En plena pandemia de coronavirus, Jair Bolsonaro avanza con la privatización del agua

El Senado le allanó el camino

 

El Senado de Brasil aprobó el miércoles un proyecto oficialista que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El presidente Jair Bolsonaro había pedido al Congreso prioridad para la iniciativa, a pesar de la pandemia del coronavirus, bajo la excusa de que atraerá más inversión privada al sector que se encuentra en un estado de precariedad.

El proyecto de ley, que había sido aprobado la Cámara baja en diciembre, fue sancionado por una votación de 65 a 13 en el Senado. La iniciativa, que el presidente firmará en las próximas horas, pondría un recurso público vital en manos privadas, en momentos en que muchos países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua

El saneamiento era el último sector importante de infraestructura en Brasil que no había sido privatizado. Bolsonaro, que impulsó una agenda radical de reformas de libre mercado, celebró su aprobación.

De acuerdo al mandatario, el proyecto tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar, dijeron sus impulsores. "Casi la mitad de la población de este país carece de saneamiento básico", dijo el principal patrocinador del proyecto, el senador Tasso Jereissati del partido de centro derecha PSDB.

La votación fue resultado de una sesión remota debido a la pandemia de coronavirus, que ha resaltado la urgencia de abordar los problemas de saneamiento para los pobres en el país.

El país tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos. Muchos brasileños carecen de acceso a lo más básico necesario para prevenir el contagio: agua limpia para lavarse las manos.

Publicado enInternacional
Avanzan las políticas de ajuste en Uruguay 

La coalición de derecha impulsa una reforma legal integral

 

Superados los primeros 100 días de gobierno el presidente Luis Lacalle Pou hizo su declaración de principios al presentar la Ley de Urgente Consideración (LUC). El mega paquete legal tiene un fuerte sesgo punitivista y restringe derechos constitucionales.

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou encara su plan de gobierno en plena crisis económica por el avance del coronavirus. La caída de la actividad obligó al mandatario a reevaluar algunas de sus prioridades, como por ejemplo el recorte al gasto público de 900 millones de dólares que había prometido en campaña. Sin embargo sigue avanzando la Ley de Urgente Consideración (LUC) que envío en abril al Parlamento. Se trata de un mega proyecto con casi 500 artículos que reforma cerca de 60 leyes. El mismo tiene un fuerte sesgo punitivista y ataca el derecho a huelga. Ya pasó por el Senado donde la oposición, encabezada por el Frente Amplio (FA), logró modificaciones en más de la mitad de las normas. “La derecha que en campaña se mostraba desideologizada terminó siendo bastante parecida a la vieja derecha uruguaya”, sostuvo Daniel Gerhard diputado por el FA.

Declaración de principios

El sistema de salud uruguayo pudo contener el avance del coronavirus como pocos países del mundo. Tan sólo hubo 25 muertos y 876 personas contagiadas con la covid-19. La tensión está puesta en la frontera seca con Brasil, donde la gestión de Bolsonaro obliga a redoblar esfuerzos. En paralelo, el desplome de la economía marcó los primeros meses de Lacalle Pou al frente del ejecutivo. En ese lapso, que suele ser el momento clave para que un nuevo gobierno instale su agenda, la denominada "coalición multicolor" presentó al Parlamento la LUC. El proyecto propone profundos cambios en campos tan variados como educación, seguridad, derecho a huelga, protección del medio ambiente y finanzas. Modifica leyes que llevaron años de debate. Sin embargo, el gobierno la presentó con carácter de “urgente” lo que obliga a tratarla de manera expedita. El FA intentó cambiar esta denominación pero no pudo ya que la derecha uruguaya tiene mayoría en ambas cámaras. El Congreso tiene un lapso de 90 días para votarla. Los artículos en los que no haya consenso quedarán tal como los propuso el Ejecutivo.

El proyecto consiguió la "media sanción" del Senado el 5 de junio pasado. Obtuvo los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que junto al Partido Independiente y el Partido de la gente forman la coalición gobernante. La LUC ingresó al Senado con 502 de artículos y salió con 476. A su vez, más de la mitad fueron modificados. Pese a las controversias Lacalle Pou defendió la ley con los mismos argumentos que lo llevaron a la presidencia. “Casi la mitad de los artículos refieren a educación y seguridad, temas que la gente pidió en campaña electoral", sostuvo el mandatario. También marcó la necesidad de reducir el déficit fiscal que dejó el FA, cerca del 4,6 por ciento del PBI. La retórica del presidente no se aleja del libreto habitual de la derecha: defensa de la propiedad privada, resguardo de libertades económicas y volver el país atractivo para el mundo. Hace algunas se semanas se deslizó la posiblidad de poner un tributo a las grandes fortunas para paliar la crisis. El mandatario fue categórico: “Gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis”, indicó Lacalle.

Más poder al poder

Con la LUC el gobierno puso en la mira derechos constitucionales de los trabajadores. El artículo 388 garantiza como legales las protestas consideradas “pacíficas”, sin dar mayores definiciones sobre el concepto. En tanto que el 466 considera ilegítimos los piquetes. Para eso incorpora el derecho de los no huelguistas a trabajar y de los empresarios a ingresar a su emprendimiento. Desde el PIT-CNT el Secretario General Marcelo Abdala indicó el objetivo punitivo de esos artículos. "Le dan la posibilidad al Poder Ejecutivo de avanzar de manera represiva contra una legítima forma de manifestación", sostuvo el sindicalista. Además mencionó que hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó al gobierno . La OIT pidió que se revisen estos artículos y que haya consultas a los actores involucrados. También sumaron sus críticas tres relatores de la ONU en una carta a la Cancillería . “Estas disposiciones serían incompatibles con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1970”, sostuvieron los miembros de la ONU.

A su vez la ley amplía el margen de acción de las fuerzas represivas. Aparece la figura del “agravio policial”, así como modificaciones en lo que hace al uso de la fuerza. En ese sentido el diputado Gerhard cuestionó el argumento de que la policía esta limitada ala hora de actuar. “Durante enero y febrero la policía abatió a 31 personas y ningún agente fue procesado ni formalizado por la justicia. ¿Cuántos muertos más necesita la derecha para decir que la policía puede hacer su tarea sin estar de brazos atados?”, cuestionó el legislador. Por otra parte, también denunció que se agregaron cambios de último momento a la LUC relativos a las “Áreas Protegidas”. “Al día de hoy el 90 por ciento de los territorios bajo esta denominación están en manos de privados. Ellos tienen la obligación de vigilar y supervisar que se cumpla la protección. Pero la ley del gobierno propone quitarles esa obligación”, indicó el diputado. Gerhard sostuvo que estas modificaciones favorecerán la expansión del negocio forestal.

Nuevas caras, mismas recetas

Para el Secretario General del PIT-CNT el país está entrando en un momento de ajuste. "Este gobierno responde al capital financiero y los agronegocios. Estamos en un período de agotamiento de las formas tradiciones de obtener ganancia en estos sectores. Eso deriva en un ajuste hacia los trabajadores y el pueblo", sostuvo el sindicalista. Ante esta situación resaltó la necesidad de llevar a la práctica la unidad del movimiento obrero internacional. “Es importante retomar el trabajo de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur y abrir una agenda de reivindicaciones comunes de todos los trabajadores del continente”, manifestó Abadala.

Por su parte el diputado del FA señaló que el gobierno de Lacalle Pou expone el renacimiento de la vieja oligarquía uruguaya. “Entre las preocupaciones que manifiesta el gobierno y los medios que propone con esta ley hay una distancia terrible. Va a ser nuestra tarea política poder explicar eso. Vos le preguntás a un ciudadano que es la LUC y muchos no saben”, reconoció el legislador. “No nos equivocamos en campaña cuando decíamos que esta derecha era la que ya conocíamos y venía por todo. La LUC es una herramienta restauradora de ese Uruguay al servicio de las minorías”, indicó Gerhard.

Publicado enInternacional
Miércoles, 10 Junio 2020 06:13

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Lenín Moreno lleva adelante un enorme recorte del gasto público

El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.

 

El presidente Lenín Moreno entró en su último año de mandato en medio de una profunda crisis económica a la que se sumó la llegada del coronavirus. “Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo", sostuvo el mandatario. De esa manera justificó un recorte de más de 4 mil millones de dólares en el presupuesto. El mismo implicó la reducción de la jornada laboral y salarios para miles de trabajadores. Además, facilitó los despidos en el sector privado con indemnizaciones ridículas. En paralelo, y como para dejar en claro sus prioridades, el gobierno siguió pagando millones de deuda externa. “Se estima que van más de 1.300 millones de dólares pagados a organismos internacionales, en algunos casos en maniobras que fueron vedadas a la opinión pública”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el economista Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador. Ante este panorama el lunes pasado volvieron las movilizaciones en todo el país convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

.

El pueblo puede esperar

 

El diagnóstico de Moreno es que su país está enfrentando la peor crisis económica de la historia. Por eso debe recortarse el gasto público. En los programas de noticias del establishment se habla de “un estado excesivo” que es necesario achicar. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo para emprender el ajuste. A mediados de mayo anunció que reduciría la masa salarial del Estado en 980 millones de dólares. Por otro lado eliminaría siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea de bandera TAME. Además defendió la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Apoyo Humanitario. Moreno dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener puesto de trabajo y evitar que las empresas quiebren. Sin embargo, en lo que va de la pandemia ya se perdieron más de 150 mil empleos.

Ante este hecho las organizaciones sindicales decidieron romper las medidas de aislamiento y salieron a las calles el lunes pasado. Sin muchas vueltas, lo que reclamaron al gobierno es que vete la Ley Humanitaria. “Establece medidas regresivas que violan derechos constitucionales de los trabajadores. Por eso hemos salido a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esas reformas”, sostuvo Richard Gómez, presidente de la CUT, al noticiero de la cadena Ecuavisa. Ante la pregunta de si este momento histórico de crisis no justificaban los recortes Gómez pidió diferenciar a las grandes empresas del resto. “Hay grupos que hasta hace unos meses sacaron del país cientos de millones de dólares y ahora despiden compañeros con cinco, diez y hasta quince años de antigüedad. Les han pagando indemnizaciones absurdas. Lo que hay ahí es viveza criolla”, indicó el líder sindical. Privados y gobierno siguen vaciando las arcas del Estado, algo que para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no puede emitir moneda, es casi una herida de muerte.

