La temible cruzada del gobierno estadounidense contra Julian Assange y Chelsea Manning   

 

 

 “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”. Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos.

Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, “podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda”.

El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales.

En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para “explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado”; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como “una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos”.

En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares.

Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando.

Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra.

El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017.

No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo.

En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte.

Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: “El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo”. Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud.

Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda”.

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Democracy Now!

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira Frega. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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La defensa de Assange: "Este caso es un ataque frontal contra los periodistas"

El equipo de abogados que asiste el fundador de Wikileaks denuncia las restricciones que están sufriendo para poder preparar la defensa contra la extradición a Estados Unidos y el estado de salud de su cliente

 

 

La abogada australiana Jennifer Robinson, una de la letradas que ejerce la defensa del Julian Assange era rotunda a la salida de la vista que se ha celebrado este jueves en un tribunal londinense: “Este caso tendrá un impacto aterrador y afectará a periodistas y editores de todo el mundo que se enfrentan a la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos”.

Porque, como ella misma insistía: “Ningún periodista o editor debería ser nunca extraditado por haber publicado información veraz”.

Es lo que intenta evitar por todos los medios que le ocurra al fundador de Wikileaks por, como ella ha explicado: “Haber publicado pruebas de crímenes de guerra, de ataques a los derechos humanos y de corrupción”.

Pero el proceso ya está en marcha. El gobierno norteamericano tramitó la petición de extradición, el Ministro del Interior británico Salid Javid -uno de los seis aspirantes a suceder a Theresa May- la ha firmado apelando a que “debe hacerse justicia” y ahora son los tribunales de Reino Unido quienes tienen la última palabra: parar la extradición o dar luz verde.

Sólo el haber llegado hasta aquí ya es, en palabras de la defensa de Julian Assange: “Un asalto escandaloso contra la protección a los periodistas” y “un ataque frontal y atroz” contra el derecho a la libertad de expresión.

El proceso comenzará en febrero de 2020 y está previsto que se prolongue durante cinco días. Antes, en octubre de este mismo año, la defensa tendrá que presentar sus pruebas. Y, como ellos mismos denunciaban a las puertas del tribunal de Westminster, no les está resultando nada fácil hacer su trabajo: “No resulta sencillo trabajar en este caso debido a las restricciones a las que está sometido el señor Julian Assange en prisión; nos resulta muy difícil acceder a él, nos impiden poder hacerle llegar documentación y él no tiene acceso a un ordenador para poder preparar su defensa”, denunciaba Robinson.

Por si fuera poco, a ello se suma la situación personal del fundador de Wikileaks: “Estamos muy preocupados por su salud. Se encuentra bajo una gran presión y está teniendo que hacer frente a este caso bajo unas circunstancias muy difíciles”. Y añadía: “No olvidemos que se trata de una persona que todavía está sufriendo las graves consecuencia de su confinamiento dentro de la embajada y ahora en prisión”.

No es fácil hacer especulaciones pero el equipo de la defensa es optimista: “Confiamos en que el gobierno británico no ejecute la extradición a Estados Unidos”. Y preguntada por su gran temor en caso de que Assange fuera finalmente extraditado, Robinson explicaba: “Sólo tenemos que ver las condiciones a las que ha sido sometida Chelsea Manning anteriormente y en la actualidad durante su confinamiento en Estados unidos. No olvidemos que está en prisión indefinida por negarse a aportar pruebas. Eso nos basta para saber las circunstancia de confinamiento a las que tendría que hacer frente Julian Assange”.

Por Cristina Casero

@CrisCasero

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Viernes, 14 Junio 2019 05:57

Assange y los medios de Estados Unidos

Assange y los medios de Estados Unidos

El ministerio británico del Interior dio ayer su visto bueno a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ahora la última palabra la tiene un tribunal que debe sesionar hoy. No hay mucho margen para esperar que esa instancia escuche los exhortos para que se libere al australiano que han formulado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones sociales en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Como se ha visto desde febrero de 2011, el sistema judicial del Reino Unido está totalmente alineado en los planes del gobierno estadunidense, como lo han estado durante este tiempo las autoridades de Estocolmo.

