Viernes, 17 Abril 2020 06:22

El jabón

El jabón

Cuando Boaventura de Sousa Santos (bit.ly/3dLVeBk) cerraba sus reflexiones en tiempos de coronavirus apelando a la "sociología de las ausencias", subrayando la necesidad de "tener en cuenta las sombras que crea la visibi-lidad (de la pandemia)" y apuntando a laextrema vulnerabilidad al virus de los miles de refugiados detenidos en campos de internamiento en Grecia que hu-yen de las guerras en Medio Oriente –como Moría (bit.ly/3b4l2Hb), un espacio construido para 3 mil personas habitado por más de 20 mil (bit.ly/2VhqEXY) donde, subrayaba el autor de Una epistemología del sur, "hay un grifo de agua para mil 300 personas y falta jabón"−, un verdadero abismo negro se me estaba abriendo en la cabeza.

En un papelito, en medio de una tormenta cognitiva, anoté cantinfleando un poco las posibles posibilidades:

  1. "Las crisis inexorablemente cambian las maneras en que miramos las cosas".
  1. "En la pandemia, pensar en cosas peores es simplemente una estrategia de sobrevivencia".
  1. "A veces una cosa inevitablemente lleva a la otra".

Como muchos, ya llevaba días, mirando diferente a una simple barra de jabón, según la ciencia "el mejor arma en nuestras manos en contra del Covid-19": las membranas de lípidos del virus se disuelven y éste se cae como un castillo de naipes (bit.ly/3dYBhrh).

Me acordé incluso –cantinfleando mentalmente un poco más− de algo de lo que ya no me acordaba, de mis tiempos de hacer el jabón casero en colectivo (“tú le sigues dando vueltas y yo voy por unas caguamas”).

Pero las palabras "campo" y "jabón" eran la mezcla que detonó todo (el jabón y la nitroglicerina al final van de la mano, basta mirar cualquier libro de química orgánica). Esperen tantito, ahorita va, fruto de una mente desesperada e infectada tal vez con el mismo virus(¡sic!) que la de –por ejemplo− Robert Fisk que por un lado con rigor y puntualidad censura usos y abusos de analogías a la Segunda Guerra Mundial −como ahora apuntando a una verdadera infección del lenguaje a causa de esto, "que aísla el significado, destruye la semántica y trivializa la crisis" (bit.ly/3aImSxh−,) pero que, por otro, solito no puede escribir, casi, un texto sin invocarla (aquí igualito).

No eran sólo más reportes del campo de Moria y sus condiciones de falta de higiene desesperadas, donde las recomendaciones básicas en la pandemia –lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia social− son imposibles de seguir y donde el brote del virus "tendrá consecuencias inimaginables" (bit.ly/39XXz96), o las historias de los verdaderos campos de concentración de Trump (bit.ly/3b7Ue8W), donde ya hace meses los migrantes, niños incluidos –que ahora suplican ser deportados por el temor de morir del Covid-19 (bit.ly/2UXLrAC)−, no tenían acceso a un cepillo, pasta de dientes o jabón ( nyti.ms/2XpVNv9).

En un juicio, demandada por asociaciones de derechos humanos, la administración trumpista argumentó que "no tenía ninguna obligación a darles el jabón a los detenidos" (bit.ly/3a5StYH), una política adrede de "ser lo más cruel posible" con fines "disuasivos".

Era sobre todo –allí les va−, entre una lavada de manos y otra, la voz de mi abuela que tras salvarse de un campo de concentración nazi, terminó en trabajos forzados en una granja en el norte del "Reich de mil años" −que acabó durando 13−, contando cómo sus patrones alemanes a veces les daban el jabón... "hecho de humanos, prisioneros de los campos, víctimas del Holocausto".

"Lo tirábamos de inmediato. Era fácil de diferenciar del normal. Daba poca espuma y, en vez hundirse, flotaba en el agua...".

Lo de "mirar diferente a una simple barra de jabón" llegaba en mi mente a un clímax.

Presente en múltiples testimonios y reportes −incluso en evidencias durante los procesos en Nüremberg−, la historia de la producción del "jabón de humanos" durante la Segunda Guerra Mundial resultó ser más bien una leyenda urbana difundida por los propios nazis (bit.ly/2RAGI5S). Si bien hace unos años se determinó que una muestra del "jabón nazi" fue hecha de grasa humana (bit.ly/3b874E2), confirmando versiones de su producción limitada en el Instituto Anatómico en Danzig (Gdańsk), éste podría ser más bien un subproducto de preparación de muestras anatómicas, usado a lo mucho para el aseo interno (bit.ly/2JZkuq4).

Aun así y siguiendo un rato más con lo de “pensar en cosas peores –Holocausto et al...− como estrategia de sobrevivencia”, me imaginé que por algún azar unas barras de éstas podrían llegar a las manos de mi abuela (al final era en la misma costa del Báltico).

Pero para que el jabón flote –he aquí mi "experiencia" de productor del jabón artesanal−, basta inducirle unas microburbujas de aire. No es indicativo que esté hecho de otro tipo de grasa (humana). En fin.

Lo que sí es cierto, bien apunta Federico Finchelstein al margen del manejo de la pandemia por las derechas mundiales, los nazis −como hoy los Kaczyński, los Le Pen o los Trump en cuanto a los refugiados− acusaron primero a sus víctimas de portar "enfermedades peligrosas" creando luego adrede condiciones artificiales e insalubres en guetos y campos donde éstas se enfermaron y propagaron dolencias (bit.ly/3b6m0Tp).

Allí −vista por un prisma de una simple barra de jabón− yace, como anotaba De Sousa Santos, nuestra "Europa invisible": oscura, cruel, indiferente (y nuestros "Estados Unidos invisibles"); allí sí, "una cosa inevitablemente lleva a la otra".

*Periodista polaco

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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Biblioteca digital a escala global. Una disposición de la UNESCO

Ante la emergencia por el avance del coronavirus a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó una serie de medidas destinadas a dimensionar el impacto en las áreas de su competencia. Además de convocar a funcionarios de 73 países para debatir las diversas alternativas de enseñanza a distancia, se puso a disposición la Biblioteca Digital Mundial en la página web oficial, desde donde se podrá acceder a un gran cúmulo de artículos históricos para leer durante la cuarentena. La biblioteca reúne una amplia gama de recursos culturales y educativos, tales como mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos. Desde la cuenta oficial de la UNESCO en Twitter se informó: “Como millones de personas deben quedarse en casa, compartamos la cultura y las ideas. ¿Conoces la Biblioteca Digital Mundial? Tienes acceso gratuito a manuscritos, libros, fotografías… Aprovecha y descubre los tesoros culturales del mundo”. Disponible en  https://www.wdl.org/es/

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Las mujeres y su lucha en defensa del ambiente

Hace cuatro años en su casa asesinaron a balazos a Berta Cáceres. Tenía 44 años. Durante una década encabezó en Honduras la lucha contra la empresa Desarrollos Energéticos, empeñada en construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, sagrado para la cultura lenca. La noticia del crimen dio la vuelta al mundo y obligó a las autoridades hondureñas a investigar a los asesinos intelectuales y materiales. Un alto ejecutivo de dicha empresa, Roberto Castillo, fue arrestado por participar en la planeación del crimen. Otros 10 implicados fueron detenidos, entre ellos integrantes del ejército. Un equipo internacional de abogados afirmó que el asesinato de Cáceres lo planearon durante meses y que involucraba a empleados de la compañía, personal de su seguridad y agentes del Estado.

Berta era maestra y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman. Durante su vida recibió numerosas amenazas y protestó contra los asesinatos de otros luchadores sociales. En julio de 2017, la empresa anunció que como “gesto de buena voluntad” suspendía la construcción de la represa. Los ejecutivos de más alto rango de la hidroeléctrica son miembros de la poderosa familia Atala Zablah, ligada al gobierno y las finanzas internacionales. Ello explica por qué sólo siete sicarios fueron condenados por el crimen. Los peces gordos, siguen libres. Honduras es el país más mortífero en el planeta para activistas ambientales. Le siguen Brasil, Filipinas y Colombia. El año que mataron a Berta, asesinaron a dos integrantes de su asociación y a otros 11.

