Domingo, 03 Noviembre 2019 05:59

Una revolución mundial en marcha

Una revolución mundial en marcha

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª "Conferencia de las Partes", o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: "Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno".

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: "La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos".

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: "Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico". Natal prosiguió: "Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico". El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar "en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza". Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que "los contaminadores deben pagar". Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado "de combustión limpia".

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Sábado 2 de noviembre de 2019

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:43

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

 Las marchas autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante.

 

La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.


Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.


A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.


“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.


Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.


El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.


El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:37

Pacto por la Casa Común

Pacto por la Casa Común

Evocando el llamado "Pacto de las Catacumbas", por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común.

Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir:

  1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie.
  1. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2).
  1. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado.
  1. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística.
  1. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida.
  1. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente.
  1. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común.
  1. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades.
  1. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos.

11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real.

  1. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad.
  1. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación.
  1. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público.
  1. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza.
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Adictos al CO₂: cómo cambiar un modelo económico que lleva al desastre

La descarbonización de la economía es urgente. Los expertos proponen medidas fiscales, arancelarias o financieras para que las empresas reduzcan sus emisiones

Tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás para salvar el planeta avanza de manera inexorable. Cada año se liberan en el mundo 53,4 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, un 78% de los cuales corresponden a emisiones de dióxido de carbono (CO2). Si continúa el actual ritmo de contaminación atmosférica, las temperaturas medias en el año 2100 aumentarían entre 4,1 y 4,8 grados, según los cálculos del consorcio científico Climate Action Tracker.

Revertir la situación actual se antoja difícil, ya que el modelo económico se ha vuelto adicto al CO2. Si en 1950 las emisiones de dióxido de carbono solo eran de cinco gigatoneladas, actualmente superan las 40 gigatoneladas. Además, al analizar el origen de esos gases, la conclusión es que la culpabilidad del calentamiento global está muy concentrada: por países, cuatro naciones o zonas económicas (China, EE UU, UE e India) generan el 60% de las emisiones; por fuentes energéticas, el 80% de las mismas proceden del uso del carbón y del petróleo; y por sectores, la industria y el transporte son responsables del 50% del total, según datos de un reciente informe de Citigroup. Sin intervención política, el crecimiento de las emisiones es imparable en la medida en que la población mundial aumenta y millones de personas se incorporan a la clase media, factores que generan automáticamente una mayor demanda energética. Sobre la mesa empiezan a ponerse propuestas para, en un primer momento, reducir el dióxido de carbono y, a medio plazo, aspirar a una economía de emisiones cero. ¿Querrá alguien ponerle el cascabel al gato?

Solucionar el cambio climático podría ser tan sencillo y tan complejo como aplicar una suma. Según los economistas, para dejar de usar hidrocarburos basta con incorporar en el precio su gigantesco coste ecológico. Según los políticos, nada como una subida en los combustibles para inducir una revuelta. Ted Halstead se ha propuesto despejar la parte compleja de esa ecuación. Desde su Climate Leadership Council, lleva todo el año haciendo circular entre demócratas y republicanos de Washington una iniciativa para fijar un impuesto al carbono que los dos partidos podrían aceptar: incorpora una cláusula anti revuelta social —repartir entre los contribuyentes todo lo recaudado— y cuenta con el visto bueno de Shell, ExxonMobil y British Petroleum, por citar solo tres de las grandes petroleras que figuran en la web de este think tank. “La clave de nuestro programa es que es pro empresa, porque también propone eliminar toda la regulación que se volvería innecesaria con un impuesto al carbono”, explica Halstead en conversación telefónica.

Halstead estima que un 70% de las familias estadounidenses tendrá más ingresos disponibles después de su impuesto. No sólo por la devolución prevista de 2.000 dólares por familia y año sino porque el encarecimiento de los hidrocarburos con relación a las alternativas de energía limpia desincentivará su uso. De acuerdo con los cálculos elaborados por su organización, si el impuesto comienza a aplicarse en 2021, Estados Unidos lograría para 2025 una reducción de 32% en sus gases de efecto invernadero, cuatro puntos porcentuales por encima del objetivo comprometido en el Acuerdo de París.

Demasiado bonito para ser cierto si no fuera por el respaldo de 27 premios Nobel, dos ex secretarios de Estado republicanos (James A. Baker y George P. Shultz), y economistas de la talla de Larry Summers, Janet Yellen y Ben Bernanke, que ven en el crecimiento paulatino del impuesto una forma de dar a la industria las certezas y el tiempo que necesitan para adaptarse. Con un valor de 43 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida (según Halstead, unos 9,5 centavos de dólar por litro de gasolina), el plan es hacer aumentar la tasa a un ritmo del 5% anual.

“Todo el mundo entiende que tenemos que solucionar el problema del clima y lo que estas empresas quieren es resolverlo de la manera más eficiente posible”, dice quien pasó dos años arreglando “reuniones privadas” entre las partes para llegar a un acuerdo. Además de las petroleras y los economistas, el Climate Leadership Council tiene el visto bueno del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), entre otras importantes organizaciones ecologistas.

Ritmo lento

Lo cierto es que la solución de ponerle un precio al carbono para desincentivar los hidrocarburos está ganando impulso en todo el mundo. Según un informe publicado en junio por el Banco Mundial, de los ocho países que lo hacían en 2004 se ha pasado a un total de 46, sin contar con otras 28 jurisdicciones territoriales que han comenzado a penalizar con un precio la emisión de gases de efecto invernadero. Un 20% de las emisiones mundiales, dice el informe, ya están sujetas a imposición. El problema, dicen, es que los gravámenes siguen siendo demasiado bajos como para hacer cumplir el Acuerdo de París. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, para lograr las reducciones prometidas, los precios del carbono tendrían que estar ya entre los 40 y 80 dólares por tonelada.

En dicho informe, España aparece desde 2014 con una tasa de 17 dólares por tonelada de carbón para algunos tipos de hidrocarburos, pero la experiencia más conocida es sin duda la de British Columbia. La provincia del oeste canadiense lo aplicó de forma generalizada y con aumentos anuales. Empezaron en 2008 con 10 dólares canadienses por tonelada emitida y llegaron en 2012 a 30 dólares canadienses. Igual que la propuesta del Climate Leadership Council, British Columbia también incorporó la idea de devolver a los contribuyentes lo recaudado. Según estimaciones de la Universidad de Ottawa, en ese período logró reducir las emisiones totales de la provincia entre un 5% y un 15% sin perjudicar el crecimiento económico.

Pero encarecer la energía de todo un país es más difícil porque significa perder competitividad con relación a los bienes de otros lugares que no han sufrido ese sobrecoste. Para solucionarlo, la propuesta del Climate Leadership Council contempla la posibilidad de un arancel. “Si EE UU y Europa lo hacen, Canadá se va a sumar y no habría problema porque estaría dentro de lo que permite la Organización Mundial del Comercio”, según Halstead.

El economista Ian Parry, experto en política fiscal medioambiental del FMI, no piensa igual. En su opinión, sí puede haber un problema con el arancel y es el de la dificultad de cálculo. El ejemplo más evidente (y real) es el de un producto fabricado con componentes de varios países, cada uno de ellos con matrices energéticas en las que hay hidrocarburos y renovables. Según Parry, no es el único inconveniente. La rigidez del arancel, dice, terminaría discriminando a los productos de países que reducen sus emisiones vía regulación en vez de poniéndole un precio al carbono.

Parry coincide en que el impuesto al carbono es una de las herramientas más eficaces para reducir emisiones aunque no la única. “Para no aumentar tanto los gastos energéticos, se podría gravar con impuestos las formas de generación de electricidad que sobrepasen una franja de emisiones y subvencionar las que estén por debajo de esa franja”, señala. Y para sustituir la propuesta del arancel, propone un convenio internacional entre los mayores contaminantes: “Si los países principales imponen el impuesto a la vez se terminan las preocupaciones sobre la competitividad”.

La revuelta de los chalecos amarillos en Francia es uno de los fantasmas que sobrevuela cada vez que alguien habla de subir el precio de los combustibles. También, el argumento de Halstead para justificar el reparto integral de la recaudación. Pero, según Parry, el aumento en el precio del diésel no fue el único causante de la protesta contra el Gobierno de Emmanuel Macron. En su opinión, el impuesto habría tenido más aceptación si el encarecimiento de los combustibles hubiera sido paulatino y sin coincidir con una reforma impositiva que parecía favorecer a los ricos.

