China e India: dos gigantes condenados a relacionarse

Las relaciones entre China e India pueden rastrearse muy lejos en la historia, aunque adquirieron un cariz especialmente complejo desde finales de los años 40 con la independencia de la India y el establecimiento de la República Popular China.

 

El monje budista Xuanzang visitó en el siglo VII la ciudad de Nalanda, hoy ubicada en el estado indio de Bihar. La fama de este religioso Ch’an ayudó enormemente a que algunas de sus reflexiones sobreviviesen al paso del tiempo. La forma más común entonces para referirse a India dentro de China era probablemente Tianzhu, aunque Xuanzang convino en utilizar Yìndù (印度), nombre que mantiene vigencia hasta nuestros días. “Todos los seres vivos giran sin cesar en la rueda de la transmigración a través de la larga noche de la ignorancia, sin una estrella que los guíe. [...] La brillante luz de hombres santos y sabios, que guía al mundo como el resplandor de la luna, ha hecho que este país sea eminente, y por eso se llama Yìndù. [...] La luna tiene muchos nombres, y este es uno de ellos”. Lo dijo sin cortapisas: India es la brillante luna del mundo.

La influencia del budismo, nacido de las entrañas mismas de India, a lo largo de la historia china es incuestionable. Y aunque estos antecedentes pudieran llevar a pensar lo contrario, las relaciones entre los dos estados en las últimas décadas distan mucho de ser tranquilas, viéndose empapadas de una resbaladiza mezcla de conveniencia y desconfianza.

La virtud es un elemento central en el pensamiento confuciano que alcanza a su misma visión sobre el mundo y sobre las relaciones entre países. La máxima “Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tianxia”, o “cultivar el yo, regular la familia, gobernar el estado y armonizar el mundo” aparece en el Gran Saber (Dà xuě) como una línea maestra: todas las personas, todos los países y, en general, todos los sujetos pueden favorecer a la armonía global. Es precisamente la armonía en el sistema-mundo uno de los elementos confucionistas que el Partido Comunista Chino viene rescatando para su accionar desde antes del liderazgo de Jiang Zemin (1993-2003). Presumir de Confucio pareciera más amable que hacerlo del poder nuclear.

Hay un punto en común en este sentido con el gobierno de Narendra Modi. India dispone de cerca de 150 ojivas nucleares, algo menos de la mitad que la República Popular China. Y lo que es más relevante: unas pocas menos que Pakistán. La primera prueba de un arma nuclear de fisión en el caso de India se produjo en 1974: su nombre, “Smiling Buddha”. La de China, en 1964, fue apodada simplemente “596”. Sin pasar de ser una mera anécdota, este contraste se conecta con dos formas diferentes de operar en la escala internacional. Al tiempo que China ofrece al resto del mundo lo que define como relaciones de mutua ganancia (obviando a menudo su propio tamaño y poder), el gobierno del Chaiwalla Modi ha decidido llevar por bandera Bollywood, ayurveda y mucho yoga.

El elefante y el dragón

En 2015, la ONU celebró el Día Internacional del Yoga tras una intensa campaña del recién asumido Primer Ministro indio. Tan relevante le parece a su gobierno esta disciplina que fue la punta de lanza de su primera intervención frente a la Asamblea General de la ONU en 2014, una puesta en escena que no hacía sino advertir lo que sería la espina dorsal de su proyecto político: el nacionalismo hindú o hindutva. “El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza”, dijo. Es precisamente el enaltecimiento de esta identidad hindú como un objeto totalizante donde contener a través de la negación las diversas formas de ser indio lo que choca con el esfuerzo de muchos gobiernos desde Gandhi de amalgamar las diferencias y convertir esta pluralidad en la Marca India. Fuera de las fronteras indias Modi se esfuerza en mostrar el lado amistoso e inclusivo del hinduismo, al tiempo que no se priva de dificultar el acceso a la ciudadanía de la población no hindú.

Si es importante la imagen que un país ofrece al resto, tanto o más lo es la precaución y las reservas con las que el mismo mira hacia fuera. Desde buena parte de los espacios de pensamiento político en China se percibe la desconfianza que muchos gobiernos y sociedades occidentales tienen hacia el proyecto del PCCh. A través de “valores universales”, se cree, las “fuerzas occidentales hostiles” buscan torcer el rumbo del país y su reforma.

En 2014 Xi Jinping propuso que el PCCh se adhiriera al concepto de la Perspectiva General de Seguridad Nacional. “Observando la seguridad de la gente como el objetivo; la seguridad política como el principio fundamental; la seguridad económica como la base; la seguridad militar, cultural y social como las garantías; y la promoción de la seguridad internacional como una fuente de apoyo, forjaremos el camino de la seguridad nacional con características chinas”. No por repetido pierde importancia el concepto de “características chinas”. En este caso, la seguridad nacional incluye la noción de seguridad ideológica. Es decir, aquella situación en la que la ideología dominante está relativamente segura y libre de amenazas internas y externas.

Y si en China se hizo explícita la voluntad de asegurar el socialismo con características propias como guía de la nación, en India el gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) ha abandonado su moderación inicial y ha intentado erigir el hindutva en ideología de Estado. Esta radicalización coincide con la victoria de Modi en 2019, que le otorgó 303 de los 545 diputados que forman el Lok Sabha. En realidad, el hindutva hunde sus raíces en el período colonial o Raj británico (1858-1947). Intelectuales como Madhavrao Golwalkar creían que los tiempos dorados de la civilización hindú fueron “contaminados” por las invasiones cristianas, musulmanas y británicas, fundamentalmente. Golwalkar y otras figuras fundaron en 1925 el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización en la que el propio Modi militó, que posibilitó su paso de vendedor de té a gobernador del complejo estado de Bujarat (2001-2014) y que hoy él mismo emplea como fuerza de choque no oficial.

