Lunes, 21 Junio 2021 05:49

Fue Teté

Al término del encuentro del presidente estadunidense, Joe Biden, con su par ruso, Vladimir Putin, el jefe de la Casa Blanca aseguró que Moscú ha perdido credibilidad ante el mundo por interferir en elecciones de otros países, olvidando el historial estadunidense de intervenciones. La imagen, hace unos días en Ginebra. Foto Afp

Biden, al concluir su gran reunión cara a cara con Putin la semana pasada, comentó a los medios que Rusia ha perdido credibilidad ante el mundo: "¿Cómo sería si Estados Unidos fuera percibido por el resto del mundo como interfiriendo de manera directa en las elecciones de otros países y todos lo sabían?"

Nadie sabía si reír o llorar. Con una carrera política de décadas en el Senado e incluso jefe del Comité sobre Relaciones Exteriores, ¿es posible que Biden no sabe que su país tiene una larga historia de interferencia en los asuntos políticos, incluyendo elecciones, de otros países, incluyendo el de Putin?

Al preguntar a algunos expertos sobre política exterior, incluyendo la clandestina, concluyeron que por supuesto que lo sabe, pero lo justifica con esa infantil idea del "excepcionalismo" de que cuando Estados Unidos lo hace es por el bien y para la democracia, y que cuando otros países, como Rusia, se atreven, siempre es con fines malignos.

Estados Unidos ha intervenido en las elecciones de otros países en por lo menos 81 veces entre 1946 y 2000, casi todas en secreto, según un experto académico que ha intentado hacer una lista completa.

La primera operación clandestina mayor de la recién creada CIA fue interferir en la elección en Italia en 1948 para evitar un triunfo de los comunistas y se calcula que más de 65 millones de dólares fueron invertidos por la CIA en ese país desde entonces hasta principios de los años 70 para estos fines.

La mano estadunidense ha interferido en procesos políticos y electorales en casi todos los continentes. Esto se ha hecho de varias maneras, desde invertir fondos para partidos y conducir campañas de propaganda, hasta medidas más extremas que incluyen asesinatos de líderes políticos, apoyo a golpes de Estado e intervenciones militares directas para frenar el resultado de elecciones y de otros procesos políticos, incluyendo revoluciones y luchas de liberación nacional. La lista es larguísima y conocida: Guatemala, Cuba, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Guyana, Haití, así como Irán, el Congo, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Afganistán, Grecia, y hasta Australia, por mencionar sólo algunos.

Henry Kissinger comentó sobre la elección democrática de Salvador Allende en Chile en 1970: "no veo por qué necesitamos quedarnos quietos y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo". Tres años después, en el primer 11-S, la mano estadunidense estaba muy presente en el golpe militar contra ese gobierno.

Con Ronald Reagan se creó el Fondo Nacional por la Democracia, o NED, que reparte fondos a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, publicaciones y ONG en varios países para "promover la democracia". Según algunos, hace abiertamente lo que la CIA antes hacía de manera secreta.

El gobierno estadunidense, con Clinton, interfirió en la elección de 1996 en Rusia para ayudar en la relección de Boris Yeltsin, incluida la canalización de fondos del FMI para usos electorales, prestando consultores políticos y encubriendo el fraude electoral.

Y durante casi seis décadas ha promovido el cambio de régimen en Cuba a través del bloqueo y de un sinnúmero de operaciones clandestinas (https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2021/06/ 20/derrocamiento-del-gobierno-abel-prieto-8949.html).

Noam Chomsky, en 2017, poco después de que acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadunidenses en 2016 detonaron furia y protestas por políticos en Washington, recordó que "la historia de la política exterior de Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es en gran medida definida por la subversión y el derrocamiento de regímenes extranjeros, incluyendo parlamentarios, y el uso de la violencia para destruir organizaciones populares que podrían ofrecer a la mayoría de las poblaciones una oportunidad para participar en la arena política".

El ideal democrático en la política exterior estadunidense, explicó, es sencillo: "eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando sea lo que nosotros queremos que hagas".

The Clash. Washington Bullets. https://open.spotify.com/track/ 6vkYJbpPG8WOxv8MlbDPmw?si=dd5df1b04a89437b

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Ante el testimonio de Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad

Comunicado a la opinión pública

Yo, Luz Marina Bernal Parra, me veo en la necesidad de emitir este comunicado ante las múltiples peticiones que he tenido de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales para expresar mis opiniones sobre el testimonio que el ex Presidente y ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos dio el pasado 11 de junio ante la Comisión de la Verdad.

- En primer lugar, y ante la replica realizada por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez de dicho testimonio en Semana, quiero manifestar que ambos a pesar de querer mostrar públicamente sus diferencias en busca de una polarización del país, son responsables directos de los crímenes de Estado que sucedieron bajo sus mandatos, incluido el asesinato de mi hijo Fair Leonardo Porras Bernal asesinado el 12 de enero de 2008. Por eso, cuando me preguntan cómo trabajar por la paz y la reconciliación de Colombia comenzaría diciendo que tanto Juan Manuel Santos como Álvaro Uribe Vélez tienen que ser juzgados ante los Tribunales. Porque los dos fueron la máxima autoridad en la línea de mando de las Fuerzas Armadas de este País.

- En segundo lugar, manifestar mi inconformidad con la Comisión de la Verdad que facilitó un espacio en directo para que Juan Manuel Santos lavara su imagen y diera un discurso revictimizante para todas y cada una de las víctimas. Fue un descaro su teatro de pedirnos perdón. Fue un montaje indignante.

Además, Juan Manuel Santos estuvo todo el tiempo que necesitó para leer su discurso. Sin embargo, yo como víctima, tanto en mi intervención en La Habana cuando fui invitada para ser parte de la 1º Delegación de víctimas, como en mi única intervención en la 1º Audiencia Pública en la que participamos las víctimas del caso Nº 003 en la Jurisdicción Especial para la Paz me dieron sólo 15 minutos y cuando se cumplió este tiempo la Magistrada del caso, Catalina Díaz, me pidió que terminara. Mientras que los victimarios tuvieron jornadas enteras. Por eso, yo no entiendo a qué se refieren cuando dicen que las víctimas somos el centro de este proceso. Y más cuando existe un cúmulo de víctimas que no han podido denunciar ni han sido escuchadas, por miedo, por amenazas, porque no conocen sus derechos o porque ningún servidor público se ha acercado a ellas.

Al igual le pido a la Comisión si tan transparente quiere ser en el esclarecimiento de la Verdad de los crímenes de Estado, de los mal llamados falsos positivos, que haga público no sólo el testimonio sino todos los documentos que Juan Manuel Santos entregó ese día a la Comisión. Incluidas todas las Directivas aprobadas, algunas de las cuales no hemos tenido acceso en todos estos años de denuncia.

- En tercer lugar, y haciendo referencia al contenido del testimonio, en estos 13 años de lucha que llevó desde que asesinaron a mi hijo he escuchado muchos discursos, bonitas palabras que a menudo no son consecuentes con los hechos. En ese sentido me gustaría recordarle a Juan Manuel Santos dos cosas: La primera, que durante las negociaciones de Paz, e incluso posteriormente, siempre dijo que los crímenes de Lesa Humanidad no serían competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y por lo tanto no serían amnistiados. Lo que no se cumplió. Quiero recordarle que yo logré lo que muy pocas víctimas han logrado en este país, que los seis militares implicados en el asesinato de mi hijo fueran condenados a penas de 53 y 54 años de prisión por desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uno de ellos, además, por falsedad ideológica en documento público. El Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y que fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato. Entonces, ¿de que sirven sus discursos?

La segunda es recordarle a Juan Manuel Santos que los crímenes de Estado, los mal llamados falsos positivos, no son hechos que sucedieron dentro del conflicto armado. Nuestros hijos fueron engañados con falsas promesas para llevárselos lejos de sus casas y ser asesinados por el Ejército para presentar sus triunfos. Pero he de recordarle que había una clara desventaja, nuestros hijos estaban desarmados, nunca hubo confrontación armada.

