El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

 “Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde mediados de octubre.

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de Armas.

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas chilenas.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO.

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la Constitución.

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES.

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos impone varios filtros.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señaló.

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.


 El pacto de los partidos por una nueva Constitución

Atado y bien atado

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol, 15-XI-19).

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Congreso.

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.

Francisco Claramunt

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:29

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile

 La policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La oposición criticó el proyecto de reforma de la comisión de expertos.

 

 Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile, la policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En Santiago, Valparaíso y Concepción se registraron saqueos e incendios en comercios y edificios públicosHubo nuevos manifestantes con heridas en los ojos pese a que la policía se había comprometido a dejar de usar balines y perdigones. Por otra parte, la oposición criticó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el viernes por la comisión de expertos convocada para este fin.

La ola de protestas parece no tener fin

Durante las marchas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado se registraron saqueos de comercios. También ataques a comisarías e incendios de micros del transporte público. El saldo a nivel nacional fueron 136 detenidos, según informó en la tarde del sábado la Subsecretaria del Interior. Uno de los hechos más relevantes fue el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Es la tercera vez desde el inicio de las protestas que este edificio es incendiado. Miles de personas se reunieron pacíficamente en la zona de la plaza. Pero alrededor de ella centenares de encapuchados se enfrentaron a la Policía. Hechos similares se replicaron en Valparaíso (centro) y Concepción (sur) dejando 63 heridos entre civiles y uniformados.

Los chilenos también marcharon para manifestarse en contra del cambio climático, en consonancia con la Cumbre del clima que se dió en España. El evento tenía como sede la ciudad de Santiago de Chile, pero ante las protestas tuvo que mudarse a Madrid.

En tanto, las lesiones oculares que sufrieron los manifestantes alcanzaron las 352 desde el inicio de la crisis, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos de ellas quedaron ciegas producto de balines y perdigones. La Policía se comprometió hace dos semanas a dejar de utilizar este tipo de armamento, pero los heridos en los ojos han seguido creciendo, según informaron organizaciones humanitarias. "Coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), hay conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", sostuvo Sergio Micco, director del INDH. "Estamos frente a una situación de denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos", agregó Micco. Estas críticas van en línea con las de Human Right Watch (HRW) y la CIDH que señalaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del estado.

Críticas al proyecto de Reforma Constitucional

El viernes se conoció el texto donde se propone la normativa para modificar la Carta Fundamental de Chile. El mismo fue redactado por una comisión técnica que surgió del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” firmado por un gran abanico de partidos políticos. Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición referidas a las trabas que pone a una participación amplia en el proceso de reforma. Siete partidos de oposición firmaron un documento donde se comprometen a asegurar que se incluya a sectores indígenas, de mujeres e independientes. “Reafirmamos nuestra voluntad de llevar adelante en Chile un proceso constituyente democrático y participativo donde la ciudadanía sea protagonista. En ese sentido, mantenemos nuestra convicción de garantizar la ejecución del acuerdo suscrito el 15 de noviembre pasado y lamentamos la falta de disposición del oficialismo para llegar a acuerdos que permitan mayor apertura del proceso“, señalaron mediante un comunicado. Los partidos firmante del mismo son Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical. “Consideramos imprescindible continuar avanzando hacia una serie de medidas que, en el marco de lo acordado, lo hagan más inclusivo, profundice su representatividad y garantice la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostienen los partidos de la oposición.

El comunicado especifica la forma en que estos sectores deberían formar parte de la reforma constitucional. “Los pueblos originarios por medio de escaños reservados; mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, informaron en el comunicado.

El documento presentado el viernes por la comisión de profesionales establece que el Presidente debe convocar al plebiscito nacional el día 26 de abril de 2020. En él se preguntará a los votantes si quieren o no una nueva Constitución, y qué organismo debe ser el encargado de realizarla. Las dos opciones entre las que podrán elegir son una “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. Este documento ahora será elevado al Congreso para su discusión. Los legisladores tienen hasta el 25 de junio para realizarle modificaciones.


Se cumplieron 50 días del estallido social

Sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile

Al menos 352 personas han sufrido heridas oculares en Chile por represión policial con balines de goma disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días de estallido social en el país y continúan las manifestaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó este viernes que en 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.

Ayer, la Policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país en décadas.

Desde hace semanas, los chilenos protestan por la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y contra una elite política integrada por un pequeño número de las familias más ricas del país, entre otras cuestiones.

