Domingo, 09 Junio 2019 05:46

Momento decisivo. ¿Momento decisivo?

Momento decisivo. ¿Momento decisivo?

Todos queremos saber lo que el futuro presagia para nosotros acerca de cualquier cosa que sea importante.

Todos tendemos a creer que el futuro será lo que es el presente es. Si las encuestas muestran que vamos a tomar cierta decisión sobre algo que luce bien ahora, seguirá viéndose bien a medida que el futuro avance. Al mismo tiempo, es un fenómeno bien probado que no podemos recordar las decisiones de hace más de seis meses. ¿Cuál es el resultado de combinar estos dos hechos aparentes? Déjenme intentar explicar cómo funciona una combinación.

Un ejemplo sería la decisión con que la mayoría de la gente se preocupa –la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos. Aunque pensemos que el presente ofrece un panorama favorable para Donald Trump, me parece que es más complicado.

Todos los días y cada mañana nuevos elementos entran en el cuadro y por un escaso margen la predicción actual es menos válida. Esto continúa a lo largo del tiempo. Pensemos en ello como un tren que lentamente se aleja de la exactitud de nuestra predicción. Para el momento en que hayan pasado seis meses, la exactitud se redujo a casi cero.

Así, sería de lo más sensato comenzar donde estábamos hace seis meses y enfatizar nuevas cosas. Y digamos que esto predice lo que va a ocurrir. Por tanto, estamos urgidos de entender lo que ocurría hace seis meses. ¿Cómo podemos hacerlo?

Primero está nuestro recuerdo de ello, y en segundo lugar la evidencia pública extraída hace seis meses. Si las cosas le favorecían a Trump hace seis meses, se relegirá. Si las cosas eran menos buenas hace seis meses, no se -relegirá.

¿Qué tan buena es nuestra evaluación de lo que sentíamos hace seis meses? ¿Seis meses para quién? Votar en el estado de Oregon ya se cumplió y no hay nada que ocurra que pueda afectar esos votos.

Hay otros estados con diferentes reglas dependiendo de si el voto se toma en el estado o a escala local. Así que para saber lo que la gente sentía hace seis meses debemos combinar un estimado de hace seis meses para diferentes grupos de gente. Eso es, por supuesto, un muy complicado ejercicio matemático y no es muy probable que la gente lo ejecute bien.

Además, en Estados Unidos el voto se gestiona en un organismo llamado Colegio Electoral. Este Colegio Electoral no es una computadora, sino algo que se reúne. Para cuando se reúne, casi todos los electores han hecho promesas de cómo van a votar. No son requeridos legalmente a mantener sus promesas. Algunos han violado estas reglas en el pasado y otros lo harán en el futuro. Entonces nos percatamos de que es difícil predecir hoy el voto en el Colegio Electoral de mañana. Entonces algunos dirán que todo el asunto es algo que no vale la pena intentar para saber qué va a ocurrir.

¿Cómo predicen entonces? Algunos lo hacen por adivinación. Otros se rinden ¬totalmente.

¿Cómo podemos saber qué ocurrirá? ¿Hay alguna manera? Parece dudoso.

Podemos entonces entrar a un mundo totalmente cínico donde cada quién hace lo que siente que hay que hacer.

¡Así que es un momento decisivo! ¿Pero también un momento decisivo? Puede no ser un momento decisivo.

Traducción: Ramón Vera-Herrera

Publicado enPolítica
Lunes, 03 Junio 2019 10:32

El Estado y la revolución

El Estado y la revolución

El Estado y la revolución es una pieza imprescindible para quienes apostamos por una sociedad pos capitalista que, necesariamente, será pos estatal.

A partir del rescate de Marx, Lenin explica en esta obra que el Estado nace por las contradicciones de clase, es decir por la confrontación entre ellas, y para someter a los de abajo a los intereses de la clase dominante.

Lunes, 03 Junio 2019 10:27

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Hay personas que por su gesta o liderazgo, marcan un periodo de la historia del país en el que habitaron. Pese a ello, si no son convenientes para el establecimiento éste tratará de situarlos en sitial o escalón distinto al que merecen, es el caso de José Antonio Galán, líder rebelde comunero quien hace parte de la lista de aquellos que el bando ganador colocó entre los escalones inferiores de la historia colombiana.

A pesar de esa intención clasista (realista), las comunidades que en pleno siglo XXI prolongan su legado de rebeldía, sitúan la memoria de Galán en otro escalón. Porque hasta en la narración de la historia la lucha de clases se refleja nítida, como el agua. Confrontación que demanda recuperar y describir la memoria de este líder comunero como sujeto representante de una propuesta de nación adelantada para su época, la Colonia, siglo XVIII.