 

Una vez interrumpida la solitaria solidaridad ecuatoriana por la traición de Lenín Moreno a toda la gestión de su antecesor, en la que se inscribía la protección diplomática al fundador de Wikileaks, sólo una movilización de la sociedad británica podría impedir que Londres lo entregara al gobierno de Washington. Pero previsiblemente esa movilización no ocurrirá y todo hace pensar que Assange será enviado a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia le ha fincado 17 delitos, varios de ellos, graves, como espionaje, que podrían llevar a una condena de cadena perpetua.

 

Si no hubo en Gran Bretaña una condena social contundente a las violaciones a los derechos de Assange, menos cabría esperar que la hubiera en el país vecino del norte, donde las paranoias de la seguridad nacional tienen una raigambre más acendrada y donde, por ende, ha resultado fácil confundir a grandes sectores de la opinión pública con la falsa noción de que Wikileaks y su fundador son una suerte de "agentes extranjeros" perniciosos para la seguridad de la nación.

 

El panorama mediático estadunidense, al menos en lo que se refiere a los medios del llamado mainstream, no serían, en principio, más favorables para la defensa del australiano. La difusión de los materiales que documentan crímenes de guerra en Irak y Afganistán, a mediados de 2010, dejaron en muchos directores y editores estadunidenses una sensación de despecho por lo que era el mayor golpe periodístico de la década. Unos meses después, la entrega de los "cables del Departamento de Estado" a The New York Times –y a otros cuatro medios de otros países– obligó al rotativo neoyorquino a tragarse su orgullo y a colaborar con Wikileaks.

 

Pero esas publicaciones operaron con una sospechosa parsimonia, que especularon con los documentos y que vieron antes que nada por la preservación de sus intereses corporativos. De esa forma, Wikileaks y su fundador decidieron redistribuir los cables en forma segmentada por naciones entre muchos medios independientes del mundo, de los que La Jornada fue el primero.

 

Ese episodio provocó una inocultable irritación en las redacciones de los cinco medios. De pronto, sus páginas se llenaron de ataques a Assange, algunos de ellos tan pueriles y poco serios como que el fundador de Wikileaks evitaba el baño diario. La animadversión de The New York Times fue rápidamente compartida por muchas otras empresas noticiosas. Ello se explica no sólo por el patrioterismo implícito en la acusación de que Wikileaks afectaba la seguridad nacional estadunidense, sino también por un orgullo profesional maltrecho: les resultaba intolerable que una pequeña organización de jóvenes, advenedizos en el periodismo, estuvieran sacudiendo el planeta con una eficacia y un rigor jamás visto hasta entonces. Y construyeron la noción despectiva de que Julian Assange y sus compañeros no eran informadores sino informantes, un despropósito que a la larga podría ser reciclado como argumento por los fiscales en contra del australiano.

 

Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente por la guerra declarada por Trump en contra de la generalidad de los medios de comunicación de su país. En ese contexto, un juicio ganado por Washington en contra de Assange sentaría un peligrosísimo precedente para el desempeño de la tarea informativa en Estados Unidos y en el mundo. Porque no hay diferencia alguna, a final de cuentas, entre los actos por los que el Departamento de Estado quiere procesar al australiano y lo que hacen día con día innumerables periodistas en todo el orbe: obtener documentos confidenciales, verificarlos –tarea en la que Wikileaks no ha tenido un solo yerro– y difundir su contenido.

 

Así pues, si los grandes medios noticiosos de Estados Unidos quieren sobrevivir a la embestida trumpiana, tendrán que tomar partido entre el presidente insolente y ominoso y el colega despreciado y en desgracia, cuya figura representa, les guste o no, el mayor símbolo del derecho a la verdad en la circunstancia presente. Más les valdría tragarse el orgullo por segunda ocasión, informar verazmente a la opinión pública de lo que está en juego y asumir un papel protagónico en defensa de Assange y, por ende, de los derechos a la libre expresión y a la información.Nada menos.