La crisis es la peor en tres décadas de retorno a la democracia y ya ha dejado 26 muertos y más de 12 mil heridos, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además de 20.600 detenidos.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, informó la agencia de noticias EFE.

Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando "conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ordene "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se defendió de las acusaciones, con el argumento de que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:26

Nuevas protestas en Irak

Nuevas protestas en Irak

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles el sábado para protestar contra el régimen y su aliado iraní, después de la muerte de 20 manifestantes a manos de un grupo armado en Bagdad, lo que hace temer una escalada de la violencia. Poco después de esta matanza el viernes por la noche, un dron lanzó al amanecer un mortero contra la casa del líder chiita Moqtada Sadr, un ataque que podría "desencadenar una guerra civil", advirtió su portavoz, Salah al Obeidi, que pidió al mismo tiempo "moderación".

Moqtada Sadr, político versátil y exjefe de milicia que entregó oficialmente las armas pero conserva miles de combatientes, no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. El líder chiita fue el primero que había reclamado la salida del gobierno de Adel Abdel Mahdi, cuya dimisión fue aceptada el 1 de diciembre por el Parlamento.

El sábado, los manifestantes acudieron en masa a la plaza Tahrir, epicentro de la protesta en Bagdad, y a las calles en las ciudades del sur, para reclamar la caída del todo el sistema, a pesar del gran despliegue policial.  El viernes por la noche fue atacado un aparcamiento de varias plantas que ocupaban los manifestantes en las inmediaciones del puente Senek. Murieron 20 manifestantes y cuatro policías, y un centenar de persona resultaron heridas, según un último balance de fuentes médicas.

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Evo Morales viaja a Cuba y última su salida definitiva de México para instalarse en Argentina

El expresidente boliviano planea trasladarse al país austral para tener un contacto más directo con los dirigentes de su partido

El expresidente de Bolivia Evo Morales estudia su salida definitiva de México, donde ha permanecido como asilado político desde hace casi un mes, después de renunciar a la presidencia de su país tras las presiones populares y de los militares. Morales ha salido este viernes del país con dirección a Cuba y tiene pensado instalarse, después, en Argentina, una vez que Alberto Fernández tome posesión del cargo, el próximo martes.

Morales ha partido de México en un vuelo comercial. Las fuentes consultadas aseguran que el avión no ha salido desde el aeropuerto de Ciudad de México. Tras el adelanto de la noticia por EL PAÍS, la Cancillería mexicana ha confirmado el viaje: "Según nos informó, se trata de un viaje temporal", ha asegurado el portavoz de Exteriores, Roberto Velasco, a través de Twitter. El Gobierno mexicano ha brindado tanto a Morales, como al que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera como a la exministra de Salud, Gabriela Montaño -que le acompaña en el viaje a Cuba- una identificación que, como asilado, le permite entrar y salir del país.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y poder reunirse con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún con fecha por concretar. Cuándo decidirá partir hacia Argentina es aún una incógnita. Las autoridades mexicanas han recomendado al exmandatario boliviano que se desplace siempre desde México, en vuelo comercial.

Morales buscaba asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández, el próximo martes, pero desde Argentina, el equipo del aún presidente electo le han transmitido que es mejor que espere a que asuma el cargo, pues antes no le pueden dar todas las garantías de asilo y seguridad, ya que sería una decisión que aún depende de Mauricio Macri. En ese caso Morales, esperará hasta la próxima semana o la siguiente, según las fuentes consultadas, para volar hacia Argentina. No obstante, no está descartado que se desplace directamente desde La Habana. El exmandatario cubano Raúl Castro ha sido invitado a la toma de posesión de Fernández.

El expresidente boliviano aspira el asilo en Argentina, para poder tener un contacto más directo con los dirigentes de su formación, el Movimiento al Socialismo. No obstante, uno de los aspectos que más le preocupan al entorno del mandatario, según las fuentes oficiales mexicanas, es la seguridad, ya que dan por hecho que en México está más protegido. Desde que llegó al país norteamericano hace casi un mes, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar del Gobierno mexicano y en la última semana se había desplazado ya a una casa particular.

