En 2014 fueron encontrados una escápula muy completa, algunos huesos de las patas traseras, una parte del fémur y lo que sería el peroné del animal. Foto Conicet

Ninjatitan zapatai, de 20 metros de longitud, vivió hace 140 millones de años // Importante aporte para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos

 

Científicos argentinos dieron a conocer el hallazgo de un titanosaurio que vivió hace 140 millones de años, el que sería el de mayor antigüedad encontrado y evidencia de que estos gigantescos dinosaurios se originaron a comienzos del periodo Cretácico.

Se trata de la especie Ninjatitan zapatai, de 20 metros de longitud, encontrada en 2014 en la formación Bajada Colorada, en la provincia de Neuquén, al sudoeste de Argentina, reportó la Agencia de Divulgación Científica de la Universidad de La Matanza (Unlam).

"La mayor importancia de este fósil, más allá de que es una nueva especie de titanosaurio, es que se trata del registro más antiguo a nivel mundial para este grupo", afirmó Pablo Gallina, investigador de la Fundación Azara de la Universidad Maimónides y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), según la nota.

Los titanosaurios eran un subgrupo de saurópodos, gigantescos dinosaurios herbívoros de largos cuellos y cola, y posiblemente los animales más grandes que hayan caminado sobre la Tierra.

Hasta ahora sólo se conocían titanosaurios con una antigüedad de hasta 120 millones de años.

Pero este descubrimiento los ubica a comienzos del Cretácico, el periodo que empezó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones.

 

Escasos, los registros fósiles del Cretásico

 

"Este hallazgo es muy importante también para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos, porque los registros fosilíferos de comienzos del Cretácico, hace unos 140 millones de años, son realmente muy escasos en el mundo", explicó Gallina, autor principal del estudio publicado el domingo en la revista argentina Ameghiniana.

En 2014, el técnico Jonatan Aroca encontró una escápula muy completa y en la siguiente campaña, aparecieron tres vértebras y algunos huesos de las patas traseras, una parte del fémur y lo que sería el peroné del titanosaurio.

“A priori, por la antigüedad de este material de 140 millones de años, se podía suponer que se trataba de una forma previa al origen de los titanosaurios, porque en la Patagonia sólo de conocían titanosaurios de menos de 120 millones de años”, explicó José Luis Carballido, investigador del Museo Egidio Feruglio y del Conicet que se dedicó al análisis de las relaciones filogenéticas del animal.

El estudio reveló que "formaba parte de la familia de los titanosaurios. No sólo representa a la especie más antigua, sino nos permite conocer mucho más sobre el origen de este grupo", destacó PabloGallina.

Este titanosaurio fue bautizado Ninjatitan zapatai en reconocimiento al investigador argentino Sebastián Apesteguía, apodado El Ninja, quien impulsó en 2010 la primera campaña en el yacimiento de Bajada Colorada, y al técnico Rogelio Zapata, quien participó ese año de los trabajos de campo.

Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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La matanza de 79 presos en Ecuador expone el fracaso de Lenin Moreno en materia de seguridad

El motín más sangriento de la historia se desencadenó en cuatro penales hacinados

 

Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?

"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.

La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.

Sistema desmantelado

Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines. 

El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista. 

"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".

La versión oficial

En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".

"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".

Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente. 

El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto. 

La historia se repite

Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios. 

El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.

"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos. 

Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:47

Si me vacuno, ¿me salvo?

Si me vacuno, ¿me salvo?

En las estadísticas secretas o encubiertas de la pandemia, tampoco se lleva registro de la cantidad de personas insultadas, relegadas o incluso amenazadas por la actitud escandalizante, para aquellos presas del miedo, de rechazar toda intención de vacunarse, tengan la edad que tengan y la actividad que lleven a cabo. Su franqueza o su escrupuloso sentido de la verdad les impide responder con un simple "ya me inscribí" o "ya me vacuné", pero es aconsejable recurrir a este tipo de respuestas para tranquilidad de unos y otros.

Comprobado cada día que en el supuesto combate a la pandemia de Covid-19 han sido peores, mucho peores, los remedios aplicados que la enfermedad, al haber semiparalizado a la mayoría de las personas y alterado la vida en el planeta para salvarnos de morir, al menos a causa de ese virus. Al día de hoy se calculan 2 millones 500 mil fallecidos en un mundo con 7 mil 700 millones de seres humanos, y en México ha habido poco más de 180 mil muertos en una población total de 128 millones, siempre con registros relativamente confiables, ya que al satanizado virus se atribuyen fallecimientos que nada tienen que ver con éste.

