El desfile por el centenario del Partido Comunista chino

Xi Jinping habló de "un proceso histórico irreversible"

El presidente indicó que el PCCh debe "continuar desarrollando el socialismo con características chinas" y advirtió que el país no permitirá nunca que cualquier fuerza extranjera los "atropelle, oprima o esclavice".

 

Con un gigantesco desfile militar frente a la Puerta de Tiananmen y un potente discurso del presidente Xi Jinping, el gobierno chino celebró este jueves el centenario del Partido Comunista (PCCh). Desde un palco levantado en el mismo lugar en el que Mao Tse-Tung proclamó la República Popular en 1949, Xi indicó que el PCCh debe "continuar desarrollando el socialismo con características chinas" y advirtió que el país no permitirá nunca que cualquier fuerza extranjera los "atropelle, oprima o esclavice". Fue uno de los momentos más festejados de su intervención frente a las más de 70 mil personas que llenaron las gradas instaladas en la plaza de Tiananmen, en un momento en el que China se siente especialmente atacada por Occidente y acusa a Estados Unidos de intentar impedir su progreso. Con un crecimiento exponencial en los últimos 40 años, el PCCh puede estar orgulloso de haber sacado al país del subdesarrollo, aunque la dirigencia china se enfrenta a la desaceleración económica mundial, los desafíos climáticos y el envejecimiento de su población.

Xi aprovechó la ocasión para declarar que China pudo convertirse en "una sociedad moderadamente próspera a todos los niveles", el principal objetivo fijado en 2012 para el centenario del partido. "Esto significa que hemos logrado una resolución histórica al problema de la pobreza extrema en China, y ahora avanzamos con paso decidido hacia el objetivo del segundo centenario: convertir a China en un gran país socialista y moderno a todos los niveles", aseguró. El segundo centenario es el de la fundación de la República Popular China (RPC), que se cumplirá en 2049 y para el que también se fijó esa meta a largo plazo en el XVIII Congreso del partido.

El discurso de Xi duró poco más de una hora. La muchedumbre, que se levantó en plena noche para asistir a la ceremonia y atravesar innumerables puntos de control, escuchó en estricto silencio al presidente, quien supo levantar la voz para robarse algunos aplausos. En un momento de la tarde se levantó el viento y llegó la lluvia. Religiosamente, los presentes se pusieron el impermeable rojo que se les entregó al llegar a Tiananmen. 

Pero el sol volvió sobre el final del discurso de Xi y estalló entonces la Internacional, antes de que se soltaran palomas y globos de distintos colores. La gente agitó sus banderas y se separó entonando en coro la popular canción "Oda a la patria", considerado el segundo himno de la RPC. Por la mañana, como preludio de las palabras del presidente,  la patrulla acrobática del ejército aéreo sobrevoló la plaza de Tiananmen, dejando en el cielo estelas rojas, amarillas y azules. 

Li Luhao, un estudiante de 19 años presente en Tiananmen, comentó: "Gracias al partido tenemos una sociedad como esta y el país ha podido desarrollarse rápidamente. Tenemos que darle las gracias". Fundado por un puñado de militantes en julio de 1921 en Shanghai, el PCCh dirige la segunda potencia mundial y tiene la firme intención de seguir imponiéndose a nivel internacional en el plano económico y político. Se trata del mayor partido gobernante del mundo, con más de 95 millones de militantes que dirigen a un país de más de 1.400 millones de habitantes.

Wang, habitante de Beijing, también saludó agradecido al partido en su centenario: "Cuando era pequeño había cortes de corriente todas las noches. Hoy tenemos comida, ropa, educación, transporte. Todo va mejor". El monumental evento en Tiananmen fue el punto culminante de semanas de ceremonias y exhibiciones que elogiaron el papel del PCCh en traer grandes mejoras a la calidad de vida y expandir la influencia económica, política y militar de China.

Como en el discurso de Xi de este jueves, la narrativa oficial del partido pasa hábilmente por alto manchas del pasado como la hambruna masiva del Gran Salto Adelante a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, la guerra de clases violenta y la xenofobia de la Revolución Cultural entre 1966 y 1976, y la intervención militar de 1989 que aplastó un movimiento democrático en la Plaza de Tiananmen. En cambio se enfoca en el desarrollo, la estabilidad y la eficiencia chinas, incluyendo su éxito a la hora de controlar el coronavirus, en contraste con lo que describe como las disputas políticas, la desigualdad de clases y la torpeza del control de la pandemia en las democracias occidentales.

02 de julio de 2021

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  El presidente de la OCDE, Ángel Gurría, en una imagen de archivo. — Dario Pignatelli / EP

130 países firman el acuerdo, pero desde organizaciones sociales critican que es un nuevo “colonialismo económico”.

Tras el G-7, hoy le ha tocado el turno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo ha acordado abordar una reforma del sistema fiscal global. Entre otras medidas, se ha acordado el Impuestos mínimo de sociedades del 15% para todo el planeta. Hasta 130 países de los 139 que conforman el organismo han firmado el documento, entre las que se encuentran las grandes potencias y España. 

