Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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La alcaldesa Patricia Arce fue secuestrada y agredida.  Imagen: AFP

Una violenta jornada se vivió ayer en Cochabamba, donde murió un joven en enfrentamientos entre quienes respaldan a Evo Morales y quienes piden su renuncia

Bolivia volvió a sacudirse por enfrentamientos y ataques violentos, con epicentro en la ciudad de Cochabamba pero con hechos en otros puntos del país este miércoles y nuevos choques nocturnos en la ciudad de La Paz. Esto se da en el marco de las protestas de la oposición contra el resultado de los comicios que derivaron en la reelección de Evo Morales, mientras se realiza la auditoría del escrutinio de parte de la Organización de Estados Americanos y el país está en crisis por un sostenido paro cívico.

Hacia el mediodía de ayer inmensas columnas de mujeres campesinas se manifestaron pacíficamente contra el racismo y por la democracia en el centro de la ciudad de Cochabamba. A la convocatoria de las “Bartolina Sisa” se sumaron cocaleros y militantes del Movimiento Al Socialismo y, pasado el mediodía, comenzaron los encontronazos con grupos de partidarios ligados al Comité Cívico de Santa Cruz, quienes arrojaron gases a mujeres y niños. A partir de ahí la mecha se encendió y los episodios violentos se multiplicaron a las localidades de Quillacollo y Vinto, municipio en el que se registraron los hechos más graves, incluyendo el incendio del edificio de la alcaldía.

La víctima mortal fue identificada como Limbert Guzmán Vásquez, de 20 años de edad. Durante la mañana se había informado el rescate de un joven gravemente herido en los enfrentamientos entre bloqueadores y desbloqueadores en el puente Huayculi, en Quillacollo. Guzmán fue trasladado al hospital Viedma, donde falleció en horas de la noche por “traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo, muerte cerebral y paro cardiaco respiratorio”. Aida, hermana de Limbert, sostuvo a la prensa que “el Partido de (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho le pagaron (para bloquear) y, como él estudiaba, quería ganarse unos centavos”.

“Resistencia Juvenil Cochala” se hacen llamar los integrantes de los grupos de choque que asolaron a Cochabamba a bordo de motocicletas y munidos de todo tipo de elementos de ataque. Están sindicados como quienes perpetraron los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa de Vinto por el MAS, quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos. Un episodio similar padeció Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, exviceministro y actual secretario de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba.

“Toda mi solidaridad con nuestra hermana alcaldesa Patricia Arce, secuestrada y vejada cruelmente por expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres. Condenamos las acciones violentas que causan luto y dolor en la familia boliviana”, escribió el presidente Morales en su cuenta en Twitter y también se condolió y condenó el asesinato de Guzmán.

 

Violencia en ascenso

 

Javier Zavaleta, ministro de Defensa, fue enfático al referirse a la escalada de violencia que azota al país y llamó al dirigente cívico Luis Fernando Camacho a que repliegue sus grupos de choque y a que deje de lado la incitación a movilizaciones, tomas de instituciones y cierres de fronteras: “Estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas si es que el señor Camacho, en el transcurso del jueves, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue”.

En La Paz también se produjeron nuevos enfrentamientos la noche del miércoles, con 10 heridos producto de choques entre universitarios y mineros en los alrededores de plaza Murillo y de la Facultad de Derecho de la UMSA. La tensión se extremó pasadas las 21 horas debido al arribo de Camacho al aeropuerto de El Alto. Zavaleta también denunció que los cívicos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz trasladaron a estos grupos de choque para generar violencia en la sede de Gobierno.

 

“La cruzada” opositora

 

El clima de violencia y la tensión social es una apuesta de los sectores opositores principalmente nucleados en torno al Comité Cívico Nacional. Y uno de sus principales actores es el líder cruceño Luis Fernando Camacho, cuya estrategia de entregarle la carta de renuncia al presidente Morales ha ido al compás de la escalada de violencia.

En medio de un gran operativo de seguridad del Gobierno, Camacho finalmente llegó anoche a La Paz y montó todo un show mediático y en las redes sociales -con video incluido- que también fue usufructuado por otros opositores que -esta vez sí- lo esperaron y acompañaron durante horas, mientras en las calles alteñas y paceñas recrudecían los enfrentamientos.

"Quiero agradecer al pueblo boliviano por haberme acompañado en esta cruzada, esto generó la unidad de todos bajo una sola causa", posteó primero para luego sostener antes las cámaras: “Agradecer a la Policía por toda la colaboración y sobre todo a esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto. Decirles que ya llegué, que venimos a buscar la paz, no buscamos enfrentamiento, no queremos dividir Bolivia, queremos una sola Bolivia sin discriminación y sin racismo".

En tanto que Carlos Mesa, el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, le brindó su “solidaridad y respaldo” y le tendió un puente político: “Es muy importante establecer una línea de unidad de la oposición democrática boliviana independientemente de cualquier circunstancia particular, creo que esto es clave en un momento de crisis tan dramático como el que está viviendo Bolivia”.

Hay que ver cómo sigue hoy la saga de Camacho con su carta de renuncia al presidente mientras la convulsión sigue y el paro se agrava por los bloqueos de los pasos fronterizos internacionales de parte de sectores transportistas de carga pesada, lo cual está perjudicando también el libre tránsito de residentes y turistas.

En tanto, se esperan las conclusiones de la auditoría de la OEA, cuyo plazo finaliza el 11 de noviembre. Entre ese juego de luces y sombras, Luis Almagro, titular del organismo regional, apuntó vía Twitter que “las protestas por la misión de auditoria me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo”.

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Piñera anunció un paquete de leyes de mano dura

El presidente chileno los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas" para reforzar el orden y la seguridad pública.

El presidente de Chile Sebastián Piñera decidió endurecer su agenda frente a las manifestaciones y protestas que atraviesan todo el territorio chileno desde el pasado 18 de octubre. Acompañado por miembros de su nuevo gabinete, Piñera presentó un paquete de medidas tendientes a reforzar el orden y la seguridad pública. Los nombres elegidos por Piñera para sus proyectos de ley no dejaron dudas respecto a su contenido: los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas", entre otros. Al igual que el miércoles, las movilizaciones del día se multiplicaron en zonas acomodadas del país, como el barrio Las Condes. También se repitieron movilizaciones con epicentro en Santiago, a las que se plegaron entre otros sectores camioneros, trabajadores de la salud y estudiantes.