En este esfuerzo de analizar a Galán, puede resaltarse, en principio, consecuentes con sus ideas, su capacidad de situarse en función del otro, su visión y disposición unitaria, su mirada del territorio –lo que hoy denominamos país– así como su capacidad militar.

Su capacidad para situarse en función del otro, es lo primero por resaltar, pues es así como llega a liderar la rebelión comunera, al interiorizar las afectaciones de las comunidades producto de las políticas de impuestos y cobros desmedidos de la Corona. Es así como decide tomar las armas, sacrificando un estilo de vida familiar, junto a sus vecinos, y compenetrado con la comunidad, para poner en riesgo su ser ante un régimen sangriento. Esta premisa enmarca la personalidad de Galán.

Un estratega militar con malicia indígena

Ahora bien, en el campo militar resalta su astucia para engañar a las autoridades españolas. Cuando Galán se dirige a Honda, envía una carta con el mensaje falso de su rendición ante la Corona, con el ánimo de tranquilizar a las tropas españolas pues se conocía su recorrido por diferentes municipios de Cundinamarca. Luego de la carta cumplir su cometido, atacó Honda. Este tipo de tácticas incluyen el campo de la sicología en la guerra, al incidir en la psiquis del enemigo para desmovilizarlo, bajar la moral o hacer que cambien de bando, todo encaminado a la meta de ganar el conflicto armado. Por eso, el rumor es un recurso fuertemente explotado en una guerra que camina a la par de la capacidad bélica.

En ese momento del desarrollo de la rebelión comunera, cabe mencionar ese trayecto que traía Galán junto al resto de comuneros armados desde Santander. El cuál articula el otro rasgo distintivo de la personalidad del protagonista de este artículo, pero lo mencionaré después de exponer el trayecto comunero. Así es como, al salir de Mogotes con 16 compañeros de causa, el recorrido que tuvo luego fue Socorro, Facatativa, Villeta, Guaduas y luego Mariquita. Bajo las condiciones de aquella época de transporte y medios de comunicación lentos de territorio a territorio, se posibilitó adelantar mucho el proyecto comunero. Sin perder de vista este primera etapa comunera, pasamos a mencionar el siguiente aspecto de José Antonio Galán.

La empatía que cultivó entre los pueblos fue vital para el alcance político que tuvieron Los Comuneros. Pues Galán fue creciendo como un héroe criollo inspirador de una alternativa posible ante las injusticias de la Corona. Giró alrededor suyo un ejemplo a seguir, un respaldo militar y moral para aquellos que estaban atentos al desenlace de la rebelión, tanto así que el hecho de saber que el criollo estaba cerca a municipio y pronto pasaría allí era motivo suficiente para que la gente se organizara en cuerpos militares y capturaran a las tropas españolas, expulsaran las autoridades y se tomaran los recursos públicos, repartiéndolos entre la comunidad.

Un aguacero que inundó más allá de Santander

La ola de levantamientos y rebeldías atizados en el país se registran de esta manera: “[...] en Ubaté, los indios se niegan a pagar los tributos, las armas españolas tornan a rendirse ante él como trigos maduros que se doblan; Facatativá no piensa siquiera en resistir y es poseída jubilosamente por el vencedor […] un poco adelante, unas cuantas leguas hacia el occidente del camino que tomó Galán, un escalofrío libertario recorre la espina dorsal de la Mesa; el influjo se propaga a Tocaima; Villeta, Piedras y Guaduas […]”.

Al otro lado del Magdalena la historia se repite en diversos municipios: en Honda, Beltrán, Mariquita, los esclavos de la mina de Mal Paso, Ambalema, Coyaima, Coello, El Espinal, Upito, Purificación, Ibagué, Neiva (dirigida por Teresa Olaya) y Chaparral (el indio Simón Bernate hace historia en la sublevación). Subiendo por Antioquia también se presentaron levantamientos en Guarne, Caguán y Aipe. Ahora subiendo hacia el nororiente la rebelión germina en Girón, Cúcuta, San Cristóbal y Mérida.

En Boyacá, se dieron llamaradas de insurrección que prontamente fueron apagadas por las fuerzas reales. Los municipios de Pore, Chire, Santiago, Támara, Ten, Manare, Pava, Cravo, Pisba, Labranzagrande. Caso contrario en Nariño, donde los amotinados asesinan a palos al gobernador de Popayán; continua así en Tumaco, Barbacoas, Iscuandé, Palma Real, Tola, Río de Santiago y Baquería.