El acuerdo tomado abarca dos vías de actuación para poder atacar a las técnicas de Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) practicadas por las grandes empresas para trasladar sus ganancias a territorios con bajas tributaciones. La primera línea incluirá a las multinacionales con ingresos totales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo empresas extractivas y la industria financiera. El nuevo acuerdo asignará los ingresos a los países donde se consuma el bien o servicio.

La segunda vía será el impuesto acordado también por el G-7 de un 15% mínimo global en todos los Estados firmantes del acuerdo para las empresas que facturan 750 millones de euros o más nivel global. 

Según los cálculos de la propia OCDE, el pilar uno del paquete repartirá a los países que antes perdían ingresos mediante estas técnicas por unos 85.000 millones de euros. El segundo, aumentará los ingresos fiscales de los Estados en 126.000 millones de euros al año entre todos.

Aunque no todas las voces críticas ven que el acuerdo va a ser suficiente para “derrotar la desigualdad extraordinariamente alta y detener el colapso climático”. Según Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, “este acuerdo no es más que una apropiación de dinero por parte del G7, donde los países ricos están obligando a los países en desarrollo a elegir entre un trato injusto o la ausencia de trato”. La directora de Oxfam lo ha tildado de “colonialismo económico” y muy lejos de ser un acuerdo histórico: “Aquellos que amañaron descaradamente el sistema fiscal mundial en su beneficio hace más de un siglo, han vuelto a acotar el juego para ellos”, ha lamentado.

En cuanto a la incomprensible limitación a las empresas con rentabilidades superiores al 10%, desde Oxfam critican que se aplicará “solo a 100 de las empresas más rentables, y las lagunas jurídicas podrían dejar libres a grandes infractores como Amazon”, que debido a su modelo de negocio de bajos costes y continua expansión no llega a tener rentabilidades superiores al 10%. También han criticado las excepciones de la norma, incluida la presión que está del Reino Unido para dejar fuera a la industria financiera y, por ende, a la City londinense.

Con esta reforma, explica Bucher, “el G7 y la UE se embolsarán más de dos tercios del nuevo dinero que producirá un tipo impositivo mínimo del 15%. Los países más pobres del mundo recuperarán menos del 3%, a pesar de albergar a más de un tercio de la población mundial”.

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

1 jul 2021 21:25

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El neoliberalismo y el capitalismo han entrado en crisis… y también se reciclan

La crisis económica, social e institucional que estalló con la irrupción de la pandemia no es sólo el resultado del avance de la enfermedad, ni la inevitable consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos. Por supuesto, estos factores han sido decisivos a la hora de explicar el desplome del Producto Interior Bruto (PIB), del consumo, de la inversión y de los flujos transfronterizos. Pero cualquier análisis se queda cojo si prescinde de la dimensión estructural de la crisis, que también ayuda a entender el verdadero alcance de la covid-19 y de otros virus globales.

La causa de fondo de esta crisis está en el modelo de economía hiper productivista y globalizado, que no conoce otra religión que el continuo aumento del PIB, al precio que sea, presionando a la baja los salarios y creando empleo de pésima calidad, colonizando el sector público para ponerlo al servicio de los capitales privados, dilapidando y destruyendo recursos naturales y ecosistemas necesarios para la vida, y provocando un formidable cambio climático.

Si realmente queremos que la crisis abra una ventana de oportunidad para abordar los problemas de fondo de la economía y la sociedad no debemos perder de vista este diagnóstico, del que hay que extraer las oportunas lecciones. Una de ellas, puede que la más importante, es el decisivo papel que ha pasado a ocupar el sector público, tanto para enfrentar la enfermedad y las consecuencias más devastadoras de la misma, como para intervenir en la economía para superar la crisis.

Pero no saquemos la conclusión equivocada de que los mercados y los actores que operan en ellos y que determinan su configuración reconocen la superioridad de lo público, y que de esta manera se ha abierto camino un nuevo consenso que arrincona el paradigma neoliberal. No confundamos los deseos con la realidad.

Por supuesto, la crisis que estamos padeciendo ([email protected] más que [email protected], los efectos del virus no son nada democráticos, y tampoco lo son las políticas aplicadas por gobiernos e instituciones) y que estamos muy lejos de haber superado ha puesto de manifiesto las debilidades y contradicciones derivadas del funcionamiento de las cadenas globales de creación de valor, la ausencia de instituciones con capacidad y voluntad de afrontar los grandes desafíos que por su naturaleza son globales, la intensificación de las desigualdades entre países, territorios y grupos sociales, y la inconsistencia del mito de la competencia y de la globalización como motores esenciales del engranaje económico.

Pero seamos prudentes. De todo ello no cabe deducir que estamos ante el ocaso del neoliberalismo y mucho menos que se ha abierto un escenario postcapitalista. Esta era precisamente la ventana de oportunidad a la que antes me refería, y que está siendo eso, una oportunidad que están aprovechando sobre todo las elites económicas y políticas.