 

http://navegaciones.blogspot.com

 

Twitter: @Navegaciones

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EEUU solicita formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, según 'The Washington Post'

El Gobierno estadounidense ha presentado 18 cargos contra el fundador de Wikileaks, entre ellos uno por espionaje, desde su detención en la embajada ecuatoriana de Londres.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado formalmente a Reino Unido la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien persigue por la publicación de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán, que evidenciaban torturas por parte del ejército estadounidense, según ha informado este martes The Washington Post.

Una fuente estadounidense ha asegurado que la petición formal se envió el pasado jueves a las autoridades británicas. El tratado de extradición entre Washington y Londres requería que se hiciera en los 60 días siguientes a la detención de Assange, esto es, desde el 11 de abril.

Estados Unidos presentó los primeros cargos contra Assange el mismo día de su arresto. En un primer momento, le acusó de un cargo federal de conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno, por el cual podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel. Un mes después, le imputó otros 17 cargos por violar la Ley de Espionaje.

Un gran jurado estudia ya el caso Assange. La ex analista de Inteligencia militar Chelsea Manning, que fue condenada y encarcelada por entregar la información clasificada a Wikileaks, volvió a entrar en prisión en mayo por negarse a testificar en esta nueva causa.

 

Siete años de encierro

 

Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 para evitar que Reino Unido le detuviera y extraditara a Suecia, por unas denuncias de abusos sexuales en su contra, desde donde temía ser enviado a Estados Unidos por publicar información clasificada.

El entonces Gobierno de Rafael Correa le concedió el asilo diplomático permitiéndole permanecer en su Embajada de Londres, donde se encontraba en ese momento, hasta que Reino Unido accediera a darle el salvoconducto necesario para viajar a Ecuador.

El 11 de abril, el nuevo Gobierno de Lenín Moreno, que considera a Assange un problema heredado, le revocó el asilo diplomático argumentando que había tenido un comportamiento inadecuado, incluso "agresivo", en la Embajada, después de casi dos años de reproches mutuos. Ese mismo día, el fundador de Wikileaks fue detenido y condenado en Reino Unido por violar los términos de la libertad condicional que le concedió en 2012. Ha sido sentenciado a 50 semanas de cárcel. 

La Fiscalía sueca, por su parte, ha reabierto la investigación contra Assange por violación que cerró en 2017 por la imposibilidad de avanzar debido a la reclusión del periodista australiano en la Embajada.

11/06/2019 11:58 Actualizado: 11/06/2019 11:58

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Domingo, 14 Abril 2019 06:04

Pelearemos como David contra Goliat

Pelearemos como David contra Goliat

La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. El Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EE.UU. de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.

Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EE.UU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.

Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.


Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.


La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.


Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.


Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.


La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.


La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.


Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.


¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!


El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.


* Jurista. Coordinador de la defensa de Julian Assange. Artículo publicado originalmente en eldiraio.es. Link: https://www.eldiario.es/zonacritica/Assange-impunidad_6_887571262.html

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Arresto de Assange: venganza de Lenin Moreno por los pestilentes Ina Papers

Atenta a las costumbres de las civilizaciones milenarias entregar a un asilado político por el país anfitrión, lo cual pisoteó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que deshonra a Latinoamérica.

La entrega de Assange a Estados Unidos (EU) ya estaba tomada desde 2017 cuando Trump envió a su representante especial Paul Manafort, hoy encarcelado, para operar un trueque con Lenín Moreno: Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales (https://nyti.ms/2UzIHv0).


Sólo faltaba el catalizador, en lo que contribuyeron los sulfurosos “ Ina Papers” que implican al presidente de Ecuador, a su hermano Edwin y a sus hijas en un operativo de lavado por 18 millones de dólares en el paraíso fiscal de Belice.


La nada gloriosa entrega de Assange, icónico fundador de Wikileaks, pone en peligro de muerte a la libertad de expresión en la era del totalitarismo orwelliano cibernético y pone en tela de juicio la Primera Enmienda del Bill of Rights de EU (http://bit.ly/2Glx8P5).