Morales llegó como asilado político a México el 12 de noviembre, dos días después de renunciar a su mandato y tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México se hizo cargo de sacar del exlíder boliviano de la región cocalera donde se había resguardado, una odisea en la que estuvieron implicados varios gobiernos latinoamericanos -algunos, como el de Perú, no permitió que el avión aterrizase en Lima a la vuelta, aunque sí sobrevolar el espacio aéreo- y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El expresidente llegó a México acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también estudia la posibilidad de instalarse en Argentina. Según las fuentes consultadas, García Linera tampoco descarta permanecer en México, donde se ha recibido una serie de ofertas para poder impartir clases en universidades.

Por JAVIER LAFUENTE

México 7 DIC 2019 - 09:41 CET

Público

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:12

Bolivia: la hora de la autocrítica

Bolivia: la hora de la autocrítica
Después de varios análisis denunciando el golpe de Estado en Bolivia, y el saldo sangriento de más de 30 personas asesinadas y mil detenidas, es hora de empezar a analizar los errores cometidos por el proceso de cambio boliviano, errores sobre los que se han montado los golpistas para no volver a cometer los mismos en el escenario político y electoral que se viene en los próximos meses.

Este análisis (auto)crítico parte también desde el más absoluto compromiso con el proceso de cambio que transformó Bolivia durante 13 años, y desde la lealtad al MAS-IPSP y a su líder Evo Morales, siempre acompañado por Álvaro García Linera, y en contra de cualquier utilización perversa de la crítica, como se ha venido haciendo desde ciertos sectores de centro-izquierda, o desde algunos feminismos latinoamericanos.

Los procesos hay que vivirlos, hay que conocerlos desde el barro de la militancia, y no criticarlos desde la academia o una supuesta equidistancia, mucho menos si esa crítica sirve para terminar justificando un golpe de Estado.

Mucho se habla estos días del supuesto error de Evo al forzar su repostulación en 2016. Incluso una funcionaria que ha cobrado dinero público por muchos años escribe ahora: Ese es el tamaño del daño que le ha hecho a nuestra democracia el intento de repostulación del ex presidente Evo Morales. El primer gran error fue colocar en el Estado a gente sin ningún compromiso que a las primeras de cambio se ha dado la vuelta y apoya o cuanto menos contemporiza con el gobierno golpista. Sustituir el instrumento por el Estado, por funcionarios mediocres sin compromiso político, es un primer error. El MAS-IPSP se convirtió en un instrumento de ascenso social (impregnado de corrupción, además).

Bajar banderas, de la mano de estos funcionarios mediocres, para querer hablar a las clases medias desde el liberalismo, fue un segundo error determinante. Más que atraerlas, se reforzó su conservadurismo. La apuesta siempre debía haber sido volcarse sobre el núcleo duro, el movimiento indígena originario campesino, y no sobre las clases medias, que ya estaban perdidas, pues no sólo no veían los beneficios inmediatos del proceso, al contrario de los sectores populares, sino que además iban siendo politizadas contra el proceso por los medios de comunicación.

El tercer error fue justamente confiar en los medios de comunicación, todos ellos justificando hoy a los golpistas, y así como en los medios, también en las élites económicas cruceñas, que apoyaron mientras el gobierno tenía músculo, pero se dieron la vuelta rápidamente.

El cuarto error fue confiar en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pensar que como no se había hecho fraude, el Ministerio de Colonias del Imperio nos iba a dar la razón. Ya hace mucho nos avisaron que al imperialismo ni un tantito así, pero no aprendimos. Y este error terminó siendo determinante en el golpe de Estado, junto con la confianza excesiva en la policía (golpista estructural) y militares.

Y el quinto error, volviendo al inicio, no fue buscar la repostulación de Evo, sino el momento en que se hizo (a un año de haber ganado con 61 por ciento de los votos) y no comunicar bien para qué se hacía (terminar lo que se empezó con una agenda clara de pobreza cero y derechos en 2025, Bicentenario de Bolivia). La no repostulación no estaba en la Constitución, fue fruto de la correlación de fuerzas en la constituyente, impuesta por una derecha que incluso en el referendo sólo pudo ganar 51-49 por ciento gracias a la mayor campaña de guerra sucia y fake news de la historia de Bolivia. Quienes no son demócratas son ellos, desde el proceso siempre se buscaron fórmulas legales y constitucionales para volver a postular al único líder que permite la cohesión y unidad de los sectores tan heterogéneos que componen el MAS-IPSP.

¿Qué hacer?

Dos frentes de batalla se abren ahora. En primer lugar, seguir denunciando el brutal golpe que tanta sangre boliviana ha cobrado. Denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos de los golpistas e impulsar la vuelta de Evo Morales a Bolivia para poder ordenar los diferentes intereses corporativos que se expresan en el MAS, incluida la propia Asamblea Legislativa Plurinacional.