No fue fácil tener que escuchar al señor Juan Manuel Santos durante más de dos horas enumerar sus actuaciones, describiendo las políticas de Derechos Humanos e insistiendo en sus “esfuerzos” para concluir que bajo su Ministerio “se investigaron, denunciaron y acabaron con los Falsos Positivos”. No estoy de acuerdo, por eso me gustaría pedirle que explique al país por qué fue durante su Ministerio cuando se dieron el mayor número de estos crímenes de Estado y cómo fue que continuaron en su Presidencia. Que explique cómo puede ser que una práctica sistemática de criminalidad que viene sucediendo desde los años 80, denunciada dentro y fuera del país, con sentencias en firme, fuera según sus palabras para el año 2006 sólo “rumores” con “evidencias débiles”. Quiero saber también por qué para estos crímenes de Estado se habla de responsabilidad moral y no de responsabilidad penal. Y por qué cuando hace referencia a momentos en los que destituyeron militares, lo que no dice es que esas medidas no tuvieron consecuencias penales e incluso algunos fueron premiados como el señor Mario Montoya con una Embajada. ¿Por qué no se han abierto acusaciones judiciales contra ellos?

- En cuarto lugar, quisiera hacer dos aclaraciones a dos cuestiones: al perdón y a la reconciliación.

Respecto a la primera, yo Luz Marina Bernal no estoy dispuesta a aceptar de Juan Manuel Santos su perdón frío, calculador e impuesto que trae beneficios como la libertad para los victimarios. Y si tanto le dolió como dice en su testimonio, por qué no evitó las matanzas y por qué no se entrega a la Justicia.

Respecto a la reconciliación, cómo nos piden eso en pleno conflicto, cuando el

irresponsable mal gobierno de Iván Duque mantiene la continuidad de la destrucción de lo que quedó del proceso de paz; cuando siguen las grandes violaciones de los Derechos Humanos en las regiones, donde no quieren reconocer todo lo que está pasando por parte de la Fuerza Pública; cuando la sistematicidad de los crímenes de Estado ha aumentado incluso en las ciudades; cuando continúan los asesinatos a líderes sociales y a excombatientes firmantes de la paz; y cuando en el marco del Paro Nacional la Fuerza Pública con la complicidad de civiles armados sigue desapareciendo, torturando y asesinando a la población como se ha visto en estos días.

- Por último, quisiera pedir que por respeto a todas las víctimas colombianas, Juan Manuel Santos devuelva el Premio Nobel de Paz, porque realmente éste ha sido un proceso incumplido en el que se rompieron los sueños de todo un país que creyó en un cambio que nunca llegó a buen término.

Creo que merecemos un respeto tanto las víctimas como las organizaciones que venimos denunciando arduamente estos crímenes de Estado. Un respeto para familiares como Don Raúl Carvajal, quien murió al día siguiente de que Juan Manuel Santos diera su testimonio, con la dignidad de haber luchado toda su vida por justicia por el crimen de su hijo, la cual siempre le fue negada.

NO MÁS IMPUNIDAD

Bogotá, 18 de Junio de 2021

Luz Marina Bernal Parra

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El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, durante la cumbre binacional en Ginebra, Suiza, el pasado miércoles.Foto Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Suiza a través de Ap

 

Si la cumbre de Joe Biden y Vladimir Putin desemboca en un "Diálogo de estabilidad estratégica bilateral integrado" –como enfatiza el comunicado conjunto de las dos superpotencias nucleares del planeta (https://bit.ly/3wJo12D) y (https://bit.ly/2SLq87g)–, habrá sido un triunfo para la humanidad, al reducir la "amenaza de una guerra nuclear que nadie puede ganar y nunca debe ser librada".

El comunicado conjunto expuso que “la extensión reciente del Nuevo (sic) Tratado Start” (Tratado Estratégico de Reducción de Armas Nucleares), del 5/2/21 hasta 2024 sin mucha fanfarria "ejemplifica el mutuo compromiso por el control de armas nucleares".

El tema de la "estabilidad estratégica global" no es muy popular para los multimedia, cuya mayoría lo escamotea cuando no lo entiende, representa el vértice de la pirámide de varios niveles de la interacción entre Estados Unidos y Rusia, lo cual fue asentado en primer término por el zar Vlady Putin: “Washingtony Moscú cargan una responsabilidad especial (sic) para la estabilidad estratégica global, porque por lo menos somos las dos máximas potencias nucleares –en términos de la cantidad de municiones y ojivas, el número de vehículos de lanzamiento, el nivel de sofisticación (sic) y calidad (sic) de las armas nucleares”. A cada quien su jerarquía y sus respetables interpretaciones, cuando ambos mandatarios tienen muy prístinos, afortunadamente, los niveles de relevancia (https://bit.ly/3vBlpSY).

Mediante la lupa del enfoque jerárquico, los siguientes niveles de relevancia lo constituyeron: 1. Las mutuas "líneas rojas" en sus varios estamentos temáticos y estratégicos (https://bit.ly/3vJgn6Z); 2. La ciberseguridad: donde Biden puso sobre la mesa sus "16 líneas rojas", referentes a los sitios inexpugnables a "ciberataques" (https://bit.ly/2TQ1YIJ) y 3. La "cooperación en el Ártico", donde sólo China se ha asociado a Rusia para su explotación, logística y defensa.

Detecto dos resquicios (loopholes) en la "asociación estratégica" entre Rusia y China: en la esfera geoeconómica y en la ampliación a la "cooperación del Ártico" en las que puede participar Estados Unidos, que sería obligado a levantar, como quid pro quo, sus asfixiantes sanciones contra Moscú.

Percibo una leve fisura en el ámbito de la "cooperación económica", que naturalmente aprovechó en su conferencia de prensa unilateral el presidente Biden (https://bit.ly/35BsND8), al comentar que China estaba “asfixiando (sic)” a Rusia en el rubro económico: “Rusia se encuentra en un muy, pero muy, difícil punto ahora. Está siendo asfixiada por China. Desea, en forma desesperada, (sic) permanecer como superpotencia” (https://bit.ly/3wJtLJJ).

En una entrevista previa a la cumbre, Putin vislumbró el horizonte de una mayor cooperación económica: “muchas empresas estadunidenses desean operar ( sic) en Rusia, pero les jalan las orejas y ceden el lugar a sus rivales (sic)”. Putin coloca la estocada: "¿Beneficia esto a la economía de Estados Unidos?" (https://bit.ly/2SLaatO).

La cantada "asociación estratégica" de China y Rusia posee fisuras y limitaciones en muchos ámbitos. No es tan lineal.

No menos relevante es el retorno inmediato de los respectivos embajadores del Kremlin y la Casa Blanca y la perspectiva y prospectiva de un intercambio mutuo de prisioneros, lo cual evidentemente da pie a la resurrección de la abandonada "diplomacia", donde las cancillerías jugarán un prominente papel en los restantes temas regionales y domésticos.

Ni Estados Unidos ni Biden desean una guerra nuclear con Rusia por Ucrania. Moscú y Putin tampoco desean una guerra atómica con Washington por Siria.

La "Estabilidad Estratégica Global" es prominentemente tripolar cuando el zar Vlady Putin se ha adelantado a su operatividad (https://bit.ly/35COgvD), lo cual seguramente captó Biden, con casi medio siglo de experiencia en las relaciones internacionales, al reconocer el carácter de "superpotencia" de Rusia y al programar un próximo encuentro con el mandarín Xi Jinping”, como enunció el asesor de Seguridad Nacional, el israelí-estadunidense Jacob Jeremiah Sullivan (https://bit.ly/35G7XCG).

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Todos los recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori, desestimados

La decisión de 35 jurados electorales especiales de Perú

Los 943 pedidos fueron declarados improcedentes e infundados. A la dirigente de derecha solo le quedan dos vías para intentar revertir su derrota: elevar un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y una demanda presentada por un exjuez cercano que busca declarar nula toda la segunda vuelta que tuvo lugar el 6 de junio.

 

Los 35 jurados electorales especiales de Perú terminaron de desestimar todos los recursos de nulidad que fueron presentados por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, contra los resultados de las elecciones en las que salió victorioso por escaso margen el candidato de izquierda Pedro Castillo.

Debido a que los 943 pedidos fueron declarados improcedentes e infundados, a la dirigente de derecha solo le quedan dos vías para intentar revertir su derrota: elevar un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y una demanda presentada por un exjuez cercano que busca declarar nula toda la segunda vuelta que tuvo lugar el 6 de junio.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de la ciudad de Huancavelica fue el último en considerar infundados los 21 recursos de nulidad pendientes, una decisión que fue publicada este viernes a la noche en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó el diario La República.