Respecto al proyecto antisaqueos, Piñera dijo que castigará severamente a los autores de robos a supermercados y locales comerciales. “Este proyecto de ley va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud en ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público”, destacó.

El proyecto antiencapuchados, por su parte, buscará sancionar a quienes ocultan su rostro durante los “desordenes públicos". “Esta medida busca sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quién lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad”, expresó Piñera.

En tercer lugar, Piñera se refirió particularmente a las barricadas que "entorpecen la libre circulación". En la misma tónica de los anteriores proyectos, éste permitirá “combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas (...) que entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país”, expresó.

Como cierre de su paquete de mano dura, también decidió darle relevancia al proyecto de modernización de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El mandatario realizó estos anuncios en La Moneda, acompañado por el flamante ministro del Interior Gonzalo Blumel y dos subsecretarios de la cartera. En los últimos días, Blumel se reunió con parlamentarios de Chile Vamos (coalición de derecha compuesta por la Unión Demócrata Independiente, el Partido Regionalista Independiente Demócrata, Renovación Nacional, y Evópoli) para recibir propuestas en la materia.

Luego de presentar las nuevas medidas, Piñera anunció la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a partir de las 19 horas, para analizar la crisis social que atraviesa el país. El Cosena es un organismo propuesto y avalado por la Constitución de 1980. 

El Consejo estará “encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”, explica el Artículo 106 de la Carta Magna. El texto también establece que “Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República”.

Chile amaneció el jueves con rutas bloqueadas por camioneros y manifestaciones en distintos sectores de Santiago y otras ciudades, incluidos los barrios más acomodados. Una convocatoria por redes sociales llamaba a hacer un "gran tour al oasis" y llegar hasta la rica comuna de Las Condes, una zona de Santiago con los metros cuadrados más costosos de todo Chile.

Empleados de los servicios públicos de salud, que reclaman desde hace años mejoras salariales y más recursos para la atención primaria, llegaron temprano hasta la sede de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por la tarde, una columna de manifestantes avanzó sobre la avenida Vitacura, sector exclusivo de residencias y sede de organismos internacionales, embajadas y comercios de lujo. Mientras tanto, otros centenares de personas, en su mayoría estudiantes, protestaban en el centro de Santiago, escenario habitual de las manifestaciones.

Desde las masivas jornadas de protesta que iniciaron el 18 de octubre, se contabilizan hasta el momento 23 muertos, de acuerdo a la Fiscalía de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este jueves que ya recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras tanto, espera la autorización para ingresar al país.

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Crisis en Bolivia: Las mujeres marcharon contra el racismo

La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa encabezó una gran marcha en Cochabamba contra el odio y el racismo frente a los golpistas "que arremeten la dignidad de las mujeres". Manifestantes a favor y en contra de Morales chocaron en el área de las oficinas gubernamentales.

 

Desde el 20 de octubre, en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se registran agresiones de opositores contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas. Ya durante la semana pasada, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, conformada por mujeres de organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, quechuas, guaraníes, servidoras públicas, estudiantes, luchadoras sociales de larga trayectoria, entre otras, repudió los hechos de discriminación y violencia.

Uno de los más brutales episodios de intolerancia lo padeció, de parte de dirigentes cívicos de Santa Cruz, la gremialista Paola Aguilar Serrudo, quien denunció secuestro, torturas y lesiones graves ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las denuncias de este tipo estructuran la movilización de mujeres y se complementan con el perdido del cese del paro cívico, ya que son ellas y sus familias quienes más se perjudican ante el debilitamiento de la economía informal.

La carta de la violencia

Finalmente, y como era previsible, la violencia latente estalló anoche en la ciudad de La Paz. Las escaramuzas y choques no han faltado durante las más de dos semanas de protestas contra el resultado de las elecciones del 20 de octubre, pero ahora se confirmó lo que desde finales de la semana pasada circulaba como rumor: grupos de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) -la mayor del país-, que responden al cuestionado rector saliente Waldo Albarracín, articularían con integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para escalar tácticas y logística en los enfrentamientos en las calles paceñas, sobre todo en el área de plaza Murillo, donde se concentran ministerios, la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno -Casa Grande del Pueblo-, custodiados por cientos de miembros de las organizaciones sociales y militantes del Movimiento Al Socialismo.

Hubo choques de todo tipo: entre quienes exigen la renuncia del presidente Morales y quienes lo defienden y, cerca de la medianoche, entre estudiantes y policías. Hubo fuego, piedrazos, golpes y detonaciones de dinamita, la Policía utilizó un carro antidisturbios y agentes químicos. El saldo fue de al menos ocho heridos, -seis universitarios, un comunario de Oruro y un médico, estos últimos con traumatismos cerebrales-, y varios detenidos.

José Antonio Barrenechea, comandante Departamental de la Policía de La Paz, reportó que las detenciones fueron "por ataques violentos y tenencia de explosivos y objetos contundentes". "Nos encontramos con personas contrarias a la pacificación que atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a nuestro personal", explicó a la agencia estatal ABI. Tras tres horas de operativos, la Policía retomó el control de la zona, pero los universitarios se replegaron a bloquear en inmediaciones de la UMSA, corte que continúa hasta hoy junto a otras áreas clave del centro de la ciudad.

Albarracín, que durante los primeros días de la convulsión incitó a la guerra civil, había advertido horas antes en el canal universitario que sacaría por la violencia a los 'Ponchos Rojos' -campesinos de La Paz que respaldan a Evo Morales- si ingresaban a las dependencias de la UMSA. "Al momento que quieran dar un paso dentro de la universidad, los vamos a sacar. Así que ni se atrevan", amenazó. A su vez, informes policiales revelaron que el rector autorizó el uso de espacios de la institución pública para que los jóvenes escondieran escudos, máscaras, explosivos y otros elementos de ataque.

Tampoco se descarta que otro detonante de la violencia haya sido la tan mentada carta de renuncia escrita por el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, que en horas de la tarde empezó a circular bajo réplicas en distintos nudos de conflicto, así por ejemplo la ostentaban los estudiantes a modo de trofeo o la quemaban los campesinos en señal de repudio.