Casi 10 por ciento de las víctimas por causas ambientales son mujeres, en especial indígenas. Son las más vulnerables a la violencia que patrocinan los intereses económicos coludidos con la clase dirigente en América Latina, Asia, África y Oceanía. El número de asesinadas crece cada año y los que movieron las manos criminales gozan de impunidad en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, Emilsen Manyoma, en Colombia, quien defendió los derechos de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros; en Filipinas, y también por minería, Leonela Tapdasan; y en Guatemala, Laura Vásquez. Es común calificar a muchas defensoras del ambiente como terroristas. Sólo luchan pacíficamente por la integridad de las tierras donde viven.

Es lo que sucede en Brasil, donde sicarios al servicio de los consorcios agroexportadores, mineros, hidráulicos y madereros, actúan impunemente en la Amazonia. La última década fueron asesinados unos 300 defensores medioambientales; en la mayoría de las veces se trató de indígenas, entre ellos decenas de mujeres. Apenas 14 casos fueron juzgados. El asedio se agravó con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las mujeres han logrado trascender fronteras por defender la naturaleza: la inglesa Ingrid Newkirk, fundadora de Personas para el Trato Ético de los Animales. Dian Foosey, cuyo trabajo en Ruanda y Congo en pro de los gorilas de montaña se plasmó en la película Gorilas en la niebla. La Nobel de la Paz Wangari Maathai, impulsora de la reforestación en Kenia y de puestos de trabajo para las mujeres. La hindú Vandana Shiva, defensora de la biodiversidad y la bioética. Jane Goodall, estudiosa de los chimpancés en Tanzania. La canadiense Sheila Watt-Cloutier, defensora del pueblo Inuit y el Ártico. O la costarricense Xinia Herrera, por conservar la biodiversidad de su país.

En México las mujeres destacan en la formación de los primeros grupos ecologistas, desde Baja California hasta la Península de Yucatán. Las autoridades al servicio de los intereses empresariales las han combatido y, con frecuencia, descalifican sus luchas por el agua limpia y los bosques; por denunciar los daños que causa la minería y la ocupación caótica de la franja litoral. Las matan, como a Betty Cariño, Juventina Villa y Fabiola Osorio. Fundamentales para conservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria, las mujeres que viven en el medio rural de México padecen una profunda desigualdad y son víctimas del patriarcado tradicional. Ellas requieren apoyo prioritario. No lo olvidemos hoy y siempre.

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Viernes, 06 Marzo 2020 06:25

Palestina: palabras narrativas / I

Palestina: palabras narrativas / I

Edward W. Said, el gran intelectual palestino –y quintaesencia intelectual pública− que por sí solo y de manera pionera abrió las ciencias sociales a los modos en que mundos enteros quedan encasillados en palabras y narrativas ajenas − Orientalism (1978), Culture and imperialism (1993)−, en un texto triste, escalofriante y bello −por si esta palabra aplica a una reflexión sobre el sufrimiento de todo un pueblo escrita en medio de una enfermedad terminal− hablando de la peculiar crueldad de Israel −"un país poseído por la manía de castigar a los débiles"− reflejada en periódicas masacres de Gaza e interminable ocupación de Cisjordania, apuntaba que todo el lenguaje del sufrimiento y de la vida cotidiana palestina fue secuestrado o pervertido al punto de ser inútil e incluso servir como pantalla para ir infligiendo más muerte y tortura (bit.ly/3ck4pZ7).

Me acordé de esto pensando en el Acuerdo del Siglo ( The deal of the century) que preparado −sin ninguna participación palestina, pero sí con harta autoría israelí− por los "mediadores estadunidenses" cuya creatividad radicó básicamente en secuestrar las palabras y alterar su sentido: cambiar los nombres o estatus de los lugares contrario al derecho internacional (Jerusalén, asentamientos ilegales, etcétera.) para sancionar su ocupación y la próxima anexión o llamar ejército a un conjunto de enclaves sin continuidad, control del espacio aéreo/seguridad/política exterior, "el Estado", nació, con excusa y pantalla de "mejorar la vida cotidiana de los palestinos" ( bit.ly/3bERgJz) para seguir castigándolos e irles infligiendo "más muerte y tortura". “Matar, reducir, mutilar y ahuyentar hasta que ‘quiebren’”, escribía Said.

Por más que este supuesto "plan de paz" se presente como "un cambio de enfoque y narrativa frente a lo que no servía antes" (bit.ly/32PbFaM) en realidad es sólo la consumación de lo que ya hubo: los Acuerdos de Oslo a los que en su momento Said se opuso categóricamente prediciendo que esto iba a acabar así: todo para Israel, nada para Palestina ( The end of the peace process, 2000), y por más que el dúo Trump-Netanyahu que lo parió se vislumbre como "el milagro para Israel" −en efecto se le concedieron todos sus deseos− ya hemos tenido algo así.

¿Alguien se acuerda de la dupla Sharon-Bush Jr.?

Cuando en 2004 Israel se retiró unilateralmente de Gaza –una medida calculada para boicotear el proceso de paz y "ponerlo en formaldehído" (bit.ly/2x8j0GT)− G. W. Bush llamó a Ariel El Carnicero Sharon "el hombre de la paz" (sic) y abrazó su agenda nacionalista y anexionista dándole garantías por escrito (sic) −retención de partes de Cisjordania a su criterio y negación al retorno de los refugiados palestinos− que revertían, o desnudaban, la tradicional –"neutral"− postura de Estados Unidos (A. Shlaim, Israel and Palestine, p. 293).

Said llamó −en otro lugar− las jugadas israelí-estadunidenses de aquel entonces ( road map) gracias a las cuales Sharon, a pesar de tres acusaciones de corrupción en su contra, logró aferrarse al poder −¿a qué nos recuerda esto? (¡le hablan Mr. Netanyahu!)− y Bush Jr. consolidó el voto de los "sionistas cristianos" ante las elecciones que se avecinaban −¿a qué nos recuerda esto? (¡le hablan, Mr. Trump!)− no "planes de paz", sino de "pacificación": “de poner el fin al problema ‘Palestina’” (bit.ly/2wterGK).

El unilaterialismo sharoniano tenía un propósito: el "politicidio" de los palestinos: la disolución de Palestina como una legítima entidad que comprendía también una −total o parcial− limpieza étnica en Eretz Israel (B. Kimmerling, Politicide, p. 17).

El Acuerdo del Siglo que no por casualidad contiene un apartado sobre “ transfers poblacionales” −un eufemismo para la "limpieza étnica"−, o sea, un marco legal para ejecutarlos en el futuro ante los ojos del mundo indiferente, con su unilateralismo es sólo el siguiente ejercicio en "politicidio" y afán de desaparecer a los palestinos envuelto ahora en un novedoso lenguaje de "visiones" y "oportunidades económicas".

Si bien –como de costumbre− tiene razón Robert Fisk que basta echar un ojo a la palabrería de este documento −"absurdos, parodia y banalidad en casi igual proporción"− para ver que todo esto es sólo una siguiente "locura" ( mumbo-jumbo) y "vacilada" ( ballyhoo) trumpiana −"¿Hasta cuándo los periodistas, los escritores, estaremos tomando en serio estas palabras...?" (bit.ly/2GOYMmZ)–, balbuceo o no, allí está e incluso está siendo implementado (bit.ly/2PPZMMz).

Ya hace 18 años en aquel triste y –vuelvo a decir− bello texto, Said lamentaba la época pasada de Israel Shahak, Yeshayahu Leibowitz o Jakob Talman, los intelectuales que no temían decir verdades incómodas –como que la ocupación está pervirtiendo al propio Israel (nyti.ms/3cuBktX)− subrayando que eran pocos (Uri Avnery, Ilán Pappe, Zeev Sternhell, Gideon Levy, Amira Hass, Jeff Halper) quienes tenían el valor de luchar por las palabras en Israel.

La "paz" por ejemplo –un término que desapareció del vocabulario político israelí y está siendo usado para el público exterior− ya es una palabra muerta. Sólo queda la "pacificación".

Y las voces palestinas (y pro-palestinas) –múltiples, ricas, heterogéneas (bit.ly/39jwTjD)− quedan secuestradas, pervertidas, silenciadas y desaparecidas, como la Palestina misma (bit.ly/32ToelN).