En segundo lugar, levantar las banderas originales del proceso, que nunca debieron ser arriadas. Las y los candidatos deben ser quienes han estado ahí desde el inicio, el núcleo que nunca te abandona, quienes han peleado en las calles de Bolivia contra el golpe o han sido fieles a Evo cuando todo se desmoronaba.

Hay que estar claros de que no han dado un golpe de Estado, con la complicidad e impulso estadounidense, para entregar el poder en abril en unas elecciones. Es necesario, por tanto, prepararse para una travesía por el desierto, como hizo el kirchnerismo en Argentina, o está haciendo el correísmo en Ecuador. Toca resistir desde la Asamblea, y atrincherarse en lo territorial, ganando todos los municipios y gobernaciones que se pueda, demostrando que el MAS-IPSP es la mayor fuerza político-electoral del país.

Quizás sea necesario discutir si el golpe de Estado en Bolivia ha sido fruto de un exceso de democracia que provocó una escasez de oportunidades de ascenso social para los históricamente privilegiados, pero de lo que no hay duda es de que también es parte de una estrategia imperial donde el gas, y sobre todo el litio, también tienen mucho que ver.

 
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Chile es un campo de pruebas de las armas israelíes

Ni los gobiernos chilenos de derecha ni los de izquierda han renunciado al legado militar y judicial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Israel contribuye a su lucha contra las poblaciones mapuche indígenas proporcionándoles armas y adiestramiento. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche se puede comparar a la represión por parte de Israel de la resistencia palestina.

Chile se ha unido en las manifestaciones que han recorrido todo el país contra el presidente de derecha Sebastián Piñera y su compromiso con el programa neoliberal que introdujo el difunto dictador Augusto Pinochet. Las personas manifestantes han pedido su dimisión y exigido que se elabore una nueva constitución que sustituya el legado del dictador. 

El estado de emergencia y los toques de queda impuestos por Piñera en todo Chile suscitaron comparaciones con la era de la dictadura en Chile puesto que el ejército emprendió una escalada de violencia contra la población civil en la que se incluyen asesinatos, golpes y tortura sexual. Esta represión en todo el territorio nacional recuerda el pasado. La militarización y criminalización de la resistencia en Chile tiene su origen en las leyes antiterroristas promulgadas por Pinochet y utilizadas por los gobiernos que se han sucedido desde la transición a la democracia contra la población mapuche indígena.

Al igual que ocurrió durante la era de la dictadura de Pinochet, Israel respalda las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno actual al vender tecnología militar y de vigilancia al gobierno chileno. Desde la época de la dictadura la Central Intelligence Agency (CIA) predijo que Chile iba a seguir comprando armas a Israel sin "mucho riesgo de irritar a los Estados árabes siempre y cuando mantenga unas relaciones discretas con Tel Aviv y evite apoyar públicamente las políticas israelíes".

En busca de nuevos socios

A Chile no le ha resultado difícil hacerlo, ni en la época de la dictadura ni después. Pinochet mantuvo relaciones con Israel y con los Estados árabes al evitar "mantener una postura clara en cuestiones controvertidas de la política de Oriente Próximo". Igualmente, los gobiernos posteriores a la dictadura mantuvieron una actitud ambigua, facilitada por el apoyo de la comunidad internacional al compromiso de los dos Estados.

A partir de 1973, tras la guerra árabo-israelí, los países africanos empezaron a romper las relaciones diplomáticas con Israel, lo que obligó al Estado de asentamiento colonial a buscar otros países con los que establecer relaciones diplomáticas, así como posibles mercados para su industria de armamento con el fin de compensar la pérdida de colaboración militar con los Estados africanos. Una vez que Estados Unidos se afianzó en América Latina debido a su apoyo a las dictaduras militares y a las operaciones por toda la región para eliminar toda influencia socialista o comunista, Chile, que en 1949 había reconocido a Israel, se convirtió en un objetivo fundamental para el gobierno israelí. Al aumentar la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos en Chile, en 1976 Estados Unidos se vio obligado a responder imponiendo un embargo de armas, a pesar de que anteriormente había financiado a Pinochet para que cometiera esos mismos crímenes. Aunque es posible que la CIA burlara la decisión del Congreso estadounidense, Israel estaba en una posición privilegiada para intervenir y llenar el vacío, y convertir a Chile en uno de sus principales compradores de armas en la región.

