Crónicas rutinarias del paraíso paramilitar

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El martes 30 de julio de 2019en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
  • El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están   prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
  • El viernes 2 de Agosto de 2019en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
  • El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
  • El domingo 4 de agosto de 2019a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
  • El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
  • El miércoles 7 de Agosto de 2019nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
  • El jueves 8 de Agosto de 2019a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos  haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 16 de 2019

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Jueves, 15 Agosto 2019 10:56

“Cuelguen a esos h.p."

Rafael Barrios Mendivil

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

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Domingo, 11 Agosto 2019 05:31

Suicidio de Epstein beneficia a Trump

Al centro, Jeffrey Epstein (✝) durante una audiencia en una corte de Florida en 2008.Foto Ap

Conveniente "suicidio" de Jeffrey Epstein ante su juicio por pedofilia que implica a Trump.

Jeffrey Epstein ya había sufrido un premonitorio "desmayo" en su celda. Su conveniente "suicidio" salva muchas honras en el Olimpo del poder de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Cuatro días antes, Wayne Madsen (WM) –ex funcionario de National Security Agency (NSA) y especialista en espionaje electrónico– opinó que el inicio del juicio de Epstein en el verano de 2020, en pleno paroxismo de la campaña electoral, descarrilaría la relección de Trump (bit.ly/2ZH5qUh).

Ya había abordado en tres artículos los avatares del hoy occiso: 1.“Pedofilia cupular del multimillonario J. Epstein: Casa Blanca/Virgin Island/Israel (bit.ly/2XIePOB)”; 2. “Caso Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta, secretario del Trabajo de Trump (bit.ly/2xXTfGB)”; y 3. “Peter, sobrino de George Soros, en la ‘lista negra’ del pedófilo Epstein (bit.ly/2YZ9y0x)”, donde afloran sus connivencias eróticas con la "élite" política y empresarial de Estados Unidos y la Casa Real Británica.

WM expurgó el juicio escabroso de 2006 “Jane Doe contra Jeffrey Epstein y Donald Trump, (bit.ly/2YQLCxt) y (bit.ly/2YBQABT)”, que alega la violación en 1994 de una niña de 13 años en la mansión de Manhattan de Epstein, lo cual se acumulaba a las pestilentes aventuras del multimillonario en Florida/Nueva York/Nuevo México/Islas Vírgenes con metástasis sexuales en Francia y México (¡mega-sic!).

Lo mas explosivo se centra en que "la demanda federal en Estados Unidos contra Epstein está programada para empezar durante el verano de 2020 justo a la mitad de la campaña presidencial de Estados Unidos", cuya evidencia arroja "¡más de un millón de paginas!", que "afectará el resultado de la elección".

A juicio de WM –quien reveló los vínculos del mega-especulador George Soros con la CIA (goo.gl/F6h7sC) y (goo.gl/bqLJn4)–, la estrecha relación de Trump con Epstein “puede ser la razón por la cual varios republicanos de la Cámara de Representantes no competirán: "lo que se esperaba una derrota de los republicanos en 2020 puede ser un tsunami si el juicio de Epstein produce la esperada información explosiva de los residentes (sic) multimillonarios en la isla Palm Beach en Florida, hogar de Epstein, Trump y otros mega-ricos muy influyentes".

WM expone los vínculos de Epstein con el Mossad, agencia de espionaje israelí, así como sus periplos en Francia y México (sic).

¿Existirán traslapes entre la pedofilia trasnacional de Epstein con los fétidos escándalos del albergue "Mama Rosa", tenazmente "defendida" por Letras Libres (sic) de Televisa (bit.ly/2LQdrCm), así como con la secta sexual esclavista de NXIVM, donde brotan los vástagos de tres ex presidentes de México (Salinas, De la Madrid y Fox) y la connotada regiomontana Rosa Laura Junco de la Vega Garza T. (bit.ly/2YV9ZJB)?