De este modo, los distintos jurados electorales especiales terminaron por descartar cualquier aproximación a lo que pueda llegar a considerarse un fraude, una situación que viene siendo denunciada Fujimori, aunque sin éxito.

Apenas fueron desestimados estos 943 recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular comenzó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE, la última instancia de la Justicia Electoral.

La legislación fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE tiene que revisar los escritos para pronunciarse, lo que podría prolongar la incertidumbre más de una semana, según indicó la agencia de noticias Europa Press.

Además de estas apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también está impulsando acciones en la vía judicial para intentar revertir el resultado. Por un lado, anunció un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el fin de acceder a los padrones electorales.

La exministra de Justicia Ana Neyra señaló que si bien las autoridades reconocen el “derecho de acceso a la información pública”, también defienden la “protección de los datos personales, que no se pueden compartir con un partido político”. “No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto”, precisó Neyra.

Fuerza Popular presentó a su vez una acción constitucional a cargo del abogado y exjuez Javier Villa Stein, conocido por su cercanía con el fujimorismo. En esta acción de amparo se solicitó la nulidad de la segunda vuelta y que “como consecuencia de ello, se ordene a repetir dicho proceso electoral”.

Se trata de un pedido similar al que ya hicieron dos grupos de militares retirados en las últimas semanas, una situación que generó un amplio repudio desde el Gobierno, distintas organizaciones sociales y del sector aliado a Castillo, quien este sábado hizo un llamado a salir a las calles para defender el resultado en las urnas.

La solicitud judicial del exjuez cercano al fujimorismo asegura que hubo firmas falsas de los miembros de mesa, una idea que ya fue rechazada por los jurados electorales especiales. Asimismo, el amparo cuestiona que estos jurados especiales se mostraron reticentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.}

20 de junio de 2021

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Andreas Malm durante la entrevista con 'El Quinze'. — Montse Giralt

Andreas Malm (Fässberg, Suecia, 1977) ya no es a estas alturas ningún desconocido. Las obras de Malm, profesor de ecología humana en la Universidad de Lund y miembro del consejo editorial de la revista Historical Materialism, han sido traducidas a varios idiomas. El año pasado aparecieron Qui apagarà aquest incendi? Història i perspectives davant l’emergència climàtica (Tigre de Paper) y El murciélago y el capital: coronavirus, cambio climático y guerra social (Errata Naturae). Investigador sobre la emergencia climática, escritor y periodista, estuvo en Barcelona la semana pasada para presentar Capital fósil (Capitán Swing).

De Malm dijo Naomi Klein que es "uno de los pensadores más originales" sobre el cambio climático. El Quinze habló con Malm de su último libro y de las relaciones entre ecologismo y socialismo.

En 'Capital fósil' emplea el término de "economía fósil". ¿A qué se refiere?

"Economía fósil" es el tipo de economía que hemos tenido en los últimos dos siglos. Es una economía de crecimiento autosostenido basado en la extracción y el consumo de energía fósil, lo que permite el crecimiento económico, pero también produce la emisión de CO2. El motivo por el que la llamo "economía fósil" y no "capitalismo fósil" es porque puede incluir a los Estados estalinistas, la Unión Soviética y sus Estados satélite.

En el libro reconstruye con detalle la historia de esta economía. ¿Hasta qué punto se encuentra detrás de los problemas actuales?

El cambio climático es un problema histórico. Su impacto es el resultado de todo el CO2 que se ha acumulado en la atmósfera. Antes de la revolución industrial había 280 partes por millón (ppm) de CO2 en la atmósfera y ahora nos acercamos a las 420 ppm. Esto es el resultado de una acumulación en el tiempo. Esto no significa que una gran parte del CO2 proceda específicamente de mediados y finales del siglo XIX, de hecho, probablemente se trate de una pequeña parte. La mitad de esas emisiones se han realizado desde mediados de los noventa. Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los combustibles fósiles se convirtieron en la base del crecimiento. Eso puso en marcha el mecanismo que ha ido continuando año tras año, década tras década.

¿Qué papel desempeña el movimiento obrero en esta historia?

Tuvo un papel complejo. El intento de los capitalistas por mecanizar y automatizar la producción industrial en la industria británica, empleando los combustibles fósiles para ello, fue, en buena medida, una respuesta al movimiento obrero organizado. Existe una historia fascinante de protestas obreras contra este complejo tecnológico. Los luditas son los más famosos. Pero sigue existiendo un universo de protesta y resistencia, prácticamente desconocido, de varios grupos obreros organizados contra la introducción de esas máquinas.

En ocasiones resulta imposible no ver paralelismos con la actualidad, como cuando describe los intentos de la burguesía inglesa por minimizar el problema de la contaminación en Manchester, alegando que no se habían demostrado efectos negativos sobre la salud. ¿Existen otros paralelismos?

Hay muchos paralelismos, pero también algunas diferencias. Por supuesto, el Manchester de este período y otras ciudades industriales de Reino Unido pueden verse como un microcosmos de lo que hoy experimentamos a una macroescala: los niveles de polución y desigualdad social o los problemas de salud y sanitarios. Desde entonces se ha magnificado. Hoy puede estudiarse en China o India, pero a una escala mucho mayor.

Afirma que el capital es cuantitativo por su propia naturaleza y que no admite un punto final. ¿La única solución es el cambio de sistema?

Sí.

Esa es la respuesta corta, imagino.

Bueno, esa crítica del capitalismo es algo que yo apoyo. Pero no implica necesariamente que cualquier tipo de progreso en la cuestión medioambiental presuponga la abolición completa del capitalismo. No es como me gusta presentarlo. Termina pasando del modo de producción capitalista a algo diferente, pero comienza con la reducción de las energías fósiles y las industrias basadas en ella.

Recientemente hay quien ha pedido a los países africanos que no empleen energías fósiles para su desarrollo, lo que choca con la voluntad de sus gobiernos de proporcionar a sus ciudadanos un mayor nivel de bienestar.

Obviamente, EEUU tendría que limpiar su propio patio trasero antes de decirle a otros países qué hacer. A China, por supuesto, no le falta razón cuando dice: "¿Por qué nos acusáis de las emisiones que proceden de vuestras fábricas, que han sido deslocalizadas a China?". El problema actual es que hay tanta contaminación en la atmósfera, se ha quemado tanto combustible fósil, que todo el mundo tiene que poner fin a su uso. Eso también vale para el Sur de África, no porque haya contribuido al problema, porque no lo han hecho de ningún modo, sino porque los países ricos han quemado tanto que el medio ambiente ya no puede aceptar más si no queremos tener una desestabilización total del planeta.

Afortunadamente, eso no significa que no pueda haber desarrollo en el Sur global. En el África subsahariana, la India rural, América Latina o el Sureste de Asia lo que necesitan no son combustibles fósiles per se, sino energía. Hoy puede obtenerse la electricidad más barata de la historia con energía solar y eólica. Las energías renovables no son un obstáculo al desarrollo, son un obstáculo para las compañías energéticas que obtienen beneficios de la producción de combustibles fósiles.

La mayoría de los gobiernos europeos ha aprobado en los últimos meses medidas para la transición ecológica. A usted se le considera uno de los principales críticos, desde la izquierda, del llamado New Green Deal y el European Green Deal. ¿Por qué?

En el caso del New Green Deal impulsado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez en realidad estoy a favor. Formo parte de ese proyecto. Obviamente, puede decirse que no es lo suficientemente ambicioso, pero nos encontramos en una situación en la que hay que poner las cosas en marcha. La mayor virtud del New Green Deal es que vincula la transición ecológica con los intereses de los trabajadores. Tal y como lo propone la izquierda del Partido Demócrata y otros sectores de la izquierda estadounidense, se trata de un programa que buscar ir a las raíces de la crisis: disminuir el uso de energías fósiles al mismo tiempo que se redistribuye y desplaza el poder del capital al trabajo.

En cuanto al Green Deal de la Comisión Europea, ésa es otra cuestión. Lo conozco sólo parcialmente. Pero no veo signos de una transición real en Europa. Hay pequeños ejemplos aquí y allá. Pero no veo una reducción anual del 5-10% de CO2 en Europa hasta que lleguemos a cero al mismo tiempo que una inversión masiva en soluciones tecnológicas alternativas.

Ha criticado en varias ocasiones el énfasis en la responsabilidad individual, la reducción del ecologismo a una opción de consumo más. ¿Cómo ha ocurrido esta transformación?

