Martes, 02 Marzo 2021 06:07

La ruta del sacrificio

La ruta del sacrificio

 

Como cada año, el 21 de febrero nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó convocó a sus amigos a darse cita en los sitios sagrados de memoria de nuestros mártires. Subimos varias cuestas en la Serranía de Abibe para llegar a aquel sitio, junto al río Mulatos, donde los defensores de este Estado criminal le arrancaron la vida cruelmente a nuestros líderes y a nuestros niños. Han pasado 16 años, pero para la justicia colombiana “no ha pasado nada”. Cuando abogados amigos hicieron el gran esfuerzo de llevar el caso a Casación en la Corte Suprema de Justicia y lograron la condena de los primeros 10 militares responsables de la masacre, los militares acudieron a la JEP y la JEP los puso en libertad inmediatamente y los vinculó a su proceso sin exigirles lo mínimo que tenía que exigirles: un mapa de la verdad que irían a confesar.

Pero mientras la “justicia” sigue en su ruta de degradación al servicio de la impunidad más desvergonzada, la memoria del pueblo se va fortaleciendo. Volvimos a escuchar las palabras de Luis Eduardo Guerra, uno de nuestros líderes históricos más claros; desde una grabación que se conservaba, él nos volvió a contar el proceso de surgimiento de la Comunidad de Paz como respuesta al cerco de violencia tan aterrador que vivíamos. Los poemas que el Profeta Isaías escribió hace miles de años para describir la espiritualidad y la pasión del Servidor Sufriente del Señor, nos sirvieron para recordar a Luis Eduardo y para darle gracias a Dios por su vida. En La Resbalosa recordamos la crueldad con que militares y paramilitares descuartizaron a nuestros niños y la canción de José Luis Perales: “que canten los niños”, acompañó nuestra memoria dolorosa de su sacrificio, como también otros poemas y canciones.

A la vez que inauguramos la ermita junto al Río Mulatos, ya terminada con cúpula de color, con mural y con vitrales y rejas, construida en el sitio donde derramaron su sangre Luis Eduardo, Bellanira y el niño Deiner André, nos animamos a avanzar en la construcción de otra ermita en La Resbalosa, sobre las fosas que guardaron durante las primeras horas los restos despedazados de la familia de Alfonso y Sandra y sus niños y Alejandro. En medio de las dos fosas se levanta todavía el palo de cacao que sigue proclamando la resistencia de la vida en medio de la muerte.

Todos salimos fortalecidos con el ejemplo de esa primera generación que sostuvo la vida de nuestra Comunidad de Paz en medio de una persecución a muerte tan despiadada por parte del Estado colombiano. Ellos nos dijeron con sus mismas vidas que el proyecto comunitario en el cual estaban embarcados era más valioso que sus propias vidas.

Sabemos que muchos amigos nos acompañaron en esta peregrinación de memoria desde países y regiones muy remotas. Gracias por esa energía que supieron transmitirnos desde la distancia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 01 de 2021

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Represión policial en la Universidad Nacional de Honduras en junio de 2019

Numerosas instituciones internacionales han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas.

 

Este artículo surge del enfado, la indignación, las alianzas con compañeras y compañeros de Honduras, la investigación y el análisis fruto del Monitor de Violencia Política y Violaciones de DDHH de Honduras. Este proyecto es una herramienta analítica y política para las personas defensoras de derechos humanos y socioambientales en el territorio, que responde a uno de los mayores desafíos que enfrentan: la falta de datos consolidados y fiables de violaciones de derechos humanos relacionados con la violencia política, que es especialmente invisible y difícil de detectar debido a la participación de actores armados estatales y no estatales, locales y globales.