WM devela el "pasaporte austriaco fake" que Epstein usaba en sus vuelos trasnacionales: "el uso de los pasaportes fake, una especialidad del Mossad" que mantiene una "industria de pasaportes" en Israel y que han sido usados para "operaciones del Mossad" en 22 países (sic), que incluyen a México (sic).

¿Los pasaportes fakes de los tres criminales israelíes, dos de ellos asesinados en Galería Artz del Pedregal, y uno expulsado de Cancún en forma bizarra (bit.ly/2TjYBpt), habrán sido confeccionados por el Mossad?

WM comenta que "los más altos escalones de la estructura política y del espionaje de Israel forman parte prominente del círculo de asociados y amigos de Epstein".

WM arguye que "el uso de chantaje sexual por las agencias de espionaje son operaciones muy añejas", pero que "el uso de menores (sic)" en los casos de "trampas de miel" son prácticamente la exclusividad del Mossad.

Epstein manejó el portafolio financiero de Leslie Wexner, cuya "Fundación Wexner otorgó generosos donativos a organizaciones israelíes, que incluyen becas para funcionarios del gobierno de Israel con el fin de obtener títulos de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard" ¡Mega-Uf!

El "suicidio" de Epstein beneficia a la relección de Trump.

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Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El mes de mayo de 2019, en la  vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros lugares por seguridad. 
  • El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.  
  • El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando  la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
  • El martes  2 de julio de 2019,  en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de  pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
  • El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre  Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de  nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.
  • El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
  • El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen  esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Julio 12 de 2019

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El viernes Alexander Acosta renunció a su cargo de secretario del Trabajo de EU.Foto Ap

La enorme presión de la opinión pública en EU, a 16 meses de las elecciones sobre el abuso sexual de menores por el recidivista Jeffrey Epstein "Pedofilia Cupular del Multimillonario: Casa Blanca/VirginIslands/Israel"; (https://bit.ly/2XIePOB), orilló a Alexander Acosta, único latino en el gabinete, a presentar su renuncia como secretario del Trabajo.

 

Hace 12 años Alexander Acosta, entonces fiscal de Miami, operó la "subasta" de la "justicia" mediante un "pacto secreto" con el consuetudinario criminal sexual de menores Epstein, consagrado a la especulación en Wall Street (https://hrld.us/2SBRGq3).

 

En diciembre de 2018, legisladores de EU exigieron investigar la añeja venalidad de Alexander Acosta, quien redujo en forma atroz la condena de Epstein (https://bit.ly/2Y3jmu8) con una mínima detención de 13 meses que le permitía en forma insólita salir cada mañana de su confinamiento de lujo en Miami para ir a "trabajar" 12 horas (sic) a su oficina y regresar frescamente a dormir (https://bit.ly/2YUowWA). ¡Sólo faltó que Alexander Acosta hubiera condenado a las huérfanas indefensas! (https://bit.ly/2LjBGcA).

 

Considerando la totalidad de perjuicios y las personalidades implicadas, a mi juicio, el grupo vinculado a George Soros –cuyo sobrino Peter Soros resplandece en la fétida "lista negra"– (https://bit.ly/2XLghLg) sale más dañado que Trump, quien de inmediato pasó al control de daños orillando a su secretario del Trabajo a dimitir.

 

Tan es así que el saliente primer israelí Bibi Netanyahu y al mismo tiempo ministro de Defensa dimisionario –gran aliado de Trump/Jared Kushner/SheldonAdelson– emprendió una feroz campaña para demoler la imagen del ex primer y también ex ministro de Defensa Ehud Barak, gran aliado de Soros, quien compite en las próximas elecciones de Israel.

 

Barak, ahora gran empresario de una trasnacional distribuidora de marihuana Intercure (https://bit.ly/2GbJLf7), recibió extraños donativos por 2.3 millones de dólares de Epstein para una inversión en un startup clandestino (https://bit.ly/2XMyGHs), que huele más bien a un andamiaje supraestatal de espionaje sexual y de inherente chantaje político.