Sólo queda el balbuceo del dúo Trump-Netanyahu.

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Tras 17 años de la masacre, los muertos vuelven. Bojayá. Recorridos por la tierra herida

Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá regresaron a su territorio tras un largo proceso de identificación. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2019 fueron entregados 100 ataúdes. 17 años después, no están todos. Hoy Bojayá permanece como una tierra herida, en la que el horror la inundó y seguirá inundándola ante el inminente riesgo de una nueva masacre. La muerte no se fue, aún duele y dolerá, porque los grupos armados nunca se fueron.

 

Es horrible. Se ha dicho una vez tras otra. No hay duda. Esta es la tierra del dolor de unos y de la avaricia de otros, ¿cuántas veces lo habrán dicho en estos 17 años? ¿qué son 17 años? Una cifra. Ojalá fuera eso, sólo una cifra. Pero el 2 de mayo de 2002 ocurrió ese momento en el que una pipeta lanzada por las Farc, en un fuego cruzado con los paramilitares de las AUC, explotó en la iglesia de Bellavista, donde se había refugiado la población, e hizo que esta masacre se escuchará más allá del dolor de pueblos que venían sufriendo la violencia desde 1984 cuando las Farc llegó a sus territorios y se encrudeció cuando los paramilitares, en diciembre de 1996, llegaron para quedarse.

Domingo Chalá, quien siempre ejerció como sepulturero en Bellavista, cuenta como desde los años 90, a orillas del río Atrato los cuerpos flotaban, aparecían y nadie podía tocarlos, si no querían correr la misma suerte. De esta barbarie no hay ni siquiera cifras, no se habla de ella, solo queda el horror, su dolor y los recuerdos de cómo los paramilitares a quien montaban en su embarcación “rumbo al cielo”, jamás se le volvía a ver. Asesinatos. Torturas. Desapariciones. Desplazamientos forzados. Amenazas. Robos de motores, víveres y combustible. Bloqueo económico. La violencia no tiene fin y las comunidades lo denunciaron en la “Declaración por la vida y la paz” el 12 de septiembre de 1999. Hoy, febrero de 2020, la situación sigue siendo alarmante.

 

 

Por algo se dice, que algún día el Estado deberá reconocer esta larga memoria de la violencia en el Chocó.

Tratando de responder a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de enterrar a los muertos?, el 11 de noviembre del 2019, llegaron 100 ataúdes custodiados desde Medellín hasta el aeropuerto de Vigía del Fuerte (Antioquia), para ser entregados a la comunidad. De esos 100 ataúdes, 78 contienen los restos óseos de las víctimas identificadas; 8 están vacíos pero con nombres, representan los que aún están desparecidos; 9 son de los bebés en gestación, y uno que se dice que nació en la iglesia, todos ellos, también murieron; 1 ataúd más contiene el cuerpo de un niño entre 4 y 8 años que no ha podido ser identificado; 2 más, son las 2 entregas simbólicas que se realizaron; y los 2 últimos contienen los restos óseos que no han podido ser identificados por el momento, es la fosa nº75. En total, 100 ataúdes, a los que hay que sumar una cifra que nadie se ha atrevido a pronunciar. Que nadie se atreve a reconocer. ¿Cuántos son los muertos en Bojayá desde la década de los ochenta hasta hoy? Tendemos a olvidar los muertos de una masacre con la siguiente, como si el pasado se borrara y no reclamara justicia.

La identificación de urgencia de los cuerpos, realizada aquellos días de la masacre, y que llevó a enterrarlos como pudieron en fosas comunes, se fue complementando con las necropsias realizadas a partir de las exhumaciones que desde el 2002 y hasta el 2004 la Fiscalía realizó. Si bien, todo fue tomando su tiempo, y ya no hay dudas de que esos cuerpos no fueron bien identificados, ni estudiados, ni individualizados, ni siquiera tuvieron un digno entierro. Si la vida no importa, ¿cómo va a importar la muerte? Lo que quedó evidenciado, cuando en noviembre del 2016, la Fiscalía presentó su informe a la comunidad. ¿Cómo murieron sus familiares? y ¿dónde está cada parte de su cuerpo? no fue debidamente resuelto en todos los casos.

 

Dicen que la armonía es ese orden de la vida que vincula a cada quien a su tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando no es tu tierra donde yace tu cuerpo?, ¿cuándo no hay tumba donde llorar?, ¿cuándo tu cuerpo se mezcló con el de otro, y otro, y otro?

El tiempo siguió pasando, mientras la comunidad exigía un trato digno a sus muertos, para al menos poder enterrarlos en tumbas con sus nombres y no en fosas comunes, mezclados. Pero, no fue hasta que el Comunicado 062 de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, habilitó el camino para que el CTI de la Fiscalía volviese a Bojayá. Y así en el 2017 el mismo topógrafo que participó en las diligencias del 2002 marcó los cuatro puntos de cada una de las fosas para comenzar a exhumar y enviar los cuerpos encontrados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal (Inmlcf).

Dos largos años después, los muertos volvieron a su tierra en dos helicópteros de la ONU. Así fue como llegaron esos 100 ataúdes de ese tamaño en el que ningún cuerpo recién muerto cabría, pero sí nuestros huesos apilados, juntos, uno al lado del otro. En color blanco los ataúdes con los bebés, niños y niñas; y en marrón los jóvenes y adultos.

Respetando las tradiciones, los cofres recorrieron su territorio herido. La primera parada fue en Bellavista Viejo, donde explotó la pipeta. Allí, uno a uno de los ataúdes descendieron de la barca y fueron entregados a sus familias. El reencuentro se hizo tacto y reposaron sobre sus manos. En fila los fueron llevando hasta el interior de la iglesia. Coincidiendo en el dolor fueron caminando, dejando a su lado izquierdo y derecho las ruinas del pueblo donde la naturaleza es la única que rebosa de vida. Para 23 ataúdes la siguiente parada fue Pogue. Allí, en su tierra natal, fueron velados durante una noche.

 

Alabar es cantar a los muertos, despedirlos

 

Esa noche los ataúdes reposaron en el altar que la comunidad había construido para la ocasión, respetando con el cariño que todo muerto merece, su ansiada despedida. Porque alabar es acompañarlos en el paso del alma al mundo de los ancestros, para no condenarlos a deambular entre los vivos. Alabar es dolerse públicamente por el dolor del otro, por el dolor compartido. Por ello, las alabadoras cantaron desde que estos cuerpos regresaron a Bojayá, y así transcurrió el viaje hasta Pogue. Llovió. Salió el sol. Y siguió lloviendo. Y ellas siguieron cantando.

Amanecer cantando. Velándolos. La comunidad preparó comida. Juegos de dominó y cartas. Conversaciones. Tinto a base de maíz. Dolor y mucha tristeza. Porque no importa que hayan pasado 17 años, el dolor está. Y ese dolor y miedo sigue presente porque la violencia de los grupos armados no ha cesado. Por eso es que las comunidades emberas de los alrededores están confinadas, y desde el 31 de diciembre de 2019, con la llegada de más de 300 paramilitares a sus tierras, Pogue también. De hecho, actualmente, el Eln y los grupos paramilitares de las Agc son los que ejercen el control territorial en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá. Nadie lo desconoce.

Al día siguiente, tras la velación, navegando por el río Bojayá estos 23 cofres volvieron a Bellavista para ser enterrados.

Se dice que conversar es volver visible lo oculto, correr el velo del silencio, por eso, antes de proceder al entierro en Bellavista Nuevo, fue requerimiento cumplir con el protocolo de entrega, y durante cinco días los equipos de la Fiscalía y de Inmlcf dieron las explicaciones científico técnicas a cada uno de los familiares, acompañados por los y las sabedoras de la comunidad, quienes guiaron espiritualmente el proceso.