La misiva llegó incluso a Londres, donde residentes bolivianos increparon a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos -organismo a cargo de la auditoría del escrutinio que determinó la victoria del MAS en primera vuelta-, y le dieron el extorsivo mandato que Camacho no pudo llevar firmado a Santa Cruz ante un pueblo que iba a esperarlo de rodillas, según prometió en el cabildo del día lunes.

Fiel a su estilo de equilibrista algo tendencioso, Almagro tuiteó que "las protestas por la misión de la auditoría me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo. El pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica, jurídica y política, más necesarias que nunca".

Guerra a la economía

Por estas horas el país está semibloqueado debido al cambio de estrategia, que ha pasado de los cortes urbanos a la toma de instituciones. Aún persisten piquetes en algunas rutas interdepartamentales y se suma la medida del sector del transporte de carga pesada, que bloquea pasos internacionales, con lo cual la economía boliviana ya acusa el golpe de más de dos semanas de paro cívico.

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que el daño económico a nivel país alcanzó los 167 millones de dólares -a un ritmo diario de 12 millones- y señaló que el efecto negativo será mayor en el Producto Interno Bruto (PIB) con el anuncio de toma de instituciones públicas y el cierre de fronteras, como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, cuyos ingresos están paralizados.

"Estas medidas que ha tomado el Comité Cívico tendrán consecuencias para los municipios, para las gobernaciones y para las universidades públicas que reciben recursos de la coparticipación", advirtió Arce e indicó que uno de los sectores más perjudicados es el industrial, "que poco a poco se va quedando sin insumos para operar".

Otro efecto no deseado de los bloqueos, y que perjudica a decenas de miles de beneficiarios, es la suspensión provisoria de los pagos de la Renta Dignidad -para adultos mayores, "quizás el único sustento periódico que reciben nuestros abuelitos"- y el Bono Juancito Pinto -para escolares-, dado que la toma de instituciones, cuyo ordenamiento realizó Fernando Camacho este lunes, también contempla a las entidades bancarias, afectando a su seguridad y a la de la población. "Eso se paga en oficinas del Banco Unión, que han sido tomadas, y del Senasir -Servicio Nacional del Sistema de Reparto-, varias de cuyas agencias han sido también tomadas por el comité cívico. Estamos dejando de pagar pensiones", comunicó el ministro.

Industrialización en suspenso

Además de los trastornos ocasionados a una población y a una economía cada vez más cautivas por las medidas extorsivas de la oposición, otro golpe fuerte al desarrollo del país se produjo en este contexto y tiene que ver con la industrialización del litio, o mejor dicho con su interrupción.

Luego de presiones que comenzaron las semanas previas a los comicios, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) logró que el gobierno derogara el decreto que disponía la creación de la empresa mixta YLB-ACISA, que integraba a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems Gmbh, que ya había garantizado 1.300 millones de inversión en plantas industriales en el salar de Uyuni para alcanzar un volumen de producción de hasta 65 mil toneladas anuales, con lo cual Bolivia se ponía a la par de las megaempresas chilenas y de capitales trasnacionales.

El proyecto contemplaba la producción de hidróxido de litio y de baterías de ion litio a escala industrial para exportar a distintos mercados, principalmente el alemán. Según el portal digital Primera Línea, COMCIPO está asesorado por Juan Carlos Zuleta, funcionario del gobierno de Chile. Hoy, en declaraciones a medios de comunicación, el dirigente de COMCIPO, Marco Pumari, llamó a la sociedad a "presionar en la Casa de Gobierno" y pidió que las protestas se trasladen de los departamentos a La Paz. 

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Notas (sueltas) sobre la crisis post-electoral boliviana

Todo parece desmadrarse en Bolivia después del 20 de octubre. Las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores son las mismas: golpe /golpe, racismo/racismo, dictadura/dictadura y ya hay enfrentamientos violentos entre grupos de bolivianos en las calles. Claramente, el gobierno no midió los efectos de haber forzado la postulación contra el resultado de un referéndum y haberse obsesionado durante cuatro años solo con la re-reelección. Y no mide el descontento más allá de las (aún) buenas cifras macroeconómicas. En este tiempo, la potencia social fue reemplazada por la “potencia estatal”, lo que fue implicando una burocratización del apoyo al gobierno, un fuerte debilitamiento de la capacidad de irradiación hacia fuera de los núcleos duros y los "creyentes" y un empobrecimiento del discurso oficial (se ve en las redes, en los post de quienes aún tratan de defender al gobierno y en el propio discurso en la cúpula oficialista) y de su capacidad de movilización (la energía se desplazó al bloque opositor). Las nuevas figuras del gobierno, como Canelas, que lo rejuvenecieron, fueron absorbidas por esta dinámica regresiva. Y así el MAS se desconectó también de las nuevas generaciones que vivieron toda su vida consciente bajo Evo escuchando los mismos discursos.

Frente a los resultados del 20-O, de la desconfianza en el conteo emergió lo que parecía ser un movimiento democrático con epicentro en sectores medios urbanos. Básicamente los que representó Carlos Mesa, aunque muchos de sus votos fueron “votos útiles” contra el MAS más que apoyo explícito al ex presidente. Pero la decisión del gobierno de ir a una auditoría de la OEA –sin acuerdo previo con Mesa– dejó al espacio moderado sin nada que mostrar y, en un contexto de protestas callejeras, sin estrategia frente a un nuevo polo opositor. Este se articula en torno al Comité Cívico cruceño – “renovado” y recuperado luego de la derrota de 2008– que ha logrado una irradiación, a diferencia de 2008, fuera de la Media Luna, e incluso en La Paz. Camacho parece tener una doble fuente de legitimidad –religiosa: dijo que Dios debía entrar nuevamente al Palacio, de donde Morales lo habría expulsado, y “viril”: el “macho Camacho” parece tener “las pelotas” para plantearse frente a la “dictadura de Morales”, "anotar a los traidores en una libretita como la de Pablo Escobar", etc. Veremos si este empresario cruceño pasa a integrar la lista mundial de “subestimados” (incluso por mí mismo) que luego sorprendieron a todos o es solo un instrumento pasajero e histriónico de una creciente y radicalizada oposición al MAS.