 

Vuelve y juega contra Santa fe

 

Al tener firmadas las capitulaciones el 8 de junio de 1781, desarrollando su contenido y ejerciendo los cargos que en estos estipularon algunos de los líderes de la rebelión comunera, Galán regresa a Charalá rodeado de los suyos. Sin saberlo, se cocinaba en papeles y oficinas reales la sentencia que lo llevaría al punto de mira de la Corona como venganza. El 1 de septiembre de 1781 se expide la orden de prisión contra nuestro líder comunero por orden de la Real Audiencia y los alcaldes de Zipaquirá y Chiquinquirá, bajo los cargos de robo y dirigencia en la primera sublevación para luego ser recibida por los alcaldes ordinarios en Socorro el 18 de septiembre.

Según el documento leído en el marco de la sentencia a la Galán, lo acusan por: “su desenfreno por la invasión hecha en Puente-real de Vélez […] interceptar la correspondencia de oficio, y pública, que venía de la plaza de Cartagena para esta capital (Facatativá) […] continuando con su voracidad y designios infames se condujo a Villeta y Guaduas, en donde, repitiendo los excesos del saqueo, atropelló también al alcalde ordinario de esta villa […] ejerciendo actos de jurisdicción en desprecio de los que la tenían legítima y verdadera (Mariquita) […] avanzó desde allí a la hacienda de Mal Paso, propia de don Vicente Diago, alzando a los esclavos, prometiéndoles y dándoles libertad, como si fuera su legítimo dueño […].

Estos argumentos hacen parte de la larga lista de acusaciones, para condenar a muerte al comunero: “[…] condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera, que bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes, y pasado el resto por las llamas […] su cabeza será conducida a las Guaduas […] la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes […]”.

No contentos con esta vil sentencia, prosigue la lectura: “[…] declarada infame su descendencia, ocupados sus bienes y aplicados al real fisco: asolada su casa y sembrada de sal. De los 16 compañeros capturados se les sentenció también a muerte y a otros el exilio en África”. La captura y asesinato de los comuneros sublevados nuevamente ocurre después de ser perseguidos y capturados la noche del 13 de octubre de 1781, pues ya se encontraban dentro del nuevo proyecto insurreccional iniciado en territorio santandereano con miras a Santa fe, sin perder tiempo en batallas contra los traidores de la rebelión comunera que se encontraban disfrutando de los cargos públicos estipulados en las capitulaciones.

 

Para terminar

 

Fueron claras las intenciones de la Corona de desaparecer de la memoria la rebelión y proyecto comunero junto a sus protagonistas, entre ellos Galán. Sin embargo, su figura como líder comunero y persona de confianza entre su comunidad le permitió levantar cabeza entre los nudos de la historia que impone la burguesía cuando narra el pasado.

Pretender ocultar la visión estratégica, la audacia militar, su capacidad organizativa como además su principio de alteridad en las comunidades que lo recibían junto a sus compañeros de campaña, es faltar a la verdad histórica de un elemento vital del acontecimiento comunero enmarcado en las luchas sociales previas a la independencia de 1810, la que como es conocido se prolonga en cientos de escaramuzas y batallas hasta 1819, para sellar con las armas la derrota enemiga.

Ahora bien, la rebelión y proyecto comunero no solo expuso a los revolucionarios y revolucionarias en este acontecimiento, también lo hizo con aquellos traidores que en la formulación de las capitulaciones incluyeron sus intereses particulares como es el caso del emblemático Juan Francisco Berbeo, miembro de la clase aristocrática de los cabildos de Santa fe y Tunja.

Teniendo en cuenta lo que sucedió alrededor de Galán y los comuneros, cabe mencionar que la sentencia contra los actores de la segunda insurrección comunera fue por dos razones. La primera, por venganza Real contra este pueblo insumiso que puso en entredicho el régimen colonial y propuso otro modelo de sociedad no-dependiente y, segunda, para sembrar el miedo y terror entre las comunidades que aun siguieran cosechando las ideas rebeldes, entre ellas de independencia.

Con respecto a las 36 capitulaciones, fueron desconocidas y enterradas por la Corona el 18 de marzo de 1782. Se anulan así cargos públicos, indultos y demás acuerdos desprendidos del histórico documento, quedando archivados originales y copias. Esta práctica se asemeja a lo que sucede con los acuerdos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de los pueblos indígenas y afros, maestros y maestras, que se estipulan en el marco de las movilizaciones con el gobierno nacional para luego ser amañados a la normatividad vigente y posteriormente verlos parcialmente cumplidos dentro de largos periodos de tiempo, hasta llegar al total incumplimiento.