La noche del 17 al 18 fue la última velación. Un altar de madera recién construido fue el lugar de su última despedida. Allí, reposaron junto a la cruces de las fosas en las que permanecieron tantos años. Pero antes de la velación, en la mañana, tuvo lugar el acto político se esperaba al presidente Iván Duque, quien nunca llegó, pero llegaron otras instituciones y embajadas a emitir sus discursos. Sólo para la ocasión, justo para las palabras ante micrófono. Y antes de que fuesen enterrados los muertos ya no estaban en Bellavista, igual que los grandes medios de comunicación. Curiosamente, o premeditadamente, ningún delegado de las instituciones oficiales nombró la palabra Justicia, parece ser que en entornos con tanta barbarie y violencia, uno debe acostumbrarse a que la justicia no se contemple ni a corto, ni a mediano plazo.

 

 

El Comité de Víctimas tomó la palabra, para expresar los desafíos que tienen por delante. Este no es el fin, insistieron. Y por su parte la Diócesis de Quibdó leyó la última Carta Abierta escrita al Presidente en la que alertó y denunció la situación actual de violencia, así como la inminente posibilidad de una nueva masacre. La carta fue firmada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó: “[…] hoy las Farc-Ep han salido del territorio, ante la falta de implementación, el Eln ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil” […] (hacen) “presencia en los centros poblados especialmente los paramilitares quienes exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”. El 21 de abril del 2004 ya habían dirigido otra Carta Abierta al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, denunciando la sistemática violación a los derechos humanos. Y días antes de que ocurriera la masacre también habían advertido del inminente peligro. Pero, nadie parece escucharles.

Por la noche, con la fuerza de la tradición, las alabadoras no dejaron de cantar. De compartir el dolor. E igual que en Pogue, se jugó a las cartas y al dominó. Pasadas las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, el sentimiento se hizo cada vez más presente. Amaneció, y con la luz del día comenzó la eucaristía. Al terminar, cada familia recibió el ataúd de su ser querido para enterrarlo en el mausoleo. Y en esos momentos fue cuando el dolor rasgó los cuerpos que lloraban por sus víctimas. Es el doloroso instante en el que la lápida reposa sobre el ataúd. Y sin haber terminado el novenario, asesinaron a dos personas, sus cuerpos aparecieron en el río Bojayá. Ojalá ahora puedan descansar en paz. Aunque sean los muertos, porque a los vivos, la muerte acecha.
Las masacres son irreparables, y pareciera que no van a dejar de suceder

Sin embargo, muchos titulares y consignas de aquellos días de noviembre aludían al cierre del duelo, al punto final. Pero, ¿se puede, cuando el riesgo de una nueva masacre es tan inminente? Pocos medios hicieron entonces eco de la última Carta Abierta en la que se alertaba de este riesgo, hasta que en diciembre saltó a la prensa la llegada de cientos de paramilitares a Pogue, Corazón de Jesús, la Loma de Bojayá y Cuía. Y ya hacía tiempo que los grupos paramilitares se habían tomado la región de Bahía Solano, Carmen del Darién, Domingodó, Riosucio o el Golfo de Urabá. Nadie lo desconoce. ¿Cuáles son los intereses territoriales en la región?

Mientras, la solución aportada por el Estado ha sido, por lo general, enviar más Ejército. A pesar de que las organizaciones en su Carta Abierta alertaron de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo. Y de hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó en el 2019 profirió una sentencia condenatoria al Estado por omitir su función de proteger a la población el día de la masacre. Entonces, ¿cómo va a ser esta la solución?

Dicen que a la violencia uno se acostumbra, pero más bien se sobrevive a ella, porque está demasiado presente. Así, en Bojayá, los cortes de luz son frecuentes, dada la elevada corrupción y venta del Acpm que llega a las comunidades para sus plantas municipales. No hay buenas instalaciones hospitalarias y muchos pueblos no tienen acueducto que funcione. Moverse por el río es demasiado costoso. Estudiar, para los jóvenes, es un privilegio que requiere irse. Apenas hay oportunidades de trabajo y vivir del campo es cada día más difícil. Los desplazamientos forzados son muy elevados y no dejan de suceder. La pesca se redujo y el nivel de contaminación de los ríos es alarmante por la presencia, entre otros, de la minería ilegal. La lista de violencias sigue en uno de los territorios más majestuosos en cuanto a naturaleza se conoce.

Y mientras tanto, entregaron 100 ataúdes. Cumplieron con el derecho de algunos familiares a enterrar a sus muertos. Solo de algunos. ¿Qué sucede con las otras víctimas, las de antes de la masacre?, y ¿con las que vendrán después?, ¿qué sucede con esos cuerpos que no podrán ser recuperados del río y con aquellos que nadie quiere exhumar? De hecho, el mismo Domingo Chalá recuerda cada uno de los cuerpos recuperados del río que ha enterrado en ese mismo cementerio donde exhumaron a las víctimas de la masacre. Allí siguen. Sin identificar. Esperando ser exhumados y sus familiares esperando que lleguen. Al final diera la sensación que siempre hay desigualdad, hasta en el trato dado a nuestros muertos.

¿Cuáles son los intereses estatales que llevan a priorizar una entrega y no otra? Demasiadas preguntas ausentes del debate político y cuyas respuestas son una acusación a la impunidad que todo proceso, falsamente transicional arrastra, cuando la violencia no cesa.

* Vea nuestro especial sobre Bojayá en www.entrelazando.com

Publicado enColombia
Tras 17 años de la masacre, los muertos vuelven. Bojayá. Recorridos por la tierra herida

Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá regresaron a su territorio tras un largo proceso de identificación. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2019 fueron entregados 100 ataúdes. 17 años después, no están todos. Hoy Bojayá permanece como una tierra herida, en la que el horror la inundó y seguirá inundándola ante el inminente riesgo de una nueva masacre. La muerte no se fue, aún duele y dolerá, porque los grupos armados nunca se fueron.

 

Es horrible. Se ha dicho una vez tras otra. No hay duda. Esta es la tierra del dolor de unos y de la avaricia de otros, ¿cuántas veces lo habrán dicho en estos 17 años? ¿qué son 17 años? Una cifra. Ojalá fuera eso, sólo una cifra. Pero el 2 de mayo de 2002 ocurrió ese momento en el que una pipeta lanzada por las Farc, en un fuego cruzado con los paramilitares de las AUC, explotó en la iglesia de Bellavista, donde se había refugiado la población, e hizo que esta masacre se escuchará más allá del dolor de pueblos que venían sufriendo la violencia desde 1984 cuando las Farc llegó a sus territorios y se encrudeció cuando los paramilitares, en diciembre de 1996, llegaron para quedarse.

Domingo Chalá, quien siempre ejerció como sepulturero en Bellavista, cuenta como desde los años 90, a orillas del río Atrato los cuerpos flotaban, aparecían y nadie podía tocarlos, si no querían correr la misma suerte. De esta barbarie no hay ni siquiera cifras, no se habla de ella, solo queda el horror, su dolor y los recuerdos de cómo los paramilitares a quien montaban en su embarcación “rumbo al cielo”, jamás se le volvía a ver. Asesinatos. Torturas. Desapariciones. Desplazamientos forzados. Amenazas. Robos de motores, víveres y combustible. Bloqueo económico. La violencia no tiene fin y las comunidades lo denunciaron en la “Declaración por la vida y la paz” el 12 de septiembre de 1999. Hoy, febrero de 2020, la situación sigue siendo alarmante.

 

 

Por algo se dice, que algún día el Estado deberá reconocer esta larga memoria de la violencia en el Chocó.

Tratando de responder a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de enterrar a los muertos?, el 11 de noviembre del 2019, llegaron 100 ataúdes custodiados desde Medellín hasta el aeropuerto de Vigía del Fuerte (Antioquia), para ser entregados a la comunidad. De esos 100 ataúdes, 78 contienen los restos óseos de las víctimas identificadas; 8 están vacíos pero con nombres, representan los que aún están desparecidos; 9 son de los bebés en gestación, y uno que se dice que nació en la iglesia, todos ellos, también murieron; 1 ataúd más contiene el cuerpo de un niño entre 4 y 8 años que no ha podido ser identificado; 2 más, son las 2 entregas simbólicas que se realizaron; y los 2 últimos contienen los restos óseos que no han podido ser identificados por el momento, es la fosa nº75. En total, 100 ataúdes, a los que hay que sumar una cifra que nadie se ha atrevido a pronunciar. Que nadie se atreve a reconocer. ¿Cuántos son los muertos en Bojayá desde la década de los ochenta hasta hoy? Tendemos a olvidar los muertos de una masacre con la siguiente, como si el pasado se borrara y no reclamara justicia.