Tiene que ver con la ideología del neoliberalismo, la idea de que puede ejercerse algún tipo de influencia como consumidor. Lo que significa que quien tiene más dinero va a tener una mayor influencia que quien no lo tiene. Una política basada en opciones de consumo es antidemocrática en sí misma, porque presupone una forma de voto en la que la gente con poco dinero tiene, por definición, menos capacidad para decidir. Por ese motivo resulta tan atractiva para el neoliberalismo: es algo que puede venderse como producto de consumo.

Una cuestión central en este debate son las inversiones, que determinan si las energías fósiles –petróleo, carbón y gas– se expanden o no en relación a las energías renovables. Y las decisiones de inversión no las realizan los consumidores. Las hacen los inversores, los propietarios de las empresas. Las compañías petrolíferas o gasísticas tienen sus propios consejos directivos, que responden ante sus accionistas y que toman decisiones de inversión que no tienen ningún tipo de control público. Como consumidor no tengo ninguna capacidad de influir en esas decisiones. Debería ser una solución política, no pedir a la gente que tome decisiones a título individual.

Para eso tenemos ya a Al Gore, imagino.

Exacto. No ha funcionado muy bien. El problema con Bill Gates, por poner otro ejemplo, es que produce la impresión de que la gente más rica del planeta tiene un plan para evitar el caos climático. Y eso envía una suerte de mensaje calmante, tranquilizador: "Estamos al mando, tenemos un manual para resolver esto".

En cualquier caso, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El ecologismo en los setenta era una idea radical.

Había una situación política completamente diferente a la actual. Si la cuestión medioambiental hubiese explotado en los años setenta, la situación actual sería hoy muy diferente. En los setenta aún existía cierta confianza en la capacidad de influir en la sociedad y cambiarla. Había una práctica revolucionaria viva en Europa.

Un comentarista alemán, Peter Nowak, ha calificado a Los Verdes alemanes del partido "de la nueva fase de acumulación". ¿Se ha convertido el ecologismo en una ideología que justifique un nuevo proceso de acumulación por desposesión y nuevas políticas de austeridad?

Alguien ha descrito a Los Verdes alemanes en la revista Jacobin como "neoliberales con bicicleta". Es una descripción bastante adecuada. Además de tener políticas sociales insuficientes, en cuestiones medioambientales carecen de políticas lo radicalmente necesarias. Ha habido tensiones con sectores del movimiento ecologista. Los Verdes gobiernan en Baden-Württenberg, donde apoyaron la expansión de una autovía para la que hubo que talar un bosque, y son próximos a la industria automovilística. Si Los Verdes llegan al gobierno este otoño habrá una gran desilusión del movimiento ecologista y los votantes. Algo parecido ha ocurrido en Suecia. Los partidos verdes en Europa tienden a ser liberales, no anticapitalistas.

Lo que ocurra en Alemania es importante. Es el motor económico de Europa, pero también se trata del país con mayores emisiones. Si tiene que haber una transición de las energías fósiles a las renovables, Alemania será clave. No se trata sólo del carbón de lignito, sino de la industria automovilística, que es la columna vertebral de la economía industrial alemana, que tiene que transformarse a fondo.

Lo que nos lleva al coche eléctrico, del que sin embargo sabemos que no es tan ecológico: para su producción es necesario invertir grandes cantidades de energía y no deja de ser un vehículo de transporte individual.

No soy un experto en coches eléctricos. Mi impresión es que puede sustituirse una pequeña parte de la flota automovilística actual con coches eléctricos, pero cambiar toda la flota a coches eléctricos generará enormes problemas ecológicos y aún quedaría por resolver la emisión de CO2 por la producción misma de los coches. La transición en el sector del transporte, y diría que hay bastante consenso al respecto, no es sólo pasar de motores de combustión a eléctricos, sino en cambiar los modos de transporte para reducir el tráfico, incrementando el transporte público y, en las ciudades, con la bicicleta y las vías peatonales. Eso quiere decir que tenemos que replantear las ciudades y la relación entre el puesto de trabajo, los hogares y los mercados de alimentos. En Francia, el país del que acabo de llegar ha sido una cuestión central en torno al movimiento de los chalecos amarillos’ ya que, debido a la manera en que han evolucionado las ciudades francesas, los trabajadores tienden a vivir en los suburbios y han de desplazarse hasta la ciudad, sin más opción que el coche.

Hemos visto estos últimos años reacciones en forma de protesta, como los chalecos amarillos en Francia, e incluso la defensa, desde algunos sectores de la izquierda que se hacen llamar "aceleracionistas'"del productivismo de posguerra, la expansión de las capacidades industriales y hasta de las centrales nucleares...

La revolución rusa puso en marcha iniciativas en muchos frentes, incluyendo el ecológico. De hecho, formo parte de un proyecto que traducirá al inglés textos soviéticos, la mayoría por primera vez, de los años veinte y treinta sobre ecología. El volumen se titulará October ecologists [Los ecologistas de Octubre]. En él descubrimos esfuerzos verdaderamente pioneros en conservación medioambiental, reforestación, reconstrucción ecológica, ciencias del medio ambiente... con debates sorprendentes, como si debiera mantenerse la industria petrolífera o si ésta era una fuente de energía capitalista y había que aprovechar la energía solar.

Podemos debatir el historial ecológico de los primeros bolcheviques. Es una cuestión compleja. Hay paralelismos entre la situación de entonces, de guerra, y la actual. A comienzos de la pandemia vimos una retórica bélica, de guerra contra el virus. También podemos ver similitudes con la Primera Guerra Mundial como la catástrofe que puso en marcha el siglo XX. Hoy nos encontramos ante una situación en la que un desastre ecológico precede al siguiente, y una pandemia tras la cual puede haber otras pandemias. Cada vez que hay un desastre ecológico, la tarea estratégica para la izquierda y para el movimiento ecologista y sus aliados es ese paso leninista de transformar esos mismos desastres en una crisis para sus responsables. No podemos centrarnos en combatir solamente los síntomas. Hemos de ir a la raíz del problema.

BARCELONA

18/06/2021 11:57

Ángel Ferrero

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 19 Junio 2021 06:12

La internacional ultracapitalista

Escultura de Atlas en el Rockefeller Center, Nueva York AFP, TIMOTHY CLARY

Red Atlas en América Latina

Prolijamente organizada y generosamente financiada por las industrias farmacéutica, petrolera y tabacalera de Estados Unidos, la red libertariana reúne a políticos, empresarios y comunicadores decididos a extender el reino del mercado a todas las áreas de la vida social.

La semana pasada comenzó a difundirse en Argentina una investigación sobre la «reacción conservadora», es decir, sobre el entramado de asociaciones, partidos políticos, think tanks, medios de comunicación y corporaciones que forman parte de la nueva derecha en ese país, así como sobre sus vínculos regionales e internacionales. Reproducida parcialmente en Eldiario.ar y en Página 12, hacía referencia, con nombre y apellido, a políticos, periodistas, empresarios e influencers. Los aludidos denunciaron, como era previsible, una «caza de brujas», «espionaje», «terrorismo». Y a quienes hicieron el trabajo –cinco mujeres y un hombre– algunos de los mencionados los trataron globalmente de feminazis, aludiendo a que la principal fuente de financiación de la investigación había sido la Federación Internacional de Planificación Familiar, un «lobby abortista», según dijeron. Entre los aludidos aparecían grupos e individuos que en los últimos años han formado parte de campañas públicas contra la llamada agenda de derechos.

Eldiario.ar denunció que los seis periodistas fueron amenazados y sus datos personales publicados, y que el sitio web en el que se colocó el trabajo en su totalidad (reaccionconservadora.net) fue hackeado y desde el domingo 13 está caído. Cerca de un millar de colegas –de Argentina y la región– se solidarizaron de inmediato con los periodistas. «El solo hecho de revelar el mapa de articulaciones, sus dinámicas, sus organizaciones de apoyo y sus protagonistas les valió un amedrentamiento pocas veces visto en redes y hasta la condena de un partido político (Juntos por el Cambio), algunos de cuyos integrantes son investigados por [ejercer] espionaje ilegal desde el Estado», escribieron en un comunicado. Y apuntaron: «Todo lo publicado es información de acceso público, documentada, sobre eventos que sucedieron y se pueden chequear. […] Nos llama la atención también que algunxs colegas no quieran entender la diferencia entre vigilancia y datos abiertos y que caigan en la reproducción del marco que estas ideologías de derecha le dan a la investigación; no son listas, es un sociograma; no es espionaje, es periodismo; no está hecho desde el Estado, sino desde el oficio de investigar».