La impronta de las ideas fundacionales de las RSS en el gobierno de Modi se hace palpable en su visión de la población musulmana como enemigo interno “contaminante” al excluirla de la identidad india, y externo, al colocar el conflicto con la República Islámica de Pakistán en el centro de su política exterior. En el siempre tenso equilibrio nuclear, militar y propagandístico entre el propio Pakistán y el Estado indio juega un papel crucial la voluntad de la RP China de aumentar el tamaño de su esfera de influencia en la región, especialmente desde que la segunda revolución del PCCh, liderada por Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang y otros sectores del partido catapultara el crecimiento económico del dragón.

La política exterior de los dos gigantes asiáticos se cruza en muchos puntos por la propia inercia. Es tan grande la influencia que ambos Estados ejercen a su alrededor, tan masiva la gravedad que generan, que de forma inevitable se condicionan mutuamente. A pesar de la divergencia ideológica de partida, Pakistán vio desde su fundación en 1947 con buenos ojos la posibilidad de que China creciera en tamaño y poder para servir de contrapeso de India. En 1956, Zhou Enlai y Huseyn S. Suhrawardy firmaron el Tratado de Amistad sino-pakistaní, paso fundamental en una estrecha relación que ha ido consolidándose hasta nuestros días.

La partición del Raj británico dio lugar a la que todavía hoy es una de las fronteras más tensas del planeta: la indo-pakistaní. Las batallas de “baile” que a menudo se dan entre militares de uno y otro lado bajo los vítores de las hinchadas nacionales que asisten a la línea divisoria pueden confundir a un espectador ajeno, pero el conflicto se siente tan cotidiano como el panipuri en las calles de Delhi. Y, cómo no, la presencia de China en el conflicto se hace notar. En la práctica, apoya a Pakistán en la cuestión de Cachemira, mientras este se posiciona del lado del PCCh en lo que a Taiwán, el conflicto del Tíbet y las cuestiones de Xinjiang se refiere.

En este idilio, el elemento militar es central. Como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní reconoce en su página web, “la colaboración en Defensa constituye la columna vertebral de la relación. [...] La cooperación abarca intercambios militares de alto nivel, conversaciones estructuradas de defensa y seguridad, ejercicios conjuntos, capacitación de personal en las instituciones de ambos, producción conjunta de defensa y comercio de defensa”. Por otro lado, el comercio entre los dos países es amplio y fluido, lo que no es baladí. Que China sea el principal socio comercial de Pakistán no es una gran sorpresa. Al fin y al cabo, lo es de muchos países en vías de desarrollo a través de sus inversiones en infraestructura. Uno se asegura la inversión y la energía que necesita, mientras el otro obtiene una privilegiada puerta de acceso al mercado islámico. Ahora bien, ser el principal socio comercial de uno de tus vecinos al tiempo que éste mantiene tira y aflojas con otro más poderoso enrarece la convivencia regional. China trata de ser neutral atendiendo a su doctrina para las relaciones internacionales, pero la estrechez de sus vínculos con Pakistán atiranta su relación con India.

Por otra parte, Mao decía que todo es dialéctica. Es decir, cualquier fenómeno tiene su opuesto a través del cual se explica su existencia. Sucede que India también influye a través de su política exterior en asuntos que llevan décadas enquistados en la sociedad china. En 1951 China completó la anexión del Tíbet tras derrocar a su débil y solitario ejército, acabando con el que había sido el territorio “tapón” entre ella e India durante siglos. Desde entonces el ejemplo de la, en adelante, Región Autónoma del Tíbet, reforzó en la India el recelo ante lo que conciben como una esencia expansionista que acompaña a China. Es popular en la India, aunque de difícil rastreo, la noción de los “cinco dedos”. Según esta creencia Mao y, en consecuencia, el Partido Comunista de China tendrían una voluntad expansionista que alcanzaría los territorios de Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhután y Arunachal Pradesh. Pese al alto grado de especulación que rodea a esta convicción, lo cierto es que arroja información de interés al respecto de cómo India percibe a China.

En tibetano, China es llamada “Gyanak”, que puede traducirse como “Tierra Ominosa” o “Tierra Impía”, al tiempo que a la India se le dice “Gyakar”, “Tierra Sagrada” o “Tierra Blanca”. En 1959, tras la disolución del gobierno local tibetano por parte de Beijing y el exilio del decimocuarto Dalai Lama a India bajo el paraguas de la CIA, el líder del budismo tibetano conformó allí un gobierno en el exilio que permanece hasta nuestros días. No obstante, el volumen de la influencia china en el planeta dificulta enormemente que los tibetanos sumen Estados a su causa —no así celebridades—.

Ni siquiera India da soporte explícito al impulso secesionista, aunque sí ofrece refugio a monjes y migrantes. Se estima que 100.000 tibetanos viven exiliados bajo la protección que les brinda el elefante asiático. El gobierno chino, como se puede intuir, no ve con buenos ojos este accionar ya convertido en una política de Estado. Si algo caracteriza a los países socialistas es su afán por rechazar las injerencias de terceros Estados, tanto más el PCCh. Este hecho, unido al mencionado vínculo sino-pakistaní, tensa todavía más el precario equilibrio existente en varios puntos de la frontera entre las dos potencias.