Esas cifras evidencian que la sociedad enfrenta, hace casi un año, una pandemia económica-político-mediática antes que una enfermedad infecciosa letal a escala mundial. Otros datos confirmadores de la sobredimensionada pandemia se dan en Estados Unidos, donde desde 2017 la tasa de mortandad ha sido constante, al registrar unos 234 mil fallecimientos mensuales. Si en 2020 murieron 236 mil cada mes, la pandemia cobró 2 mil decesos mensuales por Covid-19; sin embargo, se indujo un severo trastorno en todo el planeta. Antes de la pandemia y con un añejo sistema de salud insuficiente, a casi nadie le importaba el número de muertos por enfermedades de elevada incidencia como diabetes, cardiovasculares, hipertensión, obesidad y cáncer y menos se tomaban precauciones, pero desde hace un año demasiados debemos quedarnos en casa y preocuparnos a diario de cuántos mueren por Covid.

Al vacunarse, las personas, adultos mayores o no, muy probablemente disminuyan miedos, estrés y depresión, lo que ayudará a fortalecer su sistema inmunológico y los riesgos de contagio. La mala noticia es que aún no se ha inventado la vacuna que nos salve de morir cuando La Puntual decida aparecérsenos, por lo que esperanza y cura siguen siendo relativas.

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:39

Filosofía de la salud

Filosofía de la salud

Una sociedad enferma se lucra incluso con las enfermedades

Mientras la salud (o las enfermedades) de los pueblos sean un negociado de mercachifles en el que estén prendidos como vampiros muchos laboratorios, universidades, instituciones gubernamentales, hospitales y médicos… mientras existan personas y pueblos enteros sin seguridad médica… mientras reinen los hábitos y las manías patológicas que inoculan las mafias publicitarias en contra de la salud pública… viviremos una injusticia monstruosa que se ha naturalizado como parte del decorado miserable de las sociedades divididas en clases. Todos los días, durante las madrugadas, las filas de personas a las puertas de los hospitales, en espera de una consulta, padecen listas enromes de violaciones a los derechos humanos mientras, por ejemplo, la industria farmacéutica (13 de los 20 más voraces) instalada en Puerto Rico, recibe beneficios fiscales caimánicos y mueve saludables fortunas en el orden de 60 000 millones de dólares.

El capitalismo entrena a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de la salud como se entrena a un ejército de mercenarios vendedores de análisis cínicos, estudios diagnósticos, cirugías, medicamentos y terapias. Las materias y reflexiones humanísticas, la conciencia social, brillan fulgurosamente por su ausencia y precariedad. Les uniforman las cabezas con aspiraciones y sueños burgueses (estereotipados hasta las náuseas) para que exhiban impúdicamente su lealtad convenenciera a los negocios de dueños de los laboratorios que ya antes entrenaron a sus jefes. «Pfizer es actualmente la mayor compañía farmacéutica, y se reporta 45 mil millones de dólares de rentabilidad. Las empresas multinacionales entre ellas Glaxo Smith Kline, Merck & CO., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth y Eli Lilly, acapararon el 58,4% del mercado alrededor de 322 mil millones de dólares en ganancias».1

Hay que ver los desplantes de prepotencia y petulancia que pasean muchos jefes de sección, de guardia, de departamento… en cada clínica, hospital o laboratorio frente a las enfermeras, los estudiantes y los trabajadores que deben aprender primordialmente a convertir su humillación en buenas calificaciones, diplomas, nombramientos especiales o premios… como la asistencia a congresos, la publicación de «papers» y los regalitos de los laboratorios. No nos asustan, ni silencian, los medicuchos que se envuelven con enjambres terminológicos y estadísticos par inmolarse en el reino de la erudición archi-especializada y donde no sólo no se aceptan las denuncias más obvias sino que éstas son vistas como desplantes de «mal gusto». De esos bonzos demagogos, tecnócratas y burócratas, están repletas las academias y asociaciones de especialistas… y muchos hospitales. No todos, claro… claro. Pero. Muchos estudiantes son adiestrados con excelencia «técnica» para sustentar la servidumbre de clase que justifica el negocito y justifica también algunas dádivas de la filantropía médica que, con su ética mesiánica, beneficia a algunos pobres en hospitales para pobres y con burocracia para pobres.