Un documento desclasificado de la CIA revela importantes detalles sobre las compras militares de Chile a Israel. Desde 1975 hasta 1988 Israel vendió sistemas de radar, misiles aire-aire, equipamiento naval, aviones y sistemas antimisiles a la dictadura chilena. Una de las razones por las que Pinochet eligió a Israel, aparte de su armamento sofisticado y la admiración que sentía por el ejercito israelí, era el hecho de que "Tel Aviv no pone condiciones políticas a sus transferencias", lo cual era importante para Pinochet, lo mismo que la artera postura de Israel de mantener declaraciones públicas de apoyo a una vuelta a la democracia en Chile al tiempo que suministraba a la dictadura armas para utilizarlas en el país y la región cuando llegó a su apogeo la Operación Cóndor (un plan para toda la región implementado en 1975 por las dictaduras de derecha latinoamericanas para exterminar a las personas oponentes de izquierda). Además de vender armas a Chile, en la década de 1980 Israel también ofreció al ejército de Pinochet la oportunidad de visitar sus industrias de defensa y ofreció adiestramiento a pilotos y oficiales chilenos.

Leyes comparables

Los gobiernos de la era posterior a la dictadura mantuvieron la constitución de Pinochet. Las leyes antiterroristas de 1984 que utilizó Pinochet para prolongar la detención sin cargos se han aplicado desde entonces casi exclusivamente a la población mapuche por parte de los gobiernos de centroizquierda y de derecha de Chile. La legislación es similar a la de Israel, que aplica a las personas palestinas la detención administrativa que permite encarcelas sin cargos ni juicio y renovar periódicamente la orden de detención. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche contra la explotación neoliberal tiene paralelismos con la opresión de la resistencia palestina por parte de Israel. Ambos pueblos indígenas se enfrentan a luchas comunes y a opresores similares. La vigilancia, una táctica que tiene profundas raíces en la colonización de Palestina por parte de Israel, es una medida que los gobiernos chilenos ha aplicado sistemáticamente contra las personas mapuche. Los gobiernos chilenos utilizan tecnología de vigilancia israelí en la región de la Araucanía: la militarización de la región es el resultado directo de la aplicación de la legislación antiterrorista a la población mapuche.

Elbit, IAI y Rafael son los principales proveedores del gobierno chileno. Elbit y IAI se utilizan ampliamente contra la población palestina. En América Latina está muy solicitada la tecnología militar de Israel (desde los sistemas de vigilancia, el mantenimiento de sistemas informáticos, la munición de fósforo blanco y la tecnología de demolición hasta tecnología para aviones de combate utilizados en los bombardeos de Gaza por parte de Israel), supuestamente para luchar contra el tráfico de drogas y vigilar las fronteras. No obstante, lo que buscan los gobiernos de la región es controlar y reprimir sobre todo a las poblaciones indígenas .

En 2018 los ejércitos israelí y chileno firmaron nuevas iniciativas de cooperación en los ámbitos de educación y adiestramiento militar, mando de liderazgo y métodos de adiestramiento. El acuerdo se firmó en Chile por parte del general de división israelí Yaacov Barak y el general chileno Ricardo Martínez. Barak visitó la Brigada de Operaciones Especiales de Lautaro durante su visita. Piñera nombró Jefe de la Defensa Nacional al excomandante de la Brigada Lautaro, Javier Iturriaga, cuando el gobierno impuso el estado de emergencia para contrarrestar las protestas nacionales en Chile.

Armas "probadas sobre el terreno"

Israel comercializa sus armas y su tecnología como productos probados sobre el terreno. La población de Gaza es el experimento humano sobre el que se prueba la tecnología militar, lo que convierte a cualquier gobierno que compre armas a Israel en cómplice de la agresión colonial contra la población palestina. En Chile está agresión adopta un programa aún más siniestro. La compra por parte del gobierno chileno de tecnología militar a Israel para perseguir a la población mapuche es un reflejo de la represión israelí de la lucha anticolonial palestina.

Aunque las actuales relaciones entre Israel y Chile ya no están ocultas al control público, Israel sigue manteniendo clasificadas las relaciones entre ambos países durante la dictadura. Si bien Estados Unidos ha desclasificado muchos documentos que revelan su apoyo a la dictadura de Pinochet, Israel mantiene clasificadas más de 19.000 páginas de documentos a pesar de que pueden contener información sobre familiares judíos de ciudadanos israelíes que fueron desaparecidos por la dictadura de Pinochet.