Estamos asistiendo a una profunda reestructuración del capitalismo europeo y global. Reestructuración que, básicamente, se articula en torno a la disputa por la enorme cantidad de recursos movilizados por los gobiernos y las instituciones comunitarias, la apertura de nuevos espacios de negocio en torno a los ejes "verde y digital", verdaderos estandartes de los fondos de recuperación europeos, la pugna competitiva a escala global que tiene como principales actores a China y Estados Unidos, donde Europa, consciente de que es un actor menor, pretende hacerse con un espacio, y el acceso a unos recursos básicos (petróleo, minerales, materiales…), imprescindibles para la modernización de las economías, cada vez más escasos.

En este contexto, hay que tener en cuenta que los pilares básicos del capitalismo, que lo definen como sistema, no sólo lo que conocemos como neoliberalismo, se mantienen e incluso se refuerzan: el triángulo crecimiento/productividad/competitividad, el predominio de las lógicas extractivas, la competencia entre los trabajadores y la internacionalización de los procesos productivos, comerciales y financieros.

Y en el centro de todo está el poder corporativo. La concentración empresarial ha conocido una intensificación desde que irrumpió la pandemia y los intereses de los grandes grupos están en el centro del reparto de los recursos públicos. La crisis no ha debilitado su poder ni su influencia; diría que, al contrario, son más fuertes que nunca.

Los tímidos intentos de fiscalizar las operaciones de los grupos transnacionales no suponen una merma sustancial de su privilegiada posición. Sólo la introducción de una tributación fuertemente progresiva (línea roja que no se han atrevido a pasar ni las instituciones comunitarias ni los gobiernos), la fijación de un techo a las retribuciones de los ejecutivos y principales accionistas, la introducción, como contrapartida a la recepción de ayudas públicas, de una fuerte condicionalidad en materia salarial, social, ecológica y de género, y una decidida apuesta por la propiedad pública y comunitaria en el ámbito social y en sectores estratégicos de la economía (como la energía, la vivienda y las finanzas) cambiaría la relación de fuerzas en beneficio de las clases populares.

Pero nada de esto se encuentra en la agenda de gobiernos e instituciones.

Fernando Luengo Escalonilla
Economista
@Fluengoe
https://fernandoluengo.wordpress.com

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Martes, 29 Junio 2021 06:10

El siglo del PCCh

El siglo del PCCh

La defensa de la soberanía es el elemento definitorio por excelencia del comunismo chino. La soberanía del PCCh frente a otros partidos. La soberanía de China frente a cualquier otro país. Deviene de su orgullo civilizatorio pero también de la firme conciencia de un cosmos peculiar. Los avatares del maoísmo, el denguismo o ahora el xiísmo, tienen ese mismo denominador común por más que las tácticas o sesgo ideológico de cada etapa arrojen matices y hasta contradicciones.

El PCCh es un partido secular. Las décadas transcurridas le han permitido engrasar y afinar una maquinaria que hoy admite pocas comparaciones en el mundo. Su militancia supera a la población total de Alemania. Y aun así, con la exhibición de todos sus meteóricos logros, su reconocimiento internacional es débil, lastrado hoy día no tanto por los desvaríos del lejano pasado maoísta como por su obstinación, real o infundada, al negarse a seguir el diktak liberal. Pese a la persistente simbología y adjetivación del discurso, muchos quisieron creer que iba camino de ello cuando la reforma parecía acentuar un determinado perfil, indispensable para congraciarse con la globalización pilotada por los países desarrollados de Occidente.

Superada esa etapa, el PCCh dirige de nuevo la mirada hacia sus raíces y, en paralelo, también el anticomunismo regresa a la agenda global. Y lo hizo a lo grande, de la mano del ex director de la CIA y ex secretario de Estado, Mike Pompeo, quien apeló en la Biblioteca Presidencial Richard Nixon en julio de 2020 a derrocar al PCCh. Las espadas siguen en alto, aunque en Beijing todo suene a argumentos extemporáneos para asegurar un dominio imperial en entredicho.

En una celebración de este calibre quizá no sea el momento más idóneo para expiar pecados. El PCCh tiene ciertamente mucho que celebrar. No obstante, merece prestarse atención al viraje introducido por Xi en un discurso ideológico que a partir de 1981 eludió cualquier revisitación del maoísmo tal como ahora acontece con la propia reescritura de la historia del Partido alentada por figuras personalmente muy próximas al secretario general como Zhuang Rongwen. Hay un severo riesgo en todo ello de una recidiva en comportamientos que se antojaban sentenciados para siempre. El ex primer ministro Wen Jiabao, quien ya en 2012 erguía su dedo acusatorio contra los peligros del neomaoísmo, regresó en abril pasado con una carta a su madre desde la prensa de Macao diciendo mucho entre líneas…

El centenario del PCCh mira hacia el futuro con toda la esperanza puesta en un siglo XXI crucial para glorificar su gesta y su modelo. En lo inmediato, la mirada está puesta en los juegos de poder que acompañan los preparativos del XX Congreso, previsto para el otoño de 2022, no solo de importancia subjetiva para Xi, sin sucesor a la vista, sino también para calibrar la capacidad del PCCh para defender una institucionalidad labrada con sacrificio y que podríamos definir como una de las mayores aportaciones del denguismo: las reglas de una sucesión civilizada. Pende de un hilo.