Hindi Chini bhai bhai

Jawaharlal Nehru fue el Primer Ministro de India desde la independencia en 1947 hasta su muerte en 1964. A él se le atribuye en la cultura popular nacional el eslogan “Hindi Chini bhai bhai”, que pudiera ser traducido como “la India y China son hermanos”. Su postura frente a las pretensiones territoriales del vecino, ingenua en primer lugar y perdedora más adelante, hizo que quedase colgada sobre su figura histórica la pesada etiqueta de tibio. Algunos sectores de la sociedad india ven todavía hoy en Nehru a un presidente que consintió a China avanzar militarmente sobre territorios indios para completar su “esfuerzo liberador” en Asia.

Las grandes amistades a veces son más fáciles de enunciar que de sostener, planteamiento que es reforzado al observar el desarrollo histórico de las relaciones sino-indias. El nacionalismo de dos países antaño coloniales pero que hoy ostentan el cargo de, como mínimo, potencias regionales, condujo inevitablemente a choques de intereses. Atrás quedaron los años del “Hindi Chini bhai bhai”, si es que alguna vez llegó a tener esta idea algo de profundidad. La línea McMahon, diseñada bajo criterios arbitrarios y coloniales por el Reino Unido, se mantiene hoy como frontera oficial entre los dos Estados. Los territorios de Aksai Chin y Arunachal Pradesh fueron testigo de la guerra sino-china de 1962 y desde entonces se han ido sucediendo pequeños núcleos de conflicto allí y en zonas como Ladakh. Si bien durante décadas después de la guerra se vivió una realidad de paz tensa en la frontera, desde 2013 la disputa se ha intensificado enormemente.

Coincidiendo con la entrada de Xi Jinping y Narendra Modi al liderazgo de una y otra nación se ha venido produciendo una escalada de tensión que desembocó finalmente en las escaramuzas de 2020. Que los dos Estados acordasen la no utilización de armas de fuego en la frontera no imposibilita de manera tajante la aparición de violencia, como pudo constatarse en varios puntos de Ladakh y Sikkim, aunque sí parece acotar las posibilidades para el ascenso a conflicto armado. El establecimiento de campamentos en los laterales de la línea divisoria entorpece el nexo y afecta a la política interna de ambos países. Adentro de India, de hecho, ciertas fracciones nacionalistas —especialmente ubicadas en Twitter y otras redes sociales— comenzaron a referirse al Primer Ministro como “ModiXi”, en un juego de palabras con tres aristas: “ModiXina”, “ModiXi Jinping” y “Modiji”, siendo “ji” una coletilla cariñosa, a menudo empleada en tono sarcástico idéntica a la que se emplea a veces para referirse a Nehru(ji).

En definitiva, tan descomunal es la influencia que China e India ejercen en el Asia oriental, el sudeste asiático y el Asia central como decisivas son las relaciones entre ambos: de hecho, existen muchos actores secundarios especialmente dependientes de las decisiones que tomen el uno respecto al otro, como Pakistán o Corea del Norte. Además, pareciera que del tipo de vínculo que llegue a diseñar un gobierno con el país vecino se extrae una parte crucial de su legitimidad, especialmente desde el lado indio, tal como Modi está padeciendo en carne propia.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

26 feb 2021 06:46

Publicado enInternacional
Domingo, 21 Febrero 2021 05:37

Guerra de nervios

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

La resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por “calumniar” a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar “con efecto inmediato” al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de “injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano” y afirmó que la exigencia es “de antemano incumplible”, porque pretende “suplantar la justicia rusa y anular un veredicto”.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Publicado enInternacional
Viernes, 19 Febrero 2021 05:31

Palestina, vacunas, apartheid

Palestina, vacunas, apartheid

 Uno. El coronavirus no sólo exacerbó el racismo y la xenofobia israelí añadiendo otro nivel a la precariedad de las vidas palestinas bajo la ocupación militar (bit.ly/2LA4VcO) −sirviendo incluso como oportunidad para acelerar el proyecto colonial de asentamientos−, sino que dio lugar al surgimiento de un nuevo “ apartheid médico”. Curiosamente tras el desastroso manejo inicial de la pandemia (tres lockdowns, ataques a libertades de sus propios ciudadanos), Israel emergió como un “campeón mundial de vacunación per capita”. Inoculaba a su población a un paso de hasta 150 mil dosis al día, logrando vacunar en breve con ambas dosis a casi dos de sus 9 millones de habitantes ( bbc.in/2N9nKUS ). Pero la negación de las vacunas a los palestinos en Cisjordania ocupada y en Gaza bloqueada, demostraba que su redoblada guerra al virus era al mismo tiempo su vieja guerra a Palestina (bit.ly/2Z3INea).

Dos. La Cuarta Convención de Ginebra (artículo 56) estipula "la responsabilidad del ocupante por salud e higiene de la población ocupada, con referencia particular a enfermedades contagiosas y epidemias". Israel viola aquí el derecho internacional, al igual que el otro artículo de la convención que "prohíbe la transferencia de la población civil del ocupante al país ocupado". Desde 1967 −sin parar− expande asentamientos ilegales. Y al mandar vacunas a territorios ocupados los destina, en concordancia con su racismo institucional, sólo a colonos (bit.ly/2N9Mj3Q), excluyendo a 2.7 millones de palestinos de Cisjordania y a otros 2 millones en Gaza. Según los funcionarios israelíes, las responsables por ellos "son las mismas autoridades palestinas" ( vide Oslo), mientras el que realmente está a cargo de estas áreas −en todos los sentidos− es Israel. Esta postura es un perfecto caso de "negación de la responsabilidad", un paradigma necropolítico identificado por A. Mbembe (bit.ly/3qp7GwD) precisamente en el caso de Gaza, que igual es un ejemplo de una larga historia israelí de usar la medicina como arma al ir mutilando su sistema de salud (bit.ly/2Z60CZO). ¿La mejor palabra para todo esto? El ­"coronaapartheid".