Se ve como la práctica de incumplir los acuerdos por parte de un gobierno nacional es herencia de la Corona, bien aprendida por sus herederos de clase, constituyéndose así en un principio histórico de la clase social que ha estado en el poder para sostener el régimen explotador y destructor de la vida. El incumplimiento de las capitulaciones expone la política real de la Corona frente a una negociación, la cual no tiene otro nombre de trampa.

No obstante, la historia la hacen los pueblos, de estos surgen liderazgos que encarnan sus intereses y proyectos de nación antagónicos al sistema-mundo capitalista. La disputa también está en narrar sus vidas en el acto de hacer memoria, como garantía de no perder la identidad y el horizonte de transformación social que tenemos implícitos los pueblos de Nuestra América.

Galán y Los Comuneros son el aporte del pueblo colombiano a la larga historia de luchas sociales que recalcan el futuro de esperanza y vida digna que tenemos los sujetos populares.

* Todas las citas corresponden al libro, Galán y los comuneros (1939), de José Fulgencio Gutiérrez.
** Coordinador Nacional Agrario - Congreso de los Pueblos.

Publicado enColombia
Domingo, 02 Junio 2019 14:10

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Hay personas que por su gesta o liderazgo, marcan un periodo de la historia del país en el que habitaron. Pese a ello, si no son convenientes para el establecimiento éste tratará de situarlos en sitial o escalón distinto al que merecen, es el caso de José Antonio Galán, líder rebelde comunero quien hace parte de la lista de aquellos que el bando ganador colocó entre los escalones inferiores de la historia colombiana.

A pesar de esa intención clasista (realista), las comunidades que en pleno siglo XXI prolongan su legado de rebeldía, sitúan la memoria de Galán en otro escalón. Porque hasta en la narración de la historia la lucha de clases se refleja nítida, como el agua. Confrontación que demanda recuperar y describir la memoria de este líder comunero como sujeto representante de una propuesta de nación adelantada para su época, la Colonia, siglo XVIII.

En este esfuerzo de analizar a Galán, puede resaltarse, en principio, consecuentes con sus ideas, su capacidad de situarse en función del otro, su visión y disposición unitaria, su mirada del territorio –lo que hoy denominamos país– así como su capacidad militar.

Su capacidad para situarse en función del otro, es lo primero por resaltar, pues es así como llega a liderar la rebelión comunera, al interiorizar las afectaciones de las comunidades producto de las políticas de impuestos y cobros desmedidos de la Corona. Es así como decide tomar las armas, sacrificando un estilo de vida familiar, junto a sus vecinos, y compenetrado con la comunidad, para poner en riesgo su ser ante un régimen sangriento. Esta premisa enmarca la personalidad de Galán.

Un estratega militar con malicia indígena

Ahora bien, en el campo militar resalta su astucia para engañar a las autoridades españolas. Cuando Galán se dirige a Honda, envía una carta con el mensaje falso de su rendición ante la Corona, con el ánimo de tranquilizar a las tropas españolas pues se conocía su recorrido por diferentes municipios de Cundinamarca. Luego de la carta cumplir su cometido, atacó Honda. Este tipo de tácticas incluyen el campo de la sicología en la guerra, al incidir en la psiquis del enemigo para desmovilizarlo, bajar la moral o hacer que cambien de bando, todo encaminado a la meta de ganar el conflicto armado. Por eso, el rumor es un recurso fuertemente explotado en una guerra que camina a la par de la capacidad bélica.

En ese momento del desarrollo de la rebelión comunera, cabe mencionar ese trayecto que traía Galán junto al resto de comuneros armados desde Santander. El cuál articula el otro rasgo distintivo de la personalidad del protagonista de este artículo, pero lo mencionaré después de exponer el trayecto comunero. Así es como, al salir de Mogotes con 16 compañeros de causa, el recorrido que tuvo luego fue Socorro, Facatativa, Villeta, Guaduas y luego Mariquita. Bajo las condiciones de aquella época de transporte y medios de comunicación lentos de territorio a territorio, se posibilitó adelantar mucho el proyecto comunero. Sin perder de vista este primera etapa comunera, pasamos a mencionar el siguiente aspecto de José Antonio Galán.

La empatía que cultivó entre los pueblos fue vital para el alcance político que tuvieron Los Comuneros. Pues Galán fue creciendo como un héroe criollo inspirador de una alternativa posible ante las injusticias de la Corona. Giró alrededor suyo un ejemplo a seguir, un respaldo militar y moral para aquellos que estaban atentos al desenlace de la rebelión, tanto así que el hecho de saber que el criollo estaba cerca a municipio y pronto pasaría allí era motivo suficiente para que la gente se organizara en cuerpos militares y capturaran a las tropas españolas, expulsaran las autoridades y se tomaran los recursos públicos, repartiéndolos entre la comunidad.