Parry no cree que haya que devolver absolutamente todo lo recaudado, una parte de la propuesta del Climate Leadership Council que considera “dogmática”, pero es consciente de la necesidad de presentar un impuesto políticamente viable. Para lograrlo sugiere que parte del dinero se devuelva a los más afectados por la tasa pero que también pueda destinarse a hospitales, carreteras, inversiones productivas o en energías renovables. “Es algo muy específico que variará de país en país, pero devolver todo lo recaudado no es la única forma de conseguir el apoyo político necesario”, dice.

Otras alternativas

El impuesto al carbono no es la única fórmula diseñada por economistas para reducir el uso de hidrocarburos. La Unión Europea logra un objetivo similar mediante el mercado de derechos de emisión (además de los impuestos sobre el carbono que varios Estados miembros aplican de forma puntual). En el mercado de derechos, con el que China también está experimentando, se establece un máximo de emisiones de CO2 por industria y año. Las empresas que emiten menos de lo que tenían autorizado venden a las que se pasan los derechos de emisión inutilizados. De esa forma, las que necesitan emitir más terminan pagando un plus por su carbono; las que reducen sus emisiones tienen el incentivo de un ingreso extra; y las autoridades saben exactamente el nivel de reducción anual de CO2.

El problema es que durante mucho tiempo el precio fijado libremente para intercambiar esos derechos fue demasiado bajo: desde 2012 hasta 2018 no llegó a los 10 euros por tonelada de CO2. Según la directora del Centro de Energía, Clima y Recursos del Ifo Institut de Múnich, Karen Pittel, se lograba el objetivo de reducción de emisiones, pero las empresas “no invertían lo suficiente en desarrollar las infraestructuras limpias que necesitaban para enfrentar las futuras reducciones de emisiones”. Traducido en términos de mercado, el precio de los derechos de emisión no estaba bien valorado y se corría el riesgo de sufrir un salto abrupto cuando las empresas comenzasen a tener problemas con sus objetivos de reducción.

Aunque ese peligro está hoy parcialmente neutralizado, con las emisiones cotizando en torno a los 25 euros por tonelada en la UE, el precio de contaminar sigue lejos de las estimaciones del Banco Mundial para evitar un calentamiento superior a 1,5 grados. Por suerte, para luchar contra el cambio climático también hay herramientas financieras. Además de los bonos verdes para inversiones sostenibles, que en los ocho primeros meses de 2019 recaudaron 150.000 millones de dólares, la novedad en ese campo es el programa lanzado por el Consejo de Estabilidad Financiera en Basilea (FSB) para homogeneizar y publicar información sobre los riesgos corporativos frente al cambio climático. El primer objetivo del TCFD, como se llama el programa por sus siglas en inglés, es mejorar la valoración de los riesgos del calentamiento. En última instancia confían en que sirva también para redirigir flujos de capitales hacia inversiones sostenibles.

Según James Rydge, de la London School of Economics (LSE), los esfuerzos de adaptación de las empresas no servirán de nada si no incluyen a los empleados. “Si uno se olvida de las personas y solo se concentra en reducir emisiones corre el riesgo de dar alas a gente como Trump y otros populistas que terminan significando un retroceso para la lucha contra el calentamiento”, advierte. Rydge se ocupa de formar a inversores institucionales para que incluyan la variable social en sus decisiones. “A los que son dueños de grandes partes de empresas, les decimos que pueden hacer presión sobre los consejos de dirección para asegurarse de que tienen buenas políticas sociales y buenos programas de transición para los empleados; y a los que están decidiendo dónde poner su dinero o de dónde sacarlo, les formamos para que tengan en cuenta si entran o salen de empresas con políticas justas para los trabajadores”, comenta.

Volviendo a la propuesta del Climate Leadership Council, su novedad es haber conseguido el apoyo de republicanos, ecologistas y petroleras. Según Halstead, su solución es la favorita de las empresas porque se aplica a todas por igual, de acuerdo con un cronograma y sin un gobierno eligiendo ganadores y perdedores. Pero aceptar un plan de imposición progresiva no significa que las petroleras dejen de velar por su negocio. Y eso, según las tesis del economista alemán Hans-Werner Sinn, podría convertirse en un obstáculo para el mismo impuesto que dicen apoyar.

En su libro La paradoja verde, Hans-Werner Sinn describió cómo la amenaza de imposiciones futuras puede acelerar la extracción de hidrocarburos hoy. Y cuando el exceso de oferta hace bajar los precios, se corre el riesgo de neutralizar el encarecimiento buscado con el impuesto. De hecho, según Pittel, podríamos estar ya inmersos en una paradoja verde: “Podría ser que las petroleras ya estén temiendo políticas más estrictas en el futuro y prefieran vender hoy el petróleo a un precio inferior”, subraya.

Halstead no cree que eso vaya a ocurrir con la propuesta del Climate Leadership Council porque su plan contiene una cláusula que lo protege de hidrocarburos excepcionalmente baratos: si no logran los objetivos de reducción programados, dice, los impuestos se modificarán al alza. ¿Pero hasta qué nivel habría que subirlos? En un estudio publicado en 2016, el economista del MIT Cristopher Knittel argumentaba que la bajada en los precios del petróleo habría hecho necesario un impuesto de 700 dólares por tonelada de carbono para que en Estados Unidos el coche eléctrico fuera competitivo frente al tradicional.

Afortunadamente, dice Knittel, el coste de las baterías ha bajado desde entonces y los vehículos eléctricos están mucho más cerca de convertirse en una buena decisión económica, además de ecológica. “En Estados Unidos, cuando haya un impuesto de unos 50 dólares por tonelada empezaremos a ver a los consumidores pasándose a los híbridos enchufables”, dice en referencia a los coches que llevan baterías para viajes de hasta 50 kilómetros junto a un motor de combustión para trayectos más largos.

Consumidores, votantes, multinacionales, ecologistas y políticos de partidos enfrentados... Ponerlos a todos de acuerdo no va a ser fácil pero tal vez no haya otra solución si el objetivo es detener la catástrofe. “Nunca antes hubo una coalición como esta”, dijo Halstead sobre su alianza de petroleras y ecologistas. Tal vez sea cierto. Lo que es seguro es que nunca antes hizo tanta falta.

Por Francisco de Zárate

Madrid 2 NOV 2019 - 18:31 COT

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 “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.  Imagen: AFP

Página/12 compartió las dos marchas que este viernes sacudieron el centro de la ciudad. La de "Mujeres de luto",  con los brazos en alto, banderas de Chile en color negro y fotos de los muertos tanto en la dictadura como en estos días. Y la que juntó hasta a los barras de equipos opuestos y terminó reprimida por los Carabineros. Nuevas denuncias de torturas.

 

Chile despertó y no descansará hasta que haya un cambio estructural. Eso es lo que quisieron demostrar las miles de personas que se reunieron en Plaza Italia cerca de las 17 alrededor de una convocatoria denominada “La marcha más grande de todas”, con la intención de replicar el suceso del viernes pasado. Fue una movilización mucho más masiva que la de ayer en el mismo punto, que había agrupado sobre todo a jóvenes estudiantes y que con disfraces y máscaras conectó con el espíritu de Halloween. A quince días de iniciado el estallido, el pueblo se preocupó por dejar en claro que no se cansa. En tanto, el Gobierno le respondió nuevamente con hidrantes y gases lacrimógenos que no perdonan ni al que está lejos.


A lo largo del feriado del Día de los Muertos, la ciudad presentó dos climas bien diferentes. Pasado el mediodía, un conjunto de emotivos rituales dio el protagonismo a los que ya no están y a los que el Estado torturó, desnudó, secuestró, abusó, violó, calcinó y disparó en esta etapa. Un enorme grupo de mujeres que se organizó por redes sociales con la consigna “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.


Todas vestían de negro. Llevaban los brazos en alto, racimos de flores, banderas de Chile en color negro, carteles en memoria de desaparecidos de la última dictadura militar, una tela con fotos de los muertos del Chile despierto. Nadie en esta manifestación se atrevía a faltar el respeto al silencio, y era tan pacífica que si alguien osaba enfrentarse a algún carabinero se lo reprendía (“no hace falta”). La numerosa columna avanzó por una Alameda que contiene todas las huellas del estallido. Vidrios rotos, locales calcinados, importantes edificios públicos --como la Biblioteca Nacional-- totalmente intervenidos por el aerosol. Al llegar a la casa de gobierno, las mujeres entonaron el himno de estas movilizaciones, “El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara, y “La cigarra” de María Elena Walsh.