Antes de indagar en cómo y por qué se manifiesta la violencia política en Honduras, es preciso romper algunos mitos sobre la violencia en el territorio. Detrás del estigma que caracteriza a Honduras como un territorio cuya violencia es fruto exclusiva e inequívocamente de maras o pandillas, reside un silencio social y sociológico que oculta la violencia política. Numerosas instituciones internacionales, como Global Witness, han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas instrumentalizada por los grupos dominantes. Es más, la violencia política es la que crea las condiciones propensas para que se den otros tipos de violencia —como pandillas o doméstica. Por eso, debemos desbordar los discursos dominantes prestando atención a las causas de la violencia, y no sólo a los síntomas (como las migraciones forzosas), para reconocer su multidimensionalidad. Esto nos llevará también a cuestionar una noción de seguridad elitista que promueve la inversión en las fuerzas de seguridad del estado como el remedio para acabar con la violencia.

La violencia política es ya una tendencia global cuya característica definitoria es la represión de personas y movimientos sociales que defienden la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. En Honduras, esta forma de violencia —ocultada— se ejerce cada vez más sobre defensores de la tierra y el medioambiente que articulan una resistencia frente al extractivismo y la mala praxis de proyectos agroindustriales, de minería, turismo y energía, y que la mayoría provienen de o tienen alianzas con el Norte Global. Es decir, la expansión de proyectos a gran escala cuentan con una serie de dispositivos de violencia, que emplean para expulsar a campesinos y comunidades indígenas del territorio y acallar las movilizaciones sociales que denuncian los ataques a la vida humana y ambiental de estas empresas. Los perpetradores de la violencia política son actores estatales y no estatales; guardias de seguridad privada de la empresa, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participan en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios, pandilleros y grupos armados. Estas alianzas al servicio del capital constituyen la violencia paramilitar.

Los grupos paramilitares en Honduras están aún en las primeras etapas de formación, a diferencia de los de Colombia o México que ya están consolidados. La violencia paramilitar está al servicio de corporaciones locales y extranjeras, y tiene lugar en entornos militarizados y con una historia colonial de despojo de tierras y violencia empleada por quienes poseen poder económico y político. Si bien en Honduras la desigualdad de acceso a la tierra es una cuestión histórica que se remonta a la colonización, en esta época se generaron conflictos entre campesinos y terratenientes que han sido y siguen siendo instrumentalizados para impulsar y consolidar un modelo económico capitalista; el gobierno de Estados Unidos, a mediados y finales de la década de los 90, empleó tácticas de contrainsurgencia mediante la alianza criminal de la “seguridad” pública y privada; también a finales del siglo XX y principios del XXI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron a Honduras una reestructuración de su deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales orientadas a la apertura al capital global y la explotación del territorio para la acumulación de capital. Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Más de 40 años de despojo de tierras, asaltos al tejido asociativo político, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes. Por eso, nombramos esta violencia como pro-capitalista (Hristov, 2020) para interpelar a las motivaciones económicas (del modelo neoliberal) e implicaciones estructurales de clase social, raza, etnia y género. El uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y personas LGTB y otros sectores de la sociedad civil tiene el objetivo de criminalizar a los y las que denuncian la reestructuración económica neoliberal y defiende un modelo de socioeconomía que ponga en el centro la vida humana y ambiental.

Es precisamente cuando se procura instaurar o expandir un negocio en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo, el momento y el lugar en los que prolifera la violencia paramilitar. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria; el Valle de Bajo Aguán, en el Departamento de Colón, es una de las regiones más fértiles de América Latina, y también una de las más mortíferas para defensores de la vida humana y ambiental. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva. Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

También se hicieron 57 concesiones de tierra a grandes empresas bananeras extranjeras, incluyendo tierras y exenciones fiscales, entre ellas la transnacional estadounidense Standard Fruit Company. Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

Las corporaciones que a finales del siglo XX se hicieron con tierras en el Aguán, actualmente cuentan con grupos paramilitares que desalojan de manera forzosa a campesinos y comunidades indígenas, intimidan a los pobladores y acosan sexualmente a las mujeres. Sin ir más lejos, en el 2019, la comunidad de Guadalupe Carney fue víctima de la intimidación y el desalojo forzoso llevado a cabo por militares y policías hondureños, militares israelíes y colombianos, una avioneta de Standard Fruit Company y dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Adolfo Cruz, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) publicó en Facebook: “este día sábado 1 de junio se escribe una página negra más para los pobres que reclaman su derecho a una vida diferente, sin embargo, como recompensa el ejército y la policía apoyados por personal israelí, colombianos, y otros han llevado a cabo un desalojo violento ya que solo les interesa el dinero que reciben de Standard Fruit Company, Corporación Dinant, René Morales y Reinaldo Canales”.