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Entre quienes aparecen citados como parte de los tentáculos de la nueva derecha en Argentina figuran personas e instituciones relacionadas con la Atlas Economic Research Foundation (Fundación Atlas para la Investigación Económica), hoy conocida simplemente como Atlas Network (Red Atlas, en español), algo así como una internacional de los llamados libertarians, esos defensores a ultranza del libre mercado y la propiedad privada que gustan identificarse como «anarcocapitalistas».

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Creada en 1981 por el empresario británico Antony Fisher, un gurú del thatcherismo y fiel entre los fieles del ultraliberal premio nobel de economía austríaco FriedrichvonHayek, la Red Atlas es una suerte de federación de fundaciones, centros de reflexión e instituciones académicas que se proponen difundir las políticas de libre mercado a lo largo y ancho del planeta. «Tapizar el mundo con think tanks pro libre mercado» fue la misión que le asignó Fisher desde su propio nacimiento. La reducción de los impuestos para los malla oro (o su mantenimiento en un nivel bajo bajo bajo, según el caso, para estimularlos a crear empleo), la privatización de empresas públicas y del sistema educativo, el achique del Estado, el ataque al «poder» o la influencia de los sindicatos y el desmantelamiento de los sistemas de previsión social figuran expresamente entre los objetivos de sus principales dirigentes.

La Fundación Ecuador Libre, creada por el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y premiada por la Red Atlas años atrás por sus «aportes» a «soluciones de libre mercado para la pobreza», tiene en su página web un documento que resume el pensamiento de los individuos y las organizaciones relacionados con este entramado. «Lamentablemente, en nuestra idiosincrasia latina, el odio a los ricos es muy común. […] El discurso de nuestros políticos mueve fibras sensibles que exacerban el odio a los ricos y a la riqueza, explotando la lucha de clases para la obtención de votos y/o popularidad. […] El odio a los ricos y a la riqueza parece ser parte del ADN latinoamericano y contribuye enormemente al retraso de nuestros países. […] Ojalá entendiéramos que la acumulación de la riqueza es positiva y es la única vía segura hacia la disminución de la pobreza», dice el artículo, firmado por Paola Ycaza, una milipili ecuatoriana que dirigió el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo de Quinto.

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La Red Atlas subvenciona think tanks; financia becas; imparte y banca cursos, reuniones y seminarios, y organiza concursos. «Este es un proyecto de persuasión», decía un documento elaborado a comienzos de 2020 por tres referentes de la red: su director ejecutivo, Brad Lips; el director de su Centro para América Latina, Roberto Salinas León, y el empresario chileno y presidente de la Fundación para el Progreso, Nicolás Ibáñez Scott. Tres años antes, el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen –empresario con fuertes vínculos con las dictaduras militares de su país e integrante de la Sociedad Mont Pelerin, un think tank ultraliberal creado por el propio Von Hayek–, había sido muy claro en cuanto a las definiciones de la red: «Somos una organización sin fines de lucro que nació para proponer soluciones privadas a problemas públicos».

La red tiene el apoyo financiero de otras fundaciones; de grandes corporaciones (Pfizer, Shell, Exxon Mobil, Philip Morris, Procter & Gamble…), a las que, de cuando en cuando, retribuye con «encuestas de mercado» e «investigaciones»; de milmillonarios, como los hermanos Charles y David Koch, integrantes de una de las diez familias más ricas del mundo, y del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fundación Nacional por la Democracia, una organización washingtoniana privada, alimentada con fondos del Congreso, que en su página web dice que desde su creación, en 1983, «se ha mantenido en la vanguardia de las luchas democráticas en todos lados». En 1985, a poco de ponerse en funcionamiento, la red contaba con 27 instituciones asociadas en 17 países. El año pasado ya eran más de 500, diseminadas por 98 países. Brad Lips dijo, en enero de 2020, que el presupuesto anual agregado de la Red Atlas se acercaba a los 909 millones de dólares y que la media del de sus integrantes era de algo menos de 500 mil.

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Durante mucho tiempo la Red Atlas permaneció en una zona oscura. A mediados de 2017, el joven periodista estadounidense Lee Fang publicó en la revista digital The Intercept (25-VIII-17) una detallada investigación que comenzó a echar luz sobre sus orígenes, su financiación, su estructura, sus definiciones, sus vínculos y su crecimiento exponencial, sobre todo en América Latina. Otros informes –por ejemplo, los de los periodistas Aram Aharonian y Álvaro Verzi Rangel (rebelión.org, 9-X-17) y la filial española de la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 24-V-21)– aportaron luego nuevos datos sobre la red.

«El modelo de Atlas que se disemina por América Latina se basa en un método perfeccionado durante décadas en Estados Unidos y Reino Unido, en el que los libertaristas se esforzaron por contener la marea favorable al Estado de bienestar que se dio tras la Segunda Guerra Mundial», escribió Fang. En marzo de 2017 el periodista cubrió el Foro para la Libertad en Latinoamérica, una fastuosa reunión organizada por la Red Atlas en el recoleto hotel Brick de Buenos Aires, en la que participaron exponentes de la nueva derecha política, social y empresarial regional. El foro tuvo tres invitados especiales: el presidente argentino de entonces, Mauricio Macri; el escritor peruano y presidente de la Fundación Internacional por la Libertad, Mario Vargas Llosa, y el exministro de Hacienda de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, Hernán Buchi. Para el director de la época de la Red Atlas, el argentino Chafuen, que se estaba retirando de la escena tras casi dos décadas de estar al frente de la organización, el foro representaba «una mezcla de regreso a casa y festejo triunfal», señaló Fang. «Chafuen […] había dedicado su vida adulta a desacreditar los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda en América del Sur y América Central, y a impulsar, en su lugar, una versión business-friendly del libertarismo. Por décadas fue un trabajo solitario, pero ya no», detalló.

El encuentro del hotel Brick dio pie a que la red se decidiera a crear una dirección específica para esta zona del mundo, donde tenía una presencia ascendente pero no coordinada. Lo hizo a fines de 2018, cuando surgió el Centro para América Latina, conducido por el empresario mexicano Roberto Salinas León, del Grupo Salinas, propietario de TV Azteca. Para mediados de 2020, señala el ecuatoriano Miguel Ruiz Acosta en una nota publicada el 31 de agosto del año pasado en el sitio web Rutakritica, la red ya contaba en esta región con alrededor de un centenar de organizaciones. Aunque la mayoría de sus instituciones asociadas siguen estando en los países centrales (204 en Estados Unidos y Canadá, y 135 en Europa),América Latina es hoy uno de sus principales polos de crecimiento. En Uruguay tiene vínculos con el Centro de Economía, Sociedad y Empresa, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, así como con la Universidad de Montevideo y los diarios El País y El Observador.

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La red se cuida de financiar directamente a organizaciones políticas establecidas. «No es adecuado ni eficaz», dijo en su momento Chafuen. Pero se mueve discretamente en la órbita de gobiernos liberales, apoyando la implementación de políticas promercado. The Intercept mostraba cómo Atlas tuvo estrechos lazos con think tanks y organizaciones relacionados con el golpismo hondureño, venezolano y brasileño; los tiene con el fujimorismo, en Perú, y está ligada carnalmente a la Fundación Ecuador Libre, el macrismo, en Argentina, y el trumpismo, en Estados Unidos (en la anterior administración estadounidense había prominentes integrantes del Atlas Network). Hoy los cultiva también con el entorno del presidente colombiano, Iván Duque. Propuesta Republicana, sin ir más lejos, nació de la Fundación Pensar, una de las ramas de Atlas en Argentina. La hondureña Fundación Eléutera fue, a su vez, muy activa en el respaldo a los gobiernos posteriores al golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, y sus «expertos» inspiraron la creación en ese país de unas zonas especiales de desarrollo que los empresarios privados manejan a su antojo, sin atenerse a las leyes nacionales. También apoyó a los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en sus reformas liberales y sus iniciativas para debilitar económicamente a los sindicatos brasileños.