La antigua Iglesia San Francisco estaba empapelada con las fotos de los jóvenes fallecidos en los últimos días, como Joshua Osorio, de 17 años, que murió calcinado. O la artista callejera Daniela Cardoso (36 años), colgada frente a sus vecinos, luego de ser abusada sexualmente por uniformados. Los familiares de desaparecidos y fallecidos no eran visibles en la marcha, si es que estaban. Muchos aún no han hecho denuncias y prefieren no hablar de lo sucedido. “Esta generación no pensaba que iba a vivir esto, por eso no le tuvimos miedo al toque de queda”, dice Valentina Barrios, una joven que todos los viernes participa de las rondas alrededor de la Moneda, organizadas por familiares de detenidos y desaparecidos. Dentro de las Juventudes Comunistas ella es compañera de un joven que fue detenido y torturado en un regimiento granadero de Iquique, del cual circularon impactantes fotos ayer. “Estaba en una marcha, lo agarraron, con patadas, hubo simulación de fusilamiento, abuso sexual, le pusieron corriente, le pegaron, tiene un derrame en el ojo”, enumeró trágicamente Valentina.


Más temprano, una comunidad de sahumadoras había homenajeado a desaparecidos y muertos --29, según dijeron-- con una ceremonia en Plaza Baquedano que tomaba aspectos de una tradición mexicana. “Sahumar es armonizar, liberar energías, dar paz. Sanar. Limpiar, también, en algún sentido”, explicó Roxana Campos Araya, la mujer que conducía el ritual. Reunidas en ronda, con caracolas y sahumerios, las mujeres iban colocando en la tierra cruces con los nombres de los caídos. Pensaban enterrarlas en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Quisimos ponerles cuerpo a los muertos y hacer un homenaje colorido. Era importante trenzar un rezo para ayudarles a elevarse y hacerlos visibles”, comentó otra de las sahumadoras, llamada Sayen. Un tercer grupo femenino ofreció una performance de expresión corporal respecto de los heridos. Estaban vestidas de negro y tenían gasas en los ojos.


Si por esas horas la calle era de las mujeres que reivindicaban los derechos humanos y hacían visibles a las víctimas de la violencia del Estado, hacia la tarde el clima de Plaza Italia cambió radicalmente. El pueblo todo con sus variados reclamos en carteles se juntó allí después de que Carabineros dispersara con hidrantes --aquí conocidos como guanacos-- a manifestantes en la Moneda. Los gases eran poderosos. No son pocos los que dicen que son cada vez más tóxicos. Eran arrojados, como ayer, desde la estación de metro de Baquedano, y también había un foco represivo en el Parque Bustamante. Los manifestantes entregaban agua con bicarbonato y barbijos. Los parques linderos estaban también colmados.


“¿Qué otra figura más que Piñera logró juntar a dos barrabravas opuestas?”, decía Jorge, que tomaba una cerveza y señalaba las banderas de Colo Colo y Universidad de Chile agitadas por sus hinchas en cercanía. Por todos lados sonaban cacerolas, tambores, silbatos; flameaban banderas chilenas y mapuches. “El que no salta es paco” fue uno de los cánticos más repetidos. Como dato de color, la movilización sumó a un grupo de manifestantes llegados de Limache (región de Valparaíso) en una caminata. “Mi hijo recibió siete perdigones en la espalda por venir a ayudar a la Cruz Roja. Tengo 79 años y salgo a pelear igual”, expresaba Carlos sosteniendo un cartón que cuestionaba el sistema jubilatorio. Daba especial importancia al hecho de poder expresarse en un medio de comunicación: “El periodismo acá oculta todo. No muestra esto”. A quince días de la explosión social, el pueblo de Chile demostró entonces varias cosas: que luchará por sus muertos, que buscará a sus desaparecidos y que no dejará las calles hasta ser escuchado.

 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:01

Chile.Imágenes de una revuelta del futuro

Chile.Imágenes de una revuelta del futuro

La revuelta chilena viene del futuro. Es una crisis de los límites del neoliberalismo. Quienes tuvieron a Chile por modelo, sepan que allí ya toparon el final del camino, con fuego y desgobierno. Chile era el país emblema de las democracias capitalistas en América Latina. Lejos de la pobreza estatista y corrupta que marca muchas realidades de la región, en Chile el orden de mercado parecía satisfacer a las mayorías, y la elección de un empresario derechista y corrupto como presidente parecía un aval de masas a ese orden. Incluso parecía un sistema que procesaba las movilizaciones de 2011, y que no se veía golpeado por las demandas masivas de fin al sistema privado de pensiones de la dictadura o las demandas del movimiento de mujeres. El gobierno derrotó de forma humillante a uno de los sindicatos más grandes y fuertes, el de profesores, apenas un mes antes de la revuelta. El 7 de octubre fue el Cyber Monday, una jornada especial de ventas por Internet. Los resultados ayudan a explicar saqueos e incendios en un país en donde el problema es la obesidad y no el hambre. Las empresas ganaron 271 millones de dólares en un día de ventas, pero según una encuesta publicada esa semana, el 69 por ciento de las personas creía que las ofertas eran falsas y engaños de las empresas.

Lo que se observa no es sólo resistencia, sobre todo, es rebelión ultramoderna; sus protagonistas no son hambrientos desesperados, sino miserables que descubren la dignidad en la lucha. Sin duda, hay pobreza, pero es la desigualdad y no la carencia lo que encabrona. No son víctimas, sino una multitud que usa la creatividad y la vida contra la lujosa miseria neoliberal. En las grandes ciudades de Chile, los televisores de última generación son más baratos que el arriendo de una vivienda y comer sale más caro que vestir de marcas. En los disturbios y saqueos iniciados el 18 de octubre, se ha repetido la imagen de manifestantes que queman televisores ultra HD y jeans de última moda, mientras la comida de los supermercados desaparece con salvajismo, ya sea por saqueos sin consigna o comprada a sobreprecios en los comercios que quedan en pie protegidos por el Estado o por ciudadanos temerosos de estar en un futuro desconocido. En el Chile de la revuelta, ni el Estado ni el mercado pueden garantizar algo más que balas y usura, su legitimidad está en el suelo.

La revuelta de octubre se ha ido descomponiendo en un millar de rebeliones cotidianas. A lo largo de todo el país hay marchas de miles a diario, y los muertos, heridos y torturados se siguen contando en cifras inauditas, pero sin desanimar a las masas. La violencia y la anormalidad de casi dos semanas en ciudades acostumbradas a la calma ha ido alejando a las capas medias de las formas más radicales de protesta que se vieron en la primera semana. Pero en enormes franjas de trabajadores y otros grupos del pueblo, la revuelta se sigue viviendo como una fiesta, o por lo menos como la única garantía de no volver a la normalidad de la deuda y la explotación sin vida. Travestis en barricadas demandando derechos para las suyas, artistas feministas en la primera línea de la refriega, donde comparten escenario con gente disfrazada de Pokémon y colectivos de otakus antifascistas. Todos, por supuesto, son trabajadores, y todos tienen razones para odiar a los ricos, pero su identidad no se ancla en revivir otro siglo, sino en parir el propio. Son la clase trabajadora contra el capital, rehaciéndose sin permiso. El futuro llegó, la normalidad es pasado, todo es posible, incluso la vida.

El estado de excepción, que debía restaurar la normalidad, fue absolutamente desobedecido la semana que duró, ya fuera por las masas que coparon las calles en pleno toque de queda o por los grupos más activos que se enfrentaron directamente a los militares. El retiro del ejército de las calles dejó al presidente Piñera debilitado y a los militares humillados tanto por la desobediencia y el rechazo de las mayorías como por varias acusaciones de violaciones a los derechos humanos. De todas formas, ha sido Carabineros el principal actor de la violencia estatal, dejando miles de presos y heridos, entre ellos, decenas de personas ciegas por balas supuestamente disuasivas, y cargando ya centenares de acusaciones formales de tortura, secuestros, golpizas, abusos sexuales, violaciones y asesinatos en la calle y en las comisarías, ocurridos durante la revuelta. En el desplome moral del neoliberalismo, la policía ha sido poco más que una patota de matones en guerra abierta contra su pueblo.