La retención del líder cívico –que convoca cabildos masivos en Santa Cruz– en el aeropuerto de El Alto por militantes del MAS, en medio de insultos y amenazas, para que no llegara al Palacio Quemado a llevarle la “carta de renuncia” que “debía firmar” Evo lo victimizó como “secuestrado por hordas de masistas” alentadas supuestamente por el propio Estado; y eso en Bolivia siempre es un buen capital político (Evo también lo usó en su momento e incluso ahora sigue apelando a la victimización). Lo cierto es que en otras partes de Bolivia parece haber crecido la popularidad de Camacho -que dice que llevará la renuncia para que firme Evo en una mano y una biblia en la otra.

Pero al mismo tiempo, este giro –y la desaparición de Mesa, segundo en las elecciones, como actor principal– llevó también a una mutación en las protestas: el movimiento democrático incipiente, que reclamaba por el “fraude electoral” mutó a un movimiento lisa y llanamente opositor. La idea ahora es que Evo se vaya como sea. De esta forma, estas protestas se conectan con varias en la historia boliviana, y con una dinámica insurreccional donde cada sector corporativo inscribe sus indignaciones en una economía moral explosiva (ahora está Potosí que quiere más beneficios del litio, cocaleros enfrentados a Morales, estudiantes, médicos que vienen protestando desde hace meses… y muchos bolivianos a quienes no les alcanzan las buenas cifras macro); se dibujan además complejas fronteras de clase, ofensas a las identidades regionalistas y/o gremiales, alianzas que pueden parecer sorprendentes y una escasez de vías institucionales para moderar los enfrentamientos. Los propios medios de comunicación, en líneas generales, están contribuyendo bastante a la polarización política y social.

Por estas horas, más que fuerzas de seguridad vs opositores, lo que se ven son enfrentamientos entre los dos bandos a menudo con pasividad o intervenciones modestas de la policía. Pero es difícil ver cómo el discurso radicalizado del liderazgo por Santa Cruz puede vehiculizar una mejor cultura democrática en el país. Fernando Molina mostró bien en su breve artículos “¡Crisis de octubre’: analogías históricas” como funcionaron históricamente las dinámicas de enfrentamiento clasistas/territoriales/ étnicas post-Revolución del 52 y los imaginarios que las acompañaron. Mujeres creando lo resumió bien en un grafiti: “Indignación y racismo no son lo mismo”. Y no es difícil ver la analogía entre la expresión “hordas de de masistas” –que pueblan las redes- y hordas de indios/campesinos; lo mismo que en las denuncias de que “trajeron gente” de otros sitios…Este tipo de racismo no puede justificarse por el uso de estereotipos sobre los "cambas racistas" o los qharas al que apela el gobierno. Es claro que en este contexto se debilitan las palomas de ambos lados y gana espacio los halcones: quienes creen estar haciendo “la revolución” (Quintana habló de un nuevo Vietnam) y los que se entusiasman con líderes con “pelotas”, como Jair Messias al otro lado de la frontera (aunque este esté sorprendentemente calmo sobre el tema Bolivia).

Quizás Evo gane y siga un tiempo más; quizás sean los opositores quienes ganen la pulseada y se abra algún tipo de transición más o menos inmediata; hoy es difícil saberlo y aún pueden pasar demasiadas cosas. Por ahora, el gobierno se muestra aún con poder pero a la defensiva, y la oposición más activa juega a la insurreción (alguno hasta parece fantasear con algún farol), y en el medio hay también algunos demócratas ahora muy entusiastas con que Evo caiga como si eso per se mejorara en algo la calidad democrática en ausencia de algún acuerdo político y horizonte democrático compartido. Hay un bloque “nacional-popular” hegemonizado por el MAS que ha perdido legitimidad e iniciativa y otro bloque multiforme pero hegemonizado por un núcleo conservador. Entremedio las voces son inaudibles y Mesa es presionado para alinearse, por motivos de supervivencia, con este último.

Rafo Puente lo sintetizó bien: “Hemos vuelto a los peores tiempos y está quedando claro que en nuestro país sólo se puede respirar un ambiente de paz y tranquilidad cuando los desacuerdos ideológicos y políticos son entre bandos desigualmente fuertes (de modo que el más débil no puede hacer otra cosa que someterse; sin pensar en diálogo ni en acuerdos socio-políticos)”.

 

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 06:11

Haití: Ocho semanas en las calles

Haití: Ocho semanas en las calles

Este 4 de noviembre inició la octava semana de protestas en Haití en contra de la administración de Jovenel Moïse. Según datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se contabilizaban la semana pasada 42 muertos y 86 heridos.

La misma ONU da cuenta de la represión gubernamental ante las masivas movilizaciones que han desencadenado una importante crisis política. La mayoría de los fallecidos son por herida de bala y entre ellos se encuentra un periodista que cubría las movilizaciones. Impotente, la normalmente intervencionista Organización de las Naciones Unidas (ONU) se limitó a denunciar su preocupación y a pedir a las partes encontrar una solución.

Las protestas iniciaron a mediados de septiembre debido a una fuerte escasez de combustible que rápidamente se convirtió en una oleada de reclamos sociales en contra del gobierno que mantiene a la población con 60% bajo la línea de pobreza y sin un plan real que resuelva la crisis estructural que se profundizó tras el terremoto de 2010, el cual fue aprovechado por el imperialismo estadounidense para militarizar el aeropuerto internacional desplegando marines para así ser el regulador de esta posición estratégica.

Las protestas mantienen bajo múltiples barricadas ciudades principales como Puerto Príncipe, Pétion Ville y Delmas. Al contrario de la ONU, que busca una salida negociada con sectores de oposición, el movimiento popular en las calles exige la dimisión de Moise y sus parlamentarios, castigo a corruptos, plan contra la crisis y menos intervención neoliberal.

La crisis socio política que se desató en el país ha llevado a miles a tomar las calles y enfrentar la represión del gobierno, el cual se niega a dimitir y que también se ha aislado políticamente al buscar pretender acordar con la oposición una salida que mantenga al Estado junto a sus instituciones intactos, pero sin cederle espacios de interlocución.