Un aguacero que inundó más allá de Santander

La ola de levantamientos y rebeldías atizados en el país se registran de esta manera: “[...] en Ubaté, los indios se niegan a pagar los tributos, las armas españolas tornan a rendirse ante él como trigos maduros que se doblan; Facatativá no piensa siquiera en resistir y es poseída jubilosamente por el vencedor […] un poco adelante, unas cuantas leguas hacia el occidente del camino que tomó Galán, un escalofrío libertario recorre la espina dorsal de la Mesa; el influjo se propaga a Tocaima; Villeta, Piedras y Guaduas […]”.

Al otro lado del Magdalena la historia se repite en diversos municipios: en Honda, Beltrán, Mariquita, los esclavos de la mina de Mal Paso, Ambalema, Coyaima, Coello, El Espinal, Upito, Purificación, Ibagué, Neiva (dirigida por Teresa Olaya) y Chaparral (el indio Simón Bernate hace historia en la sublevación). Subiendo por Antioquia también se presentaron levantamientos en Guarne, Caguán y Aipe. Ahora subiendo hacia el nororiente la rebelión germina en Girón, Cúcuta, San Cristóbal y Mérida.

En Boyacá, se dieron llamaradas de insurrección que prontamente fueron apagadas por las fuerzas reales. Los municipios de Pore, Chire, Santiago, Támara, Ten, Manare, Pava, Cravo, Pisba, Labranzagrande. Caso contrario en Nariño, donde los amotinados asesinan a palos al gobernador de Popayán; continua así en Tumaco, Barbacoas, Iscuandé, Palma Real, Tola, Río de Santiago y Baquería.

 

Vuelve y juega contra Santa fe

 

Al tener firmadas las capitulaciones el 8 de junio de 1781, desarrollando su contenido y ejerciendo los cargos que en estos estipularon algunos de los líderes de la rebelión comunera, Galán regresa a Charalá rodeado de los suyos. Sin saberlo, se cocinaba en papeles y oficinas reales la sentencia que lo llevaría al punto de mira de la Corona como venganza. El 1 de septiembre de 1781 se expide la orden de prisión contra nuestro líder comunero por orden de la Real Audiencia y los alcaldes de Zipaquirá y Chiquinquirá, bajo los cargos de robo y dirigencia en la primera sublevación para luego ser recibida por los alcaldes ordinarios en Socorro el 18 de septiembre.

Según el documento leído en el marco de la sentencia a la Galán, lo acusan por: “su desenfreno por la invasión hecha en Puente-real de Vélez […] interceptar la correspondencia de oficio, y pública, que venía de la plaza de Cartagena para esta capital (Facatativá) […] continuando con su voracidad y designios infames se condujo a Villeta y Guaduas, en donde, repitiendo los excesos del saqueo, atropelló también al alcalde ordinario de esta villa […] ejerciendo actos de jurisdicción en desprecio de los que la tenían legítima y verdadera (Mariquita) […] avanzó desde allí a la hacienda de Mal Paso, propia de don Vicente Diago, alzando a los esclavos, prometiéndoles y dándoles libertad, como si fuera su legítimo dueño […].

Estos argumentos hacen parte de la larga lista de acusaciones, para condenar a muerte al comunero: “[…] condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera, que bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes, y pasado el resto por las llamas […] su cabeza será conducida a las Guaduas […] la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes […]”.

No contentos con esta vil sentencia, prosigue la lectura: “[…] declarada infame su descendencia, ocupados sus bienes y aplicados al real fisco: asolada su casa y sembrada de sal. De los 16 compañeros capturados se les sentenció también a muerte y a otros el exilio en África”. La captura y asesinato de los comuneros sublevados nuevamente ocurre después de ser perseguidos y capturados la noche del 13 de octubre de 1781, pues ya se encontraban dentro del nuevo proyecto insurreccional iniciado en territorio santandereano con miras a Santa fe, sin perder tiempo en batallas contra los traidores de la rebelión comunera que se encontraban disfrutando de los cargos públicos estipulados en las capitulaciones.

 

Para terminar

 

Fueron claras las intenciones de la Corona de desaparecer de la memoria la rebelión y proyecto comunero junto a sus protagonistas, entre ellos Galán. Sin embargo, su figura como líder comunero y persona de confianza entre su comunidad le permitió levantar cabeza entre los nudos de la historia que impone la burguesía cuando narra el pasado.

Pretender ocultar la visión estratégica, la audacia militar, su capacidad organizativa como además su principio de alteridad en las comunidades que lo recibían junto a sus compañeros de campaña, es faltar a la verdad histórica de un elemento vital del acontecimiento comunero enmarcado en las luchas sociales previas a la independencia de 1810, la que como es conocido se prolonga en cientos de escaramuzas y batallas hasta 1819, para sellar con las armas la derrota enemiga.