Tres. Resulta sintomático que justo −aunque sin mencionar las vacunas− B’Tselem, un reconocido organismo israelí de derechos humanos, emitiera un reporte sin precedente en que confirma lo que algunos estudiosos (I. Pappé et al.) argumentaban desde hace tiempo: Israel no es “una democracia con la ‘ocupación temporal’ adjuntada a ella”, sino “un solo régimen del apartheid desde el río Jordán hasta el Mediterráneo donde un grupo de gente (los judíos), ejerce una supremacía racial sobre el otro (los palestinos)” (bit.ly/3pfm0qd). Esta supremacía y “toda la ingeniería demográfica bajo este apartheid” está, según B’Tselem, aplicada a través: a) la negación de derechos políticos y civiles: mientras colonos israelíes en territorios ocupados gozan de todos los derechos y están sujetos a leyes civiles, los 5 millones de palestinos (sin contar los que son ciudadanos de Israel) están sujetos a leyes militares y desprovistos de ellos; b) la expropiación de tierras para más asentamientos, y c) la limitación del libre movimiento: muros, puntos de control, carreteras y túneles "sólo para los israelíes".

Cuatro. Debido a la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres, la propia OMS advirtió de la existencia de un “ apartheid mundial vacunal”. Nuevamente, la desigualdad entre Israel y Palestina es paradigmática. Israel compró 10 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 6 millones de Moderna, pagando entre 28 y 62 dólares (!) la dosis, −mientras por ejemplo Estados Unidos pagaba 19.50 dólares−, y Palestina no ha podido comprar ninguna (ni de Rusia o China), esperando sólo recibir algo de la OMS mediante el sistema Covax destinado a países pobres (bit.ly/3rKL0Yd). En el mismo tiempo Tel Aviv rechazó "un pedido informal" de la OMS para vacunar "al menos a los trabajadores de salud palestinos" por "no ser su responsabilidad" (sic), al igual que los pedidos de las autoridades palestinas de compartirles "al menos 10 mil dosis" para el mismo fin −saboteando de paso los esfuerzos palestinos de luchar contra el virus y destruyendo clínicas de campo destinadas al Covid-19−, sólo para luego transferir 5 mil ( abcn.ws/2LQwXAS ).

Cinco. La exclusión de la población palestina ocupada del programa de la vacunación, demuestra que el apartheid israelí no es sólo un sistema de leyes raciales como Basic Law o muros ("el control de los cuerpos"), sino uno que permea hasta el nivel "celular" y médico (M. Foucault) −con los oficiales israelíes refiriéndose desde hace tiempo a los palestinos como "una enfermedad"− y donde la negación de vacunas hace la mancuerna con la "cuestión demográfica" −"una de las preocupaciones fundacionales del sionismo" (bit.ly/3jOK9TG)−, volviéndose un nuevo componente biopolítico de la ingeniería demográfica imperante ( vide B’Tselem). Uno que no busca "reducir activamente" el número de la población indeseada, pero que se abre oportunistamente a la posibilidad de su reducción −"el viejo objetivo estratégico del racismo israelí en Palestina" (bit.ly/3b9LCjw)−, por una enfermedad "natural" de la cual la ­población dominante, que ejerce la supremacía racial en el territorio ­disputado (Palestina), queda mejor protegida. ¿"Maquiavelismo"? ­¿"Perversidad"? ¿"Crimen"? Seguro hay un par de más palabras para hablar de esto.

Publicado enInternacional
El magnate Bill Gates en imagen del 21 de abril de 2018, durante una conferencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en Washington, DC.Foto Ap

Diez años antes de la caída del muro de Berlín, el centro de propaganda de Hollywood, muchos de cuyos guiones son controlados por el Pentágono, lanzó la película Apocalipsis ahora (https://bit.ly/2ZnGsuM)”. Pareciera que en su nueva versión, en medio de la dislocación interna de EU y su colisión geoestratégica con Rusia y China, su nuevo protagonista sería Bill Gates, polémico "filántropo (sic)" con discurso misántropo, otrora mandamás de Microsoft, miembro de la cibercracia de la Big Tech: GAFAM/Twitter (https://bit.ly/3brukyv). Un eslabón fundamental del añejo "bioterrorismo", que se puso de moda tras el montaje hollywoodense del 11/9, es el doctor Richard Hatchett, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Baby Bush imbuido del belicismo de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa e íntimo del entonces vicepresidente Dick Cheney.

Hoy Hatchett opera desparpajado como jefe ejecutivo de CEPI, financiada por Gates (https://bit.ly/3u7N3Hw), en conspicua asociación con el locuaz cuan errado epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres.

Desde 2015, el apocalíptico Gates fue más explícito al rotativo británico The Telegraph: “Sería relativamente fácil hacer la ingeniería ( to engineer) de una nueva cepa de la gripe” combinando una versión que se difunde rápidamente con una que mata velozmente. A diferencia de la guerra nuclear, esta enfermedad híbrida no cesaría de matar una vez liberada (https://bit.ly/2N3oLhx). ¡Mega-uf!