Negativa a abrir los archivos

El ejército de Chile mantiene un pacto de silencio que dificulta la obtención de información y más aún hacer justicia a los miles de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas durante la dictadura. En algunos casos los documentos desclasificados contribuyen a colmar lagunas de información. La negativa de Israel a abrir sus archivos referentes a la dictadura de Pinochet obstaculiza la obtención de justicia por parte de la ciudadanía chilena. Dos de sus miembros emprendieron un proceso judicial en 2016 para que se publicaran los documentos que podrían sacar a la luz la magnitud de la colaboración de Israel con Pinochet y probablemente revelar información sobre dos víctimas ejecutadas y desaparecidas , Ernesto Traubman y David Silberman. Chile mantuvo estrechas relaciones con la fuerza aérea israelí en la época de la dictadura, lo que plantea interrogantes sobre la participación israelí en la práctica de la dictadura consistente en hacer desaparecer en el océano por medio de aviones a las personas detenidas ejecutadas. Además, un grupo selecto de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile fue adiestrado por el Mossad en Israel .

Además de buscar información sobre el asesinato y desaparición de sus familiares, Lily Traubman y Daniel Silberman insisten en que su objetivo fundamental es sacar a la luz la magnitud de la implicación de Israel en la dictadura de Pinochet: "La venta de armas se debe regular por ley y deben existir unos criterios claros que prohíban la venta a países o regímenes dictatoriales que violan frecuentemente los derechos humanos".

La existencia y la violencia del colonialismo de Israel han creado una zona de prueba de armas perpetua en Gaza, lo que le supone una ventaja a la hora de vender su tecnología a los gobiernos que también pretenden reprimir a su ciudadanía. "Probado sobre el terreno" es el eufemismo que utiliza el Ministerio de Defensa israelí, una forma fundamental de deshumanizar a la población civil palestina. La situación la que se encuentra la población mapuche en Chile es similar; de hecho, se pueden establecer comparaciones respecto a la lucha por la liberación contra la explotación, apropiación y violencia colonial y neoliberal. Tanto el pueblo mapuche como el palestino sufrió una limpieza étnica en sus tierras por parte de los colonizadores y las relaciones militares entre Chile e Israel sirven para reforzar la militarización. La normalización del colonialismo y el neoliberalismo a escala internacional asegura mientras tanto que las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra ambas poblaciones indígenas permaneczan impunes.

De hecho, posiblemente sea el compromiso de los gobiernos chilenos (sin excepciones entre el centro izquierda y la derecha) de militarizar la región de la Araucanía persiguiendo al pueblo mapuche lo que convierte a Israel en un socio permanentemente válido para Chile. Piñera se comprometió durante su campaña electoral a modificar las leyes antiterroristas para facilitar la persecución de los mapuche. Sin embargo, como las protestas en Chile no muestran indicios de disminuir hasta que se derogue la constitución de Pinochet, es posible que Israel encuentre oportunidades más lucrativas en Chile en detrimento de toda la población.

Ramona Wadi

Orient XXI

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/chile-a-testing-ground-for-israeli-weapons,3462

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Pelosi ordena formular cargos para destituir a Trump lo antes posible

Nueva York. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó la formulación de cargos para la destitución del presidente lo antes posible –algunos creen que se podrían aprobar antes de Navidad–, con el argumento de que Donald Trump ha puesto en peligro nuestra república.

En breve declaración desde el Capitolio, la demócrata más poderosa de Washington afirmó que las conclusiones de las pesquisas realizadas por la cámara en los últimos dos meses dejaron claro que Trump abusó de su poder, violando su juramento al promover la interferencia extranjera en las elecciones estadunidenses. Proclamó que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley.

Justificó el paso veloz del proceso al señalar que el presidente no nos deja otra opción que actuar, porque está intentando corromper, una vez más, la elección para su propio beneficio. Subrayó que es nuestra democracia lo que está en juego.