Fang expuso las características de la «labor de persuasión» promovida por los impulsores de la red. Tanto Fisher como Chafuen y otros eran conscientes de que el libertarismo no tenía buena prensa: demasiado evidentes eran sus lazos con los más ricos. Había que «democratizarlo», transformarlo en una «ideología del bien común», «preocupada por la situación de los más pobres», alentando las actividades de beneficencia y filantropía de sus miembros, sin dejar, ni por un segundo, de machacar con «la idea de libertad» ni de atacar a los defensores del Estado de bienestar. «El 95 por ciento de las fundaciones de Atlas lleva en su nombre la palabra libertad», como la llevan los eventos (foros y seminarios) que organiza, comentó recientemente el investigador Julián Macías, que participó en un informe sobre la nueva derecha española elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 25-V-21). Progreso y democracia son otros de los sambenitos de los fundados por Fisher, a quien Margaret Thatcher llegó a reconocer como uno de los inspiradores intelectuales de su revolución conservadora.

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En mayo lo más granado de la Red Atlas se dio cita en Ecuador para presenciar la asunción de Lasso. Antes de la ceremonia, la red –por medio de tres de sus fundaciones asociadas: la Fundación Ecuador Libre, del propio Lasso; la Fundación Internacional por la Libertad, de Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, de Alemania– organizó en un hotel de la cadena Hilton en Quito el Foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad. Entre los ponentes presenciales y virtuales estuvieron el colombiano Duque, la peruana Keiko Fujimori, la golpista venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al margen del foro, José María Aznar, histórico dirigente del ala más ultra del Partido Popular español, anunció la creación de una filial latinoamericana de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que él preside. La FAES Latam estará a cargo del expresidente colombiano Andrés Pastrana, un derechista duro que impulsó el Plan Colombia y se opuso a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la reunión, Aznar no ocultó su preocupación por la debacle de la derecha chilena, la situación en Colombia y la posibilidad que entonces se vislumbraba (ahora se concretó) de que Pedro Castillo derrotara a Fujimori en Perú. Dijo que al gobierno de Duque había que defenderlo con uñas y dientes, y ahora también al de Ecuador, la nueva cabeza de playa del liberalismo en la región.

Nuestro Luis iba a ir a la asunción de Lasso. Se lo impidió la muerte de Jorge Larrañaga. No se sabe si hubiera participado en el foro, pero se puede deducir que con los postulados de la red tiene no pocas coincidencias. Y en la red lo aprecian. No en vano dictó varias conferencias en eventos organizados por ella y tuvo en su gabinete a tres ministros (dos defenestrados, Ernesto Talvi y Pablo Bartol, uno sobreviviente, Pablo da Silveira) ligados a fundaciones afines al think tank neoliberal.

Por Daniel Gatti
18 junio, 2021

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Sábado, 19 Junio 2021 05:58

El juez y el indio

El juez y el indio

Quienes lo hayan leído seguramente se alegrarán de recordarlo, porque hay pocos lectores que pasaron por Manuel Scorza y que lograron después sacárselo del corazón. Los personajes de la saga de La guerra silenciosa --repartida en cinco novelas-- siguen adheridos al espíritu profundo de América Latina, y eso es lo que uno le agradecerá siempre a Scorza: que nos haya dejado entrar y sentirnos involucrados en las protestas campesinas de las sierras peruanas contra la Pasco Corporation en los años ´60.

Scorza se había criado allí, porque su asma decidió a sus padres a irse de Lima, y a instalarse en Huancayo. Cuando comenzaron las protestas él ya había pasado por el mismo Liceo Militar que Vargas Llosa, ya había cursado Filosofía en la Universidad de San Marcos, ya había comenzado su militancia clandestina en el naciente APRA, que cuando viró a la derecha sufrió gran merma de afiliados, entre ellos Scorza, que escribió el documento de renuncia al partido que comandaba Haya de la Torre. El documento quedó allí para la historia. Se llama GoodBy, Míster Haya.

El primer libro de la saga que Scorza escribió un poco en Lima y otro en París fue Redoble por Rancas. Había cubierto las revueltas para un diario de Lima y para sí mismo, para un ensayo que tenía en mente. Pero cuando después el desenlace sangriento y su propio involucramiento emocional le hicieron sentir que cualquier ensayo por bueno que fuera iba a ser incapaz de transmitir la verdad de las protestas y la estatura de esos héroes cholos del Perú profundo, recurrió a la narrativa.

Ahora Pedro Castillo y el Perú invisible vuelve a pelear por sus derechos, porque el Perú racista y corrupto que se agazapa tras Keiko Fujimori quiere invalidarles sus actas electorales: es un país que convivió con una mayoría indígena y mestiza cientos de años, y cuya elite es como Vargas Llosa: todos renunciarían a su nacionalidad de ser confrontados como lo fue el agitador de la ultraderecha liberal, auspiciadora de golpes de Estado y amparadora de delincuentes de toda laya: están convencidos de que ellos son el Perú, y que el electorado de Castillo hace fraude simplemente porque gana: nunca dejaron de verlos y tratarlos como seres inferiores.

Por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca por donde, andando los tiempos, emergería la guardia de Asalto para fundar el segundo Centenario de Chinche, un húmedo septiembre, el atardecer exhaló un traje negro. El traje, de seis botones, lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un Longiness auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos treinta años, el traje descendió a la plaza para iniciar los sesenta minutos de su imperturbable paseo.

Es el primer párrafo de Redoble... Ese traje que exhaló el atardecer es el juez Montenegro. Scorza hace girar la presentación de esa comunidad de Yahahuanca oponiéndola en valores, espíritu, ética, a la de un juez corrupto como casi todos, que eran amigos de los alcaldes y parientes de los coroneles y de los diputados o gobernadores. Así sigue siendo el mundo blanco, aunque el traje negro con el que Scorza inviste y recorta al juez, que será así nombrado siempre, corre la connotación de “negro” de la piel de los cholos a la conducta de Montenegro, descripta en ese primer capítulo en una parábola perfecta.

Esa misma tarde al traje negro se le cae un sol del bolsillo, una moneda. Y en el pueblo corre como un reguero la noticia, porque quién sabe qué podría pasarle a quien tocara o peor, que se apropiara del sol del traje negro. Mucha gente había muerto por menos. Todo el pueblo se pone en alerta para que nadie mueva el sol de su lugar: era un pequeño relieve en una vereda de la plaza central.

Pero pronto surge el orgullo. Ya no era por temor, sino por dignidad, que Yahahuanca se había vuelto obsesiva con no tocar lo ajeno. Vienen de otros pueblos a ver el sol del traje negro, que se había vuelto una enorme atracción. Y los yanahuaqueños se desvivían por hacer custodia día y noche para a nadie lo tocara, porque en Yahahuanca no se robaba.

Pasó un año y el único que no estaba al tanto de cómo había cambiado la vida en el pueblo era el traje negro. Nunca se dio cuenta de que se le había caído un sol del bolsillo. Pero un día caminando por la plaza, 365 días después de haberlo perdido, los ojos del traje negro dieron con la moneda tirada en el piso. Se agachó, vio la moneda, miró para ambos lados y como creyó que no había nadie, sencillamente lo embolsó y siguió su camino.

Así son las cosas. A esos pueblos serranos de indígenas persistentes en sus modos de vida y sus creencias, hace cientos de años los blancos les vienen robando todo. Porque creen que tienen derecho, como el traje negro al que no se le ocurrió que ese sol podría tener un dueño, cuando todo el pueblo hacía un año que se turnaba para evitar que alguien se lo robara.

Scorza decía que la oligarquía peruana se había condenado a sí misma a vivir una vida a medias, al haber esclavizado a los pueblos indígenas. El negacionismo hoy explica fenómenos nuevos pero explica también fenómenos históricos.

Estos que están en las calles en varios países en los que el neoliberalismo les quiso dar su toque se gracia, eran lo más genuino, lo más intenso de América Latina. Aquí las luchas se libran y se pierden muy seguido, pero no se abandonan. En las novelas de Scorza eso sucede porque los vivos reciben instrucciones de sus muertos.

La figura del juez, el amigo o pariente del diputado o del gobernador, sigue siendo el traje negro, que condena a su antojo a los indios que osan reclamar cualquier especie de igualdad. Scorza decía que el Perú blanco se parecía a esa tortura china que consistía en hacerle cargar a un hombre vivo un hombre muerto, hasta que enloquecía.