Para ello nombró una Comisión de Diálogo con siete de sus funcionarios gubernamentales la cual entró rápidamente en crisis al dimitir cuatro de ellos ante la insistencia pública de que no va a dimitir.

La oposición "democrática" se endurece ante las masas

"La lucha se realizará con disciplina, orden y convicción. No será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo", anunció la bancada opositora de Haití.

Con este discurso que hizo el lunes 4 la organización Alternativa Consensual para la Refundación de Haití respondió ante la posibilidad de la caída del gobierno mediante la protesta y el creciente riesgo de que los partidos de oposición se vean rebasados por la revuelta popular. Así fue como disfrazaron su llamado a un toque de queda a partir de las 19:00; escudándose en evitar mayor número de muertos, pero que en realidad tiene como finalidad paralizar, atemorizar y reprimir a los manifestantes que desacaten y así mostrarse como una mediación susceptible de entrar en negociaciones con el gobierno.

A este esfuerzo por mantener el régimen y desarticular las movilizaciones en las calles se sumó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que pidió qué las dirigencias llamaran a protestar de manera pacífica respetando la propiedad privada.

Estos nuevos discursos de la oposición demuestran que los dirigentes están buscando desviar las protestas hacía sus propios intereses de poder, pactando con el gobierno afín al imperialismo yanqui, tratando de acallar con un bozal las demandas urgentes de la población y buscando una salida auspiciada por las mismas instituciones que hoy mantienen al país en crisis.

Es por eso que está semana será importante para tener una idea de hacía a donde van las movilizaciones y su capacidad para rebasar a los esfuerzos de las dirigencias "opositoras" que pretenden frenarlas. En estos momentos críticos, los haitianos podrían sorprender con organismos de auto organización que busquen romper con la respuesta represiva del gobierno avalada por el toque de queda opositor.

Lo que sucede en Haití, no es caso aislado, forma parte de un segundo ciclo de revueltas y jornadas revolucionarias traídas por la crisis del 2008, que hoy tiene como uno de sus epicentros a varios países de América Latina.

Al igual que esos países, el proceso de lucha que viven las masas empobrecidas haitianas debe reflejarse en un desarrollo de la organización independiente de las mismas, empezando por impulsar asambleas y organizaciones propias, para la discusión de los verdaderos problemas que pasan por detener inmediatamente la relación de subordinación del país a los intereses extranjeros, echando abajo al gobierno lacayo del imperialismo y el FMI sin ninguna confianza en los "opositores" del toque de queda.

Por Alejandro Razett

Miércoles 6 de noviembre

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Súper represión para el Súper lunes en Chile 

Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar Plaza Italia en la tercera movilización masiva de la sociedad. 

Mientras estas líneas se escriben, Plaza Italia y sus alrededores, epicentro de las numerosas y esencialmente pacíficas protestas chilenas, es caos. Humo y fuego, personas corriendo, policías atropellando civiles, vidrios rotos, barricadas. Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar la Plaza en la tercera movilización masiva de la sociedad, llamada “Súper Lunes”. La versión oficial de los hechos la acaba de pronunciar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: el argumento para la represión es que hubo dos ataques con bombas molotov a la Policía.

A las 21. 30, el funcionario repudió “el cobarde ataque” a dos carabineras que se encuentran con lesiones de gravedad. “Llamamos a condenar la violencia, que no tiene nada que ver con el legítimo planteamiento de la ciudadanía. Ha sido un día complejo. Vamos a seguir investigando para sancionar estos hechos”. Dio cifras de detenidos en todo el conflicto (9 mil, 500 en prisión preventiva). Una periodista le consultó por las patrullas que se vieron atropellando civiles, como circuló en un video subido a Twitter (https://twitter.com/i/status/1191497132735451136). En principio la evadió. Luego dijo que todos los hechos, incluso los que tuvieran “efectos en civiles” debían ser investigados. “El mensaje a la ciudadanía es que nos abramos al diálogo. Estamos haciendo un esfuerzo para escuchar humildemente todos sus planteamientos”, afirmó.

En cuestión de minutos, una manifestación pacífica que reunía a estudiantes, trabajadores de todos los sectores, jubilados, militantes y familias enteras se volvió un infierno. Los gases se habían sentido desde temprano, ingresando por la Alameda, a una larga distancia de la Plaza Baquedano con su monumento parcialmente destruido en la revuelta, con su caballo a casi toda hora ocupado por alguien que flamea la bandera nacional o mapuche. Por la tarde, mientras terminaba una ronda de organizaciones sindicales y sociales alrededor del Congreso para pedir a los legisladores que no abordaran la agenda social de Piñera, en Plaza Italia ya se veían hidrantes y explotaban las lacrimógenas. En ese entonces había poca gente. Horas más tarde, varios manifestantes admitían sentir miedo cuando iban llegando con sus barbijos, sus máscaras, antiparras limones y agua con bicarbonato, pero a la vez con sus carteles, silbatos, cornetas, cualquier objeto metálico para golpear, pañuelos verdes y hasta sus danzas en plena calle, con un deseo encendido, profundo, al parecer inclaudicable, de que Chile cambie para siempre.

Esta tarde, la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que solicitó la rectificación de declaraciones de su director, Sergio Micco. Ayer, Micco afirmó a un canal de televisión que la violación a los derechos humanos “no es sistemática” en Chile. “Consideramos que demuestra un profundo desconocimiento de la normativa nacional e internacional sobre la materia. Algunos vivimos en comunas donde han ocurrido situaciones de represión”, afirma la Asociación.

El desgaste en cuerpos y rostros se hacía evidente. El pueblo --la parte de él que no ha sufrido lo peor-- acumula días marchando, debatiendo, sin dormir o durmiendo poco, con estrés, largas caminatas por el funcionamiento parcial del metro y adicción a un sistema de información que se teje por redes sociales. Pero “no nos cansamos”, repetían los chilenos, que también coreaban: “Ya van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver”.