¿Es esto muy exagerado?

Los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud suelen ser amaestrados para que adopten, como suyas y originales, ideas reaccionarias y conductas mediocres. Su heroicidades se reduce a ser serviles y mansos con el negocio y llevar al reino de su individualismo las glorias de las cuentas bancarias y los bienes terrenales. Su heroicidad tiene por alma mater una vanidad inmisericorde entrenada diariamente en el campo de concentración a que someten a sus «pacientes» y a los familiares de ellos. Muchos «doctorcitos» se hacen pagar su magnanimidad con agradecimientos eternos, y halagos, gracias a extorsionar a todo mundo con el viejo truco de regatear información, hablar con tono didáctico y condescendiente, jugar a que el tiempo nunca les alcanza y sacarse de la manga soluciones milagrosas. Muchas bajo el método de la escopeta… algún perdigón le pegará a la perdiz. Cuantos más medicamentos ensayen… mejores regalitos mandarán los laboratorios. Existe un ranquin internacional de premios en hoteles, líneas aéreas y merchandising variopinto. Lo aprenden los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud desde las primeras lecciones.

Sueñan con infectarnos la vida con saliva de burócratas serviles a la carnicería neoliberal son «doctores» de inoculados de epidemia usurera entre los mercados farmacéuticos caldo infecto de la demagogia neoliberal el peso de la miseria y el crimen, el hambre, el desempleo, la injusticia galopante. Nosotros lo pagamos. Ellos se autonombran «doctores» para esconder su prepotencia y suficiencia de ignorantes funcionales indolentes a la miseria, desnutrición, hospitales destruidos, escuelas desvencijadas, podredumbre y hediondez a diestra y siniestra. Depresión, mal humor, desesperanza, hartazgo, tristeza, melancolía rabia… furia… odio. Cansancio y soledad, trabajadores humillados. Ancianos victimados con indolencia… enfermos carcomidos por la burocracia. Los niños miran atónitos el futuro que les heredamos. Es una Monstruosidad. Vivimos infestados de negligencia. Los más pobres están más desprotegidos, no están bien alimentados, no pueden ir al doctor, imposible pagar medicamentos y en general no tienen posibilidad de atender su salud. No es poca cosa.

Nosotros sabemos que la guerra contra la medicina corrupta debe ser una guerra contra el capitalismo, también. El negocio de los laboratorios farmacológicos ha sacado una tajada monstruosa. Y no hemos visto lo peor. Sabemos que las corporaciones fabricantes de medicamentos son dueñas de la seguridad de miles o millones de personas. Reina el cinismo. Sabemos que la crisis sanitaria expresa la irracionalidad capitalista. Los monopolios imponen sus negocios como si fuesen políticas de salud e imponen condiciones de mercado para especular con medicamentos y precios. Son dueños de la salud de millones de seres humanos.

¿Y el pensamiento ético en materia de salud?

Está claro que la pachanga obscena de comerciar con las enfermedades, al alcanzar sumas millonarias en cualquier moneda, requiere gerentes gubernamentales encargados de legalizar la tranza e idear mecanismos creativos para sacarle más jugo a las víctimas. Por eso construyen hospitales cuyo sello de clase garantiza un modelo de consumo perfecto para el nivel de corrupción alcanzado por los «doctorcitos» y sus compinches. Por ejemplo construyen hospitales para consumir los mil y un productos que, encarecidos a precio de gobierno, mejor convengan a las empresas proveedoras; por ejemplo gastarán a manos llenas los impuestos de los pueblos para congraciarse con empresas fabricantes de aparatologías y artículos de toda índole, para, recurrentemente, tapizar la ruta de las entregas con diezmos a granel para los intermediarios; por ejemplo pondrán salas de espera, quirófanos, habitaciones, pasillos, oficinas y salas de urgencias… al servicio de la lógica «fordista» aplicada a la atención médica. Todo esto tributario de desentenderse rápido de los «pacientes» para que no engorden los gastos que pudieran amenazar la pachanga de las corruptelas. Hoy, en la obscenidad extrema del sistema de corrupción médica, los pacientes son obligados a llevar a los hospitales sus sábanas, tenedores, agua, vendas y bacinicas… no hay muchos médicos protestando por eso.