En 2017, Gates había sentenciado en la Conferencia de Seguridad de Munich que el “bioterrorismo podía matar más que una guerra nuclear (https://wapo.st/3beL7nZ)”. En su sugerente página "The Davos Agenda", Arjun Kharpal retomó la ominosa advertencia de Gates al The New England Journal of Medicine (https://bit.ly/3baI54q) sobre el "daño del bioterrorismo" que exige “inversiones (sic) sustanciales (https://cnb.cx/2ZmQKv1)”.

Casi tres años antes de la pandemia del Covid-19, Gates vaticinó que "la próxima epidemia tiene una buena oportunidad de originarse en una pantalla de computadora (sic)": sea "por el trabajo de la naturaleza (sic) o las manos de un terrorista (sic)", por lo que instó a los gobiernos a "prepararse para estas epidemias igual que nos preparamos para la guerra (¡megasic!)". Agregó que el "mundo necesita un nuevo arsenal de armas, fármacos antivirales, anticuerpos, vacunas y nuevos diagnósticos". ¡Negocio redondo!

El polémico "filántropo/misántropo" vuelve, seis años después, a la carga con su discurso apocalíptico del "bioterrorismo" más cambio climático (https://bit.ly/2NfDmWy). A pocos días del brote "oficial" del Covid-19 en Wuhan, Gates patrocinó el premonitorio Event 201 al unísono del globalista Foro Económico de Davos y la bélica Universidad Johns Hopkins (https://bit.ly/3cYAk4a).

Lo grave de sus vaticinios apocalípticos es que hasta ahora se ha cumplido el de la pandemia del Covid-19.

En entrevista con la agencia británica Reuters, Gates glorificó a la triada Gavi/Covax/Cepi (https://reut.rs/3dwMSA3). Esta triada se encuentra bajo la égida de Gran Bretaña (GB), cuyos dos ex gobernantes "socialistas" Gordon Brown y Tony Blair confiesan que anhelan imponer un "gobierno mundial" bajo la férula del globalista Foro Económico de Davos (https://bit.ly/2OLdtPp). Gates se pone sensiblemente defensivo frente a las "locas teorías de la conspiración" que lo atacan a él y al no menos polémico infectólogo Anthony Fauci, lo cual se debe a la "combinación de una terrorífica pandemia viral y al ascenso de las redes sociales". ¿Impulsa Gates la censura en las redes sociales para que no sean escudriñadas sus aventuras farmacológicas?

Como que anda incontinentemente locuaz Gates en últimas fechas cuando suelta sus amenazas apocalípticas en medio de una grave pandemia que requiere de discursos más serenos.

¿Se trata de una amenaza del eje anglosajón a sus dos principales adversarios Rusia y China para advertirles que la dupla EU/GB posee un arma letal para impedir un nuevo orden tripolar que sustituya a su fallido "orden unipolar" globalista?

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Lunes, 15 Febrero 2021 05:22

La tercera vía de Joe Biden

La tercera vía de Joe Biden

¿Qué pasará con China?

 

¿Qué hará Joe Biden con China? Se diría que es la incógnita más inquietante en la política mundial. Está descartado que imite el modus operandi de Donald Trump. También el retorno a una especie de tercer mandato de la era Obama. Las indicaciones generales parecen claras: mantener el fondo y cambiar las formas, pero incluso admitiendo esto, el marco de elasticidad es tan grande que multiplica el valor de los matices.

¿Qué datos objetivos podemos destacar en estas semanas posteriores al 20 de enero? La OMS descartó el origen de la pandemia en un laboratorio de Wuhan. Se anuncia para marzo una reunión entre Anthony Fauci y Zhong Nanshan, principales epidemiólogos respectivos. La cooperación bilateral en la lucha contra la Covid-19 tiene visos de prosperar, dejando atrás la nefasta política de Trump en tal sentido, incluida la abrupta salida de la propia OMS. Esto puede orillar los despropósitos conspiracionistas aireados por M. Pompeo y que encontraban idéntico nivel de retruque en Beijing. Otro campo factible es la cooperación climática.

Por el contrario, en el sensible asunto de Taiwán, las espadas siguen en alto, con incursiones militares de unos y otros y avisos a navegantes en todas las direcciones. Hong Kong, Tibet o Xinjiang nublan los cielos a otra escala con una retórica altisonante que no hace concesiones. Las demostraciones de inflexibilidad alcanzan también al Mar de China meridional.

Yang Jiechi, miembro del Buró Político y director de Asuntos Exteriores en el Comité Central del PCCh, ha buscado vías para recuperar la normalidad en las relaciones bilaterales sobre la base de que “China debe ser vista como es”, huyendo de errores de juicio estratégicos pues China, dice, en modo alguno tiene la intención de desafiar o reemplazar la posición de EEUU en el mundo. Para Yang, la clave está en respetar los “intereses centrales” del otro que en el caso chino son, básicamente, la soberanía, la integridad territorial, el sistema político y, ahora, los intereses de desarrollo. Son “líneas rojas”, dijo. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Kurt Campbell, coordinador para la región del Indo-Pacífico, señalaban en Foreign Affairs en octubre del pasado año, que “el mundo debe vivir con China tal y como es” en un marco de coexistencia competitiva, alejándose del discurso de Pompeo en la Biblioteca Nixon en julio de 2020 cuando clamó por una lucha universal contra el PCCh.