Los 18 millones de dólares que recibió Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno y mandamás de INA Investments Corp, fueron blanqueados en un conjunto de 11 empresas fantasmas: Espíritu Santo Holdings, Fundación Amore, Fundación Esmalau, Fundación Pacha Mama, Inversiones Larena, Inversiones Maspal, Manela Investment Corp, Probata Investments, San Antonio Business Corp, Turquoise Holdings Ltd, Valley View Business Corp (http://inapapers.org/).


El nombre INA fue tomado de las tres letras finales de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Ir(ina), Crist(ina) y Kar(ina). Al fundador de Wikileaks no le perdonan haber publicado el 26 de marzo pasado las tratativas de Trump con Lenín Moreno vía Manafort hace dos años.


Lenín Moreno inculpó a Assange, quien estaba totalmente desconectado del mundo, con su Internet bloqueado, de haber hackeado sus correos y su teléfono.


Lo más hilarante provino de la ministra María Paula Romo quien afirmó que Assange y Wikileaks estaban implicados en una conspiración (sic) para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno mediante dos “ hackers rusos”.Ya lo de la fanstasmagórica intervención de Rusia se ha vuelto una broma muy aburrida.


Antes de la entrega ignominiosa de Assange, Lenín Moreno había descendido a los avernos de la impopularidad con menos de 17 por ciento de aceptación.


Más allá de la personalidad impía de Lenín Moreno, resalta su giro radical a la extrema derecha y su subordinación a Trump cuando concluyó créditos con el FMI y el Banco Mundial por 10 mil millones de dólares, al precio de severas medidas de austeridad y la decapitación de 10 mil empleos del sector público (http://bit.ly/2IiruPQ).


El arresto de Assange era una coreografía cantada: hace cinco meses adelanté la secuencia de la expulsión/detención/deportación de Assange en la FIL de Guadalajara (http://bit.ly/2UBCiz8).


Los INA Papers de la corrupta familia Moreno no es ninguna novedad: forma parte de la aplicación mafiosa del neoliberalismo global en Latinoamérica que resultó en un vulgar lavadero en los paraísos fiscales para comprar las conciencias de sus dirigentes y/o de los manipuladores de la opinión pública, como fue el caso de PanamaPapers –que mancillaron a Mario Vargas Llosa y al presidente argentino Mauricio Macri (http://bit.ly/2Dgg3nP)–; de Bahama Leaks–con Pinochet, Macri y el partido PAN de cada día de México (http://bit.ly/2rJGegB)–; la estafa del Banco Stanford, donde blanqueaba el cárteldel Golfo con el ex canciller foxiano Castañeda Gutman (http://bit.ly/2UWJUMe); etcétera.


Resalta que en Latinoamérica no hay neoliberalismo sin lavado.


La trama rusa, más bien el trauma ruso del plagiario Krauze Kleinbort (socio de Banco Santander y Televisa), es otro lavado de la Operación Berlínde acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano (https://bit.ly/2UrdBVm).


El ex presidente Rafael Correa atribuye que el haber divulgado el caso fétido de “ Ina Papers” le valió el bloqueo de su cuenta en Facebook. Según Correa, el arresto de Assange fue a cambio de un préstamo del FMI y como venganza a la publicación por Wikileaks del escándalo de “Ina Papers”(http://bit.ly/2DcQSmh).


www.alfredojalife.com
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Sábado, 13 Abril 2019 06:48

Una filtración que no ocurrió

Una filtración que no ocurrió

Los argumentos de Estados Unidos para pedir la extradición del fundador de WikiLeaks. Lo acusan de un crimen informático.

Finalmente Estados Unidos puso sus primeras cartas sobre la mesa. Después de investigar durante años a Julian Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks, después de presionar al gobierno ecuatoriano para que lo expulsara de su embajada en Londres, donde estuvo asilado casi siete años, después de que la justicia británica lo detuviera por asilarse en la embajada estando en libertad condicional, después de que el juez del caso emitiera un comunicado anunciando que Assange permanecería detenido por un pedido de extradición de Estados Unidos, después de todo eso el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer una acusación formal en contra de Assange realizada por un Gran Jurado de Alexandria, Virginia, que había permanecido secreta o “sellada” durante años, a la espera de que Assange perdiera la protección de Ecuador.