Ahora bien, la rebelión y proyecto comunero no solo expuso a los revolucionarios y revolucionarias en este acontecimiento, también lo hizo con aquellos traidores que en la formulación de las capitulaciones incluyeron sus intereses particulares como es el caso del emblemático Juan Francisco Berbeo, miembro de la clase aristocrática de los cabildos de Santa fe y Tunja.

Teniendo en cuenta lo que sucedió alrededor de Galán y los comuneros, cabe mencionar que la sentencia contra los actores de la segunda insurrección comunera fue por dos razones. La primera, por venganza Real contra este pueblo insumiso que puso en entredicho el régimen colonial y propuso otro modelo de sociedad no-dependiente y, segunda, para sembrar el miedo y terror entre las comunidades que aun siguieran cosechando las ideas rebeldes, entre ellas de independencia.

Con respecto a las 36 capitulaciones, fueron desconocidas y enterradas por la Corona el 18 de marzo de 1782. Se anulan así cargos públicos, indultos y demás acuerdos desprendidos del histórico documento, quedando archivados originales y copias. Esta práctica se asemeja a lo que sucede con los acuerdos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de los pueblos indígenas y afros, maestros y maestras, que se estipulan en el marco de las movilizaciones con el gobierno nacional para luego ser amañados a la normatividad vigente y posteriormente verlos parcialmente cumplidos dentro de largos periodos de tiempo, hasta llegar al total incumplimiento.

Se ve como la práctica de incumplir los acuerdos por parte de un gobierno nacional es herencia de la Corona, bien aprendida por sus herederos de clase, constituyéndose así en un principio histórico de la clase social que ha estado en el poder para sostener el régimen explotador y destructor de la vida. El incumplimiento de las capitulaciones expone la política real de la Corona frente a una negociación, la cual no tiene otro nombre de trampa.

No obstante, la historia la hacen los pueblos, de estos surgen liderazgos que encarnan sus intereses y proyectos de nación antagónicos al sistema-mundo capitalista. La disputa también está en narrar sus vidas en el acto de hacer memoria, como garantía de no perder la identidad y el horizonte de transformación social que tenemos implícitos los pueblos de Nuestra América.

Galán y Los Comuneros son el aporte del pueblo colombiano a la larga historia de luchas sociales que recalcan el futuro de esperanza y vida digna que tenemos los sujetos populares.

* Todas las citas corresponden al libro, Galán y los comuneros (1939), de José Fulgencio Gutiérrez.
** Coordinador Nacional Agrario - Congreso de los Pueblos.

Publicado enEdición Nº257
Viernes, 31 Mayo 2019 06:03

Palestina: juego de palabras

Palestina: juego de palabras

John Berger después de un viaje a Palestina apuntaba cómo ésta se convertía en "escombros" bajo la ocupación israelí. Por todos lados había también "cascajos de palabras", vocablos "que ya no albergaban nada" y "cuyo sentido ha sido destruido".

En sus ojos "la cuidadosa destrucción de la gente" venía acompañada de "la cuidadosa destrucción del lenguaje (y el silencio)" ( Hold everything dear, 2007, p. 15).

Norman Finkelstein en el mismo contexto –y espíritu– enfatizaba la necesidad "de llamar las cosas por su nombre". Evocando a Confucio, que afirmaba que "toda la sabiduría venía de allí" –"algo que podría sonar como una frase de la galleta de la fortuna"–, subrayaba que ésta en realidad "es una idea muy profunda".

–“¿Es preciso entonces –hablando de las manifestaciones en marco de la Gran Marcha del Retorno en Gaza– decir que ‘los palestinos tratan de romper el cerco fronterizo’?”, preguntaba.

–Y respondía: "No".

–"Los palestinos en Gaza tratan de romper el cerco del campo de concentración. El cerco del gueto. El cerco de la prisión" (bit.ly/2Lt71Gx).

Tras más de un año de la Gran Marcha y una sádica y totalmente desproporcionada supresión de ella por Israel con saldo de más de 250 muertos –incluidos niños, socorristas y periodistas– y 6 mil 500 heridos (bit.ly/2UXBNf0), cientos con piernas amputadas –los francotiradores a propósito apuntan a ellas con la munición de fragmentación–, la aviación israelí acabó bombardeando hace unas semanas a Gaza "en respuesta a los cohetes de Hamas", dejando de lado que su lanzamiento fue una reacción al previo asesinato de otros cuatro manifestantes y 116 heridos, incluidos 39 niños (el saldo del bombardeo era otra lista de muertos).