Lo que se veía esta tarde no era distinto a lo que se viene viendo en Chile hace ya más de dos semanas. Un movimiento transversal, vivo, potente, rabioso, esperanzado, autoconvocado, sin líder, que no sólo no confía sino que repudia partidos políticos e instituciones. Que une al feminismo, la lucha mapuche, los estudiantes, los trabajadores, jubilados, los hombres de traje y que hasta movilizó a los ricos. En él hay también profesionales que aportan sus saberes --como arquitectos que denunciaron con una instalación la precariedad de las viviendas sociales o geógrafos que elaboraron mapas de registro de los cabildos--. Los jóvenes que en la marcha decían que no les interesaba cuando volverá a haber clases en la Universidad de Chile –se encuentra cerrada-- o que flameaban banderas mapuches porque hay que “representar a las raíces” fueron los que prendieron la mecha. “Violan a alguien y el Carabinero sigue libre. En cambio, un profesor puede quedar preso diez años por romper los torniquetes del metro”, contrastaba Mireya, 18 años, un limón en la mano, respecto del caso de Roberto Campos Weiss.

El INDH acumula cifras de querellas por violencia sexual, de niños y adolescentes detenidos (en lo que va del conflicto 479), heridos, torturas. Hubo detenciones a periodistas y en las calles se dice que hay infiltrados amenazándolos. Cientos de heridos que pueden perder un ojo. Presuntos montajes de muertes. Calcinados en los que se sospechan balas, suicidios que nadie cree que sean tal cosa. Chile arde, y el presidente es en esta marcha una marioneta que danza salida de un carro alegórico por una lateral de la Alameda, secundada por máscaras de Pinochet y Jaime Guzmán. “Cuando el año pasado participé de una masiva marcha feminista, creí que podía morirme, pero ahora puedo ver esto”, festejaba Isabel, de 70 años, antes del caos. Por su tendencia de izquierda debió exiliarse en la dictadura. Esta tarde ya percibía que algo andaba mal. “No sé por qué tenía miedo de venir. Creo que tiene que ver con el golpe, pues.”

No solamente los cabildos de los que participaron 10 mil ciudadanos arrojaron que la principal demanda chilena es una asamblea constituyente, con fuerte participación popular, que dé origen a una nueva constitución para desterrar a la de la dictadura, que les privatiza la vida. Incluso una encuesta de CADEM, medición financiada por la derecha según uno de los manifestantes entrevistados, difundió que el 87 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor de esos dos objetivos.

¿Hacia dónde va este Chile herido y despierto, ese que hasta hace poco parecía un oasis? Mejor que hable un chileno. Un camarógrafo que se estaba manifestando, antes de dejar la Plaza, hizo su análisis: “El periodismo no rescata la belleza, la parte humana de todo esto. Esta wea’ está peluda. Estiremos esta wea (huevada)’. No va a parar. La gente está indignada. Esto lo encabezaron los jóvenes por sus abuelitos. Les daba lástima ver cómo mendigaban salud. Y también las mujeres, que son bravísimas. Estamos mal pero a la vez bien. Antes estábamos bien pero estábamos mal. Es una verdad incómoda, pero es nuestra verdad”, reflexionó. “Tal vez cualquier weón de la milicia se vuelva loco y pase armas para el otro lado. El neoliberalismo se va a caer. Que Chile sea el puntal de esa manera de vivir.”

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 Las movilizaciones en Chile entraron en su tercera semana y no hay visos de que vayan a disminuir, ya que diversos sectores anunciaron que aumentarán la presión al mandatario para un verdadero cambio económico y un plebiscito constitucional. Ayer, centenares de ciudadanos acudieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para escuchar la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. Al final se cantó El derecho de vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara. Foto Afp.

Santiago. Las movilizaciones sociales entran en su tercera semana en Chile sin esbozo de que vayan a decantarse y, por el contrario, diversos sectores anuncian que incrementarán su presión al gobierno, en tanto que el respaldo al presidente Sebastián Piñera cayó a apenas 13 por ciento, según una encuesta divulgada ayer. El nivel de desaprobación es de 79 por ciento.

Este domingo, centenares concurrieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a escuchar en un solemne, y a ratos sobrecogedor silencio, la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por un centenar de músicos y artistas de canto, en un acto por la paz. Se pudo ver a personas abrazando a sus parejas emocionadas y a otras en estado de profundo recogimiento espiritual, bajo el fuerte sol primaveral de la ciudad.

El momento sublime llegó cuando, finalizado el réquiem, se cantó El derecho a vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara, el autor e intérprete chileno asesinado por militares el 16 de septiembre de 1973, cinco días después de ocurrido el golpe de Estado. El tema, dedicado al pueblo vietnamita por entonces en plena guerra contra la ocupación estadunidense, se ha convertido en el himno de las protestas que sacuden a Chile.

"Estoy devolviéndole el poder a los muertos, soy artista visual", explicó brevemente una joven que con el torso desnudo y maquillado como si fuera sangrando y ondeando una bandera, caminaba por la explanada del museo. Ella dijo que su aspiración es que de las protestas emerja una nueva Constitución.

Jacobo Baeza, joven sicólogo, asistió al acto con su esposa y sus dos hijas menores. Mientras ella, soprano, era parte del coro que cantaba, él explicó a La Jornada que en la contingencia que se vive los niños están asustados, no entienden qué ocurre y es necesario explicarles.

–¿Cómo te sientes?

–Más que nervioso estoy incierto, no sé cómo va a terminar esto. Mi esperanza es un cambio profundo, estructural. Pero tengo temores de que no dé el giro hacia ese lado y que se pierda, que se diluya, que sigan los mismos políticos, que se pierda este movimiento.

Respecto de la salud mental de las personas, el sicólogo estimó que "sin lugar a dudas hay situaciones de estrés postraumático que son esperables. También una segunda victimización de quienes sufrieron la dictadura. Los niños están aprendiendo y se les derrumba el mundo, hay mucho que reconstruir en materia de salud mental, además de los problemas que ya arrastra este sistema y donde la salud mental no es de fácil acceso".

Gobierno en el suelo

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, estima que la oposición tiene arrinconado al gobierno. A sabiendas de que la nueva Constitución avanza como importante preferencia ciudadana –más de 80 por ciento cree que es necesaria–, la oposición se ha subido al carro de las demandas, y ahora exige al gobierno un plebiscito constitucional.