Pasando a mejor vida el legado de Deng y abrazando el pensamiento de Xi, el PCCh  ciertamente se adentra en una nueva era. Ojo con la impaciencia que tan cara resultó siempre al PCCh. Sin olvidar que solo puede haber algo más nefasto que esa soberbia occidental que no para de señalar con el dedo a otros despreciando las taras propias y es esa capacidad de engreimiento sin límite de quien embelesado por la eficiencia alcanzada cree estar en su derecho de arrebatar al cielo su mandato.

 Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China y autor de 'La metamorfosis del comunismo en China. Una historia del PCCh'

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ordi Cuixart (d) y Jordi Sánchez (i), saludan a simpatizantes después de ser excarcelados.. Imagen: EFE

La jugada más arriesgada de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español apuesta por sacar de la cárcel a los líderes independentistas para buscar una salida negociada a la crisis en Cataluña.

Pedro Sánchez atesora una reputación bien ganada de ser un sobreviviente nato. Ganó contra pronóstico sus primeras elecciones internas para acceder a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al ser destituido de ese cargo y cuando prácticamente todo el mundo lo consideraba un cadáver político, comenzó una gira en coche por toda España para recorrer agrupaciones socialistas e imponerse en las siguientes primarias a Susana Díaz, la candidata del aparato y de las viejas glorias encabezadas por Felipe González. Así volvió a hacerse con el poder en el PSOE y desde allí llegó al Palacio de La Moncloa, primero con una moción de censura y después tras ganar unas elecciones generales y pactar con Unidas Podemos y otras fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas, entre ellos los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña.

Esa capacidad de supervivencia se enfrenta ahora a una nueva prueba con los indultos a los 11 líderes secesionistas que su Gobierno acaba de aprobar con el criterio en contra del Poder Judicial, las descalificaciones de la oposición de derecha y las dudas en el propio seno del PSOE, cuyos líderes regionales temen que la decisión les haga pagar una dura factura en las urnas en la mayor parte de los territorios, donde la cuestión catalana es mirada con distancia y antipatía.

Herencia

Cuando Sánchez llegó al poder, el conflicto catalán y su posterior judicialización ya estaban desatados. Desde La Moncloa, Sánchez vio cómo los líderes secesionistas que en 2017 habían desafiado al Estado español y a su entonces presidente, Mariano Rajoy, con un referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia, eran condenados a duras penas de cárcel por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Las condenas contra los 11 responsables de esos hechos que optaron por permanecer en España y no huir a otros países europeos, como lo hizo el expresidente de la Generalitat (gobierno de la autonomía catalana) Carles Puigdemont, revistieron especial dureza. Fueron desde los nueve a los 13 años de cárcel.

Tanto las sentencias como la entrada en prisión de los líderes condenados provocaron en su día los más graves incidentes callejeros que recuerda la democracia española y no fueron comprendidos en los países europeos, especialmente en aquellos, como Bélgica, donde los dirigentes huidos permanecen sin que prosperen las peticiones de extradición cursadas desde España. Se trata de una situación singularmente anómala en el espacio comunitario europeo, que presume de ser algo más que una mera alianza comercial y que comparte instituciones políticas, económicas y también judiciales.

Jugada de alto riesgo

En las últimas elecciones catalanas, celebradas este año, Sánchez lanzó una de sus acostumbradas jugadas de alto riesgo. Colocó como candidato a Salvador Illa, el hasta entonces ministro de Sanidad que se había forjado por su gestión de la primera etapa de la pandemia una reputación de político dialoguista.

La buena imagen de Illa devolvió al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, filial catalana del PSOE) la condición de formación más votada después de haber sido relegado al cuarto lugar en los comicios anteriores, pero Illa no consiguió formar gobierno. Los independentistas de Esquerra Republicana (izquierda), JuntsXCat (conservadores) y CUP (izquierda antisistema) unieron sus votos para nombrar presidente al candidato de Esquerra, Pere Aragonés. Los socialistas entendieron en carne propia que su estrategia de imponer la dicotomía izquierda-derecha para conseguir un gobierno progresista estaba lejos de convertirse en realidad. Con los líderes independentistas aún tras las rejas seguía imperando el mismo marco que lleva más de una década rigiendo en la política catalana, la que pone en trincheras enfrentadas a los secesionistas de un lado, sean de izquierda o de derecha, y a los constitucionalistas, progresistas o conservadores, del otro.

Ahora Sánchez ha vuelto a redoblar su apuesta para intentar empezar a resolver el conflicto y al mismo tiempo seguir al frente del Gobierno de España.