No sólo las luchas de los movimientos campesinos se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales, en ocasiones incluso de terrorismo. Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Las personas y movimientos víctimas y supervivientes de esta violencia sin precedentes articulan una crítica sobre el sistema económico capitalista que, priorizando la acumulación del capital sobre la vida humana y ambiental, despoja a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y su forma de vida. Es decir, no son sólo ambientalistas si no también anticapitalistas, aunque desde ciertos lugares de poder del Norte Global se nombran únicamente como lo primero para promover una especie de “greenwashing” o capitalismo verde perverso que impide el cuestionamiento del conjunto de la estructura y la denuncia pública y punidad de los responsables. Reducir la lucha campesina al ambientalismo es inexacto y daña cualquier esfuerzo en identificar y abordar las causas de la violencia política en Honduras, y otros países del Sur Global.

Por todo ello, es urgente que desde el Norte Global hagamos reflexión crítica y articulemos una demanda pública sobre el papel que juegan las inversiones extranjeras en empresas que operan gracias a la violencia política, paramilitar y pro-capitalista y a costa de la vida humana y ambiental. También debemos reconocer y desmantelar la dinámica colonial de extracción de bienes naturales, que ha acompañado al capitalismo desde su origen. Su transformación requiere re-pensar el modelo económico actual, poniendo en el centro la reproducción de la vida humana que, como defienden los grupos y movimientos campesinos, funciona también fuera de los mercados capitalistas.

Por Paula Jiménez Argumosa

Jasmin Hristov

27 feb 2021 13:00

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Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

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Francia garantizará productos menstruales para estudiantes

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos.

 

El Gobierno de Francia anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre, con el objetivo de combatir las dificultades económicas que tienen muchas personas para afrontar aquellos gastos.  

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios. 

En ese sentido, la funcionaria agregó que el Gobierno se propuso hacer que la protección de período sea "completamente gratuita" para todos al comienzo del próximo año académico en septiembre, con la instalación de 1.500 distribuidores. 

Un estudio de la Asociación Federativa de Estudiantes de Poitiers y la Asociación Nacional de Estudiantes Parteras realizado en febrero reportó que un tercio de las estudiantes necesitan ayuda para comprar esos insumos para la menstruación.

Afectados por la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones de movilidad, numerosos estudiantes franceses tienen que acudir a la beneficencia de los bancos de alimentos de las ONGs y asociaciones.

En diciembre, el presidente Emmanuel Macron había prometido abordar el tema de la pobreza de época, cuando impulsó la creación de un "cheque psicólogo" para los estudiantes con dificultades y la posibilidad de comer dos veces al día por un euro en los restaurantes universitarios.

Al comentar sobre la difícil situación de las mujeres sin hogar, el máximo mandatario señaló en ese momento que "el hecho de tener su período en la calle y no poder comprar algo para protegerse y preservar su dignidad" se suma a la humillación que sufrieron.

La medida para hacer que la protección sanitaria sea gratuita para los estudiantes se produce en medio de un creciente enfoque en la pobreza juvenil luego de imágenes impactantes de bancos de alimentos inundados por estudiantes con dificultades debido a la pandemia covid-19.

Muchas y muchos jóvenes dicen que están luchando para llegar a fin de mes después de perder trabajos de medio tiempo en cafés y restaurantes que han estado cerrados durante meses debido a la crisis de salud.

La situación en otros países

En Argentina, un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, contempla la entrega gratuita por parte del Estado, obras sociales y prepagas de insumos ecológicos y saludables para la gestión menstrual, además de antiinflamatorios, y la incorporación de la menstruación en la educación sexual.