 

Honrarás tus deudas

 

Pese que a en el país había consenso político para evitar el pago de la deuda la administración Moreno siguió desembolsando. Lejos de cortarle el chorro a los organismos internacionales el presidente dijo que son sus aliados. Y sostuvo que el endeudamiento va a ser el salvavidas para encarar la crisis del país. El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había anunciado pagos por casi 800 millones de dólares en concepto de deuda. Sin embargo una investigación del Observatorio de la Dolarización descubrió desembolsos por casi mil millones que el gobierno no había dado a conocer. “A partir de las estadísticas que publica el Banco Central pudimos ver que se pagó 865 millones de dólares de capital,  71 millones de dólares en intereses y comisiones, por concepto de deuda externa, a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc”, informó Arauz. La maniobra formó parte de una apuesta financiera muy riesgosa hecha por Martínez. Y le salió mal. “Préstamos que originalmente eran por 48 y 54 meses terminaron siendo por 19 y 17 meses. Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, provincias, proveedores del Estado, seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual, e incluso adelantada, fue a los bancos de Wall Street, con los que perdió la apuesta especulativa”, sostuvo el economista.

La comunidad educativa fue la primera en salir a las calles durante la pandemia. El gobierno había propiciado recortes que alcanzaban los 100 millones de dólares para las universidades. Pese a que la Corte Constitucional resolvió que el gobierno debía dar marcha atrás con la medida, Moreno sostuvo el ajuste. “Debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. (...) Ante el déficit fiscal tendrán el 10 por ciento menos que el año pasado”, sostuvo el presidente. También pidió a las regiones que aún no normalizaron sus actividades que lo hagan. El gobierno puso en funcionamiento un sistema de semáforos para salir de la cuarentena por el coronavrius. Las autoridades reclamaron que todo el país entre cómo mímino en el color amarillo. Ecuador tiene el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Hasta el momento 43.378 personas contrajeron allí la enfermedad y 3.642 murieron. 

A los reclamos de los universitarios se les sumaron los estatales de todo el país y ahora las entidades obreras. El recuerdo del estallido social de octubre del año pasado está latente en el gobierno. Tal vez por eso el 29 de mayo el ministerio de Defensa sacó el Acuerdo 179. Este regula el uso de la “fuerza letal” en “disturbios internos” para las Fuerzas Armadas. El Defensor del Pueblo de Ecuador Freddy Carrión pidió que se derogue la Resolución. “Primero por que de acuerdo a nuestra Constitución las FFAA no tienen facultad para controlar el orden interno. Eso es competencia de la policía. En segundo lugar, la protesta social no puede ser tomada como amenaza al orden interno, y por lo tanto facultar a las FFAA para que usen fuerza letal. Estamos hablando de armas de fuego que afectarían el derecho a la integridad y a la vida", sostuvo en diálogo con este diario el Defensor. Para el letrado no es casualidad que ante las medidas de fuerzas acordadas por los trabajadores el gobierno emita este tipo de resolución. "En este contexto de manifestaciones se debe garantizar el Derecho a la protesta social. Inclusive en nuestro país el Derecho a la resistencia figura como un Derecho Humano”, explicó Carrión. Ante la negativa del ministro de Defensa de dar un paso atrás con la normativa, el letrado presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Ecuador.

Publicado enInternacional
Protesta de trabajadores ayer en Quito, contra el paquete de políticas para enfrentar la crisis dejada por la pandemia.Foto Ap

Quito. Sindicatos y organizaciones sociales salieron ayer a las calles y plazas en varias zonas de Ecuador, en rechazo a las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno ante una fuerte crisis de liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.

El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajando los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.

Las medidas llevaron a sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales a recorrer, con carteles y consignas en contra del gobierno, las calles del centro de Quito, donde se mantiene un duro confinamiento por el creciente número de contagios y muertes por el coronavirus. Protestas similares se reportaron en Guayaquil y Portoviejo.

“Con esta ‘ley de inhumanidad’ todos los trabajadores regresan a ser peones, a ser esclavos”, aseguró a Reuters Mesías Tatamuez, presidente del sindicato Frente Unitario de Trabajadores, quien exigió al presidente que deje de pagar la deuda externa y con eso atienda la emergencia sanitaria.

A las protestas se unieron trabajadores del ferrocarril, cuya empresa, con más de 400 empleados, fue cerrada por decreto.

Las marchas de esta jornada son demostración de la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia.

Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales, en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo que busca reducir los subsidios.

El centro histórico de Quito, donde se ubica el Palacio de Gobierno, estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.

Publicado enInternacional
La pandemia hará que se retraiga entre 10 y 30 por ciento el comercio mundial de bienes. En la imagen protestas para pedir reapertura de la economía en California .Foto Afp

The Economist, portavoz globalista de la dupla Rothschild/Soros, se despide de “la mayor Era de la globalización (https://econ.st/2WFBNDT)” y se "preocupa sobre lo que tomará su lugar", lo cual no es difícil de discernir: el retorno de los soberanistas/nacionalistas vilipendiados en forma despectiva como "populistas" cuando ocultan en forma deliberada que en EU existió un People’s Party y que el mismo Obama defendió en forma vehemente (https://bit.ly/2LvWdZD) frente a las alocadas críticas de Peña Nieto que nunca entendió su semiótica.

The Economist admite que antes de la pandemia la globalización se encontraba en serios problemas y que recibió tres severos golpes de los que difícilmente se repondrá: la crisis financiera de 2008, la guerra comercial de EU contra China y el Covid-19 que "hirieron el sistema abierto del comercio".

The Economist contempla que "el comercio mundial de bienes" se retraerá entre 10 y 30 por ciento, lo cual se agrega a la guerra comercial/digitálica de Trump contra China.

A su juicio, queda expuesta la "subyacente anarquía de la gobernanza (sic) global". Los terminajos "gobernanza global" estuvieron de moda en los circuitos atlantistas que nunca consiguieron algo concreto con su teoría etérea y que, en su encapsulamiento onanista, siempre negaron el ascenso multipolar de Rusia/China/India/Irán/Turquía/Pakistán/etc.

La revista globalista expectora una perogrullada: "en todo el mundo, la opinión pública se aleja de la globalización" cuando la "gente está perturbada de hallar que su salud depende de las querellas para importar equipamiento protector y en los trabajadores migrantes (sic) quienes laboran en asilos y en las cosechas".

Una grave crítica a la caníbal globalización es que no sólo desmanteló el equipamiento de los hospitales, mientras financiarizaba los cerebros mercantiles de los médicos que sucumbieron a los cantos pecuniarios de las sirenas bursátiles y de seguros, sino también se consagró a lucrar hiperbólicamente con su Big Pharma (https://bit.ly/3cz1bk5):uno de susprincipales negocios de casi un millón de millones de dólares. Emerge un axioma imutable: ¡La salud debe ser perentoriamente pública!

La revista de marras se centra en analizar el impacto del fin de la globalización en la triada gente/bienes/capitales.

En referencia a la gente, la migración será todavía más reducida, mientras que, en el ámbito comercial, las firmas nacionales dependerán más de la voluntad de los gobiernos y los bancos centrales, con el firme propósito de "regresar las cadenas de abasto a casa" en nombre de la "autosuficiencia económica", como ha anunciado el premier indio, Narendra Modi, cuando Japón subsidia a las firmas que repatrian sus industrias.

Mas aún: en la Unión Europea se sopesa la "autonomía estratégica" que pretende crear un fondo para comprar participaciones en las empresas insolventes.

Llama la atención que The Economist no se embelese demasiado con el "comercio digital" cuya escala "es todavía modesta" cuando las "ventas foráneas de Amazon/Apple/Facebook/Microsoft equivalen a un magro 1.3 por ciento de las exportaciones globales".

Respecto a los "capitales", confiesa su "sufrimiento" cuando las "inversiones de largo plazo se han hundido" y, en forma ominosa, EU "acaba de instruir a su principal fondo de pensiones federal de cesar la compra de acciones chinas", mientras que "los países que constitu-yen 59 por ciento del PIB global han apretado sus reglamentos para las inversiones foráneas" y sus "gobiernos intentan pagar sus nuevas deudas mediante impuestos a las firmas y a los inversionistas".

Concluye que "en el mundo rico (sic) la vida será más cara y menos libre", al unísono de un "mundo fracturado que dificultará la resolución de los problemas globales, que incluyen la búsqueda de una vacuna y el aseguramiento de una recuperación económica".

Recuerdo que fui de los primeros a escala global y regional en advertir desde hace 14 (sic) años las tendencias ineluctables hacia la desglobalización cuando la globalización demostró ser antidemocrática y caníbal (https://bit.ly/2X1sihh)”.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Publicado enEconomía
Coronavirus en Perú: el modelo entró en terapia intensiva 

La pandemia desnudó un programa  neoliberal que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómico

 

Desde Lima. El Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena total a nivel nacional, el 16 de marzo, pero se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, con más casos de contagio de covid-19. Son 88.541 contagios reportados y 2.523 fallecidos. En el último día hubo 4.046 casos nuevos, la jornada anterior habían sido 3.891, y 131 fallecidos, el día anterior fueron 125 las muertes. Optimista, el presidente Martín Vizcarra ha señalado esta semana que “ya se ha llegado a la meseta de contagios, ahora comenzará un lento descenso, necesitamos persistir en el esfuerzo”. La afirmación ha desatado un encendido debate. El ministro de Agricultura y once congresistas están entre los infectados.