En contra del criterio del Tribunal Supremo (que dictó sentencia contra los líderes secesionistas y ahora emitió un duro informe en contra) el Gobierno aprobó indultar a los 11 líderes presos, que ya llevaban cuatro años en prisión. Lo hizo, según argumentó, en aras de la concordia y con el respaldo inesperado de la Iglesia y los empresarios, para quienes devolver la estabilidad a una de las comunidades que es locomotora económica de España es también una cuestión de supervivencia.

Reconstrucción

Sánchez se juega mucho. Después de un año y medio de pandemia, hay encuestas que ya lo sitúan por debajo del Partido Popular. Europa acaba de aprobar un plan de reconstrucción que regará a España con 70.000 millones de euros de subsidio directo y la posibilidad de obtener otros 70.000 millones en préstamo. Para gestionar esos fondos y volver a acudir a las urnas en un contexto económico radicalmente distinto al que ha dejado la pandemia necesita completar el año y medio que aún queda de legislatura. Y para ello es fundamental que cuando las cuentas lleguen al Congreso pueda contar con los 13 votos de Esquerra Republicana.

El objetivo de la reelección todavía se ve lejos. Pero la experiencia ha demostrado que subestimar la capacidad de Pedro Sánchez de reponerse a las mayores dificultades puede ser un grave error

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Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

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La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

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Photo credit Victor Barro

En 1972 el Presidente chileno Salvador Allende denunciaba ante las Naciones Unidas la falta de regulación y de control de las empresas transnacionales. En la actualidad, tras múltiples esfuerzos en este ámbito, se avanza hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este artículo destacamos cómo este proceso puede constituir una piedra angular frente a la gobernanza corporativa global.

En 1972, menos de un año antes de su asesinato durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el presidente chileno Salvador Allende afirmaba ante las Naciones Unidas:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada (…)”1  

Allende apuntaba de ese modo a las empresas transnacionales (ETN),2 las cuales se han ido consolidando como actores centrales en el proceso de globalización capitalista. Para calibrar su poder económico, recordemos que 30 de las 100 primeras economías mundiales, son empresas transnacionales, con ingresos superiores al PIB de varios países.3 Su poder se encuentra cada vez más concentrado, prueba de ello, el 80% de los beneficios de las cadenas globales de suministro se concentra en únicamente el 10% de las empresas.4  

Una de las denuncias sobre las prácticas de las ETN que ha cobrado más fuerza últimamente en el Norte Global, mediante los ejemplos de Amazon, Alphabet (Google), entre otras, se vincula con la evasión fiscal.5 Las implicaciones para los países empobrecidos son enormes, puesto que ésta práctica de las ETN les cuesta cada año 100.000 millones de dólares6. Las personas con menos recursos son las más afectadas puesto que al recaudar menos, los Estados optan por recortes en servicios públicos como la educación o la sanidad. Sin embargo, esta realidad no es sino la punta del iceberg de un conjunto de conflictos económicos, sociales y ambientales que involucran a las ETN en todo el planeta. Si consideramos, por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental de la UAB,7 observamos que los más de 3.000 conflictos socioambientales registrados involucran como mínimo a una ETN. Además, en más del 80% de los casos, las comunidades afectadas no han accedido a la justicia o a algún mecanismo de reparación por severas violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente. La misma situación de impunidad se destaca en el mapeo de violaciones en el Sur Global cometidas por empresas con sede y/o operaciones en Catalunya que ha comenzado a elaborar el Grup d’empreses i drets humans.8    

Es importante resaltar que detrás de cada conflicto se ubican resistencias por parte de los colectivos afectados, a pesar de que crece la represión y de la criminalización de las personas que defienden el territorio y los derechos humanos. Una de las mejores estrategias que han ido desarrollando se ubica en las redes internacionales de apoyo y de solidaridad. Entre ellas, nos referiremos a la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad” (Campaña Global), que abarca a más de 220 movimientos, organizaciones sociales y sindicatos en todos los continentes,9 y en la cual se integran varias ONGs catalanas.   

La Campaña Global pretende enfrentarse a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales, basada en la gobernanza corporativa global. Ésta última se ha ido consolidando en los últimos treinta años en base a: un derecho internacional que protege con normas vinculantes a las ETN, gracias a los miles de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones actualmente vigentes; la legitimación de las empresas, invitadas a co-redactar las regulaciones que se les apliquen; y la aplicación del “derecho blando” o códigos voluntarios como los Principios Rectores de la ONU, cuando las transnacionales violan los derechos humanos. El resultado de la gobernanza corporativa se ubica en una profunda asimetría entre los derechos humanos y los intereses empresariales. De forma tal, que actualmente no existen tribunales internacionales sustentados en el sistema internacional de los derechos humanos, desde donde se pueda exigir a las ETN la rendición de cuentas.   