 

Con tanto escándalo sexual a cuestas, ya se encuentran inmunizados Bill Clinton –(v.gr. el caso de Mónica Lewinsky)– viajero frecuente en el jet privado Lolita Express del depravado multimillonario –y Trump– a quien Epstein introdujo con su hoy esposa la ex modelo Melania (https://bit.ly/32p2j4Z): como sucedió con MitrídatesVI, "Rey del Veneno" (https://amzn.to/30xcuD2), quien de tanto ingerir pociones pequeñas de ponzoña se volvió inmune a dosis mayores.

 

El problema es para el restante de la "pequeña (sic) lista negra" de 92 páginas develada por el blog neoyorquino Gawker (https://bit.ly/2BDPqJh).

 

Lo más triste es que, a cambio de su silencio, las testigos potenciales aceptaron 350 mil dólares de Epstein (https://nyti.ms/2JyjfyI).

 

Sputnik fustiga el "sistema criminal de justicia de EU que ignora crímenes como los de Epstein, mientras castiga a los vulnerables" (https://bit.ly/2xJirjM).

 

Los caminos de los recientes escándalos de abuso sexual y pedofilia en EU/Gran Bretaña/Israel y el globalista paraíso fiscal US Virgin Islands llevan a los mismos titiriteros en forma circular: desde el degenerado cineasta hollywoodense Harvey Weinstein, socio de Barak (http://bit.ly/2A6ZfhM), hasta México: con el fétido albergue de Mamá Rosa de 500 menores flagelados sexualmente” (https://bbc.in/2LQavWn) –premiada por Felipe Calderón y "defendida" por un miembro del Consejo de Administración de Televisa (https://bit.ly/2JEyUez), donde están embrollados Vicente Fox (presunto asociado de Soros) y un segmento del Partido Acción Nacional–, así como la secta de esclavitud sexual NXIVM, que implica a hijos/hijas de tres ex presidentes (Salinas/De la Madrid/Fox), a la que pertenecía Clare W. Bronfman, hija del omnipotente dueño de Seagram, Edgar Bronfman, ex presidente del Jewish World Congress (https://bit.ly/2LS7Kna).

 

El albergue Mamá Rosa fue incendiado para no dejar rastros, como fue incinerada la "justicia de EU" por Alexander Acosta.

 

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La muerte de un capitán sacude a Venezuela

El caso generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada de a ONU.

 

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo impactó en Venezuela. Arévalo, retirado desde hacía diez años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser investigado por su presunta participación en la denominada “Operación vuelvan caras” develada por el ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Había sido detenido el 21 de julio, su muerte ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”, según fue informado por un comunicado oficial del gobierno nacional el 29.

Las razones exactas de la muerte de Arévalo aún no han sido esclarecidas. Las denuncias de su esposa y del abogado apuntan a que fue torturado dentro de las instalaciones de la Dgcim, lo que habría derivado en su fallecimiento. El Fiscal General, Tareck William Saab, informó haber solicitado la detención preventiva de un teniente y un sargento segundo adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de los hechos, imputados por el delito de homicidio preterintencional con causal.

Arévalo, alias “Gonzalo” dentro de la Operación, tenía como tarea apoderarse de quince vehículos blindados del Banco Central de Venezuela para utilizarlos en el asalto al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Palacio de Miraflores. Así fue develado en los videos presentados por Rodríguez, donde el mismo Arévalo, junto a otros implicados, aparecen explicando las acciones paso por paso del golpe que debía darse el 23, 24 y 25 de junio. Rodríguez informó que la trama había sido infiltrada durante catorce meses por la contrainteligencia del gobierno venezolano. Junto a Arévalo fueron detenidos otros tres militares retirados y dos ex comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso del capitán de corbeta generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Acerca de los diálogos, Juan Guaidó afirmó que la delegación opositora, que estuvo reunida días antes con el enviado especial norteamericano para el caso Venezuela, Elliot Abrams, no asistirá al encuentro. El autoproclamado sostuvo que la suspensión se debe a la muerte de Arévalo, y no anunció un posible nuevo acercamiento en el intento de resolución acordada que ya ha tenido dos instancias públicas en Oslo y cuenta con el consenso de la mayoría de los países internacionales involucrados, a excepción central de Estados Unidos.