"El asunto es que el gobierno no está dando su brazo a torcer, confiando en dos factores. Primero, el ciclo de la protesta y la movilización social. Segundo, el paquete de reformas al ingreso mínimo y a las pensiones, junto con abrirse a no avanzar en la reintegración tributaria. El gobierno, entonces, está apostando todo a un equilibrio frágil", explica.

–Predice que la protesta no va a decaer y que la presión irá en aumento. ¿Puede resistir el gobierno sin allanar el camino a un plebiscito constitucional?

–El gobierno no tiene muchas alternativas. Ante la baja aprobación presidencial y el ordenamiento de la oposición en torno al cambio constitucional, cada vez el margen de acción para Piñera se hace más estrecho. Incluso, dentro de RN –partido que forma parte de la coalición de gobierno– hay voces que comienzan a comulgar con la idea de un plebiscito constitucional. Si Piñera insiste en mantenerse en el statu quo, puede iniciarse un proceso de acusación constitucional que paulatinamente vaya ganando apoyos en los legisladores de oposición. El otro resultado posible es que sea abandonado por legisladores de su coalición que se descuelguen del gobierno y se unan a la demanda de un plebiscito. Por tanto, a Piñera se le están agotando los caminos y más temprano que tarde, terminará abriéndose a la posibilidad de un plebiscito constitucional.

–Si el presidente acepta el camino constitucional ¿puede haber sectores de la propia derecha y del empresariado que se descuelguen y busquen una salida autoritaria?

–Ese camino ya no existe para Chile. No hay espacio para un golpe militar. Lo que sí podría ocurrir es que tome fuerza electoral una candidatura de extrema derecha cuyo discurso sea la restauración institucional de Pinochet. Pero eso lo decidirán los chilenos en la urnas. El dilema de Piñera es que sea cual sea su decisión, cada vez estará más solo en el gobierno. Si no da el paso al plebiscito constitucional, habrá migración de legisladores de RN que no querrán pagar el costo de mantenerse en el statu quo. Si llama a plebiscito, los votantes de extrema derecha se sentirán traicionados y buscarán una alternativa más polarizada: un populista de derecha.

 

Especial para La Jornada


Chile mantiene la movilización desde hace más de dos semanas

Para la calle, la agenda de Piñera es cosmética

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. No modifican el modelo heredado de la dictadura. 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

Página12

Parecen ser mayoría los chilenos que se creen inmersos en 30 años de postdictadura y una vida totalmente privatizada . Eso podría explicar semejante hartazgo unido al deseo de un cambio profundo. Los Carabineros continúan reprimiendo manifestaciones espontáneas y pacíficas con gases cada vez más fuertes, camiones hidrantes y perdigones que han causado lesiones oculares a cerca de 160 personas. Hay un afán por disparar a la cara. Ayer había niños atrapados en el humo y se oían disparos en la zona de Plaza Italia, epicentro de la lucha en Santiago. Una novedad es que, mediante un documento filtrado por hackers, se conoció que la Policía catalogó como “blancos de interés” a dirigentes de base para vigilarlos. Rigoberta Menchú se reunió en Santiago con referentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y condenó el accionar de Carabineros.

Termina un fin de semana de múltiples cabildos en instituciones de todo tipo y color y a lo largo y a lo ancho del país. En estas instancias de debate y conclusión los ciudadanos están reconstruyendo ni más ni menos que la subjetividad y el tejido social chilenos (muchos reconocen en ese marco lo indiferentes que eran antes de la evasión en el metro). Este lunes, después de varios días de marchas autoconvocadas, se espera una masiva a la que llamó Unidad Social, un conglomerado de 70 organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora NO+AFP, el Colegio de Profesores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El propósito es poner un freno al tratamiento en el Congreso de la agenda social planteada por el Gobierno, el polémico paquete de medidas anunciado por Piñera cuando Chile despertó y que no hizo otra cosa que acrecentar la furia popular. También se insistirá en la creación de una nueva Constitución que cambie de cuajo el sistema, en reemplazo de la heredada por la última dictadura.

La mesa de Unidad Social ha tenido un rol clave al promover los cabildos en los que han participado 10 mil chilenos desde el 24 de octubre, y huelgas y marchas. Con la presencia de un sindicalismo que acordó constituir un comité para paralizar a todos los sectores y avanzar hacia una huelga general, la convocatoria de mañana lleva el nombre de “Súper Lunes” y posee tres instancias. El primer punto de encuentro es el Congreso, al mediodía. Por la tarde, se esperan concentraciones en las principales plazas de Santiago en defensa de los 10 puntos del Pliego de las y los Trabajadores de Chile. Por la noche sonarán las cacerolas en los barrios. Como viene ocurriendo, esto se replicará seguramente en distintas regiones.

Hay una contradicción entre la fuerza y la valentía de esta sociedad y lo que ha podido conseguir. “El pueblo está convencido de que debe seguir en la lucha. Este maravilloso estallido social ha significado volver a tener una esperanza para terminar con desigualdades e injusticias. Pero en la mejora de condiciones de vida no se ha logrado nada. En términos reivindicativos, sólo se congeló el pasaje de metro”, dice a PáginaI12 Carolina Espinoza Tapia, trabajadora social, dirigenta sindical de Confederación Nacional de la Salud Municipal, vocera de NO+AFP y vicepresidenta de la Regional Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. “Hay una evidente falta de voluntad política para solucionar el conflicto. Es aberrante. No vemos ningún espacio de avance. El Gobierno sigue sin escuchar el clamor ciudadano. No ha hecho más que medidas cosméticas. Un cambio de gabinete de algunas personalidades y un paquete de medidas que son una burla y no modifican el modelo económico”, advierte la dirigente.

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. Todas, para materializarse, requieren de la aprobación del Parlamento. Hasta ahora sólo dos proyectos han superado esta instancia. Diputados dio el visto bueno al Seguro Catastrófico de Salud, caratulado de suma urgencia. Preocupa porque activa una transferencia de recursos públicos a clínicas y farmacias. Así lo explica Espinoza Tapia: “En Chile el 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, el resto en el sector de seguro privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapre), con condiciones muy superiores.No tenemos recursos humanos ni insumos básicos. Tenemos que atender en camillas en los suelos. Este proyecto permite que con recursos públicos se entreguen vouchers o dineros públicos para pagar a empresas privadas que hagan lo que los sistemas públicos no podemos hacer”.