El gobierno sigue cayendo, entre cambios de gabinete, cancelación de citas internacionales (Apec y Cop25), y debe responder por las violaciones a los derechos humanos y por un pueblo que se volvió ingobernable. La izquierda, la militancia que se supone debería haber estado más preparada para este momento, ha sido víctima de la explosión de futuro. No logra determinar la crisis. No ha tenido capacidad de incidir en el desarrollo de los hechos, y en el mejor de los casos lograría destituir a Piñera mediante una acusación constitucional ya en marcha en el Congreso, lo que no es poco, pero llega tarde. Por otra parte, la militancia de izquierda, de todos los partidos y colectivos que habitan desde el muy criticado Partido Socialista hasta los anarquistas más radicales, ha vivido una experiencia de lucha y enfrentamiento inédita. La decisión demostrada por las mayorías en estas semanas obliga a un desarrollo de la crítica anticapitalista, obliga a un salto cualitativo, sensible a la crítica desde abajo de la clase trabajadora. A pesar de que la izquierda no supo cómo actuar políticamente en los momentos más radicales de la insurrección –nadie podría saberlo–, demuestra completa conciencia de acompañar y fortalecer el desarrollo de la lucha de masas que emergió. Se hace parte de un asambleísmo en los barrios, construye aceleradamente organizaciones populares mientras que despliega las que por décadas han ido creciendo desde abajo. Se vienen años de lucha interesantes. En un país en que el movimiento popular del siglo XX, al alcanzar los límites de la democracia, fue destruido por una dictadura, emerge hoy un conocimiento de alcance global para quienes se sienten derrotados por el avance neoliberal: sepan que nada es definitivo, que se puede pelear.

 

Por Luis Thielemann Hernández

1 noviembre, 2019

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Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

 

Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG [lanzagranadas] y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear ‘nadie nos representa’ y ‘fuera, fuera, Irán’, en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todos las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

"Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa"

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra ISIS, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chanclas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. En la parte de atrás de uno amarillo, un hombre despatarrado con dificultades para respirar.

Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra ISIS, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde [el área más segura y fortificada de Bagdad] impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimidaciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de mes, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam.

Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara este fin de semana que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi.

Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes pasado comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

El domingo, el servicio antiterrorista de élite de Irak comunicó que había desplegado sus efectivos en Bagdad para proteger los edificios estatales importantes de "elementos indisciplinados".

Los manifestantes que durante el fin de semana pasado se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron este lunes a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

El lunes también hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes. Entre la noche del lunes y la mañana del martes, mató a 18 personas y dejó heridas a cientos. Hasta la fecha, ha sido uno de los ataques más letales.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes [a principios de octubre] formaba parte de las milicias Khorasani y Badr [de mucho poder, tienen el apoyo de Irán]. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas. Según esa interpretación, la embajada estadounidense y los Estados del Golfo están alentando las protestas para derrocar al Gobierno chií de Irak.

"Mira a la gente que te rodea", señala un abogado de 23 años en la ciudad de Sadr, a las afueras de Bagdad. Es una noche de principios de octubre y las balas silban sobre su cabeza mientras decenas de niños se agachan para esconderse en un pequeño callejón. "¿Crees que la embajada americana sabe que ese callejón existe? Todos estamos sin trabajo, yo terminé la carrera de Derecho hace tres años y aún no he encontrado empleo".

Desde el frente traen a un joven con la pierna empapada en sangre. Un montón de neumáticos incendiados lanza grandes llamas hacia al cielo. "Estas son las mejores manifestaciones desde 2003", señala el abogado. "Todas las manifestaciones anteriores fueron organizadas por Moqtada al-Sadr o por los secularistas, pero este es un auténtico levantamiento popular y sin líderes".

Ghaith Abdul-Ahad - Baghdad

01/11/2019 - 21:03h

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El baile de lxs que sobran: Hipótesis y preguntas desde la rebelión popular en Chile

Se cumple una semana de revuelta popular en Chile, desde que el viernes 18 de octubre miles de estudiantes de toda la capital realizaron una jornada masiva de evasión en el Metro de Santiago, ante una nueva intentona de los gobiernos neoliberales por despojar y privatizar lo común, en esta ocasión expresada en una nueva alza de pasajes impuesto por el gobierno de Sebastián Piñera.

Ocho días de insubordinación colectiva que, de forma aparente, comenzó como un repudio activo contra el aumento de 30 pesos en el costo de este medio de transporte público1, pero que, de manera más profunda, representa el desacato contra treinta años de neoliberalismo recargado. Asistimos a una oleada de desobediencia contra el “exitoso” modelo chileno, ayer denominado por gobiernos de la Concertación como el “jaguar latinoamericano” y hoy por el gobierno de Piñera como el “oasis de América latina”2.

La reacción a este cuestionamiento no fue de escucha ni diálogo; por el contrario: declaración de estado de emergencia, militares en las calles, toque de queda, restricción de libertades, tres mildetenidos, casi mil heridos y lesionados, varios de ellos de extrema gravedad producto de disparos con armas de fuego3, muchos a quema ropa, 19 muertos,decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos por apremios ilegítimos, secuestros en la vía pública, vejámenes en procedimientos policiales, violaciones y sesiones de torturas en estaciones de Metro y cuarteles policiales. 

Se torna urgente, por tanto, analizar lo ocurrido más allá de las lecturas superficiales que circulan en los medios hegemónicos. En tal sentido, lo que siguen son algunas hipótesis y un cúmulo de interrogantes, escritos al fragor de este proceso de insubordinación que emerge como punto de quiebre y momento constitutivo en la historia reciente de Chile e incluso de América Latina.

1. Una revuelta espontánea gestada por la juventud popular, que devino -por multiplicación e irradiación- en el baile de lxs que sobran.

Nuevamente, al igual que en el 2006 y 2011, la revuelta en sus comienzos fue dinamizada por el movimiento de estudiantes secundarios, pero con una distinción. Más allá de la categoría estudiantil, lo que marcó el origen de la revuelta y su devenir, fue el rol de una o en realidad de unas juventudes, de carácter popular, que involucra y a la vez excede a las y los estudiantes, como sujeto polimorfo y más amplio que el de los ciclos precedentes. Éste, sin más coordinación que cadenas de wasap, convocatorias en liceos y escuelas de boca en boca y un uso contra hegemónico de las redes sociales, convocó a la realización de una original modalidad de lucha (la evasión masiva), a través de una consigna de protesta y agitación transversal: “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”.

Interesa resaltar este carácter diverso del sujeto político popular juvenil que dinamiza los orígenes de la revuelta, precisamente porque la reproducción radical del estallido en los días siguientes se explica, en parte, por dicha transversalidad al sentir del pueblo. Su llamado por cual no esperó abarcar primero todo el sector educativo (cual mancha de aceite) y luego al campo social, sino irradió e interpeló con una velocidad inusitada al grueso de las clases populares (tipo archipiélago). Así es como sin ánimo alguno de centralización, dirigismo ni lógicas vanguardistas, las diferentes estaciones de Metro (una extensa red por donde circulan casi 3 millones de personas a diario) oficiaron de manera entrelazada de puntos de condensación de la protesta, dando rienda suelta a la experimentación política y la creatividad desde abajo en cada una de estos “nodos”.

La evasión masiva, combinada con la brutal represión sufrida por las y los jóvenes el día viernes 18 de octubre en estos diferentes puntos de la ciudad, abonó a una conexión casi inmediata con la interseccionalidad material de buena parte de las formas de explotación, endeudamiento, precariedad y enajenación que sufren las clases subalternas en territorio chileno, oficiando de práctica antagonista con capacidad articuladora de las luchas en y por lo común. Este “sistema de dominación múltiple” que disgrega y fractura sujetos/as y luchas ante el grito de protesta se visualizó, al fin, en el imaginario colectivo, como uno sólo.

Por ello, si bien puede ser definida como una revuelta de carácter espontáneo, es preciso leerla en tanto conjunción de proceso y acontecimiento, es decir, de tramas subterráneas y apuestas cotidianas que fueron horadando cada vez más la hegemonía neoliberal vigente en Chile, hasta decantar en un estallido tan masivo como inesperado que reventó la burbuja del mito de una sociedad falsamente inclusiva y democrática.