Por su parte, la organización Economía Feminista lanzó en 2017 la iniciativa MenstruAcción, que alertó sobre el factor de desigualdad que implica la natural e inevitable llegada mensual del ciclo, un gasto que pagan las mujeres en un contexto donde ganan, en promedio, un 30% menos que los varones.

Otros países también están experimentando con la gratuidad de insumos para la menstruación. Escocia se convirtió en noviembre de 2020 en el primer país del mundo en aprobar la distribución gratuita de toallas higiénicas en los establecimientos públicos, abriendo un camino que inspiró a las feministas y activistas contra la pobreza de todo el mundo a abordar también el tema de la pobreza de época.

Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio, y durante tres años, la distribución de esas protecciones periódicas gratuitas en los colegios, mientras que en Inglaterra los productos de período gratuito están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias.

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:39

Filosofía de la salud

Filosofía de la salud

Una sociedad enferma se lucra incluso con las enfermedades

Mientras la salud (o las enfermedades) de los pueblos sean un negociado de mercachifles en el que estén prendidos como vampiros muchos laboratorios, universidades, instituciones gubernamentales, hospitales y médicos… mientras existan personas y pueblos enteros sin seguridad médica… mientras reinen los hábitos y las manías patológicas que inoculan las mafias publicitarias en contra de la salud pública… viviremos una injusticia monstruosa que se ha naturalizado como parte del decorado miserable de las sociedades divididas en clases. Todos los días, durante las madrugadas, las filas de personas a las puertas de los hospitales, en espera de una consulta, padecen listas enromes de violaciones a los derechos humanos mientras, por ejemplo, la industria farmacéutica (13 de los 20 más voraces) instalada en Puerto Rico, recibe beneficios fiscales caimánicos y mueve saludables fortunas en el orden de 60 000 millones de dólares.

El capitalismo entrena a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de la salud como se entrena a un ejército de mercenarios vendedores de análisis cínicos, estudios diagnósticos, cirugías, medicamentos y terapias. Las materias y reflexiones humanísticas, la conciencia social, brillan fulgurosamente por su ausencia y precariedad. Les uniforman las cabezas con aspiraciones y sueños burgueses (estereotipados hasta las náuseas) para que exhiban impúdicamente su lealtad convenenciera a los negocios de dueños de los laboratorios que ya antes entrenaron a sus jefes. «Pfizer es actualmente la mayor compañía farmacéutica, y se reporta 45 mil millones de dólares de rentabilidad. Las empresas multinacionales entre ellas Glaxo Smith Kline, Merck & CO., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth y Eli Lilly, acapararon el 58,4% del mercado alrededor de 322 mil millones de dólares en ganancias».1

Hay que ver los desplantes de prepotencia y petulancia que pasean muchos jefes de sección, de guardia, de departamento… en cada clínica, hospital o laboratorio frente a las enfermeras, los estudiantes y los trabajadores que deben aprender primordialmente a convertir su humillación en buenas calificaciones, diplomas, nombramientos especiales o premios… como la asistencia a congresos, la publicación de «papers» y los regalitos de los laboratorios. No nos asustan, ni silencian, los medicuchos que se envuelven con enjambres terminológicos y estadísticos par inmolarse en el reino de la erudición archi-especializada y donde no sólo no se aceptan las denuncias más obvias sino que éstas son vistas como desplantes de «mal gusto». De esos bonzos demagogos, tecnócratas y burócratas, están repletas las academias y asociaciones de especialistas… y muchos hospitales. No todos, claro… claro. Pero. Muchos estudiantes son adiestrados con excelencia «técnica» para sustentar la servidumbre de clase que justifica el negocito y justifica también algunas dádivas de la filantropía médica que, con su ética mesiánica, beneficia a algunos pobres en hospitales para pobres y con burocracia para pobres.

¿Es esto muy exagerado?