Si bien en los últimos años se han desplegado varias iniciativas, sobre todo en Europa, para responder ante este desafío,10 no se ha logrado aún contar con un marco legal sólido. Uno de los resultados más esperanzadores se ubica en la histórica votación del Consejo de Derechos Humanos en 2014, que aprobó la creación de un Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante (Tratado Vinculante) para las ETN y otras empresas en materia de derechos humanos.11  

La Campaña Global presionó desde 2013 para que este proceso iniciara y ha desplegado desde entonces un gran número de esfuerzos. Entre sus estrategias, cabe destacar la conformación de redes aliadas en apoyo al Tratado, como la Alianza para el Tratado,12 la Red Interparlamentaria Global, y la Red de Autoridades Locales en apoyo al Tratado.13 Además, una de las principales contribuciones ha consistido en elaborar propuestas concretas para los contenidos del propio Tratado Vinculante, con el objetivo de que sea lo más ambicioso posible. Entre estas propuestas, elaboradas con el liderazgo de las comunidades afectadas, destacamos:14

  • La necesidad de que el Tratado abarque el conjunto de obligaciones que los Estados deben imponer a las ETN para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente
  • La necesidad de abarcar la responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de suministro 
  • Sanciones claras y regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal para las ETN
  • La primacía de los derechos humanos y la superioridad jerárquica sobre los tratados de comercio e inversiones, desarrollando obligaciones específicas como el rechazo del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS)
  • La previsión de obligaciones específicas para las ETN y las instituciones financieras internacionales implicadas en las violaciones de derechos humanos 
  • Disposiciones que faciliten el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados. 

En octubre de 2021 tendrá lugar la 7ª Sesión del OEIGWG en Ginebra, en la cual se debatirá sobre el nuevo borrador de Tratado que debe elaborar Ecuador, el cual preside el OEIGWG. A pesar de que existen incertidumbres sobre cómo evolucionará el Tratado, en función de la correlación de fuerzas entre Estados y la fuerte presión de las ETN, la propia existencia de esta negociación constituye un gran paso frente a la arquitectura de la impunidad corporativa. Y en todo caso, queda claro que las organizaciones de la sociedad civil seguirán disputando este espacio y abriendo otros que permitan fortalecer el proceso. Un claro ejemplo se ubica en el Centro Catalán de Impactos de las Empresas en el Exterior15 impulsado por el Grup d’Empreses i Drets Humans de Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, aprobado por el Parlament de Catalunya en 2020, y cuya ley de creación ha sido registrada y debería ser una realidad este año. 

 

Por Mónica Vargas | 24/06/2021

 

Notas

  1. Véase: http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm 
  2. De acuerdo con la definición establecida por la Subcomisión de la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 2003, una  ETN es: “una entidad económica que realiza actividades en más de un país, o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente” [véase: CETIM (2016). Impunidad de las empresas transnacionales, https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/br-impunit%C3%A9-fusionn%C3%A9-esp.pdf, p. 102]. Una ETN puede ser privada o pública y al considerarla conviene siempre a la cadena de suministro. En esta última se integran empresas distintas de la ETN pero que contribuyen en su funcionamiento mediante la provisión de fondos y materiales para la producción de bienes o servicios. En la cadena se incluyen a los contratistas, subcontratistas, y a los proveedores con los cuales la empresa matriz o aquellas controladas por ésta han establecido  relaciones comerciales. 
  3. Fuente: Banco Mundial (2021). PIB por país a precios actuales. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true&view=chart; Fortune Magazine (2021). Fortune 500. https://fortune.com/global500/. Una sola empresa como la gestora de fondos Blackrock, ha llegado a tener activos por más de 7,5 billones de euros, e inversiones en la mayoría de empresas del Ibex 35 y  del CAC 40 (véase: https://directa.cat/blackrock-dispersar-les-inversions-per-concentrar-el-poder/). 
  4. Véase: https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
  5. Véase por ejemplo: https://www.elsaltodiario.com/amazon/paga-menos-8percent-impuesto-beneficios-todo-mundo 
  6. Véase: https://nuso.org/articulo/gaidoni-la-evasion-fiscal-de-las-empresas-transnacionales-es-una-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
  7. Véase: https://ejatlas.org/
  8. Véase: https://alertadh.org/ 
  9. Véase: https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
  10. Véase al respecto el análisis de OMAL: https://omal.info/spip.php?article9369 
  11. Véase: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
  12. Véase: https://www.treatymovement.com/ 
  13. Véase: https://bindingtreaty.org/ 
  14. Véase también: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es 
  15. Véase: https://www.lafede.cat/ca/el-ple-del-parlament-dona-llum-verda-a-la-llei-de-creacio-del-centre-dempreses-i-drets-humans/ 
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La herencia de Netanyahu en Israel: una fuerte erosión de la democracia

El país dividido que deja Benjamín Netanyahu a sus sucesores debe cambiar radicalmente para no hundirse en un ensimismamiento dañino para la sociedad. Si atendemos a la erosión que ha experimentado en los últimos doce años, la democracia israelí está en peligro. Netanyahu ha atacado con una energía sin precedentes a las principales instituciones del país, desde la judicatura hasta la prensa.