Frente a la búsqueda de puntos de encuentro, la irrupción de documentos como el anónimo del Atlantic Council, abonado a la tesis de la resurrección de la guerra fría, ansía intervenir en el debate e inclinar la balanza. Otro ejemplo: bajo la dirección de Jared Cohen, ex asesor de Condoleezza Rice, y Eric Schmidt, ex director general de Google, un grupo independiente de 15 republicanos y demócratas, investigadores, empresarios, ingenieros y sinólogos, presentó recientemente un informe confidencial al gobierno de Estados Unidos en el que se aboga por una estrategia de mayor resistencia tecnológica a China. Otros firmantes del documento son Richard Fontaine, director general del “Center for a New American Security CNAS”, fundado con el citado Kurt Campbell o también Elizabeth Economy, sinóloga del Instituto Hoover de Stanford, Alexander Wang, formado en el MIT, o Marissa Giustina, ingeniera de Google. Si en el debate digital global siempre han predominado las voces que alertaban sobre los peligros de una ruptura del flujo de datos científicos abogando por compartir la investigación sin límites en consonancia con un espíritu de apertura que se resistía a los imperativos de otra naturaleza que no fuera la promoción del conocimiento, los autores sostienen que el dominio tecnológico, factor clave para la seguridad, la prosperidad y la garantía del modo de vida democrático, se ve ahora amenazado por la aparición de China como potencia que está a punto de superar a Estados Unidos en áreas sensibles. La idea principal del documento es que el “desacoplamiento”, del que muchos científicos recelaban, se ha convertido ahora en una “solución deseable”.

Biden, por otra parte, debe haber tomado buena nota de una realidad inapelable: la guerra comercial de Trump con China fue un fracaso en todos los sentidos. Ni alcanzó sus metas políticas (doblegar a China) ni frenó el déficit comercial ni alentó sus exportaciones. Veremos como ese diagnóstico repercute en los aranceles. En lo tecnológico, ha supuesto dificultades inapelables para empresas chinas pero también estadounidenses y está por ver quién puede invertir más en los próximos años en los sectores capitales, desde la inteligencia artificial a las biotecnologías o las energías verdes y otras altas tecnologías. No hay un claro ganador y si algo sorprende es el ritmo y la proyección de la innovación china.

Se dice que en EEUU hay un consenso bipartidista acerca de China, pero este podría quebrarse en la medida en que los demócratas se alejen de los postulados de Trump y sus acólitos. Y también que Biden lo tendrá más fácil que su antecesor para alargar la unidad de criterio con los países aliados, un vínculo que Trump debilitó. Pero tampoco esto debe darse por seguro si China con la UE, o Japón o Corea del Sur, etc., logra fraguar y/o desarrollar acuerdos comerciales potentes. Que la opción de seguridad para muchos de ellos es EEUU no ofrece dudas; más discutible es que fórmulas como el QUAD (EEUU, Japón, India y Australia) cuajen del todo ni tampoco que eso llegue a ser suficientemente disuasivo ante el fortísimo esfuerzo chino en defensa. En cualquier caso, no debe darse por seguro que todos seguirán a pies juntillas la política de EEUU, cualquiera que fuese, respecto a China.

El Financial Times recordaba días atrás como los flujos de inversión desmienten las tensiones geopolíticas entre ambos países. Muchas multinacionales estadounidenses recelan de los llamamientos al desacoplamiento aun reconociendo la existencia de diferentes enfoques en algunas cuestiones. Pero todas admiten haber ganado mucho dinero en China, un mercado que no es prescindible en un contexto de elevado entrelazamiento de todas las economías y con tantas incertidumbres en cuanto a la recuperación del crecimiento. Tampoco la UE, Japón o Corea del Sur pueden desprenderse de la atracción gravitatoria ejercida por China con un mero chasquido de dedos.

Estos cuatro años de presidencia Biden serán claves para concretar una posible alternativa en la relación con China, diferente a la firmeza hegemónica de Trump que ha conducido a un peligroso bloqueo de la situación. Ante la perspectiva de “cambios nunca vistos en un siglo”, no es descabellado imaginar que las tensiones estarán al orden del día, ya hablemos de la economía, el comercio, la tecnología, la diplomacia o la seguridad, campos en los que Beijing se juega el futuro de su proyecto. Beijing dice no tener prisa pero juega con algunas fechas marcadas (2027, 2035, 2049). Aun así, la ansiedad estratégica pesa más del lado estadounidense ante el temor de un irremediable declive, que tantos vaticinan (y otros relativizan). El contraste entre un país roto y otro aglutinado es reflejo también del contraste entre dos nacionalismos.

Lo que de ambas partes se exigiría es moderación en todos los sentidos, la recuperación del diálogo, la delimitación precisa de los campos en que es posible avanzar conjuntamente y su potenciación, al igual que el señalamiento de las áreas de discrepancia para ser encapsuladas y tratadas con profesionalidad. En suma, rebajar las tensiones, buscar la estabilidad y dejar que el tiempo haga su trabajo y ponga a cada cual en su lugar. La tercera debiera ser una vía en permanente construcción.

Por Xulio Ríos | 15/02/2021 

Publicado enInternacional
La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

Publicado enInternacional
Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad
Israel: un actor importante en la militarización del mundo

Israel es un importante distribuidor internacional de tecnologías y estrategias militares. Los datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz) entre 2015 y 2019 muestran que Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo y que sus ventas mundiales aumentaron un 77 % (Estados Unidos + 23 %, Rusia -18 %, Canadá + 33 %).

Jeff Halper, en su investigación crítica sobre las armas militares avanzadas de Israel, escribe que a Israel «le va bien» debido a su indispensable especialización en armas, estrategia y vigilancia mundiales.