Los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud suelen ser amaestrados para que adopten, como suyas y originales, ideas reaccionarias y conductas mediocres. Su heroicidades se reduce a ser serviles y mansos con el negocio y llevar al reino de su individualismo las glorias de las cuentas bancarias y los bienes terrenales. Su heroicidad tiene por alma mater una vanidad inmisericorde entrenada diariamente en el campo de concentración a que someten a sus «pacientes» y a los familiares de ellos. Muchos «doctorcitos» se hacen pagar su magnanimidad con agradecimientos eternos, y halagos, gracias a extorsionar a todo mundo con el viejo truco de regatear información, hablar con tono didáctico y condescendiente, jugar a que el tiempo nunca les alcanza y sacarse de la manga soluciones milagrosas. Muchas bajo el método de la escopeta… algún perdigón le pegará a la perdiz. Cuantos más medicamentos ensayen… mejores regalitos mandarán los laboratorios. Existe un ranquin internacional de premios en hoteles, líneas aéreas y merchandising variopinto. Lo aprenden los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud desde las primeras lecciones.

Sueñan con infectarnos la vida con saliva de burócratas serviles a la carnicería neoliberal son «doctores» de inoculados de epidemia usurera entre los mercados farmacéuticos caldo infecto de la demagogia neoliberal el peso de la miseria y el crimen, el hambre, el desempleo, la injusticia galopante. Nosotros lo pagamos. Ellos se autonombran «doctores» para esconder su prepotencia y suficiencia de ignorantes funcionales indolentes a la miseria, desnutrición, hospitales destruidos, escuelas desvencijadas, podredumbre y hediondez a diestra y siniestra. Depresión, mal humor, desesperanza, hartazgo, tristeza, melancolía rabia… furia… odio. Cansancio y soledad, trabajadores humillados. Ancianos victimados con indolencia… enfermos carcomidos por la burocracia. Los niños miran atónitos el futuro que les heredamos. Es una Monstruosidad. Vivimos infestados de negligencia. Los más pobres están más desprotegidos, no están bien alimentados, no pueden ir al doctor, imposible pagar medicamentos y en general no tienen posibilidad de atender su salud. No es poca cosa.

Nosotros sabemos que la guerra contra la medicina corrupta debe ser una guerra contra el capitalismo, también. El negocio de los laboratorios farmacológicos ha sacado una tajada monstruosa. Y no hemos visto lo peor. Sabemos que las corporaciones fabricantes de medicamentos son dueñas de la seguridad de miles o millones de personas. Reina el cinismo. Sabemos que la crisis sanitaria expresa la irracionalidad capitalista. Los monopolios imponen sus negocios como si fuesen políticas de salud e imponen condiciones de mercado para especular con medicamentos y precios. Son dueños de la salud de millones de seres humanos.

¿Y el pensamiento ético en materia de salud?

Está claro que la pachanga obscena de comerciar con las enfermedades, al alcanzar sumas millonarias en cualquier moneda, requiere gerentes gubernamentales encargados de legalizar la tranza e idear mecanismos creativos para sacarle más jugo a las víctimas. Por eso construyen hospitales cuyo sello de clase garantiza un modelo de consumo perfecto para el nivel de corrupción alcanzado por los «doctorcitos» y sus compinches. Por ejemplo construyen hospitales para consumir los mil y un productos que, encarecidos a precio de gobierno, mejor convengan a las empresas proveedoras; por ejemplo gastarán a manos llenas los impuestos de los pueblos para congraciarse con empresas fabricantes de aparatologías y artículos de toda índole, para, recurrentemente, tapizar la ruta de las entregas con diezmos a granel para los intermediarios; por ejemplo pondrán salas de espera, quirófanos, habitaciones, pasillos, oficinas y salas de urgencias… al servicio de la lógica «fordista» aplicada a la atención médica. Todo esto tributario de desentenderse rápido de los «pacientes» para que no engorden los gastos que pudieran amenazar la pachanga de las corruptelas. Hoy, en la obscenidad extrema del sistema de corrupción médica, los pacientes son obligados a llevar a los hospitales sus sábanas, tenedores, agua, vendas y bacinicas… no hay muchos médicos protestando por eso.