Nicolás Maduro anunció en cambio el día martes que habrán “buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos con distintos sectores de la oposición venezolana”. Ya había anticipado días antes que habría noticias, indicando así que los acercamientos han seguido su proceso fuera de cámaras.

Respecto a Bachelet, la misma se mostró “profundamente preocupada” por el caso Arévalo, y afirmó: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte (…) urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales”.

La Alta Comisionada había estado en Venezuela la semana anterior, invitada por el gobierno, para reunirse con las diferentes instancias, como ministros, representantes de poderes públicos -Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Defensoría del Pueblo-, y el presidente Maduro, a la vez que con la Asamblea Nacional, Guaidó, y organizaciones de la sociedad civil.

Su informe final será leído este viernes 5 de julio. La oposición convocó a una movilización para ese día -que es, a su vez, el aniversario de la firma del acto de independencia- desde la sede de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta la Dgcim. La derecha estará confrontada con su marcada tendencia de pérdida de capacidad de movilización. El anteúltimo llamado de Guaidó en Caracas fue el 11 de mayo y contó con la asistencia de cerca de dos mil personas. El último tuvo lugar durante la visita de Bachelet y no llegó a esa cantidad.

La apuesta de la oposición es trabajar sobre la muerte de Arévalo como punto de apoyo para lograr volver a convocar a las calles a su base social desencantada. No es el único caso que ha generado conmoción: el lunes por la tarde un joven, Rufo Antonio Chacón, perdió ambos ojos ante los perdigones recibidos por un miembro de la policía del estado Táchira -que corresponde a la gobernación opositora, aunque esa policía se encuentra intervenida por el gobierno nacional por denuncias de maltratos a la ciudadanía-. El Fiscal General anunció la detención de dos funcionarios ante ese caso y afirmó que serán “severamente sancionados”.

A los casos Arévalo y Chacón se han sumado acontecimientos como la explosión de una subestación eléctrica en la ciudad de Maracaibo, la falsa denuncia de un motín en el Dgcim, que han dado lugar a un cuadro de río revuelto. Estos hecos ocurren en el contexto de un intento golpista dirigido desde EE.UU. con fachada Guaidó, que tuvo su última operación el pasado 30 de julio, y varias operaciones violentas desmontadas por los servicios de inteligencia. La más reciente, “operación vuelvan caras” contaba, entre otras cosas, con trescientos mercenarios israelíes organizados para asesinar al presidente y dirigentes claves del chavismo, según denunció el ministro Rodríguez.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a Guaidó para ratificarle su apoyo “inquebrantable” y felicitarlo por el próximo 5 de julio como día de la independencia. El tiempo vuelve a ser acelerado en Venezuela.

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El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

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La carta informe que encabeza un premio Nobel de la Paz ante crímenes de lesa humanidad en Colombia

 

Entre quienes encabezan una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humnos, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes junto a cerca de unas setenta organizaciones y personalidades de una quincena de países, hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia.

A continuación la carta.

https://drive.google.com/file/d/1fEhJWy8un6KegAeH48urEgyXjQAQqlRF/view?usp=sharing

 

Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional

 

Quienes suscriben la presente carta / declaración, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República, Iván Duque, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS; y a TODA la comunidad internacional democrática a que se intensifiquen todas las GESTIONES Y MEDIDAS necesarias para para la prevención y sanción de estos crímenes tal como lo establecen las LEYES EN DICHO PAÍS, así como los acuerdos internacionales suscritos por el mismo.