El Comité Judicial de la cámara baja, encargado de elaborar los cargos formales conocidos como “artículos de impeachment” (aunque otros comités podrían participar en el proceso), anunció que está convocando a una audiencia para el lunes con el fin de que sus abogados y los del Comité de Inteligencia presenten la evidencia de la investigación, apuntando hacia cargos de abuso de poder y soborno en torno al manejo de la relación de Trump con Ucrania, así como los intentos de obstrucción tanto del proceso legislativo como de la investigación sobre la mano de Rusia en las elecciones de 2016 encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

De hecho, Pelosi señaló que aunque el enfoque de las investigaciones ha sido sobre la presión presidencial al gobierno de Ucrania para obtener un favor en beneficio de los objetivos electorales de Trump, esto no se trata de Ucrania; esto se trata de Rusia, ya que la presión empleada por Trump fue congelar asistencia militar, algo que benefició a Moscú. Nuestro adversario es Rusia, indicó.

Si todo procede a ese ritmo, hay quienes calculan que es posible que se logre elaborar y presentar los artículos de impeachment ante el pleno para un voto y aprobar el juicio contra el presidente antes del 20 de diciembre, último día de sesiones (por ahora) del Congreso este año.

Los demócratas están intentando destituirme sobre NADA, tuiteó Trump y, en tono desafiante, solicitó que los opositores, a quienes calificó de locos, apresuraran el proceso, para que podamos tener un juicio justo en el Senado. Trump sigue confiado en que la cámara alta, controlada por republicanos, lo absolverá.

Por ahora la estrategia republicana es hacer lo posible para entorpecer el proceso en la cámara baja, y descalificar su validez constantemente, sin la participación de representantes legales del presidente y esperar que esto culmine –y se anule– en el Senado.

Sin embargo, todos están conscientes de que podrían darse más sorpresas que tienen el potencial de descarrilar los planes. La especulación es incesante sobre si habrá más altos funcionarios que decidan arriesgarse al revelar más actos ilícitos, si ex aliados del presidente decidan abandonarlo, o si se descubren más comportamientos corruptos del mandatario y sus asesores más cercanos, algunos de los cuales estaban abajo investigación como su abogado personal Rudy Giuliani, el más prominente.

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:08

Cayó el gobierno iraquí

Manifestantes festejan la renuncia del presidente iraquí en el centro de Bagdad.  Imagen: AFP

El primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, anunció que presentará su renuncia después de que más de 40 personas fueran asesinadas por las fuerzas de seguridad en una protesta callejera y tras el llamado del principal clérigo chiita del país para que los legisladores le retiren su apoyo. Tras el anuncio, miles de manifestantes antigubernamentales que han acampado en la céntrica plaza Tahrir de Bagdad durante casi dos meses celebraron con cantos y bailes.

Abdul-Mahdi emitió un comunicado en el que dijo que había "escuchado con gran preocupación" el sermón del Gran Ayatollah Ali al-Sistani y que tomó su decisión luego de oírlo para "facilitar y acelerar su cumplimiento lo antes posible. "Presentaré al Parlamento un memorando oficial renunciando al puesto de primer ministro para que el Parlamento pueda revisar sus opciones", expresó Abdul-Mahdi, que ocupaba el cargo desde hacía poco más un año. El texto no precisa cuándo va a dimitir, pero la Asamblea va a reunirse el domingo para debatir la crisis.

Al Sistani había dicho que el Parlamento "debería reconsiderar sus opciones" en su sermón semanal de los viernes, que fue leído por un representante suyo en la ciudad santa de Najaf. Al Sistani había llamado a los activistas a distinguir entre los manifestantes pacíficos y aquellos que solo buscan generar violencia, después de que el miércoles un grupo de personas incendiara el consulado de Irán en Najaf. Funcionarios gubernamentales han declarado que el ataque al consulado iraní fue perpetrado por saboteadores externos al movimiento ciudadano.

Si bien los manifestantes celebraron el anuncio de Abdul-Mahdi, el reclamo de la calle es en contra de toda la clase política que gobierna Irak desde la caída de Saddam Hussein, en 2003. "No nos detendremos con el primer ministro, tenemos más peleas que dar. Seguiremos adelante hasta que se cumplan nuestras demandas", aseguró a la CNN una mujer que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Los manifestantes piden un cambio del gobierno que consideran corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y problemas económicos del país, sobre todo en el sur rico en petróleo donde la población no se beneficia del oro negro.

Alrededor de 400 personas murieron en la violenta represión que ha habido desde el inicio de las protestas, el 1° de octubre, la mayoría con heridas de munición real o por la explosión de latas de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad disparan directo contra la multitud. Cuarenta manifestantes murieron baleados el jueves en la capital, Bagdad, y en las sureñas ciudades de Najaf y Nasiriya, en una escalada que continúa en las calles del país. Otros tres manifestantes murieron el viernes y ocho resultaron heridos en Nasiriya cuando intentaron acceder al centro de la ciudad para reanudar su protesta, informaron fuentes de Seguridad y de Salud.