El documento, firmado por los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, acusa al editor y ciberactivista de un solo delito, “conspiración para cometer intrusión de computadora”, cargo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. No es un delito grave, pero alcanza para pedir una extradición. Si dicho proceso llegara a prosperar, agotar todas las instancias previstas en el sistema judicial británico puede demandar años. Solo entonces la fiscalía podría agregar acusaciones, por ejemplo de espionaje, para elevar la eventual sentencia si fuera hallado culpable.


El texto presentado a las autoridades británicas ofrece algunas pistas de las intenciones de la fiscalía del norte de Virginia, localidad en la que se concentra buena parte de las familias de militares, agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad que rodean a la capital estadounidense. El texto señala que Assange conspiró para robar documentos “relacionados con la defensa nacional, incluyendo algunos con la calificación de ´secreto’, teniendo razones para suponer que la información así obtenida podría ser usada para lesionar a los Estados Unidos en favor de cualquier país extranjero”.


En concreto, la acusación se refiere a un hecho que apareció cuando los expertos informáticos lograron desencriptar los chats entre Assange y Chelsea Manning, la oficial de inteligencia condenada y luego perdonada por filtrar documentos sensibles a WikiLeaks. La acusación afirma que después de mandarle los partes de guerra de Irak y Afganistán, los documentos sobre la cárcel de Guantánamo y los cables diplomáticos del Departamento de Estado, Manning le advirtió a Assange que había otros documentos interesantes almacenados en el servidor del Departamento de Defensa pero que solo tenía una parte de la clave de acceso. Assange, entonces, según la acusación se ofrece a intentar obtener la otra parte de la clave. Para la fiscalía de Virginia, la oferta de Assange constituye el eje central de una conspiración.


Lo interesante del caso, o preocupante, desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, es que los demás elementos citados en la acusación como parte de la conspiración no difieren para nada de una práctica habitual de los periodistas en todo el mundo. A saber:


“Fue parte de la conspiración que Manning y Assange usaran el servicio de chat online ‘Jabber’ para adquirir y difundir documentos clasificados.” Hoy en día es práctica habitual de los periodistas de investigación el uso del chat encriptado para obtener documentos secretos.


“Fue parte de la conspiración que Assange y Manning adoptaran medidas para ocultar que Manning era la fuente de la transmisión de documentos clasificados a WikiLeaks, inclusive haber borrado el nombre del usuario en la transmisión de datos y haber borrado los chats entre Assange y Manning.”


Digamos que si no revelar la fuente y proteger su identidad forma parte de una conspiración, el mundo está lleno de periodistas conspiradores.


“Fue parte de la conspiración que Assange alentara a Maning a que le proveyera información y archivos de agencias y departamentos de los Estados Unidos.”


Otra vez: si alentar a una fuente a darnos información secreta constituye un delito, millones de periodistas deberíamos estar presos. Y los que no será porque son malos periodistas.
El documento afirma que Manning le pasó a Assange 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, 490.000 sobre la guerra de Afganistán, 800 sobre la cárcel de Guantánamo y 250.000 cables diplomáticos. Pero no lo acusan por eso, sino al mejor estilo del juicio contra Al Capone lo acusan por una filtración que nunca ocurrió, ya que la clave del servidor del Departamento de Defensa, según la acusación, no pudo ser descifrada. En su último considerando, el documento de la fiscalía informa:


“El 10 de marzo de 2010 o alrededor del 10 de marzo, Assange le pide más información a Manning acerca de la clave en cuestión y le comenta había intentado obtenerla “pero hasta ahora no tuve suerte”.

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'INA Papers': La filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá a la que WikiLeaks atribuye el arresto de Assange

La detención del periodista Julian Assange, llevada a cabo este jueves por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático. Esta medida, según la organización internacional WikiLeaks, fundada por el australiano, es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: los INA Papers.