El gobierno reaccionó rápido al decretar una temprana cuarentena cuando los casos eran 71 y no había un solo fallecido, pero en un país con 70 por ciento de informalidad, muchos que viven del día a día, y un Estado poco eficiente, incapaz de hacer llegar oportunamente las ayudas -en dinero y alimentos- dispuestas para la población más vulnerable, hacer cumplir una rigurosa cuarentena ha sido complicado.

Precarios y desordenados mercados populares donde compradores y comerciantes con un alto índice de contagio detectado se aglomeran y que recién ocho semanas después de estar en cuarentena se intentan ordenar, largas filas en los bancos para cobrar los bonos repartidos desorganizadamente por el gobierno y el transporte público, se han convertido en los principales espacios de transmisión del virus durante esta larga cuarenta.

El coronavirus se inició en los barrios limeños de clase media y alta con personas llegadas de Europa -el primer caso se presentó el 6 de marzo- pero ahora, a través de estos tres focos de contagio, se extiende en los barrios populares, donde millones viven hacinados en precarias viviendas, muchas sin agua. Un ambiente propicio para la expansión del virus.

“Una primera razón por la cual el Perú tiene más casos de coronavirus registrados que la mayoría de países de la región es porque es el país de la región que más pruebas para detectar el virus está haciendo (se han hecho más de 630 mil pruebas), y a más pruebas más casos detectados, cifras más reales, menos subregistro”, le declaró a Página/12 el médico Eduardo Gotuzzo, miembro de un equipo de expertos que asesora al gobierno.

El doctor Gotuzzo hace un balance de la cuarentena: “En un inicio tuvimos problemas para detectar y aislar los primeros casos y la enfermedad se diseminó. La vigilancia epidemiológica en ese inicio no fue la mejor. Eso se ha superado. Un grave error ha sido poner un toque de queda muy temprano (a partir de las seis de la tarde y desde el lunes pasado corrido a las ocho de la noche), lo que redujo el tiempo de atención en bancos y mercados, generando más aglomeraciones que propagan el virus. La cuarentena ha servido para reducir los contagios, sin cuarentena serían muchos más, y se ha aprovechado este tiempo para mejorar el precario sistema de salud”.

Mejorar el deficiente sistema de salud, descuidado y desfinanciado a pesar de las últimas dos décadas de importante crecimiento económico, es una carrera contra el tiempo y el avance del virus. Se está al límite. Y en algunas regiones del país ya ha colapsado, con pacientes que mueren en los pasillos de los hospitales esperando ser atendidos. Personal de salud protesta exigiendo equipos de protección.

El lunes pasado se volvió a prorrogar la cuarentena por otras dos semanas, pero esta vez con una apertura parcial de algunas actividades económicas, como la minería, construcción, industria textil, servicio de restaurantes por delivery. Con esta apertura volverían al trabajo 1,4 millones de personas y la actividad económica, reducida a un 44 por ciento con la cuarentena, debe subir a un 70 por ciento. Hay temor sobre el impacto de esta apertura en la propagación de la covid – 19.

El gobierno ha destinado unos 30 mil millones de dólares (el 14 por ciento del PIB) para responder a la emergencia por la pandemia y sus efectos. Se ha creado un bono equivalente a 220 dólares para 6,8 millones de familias -75 por ciento del total de familias del país- pero hasta ahora se ha repartido menos del 40 por ciento de ese bono, se ha postergado el pago de impuestos, para las empresas se están dando préstamos avalados por el Estado con intereses entre uno y dos por ciento y hay subsidios parciales a los pagos de planillas. Pero a pesar de estas ayudas, las empresas han dado hasta ahora licencias sin paga a más de 200 mil trabajadores.

Diversos expertos indican que este año la caída del PIB sería mayor a 10 por ciento, después de haber crecido 2,2 por ciento en 2019 y tener antes de la pandemia una proyección de 4 por ciento de alza para este año. Según Cepal, la pobreza en el Perú subiría de 20,2 por ciento a entre 23,3 y 25,2 por ciento. Esto significa entre 950 mil y 1,6 millones de nuevos pobres. Hay otro 32 por ciento que está fuera de la línea de pobreza monetaria (que es de un ingreso mensual de unos 400 dólares para una familia de cuatro miembros), pero en condición de vulnerabilidad. Analistas estiman que entre 700 mil y 1,3 millones perderían su empleo este año.

Ante a la propuesta para crear un impuesto a la riqueza, que gatilló las presiones en contra de los grupos de poder, el presidente Vizcarra señaló que en este momento de crisis “es necesaria la solidaridad de quienes tienen más”, pero su ministra de Economía, María Antonieta Alva, una joven economista de 35 años salida de la tecnocracia neoliberal, ha marcado distancias con la propuesta.

“El costo económico de esta crisis para el país será grandísimo y estimo que tardaremos por lo menos dos años en recuperarnos. Después de la pandemia tendremos una economía más concentrada, más oligopólica, porque en estos días el gobierno ha suspendido la entrada en vigencia de una ley antimonopolio”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

“Esta pandemia está revelando que en el Perú con la Constitución de 1993 (dada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori) que redujo al Estado a un rol subsidiario de lo privado, lo que hemos tenido es una modernización de escaparate, con algunas instituciones estatales útiles para el modelo neoliberal que se han desarrollado, pero lo que tiene que ver con el bienestar de la población, como la salud, la educación o el transporte público, no se ha desarrollado. No hay una base industrial diversificada, por eso tenemos una alta informalidad laboral. Esta pandemia ha puesto en evidencia que el modelo neoliberal que tenemos hace agua”, reflexiona Campodónico.

El coronavirus ha desnudado dramáticamente las profundas desigualdades y exclusiones de un modelo que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómicos, pero que escondía sus pésimas cifras sociales. 

Publicado enInternacional
Domingo, 10 Mayo 2020 07:42

El Estado al rescate

 El presidente Emmanuel Macron en una visita a la escuela Pierre de Ronsard, de París / Foto: Afp, Ian Langsdon

Keynesianismo de ocasión en tiempos de emergencia.

Banqueros que auguran el fin del capitalismo salvaje y la llegada de un Estado más “maternal”; ministros liberales que no hacen ascos a las nacionalizaciones; gobiernos ajustadores que anuncian planes de gastos millonarios… Sin embargo, detrás de apariencias e ilusiones, la nueva normalidad aún no se aleja mucho de la vieja.

 

Sucede a menudo en ocasiones de grandes crisis: el Estado toma sus armas de caballero y a capa y espada sale a escena a dar la cara. Cuanto más grande era antes de la crisis, más dinero podrá poner el valiente para salvar también a quienes antes querían achicarlo, adelgazarlo, vaciarlo, y volverán a querer hacerlo cuando todo pase y la “nueva normalidad” se instale, tan parecida ella a la vieja.

Un escenario así se está viendo ahora. En casa (véase contratapa de Brecha, 9-IV-20) y en “el mundo”. A veces incluso las sorpresas son grandes. Se hizo famoso un editorial del Financial Times, vocero consuetudinario de ese protagonista tan invisible como el coronavirus al que llaman “los mercados”, que al comienzo de esta crisis global, el 3 de abril, llamó a que tras la pandemia se pongan sobre la mesa de discusión de los grandes del planeta “reformas radicales que reviertan la dirección principal de las políticas de las últimas cuatro décadas” y apunten a dar al Estado un papel mucho más protagónico en la economía. Los gobiernos, afirmó el señero diario británico, “deberán ver a los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez; los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas”. No sólo el Financial Times se internó por ese camino de la conversión. Banqueros, políticos, economistas habitualmente ubicados en su misma cuerda fueron más o menos en igual sentido. En Francia, por ejemplo, Patrick Artus, economista del banco de inversión Natixis, dijo que si alguna conclusión se puede sacar del desastre causado por la pandemia, es que el“capitalismo neoliberal, que optó por la globalización, la reducción del papel del Estado y de la presión fiscal, las privatizaciones y una protección social débil, llegó a su fin”(Libération, 1-IV-20). Y previó también que la era del Después del Coronavirus será menos salvaje. Más “maternal”, dijo otro banquero, italiano él, de vieja raigambre liberal él, pensando en un Estado que arrope y deje a la “menor cantidad posible” de gente por el camino. “Quizá cuando las imágenes tan fuertes que estamos viendo ahora de hospitales desbordados, de cuerpos amontonados en morgues, de ciudades como Bérgamo casi diezmadas, pasen, como pasó la de Aylan, el niñito sirio que se ahogó en las costas italianas, podamos creer otra vez en lo mismo. La peste por ahora no nos deja, pero quién sabe.”

Quién sabe.

***

La megacrisis ha llevado a que señores que hasta hace muy, muy poco no hablaban más que de privatizaciones hoy piensen en la posibilidad de incrementar la participación del Estado en algunas grandes empresas al borde de la quiebra o incluso en nacionalizarlas. Bruno Le Maire, ministro de Finanzas del gobierno francés, se dijo, mes y medio atrás, dispuesto a estudiar “todas las posibilidades” para salvar compañías que la pandemia “ha puesto de rodillas”, como Air France o Renault. “Se podrá proceder a recapitalizaciones, a tomas de participación, puedo incluso emplear el término ‘nacionalizaciones’”, afirmó el muy liberal ministro que condujo unos pocos años atrás la privatización en condiciones bastante escandalosas de La Française des Jeux, una empresa pública que desde 1976 tenía el monopolio de las loterías y las apuestas deportivas, y la no menos escandalosa de Aeropuertos de París, aún no terminada. En 2006, cuando operaba para otro gobierno liberal, tuvo un papel central en las privatizaciones de la empresa estatal de gas y de las autopistas, que generaron gigantescas ganancias a los concesionarios, y respaldó la venta de una de las empresas que hoy “no descarta” nacionalizar, la compañía aérea Air France. A fines de marzo, Le Maire recibió de inmediato el apoyo entusiasta de Geoffroy Roux de Bézieux, presidente del Medef, la confederación patronal. “No hay que aferrarse a tabúes en estos temas. El Estado deberá efectivamente estar allí para asistir cuando sea el caso de aquellas empresas que pasen por una situación financiera muy compleja”, dijo este hombre, presente en los consejos de administración de empresas de variados sectores y autor, en 2011, del libro Pour sortir de la crise, le capitalisme (“Para salir de la crisis, el capitalismo”).

