigue con estrategias nacionales para introducir energías renovables, así como sistemas de transporte más eficientes energéticamente. Hoy tenemos más de 800 proyectos en los 140 países a los que apoyamos, y cerca de dos tercios de ellos están directamente relacionados con el cambio climático.

P. El otro problema que frena el progreso del mundo es, según la ONU, la desigualdad. ¿Qué se debe hacer contra este problema?

R. La desigualdad afecta a todas nuestras sociedades, tanto en las llamadas naciones desarrolladas como las que están en vías de desarrollo. Las tensiones políticas y la polarización han surgido de un aumento en el nivel de desigualdad. El problema es que hemos seguido un paradigma económico que básicamente pone el crecimiento económico por encima de todo lo demás. Nos dijimos: "Mira, la destrucción del medio ambiente y la creciente desigualdad social son en realidad el precio que pagas por un desarrollo acelerado". La gente ya no está dispuesta a aceptar esto.

P. ¿La solución es un cambio del sistema económico?

R. A lo que nos enfrentamos ahora es a cómo abordamos el desarrollo sin, digamos, una disrupción económica. Porque los ricos a los que les ha ido bien con este sistema económico no quieren cambiarlo ni debatir sobre los impuestos, subsidios, sobre cómo se sostiene el sistema de bienestar social o cuánto invierte el Estado en la gente que de otra manera no se las arreglaría, ya sea en las niñas para acceder a la educación, las personas con discapacidad o las comunidades rurales. No se trata de hacer que todos sean iguales, lo que es una contra teoría ingenua; se trata de la equidad en el acceso a las oportunidades. La gente ya no aceptará que, por el hecho de haber nacido en una parte de la ciudad, no se tenga el mismo acceso a la educación que alguien en el otro lado. Pero, ¿significa que todos terminarán con el mismo título universitario? Obviamente, no.

P. ¿Se puede evitar el debate sobre impuestos, acumulación de riqueza y paraísos fiscales en la lucha contra la desigualdad?

R. Puedes culpar a las personas ricas, pero creo que es, francamente hablando, una idea limitada. La riqueza extrema es producto de un marco regulatorio que la permite, tolera y promueve. Me sorprendió, hace unas semanas, que varios multimillonarios en Estados Unidos decían que están listos para pagar más impuestos, porque la sociedad en la que quieren vivir no es una en la que su riqueza pueda crecer sin cesar. Ya sabes, las personas no están seguras mientras otras tantas viven en la miseria y cuyos hijos están en condiciones de extrema pobreza. Las discusiones que queremos apoyar son: ¿cuál es el nivel correcto de impuestos? ¿Cómo deben invertirse los ingresos fiscales? ¿Cuál debe ser la proporción de fondos para zonas urbanas y rurales? ¿Y entre educación y defensa? Estas son elecciones que las sociedades tienen que hacer, pero nuestro papel como Naciones Unidas no es decirles cuál debe ser su elección.

P. ¿Cuál es su papel?

R. Mostrarle a los países cuáles son sus opciones. Y, con la experiencia de ver el ingenio de los seres humanos por todo el mundo, poder enseñarles buenos ejemplos. Si quieren eliminar gradualmente los combustibles fósiles, indicarles la forma en que algunas sociedades lo han hecho con éxito, que no es simplemente anunciando el lunes por la mañana que el precio de la gasolina aumentará en un 20%, lo que hará que todos se enfaden. Con el tema de los impuestos, ¿quién está a favor? Nadie. Pero a todo el mundo le gustaría tener sanidad, un sistema de seguridad social, carreteras, policía en la calle... Así que pagamos impuestos y, en muchos países, no nos oponemos a ello. Lo que no nos gusta es pagarlos y no ver lo que deberíamos obtener a cambio.

P. Se habla mucho de acelerar las medidas para conseguir los ODS en 2030. Pero ¿por qué no se habla de dejar de hacer lo que no funciona, causa daño o impide el progreso, como la venta de armas o los paraísos fiscales?

R. Algo, claramente, no está funcionando muy bien. En 2019 tenemos más conflictos armados dentro y entre países de los hemos tenido en los últimos 30 años. Hay 70 millones de personas que se han visto obligadas a dejar el lugar que llaman hogar. Estos son

P. ¿Qué falla?

R. Si recuerdo bien, entre las grandes potencias se gastan fácilmente un billón de dólares en Defensa. Mientras que la financiación total de la Cooperación para el Desarrollo es de alrededor de 150.000 millones. Es una proporción de nueve a uno. Esta ratio de inversión ya dice mucho. Dirijo hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el más grande en la familia de las Naciones Unidas. Funciona en 170 países. Pero su capacidad para invertir en el desarrollo es una fracción de lo que puede hacer un ministro de Defensa nacional al comprar la próxima ronda de tanques o aviones. Creo que sería interesante que en el futuro, el conflicto no sea la solución, sino que la cooperación sea el camino a seguir. Habrá quienes dirán que esto es solo un sueño. Pero no. Hay argumentos sobre qué funciona mejor, si las inversiones militares o para el desarrollo. Hay una cierta ironía en el hecho de que, entre las cinco potencias del Consejo de Seguridad con derecho a veto, cuatro son las mayores exportadoras de armas del mundo. No es una buena estadística.

P. Siempre se mencionan los casos de China e India como buenos ejemplos de desarrollo. Pero África subsahariana, según los informes, no avanza. ¿Se está el mundo olvidando de esta región?

R. No debemos subestimar el tamaño de África y la cantidad de países que tiene, más de 50. En este continente hay historias muy diferentes que contar. Algunas de las economías de más rápido crecimiento en la última década son africanas. Senegal es un buen ejemplo. Pero lo que el mundo oye y ve de África son los conflictos y las guerras civiles como la que hay en República Centroafricana. Creo que existe la clara necesidad de mejorar la gobernanza y la creación de instituciones, porque los países en los que los Gobiernos no funcionan tarde o temprano se desmoronan. En segundo lugar, la comunidad internacional tiene que invertir en África, creo que los rendimientos serán enormes. Es la región económica con mayor y más rápido crecimiento en el mundo. Pocos se dan cuenta de que, en solo 30 o 40 años, en el continente habrá 2.000 millones de ciudadanos, es un mercado global. Creo que su futuro está lleno de esperanza

Por Alejandra Agudo

Nueva York 30 JUL 2019 - 17:01 COT

Publicado enSociedad
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