La identificación de urgencia de los cuerpos, realizada aquellos días de la masacre, y que llevó a enterrarlos como pudieron en fosas comunes, se fue complementando con las necropsias realizadas a partir de las exhumaciones que desde el 2002 y hasta el 2004 la Fiscalía realizó. Si bien, todo fue tomando su tiempo, y ya no hay dudas de que esos cuerpos no fueron bien identificados, ni estudiados, ni individualizados, ni siquiera tuvieron un digno entierro. Si la vida no importa, ¿cómo va a importar la muerte? Lo que quedó evidenciado, cuando en noviembre del 2016, la Fiscalía presentó su informe a la comunidad. ¿Cómo murieron sus familiares? y ¿dónde está cada parte de su cuerpo? no fue debidamente resuelto en todos los casos.

 

Dicen que la armonía es ese orden de la vida que vincula a cada quien a su tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando no es tu tierra donde yace tu cuerpo?, ¿cuándo no hay tumba donde llorar?, ¿cuándo tu cuerpo se mezcló con el de otro, y otro, y otro?

El tiempo siguió pasando, mientras la comunidad exigía un trato digno a sus muertos, para al menos poder enterrarlos en tumbas con sus nombres y no en fosas comunes, mezclados. Pero, no fue hasta que el Comunicado 062 de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, habilitó el camino para que el CTI de la Fiscalía volviese a Bojayá. Y así en el 2017 el mismo topógrafo que participó en las diligencias del 2002 marcó los cuatro puntos de cada una de las fosas para comenzar a exhumar y enviar los cuerpos encontrados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal (Inmlcf).

Dos largos años después, los muertos volvieron a su tierra en dos helicópteros de la ONU. Así fue como llegaron esos 100 ataúdes de ese tamaño en el que ningún cuerpo recién muerto cabría, pero sí nuestros huesos apilados, juntos, uno al lado del otro. En color blanco los ataúdes con los bebés, niños y niñas; y en marrón los jóvenes y adultos.

Respetando las tradiciones, los cofres recorrieron su territorio herido. La primera parada fue en Bellavista Viejo, donde explotó la pipeta. Allí, uno a uno de los ataúdes descendieron de la barca y fueron entregados a sus familias. El reencuentro se hizo tacto y reposaron sobre sus manos. En fila los fueron llevando hasta el interior de la iglesia. Coincidiendo en el dolor fueron caminando, dejando a su lado izquierdo y derecho las ruinas del pueblo donde la naturaleza es la única que rebosa de vida. Para 23 ataúdes la siguiente parada fue Pogue. Allí, en su tierra natal, fueron velados durante una noche.

 

Alabar es cantar a los muertos, despedirlos

 

Esa noche los ataúdes reposaron en el altar que la comunidad había construido para la ocasión, respetando con el cariño que todo muerto merece, su ansiada despedida. Porque alabar es acompañarlos en el paso del alma al mundo de los ancestros, para no condenarlos a deambular entre los vivos. Alabar es dolerse públicamente por el dolor del otro, por el dolor compartido. Por ello, las alabadoras cantaron desde que estos cuerpos regresaron a Bojayá, y así transcurrió el viaje hasta Pogue. Llovió. Salió el sol. Y siguió lloviendo. Y ellas siguieron cantando.

Amanecer cantando. Velándolos. La comunidad preparó comida. Juegos de dominó y cartas. Conversaciones. Tinto a base de maíz. Dolor y mucha tristeza. Porque no importa que hayan pasado 17 años, el dolor está. Y ese dolor y miedo sigue presente porque la violencia de los grupos armados no ha cesado. Por eso es que las comunidades emberas de los alrededores están confinadas, y desde el 31 de diciembre de 2019, con la llegada de más de 300 paramilitares a sus tierras, Pogue también. De hecho, actualmente, el Eln y los grupos paramilitares de las Agc son los que ejercen el control territorial en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá. Nadie lo desconoce.

Al día siguiente, tras la velación, navegando por el río Bojayá estos 23 cofres volvieron a Bellavista para ser enterrados.

Se dice que conversar es volver visible lo oculto, correr el velo del silencio, por eso, antes de proceder al entierro en Bellavista Nuevo, fue requerimiento cumplir con el protocolo de entrega, y durante cinco días los equipos de la Fiscalía y de Inmlcf dieron las explicaciones científico técnicas a cada uno de los familiares, acompañados por los y las sabedoras de la comunidad, quienes guiaron espiritualmente el proceso.

La noche del 17 al 18 fue la última velación. Un altar de madera recién construido fue el lugar de su última despedida. Allí, reposaron junto a la cruces de las fosas en las que permanecieron tantos años. Pero antes de la velación, en la mañana, tuvo lugar el acto político se esperaba al presidente Iván Duque, quien nunca llegó, pero llegaron otras instituciones y embajadas a emitir sus discursos. Sólo para la ocasión, justo para las palabras ante micrófono. Y antes de que fuesen enterrados los muertos ya no estaban en Bellavista, igual que los grandes medios de comunicación. Curiosamente, o premeditadamente, ningún delegado de las instituciones oficiales nombró la palabra Justicia, parece ser que en entornos con tanta barbarie y violencia, uno debe acostumbrarse a que la justicia no se contemple ni a corto, ni a mediano plazo.

 

 

El Comité de Víctimas tomó la palabra, para expresar los desafíos que tienen por delante. Este no es el fin, insistieron. Y por su parte la Diócesis de Quibdó leyó la última Carta Abierta escrita al Presidente en la que alertó y denunció la situación actual de violencia, así como la inminente posibilidad de una nueva masacre. La carta fue firmada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó: “[…] hoy las Farc-Ep han salido del territorio, ante la falta de implementación, el Eln ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil” […] (hacen) “presencia en los centros poblados especialmente los paramilitares quienes exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”. El 21 de abril del 2004 ya habían dirigido otra Carta Abierta al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, denunciando la sistemática violación a los derechos humanos. Y días antes de que ocurriera la masacre también habían advertido del inminente peligro. Pero, nadie parece escucharles.

Por la noche, con la fuerza de la tradición, las alabadoras no dejaron de cantar. De compartir el dolor. E igual que en Pogue, se jugó a las cartas y al dominó. Pasadas las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, el sentimiento se hizo cada vez más presente. Amaneció, y con la luz del día comenzó la eucaristía. Al terminar, cada familia recibió el ataúd de su ser querido para enterrarlo en el mausoleo. Y en esos momentos fue cuando el dolor rasgó los cuerpos que lloraban por sus víctimas. Es el doloroso instante en el que la lápida reposa sobre el ataúd. Y sin haber terminado el novenario, asesinaron a dos personas, sus cuerpos aparecieron en el río Bojayá. Ojalá ahora puedan descansar en paz. Aunque sean los muertos, porque a los vivos, la muerte acecha.
Las masacres son irreparables, y pareciera que no van a dejar de suceder

Sin embargo, muchos titulares y consignas de aquellos días de noviembre aludían al cierre del duelo, al punto final. Pero, ¿se puede, cuando el riesgo de una nueva masacre es tan inminente? Pocos medios hicieron entonces eco de la última Carta Abierta en la que se alertaba de este riesgo, hasta que en diciembre saltó a la prensa la llegada de cientos de paramilitares a Pogue, Corazón de Jesús, la Loma de Bojayá y Cuía. Y ya hacía tiempo que los grupos paramilitares se habían tomado la región de Bahía Solano, Carmen del Darién, Domingodó, Riosucio o el Golfo de Urabá. Nadie lo desconoce. ¿Cuáles son los intereses territoriales en la región?

Mientras, la solución aportada por el Estado ha sido, por lo general, enviar más Ejército. A pesar de que las organizaciones en su Carta Abierta alertaron de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo. Y de hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó en el 2019 profirió una sentencia condenatoria al Estado por omitir su función de proteger a la población el día de la masacre. Entonces, ¿cómo va a ser esta la solución?