Muchos médicos, y sus compinches, gustan de celebrar cifras de eficiencia y atención a los pacientes. Se embriagan en estadísticas exitosas que desbordan gráficas powerpoint, libros, tratados y enciclopedias. Si cada página editada con guarismos triunfalistas implicara a una persona atendida con eficiencia… no habría crisis sanitaria en el mundo. Y la medicina habría dejado de ser una industria burguesa para ser un derecho socialista inalienable.

En la cúspide del alma mater en los médicos medicamentalizados (es decir con la mente puesta en ayudar a vender medicamentos muchos de ellos innecesarios) están los laboratorios farmacéuticos anudados todos en una red multinacional de inversionistas que, cómo en todo comercio, rigen sus tareas por las leyes capitalistas de la oferta y la demanda. ¿Nos sorprendería saber cuántas veces han inventado epidemias, pandemias y contagios para hacer circular millones de vacunas, jeringas, pastillas, cremas o ungüentos? La base material capitalista de esta industria mundial sustenta una cúspide ideológica -metodológica- vestida de «ciencia» en la que se han protocolizado operaciones técnicas con operaciones financieras donde los que ganan son los dueños del negociado. ¿Se ofenderán mucho con este retrato?

¿Es poco filosófico?

No son pocos los médicos que viven de mentir y de mentirse. Fabrican fantasías y explicaciones desopilantes para ganar la «confianza» de sus pacientes-clientes. Si hubiese una colección mundial sobre las fantasías inventadas por muchos médicos sobre el comportamiento del organismo humano, y su relación con los químicos prescritos, tendíamos una enciclopedia del horror monumental. La «filosofía» burguesa de la «industria de salud» ha producido durante su historia un monstruo insaciable enredado con las más deplorables anécdotas de corrupción e impunidad. Lo que menos les importa es la erradicación de las enfermedades porque tal cosa disminuye los ingresos farmacéuticos. No importa que muchos de los productos «médicos» (de quirófanos, farmacias, hotelería hospitalaria y toda la parafernalia) no tengan eficacia probada… lo importante es cubrir las metas mensuales en materia de ventas y cobros. Es esa su «filosofía» y punto.

Su «filosofía» no se compromete con una lucha efectiva contra las enfermedades que agobian a los trabajadores, lo que importa son las regalías y el secuestro de las patentes para gozar de exclusividad en el usufructo de una enfermedad y más si se vuelve epidemia. Sin importar (hay casos de infamias insondables) cuán tóxicas sean para las personas las medicinas, las operaciones o los tratamientos, ni sus consecuencias colaterales, las enfermedades asociadas ni la muerte (que el capitalismo también ha convertido en negocio)

Su «filosofía» también consiste en invertir millonadas, para esconder bajo el tapete, los planes de negocios relativos a la investigación que ellos llaman «científica». No es el bien social lo que determina inversiones ni lo que determina las políticas sanitarias… es descarnadamente, la búsqueda de beneficios financieros privados para un puñado de monopolios alcahueteados por los gobiernos serviles. Si para eso hay que manipular y falsificar datos, si para eso hay que publicar revistas, organizar congresos y entregar «premios nobel»… no se detendrá una industria tan pesada. No tendrá pruritos metodológicos o morales, una industria deshonesta que se disfraza con la palabra Ciencia para esconder su «filosofía» de los negocios.

La lista de ligerezas y errores con que se maneja la fabricación industrial de medicamentos es enorme. Hay denuncias y debates que generalmente se esconden porque afean el panorama. La industria farmacéutica tiene controles sobre la inmensa mayoría de publicaciones especializadas y las revistas de divulgación científica. La industria farmacéutica gasta fortunas en publicidad y en regalos para sus médicos favoritos. Se trata de una dictadura del negocio farmacéutico.

Los médicos son la tercera causa de muerte en los EE.UU.: causan 250.000 muertes por año.2 No todos, claro, no todos.

¿Está todo tan mal?