El alcance mundial de Israel implica ahora la militarización de la policía con la venta de tecnologías de vigilancia, armas y estrategias de control de multitudes y disturbios. Gaza es un laboratorio y un escaparate para las armas y métodos probados en combate de Israel para controlar poblaciones civiles altamente concentradas a medida que la población mundial se urbaniza cada vez más y se concentra en barrios marginales urbanos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. construyó el Centro de Entrenamiento de Guerra Urbana en el Negev, donde Estados Unidos e Israel se entrenan para atacar en áreas densamente pobladas. Las tecnologías y estrategias de defensa perimetral israelíes se aplican a núcleos financieros, distritos gubernamentales y centros de reuniones, embajadas y depósitos de combustible en todo el mundo.

La guerra sin fin contra el terrorismo es una mina de oro política y económica para Israel, que conduce a acuerdos bilaterales y multilaterales – en los campos de la ciencia, la tecnología, la defensa y la seguridad – y a asociaciones e inversiones industriales con los principales fabricantes de sistemas de armas / seguridad / vigilancia. La práctica israelí de librar una guerra total contra Gaza, es decir, contra la población civil altamente concentrada de Gaza, sirve como laboratorio y escaparate para el armamento y el comercio militar de Israel.

El alcance mundial de Israel también implica controles fronterizos, vigilancia, monitoreo y control de la migración. Al final de la Guerra Fría, había quince fronteras amuralladas; hoy en día, hay 77. Muchas fronteras amuralladas recientes están equipadas con tecnologías de seguridad y pacificación compradas a Israel. Al usar esta tecnología, cada vez es más común que las y los refugiados sean monitoreados y detenidos mucho antes de llegar a los cruces fronterizos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que a mediados de 2020, 80 millones de personas, algo sin precedentes, habían sido desplazadas por la fuerza, un número que se ha duplicado en la última década.

Armas nucleares

Israel sigue una política de secreto y ambigüedad con respecto a sus armas nucleares. Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, a diferencia de Irán e Iraq, Israel no es inspeccionado ni regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las reuniones internacionales oficiales previstas para crear una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio incluyen a todas las naciones árabes, pero no a Israel, el único país con armas nucleares en Oriente Medio.

Según estimaciones actuales, Israel tiene entre 100 y 300 ojivas nucleares, desplegables por tierra, aire o mar. Los misiles tierra-tierra de largo alcance israelíes Jericó I, II y III tienen una capacidad nuclear y un alcance de hasta 7800 km.

Actualmente, las armas nucleares de Israel apuntan a Irán. A pesar de la falta de pruebas, los líderes israelíes desde el final de la Guerra Fría han advertido repetidamente al público israelí, a Estados Unidos y a la ONU de que Irán está a punto de producir armas nucleares. La repetida advertencia de Israel de que «todas las opciones están sobre la mesa» viola una opinión de la Corte Internacional de Justicia de que incluso la amenaza del uso de armas nucleares es una violación del derecho internacional. Los asesinatos de científicos nucleares iraníes por parte de Israel, el más reciente en noviembre de 2020, también pueden estar vinculados a la estrategia militar de Israel en Gaza y Líbano en la que Israel utiliza secuestros y asesinatos para provocar una reacción, y luego lanza un ataque de represalia masiva en nombre de la legítima defensa, como si Israel fuera la víctima.

Israel y todos los países de la OTAN se han negado hasta ahora a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entra en vigor el 22 de enero de 2021.

Por Judith Deutsch, extractos de un texto publicado en Socialist Project 21 de enero de 2021. http://alter.quebec/israel-an-important-player-in-the-militarization-of-the-world/

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur (https://vientosur.info/israel-un-actor-importante-en-la-militarizacion-del-mundo/)

Publicado enInternacional
Jueves, 11 Febrero 2021 06:03

Qué hace Julian Assange aún en prisión

Qué hace Julian Assange aún en prisión

EE UU agota los plazos para presentar los argumentos de apelación ante la justicia británica, más de un mes después de que una juez rechazase la extradición del fundador de Wikileaks

 

La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— asomó al exhacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense —entonces de Donald Trump— pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio, donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Más de un mes después, los abogados norteamericanos agotan los plazos para argumentar su recurso ante la justicia británica, mientras se multiplican las voces que piden al flamante inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que dé marcha atrás. La Administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido.

Entre estas voces que hacen campaña por la liberación de Assange están las de más de una veintena de organizaciones que este lunes escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos. “La acusación contra Assange”, decía la misiva, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras… Pero el destinatario era un cargo en funciones, el fiscal general Monty Wilkinson. El Senado de EE UU tiene aún que confirmar al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

Y el tiempo corre. Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición de extradición de Suecia por el caso de supuestos abusos sexuales cometidos por Assange, a la postre archivado—. En contacto con EL PAÍS, el CPS ha confirmado que se presentó la petición de apelación en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero.

Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición. A partir de ahí, los abogados de la acusación han tenido un mes para fundamentar el recurso. Se prevé que a finales de esta semana, EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista. Se dilataría la estancia de Assange entre rejas, donde lleva más de 22 meses, desde que Scotland Yard le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, tras siete años refugiado.

Si finalmente el tribunal diera su visto bueno a la extradición, Assange podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron este lunes al fiscal norteamericano Wilkinson, abogados, escritores, ensayistas y periodistas han instado de igual modo a que Biden retire los cargos contra el australiano. EE UU apeló unos días antes de que Trump cediera el testigo, aunque no físicamente, al líder demócrata. Fue durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks —entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, en la que participó EL PAÍS— llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo.