Dicen que a la violencia uno se acostumbra, pero más bien se sobrevive a ella, porque está demasiado presente. Así, en Bojayá, los cortes de luz son frecuentes, dada la elevada corrupción y venta del Acpm que llega a las comunidades para sus plantas municipales. No hay buenas instalaciones hospitalarias y muchos pueblos no tienen acueducto que funcione. Moverse por el río es demasiado costoso. Estudiar, para los jóvenes, es un privilegio que requiere irse. Apenas hay oportunidades de trabajo y vivir del campo es cada día más difícil. Los desplazamientos forzados son muy elevados y no dejan de suceder. La pesca se redujo y el nivel de contaminación de los ríos es alarmante por la presencia, entre otros, de la minería ilegal. La lista de violencias sigue en uno de los territorios más majestuosos en cuanto a naturaleza se conoce.

Y mientras tanto, entregaron 100 ataúdes. Cumplieron con el derecho de algunos familiares a enterrar a sus muertos. Solo de algunos. ¿Qué sucede con las otras víctimas, las de antes de la masacre?, y ¿con las que vendrán después?, ¿qué sucede con esos cuerpos que no podrán ser recuperados del río y con aquellos que nadie quiere exhumar? De hecho, el mismo Domingo Chalá recuerda cada uno de los cuerpos recuperados del río que ha enterrado en ese mismo cementerio donde exhumaron a las víctimas de la masacre. Allí siguen. Sin identificar. Esperando ser exhumados y sus familiares esperando que lleguen. Al final diera la sensación que siempre hay desigualdad, hasta en el trato dado a nuestros muertos.

¿Cuáles son los intereses estatales que llevan a priorizar una entrega y no otra? Demasiadas preguntas ausentes del debate político y cuyas respuestas son una acusación a la impunidad que todo proceso, falsamente transicional arrastra, cuando la violencia no cesa.

* Vea nuestro especial sobre Bojayá en www.entrelazando.com

Publicado enEdición Nº265
Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente  y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”.  Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171).  Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”.  Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”.  En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado  28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”.  Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 25 de 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Febrero 2020 06:13

El síndrome de Popeye

El síndrome de Popeye

 “Hay una cultura mafiosa incrustada en el ADN de la sociedad colombiana, una cultura gangsteril que se ha expresado en la política. […] Tenemos un narco estado, una narco democracia. Aquí ha habido presidentes que llegaron a la Casa de Nariño por el narcotráfico, ha habido presidentes con vínculos directos con Pablo Escobar, el Congreso ha contado en estas décadas con decenas de representantes del narcotráfico y, eso, indudablemente se ha trasladado a los medios de comunicación que han ido involucrando en su actividad diaria una idea de país que tiene mucho que ver con la cultura mafiosa”.

Karen Méndez Loffredo, “Popeye era el payaso del Cartel de Medellín”, en https://mundo.sputniknews.com/america-latina/

El 6 de febrero murió en la ciudad de Bogotá, John Jairo Velásquez, alias Popeye, un asesino que había sido sicario a sueldo de Pablo Escobar y, con orgullo cínico, había contado con detalle muchos de sus numerosos crímenes. Luego de su muerte, el general Eduardo Enrique Zapateiro manifestó su pesar por lo que consideró, de una forma implícita, como una lamentable noticia: “Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos».

Esta apología de un criminal nato por parte del comandante activo del Ejército de Colombia no ha sido ningún lapsus lingüístico, ni una apreciación apresurada, ni un comentario anecdótico. Es, por el contrario, una clara expresión de lo que podemos denominar el Síndrome de Popeye, una patología criolla que podría resumirse con el lema “gran parte de los colombianos lleva un paraquito y un traquetico en su corazón”. Recordamos que, según la RAE, por síndrome pueden entenderse dos cosas: primero, un “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado” y, segundo, un “conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”. Las dos acepciones del término se aplican al pie de la letra al caso colombiano, donde una buena parte de la población padece el Síndrome de Popeye, como lo evidencian las declaraciones antes citadas de un general activo, del más alto rango en la jerarquía castrense.

El síndrome de Popeye, ese mal que carcome a nuestra sociedad, se ha convertido en un nuevo sentido común de la colombianidad (cuyo lema favorito es “Colombia es pasión”) que reúne los peores atributos gansteriles del capitalismo (o capitalismo gore, sangriento), entre los cuales pueden nombrarse el arribismo, el culto al dinero y a los poderosos, el desprecio a los pobres y a los trabajadores (el clasismo), la reducción de la mujer a un objeto sexual y su degradación como ser humano (sexismo, misoginia, machismo), el racismo, el culto a la violencia y a la muerte, el rechazo visceral a izquierda, democracia o reivindicaciones sociales (sustentado en un descarnado anticomunismo), el desprecio por el saber y la cultura letrada, la apología de lo ordinario y vulgar, del ruido, del escándalo, de la ostentación… En breve, es una sumatoria de dinero, violencia, arribismo e impunidad, como lo ejemplifican los personajes que se han hecho dominantes en la sociedad colombiana, entre ellos los futbolistas, cantantes (masculinos y femeninos), politiqueros, gente de la farándula, presentadores de televisión…

Esta patología colombiana, que ya se exporta a nivel mundial no sin cierta dosis de orgullo chovinista, como lo ejemplifican las brillantes intervenciones de Iván Duque en destacados foros culturales y diplomáticos (Unesco, ONU), no ha caído del cielo, no es un castigo divino, ni tampoco está en los genes de los colombianos. Es un resultado de múltiples factores, que ameritan una explicación histórica, que nos remite a los últimos 35 años de nuestra tragedia, momento en el que confluyen varios factores, tales como la emergencia y consolidación del empresariado capitalista de la cocaína (mal denominado como narcotraficantes), importantes luchas sociales y movilización popular que va a ser ahogada a sangre y fuego por el paramilitarismo, promovido, organizado y financiado por una alianza siniestra de los Estados Unidos (a través de sus socios ingleses e israelitas) con el Estado colombiano e importantes sectores de las clases dominantes de este país.

Eso se fraguó en la zona antioqueña del Magdalena Medio y se puso en práctica inicialmente en el submundo de Medellín, en donde el culto al dinero, con una violencia sádica, el exterminio de los que eran vistos como estorbo (profesores, estudiantes, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda…) se convirtió en la norma de identificación de ese sector que luego dominó la economía, la sociedad y la política colombiana. La figura prototípica que encarnó como nadie ese nuevo modelo fue el capo Pablo Escobar Gaviria, al lado del cual se formaron criminales como Popeye. Y Escobar creó un entorno delincuencial que fue acogido en las altas esferas del Estado y las clases dominantes, que transformó el capitalismo colombiano, para darle un impulso duradero a ese comportamiento gansteril, y a la estética traqueta que lo caracteriza.

Aunque Pablo Escobar murió en 1993 su legado criminal se ha mantenido desde entonces, alimentado por varias fuentes, entre ellas la del político del entorno del Cartel de Medellín que llegó a ser gobernador de Antioquia y luego presidente del país, y la de los medios de desinformación (Caracol, RCN, El Tiempo, Semana…) que se han encargado de presentar a los criminales como héroes y ejemplos a imitar. Se construyó en Colombia, como resultado de los procesos antes señalados, un capitalismo gore (esencialmente criminal), cuyo sentido común lo forjó Pablo Escobar, lo legitimó el uribismo y lo expresa como uno de sus principales símbolos el sicario Popeye.

No por casualidad este individuo se regodeaba, con un sadismo inocultable, de sus múltiples asesinatos y acciones criminales, que muestran con toda crudeza los síntomas de ese Síndrome que se ha impuesto en la sociedad colombiana. Algunos de sus rasgos son evidentes, vistos a través de algunas de afirmaciones y acciones. Primero su presencia en la sociedad colombiana, como si hubiera sido un gran pensador, lo cual fue posible por la difusión consciente por parte de los grandes medios de desinformación, en la que en este caso se lleva las palmas Caracol, que le hizo una serie de televisión con el nombre de JJ y la que alcanzó los máximos raftings en sintonía. Esa serie es una apología del crimen que le dio popularidad a un vulgar sicario, que al mismo tiempo se presentaba como un youtuber y twitero, y cuanta estupidez se le ocurría era amplificada por medios como Caracol y compañía. Esta es una cota muy elevada de exhibición de la cultura traqueta, en la que la televisión comercial ha jugado un papel de primer orden. Tanto que puede decirse que en la TV colombiana se han institucionalizado dos programas: El Minuto de Dios (una concesión perpetua a los curas eudistas, a los que pertenecía Rafael García Herreros, quien llamaba a Pablo Escobar “Pablito” y de quien recibió dinero) y La Hora Traqueta, para series y telenovelas donde se engrandece a los narcos y sus sicarios.