De acuerdo con la investigación, hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras 'offshore' en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente.


Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en el 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno.

Se cree que el nombre de la empresa, INA, proviene del acrónimo que coincide con las últimas tres letras de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Cristina, Irina y Karina.
El diputado ecuatoriano de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, fue el encargado de presentar la denuncia ante la Justicia local. A fines de marzo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso.


La indagación previa, abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas artículos de lujo, automóviles de alta gama y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).


Moreno había calificado dichas acusaciones de "campaña de desprestigio" y señaló a los aliados del presidente del país entre los años 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso.


¿Venganza o decisión soberana?

El exmandatario ecuatoriano coincide en que la detención de Assange es a modo de "venganza" por la revelación de lo que calificó como "uno de los casos de corrupción más graves de la historia del país". Y pide la colaboración de la comunidad internacional para que sea inspeccionada la cuenta 100-4-1071378 de Balboa Bank en Panamá, y salgan a la luz todas las operaciones y la inocencia de Moreno quede demostrada o desmentida.


Por su parte, Moreno rechaza las acusaciones y sostiene que el retiro del asilo a Assange fue una determinación "soberana", y se debe a que el periodista "violó reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".

Explicaciones del presidente


En cuanto a la causa en la que se le investiga, Moreno afirmó el pasado martes que la empresa 'offshore' INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno, a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña. Señaló que su hermano quedó fuera de la firma una vez que le terminaron de pagar la deuda y, como no es empleado público, "puede tener las empresas 'offshore' que quiera".


Además del presidente de Ecuador, figuran como involucrados en la causa su esposa, Dama Rocío González; su hermano, Edwin Moreno Garcés; su cuñada, Guisella González; su íntimo amigo, el empresario y testaferro Xavier Macías Carmignani, entre otros.

Publicado: 12 abr 2019 00:29 GMT | Última actualización: 12 abr 2019 10:22 GMT

 

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Viernes, 12 Abril 2019 06:13

Assange, a tiro de extradición

Assange, a tiro de extradición

Fue expulsado por razones estrictamente políticas, ya que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno quiere acercarse a los Estados Unidos y Gran Bretaña y despegarse del legado de Rafael Correa.

Finalmente pasó lo que ya parecía inevitable. Ayer a la mañana fue Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres. El presidente Lenín Moreno se encargó del anuncio. Más allá de la justificación basada en supuestos incumplimientos de un protocolo imposible de cumplir (no solo Assange no podía opinar de nada sino que el medio que fundó, WikiLeaks, tampoco podía opinar de nada), fue expulsado por razones estrictamente políticas, ya que Moreno quiere acercarse a Estados Unidos y Gran Bretaña y despegarse del legado antiimperialista de su antecesor Rafael Correa.

Si fuera por la justicia británica, la detención de Assange en ese país no iba durar mucho. Está acusado de un delito excarcelable, violar las condiciones de su libertad condicional, basada en una orden de captura del gobierno sueco por una investigación de presuntos delitos sexuales que ya fue archivada y en la cual Assange nunca fue acusado. Si no interviene Estados Unidos, se presenta ante el juez, declara, paga la multa y queda libre. Pero Estados Unidos intervino y minutos después de la detención la cancillería británica emitió un comunicado anunciando que Estados Unidos había pedido la extradición del editor. De ser deportado, Assange enfrentaría cargos de traición y espionaje por la megafiltración de cables diplomáticos conocida como Cablegate en el 2010. Un Gran Jurado convocado en Alexandria, Virginia, acaso el distrito donde conviven más militares, espías y policías por metro cuadrado en todo el país, ha presentado una acusación en contra de Assange, por supuesto complot con su fuente, Chelsea Manning, para extraer los cables y darlos a conocer. Manning fue condenada a 35 años por eso y perdonada por Obama después de siete. Gran parte del juicio a Manning giró alrededor del tema de si WikiLeaks había sido un receptor pasivo de los cables o si se había confabulado de alguna manera para obtenerlos.