EXHORTAMOS IGUALMENTE A QUE SE RESPETE O RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO Y SE CUMPLA con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales, que implican además de asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos ARMADOS mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.

Dichos grupos bélicos paramilitares, son asociaciones ilícitas como Aguilas Negras, entre otras bandas criminales, que actúan bajo impunidad y políticas permisivas del estado colombiano, donde el poder judicial ha sido débil y las fuerzas de seguridad mantienen en sus filas a agentes estatales que han violado derechos humanos.

Frente a esta realidad, existe una desatención por parte del Presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

 

Alerta Humanitaria en Colombia

 

Se estima en más de 500 líderes sociales asesinados en los más de dos años que van desde la firma de los supuestos acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con un alto número de asesinatos selectivos durante el periodo del actual Presidente Duque.

Como referencia, según informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ (que se señala al final), se tiene un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 76 denuncias (hasta principios de junio) de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, según nota informativa e informe difundido el 11 de junio y que en su mayoría, involucra a líderes indígenas y afrodescendientes que encabezan la lista de víctimas de violencia en este País., número que se ha incrementado considerablemente.

Los diversos antecedentes difundidos por organizaciones de la sociedad civil se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Presidente Duque a agencias de prensa “Que que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales como el de “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, implementados por La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

 

Algunos de los últimos asesinatos:

 

En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.

El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.

En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.

El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.

La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.

El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.

Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.

 

Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:

 

-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.

-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.

-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuegoen Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.

-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.

-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.

-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.

-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.

-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.

-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.

-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego

-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.

-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.

-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.

La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.

Amenazas de muerte y desplazamientos forzados

Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.

En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoria del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.

La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Uno de los últimos registros sobre esta situación, es la que están viviendo habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio del 2019, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfrentamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.

Los registros del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, según las cuales 145000 personas abandonaron sus hogares huyendo el año el 2018.

Territorios sin Paz, empobrecidos y asediados por transnacionales

En Colombia hay estimaciones que calculan que ha aumentado en más de un millón los pobres, siendo el caso más extremo la Guajira, siendo macabro la cantidad de niños wayúu que han muerto de hambre.

El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Uno de los graves conflictos territoriales que viven comunidades Wayúu en la Guajira, se relaciona con las faenas de la empresa Carbones del Cerrejón. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de más de 30 comunidades wayuu en la Guajira, por la vulneración de sus derechos ocasionada por la desviación del Arroyo Bruno. El desvío de este importante afluente, el arroyo más caudaloso del río Ranchería, se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial de 3.6 kilómetros. No obstante, la Corte Constitucional suspendió dichas obras, debido a que se comprobó que existen graves incertidumbres en la licencia ambiental respecto de los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. La sentencia ordenó que estas incertidumbres deben ser resueltas por la Mesa Interinstitucional para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto y su continuidad.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) que ha venido implementando el Gobierno ha sido un fracaso para garantizar el derecho a la vida e integridad de cientos y miles de Defensores de Derechos Humanos, defensores de territorios, líderes sociales, comunales y periodistas, existiendo un gravísimo aumento de asesinatos selectivos, amenazas y diversas violaciones de derechos humanos en mayo y lo que va de junio de este año.

En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder económico que involucra un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleras, mineras MADERERAS y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres son de larga data.

En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales , intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales, tal cual ha ocurrido por ejemplo a integrantes de comunidades indígenas en Nariño o guardias indígenas de diversos territorios.

El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 para sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos “democráticos y gobernabilidad”, “Justicia y DDHH”, programa de reintegración a la sociedad de ex combatientes” y procesos de “verdad”.