Otro rasgo de Popeye es la obediencia al Patrón (como llamaban a Pablo Escobar), una reminiscencia del poder de los grandes hacendados y latifundistas que desde el siglo XIX han dominado este país. Esa sumisión llega al extremo de matar solo por cumplir los designios del Patrón y por eso al pueblo colombiano se le ha querido imponer (y lo han logrado en importantes sectores de la sociedad) la sumisión, la obediencia, la resignación ante el poder de capos y gamonales, bien sean traquetos declarados o encubiertos, como los que han alcanzado hasta la presidencia de la República. Y por ello mismo Popeye los adoraba a los dos, al Patrón del Cartel de Medellín y al Patrón del Centro Demoniaco (el heredero del primero), lo que indica que tras la muerte de Escobar, Popeye simplemente cambió de Patrón.

Pero, de lejos el rasgo más detestable de Popeye y le genera más popularidad, es su encarnación de la violencia, en el sentido de expresar el poder que da la impunidad de los ricos y opulentos (como el propio Escobar), que disponen de la vida de los demás, como si fueran de su propiedad. Que un individuo se regodee, como si fuera un gran orgullo, de haber matado en forma directa a 300 personas y de haber participado en la muerte de 3000, es un indicador de lo que es un sicópata. Lo preocupante radica en que esa violencia bestial en lugar de generar un rechazo social, le granjeó afectos y amistades de colombianos comunes y corrientes, para quienes representa el macho, el duro, el despiadado, como ejemplo a seguir y a imitar. Tanto así que ahora ese rasgo de violencia caracteriza el comportamiento de muchos políticos colombianos, uno de los cuales se destaca por haber justificado el asesinato de miles de colombianos, masacrados bajo la denominación de falsos positivos y el sub presidente avala el bombardeo criminal en el que fueron masacrados 18 niños.

Otro rasgo de Popeye que se ha convertido en norma en la sociedad colombiana es el desprecio a las mujeres, reducidas a un puro objeto sexual, vilipendiadas como seres humanos y sometidas a la violencia, por ser consideradas como inferiores. Al respecto el hecho más despreciable en términos de humanidad, pero más apreciado como muestra del machismo criminal, fue el asesinato por parte de Popeye de su propia novia, para cumplir las órdenes de Pablo Escobar y demostrar su sumisión incondicional a la lógica patriarcal, que genera un feminicidio diario, que poco nos avergüenza y se ha hecho dominante en la vida cotidiana de los hogares colombianos, sin importar la clase social.

Desde el punto de vista político la expresión más evidente del Síndrome de Popeye es el odio a lo que huela a izquierda, reivindicaciones sociales y mejora de las condiciones de vida de la población pobre. Para enfrentar cualquier proyecto medianamente reformista que se atreva a cuestionar el orden terrateniente-financiero-paramilitar dominante en nuestro país, Popeye nunca ocultó que lo combatiría a sangre y fuego, como cuando anunció que “si al poder de Colombia llega la izquierda, armará su ejército de extrema derecha para defenderla”. Y en otra ocasión por las redes sociales dijo: “Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Afirmaciones traquetas como la anterior, que se han convertido en la jerga cotidiana de los políticos del establecimiento y de gran parte de la mal llamada “opinión pública”, no son solo amenazas. Son algo peor, la justificación de lo que se ha hecho en este país, por el conjunto de las clases dominantes y el Estado (bloque de poder contrainsurgente) en los últimos 70 años, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo sintomático, además, es que ese comportamiento criminal, propio del miedo a la democracia que profesan los viejos y nuevos ricos y sus sicarios, se ha convertido en una suerte de sentido común político de un numeroso sector de colombianos, para los cuales el asesinato, la desaparición y persecución de aquellos que piensen distinto está más que justificado. No por azar, Popeye participó como un vocero de la extrema derecha en el referéndum de 2016, apoyando abiertamente el no y también respaldó a Duque en la campaña presidencial.

Otro síntoma esencial del Síndrome de Popeye es el clasismo, irradiado desde las altas esferas del poder político y económico que supone el desprecio a los pobres, campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres humildes… para venerar a los ricos y poderosos (nuevos y viejos), y exaltar el dinero, en medio de una morbosa exhibición del lujo y un desprecio por los que nada tienen.

Ha sido otro militar, en esta caso retirado, el ex general Mario Montoya quien ha mostrado este clasismo cuando refiriéndose a los asesinatos (denominados eufemísticamente como “falsos positivos”) en los que está involucrado, para librarse de responsabilidades sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los culpables de esos crímenes son los soldados rasos: “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”. Aparte del clasismo que destila esta afirmación, ahora resulta que los responsables de los asesinatos, preparados desde las altas cumbres del poder político y militar del que Montoya formaba parte, son los pobres. ¡Bonita forma de lavarse las manos, por lo demás untadas de sangre, de un “héroe de la patria” carcomido por el Síndrome de Popeye!

Esta tampoco es una declaración apresurada o no pensada de un militar (como la del Comandante del Ejército), es por el contrario una muestra representativa del clasismo imperante en este país, donde cunde el desprecio por los pobres y desvalidos, los cuales para quienes padecen el Síndrome de Popeye, son los nadies, como diría Eduardo Galeano, “que cuestan menos que la bala que los mata”.

En conclusión, el Síndrome de Popeye perdura más allá de la reciente muerte física del sicario del Cartel de Medellín, puesto que es un virus que se ha proyectado por la sociedad colombiana durante los últimos veinte años, impulsado desde la Casa de Narquiño por un finquero paisa que, como heredero de Pablo Escobar, alcanzó la presidencia de la República. Ese virus ha inoculado a importantes sectores de la población con su culto a la patria, la familia, la venganza, el odio, la brutalidad, la ostentación, la impunidad, a los sicarios y matones (tanto del país como del exterior y de ahí su admiración por criminales de la talla de Donald Trump y los sionistas del Estado de Israel). Como lo ha dicho Omar Rincón, Popeye es “como los políticos, los abogados, los expresidentes, los empresarios, los emprendedores, los críticos, los periodistas y, más aún, la farándula”. Todos ellos expresan la estética traqueta, de origen paisa, que se basa en ser gritón, violento, y “derechoso, religioso y finquero”

Desde luego, no todos los colombianos padecen el Síndrome de Popeye y porciones significativas de la población que lo han soportado ya están encontrando la cura que los libre de tan peligroso virus, más destructivo que el coronavirus, como se ha expresado en la extraordinaria movilización de fines del año anterior, porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Eso también se aplica al Síndrome de Popeye que empieza a borrarse en grandes sectores de la sociedad urbana colombiana, que han empezado a romper con el paramilitarismo de los uribeños, cuya hegemonía está seriamente cuestionada después de 20 años de su dominio criminal.

Por Renán Vega Cantor | 26/02/2020 

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Estanislao Zuleta: rebeldía intelectual y democracia radical.

Aquel sábado 17 de febrero de 1990, solitario en su apartamento del barrio Meléndez de Cali, Estanislao Zuleta dejaría de entregarle al mundo sus últimas expresiones de rebeldía intelectual. A 30 años de su partida, su obra se convertiría en precursora y dejaría aportes sugerentes para lo que luego sucedería: décadas después los colombianos hemos sido testigos de la transición de la guerra a la paz, de la superación parcial de la confrontación armada y la adaptación colectiva gradual a una saludable disputa ideológica.

Vivimos actualmente en medio de un maremágnum social, producto de un acumulado de luchas históricas libradas por décadas, traducidas en el ascenso de las movilizaciones, los movimientos ciudadanos, y una multiplicidad de demandas populares que reclaman cimentarse y superar el descontento espontáneo.