Esta irrupción tuvo como antesala, y al mismo tiempo emparentó diversas resistencias: lucha de las mujeres contra el sistema patriarcal y en defensa de la soberanía sobre los cuerpos/territorios, que se expresó meses anteriores en ocupaciones de universidades para hacer visible la violencia y la precariedad de la vida que afecta de manera más aguda a las mujeres y disidencias; las resistencias contra el extractivismo, la privatización de los bienes comunes, la contaminación socio-ambiental y la acumulación por despojo en campos y ciudades; la histórica lucha de la nación-pueblo mapuche por territorio, autodeterminación y fin a la militarización del Wellmapu, las iniciativas y propuestas de vida digna basadas en la recuperación de derechos sociales como “NO+AFP”, la lucha social mediante acciones callejeras, tomas de liceos y novedosos repertorios de acción colectiva en contra de la mercantilización de la educación que no cesa, y las variadas expresiones de poder popular, prefiguración y autogobierno desarrollada por el movimientos de pobladores/as que desde rincones de las periferias rebeldes de la ciudad neoliberal cultiva una vida otra.

En conjunto, todas estas luchas abonaron -de forma subterránea y más allá de sus posibles matices- a la erosión del sentido común neoliberal que tuvo como contracara una pérdida del miedo, y que trocó en estado de ánimo disconforme e insumiso a nivel societal. De igual manera, el ¡Fin del lucro! que ya había sido escuchado como principal grito de protesta y exigencia popular en 2011, se actualizó esta semana a partir de un clima de hartazgo generalizado que equivalió a un estruendoso ¡Ya Basta! similar al lanzado por el zapatismo décadas atrás desde la Selva Lacandona.

Así, la revuelta habilitó un “secreto compromiso de encuentro” entre estas apuestas colectivas de lucha precedentes y una espontaneidad de masas que irrumpió en las calles operando por multiplicación y a través de irradiación, consiguiendo conectar el memorial de agravios históricos con el descontento actual cada vez mayor con respecto al orden neoliberal; logró unir a todos y todas en el “baile de los que sobran” diría la mítica canción de la banda musical Los Prisioneros4.

Lo que se vivencia en las calles en estos momentos, no es entonces un movimiento social, sino una sociedad en movimiento, hastiada de precariedad, endeudamiento y mercantilización de la vida, de autoritarismo y desigualdad tanto en un plano socio-económico como político-institucional. 

2. Un estado de emergencia decretado por el mal gobierno y un emerger de los pueblos más allá del Estado.

Luego de una larga jornada de evasiones masivas, movilizaciones multitudinarias, barricadas, incendios y cacerolazos en numerosos puntos de la Región Metropolitana, esa misma noche del viernes 18 de octubre el presidente Sebastián Piñera anunció públicamente ante los medios de prensa la declaración del estado de emergencia.

El día sábado las calles amanecieron con cientos de militares distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y pertrechados para la guerra. La imagen nos retrotrajo a los peores momentos de la dictadura pinochetista, y puso en evidencia los vasos comunicantes entre aquel terrorismo de Estado ejercido de manera prolongada durante 15 años, y el actual estado de miedo y sometimientos de nuestros cuerpos -a veces menos visible y hoy abierto- que se reinstala a punta de fusil en pleno siglo XXI.

Pero este intento de atemorizar a quienes el día anterior habían salido a las calles al “baile de lxs sobran” disfrutando del ritmo de la protesta radical, al son de una solidaridad masiva con la intrépida juventud protagonista de las evasiones, lejos de cerrar la fiesta, generó un mayor nivel de bronca y desacato que se irradió a otras latitudes y territorios de Chile.

Al estado de emergencia impuesto por el Estado, el pueblo, los pueblos, respondieron con un emerger más allá del Estado. Un insurgir colectivo, una potencia plebeya que con extrema osadía hizo de la conquista de las calles un laboratorio de experimentación política, que fue lentamente prefigurando modos de vidas propios (en sus tiempos, territorialidades y sentidos), reapropiándose de lo público (en sus usos sociales más allá del Estado y del Mercado) y reconstruyendo lo común (desde abajo) a partir de diversas y complementarias modalidades de desborde y ruptura del orden neoliberal.

Desde esta perspectiva, entendemos que el ataque a ciertos edificios y bienes públicos, contrario a lo que se escucha, no es un ataque a “lo público” como aquella vincularidad que nos constituye en tanto pueblos en coexistencia. Más bien, es un ataque contra determinados símbolos materiales que hacen parte de un Estado refractario a los intereses y necesidades populares.

Si en el ciclo anterior de revuelta la idea de ¡Fin al lucro! puso en el centro la lucha contra el mercado, la revuelta actual agrega a la batalla contra la mercantilización de la vida, un ataque directo a la estatalidad. De cierto modo, el estallido identificó, lo que muchas y muchas alertaron en los últimos años: aunque el neoliberalismo nos vendió una idea de mercados libres, el Estado nunca se fue (tal como presume y vocifera cierto progresismo vernáculo), todo lo contrario, intensificó su intervención, pero no como dispositivo de bienestar sino cual maquinaria de guerra e instancia mediadora al servicio del capital, engranaje de acumulación, garante de desigualdad y principal promotor del orden burgués.

Sin poder vaticinar el devenir de esta emergencia, lo que sí es evidente es que se detonó -seguramente sin un pronto retorno- un cuestionamiento radical de todo lo instituido y una impugnación de las lógicas mercantiles y estatales que parecían hasta ahora inconmovibles. El estado de emergencia, instaurado en Santiago primero y a los pocos días extendido a más de la mitad de las regiones del país, en realidad no es sino la expresión de un Estado en emergencia, que ante la pérdida de legitimidad social acude a la violencia más descarnada para sostenerse.

En esta línea, el segundo paso del gobierno, como respuesta a este emerger insumiso y destituyente, fue dictar la tarde del sábado 19 de octubre toque de queda totalen las provincias de Santiago y de Chacabuco, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo5. La apelación a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno, lejos de interpretarse como una fortaleza del régimen político, pone en evidencia su precariedad hegemónica y el progresivo debilitamiento de los mecanismos de sometimiento ideológico que supieron apuntalar a este sistema de dominación tan intrincado. La desobediencia al toque de queda de cientos de miles de personas denotó aún más el resquebrajamiento del consenso neoliberal, y con el transcurrir de los días se fue desencadenando una crisis total del régimen. El millón y medio de personas en la última concentración masiva el viernes 25 de octubre en Santiago viene a reafirmar dicha crisis sistémica.

3. Reconfigurar “lo común” en la revuelta: una temporalidad y espacialidad otra y propia.

Durante esta semana de desacato e insubordinación, en las calles de Chile se ha vivenciado un claro enfrentamiento con el orden político, y al mismo tiempo se vislumbra embrionariamente una reinvención de la política. Uno de sus rasgos más sugerentes de esa reinvención que apareció en la revuelta es otratemporalidad, acelerada en su irradiación a contramano de todo lo previsible y a la vez calma e intensa en su vivencia, más similar a los pueblos indígenas que a la velocidad y liquidez capitalista.

Observamos una suerte de política in-mediata, en dos sentidos: de un lado por una ausencia de mediaciones (sean éstas las instituciones estatales, las organizaciones partidarias e incluso los movimientos sociales hasta ahora existentes) y de otro, como una autoafirmación en el “aquí y ahora” tanto de soluciones como de experimentaciones, que reniega de la paciencia indolente propia del tiempo gubernamental y mercantil. En ese tiempo propio, hay una ruptura y desavenencia visceral con respecto al dispositivo de la espera como tempografía disciplinaria. Y, además, hay una prefiguración de un tiempo “muy otro” en el presente de lucha, más denso e irreductible a los parámetros homogéneos y lineales de las manecillas del reloj. Las largas jornadas de concentraciones masivas, que se extendieron por muchas horas, son el mejor ejemplo de la restitución de un tiempo propio, de recuperar esa armonía temporal en los pueblos y los cuerpos, que se viola diariamente desde la velocidad vertiginosa de los flujos capitalistas en los modos de vida actual.

Esa otra temporalidad, tiene como complemento necesario otra espacialidad de acción social y política, otras formas de habitar lo político a partir de una co-laboración, es decir, un trabajo en común sustraído de la semántica y de las modalidades de intervención propias del orden liberal-burgués.