Hay un tipo de locura supremacista en toda esta región. Nunca dejó de haberla. Y hablo de quienes --Mauricio Macri y el desquiciado Iván Duque incluidos, firmantes de una carta “contra la corrupción” a favor de Keiko Fujimori, o sea a favor del golpe-- siguen viendo al indio o a la india como poco más que objetos descartables que se pueden matar o encerrar sin ningún problema de conciencia. Hablo además del TOF de Jujuy, que condenó a Milagro Sala a 3 años y medio por los huevos que le mancharon el traje negro al gobernador Morales en 2009. La condena llegó en 2021 y cinco días antes de las elecciones. Locura supremacista y corrupción insoportable.

19 de junio

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Un hombre cena pasta en el campamento alternativo de Las Raíces (Tenerife). Luz Sosa

El día 20 de junio se conmemora el Día del Refugiado. El 68% de las personas desplazadas proceden de solo seis países. Crece también el número de

 

La persecución, la guerra o las consecuencias de la crisis climática empujaron al desplazamiento forzoso a más de 82 millones de personas a lo largo del año 2020. Se trata de un triste récord que queda reflejado en el informe que anualmente publica la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Supone un incremento del 4% respecto a 2019 y es más del doble del número de personas desplazadas que se consignó hace una década.

Según el informe de la ONU publicado el 18 de junio y con la vista puesta en el domingo 20, cuando se conmemora el Día Mundial del Refugiado, más de dos tercios de los que huyeron al extranjero procedían de solo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela (cuatro millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

“Hoy hay mucha más gente en movimiento que en cualquier otro momento durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, decimos que vivimos en una era sin precedentes de tiempos de paz global”, ha denunciado Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego de Refugiados.

La pandemia “resultó especialmente devastadora para las personas que viven en comunidades marginadas, incluidas las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, que no tienen identidad nacional”, reseña la agencia de la ONU.

20,7 millones de personas son consideradas refugiadas por Acnur, 5,7 millones son personas originarias de Palestina en situación de refugio y dependen de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa). Hay cuatro millones de solicitantes de asilo, 3,9 millones de originarias de Venezuela en situación de desplazamiento forzoso y aproximadamente 4,2 millones de apátridas.

Los desplazamientos internos constituyen casi la mitad del total. Los países con mayor número de desplazados internos son Etiopía, Sudán, Mozambique, Yemen, Afganistán y Colombia. ACNUR reseña el impacto en términos de búsqueda de refugio de la escalada de violencia en Níger, Burkina Faso y Malí.

Más cifras: a lo largo de 2020, 3,4 millones de personas desplazadas regresaron a sus lugares o países de orígenes. Solo se produjeron 34.000 reasentamientos en ese periodo, apenas un tercio de los que se habían producido el año anterior.

El 42% de esos 82,4 millones lo conforman jóvenes, adolescentes, niños y niñas menores de 18 años. Según el informe, cada año nacen entre 290.000 y 340.000 criaturas en campos de refugiados y otras situaciones de tránsito.

ACNUR llama la atención sobre la situación de Yemen, donde se elevó el número total de personas desplazadas internas a cuatro millones, debido a lo que la ONU ha llamado la “peor crisis humanitaria del mundo”. Aproximadamente 233.000 personas, reseña ACNUR, han muerto desde que comenzó el conflicto hace seis años debido a la violencia o causas relacionadas como el hambre y la falta de servicios de salud.

19 jun 2021 11:02

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El combate al narco declarado por Richard Nixon (en imagen de archivo) en junio de 1971 convirtió a las drogas en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Foto Fundación Richard Nixon

Se cumplen 50 años; enormes costos políticos y sociales

Este combate por la salud pública, escondía otros objetivos del ex presidente de EU: la izquierda antiguerra y los afroestadunidenses

 

Nueva York. El presidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas hace 50 años (se cumplen esta semana), proclamando que eran el enemigo público numero uno de Estados Unidos. Medio siglo después, y cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de muertes por la violencia de esa guerra dentro y fuera de Estados Unidos y la encarcelación de millones, hay más drogas ilícitas y más baratas y disponibles que nunca y el país está experimentando otra crisis mortal más de sobredosis de opiaceos.

Por la evidencia que se ha acumulado a lo largo de cinco décadas, esa guerra contra las drogas es un fracaso con enormes costos políticos y sociales.

Esa guerra, según admitió uno de los asesores más cercanos de Nixon, tenía otro objetivo, además de una supuesta preocupación por la salud de los estadunidenses. “La Casa Blanca de Nixon… tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población afroestadunidense (…) Sabíamos que no podíamos convertir en algo ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero lograr que el público asociara a los hippies con la mariguana y a los negros con la heroína, y después criminalizarlos severamente, podríamos irrumpir en esas comunidades(…) arrestar a sus líderes, catear sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí”, declaró John Ehrlichman en entrevista con la revista Harper’s en 1994.

El término guerra contra las drogas entró al vocabulario político el 18 de junio de 1971 en una conferencia de prensa donde Nixon, quien un día antes envío su iniciativa antinarcóticos al Congreso, declaró que el abuso de drogas ilícitas se había convertido en el enemigo público número uno del país.

En 1973 Nixon creó la agencia antinarcóticos conocida como DEA. Pero con el incremento dramático en los presupuestos dedicados a la guerra antinarcóticos, otras agencias ingresaron al juego, incluidas el FBI y la CIA y el Departamento de Estado.

En los años 80, el presidente Ronald Reagan promovió medidas más punitivas contra delitos relacionados con la droga, y con ello empezó un dramático incremento en la encarcelación por delitos relacionados con las drogas que se elevó de 40 mil 900 en 1980, a más de 430 mil en 2019, según the Sentencing Project, impactando sobre todo a comunidades minoritarias y pobres del país.

El enemigo en esta guerra también estaba en el extranjero: intervenciones estadunidenses en países como Panamá, Venezuela, entre otros, se han justificado bajo el rubro de la guerra contra el narco, al igual que los programas de cooperación que han permitido la presencia y el asesoramiento estadunidense en gran parte del hemisferio americano, incluidos México y Colombia. La CIA usó el narcotráfico para financiar fuerzas contrarrevolucionarias en Centroamérica tal como se documentó en audiencias e investigaciones sobre el escándalo Irán-contras en los 80. Trump usó esa guerra para justificar su muro fronterizo.

Gasto de 50 mil mdd anuales

Hoy día, el gobierno estadunidense gasta casi 50 mil millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas, según cálculos del Drug Policy Alliance (DPA). Desde 1971, esa guerra, según algunos cálculos, ha costado a Estados Unidos aproximadamente un billón de dólares.

Dentro de Estados Unidos se realizan más de 1.35 millones de arrestos por posesión de droga cada año. O sea, cada 25 segundos una persona es arrestada por drogas para uso personal; en 2019, 26 por ciento de los arrestados fueron afroestadunidenses, a pesar que son sólo 13.4 por ciento de la población nacional y consumen y venden drogas al mismo nivel que los blancos, reporta el Centro FXB de la Universidad de Harvard y DPA.

A pesar de esta inversión masiva en la guerra de 50 años, se acaba de marcar un nuevo récord de 81 mil muertes por sobredosis de drogas entre mayo de 2019 a mayo de 2020, reportaron los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Hoy día, las autoridades advierten que, junto con la pandemia del Covid-19, hay una nueva epidemia de uso de opiaceos, con un incremento de 38 por ciento en muertes por sobredosis, una crisis que fue generada, en parte, por medio de narcotraficantes legales que se visten de traje en oficinas lujosas de empresas farmacéuticas, o que son doctores.

La semana pasada, en la esquina de Broadway y Canal, un joven repite mariguana, mariguana. Otro ofrece lo mismo en la entrada noreste de Washington Square, y a veces mucho más –opiaceos, ácido y éxtasis– que han estado a la oferta durante años. A pocas cuadras de donde El Chapo fue enjuiciado en el centro de Brooklyn, uno puede hacer el conecte para comprar el mismo producto que el fue acusado de enviar a las calles de Estados Unidos.

Múltiples investigaciones nacionales e internacionales han documentado y concluido que esa guerra ha fracasado. Repiten cada año que después de tantas vidas destruidas aquí y en el extranjero, tantos encarcelados y la inversión de una fortuna, las tasas de consumo permanecen más o menos igual que hace 50 años, y algunas drogas están hasta más disponibles y baratas que antes, en un mercado en que los estadunidenses gastan alrededor de 150 mil millones de dólares al año, según cálculos de RAND Corporation.