Otros programas de esta agencia sobre estas temáticas se denominan: “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas en el último tiempo, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

Otra situación grave en Colombia, vinculado a crímenes estatales y la responsabilidad de agentes de fuerzas públicas con funciones activas en el estado, según lo denunciado por organizaciones internacionales de DDHH a través de FIDH quienes presentaron en mayo de este año a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI, en particular, las referidas a ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009, quien fue ascendidopor el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Fin a las masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia

Como organizaciones y personas defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un estado de derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas . Señalamos que No puede existir ESTADO DE DERECHO si no se protegen los derechos humanos.

Exigimos la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos. Asimismo, invitamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wayuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

Exigimos al Estado Colombiano y sus instituciones responsables, desmantelar y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Denunciamos la desatención por parte del Presidente Iván Duque de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Solicitamos a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo. Se hace el llamado a establecer y/o revisar medidas de seguridad, atendiendo el tipo de información compartida, velando por la integridad de sus integrantes, en especial aquella frente a cooperantes económicos ligados a intereses de transnacionales. e infiltraciones de agentes públicos y privados.

Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios.

Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Al final, se comparten una serie de fuentes informativas relacionadas con la presente Carta / Comunicación.

Suscriben la presente:

Organizaciones Internacionales

- Word Rainforest Movement (WRM)

- Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI)

- Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

- Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Por Países:

Argentina

- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz

- Nora Cortiñas, (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Mirta Baravalle (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Elia Espen (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Luciano Andrés Valencia, escritor e historiador (Argentina)

- Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir

- Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)

- Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, sede Argentina

- Colectivo Desde El Pie (Argentina)

- Tomas Astelarra, periodista, Argentina

- María Vanda Ianowski, Docente Universidad Nacional del Comahue, Patagonia Argentina

- Poder Popular (Argentina)

- Proyecto CRECER CON ESPERANZA, Gral. Roca, RIO NEGRO, ARGENTINA

- Hermanas de la Misericordia de las Américas, Comunidad de Argentina

- Brasil

- Conselho de Gestão Ka'apor

- Centro de formação saberes Ka'apor

- Guarda de Autodefesa Ka'apor

- Bolivia

- Angela Fabiola Cossio Zambrana, Comunicadora Social e Investigadora en áreas multidisciplinarias.

Catalunya

- AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

- SETEM Catalunya

Chile

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Movimiento por el Agua y Los Territorios, (MAT)

- Red por la Defensa de la Infancia Mapuche

- Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN

- Juana Aguilera, Presidenta Comisión Ética contra la Tortura

- Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Congreso de los Pueblos-Chile

- Alfredo Seguel, Comunicador Social / WallMapu

- Radio Placeres de Valparaíso

- Cooperativa Semilla Austral.

- Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M

- Somos Cerro Blanco

- Convergencia Colombia Internacional- Nodo Chile

- La Paz se Teje en Colombia / Raíces de Resistencia / Chile

- Colombia Humana-Chile

- AGRUPACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL ANTUKULEF., Región de Aysén, Patagonia

- Equipo de Comunicación Mapuche

- México

- Nodo de Derechos Humanos (México)

- Frente del Pueblo, organización Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- LA REALIDAD. ★ Comunicación social.Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- Mariano Estrada, Coordinador General – CLACPI, Palenque, Chiapas, México

- Malely Linares Sánchez, Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- COLPAZ - México

Voceras y voceros del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ:

-Luz Angélica Dueñas Checa

-Diana Patricia Caro Naranjo

-Lady Johanne Rondón Arévalo

-Ana Ximena Quigua Ruiz

-Eliana Cárdenas Méndez

-Luisa Ximena Zárate Cifuentes

-Javier Eduardo Bello Bravo

-Eduardo Correa Senior

-María Isabel Mazo

-Daniel Roberto Leones Reyes

-Leonor Cortés Bolívar

Nicaragua

- Jessica Martínez Cruz feminista autoconvocada

Paraguay

- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI)

- Hipolito Acevei, Dirigente Indígena FAPI (Paraguay)

- Perú

- Hugo Blanco, Revista Lucha Indígena

- Juan Carlos Giles Macedo– SEMBRAR

- Danilo Quijano, periodista, Perú

- Thomas Moore, Antropólogo, Puerto Maldonado, Peru

- Suecia

- Jorge Calbucura, Coordinador Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu / Suecia

- Uruguay

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, sede Montevideo

- USA / EEUU

- Armando Muyolema, profesor, Universidad de Wisconsin, Madison. USA.