Y es de este hilo del que tiran los defensores de Assange, con su pareja, la abogada de origen sudafricano Stella Moris, a la cabeza. Biden, vicepresidente con Obama y que en 2010 llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, no se ha pronunciado al respecto —la apelación se puede retirar en cualquier momento del proceso—. Pero sí lo hizo este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría “buscando su extradición”.

El equipo de abogados del antiguo hacker, liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers, prefiere mantener la prudencia y no hacer comentarios sobre el estado del proceso contra Assange o las condiciones en las que él se encuentra —Moris ha denunciado en la Red que el australiano pasa frío porque el penal no le ha entregado la ropa de invierno que le enviaron—. Desde que la juez Baraitser rechazase la extradición de Assange, la defensa ha estado a expensas de que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación.

Paradójicamente, el proceso contra Assange, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce en conversación telefónica Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las personas que con más empeño ha tratado de monitorear la causa. Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, señala Vincent: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirma la portavoz de RSF.

Para lo que pueda venir, Stella Moris, con la que el editor australiano tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa. Lleva más de 62.000 euros recaudados.

Por Óscar Gutiérrez

Madrid - 11 feb 2021 - 03:04

Publicado enInternacional
Borrell y Lavrov, juntos en Moscú después de la expulsión de los diplomáticos.  ________________________________________ Imagen: AFP

En medio de una visita a Moscú del jefe de la diplomacia de la Unión Europea

La cancillería rusa consideró que las acciones de los diplomáticos son "inaceptables e incompatibles con su estatuto", y les ordenó abandonar el país "en un futuro próximo".

Rusia anunció este viernes la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania que acusa de haber participado en protestas favorables dell encarcelado opositor Alexéi Navalni, en plena visita del jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, con el que Moscú se había comprometido a cooperar.

Esos diplomáticos, cuyo número no fue precisado, participaron supuestamente en concentraciones "ilegales el 23 de enero" en San Petersburgo y Moscú, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El anuncio de la expulsión llega después de una reunión en Moscú del canciller ruso, Serguéi Lavrov, con Borrell, durante la cual le comunicó las expulsiones, según un portavoz del europeo.

Borrell condenó "enérgicamente" la decisión de expulsar "tres diplomáticos" y subrayó que "debe ser reconsiderada", dijo el vocero de la diplomacia europea, Peter Stano. "Consideramos estas expulsiones injustificadas. Creemos que es otro aspecto más que se puede observar ahora mismo de que Rusia está muy alejada del Estado de derecho", indicó la canciller Angela Merkel en conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, quien condenó con "la mayor firmeza" la decisión rusa.

Suecia, por su parte, juzgó "completamente infundada" la exulsión de su diplomático y anunció que "se reserva el derecho a reaccionar de forma apropiada". Y Polonia advirtió que la expulsión de su diplomático puede "profundizar aún más la crisis en las relaciones bilaterales". Las cancillerías de Polonia y Alemania convocaron al embajador ruso en sus capitales para expresarles su malestar.

"Inaceptables"

Por su parte la cancillería rusa consideró las acciones de los diplomáticos son "inaceptables e incompatibles con su estatuto", y les ordenó abandonar el país "en un futuro próximo". "La parte rusa espera que en el futuro las misiones diplomáticas (de Suecia, Polonia y Alemania) respeten escrupulosamente las normas del derecho internacional", agregó. Horas antes, Borrell había considerado que la relación con Rusia estaba en su nivel "más bajo" por el caso Navalni, aunque acordó con Lavrov buscar maneras de cooperar.

A su vez la policía rusa detuvo a más de 10.000 personas durante las masivas protestas en el país para exigir la liberación de Navalni, un activista anticorrupción de 44 años. 

El opositor fue detenido a mediados de enero a su regreso a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin, y las fuerzas de seguridad FSB. Navalni fue condenado el martes a purgar una pena de dos años y ocho meses de cárcel por no haber respetado un control judicial que data de 2014.

"Buena noticia para la humanidad" 

Pese a sus múltiples y profundas diferencias, también en la situación en Ucrania, Siria o Libia, Rusia y la UE expresaron su deseo a cooperar "cuando haya un interés común", en palabras de Lavrov. La lucha contra el covid-19 podría convertirse en un ámbito de cooperación tanto con Estados Unidos como con la UE, aseguró el canciller ruso.

El jefe de la diplomacia europea citó como ámbitos de cooperación "la cultura, la investigación, el covid-19 [y] el clima", pero precisó que considera cruciales otros temas como los derechos humanos o las libertades políticas. Borrell calificó de "buena noticia para la humanidad" la vacuna rusa Sputnik V y dijo esperar que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueda certificar pronto su uso en el bloque.

Proceso por difamación 

Navalni, por su parte, compareció este viernes de nuevo ante un tribunal acusado de difundir informaciones falsas e injuriosas sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que defendió en un video un referéndum de 2020 para dar más poderes a Putin. El opositor, que podría ser condenado a pagar una multa o a una pena de prisión, había calificado a los participantes en el video de "vergüenza para la nación" y de "traidores".

Durante la audiencia, Navalni, que denuncia una persecución por motivos políticos, acusó a los allegados del denunciante de instrumentalizar al anciano para "ganar dinero a su costa". La victoria soviética sobre la Alemania nazi es un pilar del imaginario colectivo ruso y las críticas a los veteranos suelen ser muy mal recibidas. El excombatiente, que participó en el proceso telemáticamente, vistió su uniforme y sus medallas para la ocasión.

El opositor tiene además abierta otra investigación en su contra por "fraude masivo", un delito pasible de 10 años de prisión. Y la mayoría de sus colaboradores están detenidos o bajo arresto domiciliario.

Publicado enInternacional