Contamos con Cuba, por ejemplo. Algunas tareas indispensables para superar las patologías generadas por la industria médico-farmacéutica del capitalismo deberían pasar a estas horas por la expropiación, sin pago, y bajo control obrero, de todo el negociado obsceno que hoy deambula impunemente por el mundo. No hay alternativas. El capitalismo es un delito3 y una maquinaria infernal de producir crisis ecológica, enfermedad y muerte. A estas horas es preciso reformular todas nuestras concepciones teórico-metodológicas en materia de salud y de políticas socialistas de salud. Aprovechar los mejores logros, los que son realmente útiles y liberarlos de las garras del capitalismo. Reformular nuestras ideas y preconcepciones sobre el organismo humano sus interdependencias con la naturaleza toda, su desarrollo y su situación actual. Reformular la investigación científica y los principios mismos de la actividad médica adaptados a la realidad concreta y las urgencias de esta etapa. Transformar los modelos de enseñanza y la educación médica en todos sus niveles. A estas horas es inexcusable garantizar la salud y los servicios en condiciones que permitan soberanía política en políticas concretas, democracia médica revolucionaria, erradicación del rezago médico y de las enfermedades de la pobreza. Prevención socialista y planificación, educación y la cultura de la salud, empleo digno para los trabajadores de la seguridad social… afincar una Filosofía socialista de la salud que privilegie la vida digna como un derecho concreto e inalienable. Vincular el problema de la salud con la preservación de los ecosistemas. Garantizar condiciones materiales de existencia, justas y democráticas. Los más avanzados descubrimientos de la medicina no pueden ser propiedad privada de un puñado de capitalistas. El movimiento obrero debe exigir su nacionalización inmediata al lado de la nacionalización de los grandes bancos, los latifundios y los monopolios que someten nuestras vidas a la dictadura del Capital. Sólo una economía socialista planificada racionalmente podrá desarrollar la riqueza de los conocimientos en materia de salud para ponerlos realmente al servicio de la humanidad y su desarrollo. Eso será realmente curativo.

22 febrero 2021

Notas

1http://www.militante.org/medicinas-laboratorios-monopolios-y-nuestra-salud
2http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons02.htm
3 Antonio Salamancahttp://www.aporrea.org/ideologia/a97634.html
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Los datos nacionales son incompletos, pero la información disponible sugiere que las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos están en camino de alcanzar un máximo histórico. Foto: AP / Lynne Sladky

Las sobredosis de drogas mataron a unas 83,544 personas durante un período de 12 meses que finalizó en julio de 2020, un récord que coincide con la pandemia de COVID-19, que según los expertos ha creado una gran cantidad de estrés y obstaculizado los servicios de tratamiento.

Eso es casi un aumento del 25% con respecto al año que terminó en julio de 2019, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron 68,023 muertes por sobredosis.

Pero el número de muertes el año pasado podría estar más cerca de 86,000, dijeron los CDC esta semana, citando el problema de la falta de información causada por datos incompletos.

Mientras tanto, la cantidad de llamadas a la línea directa de crisis nacional administrada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias aumentó el año pasado en más de un 700% desde 2019, según el portavoz de la agencia Christopher Garrett.

“Durante la pandemia, más personas experimentan ansiedad. Más personas están experimentando depresión. Y una de las formas en que las personas afrontan la depresión y la ansiedad es tomando drogas ”, dijo la Dra. Nora Volkow , directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. “Y si eres adicto a los opioides oa cualquier droga, lo que estás viendo es una escalada, un aumento en el consumo de drogas en general para las personas adictas o no. Pero para los adictos, un consumo creciente, y en los que se encuentran en recuperación, aumentan las recaídas en el consumo de drogas.

"Lo que hemos sabido desde el principio es que entre las personas que sufren una sobredosis, uno de los factores que contribuye es la depresión", dijo el Dr. Volkow . "Y en muchos casos, sabemos que algunas de estas muertes están motivadas por un deseo consciente de básicamente sufrir una sobredosis o por hacerlo pasivamente".

Según un desglose estado por estado de los datos de los CDC, 22 jurisdicciones informaron un aumento de más del 25% en las muertes por sobredosis de drogas de julio de 2019 a julio de 2020. El Distrito de Columbia vio el mayor aumento en las sobredosis fatales de drogas con un aumento de casi el 57%. La ciudad reportó 483 muertes a julio de 2020, frente a 308 en 2019.