Gideon Levy, precisamente en un afán de "llamar las cosas por su nombre" –y muy a contrapelo de la narrativa dominante–, habló, refiriéndose a los cohetes, del "levantamiento en el gueto":

"Poco después del Día del Recuerdo del Holocausto el saber que 2 millones de personas están encerradas desde hace años tras un alambre de púas en una gigantesca jaula no le recuerda nada a nadie en Israel."

Y seguía: "Gaza es un gueto y lo que está pasando allí es una insurrección. No hay otra manera para describirlo" (bit.ly/2MaBMVa).

Tampoco hay otra palabra para hablar de Israel –y por extensión de los territorios ocupados– que "apartheid".

"El institucionalizado régimen de opresión y dominación sistemática de un grupo racial por otro" –como reza la definición– es justo lo que hay después de que éste (ya sin tapujos) se declarara "un Estado judío y para los judíos" al adoptar la Basic Law (bit.ly/2X5s33y).

El próximo gobierno de Netanyahu, que prometió en campaña anexar a Cisjordania garantizándose el triunfo –al final para él y muchos más, si ya estábamos en lo de las palabras, esto nunca era "Cisjordania", sino "Judea" y "Samaria"–, "será el gobierno de anexión", subraya en otro lugar Levy (empacando más gente en el gueto-Gaza o "pasándoselos" a Jordania) y uno que “en pleno siglo XXI ante los atónitos líderes mundiales declarará el segundo Estado de apartheid estilo Sudáfrica” (bit.ly/2Qq2GH2).

Es justo aquí donde entra Trump con su "plan de paz para el Medio Oriente" –apodado bombásticamente Deal of the Century– aún no publicado pero listo y en parte filtrado (bit.ly/2Jf1O7o).

Su lógica reside simplemente en reconocer los facts on the ground (cuya primacía siempre ha sido el meollo del colonialismo israelí), seguir la estrategia de la "gettoización" de los palestinos y –en esencia– en una perversa destrucción del sentido de las palabras de la que hablaba Berger.

Estados Unidos ya lleva tiempo trabajando en ello.

Así Jerusalén ya no es la "ciudad con estatus especial", sino "la capital de Israel" (embajada de Washington ya está allí); los refugiados palestinos ya no son "refugiados" (su administración dejó de financiar la UNRWA y tuerce la mano a Jordania y Egipto para que les den ciudadanía a fin de desaparecer a los palestinos como "un pueblo con derecho al retorno"); los Altos de Golán –raptados en la misma guerra que Cisjordania (1968)– ya no son "territorio ocupado", sino parte de Israel (un claro test antes de la gran anexión).

Lo que quedará –aproximadamente 12 por ciento de la Palestina histórica, un surreal patchwork de bantustanes sin continuidad territorial– se llamará "Nueva Palestina", nombre que hace pensar a uno más en una de las comunidades en medio de la Selva Lacandona, que en un país.

Será "un Estado", aunque uno queda con la duda desde cuando llamamos "Estado" a entidades sin ninguna soberanía, ejército, virtualmente ningún tipo de poderes.

Desgraciadamente –llamemos las cosas por su nombre– la pacificación y colonización de Palestina, ante el total silencio del mundo, ha sido igualmente –casi– total (bit.ly/30W2rIK). El plan de Netanyahu es ahora –apunta un comentarista de Gaza– "forzar a palestinos a aceptar su brutal derrota" (bit.ly/2EBIpJY).

Visto así, hay una palabra, o término, muy apropiado para esto: "la solución final de la cuestión palestina".

Y si alguien se siente ofendido por la referencia a Endlösung (bit.ly/1TBVWRk) –aunque de verás uno no tiene la culpa que muchas palabras de aquellos tiempos, no sólo "gueto" o "campo", sirven para hablar de Palestina e Israel: Gleichschaltung, Herrenvolk, Untermenschen, Sonderbehandlung–, también hay otro modo de decirlo: “ Game Over”.

Por, Maciek Wisniewski*, periodista polaco

Twitter: @MaciekWizz

 

Publicado enInternacional
Miércoles, 29 Mayo 2019 06:34

La canción corregida

La canción corregida

El festival Centroamérica Cuenta se clausuró en San José, la capital de Costa Rica, con un concierto en el que subieron al escenario Luis Enrique Mejía Godoy, el tío, y Luis Enrique Mejía López, el sobrino, conocido como Luis Enrique "el salsero". La gente coreaba con entusiasmo las canciones del repertorio, y en un momento culminante ambos interpretaron a dúo El Cristo de Palacagüina, una canción emblemática de los tiempos de la revolución sandinista, compuesta por el hermano y tío de los dos artistas, Carlos Mejía Godoy.