- Friends of the peoples of colombia

Venezuela

- Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela / (CEENPROFORDHV).

- Beatriz Bermudez, periodista (Venezuela)

 

*******************************

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Misión y recomendaciones de la CIDH a Colombia (Enero 2019) / https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

- Misión en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos (diciembre 2018) / https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia (11 de junio) / “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”./ https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/intervenciones-de-la-direccion/442-ano-2019/9051-presentacion-en-riohacha-del-informe-anual-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-ddhh-sobre-colombia

- SEPARATA DE ACTUALIZACIÓN al 23 de Mayo de 2019 / Situación líderes/sa y defensores/as DDHH en los territorios (Indepaz) / http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

- Monitor de Violencia Política en Colombia mayo del 2019 (CERAC) / https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia

- Informe DDHH 2019 (enero - abril): Violencia camuflada: la base social en riesgo / https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/690-informe-ddhh-violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo.html

- Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores / https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

- Informe sobre el abandono estatal de los wayúu de la Alta Guajira (DeJusticia) / https://www.dejusticia.org/entregamos-al-estado-una-radiografia-sobre-el-abandono-estatal-de-los-wayuu-de-la-alta-guajira/

- Entidades del Gobierno y Carbones del Cerrejón desacatan directrices y órdenes de la Corte Constitucional sobre la explotación y desvío del arroyo Bruno, el último gran tributario del río Ranchería en La Guajira / https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/interculturalidad/0706191ComunicadoMesaArroyoBrunoFinal_.pdf

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia en el marco de los acuerdos de paz de 2016 / https://rmr.fm/informes-especiales/dio-inicio-en-colombia-la-iii-mision-de-solidaridad-de-via-campesina/

https://rmr.fm/noticias/no-tenemos-confianza-de-que-el-gobierno-colombiano-quiera-cumplir-los-acuerdos-de-paz/

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-no-se-le-puede-negar-al-pueblo-colombiano-el-derecho-a-la-paz/

PRENSA

- “Terror corporativo” está matando en toda Colombia (Real News Network ) / https://youtu.be/e6WKvdnVorw

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento de líderes indígenas y afrodescendientes en Colombia (12 de junio) / https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-onu-alerta-aumento-lideres-indigenas-afrodescendientes-asesinados-colombia-20190612135618.html

- Persecución e intimidación a autoridad indígena de Huellas Caloto. / https://nasaacin.org/boletin-ddhh-persecucion-e-intimidacion-a-autoridad-indigena-de-huellas-caloto/?fbclid=IwAR0qeqofW53_BYibWK7OfKM_KlJCqcAoDJetazcCxVHMVdHR8I1BkKyAYng

- Según el Presidente Duque, asesinatos de líderes sociales disminuyeron en su gobierno / https://www.vanguardia.com/colombia/segun-el-presidente-duque-asesinatos-de-lideres-sociales-disminuyeron-en-su-gobierno-HX1011999

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI / https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-falta-de-voluntad-del-estado-para-juzgar-crimenes-de-lesa

- CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año / https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9047-cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano

- Colombia: Condena internacional por ataques y amenazas contra lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas / https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-comunicado-internacional-de-condena-por-ataques-y-amenazas

- Presidente Duque afirma que adición de US$160 millones, por parte de Usaid, permitirá cerrar las brechas en los territorios / https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190513-Presidente-Duque-afirma-adicion-US160-millones-por-parte-de-Usaid-permitira-cerrar-las-brechas-en-los-territorios.aspx