Muchos médicos, y sus compinches, gustan de celebrar cifras de eficiencia y atención a los pacientes. Se embriagan en estadísticas exitosas que desbordan gráficas powerpoint, libros, tratados y enciclopedias. Si cada página editada con guarismos triunfalistas implicara a una persona atendida con eficiencia… no habría crisis sanitaria en el mundo. Y la medicina habría dejado de ser una industria burguesa para ser un derecho socialista inalienable.

En la cúspide del alma mater en los médicos medicamentalizados (es decir con la mente puesta en ayudar a vender medicamentos muchos de ellos innecesarios) están los laboratorios farmacéuticos anudados todos en una red multinacional de inversionistas que, cómo en todo comercio, rigen sus tareas por las leyes capitalistas de la oferta y la demanda. ¿Nos sorprendería saber cuántas veces han inventado epidemias, pandemias y contagios para hacer circular millones de vacunas, jeringas, pastillas, cremas o ungüentos? La base material capitalista de esta industria mundial sustenta una cúspide ideológica -metodológica- vestida de «ciencia» en la que se han protocolizado operaciones técnicas con operaciones financieras donde los que ganan son los dueños del negociado. ¿Se ofenderán mucho con este retrato?

¿Es poco filosófico?

No son pocos los médicos que viven de mentir y de mentirse. Fabrican fantasías y explicaciones desopilantes para ganar la «confianza» de sus pacientes-clientes. Si hubiese una colección mundial sobre las fantasías inventadas por muchos médicos sobre el comportamiento del organismo humano, y su relación con los químicos prescritos, tendíamos una enciclopedia del horror monumental. La «filosofía» burguesa de la «industria de salud» ha producido durante su historia un monstruo insaciable enredado con las más deplorables anécdotas de corrupción e impunidad. Lo que menos les importa es la erradicación de las enfermedades porque tal cosa disminuye los ingresos farmacéuticos. No importa que muchos de los productos «médicos» (de quirófanos, farmacias, hotelería hospitalaria y toda la parafernalia) no tengan eficacia probada… lo importante es cubrir las metas mensuales en materia de ventas y cobros. Es esa su «filosofía» y punto.

Su «filosofía» no se compromete con una lucha efectiva contra las enfermedades que agobian a los trabajadores, lo que importa son las regalías y el secuestro de las patentes para gozar de exclusividad en el usufructo de una enfermedad y más si se vuelve epidemia. Sin importar (hay casos de infamias insondables) cuán tóxicas sean para las personas las medicinas, las operaciones o los tratamientos, ni sus consecuencias colaterales, las enfermedades asociadas ni la muerte (que el capitalismo también ha convertido en negocio)

Su «filosofía» también consiste en invertir millonadas, para esconder bajo el tapete, los planes de negocios relativos a la investigación que ellos llaman «científica». No es el bien social lo que determina inversiones ni lo que determina las políticas sanitarias… es descarnadamente, la búsqueda de beneficios financieros privados para un puñado de monopolios alcahueteados por los gobiernos serviles. Si para eso hay que manipular y falsificar datos, si para eso hay que publicar revistas, organizar congresos y entregar «premios nobel»… no se detendrá una industria tan pesada. No tendrá pruritos metodológicos o morales, una industria deshonesta que se disfraza con la palabra Ciencia para esconder su «filosofía» de los negocios.

La lista de ligerezas y errores con que se maneja la fabricación industrial de medicamentos es enorme. Hay denuncias y debates que generalmente se esconden porque afean el panorama. La industria farmacéutica tiene controles sobre la inmensa mayoría de publicaciones especializadas y las revistas de divulgación científica. La industria farmacéutica gasta fortunas en publicidad y en regalos para sus médicos favoritos. Se trata de una dictadura del negocio farmacéutico.

Los médicos son la tercera causa de muerte en los EE.UU.: causan 250.000 muertes por año.2 No todos, claro, no todos.

¿Está todo tan mal?