Hoy continuaron las protestas. La que más llamó la atención fue la de un grupo de ciclistas que se dirigió a la casa del presidente, que le complicó las cosas al personal de seguridad del jefe de Estado. Los chilenos movilizados entienden que la agenda social profundiza el modelo neoliberal con proyectos que, incluso, datan de antes de la crisis. 

“En el tema de la vivienda buscan transferir dineros públicos a empresas privadas para concesionar departamentos de baja calidad”, ejemplifica la trabajadora social. Este es un tema que podría tratarse justamente en la sesión del lunes. Otro que genera mucho malestar es el de reforma a las pensiones, que implica “mantener las AFP”. Es uno de los puntos más álgidos del conflicto: un sistema de salud dominado por bancos encubiertos de los empresarios más ricos y de algunas transnacionales.

A todo esto, “el poder legislativo, que es en teoría mayoría de oposición, ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos. Ha seguido aprobando la política del Gobierno”, analiza Espinoza Tapia. Guiados por esta percepción, los manifestantes recorrerán dependencias de congresistas de Santiago y Valparaíso. “No hay ningún atisbo de acercamiento a la asamblea constituyente para resolver de manera estructural los cambios”, añade la militante.

--¿Les preocupa que mañana se desarrolle un fuerte despliegue represivo?

--El miedo está instalado. Llevamos a la fecha, en estos últimos años, tres suicidios de dirigentes sindicales y medioambientalistas que no son tal cosa. Tiene que ver con acallar las reivindicaciones que los territorios estaban dando para defenderse de las transnacionales que devoran nuestro ecosistema. Sabemos que hay medidas de seguimiento y control hacia las organizaciones. Han hackeado información de los organismos policiales y tenemos a la vista el fichaje de dirigencia social, en el que por supuesto estoy yo. Es un control que se desmarca de toda regulación legal. Es impresionante lo que estamos viviendo. El Gobierno montó mesas con pseudo personajes para hacer una puesta en escena de intenciones de diálogo y existe una represión brutal como en los tiempos de la dictadura, con veintitantos asesinados, cientos de heridos con traumas oculares, una cantidad de violencia política sexual aberrante, 18 denuncias de violación en mujeres y hombres. Hoy en Chile se detiene ilegalmente, se secuestra por horas. Se cometen apremios ilegítimos, horrorosos. Existe un dispositivo de querer volver a la falsa normalidad bajo un régimen que domina y violenta nuestros derechos. Estamos peleando por la democracia, la educación, la salud, salarios dignos, pensiones, incluso por tener acceso a agua potable. Quieren jugar al desgaste, pasarnos gato por liebre, con limosnas. Y el modelo no se toca. No hay atisbo de reformar la Constitución ni de cambiar el sistema tributario para que los más ricos aporten al bien común, ni de tocar las administradoras.

--¿Hay precisiones de la fecha de huelga general?

--En Chile tenemos un sindicalismo bastante debilitado. No sólo nuestras condiciones de vida materiales son muy precarias, también los mecanismos de participación. La vida democrática ha sido diezmada. Los sindicatos no escapamos a eso y hay atomización, falta de unidad y baja sindicalización. No obstante, frente a esta crisis estamos logrando articularnos con sindicatos del mundo portuario y la minería, estratégicos en el quehacer de Chile. Un ejercicio que Chile no tiene como práctica, lamentablemente, es el de la huelga general. Ya hemos hecho dos (23 y 24 de octubre) con un avance significativo, pero vamos por más. Fecha no tenemos, pero la creación del comité de huelga es un paso político sindical estratégico y maravilloso.

--Hoy varias empresas periodísticas pusieron el foco en una estatua que fue derribada de Plaza Baquedano, haciendo eje en el vandalismo. ¿Qué papel han jugado los medios en todo este tiempo?

--La prensa en este país responde a los dueños de los medios, ese uno por ciento más rico del país. Todos los medios responden a dos o tres bloques de empresas absolutamente funcionales al poder económico y político. Y los gobiernos han permitido que los medios de comunicación de masas sean funcionales a este modelo. Por tanto la postura que han tenido es la de criminalizar la protesta social y están en la senda de volver a la normalidad para apagar el estallido. La violación de derechos humanos no aparece. Tampoco la autoridad política ha tenido un atisbo de reconocer o por lo menos poner en escena un acercamiento hacia las familias que han sido víctimas de manera cruenta. La comunicación a través de las redes es la que nos ha permitido articularnos hoy día. Y con eso nos hemos podido proteger. Se ha tomado sin orden legal en sus domicilios a la dirigencia estudiantil. Es decir: estamos viviendo una situación de riesgo. Sin embargo no aparece en los grandes medios.

--Ayer los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) dieron a conocer una contrapropuesta a la agenda social. ¿Cuál es la mirada de Unidad Social?

--Algunos partidos de izquierda han tenido la desfachatez de plantear paquetes de medidas para resolver la crisis, pero ellos son parte de la crisis. Supuestamente defendían intereses de la clase trabajadora y del mundo social pero han sido funcionales al modelo y se han enquistado por años en el poder, siendo incapaces de responder a las demandas, sin generar transformaciones, representar a la voz ciudadana, generar mecanismos de participación o entregar medios de comunicación a la gente. Por eso la gente en la calle dice no a los políticos y lamentablemente mete en el mismo saco a todos los partidos: hay un descrédito tremendo. Los partidos de izquierda y de centro izquierda siguen en el juego del gobierno de Piñera. Tremendo y desesperanzador. Ellos no tienen por qué levantar los pliegos; los pliegos los tenemos levantados las organizaciones. Ya les entregamos nuestras demandas a los presidentes de partido y a los jefes de bancada. Nos parecen unos caraduras viniendo con un paquete a levantar otras reivindicaciones. 

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:59

Una revolución mundial en marcha

Una revolución mundial en marcha

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª "Conferencia de las Partes", o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: "Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno".

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: "La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos".

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: "Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico". Natal prosiguió: "Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico". El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar "en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza". Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que "los contaminadores deben pagar". Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado "de combustión limpia".

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Sábado 2 de noviembre de 2019

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:43

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

 Las marchas autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante.

 

La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.


Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.


A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.


“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.


Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.


El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.


El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.

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