 

 Los últimos doce años al frente del gobierno (2009-2021) y los tres años anteriores en el mismo cargo (1996-1999) han convertido a Benjamín Netanyahu en el político occidental que más tiempo ha ocupado esa posición, con excepción de la canciller Angela Merkel, y le han permitido moldear el estado judío a su antojo, dejando una herencia que ha erosionado la democracia y que sin duda perdurará en el futuro.

El descrédito de la democracia puede observarse en numerosos aspectos de la sociedad israelí y es consecuencia natural del nacionalismo y el religionismo.

Durante su prolongado mandato el país se ha convertido en lo que se denomina una "democracia iliberal", en la que todo el poder se ha concentrado en sus manos, sirviéndose de las mayorías que le han dado las urnas para oprimir a los sectores que no comulgaban con sus ideas.

La justicia

La judicatura ha sido posiblemente el frente de la política interior al que Netanyahu ha dedicado más tiempo. Lo ha debilitado todo lo que ha podido, tanto él como los ministros de Justicia que ha designado y que permanentemente se han enfrentado a los jueces, especialmente a los del Tribunal Supremo. Ha sido una persecución en toda regla argumentando que el parlamento, y no los jueces, es quien debe decidir lo que se hace y que el parlamento no debe obedecer las decisiones del Supremo cuando hay discrepancias entre los dos poderes.

Sus ataques a la justicia se han intensificado en los últimos años, ya desde antes de que comenzara el juicio contra la corrupción que ahora se está celebrando en un tribunal de distrito en el sector ocupado de Jerusalén.

Netanyahu ha creído que, respaldado por una mayoría parlamentaria, podía hacer y deshacer a su antojo al margen de las leyes, y no está claro cómo y hasta dónde podrá recuperarse el Supremo de esos embates que lo han desacreditado entre una buena parte de la población más populista.

La crispación

La crispación ha alcanzado límites desconocidos, incluso superiores a los que existieron en el periodo previo al asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995. Los citados ataques contra la justicia, o contra la policía y la prensa, han contribuido a crear un clima de tensión y división permanente que Netanyahu y su entorno han impulsado conscientemente puesto que consideraban que la crispación y la división les beneficiaba electoralmente.

Esa misma política de enfrentamiento es la que Netanyahu ha empezado a aplicar en el parlamento desde mediados de este mes de junio como jefe de la oposición. Su nueva responsabilidad en la Kneset sin duda augura malos momentos para el gobierno de Naftalí Bennett, especialmente si, como todo parece indicar, mantiene el sistemático descrédito del sistema en su conjunto.

Palestinos

Los doce últimos años se han caracterizado por una creciente expansión colonial judía en los territorios ocupados, encerrando a los palestinos en guetos cada día más precarios que se sostienen por la ayuda que reciben de Occidente. Netanyahu ha conseguido que los palestinos sobrevivan en un estado de hibernación permanente a la espera de que más pronto o tarde se presente la ocasión de darles la patada definitiva.

Esta misma política continuará con el nuevo gobierno si EEUU y Europa no dan un golpe sobre la mesa y obligan a Israel a cumplir las resoluciones internacionales. Es una cuestión que sobre todo está en las manos de Biden, pero también de los europeos. Los mandatarios Angela Merkel y Emmanuel Macron deberían implicarse puesto que la solución de este conflicto redundará en beneficio de Europa y apuntalará su estabilidad.

Irán

Irán es una bicoca que permite a Israel apartar la atención internacional de la brutal ocupación militar de los territorios palestinos. Con las negociaciones de Viena a pleno rendimiento, es muy probable que pronto se restablezca el acuerdo nuclear de Barack Obama de 2015, un acuerdo contra el que Netanyahu ha luchado con todas sus fuerzas.

No está del todo claro cuál será la actitud del nuevo gobierno con respecto a Teherán, entre otras cosas porque dependerá de las decisiones que adopte el presidente Joe Biden, pero el choque con Irán seguirá siendo positivo y ventajoso para Israel por muchos motivos, en particular porque pone en la órbita israelí a varios países sin escrúpulos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que se traducirá en importantes negocios, sobre todo militares y de inteligencia.

El objetivo de las potencias mundiales debe ser impulsar la cooperación entre los países de Oriente Próximo, pero esto solo puede hacerse partiendo de la justicia. Durante décadas el cinismo occidental ha contribuido a la desestabilización de la región, lo que se ha traducido en una instabilidad que ha llegado a Occidente de manera repetida y constante.

Encaminar a Oriente Próximo hacia un futuro mejor requiere ante todo resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, algo en lo que Netanyahu no tiene el menor interés. El nuevo primer ministro Bennett es de la misma escuela, de hecho empezó su carrera política a las órdenes de Netanyahu y es tan radical como él. Si ese problema persiste, lo más probable es que toda la región continúe bajo la precariedad e inestabilidad de las últimas décadas.