Si bien es cierto que es muy delgada la línea entre el periodismo de investigación y el terrorismo a través del robo de información secreta, así como es muy delgada la línea entre el espionaje y la diplomacia, sería una hipocresía mantener que los periodistas somos meros receptores pasivos de secretos que nos quieren contar. Explicarle a una fuente cómo hacernos llegar un material de forma segura y anónima no es lo mismo que urdir un plan criminal para hundir a un gobierno. Así, al menos lo entendió el fiscal general de Obama, Eric Holder, y por eso se negó a avanzar con la acusación en contra de Assange. Y por eso también le dijo al Washington Post que no podía juzgar a Assange sin entrar en conflicto con la primera enmienda dela constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Con el gobierno de Trump las cosas arrancaron bien porque las publicaciones de WikiLeaks sobre Hillary Clinton en el 2016 le dieron una gran mano para ganar la elección. El hoy pesidente llegó a tuitear "Amo a WikiLeaks". Pero las cosas cambiaron rápidamente cuando el sitio de Assange publicó "Vault 7", la mayor filtración de documentos de la CIA en la historia de la agencia. A partir de entonces el gobierno de Trump definió a WikiLeaks no como un medio de comunicación, sino como un "servicio de inteligencia hostil, no estatal" y la investigación de Alexandria cobró impulso con nuevas medidas y citaciones de testigos, incluyendo Manning, quien se negó a declarar y por eso volvió a prisión hace un mes.


Ahora le toca mover a Assange. Podría aceptar mansamente su traslado a Alexandria para dar una batalla épica por la primera enmienda, pero en su caso sería apresurado. Antes bien, lo más probable es que elija dar esa batalla en Londres, en un juicio de extradición que obligue a Estados Unidos a presentar sus pruebas ante la opinión pública para que ésta decida si Assange es un periodista perseguido o un espía disfrazado. En la ausencia de la susodicha primera enmienda las leyes británicas son más hostiles hacia el libre ejercicio del periodismo comparada con la americana. Pero Assange apostará a que la justicia londinense sea más independiente que la del norte de Virginia. De mínima, el juicio de extradición podría durar años y mientras tanto podrían caer por la via parlamentaria o la electoral gobiernos que no son amigables con Assange como el May y el de Trump, sin los cuales una solución negociada sería mucho más fácil. Y de última, si perder el juicio de extradición, en Virginia tendrá revancha. Si el caso llega a Estados Unidos se daría un capítulo más en la pelea que Trump viene llevando con los medios de su país y las organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. A nadie le escapa que prácticamente todos los medios del mundo publicaron la información por la que Assange ha sido acusado y que varios de esos medios, incluyendo el New York Times, The Guardian, El País y Página 12, fueron socios de WikiLeaks en distintos proyectos de publicación.


Más aún, dicho juicio serviría para general un gran debate acerca de qué significa ser periodista en la era de internet, redes sociales, concentración mediática y megafiltraciones, cuáles son los límites al derecho a informar en sociedades democráticas y qué significa la noción de privacidad en la era de la hipertransparencia.


Trump parece estar dispuesto a dar ese debate. Es el tipo de pelea más le gusta. Y sabemos que Assange se viene preparando para este momento desde hace mucho tiempo.
Más allá del ajedrez geopolítico, en un día así uno no puede dejar de pensar que más allá del ícono está el ser humano. Un tipo tierno, vivaz, tímido a su manera, obstinado, mandón, ingenioso, amante del queso francés y del malbec argentino, que para poder publicar no tuvo miedo a enfrentarse al Pentágono ni a quemar puentes con China, Rusia y la Unión Europea hasta quedar completamente aislado, que pasó seis años y diez meses en un encierro atroz, vigilado, espiado, de a ratos aislado e incomunicado. Aprendí mucho de él. Una vez nos quedamos hablando catorce horas seguidas ¡catorce horas! con él y su padre John Shipman en la sala de conferencias de la embajada. En otra ocasión me tiró una frase que nunca olvido. "Conseguir información es fácil," me dijo. "Lo que es difícil es publicarla".

 

@santiodonnell

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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