Desde hace 10 años, la Comision Global, integrada por ex presidentes y otros ex altos funcionarios, entre ellos George Schulz, Paul Volker, Ricardo Lagos, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Carlos Fuentes y Kofi Annan (hasta sus muertes), entre otros, ha recomendando un giro dramático en la política antinarcóticos, anulando el concepto de guerra y promoviendo un enfoque de prevención y salud pública (https://www.globalcommissionondrugs.org/).

DPA, organización que desarrolló una estrategia exitosa para rechazar la óptica de la prohibición y promover la legalización y el control sanitario de las drogas, subraya en este 50 aniversario que “esta guerra sólo ha logrado los propósitos dañinos que deseaba Nixon. No ha resuelto ningún problema asociado con el consumo…. hemos desperdiciado cientos de miles de millones de dólares sujetando a nuestro propio pueblo a la criminalización y encarcelación masiva que de manera desproporcionada ha dañado a las comunidades minoritarias”.

Iniciativas para despenalizar

Esa organización, junto con una coalición cada vez más amplia de grupos sociales, han logrado impulsar el desmantelamiento de partes de esa guerra, con iniciativas locales y estatales para despenalizar las drogas y legalizar la mariguana. Hoy día, el fruto de ese trabajo es que la mariguana para usos recreativos ya es legal en 16 estados y la capital del país (entidades en donde viven más de 43 por ciento de la población nacional), y el uso medicinal del cannabis es legal en 36 (https://drugpolicy.org).

En 2020, votantes en Oregon, en un esfuerzo impulsado por DPA y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aprobaron la despenalización de la posesión de toda droga para uso personal –el primer estado en hacerlo– y financiar programas de tratamiento y recuperación de adicción con fondos generados con el impuesto sobre ventas legales de mariguana.

Un 83 por ciento de los votantes opinan que la guerra contra las drogas ha fracasado, y 66 por ciento favorecen despenalizar la posesión de drogas y promover una estrategia de salud pública, según un nuevo sondeo presentado esta semana por DPA y la ACLU.

Algunos creen que 50 años después se está llegando al fin de esta guerra.

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Colonialismo y derechos de personas LGTBI

Es innegable que el colonialismo siempre se legitimó mediante teorías racistas, según las cuales los habitantes de las colonias eran subhumanos que necesitaban ser civilizados. Pues bien: en nuestro continente hay colonias, lo que para nosotros no es ninguna novedad, por supuesto.

A los habitantes de las colonias o de territorios de nuestro continente, por regla general, ahora se les reconocen los mismos Derechos Humanos que a los de las metrópolis. Esto es lo que hacen en la actualidad Francia (cuyas leyes rigen en Guadeloupe, Martinique, Saint Martin y Saint Barthélemy y la Guyana Francesa), Holanda (en Bonaire, Sint Eustatius and Saba) y los Estados Unidos (en Puerto Rico y las Virgin Islands).

Se supone que en todos esos territorios también gozan de la protección de los Derechos Humanos las personas LGTB y, en efecto, en todos los mencionados rigen, por ejemplo, las mismas leyes de matrimonio igualitario de las metrópolis.

Pero hay una curiosa excepción: Gran Bretaña.Allí parece que hay diferencias entre las personas LGTB blancas o residentes en las islas británicas y los de las colonias. Aunque parezca mentira, en nuestro continente hay personas mayores de edad que son condenadas por mantener relaciones sexuales absoluta y libremente consentidas con otras del mismo sexo e incluso hasta por actos de intimidad.

La legislación británica no se extiende a las colonias, porque el gobierno del Reino Unido afirma que como delegó esas facultades en autoridades locales relativamente autonomizadas, no puede hacerlo. La cuestión no se entiende, porque la lógica indica que si no puede hacerlo es porque las colonias no son colonias, pero si son colonias no se explica que no pueda hacerlo. Sería absurdo que mañana una colonia británica restableciese la esclavitud y al gobierno del Reino Unido diga que no puede hacer nada.

Más aún: la obligatoriedad de la Convención Europea fue extendida por el gobierno británico a todos sus territorios en los años sesenta, sin perjuicio de que, además y en el plano universal, la Carta de las Naciones Unidas lo haga responsable por los actos de las autoridades locales de las colonias. No obstante estas obviedades, para las personas LGTBI del Caribe no rige la Convención Europea, es decir, los habitantes LGTBI de Cayman Islands, British Virgin Islands, Turks y Caicos, Monserrat y Anguila, no gozan de los derechos a que están amparados por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Como es natural, el Parlamento Británico tiene el poder de legislar para esas colonias, porque la autonomía legislativa de éstas es delegada como concesión del propio Parlamento, puesto que no son independientes. En ejercicio de ese poder, en 2018 el Parlamento legisló en materia de lavado de dinero. Pero además y en la propia cuestión de matrimonio igualitario, en 2019 lo legisló para Irlanda del Norte, porque el parlamento local se negaba a tratar el tema. Para los irlandeses del norte sí, pero para los caribeños no, sin dar razón de eso. ¿Será una cuestión de melanina?

En homenaje a la verdad, como no deja de haber gente racional en todos lados, cabe reconocer que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes remitió una nota en 2019 al primer ministro, instándolo a que emplace a los gobiernos de las colonias del Caribe para que cumplan con la Convención Europea y para que legislen sobre matrimonio igualitario, bajo pena de hacerlo por decreto real o por ley del parlamento de Londres. Pero el poder ejecutivo se negó a hacerlo, argumentando que se trata de temas que son materia delegada a los gobiernos de las colonias. Es decir, el mismo argumento: con los irlandeses del norte sí, con los caribeños no.

Pero la situación de las personas LGTBI del Caribe es todavía más complicada, porque incluso en los países independientes hay problemas. Esto merece una explicación que no es fácil de comprender.

Cuando los países del Caribe anglófono se independizaron conservaron como tribunal supremo –de última instancia- el llamado Consejo Privado de la Corona Británica, que con algunas excepciones se compone con los mismos jueces de la Corte Suprema del Reino Unido.

Para escapar de esta competencia suprema, los Estados caribeños independientes se pusieron de acuerdo y establecieron su propia Corte de Justicia del Caribe, pero hay países que no han adherido a ese tribunal (como Trinidad y Tobago) y siguen dependiendo en cuanto a tribunal supremo del Consejo Privado británico.

Bien: este Consejo sostiene la extraña tesis de que los jueces locales de los países caribeños no pueden revisar la constitucionalidad de las leyes de tiempos de la colonia, razón por la cual, las leyes que en Gran Bretaña se derogaron hace sesenta años y que hoy serían absolutamente inadmisibles en razón de la Convención Europea, siguen rigiendo en algunos países del Caribe, pese a ser independientes. Imaginemos que después de nuestras independencias, un tribunal español o portugués nos prohibiese derogar las Leyes de Indias o las Ondenaciones Filipinas.

En síntesis: las personas LGTBI pueden tener relaciones y casarse y gozar de todos los derechos que garantiza la Convención Europea en el territorio británico europeo; en sus colonias del Caribe sus habitantes gozan de todos los derechos que la Convención, menos de practicar su sexualidad y casarse, porque para eso es lo único en que parece que no las consideran colonias sino independientes; pero los habitantes de sus ex-colonias ahora independientes que no se han sacado de encima la tutela del Consejo de la Reina como tribunal supremo, no sólo no pueden casarse sino que son penados.

En conclusión, a diferencia de los otros países de fuera de la región que mantienen colonias o territorios en el Caribe, sólo los británicos permiten la violación de los Derechos Humanos de las personas LGTBI en sus cinco territorios caribeños -Cayman Islands, Turks y Caicos, BVI, Monserrat y Anguilla– y en Bermuda, pese a que el Parlamento Británico por leyes y la Corona a través de decretos reales (llamados Orders in Council) tienen el poder constitucional para legislar en cualquier materia y terminar con dicha violación. Y como frutita del postre, a través del Consejo Privado prohíbe a los estados independientes que no se lo sacaron de encima (por adhesión a la Corte de Justicia del Caribe), que declare inconstitucional la ley que pena las relaciones con personas del mismo sexo.

Más claro imposible: los derechos son para nosotros y nuestras personas LGTBI, pero para los caribeños no, porque son ricos en melanina y todavía debemos civilizarlos, como diría la Reina Victoria. Y esto sucede en nuestro continente.

18 de junio de 2021

Eugenio Raúl Zaffaroni es Profesor Emérito de la UBA

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