23/06/2021 12:08 Actualizado: 24/06/2021 07:44

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Lunes, 21 Junio 2021 05:59

Desobediencia

Desobediencia

La resistencia pacífica frente a la violencia del poder

La desobediencia civil forma parte intrínseca del ejercicio de la ciudadanía como un derecho, una manera de estar en contra de las leyes injustas; aquellas que excluyen, marginan y mantienen la desigualdad latente en la sociedad. También forma parte de la lucha contra la inacción, la omisión o la dejación de funciones para activar políticas incluyentes e igualitarias.

Las manifestaciones que se llevan dando en Colombia desde el pasado 28 de abril se pueden considerar desobediencia civil porque cumplen con las dos premisas que señalaba Fernández Buey de que se ejerza públicamente y que se haga de manera pacífica. Aunque se les acuse de vandalismo como estrategia comunicativa para poner en su contra a esa población mediáticamente analfabeta. Además, las personas y colectivos en lucha son conscientes de sus acciones y están comprometidas con la sociedad colombiana. Su comportamiento no está “movido por el egoísmo personal o corporativo, sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad”.

Aceptan la democracia, pero no esa que están poniendo en práctica sus gobernantes. Ejercen la desobediencia civil y la resistencia como parte esencial de esa supuesta democracia participativa reconocida en la Constitución Política de 1991:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano (…) y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

Las acciones ciudadanas en marcha son una manera de poner en la calle el artículo 95.5 de su constitución (Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país) y de profesar lo establecido en el 95.4 (Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica).

El Gobierno colombiano, por el contrario, parece desconocer su propia carta magna y se enroca en ser un poder sordo sostenido contra toda decencia democrática por un brazo armado que conculca sistemáticamente los derechos civiles. Un Gobierno que se ha encontrado con la fuerza de una movilización ciudadana que, pese a las acusaciones infundadas sobre vínculos guerrilleros, castrochavistas o revolucionarios, está cimentada en la solidaridad y el compromiso del pueblo con la lucha por una vida digna.

Apelar al deterioro de las fuerzas de producción por culpa del Paro Nacional es ignorar que esas fuerzas son (Sacristán dixit) más de destrucción (de la dignidad de la clase trabajadora, del empleo decente o de la naturaleza, entre otras) que de creación de verdaderas condiciones para el crecimiento de la población y del país.

De H.D. Thoreau, pasando por L. Tolstoi, M. Gandhi o M. Luther King, hasta llegar a A. Haidar y a la joven G. Thunberg, la ciudadanía colombiana movilizada está dando muestras de su desobediencia civil legítima y justa. La plataforma El Derecho a No Obedecer, “de iniciativas ciudadanas para explorar nuevas formas de participación desde la desobediencia”, ha creado, con motivo de estas acciones ciudadanas, la campaña Expulsar para Soñar cuyo objetivo es “conversar sobre la importancia de los símbolos y las nuevas narrativas como una acción de Expulsión No Obediente”, proponiendo dejar de lado las agresiones y los egoísmos para construir solidaridades que transformen la sociedad.

Un proyecto de “formación política no electoral” que se inspira en la obra de Fernando González, el brujo de otra parte, el caminante a pie que afirmaba que “en Colombia hay muchos doctores, muchos poetas, muchas escuelas y poca agricultura y pocos caminos”, lo que hacía que faltara pensamiento crítico “Los pueblos en los que la juventud no piensa, por miedo al error y a la duda, están destinados a ser colonias”.

El denominado paro nacional que lleva vigente en Colombia desde hace ya cuarenta y cinco días es una muestra palpable de que, por fin, el pueblo ha decidido pensar y poner en marcha lo que su pensamiento le está diciendo, que hay que luchar contra las injusticias, que ya está bien de crímenes de Estado, de desapariciones forzadas, de violación de derechos y de desigualdad social.

Camus respaldaba, con su defensa a ultranza de un periodismo libre, el derecho de la ciudadanía a construir su propia libertad. El autor argelino ponía la desobediencia como uno de los requisitos para ejercer libremente el periodismo “Frente a la creciente marea de la estupidez, es necesario también oponer alguna desobediencia”, defendiendo “servir a la verdad en la medida humana de sus fuerzas” o “al menos rechazar lo que ninguna fuerza le podría hacer aceptar: servir a la mentira”.

Por su parte, Fernández Buey, al analizar la propuesta desobediente de Gandhi, afirmaba que: “la desobediencia civil no comporta anarquía sino crecimiento social, siempre que el Estado reprime la desobediencia civil lo que en realidad está haciendo es tratar de aprisionar la conciencia”. Para el autor español, la desobediencia civil es “una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia”.

Un recuerdo para un desobediente colombiano que nos ha dejado: don Raúl Carvajal, un ciudadano que se pasó meses con su furgoneta aparcada en la carrera séptima con la actual avenida Misak denunciando y reclamando justicia por la muerte de su hijo soldado por no acceder a entrar en la práctica criminal de los falsos positivos.

Tal vez la pregunta que todo el mundo debería plantearse es la que el maestro Gonzalo Arango se hizo, y le hizo, a Desquite “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”

20 Jun 2021

Por Iñaki Chaves

(publicado en Mundo Obrero el 14 de junio de 2021)

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