“Difícil creer que el ministro de Finanzas haya cambiado en unas pocas semanas de convicciones”, afirma el portal francés Mediapart en un informe consagrado al “concurso de hipocresías que rodea a la idea de nacionalizaciones” (28-III-20). Lo que Le Maire, Roux de Bézieux y otros grandes empresarios pretenden preservar, dice el autor de la nota, Laurent Mauduit, “es al capitalismo financiero, promoviendo ahora soluciones de emergencia”, de salvataje, que están en línea con los intereses de los accionistas privados de la empresa. Lo mismo que hicieron los gobiernos occidentales en la crisis de 2008 y otras anteriores, cuando destinaron miles de millones de euros de las arcas públicas al salvataje de bancos en quiebra. “Es el viejo principio del liberalismo: el Estado debe estar presente para socializar las pérdidas y ya será tiempo, cuando la crisis se supere, de reprivatizar las ganancias”, recuerda Mauduit. El Estado actuó, entonces, como “soporte del desarrollo del neoliberalismo”, señaló en declaraciones para otra nota de Mediapart Lenny Benbara, encargada de publicaciones del Instituto Rousseau, un laboratorio de ideas recientemente creado en Franciaal margen de los partidos de izquierda.

Con ese espíritu es que se ha movido en general el gobierno de Emmanuel Macron, como la mayoría de sus pares occidentales, en esta crisis en la que tanto se insiste acerca de los cambios copernicanos que tendrán lugar, casi como por encanto, cuando la pandemia sea historia y una suerte de neokeynesianismo se apodere de las mentes de los Connie Hughes del universo. Contribuyó a la confusión que en tantos y tantos países el freno de mano impuesto a “la economía” haya obligado a destinar paladas de dinero a planes sociales de todo tipo y a colocar en consecuencia algunos dogmas en el congelador; o que muchos liberales reconocieran que habían ido demasiado lejos con la idea de manejar los servicios públicos como si fueran empresas, en especial los de la salud; o que por estos lares algunos ilustres defensores del “todo al mercado” murmuraran que, bueno, y por qué no una vuelta a la sustitución de importaciones; o que en Europa surjan en filas del centroderecha discursos contra una mundialización que llevó, por ejemplo, a deslocalizar la producción de artículos de primera necesidad.

Pero basta mirar con un poco de detenimiento la composición de las políticas implementadas en la mayor parte de los países occidentales para darse cuenta de que nada ha cambiado demasiado y que esa famosa “nueva normalidad” tal vez no se aleje demasiado de la vieja. “Desde hace 30 años, cada gran crisis alimenta la esperanza desrazonable de un retorno a la razón, de una toma de conciencia, de un basta ya”, escribe Serge Halimi, director editorial de Le Monde Diplomatique en la edición de abril de este mensuario. “Hace un poco más de una década, para salvar su sistema en peligro, los liberales ya habían aceptado un aumento espectacular del endeudamiento, nacionalizaciones, estímulos fiscales, el restablecimiento parcial del control de capitales. Luego, las políticas de austeridad les permitieron retomar aquello de lo que habían debido desprenderse en el marco de ese sálvese quien pueda general.” No sólo recuperaron el terreno perdido, sino que adelantaron un poco más sus peones: “Los asalariados trabajaron más, y más tiempo, y en condiciones de mayor precariedad, mientras los ‘inversores’ y los rentistas pagaron menos impuestos”. El cambio civilizatorio del que tanto se habló por entonces lejos estuvo de producirse.

Aunque la pandemia coloque las cosas en otro lugar –no necesariamente en el de una “crisis del sistema”–, Halimi piensa que un escenario del mismo tipo de aquel de hace 10-11 años, o de los períodos posteriores a otras grandes debacles globales, está entre los más esperables.

Lo que el historiador económico Luis Bértola prevé para Uruguay en una reciente entrevista de Brecha (24-IV-20) –“un conjunto de reestructuraciones muy proempresariales y debilitadoras del rol del Estado”–, las notas de Mediapart lo extienden a Francia y a la mayor parte de los países europeos. A pesar de todas las apariencias.

***

En un artículo publicado el martes 5, Romaric Godin, periodista económico del izquierdizante portal francés, reconstruye grosso modo el escenario que se ha visto un poco por todos lados desde que se declaró la pandemia y más de la mitad de la población mundial fue puesta bajo confinamiento: las actividades económicas no esenciales quedaron en el limbo, mientras el Estado tomó la posta para “asegurar una apariencia de funcionamiento normal” a través de mecanismos de seguros de paro, que garantizan parte de los ingresos de algunos asalariados durante cierto tiempo, ayudas a algunas categorías de trabajadores independientes y préstamos a las empresas para compensar sus pérdidas. Este sistema, “bastante inédito en regímenes capitalistas”, se sustenta en una “congelación de la economía”: “No se modifica nada de lo anteriormente existente, o apenas marginalmente, sino que se lo preserva en la perspectiva de un retorno a cierta normalidad” apostando a que la reactivación limite las pérdidas por vía del consumo. Pero superada la crisis sanitaria, “el doble choque de una menor oferta y una menor demanda” hará que las crisis económica y social tengan efectos tal vez más letales que el covid-19, sugiere Godin. Máxime cuando a pesar de todos los discursos, las salidas que se avizoran en la mayor parte de los países no difieren demasiado de las políticas de mercado implementadas hasta ahora. En Francia, apunta la nota, el gobierno de Macron está dando signos de que las medidas actuales de seguros de paro parciales bonificados se irán eliminando y que se dejará progresivamente el mercado del empleo librado a lo que puedan hacer o no las empresas. El presidente francés no ha renunciado a sus planes de reforma de la seguridad social, frenados primero por las movilizaciones sociales de chalecos amarillos y sindicatos, y luego por la pandemia. Apenas los postergó hasta el otoño europeo. Varios de sus ministros anunciaron por estos días que de ninguna manera se olvidaron de ellos. Pocos siguen hablando hoy en el gobierno francés y aledaños de medidas como la instauración de una renta básica (aunque más no sea por unos meses), aumento de impuestos a los más ricos, prohibición de desalojos por no pago de alquileres, o congelamiento de tarifas públicas, medidas todas de perfil “social” que habían sido evocadas apenas algunas semanas atrás. Hablan, sí, por el contrario, de aumentar la jornada de trabajo, de “aliviar las cargas de las empresas para que puedan invertir y crear empleos”, de suavizar algunas restricciones ambientales, con idéntico objetivo, etcétera, etcétera.

“Como el neoliberalismo contiene elementos keynesianos, esta opción no es necesariamente incompatible con medidas de estímulo, buscando un equilibrio socialmente menos doloroso”, escribe Godin. Pero “si se piensa que es la acumulación de capital la que debe crear empleo y que ‘la economía’ se limita a esa necesidad infinita de acumulación, la función del Estado se limitará a acompañar esta búsqueda de ganancias”, sustituyéndola en tiempos de crisis y retirándose nuevamente a cuarteles de invierno en períodos de calma. La misma visión neoliberal de 2008, que ahora vuelve por sus fueros, concluye el periodista de Mediapart.

***

La discusión en torno al viejo-nuevo papel del Estado en la economía ha generado en la alicaída progresía francesa nuevas esperanzas de que tal vez haya llegado la hora de que sus propuestas puedan volver a tener apoyo en la sociedad. De Francia Insumisa a sectores socialistas, pasando por el Partido Comunista y la ecología política, se vuelve a debatir de nacionalizaciones, de aumento de la protección social y ambiental, de reindustrialización, de impuestos a los más ricos, de renta básica, universal permanente, de planificación, hasta de “anulación de la deuda”. Las discusiones arrecian entre las distintas sensibilidades de la izquierda y tienen muchas aristas: ¿de qué se habla cuando se habla de “un papel más protagónico del Estado”? ¿Qué tipo de Estado, con qué funciones? ¿Más Estado o mejor Estado? ¿No habría acaso que promover desde la izquierda iniciativas de poder popular por fuera de las estructuras estatales, desarrollar estructuras como las cooperativas, por ejemplo, u otras, apostar más a impulsar instancias descentralizadas? ¿Qué estatuto acordar a los servicios públicos: de propiedad estatal, lo que equivale a dar al Estado la potestad de enajenarlos, o declararlos bienes comunes invendibles? “Todas estas discusiones son básicas para los tiempos que se vienen. Partamos de la base de que el Estado no es neutro ni monolítico. Y que no es suficiente para luchar contra fenómenos como el cambio climático, que debe ser pensado evidentemente por fuera de las fronteras nacionales”, dijo al diario Libération la diputada comunista Clémentine Autain.

En su informe sobre las hipocresías que rodean al eventual reimpulso de las nacionalizaciones, Mediapart englobaba entre los “hipócritas” a muchos socialistas que compartieron las políticas de privatizaciones y las impulsaron desde el gobierno con igual fervor que los partidos de derecha o centroderecha. Desconfiemos cuando conceptos como ese salen de la boca de gente que no se diferenció demasiado de los Le Maire, advierte el portal. También para ellos las nacionalizaciones fueron una forma de socializar las pérdidas y sacarles las castañas del fuego a capitalistas en dificultades, señala. En Francia y en España los partidos socialistas hablan ahora de nacionalizaciones temporarias, igual que cuando se plantean instaurar un sistema de renta básica, piensan en un ingreso mínimo de emergencia, mientras que en Unidas Podemos o en Francia Insumisa apuntan a una renta básica universal y permanente, y se habla de nacionalizar empresas estratégicas.