Dos estados, Dakota del Norte y Carolina del Norte, informaron leves caídas de alrededor del 2% en las muertes por sobredosis de drogas. Alaska no informó cambios.

William Stauffer , director ejecutivo de la Alianza de Organizaciones de Recuperación de Pensilvania, dijo que muchas personas en recuperación a largo plazo han comenzado a consumir sustancias nuevamente y menos buscan ayuda durante la pandemia.

"Lo que comenzamos a ver como el golpe de la pandemia de COVID-19 fue mucho aislamiento social, y en la comunidad de recuperación, muchas personas dependen del apoyo que reciben de las conexiones en persona que obtienen de otras personas en las reuniones", él dijo. "En la comunidad de recuperación, hemos visto a más personas que experimentan problemas de salud mental a medida que experimentan elementos de desesperación".

El Sr. Stauffer , quien también se encuentra en recuperación a largo plazo, ha pasado más de 30 años ayudando a otras personas con trastornos por uso de sustancias.

"El consumo de alcohol ha aumentado, las tasas de sobredosis han aumentado", dijo, "y sabemos que el uso de estimulantes como la metanfetamina está aumentando".

La interrupción de los servicios de tratamiento durante la pandemia podría ser uno de los mayores contribuyentes al aumento de las muertes por sobredosis de drogas, dijo el Dr. Volkow .

La naloxona puede revertir rápidamente las sobredosis de opioides, pero los protocolos de aislamiento relacionados con la pandemia han dejado a muchas personas sin que nadie las observe o administre el medicamento. Esto ha provocado más muertes por sobredosis en el hogar, dijo el Dr. Volkow .

Los protocolos de distanciamiento social dificultaron que las personas al comienzo de la pandemia acudieran a las clínicas para recibir metadona, un medicamento para tratar la adicción a los opioides. A medida que los sistemas de salud se inundaron de pacientes con COVID-19, también se hizo más difícil obtener exenciones para la buprenorfina, un medicamento recetado que se usa para tratar la dependencia de heroína y metadona.

La pandemia cerró o limitó las horas para los programas de servicio de jeringas, lo que podría afectar el acceso a la atención y el tratamiento para el trastorno por uso de sustancias, dijeron los CDC. El suministro de drogas ilícitas también podría haberse interrumpido debido a la pandemia. Eso aumenta los riesgos de abstinencia y uso de medicamentos contaminados o medicamentos a los que tienen menor tolerancia.

Además, las personas pueden tener miedo de buscar ayuda médica para la adicción, y los espectadores de una sobredosis pueden ser reacios a administrar naloxona o tomar otras medidas para salvar vidas debido al temor a la exposición al COVID-19, dijo la agencia de salud.

“Los pacientes han retrasado su atención, los proveedores a menudo reprogramaron y pospusieron las visitas y los pacientes que temen COVID evitaron salir. Esto ha resultado en condiciones sin tratar o sin tratar. A veces, esto ha dado lugar a presentaciones más graves en las salas de emergencia ”, dijo Garrett.

Para abordar algunos de estos problemas, las clínicas comenzaron a suministrar metadona para un mes en lugar de requerir visitas diarias y comenzaron a ofrecer exenciones para la buprenorfina a través de citas de telesalud, dijo el Dr. Volkow .

Los opioides y los opioides sintéticos parecen constituir la mayor parte de las muertes por sobredosis de drogas, según muestran los datos de los CDC. Casi 61,300 muertes por sobredosis de drogas, alrededor del 73%, involucraron opioides. Los opioides sintéticos, excluida la metadona, estuvieron involucrados en el 58% de las sobredosis. Otras drogas incluyeron psicoestimulantes como la anfetamina, en aproximadamente el 24% de los casos, la cocaína en casi el 23%, la heroína en casi el 17%, los opioides naturales y semisintéticos en el 15% y la metadona en casi el 4%.

Mientras la nación intenta controlar el COVID-19, la Dra. Volkow dijo que espera que las muertes por sobredosis de drogas disminuyan este año y agregó que podría depender de la rapidez con que actúe el país.

“En este momento, un desafío importante es implementar las vacunas a la mayor cantidad de personas posible, y eso ha sido más difícil de lograr de lo que esperábamos inicialmente”, dijo, y señaló la complicación de las variantes del coronavirus. "La gente ha perdido sus casas, ha perdido sus trabajos, y ese es un nivel de estrés que, incluso si usted controla por no estar tan preocupado de estar infectado, en realidad exacerba sus resultados".