- EE.UU. entrega 160 millones de dólares para implementar la paz en Colombia / https://www.efe.com/efe/usa/portada/ee-uu-entrega-160-millones-de-dolares-para-implementar-la-paz-en-colombia/50000064-3975496

 

Publicado enColombia
La producción de cocaína consume un cuarto de toda la gasolina vendida en Colombia

Por cada kilo de pasta de coca se requieren unos 284 litros de gasolina. Además, hace falta combustible para hacer funcionar los generadores de los laboratorios

La industria de la cocaína en Colombia sigue prosperando pese al acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno en 2016 con las FARC

 

 

El municipio colombiano de Riosucio se encuentra a orillas del río Atrato, cerca de la frontera con Panamá. Con una población de unas 20.000 personas, al asentamiento no se puede llegar desde la carretera principal. Y, sin embargo, el año pasado aquí se vendieron más de 4,5 millones de litros de gasolina.

Las autoridades colombianas han calculado que más de un cuarto de la gasolina vendida en 2018 en el país fue utilizada para la producción de drogas, que utiliza el combustible como ingrediente y fuente de energía.

La oficina del Procurador General de Colombia ha anunciado estar investigando 33 gasolineras. Muchas estarían ubicadas en zonas problemáticas de frontera donde hay escasa presencia de las fuerzas de seguridad y la ley es débil. 

"Existe una relación directa entre el narcotráfico y la gasolina", ha explicado Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Medellín. "Esto se aprecia cuando uno viaja por zonas rurales: se comienzan a ver bombonas de gasolina que son transportadas hacia donde hay coca", ha contado. 

La gasolina es un ingrediente clave en la primera fase de la producción de cocaína, cuando se extraen los agentes psicoactivos de las hojas de coca: se necesitan unos 284 litros de gasolina para cada kilo de pasta de coca, que después se refina para obtener cocaína. También hace falta combustible para hacer funcionar los generadores que proporcionan energía a los laboratorios de narcóticos, que normalmente se localizan en zonas remotas.

La industria de la cocaína en Colombia sigue prosperando pese al acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que históricamente ha financiado su guerrillera con el narcotráfico. El acuerdo incluía una serie de ayudas para que los agricultores reemplazaran el cultivo de la hoja de coca por alternativas legales como el café y el cacao.

Sin embargo, lejos de reducirse, el cultivo de hojas de coca sigue aumentado: en 2017 se destinaron unas 171.000 hectáreas, 25.000 hectáreas más (un 17%) que en 2016, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los agricultores han denunciado que no logran subsistir con los cultivos legales.

Algunas gasolineras del pueblo están controladas por los narcotraficantes, que a menudo se alían con grupos paramilitares de derecha que actúan en complicidad con las fuerzas estatales. "Todo gira en torno a la coca", ha declarado un líder comunitario. "Estas pandillas narco-paramilitares son la autoridad aquí y las fuerzas armadas tienen conocimiento sobre sus acciones", ha denunciado. 

Las investigaciones también se han enfocado en Tumaco, una ciudad de unos 200.000 habitantes cerca de la frontera sur con Ecuador. La región que lo rodea, de escasa población, aloja 20.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, y cuenta con 78 gasolineras.

"Tumaco tiene casi el 62% de todas las gasolineras de la provincia de Nariño", ha explicado a medios locales Carlos Humberto Bueno Gualdrón, director de investigaciones de la Policía Antinarcóticos. "Es sorprendente, por ejemplo, que se consuma más combustible en Tumaco que en la capital de la provincia", ha apuntado. 

El cálculo de las autoridades no incluye el combustible que entra de contrabando a través la frontera con Venezuela, donde la gasolina está subsidiada y, cuando puede conseguirse, es prácticamente gratuita.

Por Joe Parkin Daniels - Bogotá

16/06/2019 - 21:15h

Traducido por Lucía Balducci

Publicado enColombia
Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

Publicado enColombia
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