Contamos con Cuba, por ejemplo. Algunas tareas indispensables para superar las patologías generadas por la industria médico-farmacéutica del capitalismo deberían pasar a estas horas por la expropiación, sin pago, y bajo control obrero, de todo el negociado obsceno que hoy deambula impunemente por el mundo. No hay alternativas. El capitalismo es un delito3 y una maquinaria infernal de producir crisis ecológica, enfermedad y muerte. A estas horas es preciso reformular todas nuestras concepciones teórico-metodológicas en materia de salud y de políticas socialistas de salud. Aprovechar los mejores logros, los que son realmente útiles y liberarlos de las garras del capitalismo. Reformular nuestras ideas y preconcepciones sobre el organismo humano sus interdependencias con la naturaleza toda, su desarrollo y su situación actual. Reformular la investigación científica y los principios mismos de la actividad médica adaptados a la realidad concreta y las urgencias de esta etapa. Transformar los modelos de enseñanza y la educación médica en todos sus niveles. A estas horas es inexcusable garantizar la salud y los servicios en condiciones que permitan soberanía política en políticas concretas, democracia médica revolucionaria, erradicación del rezago médico y de las enfermedades de la pobreza. Prevención socialista y planificación, educación y la cultura de la salud, empleo digno para los trabajadores de la seguridad social… afincar una Filosofía socialista de la salud que privilegie la vida digna como un derecho concreto e inalienable. Vincular el problema de la salud con la preservación de los ecosistemas. Garantizar condiciones materiales de existencia, justas y democráticas. Los más avanzados descubrimientos de la medicina no pueden ser propiedad privada de un puñado de capitalistas. El movimiento obrero debe exigir su nacionalización inmediata al lado de la nacionalización de los grandes bancos, los latifundios y los monopolios que someten nuestras vidas a la dictadura del Capital. Sólo una economía socialista planificada racionalmente podrá desarrollar la riqueza de los conocimientos en materia de salud para ponerlos realmente al servicio de la humanidad y su desarrollo. Eso será realmente curativo.

22 febrero 2021

Notas

1http://www.militante.org/medicinas-laboratorios-monopolios-y-nuestra-salud
2http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons02.htm
3 Antonio Salamancahttp://www.aporrea.org/ideologia/a97634.html
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Domingo, 21 Febrero 2021 06:15

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Según la ONU, son crímenes contra la humanidad los que constituyen ataques generalizados o sistemáticos a la población civil, así como los exterminios, la esclavitud, la deportación o expulsión forzosa, la privación de la libertad física e intelectual que viola el derecho internacional o las torturas, las violaciones, la prostitución y la violencia sexual, la persecución de un colectivo (incluido su “linchamiento mediático”) por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos que atenten contra la integridad de las personas y de los grupos sociales. Por ejemplo el bloqueo, aunque lo llamen “embargo”. Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí. Es delito de lesa humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los derechos y la dignidad de las personas… y los bloqueos son una de las formas de las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo, aunque inventen ideólogos, tratados y legislaciones para camuflarse.

Combatir al bloqueo no es asunto sólo “legal”, de poco han servido el repudio en Naciones Unidas ni las proclamas airadas de las voces más indignadas. La batalla contra el bloqueo es una lucha política que no se detiene a las puertas de las burocracias y que implica una batalla radical contra el capitalismo, su modo y sus relaciones de producción. Sin duda el capitalismo, en su desarrollo, luego de la Segunda Guerra Mundial, produjo iguales o peores horrores contra la especie humana. Produjo usurpaciones, invasiones y hurtos. Todo tipo de engañifas, manipulaciones y humillaciones. Destrucción de países y de culturas. Miseria y desamparo, secuestros, usurpaciones y bloqueos. ¡Imposible maquillar tantos horrores! Las consecuencias empeoran y se comportan como pandemia. No hay futuro para la humanidad bajo un sistema así. Y para castigar a quienes se niegan a aplaudir sus horrores, el imperio impone “embargos” y bloqueos. Formas de una guerra despiadada contra los pueblos. Por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque ha sido condenado sinnúmero de ocasiones nada pasa; lo mismo sucede contra Venezuela y contra todo aquel que intente desarrollar nexos con ambos países.