La ocupación de plazas y parques, de calles y andenes del metro, de balcones y esquinas, es también una recreación de una territorialidad con sentido propio que dotó a la protesta de una identidad no estatal, popular y comunitaria, cooperativa y autónoma. Ello condensó en la trama urbana la insumisión y el descontento a través de acciones directas, no sectoriales ni corporativas, sino con capacidad de concitar intereses comunes, amalgamar transversalmente medios y fines en un solo haz, y recomponer vínculos intersubjetivos, identidades colectivas, modos de vida y prácticas desmercantilizadoras a escala masiva.

Así es como con el transcurrir de los días de protesta, esta temporalidad y espacialidad contrahegemónica se ramifica y comienza a rearmar procesos de hermanamiento desde abajo6, que habilitan la deliberación pública a partir de la cooperación y la confianza mutua, reconfigurada por una pluralidad de expresiones organizativas. En los últimos días, las asambleas populares, ciudadanas y comunitarias empezaron a proliferar en muchísimos territorios, junto a la constitución de múltiples y simultáneas zonas temporalmente autónomas, que cortocircuitaron el orden socio-político asentado en la hegemonía neoliberal.

Una subjetividad antagonista se está dando cita allí, conjugada con una actitud carnavalesca y festiva, de protesta e indignación, de expansión de los deseos y los afectos, que en grado cada vez mayor asumió al cuidado mutuo y la reciprocidad entre pares como columna vertebral del trastocamiento de toda normalidad. Quizás algo muy básico, pero radicalmente revolucionario en Chile, fue que en esos espacios-tiempos otros se recuperó el saludo, el mirarse a los ojos, mostrar nuestros cuerpos, hablar de política, caminar con la cabeza en alto, cuestionar a los medios que llegaban a cubrir, denunciar la injusticia.

Lo que podría haber sido sólo una evasión individual de sujetos/as descontentos/as por no acceder a los bienes y servicios de la sociedad neoliberal, mutó en una evasión colectiva desde lo común, un rehuir de la mercantilización de la vida.

4. Más que violencia, (auto)defensa y recuperación de la vida, frente a la violencia sistemática de un Estado y una sociedad neoliberal.

Durante todos estos días, los medios hegemónicos chilenos -pero también los de otros países de la región- bombardearon a sus audiencias con imágenes de la “violencia” y el “vandalismo” ejercido por manifestantes en las protestas callejeras. No renegamos de esta arista tan molesta para el progresismo bien pensante, ni escamoteamos el necesario debate alrededor de ella, pero creemos que el discurso mediático rasca donde no pica, en la medida en que de manera simétrica invisibiliza lo sustancial del proceso en curso en las calles de Chile.

Los saqueos de grandes cadenas de supermercados no apuntaron jamás a vulnerar la vida, todo lo contrario, en su defensa cuestionan su cruda y perversa mercantilización y precariedad. Lo que subyace a estas acciones directas es una comunalidad, una impugnación a la lógica de endeudamiento, despojo, especulación financiera y deshumanización, que subsume todos los derechos sociales en dinero y hace de la vida misma mero valor de cambio.

Entonces, que no sorprenda que frente a un sistema de muerte que no da de comer ni de amar, se ejercite desde la indignación y la impaciencia una reapropiación de lo común (en su connotación más diversa e integral), que en algunos casos involucra formas de contraviolencia, las cuales -además de expresar un repudio en acto de ciertas instituciones que encarnan o simbolizan la dominación del Estado, el patriarcado del salario y la violencia del dinero- aspiran a resguardar la vida y apuntan a la satisfacción directa e inmediata de necesidades y deseos, sin acudir para ello a la brutal irracionalidad de la forma-mercancía (que sólo se puede obtener en función del poder adquisitivo que se tenga en el bolsillo o la tarjeta de crédito). Es decir, ejercieron por sus manos, lejos de la moral de lo correcto, lo que la sociedad neoliberal les pidió durante los últimos treinta años: una sensación de éxito e “integración” medida de acuerdo a los bienes de consumo que posee7.

El valor de uso del tiempo enajenado y el valor de uso de los productos se revitalizaron en cada saqueo concretado, molinete saltado o avenida tomada, a partir de una transgresión de la propiedad privada, un cuestionamiento de las gramáticas del poder estatal y una suspensión de la mediación del dinero que -desfetichización mediante- trocó en recuperación colectiva de lo que el orden capitalista pretende ofrecer como bien de consumo comprable y vendible, pero que en rigor fue expropiado previamente como producto y riqueza social a la clase trabajadora, a través de una sistemática e invisible política de despojo y confiscación8. De ahí que, en términos históricos, antes que saqueo, sea viva re-apropiación.

En paralelo, la declaración por parte de Sebastián Piñera de que “estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso”, no debería leerse como un mero exabrupto ni una torpeza discursiva. Es la explicitación de un estado de guerra constante -a veces masivo y visible como ahora, otras más subrepticio y selectivo como en el caso de las comunidades mapuches, las mujeres, migrantes y las juventudes populares- que asume nuevas y múltiples formas, así como métodos no convencionales de exterminio y disciplinamiento. Esto es lo que el zapatismo ha denominado como “Cuarta Guerra Mundial”, en la medida en que ya no implica la confrontación entre dos ejércitos regulares en un territorio determinado, sino que involucra cada vez más a los Estados en alianza con tramas informales y sutiles de ejercicio de la represión, que en conjunto atentan contra la vida cotidiana de las poblaciones civiles y comunidades autoorganizadas.

Precisamente, ese “enemigo poderoso” al que alude Piñera no es otro que el “enemigo interno” al que las dictaduras militares intentaron diezmar décadas atrás, es decir, el pueblo, o mejor aún, los pueblos movilizados, aquí y ahora, devenidos sujetxs políticxs y que hoy denuncian las diversas y complementarias formas de violencia estatal-mercantiles, a la par que ejercitan una (auto)defensa de la vida en ese inmenso campo de batalla a cielo abierto que es el cuerpo-territorio chileno.

Lo sustancial de este proceso en curso remite por tanto a la dinámica de manifestación colectiva, deliberación pública, desnaturalización e impugnación de la trama de relaciones de dominio, y sostenibilidad en el tiempo de una multitud movilizada que se ha hastiado, dejando atrás el sentido de la inevitabilidad, la cultura del desvinculo y el miedo paralizador que supo introyectar la hegemonía neoliberal en gran parte de la población.

A este orden político y socio-económico aún en pie, cada vez menos legítimo y asentado en última instancia en el monopolio de la violencia que ostenta, pero vulnerado en su fibra más íntima desde la subjetividad insurgente y con potencialidad emancipatoria que se respira en las calles, aluden precisamente las pintadas que expresan “¡lo perdimos todo, hasta el miedo!”, “¡Tengo más rabia que plata pal pan!” y “¡abajo el Estado!”, como interpelaciones estampadas creativamente en algunas estaciones de Metro y paredones, a modo de grito de protesta contra el alza del precio del transporte público, pero sobre todo en defensa de la vida digna y lo común.

Algunas preguntas-generadoras para un final abierto

Lo que acontece en estos días en territorio chileno tiene ciertas características específicas y rasgos de excepcionalidad que sería necio negar. No obstante, al mismo tiempo es preciso leer esta insubordinación en el marco de un proceso más amplio de relaciones de fuerzas que -en grados e intensidad variable- se desenvuelve a nivel continental e incluso global.

La insurrección permanente desplegada en Haití desde hace por lo menos dos años, sumada al levantamiento indígena y popular acontecido semanas atrás en Ecuador, así como otras movilizaciones y acciones disruptivas que se vivencian en diferentes realidades de la región, dan cuenta de una misma vocación antagonista y destituyente, que rechaza de cuajo los planes de ajuste y las intentonas privatistas que pretenden imponer las clases dominantes y el imperialismo como salida a una crisis orgánica del capital que aún no pudo ser superada.

Tal como mencionamos anteriormente, estas rebeliones se solventan en una temporalidad “muy otra” y en espacialidades rehabitadas por lo común, no reductibles por tanto a los formatos y dinámicas de funcionamiento de la democracia representativa burguesa ni al individualismo neoliberal. Por ello no cabe encorsetarlas dentro de la camisa de fuerza de las experiencias de los progresismos latinoamericanos, ni tampoco asimilarlas a un mero “descontento ciudadano”; más bien se emparentan con un desborde que emerge más allá del Estado y el mercado, que precisamente viene no solamente a confrontar con las derechas enquistadas en el poder (como la que encabeza Sebastián Piñera), sino también a evidenciar las flaquezas y ambigüedades de los gobiernos y plataformas electorales de centro-izquierda, que se apresuraron a pregonar el entierro del neoliberalismo, de manera simétrica al tiempo que tardaron en darse cuenta que estaban velando al muerto equivocado.