Mediapart se sorprendió, por otra parte, de la debilidad propositiva de algunos de los planteos que están más en boga en ambientes que buscan nuevas confluencias en la izquierda francesa. Cita entre otros un documento publicado el 25 de marzo en Libération por un colectivo de militantes de distintas corrientes de la izquierda, en el que se habla de “nacionalizar el sistema de salud”. El texto parte de “supuestos muy loables”, hace una descripción detallada y precisa  cómo el sistema ha sido desmantelado en función de los intereses de los privados, pero a la hora de proponer alternativas se limita a plantear la participación del Estado como accionista minoritario en algunos laboratorios, evalúa Mediapart.“Bien se sabe que cuando el Estado tiene una participación minoritaria en una empresa –se lo vio en Air France o en Renault–, no cambia en nada las lógicas del capitalismo de accionistas, que destroza al mundo del trabajo y cubre de oro a los privados.” Hay como una resignación de fondo en cierta izquierda, lamenta el autor de la nota.

“Esta demanda de retorno a un Estado protector, regulador, anticipador, es un balón de oxígeno en el contexto actual”, constata Clémentine Autain. Pero habría que hacer un esfuerzo para que “surgiera un nuevo imaginario” de izquierda, dice.

Después de todo, nunca las crisis por sí mismas parieron ninguna revolución. Si no hay fuerzas que los impulsen, los cambios no se producen. Tampoco cuando el miedo prima sobre el deseo de cambio o la rebelión. Y si algo ha hecho el coronavirus o los humanos que lo manejan, es meter mucho miedo y congelar la rebelión.

Por Daniel Gatti

8 mayo, 2020

Publicado enSociedad
Sábado, 25 Abril 2020 06:31

¿Quién es el verdadero enemigo?

¿Quién es el verdadero enemigo?

Ya es hora de que hagamos a un lado la historia de Boris Johnson. No le deseo la muerte a nadie, y me alegra que Johnson regresara del valle de las sombras. Pero es demasiado escucharlo agradecer a los Servicios Nacionales de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) por su vida, cuando su gobierno no puede proporcionarles la protección que necesitan para atender a los enfermos. O ni siquiera ofrecer a su propio pueblo la verdad acerca de cuántas personas han muerto, están muriendo o morirán.

Aun si aceptamos la diferencia de los decesos por Covid-19 en hospitales y asilos respecto de los fallecimientos en hogares –e incluso si estamos preparados para creer las intolerables dificultades para cotejar estos datos–, ¿por qué los voceros y voceras de Johnson (o el mismo primer ministro antes de enfermar) no apuntaron desde el principio que la cantidad diaria en los hospitales de Gran Bretaña era probablemente una subestimación del total de bajas británicas? Tal vez de un 100 por ciento. Creo que los ministros del gabinete pensaron que podrían hacernos tragar el cuento de que las muertes en hospitales representaban el total… hasta que alguien detectó que no era así, momento en el cual el resto (o parte del resto) de los finados fue adosado chapuceramente a la cifra original, con insufribles excusas con respecto a por qué tal vez no era exacta.

Por inconsciencia u otra razón, este gobierno de tories emplea todavía el mismo sistema de mentiras –o simple pereza factual– que le permitió salirse con la suya en el Brexit, y ahora trata de reutilizarlo en la batalla contra el Covid-19.

¿Cuántos ciudadanos británicos han muerto de coronavirus en estas semanas pasadas? ¿Más de 11 mil? ¿O son 22 mil? ¿O muchos, muchos más? La mayoría de las personas, no sólo los británicos, pueden aceptar grandes pérdidas, por inconcebibles que hubieran sido en tiempos mejores. Sospecho que una razón por la que los líderes políticos son tan afectos a escarbar en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial es porque sospechan que los hombres y mujeres de ese tiempo estaban hechos de un material más recio. No necesitaban que los gobernantes, ni siquiera Churchill, los llamaran a luchar.

Hoy muchas personas –en especial en nuestro civilizado Occidente– creen que nunca van a morir. Nuestras laptops, Skype y Google, WhatsApp y Facebook, han hecho que la muerte sea remota, impensable entre sucesos virtuales, algo que se puede evitar con una combinación de entretenimiento y relaciones públicas, Netflix y palabras alentadoras de los funcionarios. Nuestros antepasados no tenían esos engaños.

Los remanentes de aquella sociedad –quienes creen en la muerte como un hecho de la vida– son los médicos y enfermeros que hoy hablan cada noche de su dolor y tristeza. No hay duda de que esos trabajadores son héroes, pero preguntemos cuál es el verdadero enemigo, y la respuesta es mucho más difícil de hallar. Desde un punto de vista científico, sabemos que el virus existe dentro de nuestro organismo, y de ahí se lanza a infectar a nuestras familias, amigos, vecinos, conciudadanos, los inocentes, los ancianos y, sí, a veces también los niños. Todo un enemigo. Sin duda existe. El problema es que debemos conquistar un enemigo que también somos nosotros. Somos el enemigo que debemos destruir.

Y esto inquieta mucho a nuestros amos políticos. Porque, tradicionalmente, todo sacrificio debe ir acompañado de un sentimiento de valor, de la idea de que la adversidad –sea regirnos por un toque de queda de Johnson o, verdadero heroísmo, el valor de los médicos, enfermeros y conductores de ambulancias que arriesgan la vida– debe tener su recompensa. Y si nuestro enemigo no tiene forma corporal –si no tenemos un microscopio electrónico–, ¿a quién pondremos en su lugar? ¿Al gobierno? ¿A la policía? ¿A los delirantes solitarios que escupen a los policías o realizan reuniones clandestinas? Todos amamos a nuestros vecinos, pero nos encanta desquitarnos de ellos por ofensas o desdenes pasados.

Si estamos hartos de las prohibiciones que nuestros gobiernos creen que debemos seguir, podemos redirigir nuestro fastidio hacia nuestros conciudadanos que nos ponen en peligro o que hacen caso omiso de la peste que tememos, o la aprovechan para obtener ganancias.

Por supuesto, el mayor temor de todos los gobiernos en tiempos de peste es que el pueblo pueda volverse contra ellos. Están en territorio inexplorado, como nos dicen todo el tiempo. Pero los intentos del gabinete británico de trazar nuevas rutas han sido ridículos. No necesitamos seguir la ruta de mentiras y promesas falsas –de estas últimas, limitarse a decir que las cifras bajarán de 250 mil a 100 mil simplemente no necesita explicación en estos días–, pero debemos pasar por encima de esa repulsiva expresión, comunicación equivocada, que supuestamente debía cubrir la indignante omisión del gobierno británico de no aprovechar el esquema de ventiladores de la Unión Europea.

Si rehusar la ayuda de la UE por pomposas razones políticas, no desconectadas del Brexit, tuvo algo que ver con el escándalo de la ayuda de los ventiladores de la UE, entonces –para usar otro cliché que pronto escucharemos de nuevo– deben rodar cabezas, incluso si los dueños de esas cabezas apenas se estaban recuperando ellos mismos del virus.

Lo que se revela en estos días es lo genuinas e inmensamente elocuentes –casi shakespereanas en su dolor– que son las palabras de médicos, enfermeros y paramédicos cuando se enfrentan a los micrófonos y cámaras. En un principio, como sabemos, los NHS amenazaron a esas magníficas personas con quitarles el empleo si se descubría –horror de horrores– que habían estado diciendo la verdad a la gente a través de los medios. Imagínense nada más. A nuestros salvadores les hubieran impedido salvarnos si hablaban demasiado. Por fortuna se tuvo la prudencia de abandonar esa amenaza. Si se hubiera cumplido, los británicos habrían necesitado más protección contra su gobierno que contra el Covid-19.

Porque basta escuchar unos minutos a esos hombres y mujeres, médicos, enfermeros, personal de ambulancias y asilos para que cualquiera entienda de qué se trata realmente la guerra contra el coronavirus. Se trata de humanidad y compasión en medio de la muerte, algo que los partidarios del Brexit y sus ideólogos en Downing Street no entienden ni pueden entender. Después de todo, son los hombres y mujeres a quienes dejaron sin equipo de protección suficiente por sus recortes de costos.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

El artículo completo está en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/ 2020/04/24/quien-es-el-verdadero-enemigo-robert-fisk-3163.html

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Abril 2020 06:51

Pánico global y horizonte aleatorio

Pánico global y horizonte aleatorio

Hemos entrado en tiempos paradójicos propios de una sociedad global en transición. Tiempos de inestabilidad generalizada en la que los horizontes compartidos se diluyen y nadie sabe si lo que viene mañana es la repetición de lo de ahora, o un nuevo orden social más preocupado por el bienestar de las personas…. o el abismo. La angustiosa contingencia del porvenir es la única certidumbre.

Y es que ahora no estamos ante los azares regulares de la cotidianidad como, por ejemplo, cuando tomábamos un metro para dirigirnos al trabajo y no podíamos prever con quiénes nos encontraríamos en el vagón, o si llegaríamos a tiempo. La incertidumbre actual es más profunda, es de destino, porque uno no sabe en realidad cuándo volverá a tomar el metro, si tendrá trabajo al cual dirigirse o, llevado al extremo, si estaremos vivos para entonces. Lo de hoy es, pues, un derrumbe absoluto del horizonte de las sociedades en el que la aleatoriedad del porvenir es de tal naturaleza que todo lo imaginable, incluida la nada, pudiera suceder.

Un diminuto virus de entre los cientos de miles que existen está llevando a que más de 2.600 millones de personas suspendan sus actividades regulares, que una gran parte de los trabajos con los que las personas reproducen sus condiciones de existencia estén paralizadas, y que los gobiernos implementen estados de excepción sobre la posibilidad de desplazarse y agruparse. Un pánico global se ha apoderado de los medios de comunicación y una niebla de sospecha sobre el otro cercano, portador de la enfermedad, quiere encumbrarse en el espíritu de la época.