En una de sus estrofas, que es su clímax, la canción dice que María sueña a su hijo convertido en carpintero, como José su padre, pero el niño más bien piensa "mañana quiero ser guerrillero".

Desde atrás, un joven nicaragüense exiliado alza su voz para corregir la letra: "¡mañana quiere ser ingeniero!" Y su reclamo recibe sonoros aplausos que se alzan entre los que premian a los cantantes.

Hay un mar de fondo en esa enmienda gritada a voz en cuello. Para la generación de los abuelos de este muchacho, la lucha guerrillera fue vista como una incuestionable necesidad, basada en la convicción de que para derrocar a la tiranía de los Somoza era imprescindible irse a la montaña, entrar en la clandestinidad, pasar a una vida de penurias y peligros constantes, el primero de ellos la muerte.

En tiempos de soledad, cuando el apostolado de la guerrilla no correspondía a muchos, sino a los escogidos, se daba el ejemplo ético con la propia vida en una lucha que nunca se concebía a corto plazo; la hora del triunfo sonaría mucho después, y la verían otros, cuya conducta estaría determinada por el ejemplo recibido de quienes se habían sacrificado para que llegara aquel momento luminoso, situado en un futuro lejano e impreciso.

Desde las catacumbas de la clandestinidad, igual que los primeros cristianos, el advenimiento del reino no estaba en duda, pero se trataba de una utopía sin tiempo. Tratar de acelerarla era desviarse de la ruta trazada por la historia, caer en el cortoplacismo, uno de los pecados capitales contra el fervor ideológico.

La ambición pura de convertirse en guerrillero como destino moral, renunciando a las pompas mundanas, emparentaba al cristianismo primitivo con la militancia clandestina, pues aquel también demandaba sacrificio sin esperanza en esta vida, sino en una futura, que se hallaba fuera de los límites de la realidad, colocada más allá de la propia muerte. La patria celestial aquí era la patria libre del imperialismo, del dominio oligárquico, de la explotación y el vasallaje. La patria socialista.

Ahora la consigna "¡Patria libre o morir!", una escogencia sin colores intermedios, que se pronunciaba desde la convicción solitaria, se ha transformado en "¡Patria libre y vivir!" Aquella copiaba a la de "¡Patria o muerte, venceremos!" con la que Fidel Castro, desde el poder, cerraba sus discursos en la tribuna, y, en los peores momentos, alzaba como escudo el ejemplo de Numancia: frente al cerco enemigo, mejor muertos que esclavos.

Pero la generación del muchacho exiliado que corrige desde atrás del auditorio la canción, ya lo vio todo. Vio la utopía deformarse en un proyecto de poder que terminó pareciéndose en nada a la que, desde su pureza cerrada, en la inocencia de la historia, soñaban aquellos otros jóvenes, como el poeta Leonel Rugama, quien, rodeado en una casa de seguridad en Managua por los soldados de Somoza, armados hasta los dientes, ante la exigencia de rendirse había gritado "¡Qué se rinda tu madre!" antes de ser acribillado a tiros.

Ese grito de victoria en la muerte fue convertido en consigna de lucha por el sandinismo, y los jóvenes que se alzaron en rebelión en abril de 2018 lo adaptaron, sin reformarlo. Desarmados, pero nunca rendirse. Ahora no se trata de un reino lejano en la bruma de la historia, sino de cosas palpables e inmediatas, donde el corto plazo se vuelve imprescindible: libertad, justicia, democracia. Si vamos más atrás, era la consigna del propio Sandino: "Patria y libertad".

Un futuro que se puede contemplar de cerca. Por eso ingeniero, no guerrillero. Un sistema abierto que se pueda construir con base en elementos concretos y que resuelva con eficacia el viejo asunto del atraso mediante la multiplicación de las oportunidades, empezando por la educación.

Los jóvenes que resisten en Nicaragua, o que se han visto forzados al exilio, tienen un proyecto de futuro que no pasa por los horrores de una confrontación violenta. En las luchas armadas hay siempre un líder triunfante, que al llegar al poder por medio de los fusiles, querrá quedarse en el poder por la fuerza de los fusiles.

Una transición democrática, en cambio, permitirá construir instituciones para asentar los nuevos liderazgos. Gobernantes electos sin posibilidad de relegirse, que no devengan en caudillos para siempre, ni puedan imponer regímenes familiares. Romper con la vieja tradición que nos ha sumido en la abyección y la arbitrariedad.

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Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Publicado enColombia
Martes, 28 Mayo 2019 10:11

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

Publicado enColombia
Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Martes, 28 Mayo 2019 08:37

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.