En todos estos años, la retórica anti-neoliberal y democratizadora propagandizada por estas coaliciones y regímenes, tuvo en los hechos como contracara la persistencia de un capitalismo extractivista multiplicador de zonas de sacrificio, precariedad laboral, represión policial, femicidios, despojo de bienes naturales y vulneración de derechos colectivos; así como una subjetividad asentada en el endeudamiento y el consumismo acrítico, y una institucionalidad estatal burocrática y a contramano de la participación popular, todas ellas enemigas del buen vivir, los entramados comunitarios y el protagonismo desde abajo.

En función de este diagnóstico provisional, y al calor de lo que parece que ser un cambio de coyuntura sumamente imprevisible a escala continental -pero sin duda venturoso por las posibilidades que abre como certera impugnación del neoliberalismo-, compartimos algunas preguntas-generadoras que surgen a partir del panorama inédito que se vive actualmente en la región. Recuperamos en ellas el espíritu del pedagogo y educador popular Paulo Freire, quien nos convoca a cuestionar aquello que resulta obvio o previsible, y asumir que no existen respuestas definitivas ni estáticas desde el pensar crítico, ya que siempre implican desafíos y enorme creatividad por parte de los pueblos:

¿La revuelta en territorio chileno es síntoma de proyectos progresistas inconclusos del ciclo anterior? ¿O es resultado de -y respuesta a- la liviandad de los mismos?

¿Son acaso estas rebeliones la antesala de una nueva fase de probable ascenso de gobiernos progresistas reformateados? ¿O más bien expresan una crítica teórico-práctica a las limitaciones inherentes de estos procesos, que exige una reinvención radical de la forma, los medios y el fondo del proyecto emancipatorio?

¿Podemos leer esta revuelta como inconformidad ciudadana espontánea y transitoria? ¿O es pertinente interpretarla desde su antagonismo teniendo nuevamente como horizonte al socialismo?

¿Es apropiado buscar canalizar dicho emerger más allá del Estado a través de mecanismos institucionales? ¿un plebiscito con miras a una asamblea constituyente? ¿acaso una elección anticipada como necesario recambio de las élites políticas?

¿O resultaría más adecuado profundizar y fortalecer ese poder propio y alternativo, comunitario y popular, que permita vehiculizar la revuelta en más auto-organización y más lucha socio-política? ¿consejos locales, espacios mancomunales de articulación por abajo, asambleas populares?

No deseamos presentar una dicotomía entre un devenir de las luchas “dentro” o “fuera” del Estado, porque sabemos que el horizonte revolucionario requiera tal vez de ambas (aunque por cierto la experiencia histórica demuestre que estas temporalidades y lógicas tienden a ser discordantes), pero sí al menos nos interesa convidar y problematizar una serie de interrogantes adicionales, complementarios con los precedentes:

¿Qué aprendimos del ciclo de luchas anterior? ¿La traducción electoral -en gobiernos locales y el Congreso- de los movimientos sociales, territoriales y estudiantiles, obtuvo los resultados esperados? ¿Qué obstáculos, limitaciones y taras implican este tipo de modalidades de participación/presencia en la institucionalidad del Estado? ¿Qué interpelación/cuestionamiento hace esta revuelta a dicho esfuerzo?

¿En qué medida la rebelión popular que se vive en estos días en las calles de Chile es parte de un proceso de reanudamiento de las luchas emancipatorias impulsadas desde abajo a nivel continental?

Más allá de las posibles respuestas, que sin duda serán producto del propio andar colectivo como pueblos desde lo que Freire enunció como inédito viable, hoy resulta más claro que nunca que quienes aspiramos a superar la barbarie que expresan el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad en esta fase tan cruel y represiva como apocalíptica por la que transitamos, no tenemos garantía alguna de triunfo. La nuestra es una apuesta frágil y sin certidumbre alguna, y en ella se nos juega tanto la posibilidad de edificar una sociedad radicalmente distinta a la actual, como la supervivencia de la humanidad y del planeta tierra en su conjunto. Por eso resulta urgente reinstalar en el seno mismo de estos procesos de lucha e insubordinación que circundan a la región, los debates estratégicos que necesitamos darnos desde el diálogo fraterno, la discusión colectiva y la escucha mutua.

En este marco, volver a situar al socialismo como alternativa civilizatoria no es sólo una opción entre tantas, sino una necesidad histórica acuciante balbuceada al pie de un desfiladero y a pasos nomás del abismo. Frente al declive y las limitaciones evidentes de los proyectos progresistas en nuestro continente, y ante una violenta contraofensiva general de las derechas, las clases dominantes y el imperialismo por superar esta crisis, sobre la base de una agudización de la xenofobia, la militarización de los territorios, el despojo de los bienes comunes, la precariedad de la vida y la superexplotación del trabajo, no cabe sino redoblar los esfuerzos por la construcción de un horizonte de carácter socialista.

Eso sí: será un socialismo en el que quepan muchos socialismos. Del poder popular y el buen vivir, comunitario, feminista, autogestionario, descolonizado, migrante, ecologista, plurinacional e internacionalista, tan multicolor y variopinto como la Whipala. Mientras tanto, tal como arenga una de las tantas banderas flameadas en las calles de Santiago, seguiremos luchando hasta que valga la pena vivir.

31 octubre 2019 0

1 Esta alza no es aislada, sino se registran más de veinte aumentos de este tipo desde la inauguración del Metro hace 12 años, ubicándolo como uno de los más caros de todo el continente (U$D 1,17). Se calcula que quienes cobran un salario mínimo destinan al menos el 13% de sus ingresos al transporte público.

2 No es ocioso mencionar que un 70% de la población gana menos de 770 dólares al mes, y 11 millones de chilenos (de los 18 que tiene el país) tienen deudas, por lo que podemos imaginarnos lo que implicó para una familia dicho incremento en términos del costo de vida, más aun teniendo en cuenta que este es uno de los pocos bienes y servicios que (en una economía neoliberalizada hasta el paroxismo) no puede pagarse con tarjeta ni de forma diferida, sino que golpea de manera directa al bolsillo de los sectores populares.

3 Cabe señalar que noticas en la prensa alertaron del uso de armamento militar de alto impacto, no permitido ni en las normas de la OTAN para acción militar en las ciudades.

4https://www.youtube.com/watch?v=X-YAnmsbnKM

5 Vale la pena recordar que el último toque de queda establecido fue en el terremoto de 2010 en la ciudad de Concepción, luego de que se reportaran numerosos saqueos a supermercados y tiendas, y que dicha medida no se decretaba en la provincia de Santiago desde 1986, tras el frustrado atentado contra Augusto Pinochet. 

6 Uno de los buenos ejemplos fue en diferentes ciudades del país marchas donde convergieron las barras bravas de distintos clubes de fútbol.

7 Esto no es nuevo, sino que ya fue develado el 2010 tras el terremoto. La población como “acto reflejo” de un inconsciente neoliberalizado ante el riesgo de desabastecimiento, acudió en masa a los grandes centros comerciales y cadenas de supermercados a apropiarse de diferentes bienes de consumo, algunos básicos y otros no.

8 Si ejercitamos una memoria de mediana y larga duración, la verdadera violencia y saqueo colectivo fundante del actual orden neoliberal, tiene sus raíces más profundas en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” (equivalente a la “conquista del desierto” en lo que hoy es Argentina), eufemismos que aluden a la acumulación originaria y el genocidio que, de un lado y el otro de la cordillera, sentó las bases de las sociedades capitalistas contemporáneas. De ahí en más, se configura en ambos territorios un Estado racista y monocultural, burgués y terrateniente, blindado a los intereses populares y comunitarios. Este Estado ha sido el que en realidad ejercitó una violencia ofensiva al extremo contra esas otredades peligrosas a los ojos del poder, en tanto resultaron ajenas y refractarias a la “civilización occidental y cristiana”, y que en el caso de Chile, tras un prolongado e inestable derrotero histórico (que incluyó numerosas masacres militares contra los pueblos indígenas y las clases subalternas), agudizó su faceta coercitiva en la larga noche criminal de la dictadura pinochetista, que formalmente se prolonga del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, pero que continúa durante los años de invariante democracia tutelada que llegan hasta el presente, con la aplicación de un terror selectivo y más difuso pero no por ello menos efectivo.