Las imposturas de la globalización

Y lo paradójico resulta del hecho que en momentos de exaltación de la globalización de los mercados financieros, de las cadenas de suministros, de la cultura de masas y de las redes, el principal cuidado que se despliegue ante una enfermedad globalizada sea el aislamiento individual. Es como una confesión de derrota de esos mercados globales y sus sacerdotes ante la necesaria persistencia de los estados, la sanidad pública y las familias como núcleos imprescindibles de socialidad y protección. De ahí que resulte hasta grotesco ver a los profetas del libre comercio y del “Estado mínimo”, que ayer exigían derribar las fronteras nacionales y deshacerse de los “costosos” sistemas de derechos sociales (salud, educación, jubilación..), salir ahora a aplaudir el cierre profiláctico de las fronteras y exigirle al Estado medidas más drásticas para atender a los ciudadanos y reactivar las economías nacionales.

Que la euforia globalizadora como destino final de la humanidad sólo se aferre al encierro individual, y que la única organización política prevaleciente ante la emergencia de una enfermedad global, resultante del propio curso de la globalización, sea el Estado, habla de una farsa sin atenuantes. Algo anda mal en esa paradoja: o bien la globalización como proyecto político-económico fue y es una estafa colectiva para el rédito de pocos, o bien las sociedades aun no comprenden las “virtudes” del mundo global, lo que equivale a decir que si la realidad no se acomoda a la retórica, la que está fallando es la realidad y no la retórica sobre esa realidad. La verdad es que no hay respuesta globalizada a un drama global, y ahí ya hay una sentencia histórica sobre una época aciaga.

Se trata, en definitiva, de un descomunal fracaso de la globalización tal como hasta ahora se la ha construido y, sobre todo, del discurso político que la acompañó, de las ideologías normativas que la secundaron.

Si se globalizan los mercados de acciones pero no la protección social, las cadenas de suministros pero no el libre desplazamiento de las personas, si se globalizan las redes sociales pero no los salarios ni las oportunidades, entonces la globalización es más una coartada de unos cuantos países, de unas cuantas personas para imponer su dominio, su poder y su cultura, que una verdadera integración universal de los logros humanos en beneficio de todos.

Se trata de una manera mutilada de globalizar la sociedad que, al tiempo de generar más desigualdades e injusticias, debilita los mecanismos de protección y cuidado creados a lo largo de décadas por los diferentes estados nacionales.

Hoy vemos que los mercados financieros no curan enfermedades globales, solo intensifican sus efectos en los más débiles; hoy vemos que el libre comercio ha llevado a un retroceso en las condiciones de igualdad similares a las de inicios del siglo XX. Según Thomas Piketty, el 1% de los más ricos de EE. UU., que el año 1975 llegaron a concentrar el 20% de la propiedad del total de los activos inmobiliarios, profesionales y financieros, al 2018 han aumentado su participación al 40%, como en 1920. Hoy sabemos que ninguna institución global tiene la más mínima posibilidad de cohesionar las voluntades sociales para enfrentar las adversidades globales, y en cambio el Estado sí lo viene logrando. Es como si la “mano invisible” de Adam Smith no sólo fuese inservible para a los cuidados de la humanidad, sino más peligrosa que la propia pandemia. Y es que la globalización hasta ahora funciona como modo de acrecentar ganancias privadas de las grandes empresas del mundo, y en contraparte es inútil para promover la protección de las personas.

La actual epidemia no es la primera de carácter global. Ya se han presentado desde el inicio del mercado mundial a comienzos del siglo XVI, durante la colonización de América, cuando la viruela redujo entre el 70% y el 80% de la población originaria; luego lo hicieron, en distintos lugares del planeta, las infecciones del cólera, de la gripe rusa, la gripe española, la gripe aviar, el VIH, y recientemente el SARS 1, H1N1, etc.

Las enfermedades globales emergen de los modos de subsunción formal y real de la naturaleza viva a la racionalidad de la producción mercantil que fracturan los procesos regulados en la transmisión de enfermedades entre distintas especies animales. Subsunción formal, cuando se presiona a la pequeña economía agraria a internarse cada vez más en bosques y áreas ecológicamente auto sostenibles para mercantilizar la flora y la fauna; subsunción real, cuando la producción plenamente capitalista impone ilimitadamente en bosques modos de trabajo agrícolas extensivos, articulados a los mercados de los commodities. En ambos casos, la interfase entre la vida silvestre y los seres humanos que se regulaban gradualmente durante décadas y siglos a través de la difusión en pequeñas comunidades, ahora se comprimen en días o semanas en gigantescos conglomerados humanos, estallando en contagios fulminantes, masivos y devastadores.

Detrás de cada pandemia hay una manera de definir la riqueza social como ilimitada acumulación privada de dinero y bienes materiales y que, por tanto, convierte a la naturaleza, con sus componentes de seres vivos e inanimados, en una simple masa de materia prima susceptible de ser procesada, depredada y financiarizada. Es un modo enceguecido de producir cada vez más dinero, pero impotente para producir un modo global para proteger a las personas y, mucho menos, a la naturaleza. El resultado es un orden dominante de sociedad que no comprende que su compulsiva manera de devorar la naturaleza en el altar de la ganancia es una manera de devorarse a sí misma.

Que los mercados y las instituciones globales ahora se escuden detrás de las legitimidades estatales para intentar contener los demonios destructivos que esta forma de globalización ha desatado es la constatación de un doble fracaso. De las instituciones globales para proponer factibles respuestas mundiales para proteger la salud de las personas de todos los países; y de los mercados globales para impedir el descalabro económico generalizado que se aceleró por la pandemia.

Al estancamiento económico de los últimos años ahora le sigue la recesión global, es decir, un decrecimiento de las economías locales que va a llevar a un cierre viral de empresas, al despido de millones de trabajadores, a la destrucción del ahorro familiar, al aumento de la pobreza y del sufrimiento social. Y, nuevamente, los sacerdotes de la globalización, insuflados en su mezquindad, se cruzan de brazos a la espera de que los estados nacionales gasten sus últimas reservas, hipotequen el futuro de al menos dos generaciones para contener el enojo popular y atemperar el desastre que los arquitectos de la globalización han ocasionado.

Cuando la pujanza mundial era evidente, la globalización tenía muchos padres, cada cual más enardecido respecto a la fingida superioridad histórica del libre mercado. Y ahora que la recesión generalizada asoma las orejas, ella se presenta como huérfana y sin responsables. Y tendrá que ser el vapuleado Estado el que intente salir al frente para atenuar los terribles costos sociales de una orgía económica de pocos.

El regreso del Estado

Ciertamente asistimos y asistiremos a una revalorización general del Estado, tanto en su función social-protectora, como económica-financiera. Ante las nuevas enfermedades globales, pánicos sociales y recesiones económicas, sólo el Estado tiene capacidad organizativa y la legitimidad social como para poder defender a los ciudadanos.

Estamos ante un momento de regresión colectiva a los miedos sociales que, a decir de Elias, son los fundamentos de las construcciones estatales. Pero, por ahora, sólo el Estado, bajo su forma integral gramsciana de aparato administrativo y sociedad civil politizada y organizada, puede orientar voluntades sociales hacia acciones comunes y sacrificios compartidos que van a requerir de las políticas públicas de cuidado ante la pandemia y la recesión económica.

Bajo estas circunstancias, el Estado aparece como una comunidad de protección ante los riesgos de muerte y crisis económica. Y si bien es cierto que el destino de muchos ha de depender de la decisión de los pocos que monopolizan las decisiones estatales -y por eso Marx hablaba de una “comunidad ilusoria”- estas decisiones habrán de ser efectivas para crear un cuerpo colectivo unificado en su determinación de sobreponerse a la adversidad, siempre y cuando logre dialogar con las esperanzas profundas de las clases subalternas.

Incluso la recesión global halla en el Estado nacional a la única realidad social capaz de reorganizar la flecha temporal del flujo de la riqueza de las naciones para adelantar hoy a todos lo que se producirá mañana, a fin de dar un empujón a los ingresos laborales, al consumo interno, a la generación estatal de empleo y al crédito productivo.

Cuánto durará este retorno al Estado, es difícil saberlo. Lo que sí está claro es que, por un largo tiempo, ni las plataformas globales ni los medios de comunicación ni los mercados financieros ni los dueños de las grandes corporaciones tendrán la capacidad de articular asociatividad y compromiso moral similar a los estados. Que esto signifique un regreso a idénticas formas del Estado de bienestar o desarrollista de décadas atrás no es posible, porque hay unas interdependencias técnico-económicas que ya no pueden retroceder para erigir sociedades autocentradas en el mercado interno y el asalariamiento regular. Pero sin un Estado social preocupado por el cuidado de las condiciones de vida de las poblaciones seguiremos condenados a repetir estos descalabros globales que agrietan brutalmente a las sociedades y las dejan al borde del precipicio histórico. Las formas emergentes de Estado tendrán que combinar una revalorización del mercado interno, la protección social ampliada a asalariados, no asalariados y formas híbridas de trabajo autónomo, profundas políticas de democratización de la propiedad y las decisiones sobre el futuro, con la articulación controlada de las distintas cadenas de suministros mundiales, la fiscalización radical de los flujos financieros e inmediatas acciones de protección del medioambiente planetario.

Ahora, otra de las paradojas del tiempo de bifurcación aleatoria, como el actual, es el riesgo de un regreso pervertido del Estado bajo la forma de keynesianismos invertido y de un totalitarismo del big data como novísima tecnología de contención de las “clases peligrosas”. Si el regreso del Estado es para utilizar dinero público, es decir, de todos, para sostener las tasas de rentabilidad de unos pocos propietarios de grandes corporaciones, no estamos ante un Estado social protector sino patrimonializado por una aristocracia de los negocios, como ya sucedió durante todo el periodo neoliberal que nos ha llevado a este momento de descalabro societal.