Abdul-Mahdi, de 77 años, ex ministro de petróleo y finanzas y ex vicepresidente, fue visto como un político independiente cuando asumió el cargo en octubre de 2018 y es el primer primer ministro iraquí que no pertenece al partido político Dawa en 12 años. En su primer día de mandato, trasladó sus oficinas afuera de la zona verde fortificada en las que están todas la sedes del gobierno y embajadas con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. Pero en seguida se chocó de frente con el desafío de bajar el alto desempleo, eliminar la corrupción y mejorar unos servicios públicos en ruinas.

Los manifestantes también le reprochan la creciente influencia de Irán en el país, después de que Washington redujera el número de militares en el terreno.

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Aliados: Lacalle Pou y Manini Ríos.  Imagen: AFP

 Por apenas 30 mil votos, Uruguay da un giro a la derecha . Y a pesar de que durante 15 años el país vivió transformaciones: los tres gobiernos de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA) sacaron a un millón de personas de la pobreza. El índice pasó de 34 al 8 por ciento y la desocupación bajó del 20 al 9 por ciento. 

Para la oposición , el Estado gastó más de la cuenta y por eso el déficit creció a un 4,9 por ciento del PIB. La derecha unida --que incluye a los ultras de Cabildo Abierto-- llegará al gobierno el 1 de marzo con promesas de ahorro. ¿ajuste?. El electo presidente Lacalle Pou prometió no aumentar impuestos y "ahorrar 900 millones de dólares del gasto público, sin explicar cómo. Sin embargo, el ministro de Economía, Danilo Astori, enfatizó que ese plan "es imposible sin tocar áreas como educación, salud y seguridad". 

La central única de trabajadores PIT- CNT reconoce los avances de los últimos 15 años y pone la lupa en el acuerdo entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT sostuvo a Página12: “en estos años se aprobó una ley que reconoce el fuero sindical, la libertad sindical, una ley de negociación colectiva, hubo un 53 por ciento de recuperación salarial. El PIT CNT acompañó la lucha feminista y la agenda de derechos igualitarios”.

Gambera se permitió dudar del acuerdo al que llegaron los partidos de oposición. “Si uno se guía por los gobiernos de Lacalle padre y Sanguinetti en esos diez años entre 1995 y 2005 no hubo ronda de paritarias. Sanguinetti arrasó con cualquier situación conflictiva. Sectores no tuvieron aumento salarial. El acuerdo se parece al de blancos y colorados para que ganara Batlle la segunda vuelta a Tabaré en 1999. Batlle terminó en la peor crisis del 2002, lo que e hace dudar de que puedan restaurar acciones de derecha”.

Lacalle Pou aseguró que van a declarar la emergencia en seguridad pública. Fue el senador Jorge Larrañaga, del partido ganador, quien impulsó un plebiscito sobre una reforma en seguridad que, de haber prosperado, hubiera habilitado a allanamientos nocturnos y a la participación de militares en seguridad interior. La militarización dio muestras claras de haber fracasado en nuestra región.

Si por un lado el FA tuvo coqueteos con EE.UU. sobre un tratado de libre comercio –lo que le costó un fuerte debate interno—y tensó la relación con Argentina por la instalación de la papelera; por otro lado, mantuvo firme su posición de apostar por el diálogo en Venezuela. Uruguay no se alineó al Grupo de Lima ni a los llamados a intervenir de halcones norteamericanos.

En tiempos de retrocesos para América latina, el gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo distancia de Jair Bolsonaro –el presidente brasileño dijo que Lacalle Pou sintonizaba más con sus pensamientos liberales y económicos —. Además, el oficialismo condenó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. 

Los gobiernos del FA otorgaron derechos como aborto legal, matrimonio igualitario, ley de personas trans, regulación del cannabis. Lacalle Pou y su bloque no apoyaron estas leyes y se abre el interrogante de qué hará con aliados como el electo senador ultraderechista Guido Manini Ríos, contrario a tales conquistas. La coalición de derecha tendrá mayoría parlamentaria.

 Desde marzo, el Frente Amplio tendrá "el enorme desafío de seguir trabajando en defensa de los sectores menos favorecidos de nuestra gente", señaló Mariano Arana, exintendente de Montevideo y un referente de la coalición de centro-izquierda.  

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