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Viernes, 01 Noviembre 2019 05:51

La represión recrudece a la noche en Chile

La represión continuó en las calles de la capital chilena. Imagen: EFE

Las manifestaciones espontáneas se sucedieron en Palza Italia, tradicional epicentro de las marchas masivas en contra del gobierno.

Las leyendas en aerosol en las fachadas de los edificios, bombas textuales para el presidente, los pacos, algunos deseos. Los trajes impermeables cubriendo de pies a cabeza. Máscaras, maquillaje. Sombreros de bruja. Cascos, antiparras, pañuelos, barbijos. El sonido constante de cacerolas y silbatos, algún cántico. La interrupción repentina del estruendo del gas lacrimógeno o la dispersión a la que obliga el camión hidrante. La represión recrudece a medida que avanza la noche. Los carabineros se ubican en la boca de la estación de metro Baquedano, donde funcionó un centro de tortura. Los de veintitantos, los que no tienen en el cuerpo la memoria de la dictadura --tal vez los que menos miedo tengan-- son mayoría esta tarde en la zona conocida como Plaza Italia. Es una manifestación espontánea, algo de lo más habitual por estos días, que suele iniciarse a las 17.


En la escena se mezclan vendedores de comidas varias y cervezas, jóvenes de cabellos de colores que circulan en rollers y bicis, la épica imagen de un chico trepado al caballo del monumento que homenajea al general Baquedano. Desde lo alto flamea la bandera nacional. Hay muchas mapuches, también. Un muchacho toma un megáfono para dedicar un poema al “Negro matapacos”, un perro fallecido, ligado al movimiento estudiantil. No hay un único reclamo: patriarcado, bajos salarios, dificultades para estudiar, el monocultivo, la falta de camillas para enfermos son apenas algunos de los blancos. Cientos de motos irrumpen de pronto en la Alameda; ruidoso ritual contra el negocio de TAG en las autopistas. Un vendedor de empanadas y masas rellenas dice que trabaja y de paso apoya “a los chiquillos”. “Tuvo que llegar el caos para que nos tomaran en cuenta”, sentencia el asfalto, también copado por mensajes de aerosol.


Varios de los presentes marcharon más temprano hacia el Palacio de la Moneda. Constanza, 23 años, estudiante, tiene las manos manchadas de rosa. Acaba de dedicar lo opuesto a un piropo a la Policía. Aunque ya no hay militares en las calles la violencia continúa. Hay quienes postulan que los gases contienen sustancias más dañinas. “Nos manifestamos pacíficamente. Tengo muchos amigos a los que les han llegado perdigones, que han perdido ojos. Nuestro único derecho en Chile es poder elegir, pero teniendo plata”, expresa. No es la única que piensa que los jóvenes tienen un “deber” en estos tiempos. Invitar a “que esto se siga moviendo”. “Nos obligan a regresar con piedras. No es lo que queremos”, asegura Lucas.


Para Javiera es todo muy fuerte “emocionalmente”. El primo de una amiga suya ha desaparecido en Puente Alto. “Nadie esperaba un estallido social. Pero tenemos que decantarlo bien”, se esperanzan Constanza y Jorge. Lo que aparece en el horizonte como deseo –además de la renuncia de Piñera-- es una asamblea constituyente que engendre una nueva constitución, para desplazar a la heredada de la dictadura y que “las necesidades básicas de la población” queden garantizadas desde el Estado.

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Piñera cancela cumbres de APEC y clima por el conflicto en Chile

La crisis empeora y el gobierno apuesta al desgaste, señala experto

 

Santiago. Ni en la peor de sus pesadillas el presidente Sebastián Piñera se soñó obligado por la profundidad de la crisis social y política que estremece a Chile a salir a anunciar que su gobierno desiste de ser anfitrión de las próximas cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25).

“Nuestro gobierno, con profundo dolor, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para noviembre, y tampoco la reunión de la COP, que estaba programada para diciembre”, declaró muy afectado, flanqueado por el canciller Teodoro Ribera y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a cargo de la organización de la COP.

Se trata de un durísimo golpe personal y político para Piñera, quien en los últimos meses procuró mayor protagonismo internacional no exento de fracasos rotundos, por ejemplo, su papel en los acontecimientos de Cúcuta, en febrero pasado, destinados a derrocar el régimen de Nicolás Maduro; o bien cuando pretendió interceder en la áspera disputa entre los presidentes de Francia y de Brasil por los incendios en la Amazonia; también ha sido un revés para Chile, cuya imagen como destino seguro ha venido cayendo conforme distintos gobiernos advierten a sus ciudadanos de los riesgos que corren de viajar a acá. El mercado bursátil cerró con una baja de 2.8 por ciento en las acciones preferentes y el peso se devaluó 1.6 por ciento para cerrar en 739.5 respecto del dólar.

La perspectiva de que, primero la APEC y después la COP 25 se convirtieran en un espectacular anfiteatro mundial para edificar, con renovados bríos, una representación de masivas protestas con cientos de miles de personas en la calle, sin ninguna capacidad de controlarlas y con impredecibles posibilidades de violencia, terminaron por hacer evidente que es mejor pasar ahora por la humillación de replegarse.

La cumbre de líderes de APEC se realizaría en Santiago el 16 y 17 de noviembre, reuniendo a los gobernantes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Estas economías en conjunto representan 40 por ciento de la población mundial; 60 por ciento del PIB global y 50 por ciento del intercambio comercial total.

La COP 25, en tanto, sería del 2 al 13 de diciembre, con participación de los 193 países de Naciones Unidas, pero adicionalmente vendrían unos 25 mil delegados de la sociedad civil. Para este acto, el gobierno presupuestó 35 millones de dólares (40 por ciento a cargo de privados) y ha estado construyendo instalaciones en un ex aeropuerto ubicado en la Comuna de Cerrillos, aledaña unos 7 kilómetros al centro de Santiago.

El presidente fue explícito al asegurar en que tomó la decisión dadas “las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país en las últimas semanas, y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social”.

Agregó que su deber ahora es dar “urgencia y fuerza” a lo que describe como “nueva agenda social”, y prometió “impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo” con las fuerzas políticas. Por la tarde, después de visitar a carabineros (policías) lesionados en las protestas, anunció que invitó a los presidentes de los partidos opositores con representación en el Parlamento a una reunión este jueves con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Consultado acerca de avanzar en reformas estructurales, Piñera no descartó ninguna medida; “estoy abierto a considerarlas todas”, pero después de que avancen los paliativos que anunció la semana pasada. “Vamos a analizar las reformas estructurales una vez que hayamos escuchado con atención a todos los chilenos”, afirmó.

El magistrado Lamberto Cisternas, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, indicó que “a estas alturas (de la crisis)”, la reforma constitucional es una salida viable, para lo cual debe consensuarse un mecanismo de plebiscito.

Cristián Fuentes, politólogo de la Universidad Central, estimó que la renuncia a ser sede de cumbres internacionales obedece a que el gobierno “es incapaz de ofrecer una seguridad mínima tanto de índole política como de administración de las conferencias, sobre todo la COP, que es un acto muy grande. Esto es un gran golpe para la imagen de Chile, pero refleja la realidad y el pésimo manejo de la crisis política y social”.

Fuentes recordó que las avanzadas diplomáticas y de seguridad enviadas a Chile, con seguridad reportaron lo que está ocurriendo, además de que “las embajadas están informando de manera permanente y tienen una idea clara de lo que pasa”.

Respecto de la evolución de la crisis, el analista menciona que “una lucecita en el oscuro túnel” es la idea de un plebiscito para generar una nueva Constitución, algo que necesariamente pasa por la generación de un marco legal, o sea, depende del Congreso. “Hasta ahora lo que el gobierno ofrece es absolutamente insuficiente y la movilización social va a continuar”, advirtió.

“La crisis ha empeorado y el gobierno parece que sigue apostando al desgaste, pero pueden pasar semanas y meses antes de que el movimiento acuse señales de cansancio”, advirtió.

Ayer continuaron las manifestaciones pacíficas por todo el país; los gremios de la salud y los profesores realizaron jornadas de paro, a la vez que hubo enfrentamientos entre jóvenes encapuchados y la policía, saqueos y vandalismo.

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