Y si el uso del big data es irradiado desde el cuidado médico de la sociedad a la contrainsurgencia social, estaremos ante una nueva fase de la biopolítica devenida ahora en data-política, que de la gestión disciplinaria de la vida en fábricas, centros de reclusión y sistemas de salud pública, pasa al control algorítmico de la totalidad de los actos de vida, comenzando por la historia de sus desplazamientos, relaciones, elecciones personales, gustos, pensamientos y hasta de sus probables acciones futuras, convertido ahora en datos de algún algoritmo  que “mide” la “peligrosidad” de las personas; hoy, peligrosidad médica; mañana, peligrosidad cultural; pasado, peligrosidad política.

La irreductibilidad del cuerpo

La realidad es que el cuerpo, los trazos del cuerpo en el espacio-tiempo social siempre han sido el obsesivo destino de todas las relaciones de poder, y hoy lo es de manera absoluta. Decía Valery, en uno de sus diálogos, que lo más profundo de las personas es la piel, y no se equivocaba. En la piel del cuerpo están grabados los códigos de la sociedad, y por eso lo que más se extraña en el encierro es el encuentro de cuerpos, la acción de los cuerpos cercanos, el lenguaje de los cuerpos que nos hablan y nos educan sin tomar conciencia de ello.

Así, pues, pareciera que también estamos enterrando en la angustia del encierro la cara tecnicista de la utopía liberal del individualismo autosuficiente que pretendía sustituir la realidad social por la realidad virtual. Es que los cuerpos, sus interacciones, son y seguirán siendo imprescindibles para la creación de sociedad y de humanidad. Ahora sabemos que los empleos virtuales, el “teletrabajo”, importantes y en aumento, no son el modo predominante de la generación de riqueza de las naciones; que la fuerza de trabajo es siempre es una composición de esfuerzo físico y mental; que las sociedades nacionales se paralizan si no hay actividad humana corporal interactuando con otras corporeidades. Es como si la piel y el cuerpo fueran fuerzas productivas de la sociedad en general y de las formas de comunidad en particular, comenzando por la familiar, nacional y mundial.

Un like en el Facebook es una convergencia cerrada de inclinaciones que no produce algo nuevo más que el incremento contable de adherencias anónimas. Una asamblea, en cambio, es una permanente construcción social-corporal de conocimientos prácticos y experiencias comunes.

El desasosiego y sensación de mutilación con las que la gente reacciona ante el necesario y temporal encierro revela que el cuerpo no es meramente un estorboso receptáculo de un cerebro capaz de dar el salto a la virtualidad absoluta. No; el cuerpo no es un cajón de neuronas organizadas. El cuerpo es la prolongación del cerebro en la misma medida que el cerebro es la prolongación del cuerpo y, por tanto, los mecanismos de conocimiento, de invención, de afectos y de acción social son actividades integrales de todo el cuerpo en su vinculación con otros cuerpos, con la humanidad entera y la naturaleza entera.

El cuerpo es, pues, un lugar privilegiado de conocimiento social y de producción de la sociedad.

Que los límites de la virtualidad global forzada saque a luz el valor de las experiencias del cuerpo es, también, otra de las paradojas del tiempo ambiguo. Y si bien es probable que de aquí a unos años esta experiencia angustiante sea olvidada, muchos saldrán a las calles con el cuello doblado hacia el celular, pero podrán hacerlo porque la gente está ahí, a la mano, interactuando con uno mismo, a través de las miradas y los gestos del cuerpo, aunque nuestra conciencia este en el diálogo del WhatsApp. Pero también es probable que la desesperación por el encuentro con los otros vuelva a manifestarse recurrentemente si es que no sabemos sacar ahora las lecciones de este tipo de globalización mezquina que no se preocupa ni por la gente común ni por la naturaleza en común. Y, quizá, el pavor se convierta en un estado permanente de la convivencia social. Los seres humanos somos seres globales por naturaleza y nos merecemos un tipo de globalización que vaya más allá de los mercados y los flujos financieros. Necesitamos una globalización de los conocimientos, del cuidado médico, del tránsito de las personas, de los salarios de los trabajadores, del cuidado de la naturaleza, de la igualdad entre mujeres y hombres, de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, una globalización de la igualdad social en todos los terrenos de la vida, que es lo único que enriquece humanamente a todos. Mientras no acontezca eso, como tránsito a una globalización de los derechos sociales, es imprescindible un Estado social plebeyo que no sólo proteja a la población más débil, que amplíe la sanidad pública, los derechos laborales, y reconstruya metabolismos mutuamente vivificantes con la naturaleza; pero que además democratice crecientemente la riqueza material y el poder sobre ella; por tanto, también de la política, el modo de tomar decisiones que deberá ir cada vez mas de abajo hacia arriba y cada vez menos de arriba hacia abajo, en un tipo de Estado integral que permita ir irradiando la democrática asociatividad molecular de la sociedad sobre el propio Estado.

El mundo está atrapado en un vórtice de múltiples crisis ambientales, económicas, médicas y políticas que están licuando todas las previsiones sobre el porvenir; y lo peor es que ello viene con un inminente riesgo de que se impongan “soluciones” en las que las clases subalternas sean sometidas a mayores penurias que las que ya se tolera hoy. Pero la condición de subalternidad social o nacional tiene, en ese torbellino planetario, también un momento de suspensión excepcional de las adhesiones activas hacia las decisiones y caminos propuestos por las élites dominantes. El desasosiego planetario por la fragilidad de horizontes a los cuales aferrarse es también de las creencias dominantes, con lo que el sentido común se vuelve poroso, apetente de nuevas certidumbres. Y si ahí el pensamiento crítico ayuda a formular las preguntas del quiebre moral entre dominantes y dominados, ayuda a visibilizar las herramientas de autoconocimiento social, entonces es probable que, en medio de la contingencia del porvenir, se refuerce aquel curso sostenido en las actividades de la comunidad, la solidaridad y la igualdad, que es el único lugar donde los subalternos pueden emanciparse de su condición subalterna.

Sólo así el horizonte que emerja, sea el que sea o tenga el nombre que quiera dársele, será propio; el que la sociedad es capaz de darse a sí misma y por el que vale la pena arriesgar todo lo que hasta hoy somos. [*]

Por Álvaro García Linera | 24/04/2020

[*] Fragmento de la Conferencia Inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martin, Argentina. 30 de marzo de 2020.

Publicado enSociedad
  Un cartel de la Región de Lombardía, en homenaje a los sanitarios, expuesto en la fachada del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo. RTVE

Quizá haya todavía espacio para salir de la pandemia y perseguir una utopía: redescubrir que la productividad y las cuentas corrientes valen menos que las personas, que extender los derechos significa salvarnos a todos

 

Ha ocurrido en Italia: la región considerada más potente, más eficiente y más rica ha resultado ser la peor preparada para afrontar la pandemia, y sus gobernantes han tomado decisiones por las cuales serán llamados a responder muy pronto. En el sistema italiano, las regiones tienen competencias exclusivas en materia sanitaria, y la región de Lombardía es líder, tanto por su riqueza como por la unión entre lo público y lo privado creada por los gobiernos de centro derecha, que han ocupado el poder sin interrupción en las últimas dos décadas.  

Lombardía es el territorio de Silvio Berlusconi, y la región era el feudo de Roberto Formigoni, condenado en firme a 5 años y 10 meses de cárcel por graves episodios de corrupción, referidos precisamente a la relación entre el poder regional y la sanidad privada. Pero, hasta hace un mes, se creía que la corrupción era solo un accidente en el camino. No es el caso.

Desde mi posición como estudioso de la dinámica criminal, y en particular del poder de las mafias, he observado a lo largo de los años que para una persona del norte del país es más aceptable pensar que lo podrido viene “de fuera”. Sin embargo, hace solo diez años, tras haber dicho en un programa de televisión lo que era obvio para todos los expertos, a saber, que la Camorra napolitana y la 'Ndrangheta de Calabria, siguiendo los pasos de la mafia siciliana, que lo hizo ya en la década de los 70, se habían infiltrado en la economía legal del norte, recibí tantos ataques que fui obligado a introducir un monólogo del entonces ministro del Interior, Roberto Maroni, en el siguiente programa –Maroni, predecesor de Matteo Salvini al timón de la Liga Norte, está ahora fuera de la política debido a vicisitudes judiciales. 

Poco después llegaron las primeras condenas, y hoy es un hecho conocido que en muchas partes del norte las mafias son los amos. Les cuento lo que sé, lo que sucede. Pero con una premisa necesaria: no hay un sistema de salud en el mundo que haya demostrado ser capaz de lidiar con la emergencia del coronavirus con prontitud, excepto, tal vez, por los datos que conocemos hoy, el de Corea del Sur. Puede parecer paradójico, pero el punto débil de Lombardía es su dinamismo económico y el enorme volumen de intercambios y relaciones con países extranjeros y, en particular, con China. 

En los valles de Bérgamo destruidos por el virus (algunos ya hablan de toda una generación suprimida) hay una miríada (miles) de pequeñas empresas, a menudo con menos de diez empleados, que, sin embargo, representan una excelencia que hace de esos distritos industriales una verdadera locomotora, no solo para la región de Lombardía. Sin embargo, en un momento concreto, mientras los medios hablaban de las decisiones dramáticas que debían tomar los médicos de cuidados intensivos, a quién intubar y a quién dejar morir, se tomaron otras decisiones, y el tema de la disputa fue: ¿cerrar las producciones, con el riesgo de un colapso económico, o mantener todo lo posible abierto, sacrificando vidas humanas? No es preciso decir que no ha habido un debate público sobre el tema, faltaría más. 

Lo grave es que la Región de Lombardía y el gobierno central se han estado pasando durante muchas semanas la patata caliente de la decisión de cerrar todo. Hoy sabemos que, durante ese paréntesis, al no confinar a trabajadores que eran necesarios en las cadenas de montaje y que, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, tenían y tienen que decidir entre la vida y el trabajo, se favoreció una propagación masiva del contagio que, más allá de la parcialidad de los datos, ha dado como resultado una mortalidad, en términos absolutos, aterradora.  