Los aportes de Estanislao Zuleta en el campo educativo, literario, y su crítica feroz al "dogmatismo mecanicista", son un desagravio  teórico, que es digno de ser rescatado en este siglo XXI, dominado por la inmediatez, la levedad y el conocimiento compartimentado por profetas, salvadores, y advenedizos “expertos”.

La conexidad con que Zuleta supo articular tan variados tópicos ayuda en tiempo presente a dotar de contenido a un conglomerado de iniciativas subalternas que en el plano cultural, económico, social, y político, de la Colombia contemporánea, no logran definir una identidad única que antagonice con el sentido común  hegemónico de las élites criollas.

Zuleta despreció los credos, las verdades reveladas, las ideas vedadas, el aburguesamiento y la domesticación de su pensamiento. Por eso prefirió pensar por sí mismo a convertirse en un cómodo administrador de ideas ajenas. En vida prefirió cuestionar, provocar y disfrutar de su papel de piedra en el zapato de lo predestinado, de lo establecido.

Estanislao marcó un hito en las ciencias sociales latinoamericanas por haber sido el precursor del maridaje entre el psicoanálisis freudiano y el marxismo, herencia de su profunda pasión por la obra de Jean Paul Sartre, para quien la dicotomía entre palabra y acción fue siempre paradójica, problemática. Reinterpretar el marxismo sin nociones esquemáticas, y sin determinismo, le permitió entender a este pensador antioqueño la importancia de la singularidad de los dramas particulares, asfixiados por la reduccionista “lucha del proletariado y los desposeídos contra el capital”.

Zuleta se dio cuenta de la necesidad de defender una democracia radical, por parte de las izquierdas en la sociedad colombiana, al  final de los años ochenta, en tiempos marcados por la Perestroika y el Glasnot soviético,  respuestas tardías a las fallas del capitalismo de Estado en la moribunda “cortina de hierro”.

Mientras Zuleta defendía las noción de democratizar la democracia y darle cabida a los disensos en la Colombia política dominada por el tándem liberal-conservador, en otras latitudes sus tesis coincidían cronológicamente, probablemente sin haberlas leído nunca, con las de nuevos pensadores adscritos al denominado postmarxismo[2] (Zizek, Laclau) que entendieron la necesidad de reinventar la izquierda haciendo del afloramiento de múltiples disensos la forma de ampliar los linderos de la participación popular y de romper con el desprecio del comunismo por la democracia representativa.

Zuleta dedicó la última década de su vida, sus últimos esfuerzos, a una incansable tarea pedagógica en materia de paz y democracia como asesor cultural y de derechos humanos de los Gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Su forma de leer el futuro democrático de la convulsa Colombia de finales de los años ochenta coincidía con el pluralismo agonístico de Chantal Mouffe, que defiende el sentido de lo político como conflictividad continua y hace una clara diferenciación entre enemigo y oponente, frontera que separa  al antagonismo del agonismo[3].

Su Conferencia en Santo Domingo (Cauca) ejemplificó su profundo compromiso por ensanchar las fronteras de la política, y lo político, en la sociedad colombiana. Aquel 14 de mayo de 1989 Zuleta, ante un puñado de guerrilleros en proceso de reincorporación, señalaba "Una característica esencial de la mentalidad democrática, en un sentido moderno, es la aceptación del pluralismo por la sola razón de la imposibilidad de conseguir la unanimidad. Los hombres, los partidos, los grupos de intereses, piensan distinto; las gentes tienen diversas opiniones, creencias, religiones, gustos. Someternos a una sola idea o creencia produce terror absoluto, aunque por el terror es imposible someter al ser humano”[4].

 

Ese carácter indómito de la obra de Zuleta lo llevó no solo a enfilar baterías en sus escritos, intervenciones, y conferencias contra el establecimiento liberal-conservador, sino contra los aparatos burocráticos, los comités sindicales, y  todo lo que él categorizaba como los “especialistas en revolución", de raigambre estalinista en su mayoría[5]

Para Estanislao era inconcebible la coalescencia entre el igualitarismo abstracto del socialismo real, y la defensa férrea que la teoría de Marx hacía del individualismo radical, una interpretación que se acercaba de forma más concreta a los problemas reales del hombre.

Sus cuestionamientos principales a estas estructuras, a las cuales enfrentó

durante su paso por el Partido Comunista (PC) de Gilberto Vieira, se centraban en dos aspectos: 1) la idealización que realizaban de los desfavorecidos, a quienes consideraban, como bien lo señala Eduardo Gómez   “una especie de sector predestinado a realizar la revolución”[6]; 2) la supresión que éstas estructuras ejercían sobre cualquier resquicio de individualidad, y de diferenciación, entre los miembros que componían a tan homogéneas colectividades.

Como era de esperarse dichos desencuentros dialécticos en el seno del PC, lo llevaría a abandonar sus filas en 1963 y a crear, junto a Mario Arrubla y Oscar Hernández, su propio partido: el Partido para la Revolución Socialista, disuelto en 1965 por las acaloradas discusiones internas, en las cuales un sector influenciado por el triunfo de la revolución cubana, el nacimiento de las Farc, y el auge de las guerrillas en Latinoamérica abogaba por la defensa de la lucha armada como única forma de alcanzar el poder, al fragor de los albores del Frente Nacional.  

El alzamiento armado unilateral de las guerrillas, realizado de manera inconsulta con el pueblo que decía defender, se hacía intolerable para un demócrata radical como Estanislao. Ya entrados los comienzos de los ochenta, en su célebre ensayo “Sobre la guerra, esa borrachera colectiva” Zuleta maduraría ese distanciamiento a todo intento armado por acallar al otro al afirmar "Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo”[7].

Zuleta abandonó este mundo hace 3 décadas, sin presenciar como se cayeron a pedazos los vaticinios del nuevo orden mundial: no hubo fin de las ideologías, ni un idílico mundo sin guerra fría, sin conflictos y sin contradicciones.

Si todavía siguiera vivo,  es aventurado asegurar el papel que jugaría Estanislao Zuleta en estos tiempos de posverdad, pospolítica, y neoliberalismo en proceso de reformulación[8]. Podríamos atrevernos a lanzar una arriesgada hipótesis: probablemente sería un agudo crítico y polemizador vetado por los Gobiernos de turno, un burgués en continua rebelión contra esta absurda realidad que vivimos, dedicado a decirle a las ovejas que desconfíen profundamente de todos los pastores que quieren cuidarlas.

Por: Felipe Pineda Ruiz[1]

 

[1] Publicista, investigador social, colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Director del laboratorio de iniciativas sociales y políticas Somos Ciudadanos. Editor de www.democraciaenlared.com

[2] Corriente teórica que reformula las tesis del marxismo clásico, y el determinismo que éste atribuye a la clase obrera como bloque hegemónico del cambio. En su lugar el postmarxismo reivindica la lucha de la multiplicidad de resistencias e identidades colectivas por encima del homogéneo proletariado. El libro “hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia” (1985), de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe ahonda en las profundidades de este concepto.

[3] Mouffe, Chantal (1999), El retorno de lo Político. Paidós, Barcelona, 1999, ps. 207

[4] Conferencia dictada por Estanislao Zuleta el 14 de mayo de 1.989

 en Santo Domingo (cauca), en la denominada ciudadela de la paz, campamento del movimiento insurgente M-19, previo a la firma del armisticio entre el Gobierno Nacional y esta guerrilla.

[5] Zuleta, Estanislao (1985). Sobre la idealización en la vida personal y colectiva : y otros ensayos. Procultura S.A, Bogotá, Colombia, p.59.

[6] Gómez Eduardo (2011). Memorias críticas de un estudiante de humanidades en la Alemania Socialista & Zuleta: el amigo y el maestro. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, p. 59.

[7] Zuleta, Estanislao (1989). “La guerra, esa borrachera colectiva”, texto incluido en el libro Elogio de la Dificultad y Otros Ensayos de Hombre. Nuevo editores, Bogotá, Colombia.

[8] Como ha sucedido tantas veces, el gran capital mundial, y sus organismos multilaterales, han vuelto a hablar de capitalismo con “rostro humano”. Las recientes declaraciones de Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, de Christine Lagarde, nueva presidenta del Banco Central Europeo, y el Manifesto de la última reunion del Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, dan cuenta de este nuevo salvavidas teórico al neoliberalismo global.

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