"En 2021, espero que podamos comenzar a obtener mejores números que los de 2020, pero esto sucederá solo si enfocamos los recursos estratégicamente para intervenir y ayudar realmente a aquellos que son más vulnerables", dijo el Dr. Volkow .

El Sr. Stauffer dijo que le preocupa que la pandemia se habrá persistente, efectos a largo plazo, contribuyendo a otra década de los problemas con el abuso de sustancias.

Este último año ha sido más una lucha para él personalmente que en el pasado, dijo, incluso con 35 años de recuperación en su haber.

Aunque la idea de consumir sustancias no se le ha pasado por la cabeza, Stauffer dijo que definitivamente tuvo que centrarse más en el cuidado personal.

Las muertes por sobredosis de drogas disminuyeron en 2018, la primera vez que se registra. En diciembre de 2018, los CDC registraron 67,850 muertes por sobredosis de drogas en comparación con casi 70,700 a fines de 2017.

La disminución de las muertes por heroína y analgésicos recetados contribuyó a la ligera caída, pero el aumento de las muertes por fentanilo, cocaína y psicoestimulantes los contrarrestó.

El número de muertes por sobredosis de drogas aumentó en 2019. Un total de 71,130 personas murieron por sobredosis de drogas durante un período de 12 meses que terminó en diciembre de 2019, según muestran los datos de los CDC.

Las muertes por sobredosis han aumentado continuamente desde 1990, cuando se informaron 8.413 muertes. En los últimos años, los opioides, en su mayoría opioides sintéticos (distintos de la metadona), han actuado como el "principal impulsor" de las muertes por sobredosis de drogas, según los CDC.

22 febrero 2021

(Tomado de The Washington Times / Traducción Cubadebate)

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Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en una nueva jornada de represión a las protestas. Además, otras 30 personas fueron heridas por policías y soldados durante una manifestación de trabajadores portuarios en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Al menos unos 500 agentes de seguridad participaron en el operativo en las cercanías de Yadanabon, un astillero estatal. Balas de goma, munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes recibió el movimiento de desobediencia civil que exige la restitución del gobierno de presidenta y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. Una de las personas asesinadas es un menor de edad a quien le dispararon en la cabeza, según indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios, citado por AFP. "La mitad de los heridos recibió disparos con munición real", agregó el socorrista. La segunda víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de llegar al hospital. Los testigos afirmaron que la policía también reprimió con proyectiles metálicos fabricados con tornillos y lanzados con tirachinas. "Es como una zona de guerra", dijeron.

Hace tres noches las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores ferroviarios en Mandalay por haber adherido al movimiento de resistencia contra la Junta y el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, antigua Birmania. Otra nueva ola de represión llegó poco después de que los ciudadanos salieran a las calles para rendir tributo a Mya Thwet Thwet Khine. La joven de 20 años murió ayer luego de permanecer en estado crítico después de haber sido baleada el pasado nueve de febrero, unos días antes de su último cumpleaños.

La familia de Mya Thwet Thwet Khine anunció su muerte, la primera confirmada desde el golpe de Estado que puso en el poder al general Min Aung Hlaing. En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, unas mil personas se reunieron para recordar a la primera víctima del gobierno militar.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad continuaron ampliando medidas restrictivas. Anoche el país volvió a tener un apagón de Internet, lo mismo ocurrió en las últimas seis noches. Si bien la conexión fue restaurada a la mañana siguiente, las autoridades bloquearon Wikipedia, la plataforma de información libre y colaborativa. El gobierno ya había restringido el acceso a Facebook, desde donde la ciudadanía convocaba a las manifestaciones.

De acuerdo con datos de una ONG de asistencia a presos políticos, cerca de 550 personas han sido detenidas en menos de tres semanas. Entre ellos funcionarios huelguistas, monjes, responsables políticos y activistas. Sólo unas 40 personas han sido puestas en libertad.

Desde el departamento de Estado de EEUU condenaron "la violencia contra el pueblo de Birmania" luego de la muerte de Mya Thwet Thwet Khine. Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes para analizar medidas contra el Ejército birmano."Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles", afirmó Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE.

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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