Algunos se conduelen sólo por los “daños económicos” ocasionados por el bloqueo, pero es insuficiente para comprender y denunciar los estragos en salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. El bloqueo es parte de la guerra sicológica imperial contra toda rebeldía. No olvidemos la obligación ética que tenemos todos de denunciar el ataque sistemático contra el estado de ánimo de los pueblos sometidos al bloqueo. Está más clara que nunca la urgencia de una nueva proclama planetaria por los derechos humanos; que despeje toda huella de individualismo para ascender a una práctica humanista que aprenda a no reducir los derechos y, a cambio, aprenda a expandir todas sus nociones a su carácter social necesario. Es hora de habilitarnos con un programa humanista mundial nuevo, con carácter vinculante, en todos los cuerpos constitucionales y jerarquías éticas con que debe armarse una justicia social verdadera que nos ponga a salvo de las formas despiadadas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes.

Necesitamos una declaración de los derechos humanos de nuevo género que condene al bloqueo, esta vez democrática, suscrita por las organizaciones de los trabajadores, aceptada por los movimientos sociales en pie de lucha contra la separación de la humanidad en clases sociales. Un sistema humanista nuevo, de capítulos subordinados a una concepción dinámica e integral, capaz de perfeccionarse con su práctica objetiva y con la organización democrática permanente de veedores, supervisores y controladores organizados en comités éticos para el desarrollo de los derechos y las responsabilidades colectivas. Romper con toda “letanía de falsa democracia” para democratizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, renovarla desde los consensos. Es un paso obligado en el corto plazo. Romper con la idea de que tal declaración ha de mantenerse enjaulada en la verborrea diplomática, para ascender a una que se vuelva “carne de las luchas” humanistas de base socialista y que sea sinónimo de fortaleza práctica sostenida con pensamiento crítico. Necesitamos una declaración que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores.

Hasta hoy, “los derechos humanos –escribe Marx– son los de miembros de la sociedad burguesa, es decir, de individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad”… pero los derechos del ciudadano “sólo pueden ejercerse en comunidad. Su contenido es la participación en ella, y concretamente en la comunidad política, en el Estado”. Ninguno de los derechos humanos trasciende en individuos replegados en sí mismos. Necesitamos una declaración que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción cuyas proclamas luchen en el sentido fundamental del respeto inalienable por el trabajo: “todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo” o a un “reparto equitativo del fruto de éste”.

Necesitamos un acuerdo internacionalista, de las bases, para refundar los derechos humanos de manera crítica contra el carácter limitado e inhumano de la lógica del capital. Para luchar contra toda forma de bloqueo, que constituye un crimen, flagrante y sistemático. Humanismo que sea más que un compendio de “buenos propósitos” filantrópicos; que sea una manera más de ascender a la práctica emancipadora. Como lo pensaba Marx, a la luz de la historia, inseparable del contenido insuflado por las fuerzas sociales en sus luchas emancipadoras. Humanismo de “nuevo género” como acción deseable, posible y realizable para las fuerzas que se fundamentan en la democracia participativa. Humanismo para no sucumbir a la opresión ideológica más feroz implícita en la sustracción de plusvalía. Humanismo que no se detenga ante nada, que defienda a la naturaleza, que proteja al patrimonio cultural, que combata a los negocios de las guerras, de los bancos buitres y de los mass media, máquinas de guerra ideológica. No traguemos más engaños, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y hay que frenarlo, sancionarlo y obligarlo a reparar los daños, globalmente.

Por Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús

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Domingo, 21 Febrero 2021 05:37

Guerra de nervios

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

La resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por “calumniar” a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar “con efecto inmediato” al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de “injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano” y afirmó que la exigencia es “de antemano incumplible”, porque pretende “suplantar la justicia rusa y anular un veredicto”.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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