Hoy, esta realidad ha salido a la luz en toda su gravedad, devolviendo la imagen de un territorio en el que las clases dominantes han decidido desde su despacho “no parar”, probablemente anticipando la masacre, o quizá encomendándose al azar.  

Lo que se va sabiendo sobre los retrasos en la organización de la zona roja en los municipios de Alzano y Nembro, en el área de Bérgamo, y sobre los ingresados en las residencias de ancianos, genera preguntas inquietantes que no pueden dejar de estar conectadas con una tasa de letalidad del virus que, en esas áreas, es muy alta y se cobra cientos de víctimas todos los días. Debido a la crisis lombarda, algunos países están pidiendo una transferencia de la gestión de la salud desde las regiones al gobierno central. 

De alguna manera, es natural pensar que lo que sucedió, las “indecisiones”, el “riesgo”, han sido fruto de una dependencia excesiva del poder político regional respecto al poder económico-productivo. Y ahora que las cosas han ido muy mal, el peligro real es que quienes han decidido estas “estrategias” criminales puedan tener interés en ocultar sus responsabilidades. 

La tasa de letalidad del virus en Lombardía es principalmente resultado de las decisiones erráticas tomadas por una clase dominante mediocre que debería ser inmediatamente cesada si no estuviera en curso una emergencia dramática. Pero aunque las sirenas de las ambulancias de hoy todavía cubren las voces de los familiares de las personas a las que se dejó morir debido a una serie de errores que han agravado el efecto disruptivo de la infección, pronto será el momento de juzgar a quienes no han hecho sus deberes.

El caso lombardo adquiere una connotación aún más oscura si se compara con el de la región vecina, Véneto, que, a pesar de tener mucha menos población (aproximadamente la mitad), pero caracterizada por un similar nivel económico, enfrentó la crisis de una manera completamente diferente y, hasta la fecha, más efectiva. 

Hasta donde sabemos, entre Lombardía y Véneto (ambos gobernados por la Liga) hay una diferencia en el enfoque de la epidemia que es cuantificable en la cantidad de personas que han perdido la vida: 10.000 en Lombardía contra menos de 1.000 en Véneto, y con un número casi idéntico de pruebas realizadas (casi 170.000). 

Véneto, a diferencia de Lombardía, se ha centrado en gran medida en rastrear a los asintomáticos para identificar cada brote, y luego actuar rápidamente sellando los territorios para evitar la propagación del contagio. A diferencia de Lombardía, donde (como en muchas otras partes del mundo, pero no con tanta intensidad) han aumentado los contagios debido a la falta de preparación de los pequeños hospitales de la zona, Véneto ha tratado de reducir la hospitalización de los enfermos (excepto, por supuesto, los casos serios), favoreciendo la atención domiciliaria. 

Lombardía, ante una crisis sin duda impredecible por su velocidad de difusión, ha pagado sobre todo por los déficits organizativos que ha mostrado el sistema público-privado mixto –hasta ahora elogiado, incluso con buenas razones, dado que miles de personas de otras regiones acuden allí cada año para recibir el mejor tratamiento posible–: frente a la gran excelencia, existe un nivel medio bastante bajo en cuanto a organización (fundamental, en este sentido, leer la carta que FROM CeO Lombardía, la Federación Regional de Colegios de Cirujanos y Odontólogos de Lombardía envió a la cúpula de la región criticando la incertidumbre causada por el cierre de algunas áreas, la falta de mascarillas y dispositivos de protección y los pocos tests realizados), unido a un dominio indiscutible de la política y los grupos de poder. 

Un ejemplo para entender esta dinámica es el de Comunión y Liberación, una asociación católica de la cual, hasta la sentencia firme, el corrupto Roberto Formigoni era miembro destacado. Comunión y Liberación es muy poderosa en Lombardía e impone su ley; basta pensar que, en la Sanidad Pública, los médicos antiabortistas son mayoría, y en las dificultades que sufren la mayoría de las mujeres para que les receten la píldora abortiva, a pesar de que la ley lo exige: invocar la excusa 'técnica' es sencillo.  

Los objetores de conciencia tienen muchas más posibilidades de hacer carrera que los no objetores. Cómo hemos podido hasta hace nada identificar esa práctica mafiosa con el concepto de eficiencia siempre ha sido un misterio para mí. Es lamentable que los lombardos se den cuenta hoy, en sus carnes y en la de sus seres queridos, de la anomalía de ciertas dinámicas, que lejos de ser una excepción arrojan una luz siniestra sobre la regla general. 

Verán: nacer y crecer en el sur de Italia, uno de los territorios más pobres de Europa (con un PIB en muchas zonas inferior al de Grecia), brinda algunas herramientas para comprender hoy lo que sucederá mañana. 

Y lo que sucedió en Lombardía y Véneto, que fueron las primeras áreas de Europa afectadas por Covid-19, es vital para el resto del continente porque muestra dos enfoques diferentes e indica exactamente, en el caso de Lombardía, lo que no se debe hacer, cómo no actuar, cómo no comunicarse. 

Pero la culpa no es solo del centro-derecha en el poder, ya que las ciudades de Bérgamo y Milán son administradas por el centro-izquierda. El virus ha llegado a descubrir la insuficiencia absoluta de un enfoque economicista y de gestión de los asuntos públicos que caracteriza a un territorio muy rico, en el que el trabajo es un imperativo y la dimensión individualista se acentúa hasta el paroxismo.

Las biografías de los alcaldes de centro izquierda de Milán y Bérgamo ayudan a comprender las fallas en el manejo de las primeras etapas de la emergencia. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, es un hombre de centro derecha que se hizo un hueco en las noticias por su gestión de la EXPO 2015, mientras que el de Bérgamo, Giorgio Gori, ha sido durante mucho tiempo uno de los dirigentes del conglomerado mediático de Silvio Berlusconi.

Al principio, ambos subestimaron la emergencia sanitaria, preocupados solo por las posibles repercusiones económicas. No solo intentaron, de todas las maneras posibles, no “parar las máquinas”, sino que incluso animaron a los ciudadanos, pese a la epidemia en curso, a seguir participando en la vida social, satisfaciendo así los deseos del sector productivo, incapaz de ver en el confinamiento una alternativa de vida viable...

La paradoja de esta crisis casi parece esbozar una lección filosófica. Solo los políticos al frente de la región que siempre ha presumido de hacerlo todo por sí misma, la que en los últimos treinta años ha pedido más y más autonomía –el partido más importante del Norte, la Liga, antes de ser soberanista fue hasta hace muy poco secesionista–, la que más se ha quejado del peso del improductivo sur (siempre una formidable reserva de “recursos humanos”, como diría un gerente), la que siempre ha despreciado el centralismo y cada una de las decisiones tomadas por la ineficaz y desorganizada Roma, en esta emergencia ha terminado por hacer responsable al gobierno central de todas sus indecisiones y sus consiguientes omisiones. Habrían tenido que tomar las decisiones por ellos, sacarles las castañas del fuego... Verdaderamente deshonroso, además de criminal.

Europa, y el resto del mundo, se enfrenta a un momento extremadamente delicado en el que se decidirá realmente su futuro. Se ha dicho muchas veces, pero esta es la definitiva, porque hoy en Europa no solo se decide el destino del continente y de los países que la integran, sino sobre todo el destino de todas las personas que viven y vivirán aquí, incluso de los que aún no han nacido.

Porque es bueno decirlo: hoy decidimos condenar a las futuras generaciones de gran parte de Europa a pagar las deudas contraídas por sus padres debido a causas de fuerza mayor. Y esto tampoco es muy honorable, especialmente para aquellos países pequeños que toman recursos de otros a través del dumping fiscal. Un mundo que ha surgido de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y del fascismo, de los campos de exterminio, de los totalitarismos comunistas, acaba llegando a la sublimación del contable en lugar del político. Qué deshonra: no me atrevo a imaginar qué tratamiento reservarían los padres de Europa a esas personas mediocres que creen que los Estados son empresas y cifras incluidas en un presupuesto.

Estoy pensando en Helmut Kohl y en el coraje que tuvo para reunificar Alemania y para llevarla a una Europa libre y solidaria, y el apoyo que encontró en los socios europeos. Pero Kohl está muerto y con él, probablemente, la última idea noble de Europa.

Si pienso en Alemania, no puedo evitar pensar en nuestra Lombardía. No puedo evitar pensar que la Alemania laboriosa es para Europa lo que la Lombardía trabajadora es para Italia. Me recuerda a Scurati, que ha descrito a los milaneses en la época de Covid-19 como animales asustados, aterrorizados por la seguridad perdida en unas pocas, muy pocas semanas: la debilidad inherente a creerse invencible. ¿Qué sentido tiene la eficiencia sin solidaridad? Quizás todavía exista la diferencia entre el hombre y la máquina.

Los líderes de la Región de Lombardía han cometido un error al seguir a Lombard Confindustria (la patronal), cuyo presidente, Marco Bonometti, defendió en una entrevista la opción de no cerrar fábricas diciendo: “Ahora no haría un juicio de intenciones, hay que salvar lo salvable, de lo contrario habremos muerto antes y habremos muerto después”. Argumento industrial, por supuesto; pero la política, la que se escribe con P mayúscula, es otra cosa y ciertamente los empresarios no pueden hacerla. Y así llegamos al dilema: morir primero, físicamente, y morir después económicamente resume el desafío que representa el virus para la política europea, no solo la italiana.

Quizás, no estoy seguro, haya todavía espacio para salir de la pandemia y perseguir una utopía: redescubrir que la productividad y las cuentas corrientes valen menos que las personas, redescubrir que expandir los derechos, ampliarlos, significa salvarnos a todos. Redescubrir ahora que una política que decide siguiendo solo el olor del dinero es una política que genera muerte y no riqueza. Y que dice claramente: “Europa ya no existe y hoy es un nuevo 1945”. Espero que los hombres de buena voluntad no lo permitan.

Por Roberto Saviano 16/04/2020 

Publicado enPolítica
Página 1 de 56