China lanza la nave espacial tripulada Shenzhou-12 para la construcción de su propia estación espacial

China lanzó este jueves una nave espacial tripulada que transportaba a tres astronautas a una parte de una estación espacial aún en construcción, en lo que supone la estancia más larga en la órbita baja de la Tierra de un chino.

Este jueves en punto de las 9:22, hora de Pekín, un cohete Long March 2F que transportaba la nave espacial Shenzhou-12 despegó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la provincia noroccidental de Gansu, poniendo en órbita a los astronautas Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo.

El Shenzhou-12, o 'Nave Divina', llevará a cabo la tercera de 11 misiones programadas para la primera etapa constructiva de la estación espacial china, la cual comenzó en el mes de abril con el lanzamiento del Tianhe, el primero y más grande de los tres módulos que la compondrán, recoge Reuters.

Durante los cerca de tres meses que los taikonautas pasarán en órbita al interior del Tianhe, de tamaño similar al de un autobús urbano, los cosmonautas probarán la tecnología hasta ahora instalada en el módulo, incluidos los sistemas de soporte vital.

Asimismo, se espera que los astronautas realicen dos actividades extravehiculares, en las que montarán una caja de herramientas en el exterior del módulo, reajustarán la posición de la cámara panorámica e instalarán un conjunto de bombas extendidas.

La puesta en órbita de la 'Nave Divina' representa la séptima misión tripulada lanzada por la agencia espacial china, y la primera en casi cinco años desde el 2016, año en el que la nave Shenzhou-11 permaneció cerca de dos meses en el espacio.

Publicado: 17 jun 2021 01:34 GMT

Miércoles, 16 Junio 2021 05:45

Claves para entender los mensajes del G7

Claves para entender los mensajes del G7

La semana pasada, del 11 al 13 de junio, se reunió en Cornualles, Inglaterra, el llamado G7. Un grupo auto-elegido integrado por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón. A 2019, esos siete países reunían cerca del 58 por ciento de la riqueza global y el 46 por ciento del PIB mundial. Además son sede de la mayoría de las empresas transnacionales. Se arrogan el suficiente peso económico, político y militar para dar directivas al resto del mundo. En esta ocasión también fueron como observadores representantes de la Unión Europea, Corea, Sudáfrica e India. 

En la declaración de esa reunión –la primera presencial post-pandemia– hicieron varios anuncios muy vistosos: la donación de mil millones de vacunas para Covid-19 a países “en desarrollo”, el compromiso de evitar futuras pandemias, de enfrentar al cambio climático y a la crisis de biodiversidad. También un plan para aumentar su competencia con China y Rusia por el reparto del mundo.

Pese a que una gran parte de la población global ha sido duramente golpeada por las restricciones impuestas por la pandemia, principalmente los pobres y más vulnerables, los mensajes del G7 anunciaron nuevos golpes, aunque maquillados de verdes y caritativos.

Por ejemplo, el anuncio de enviar vacunas a los países del Sur. En letra más pequeña aclara que serán 1000 millones hasta fines de 2022 y a través del mecanismo Covax, un invento de la Fundación Bill y Melinda Gates, para sustituir la distribución de vacunas a través de Naciones Unidas y sobre todo, evitar que se produzcan vacunas a nivel nacional y sin patentes. Covax es un emprendimiento público-privado, administrado por GAVI, otra alianza para vacunación global creada antes por la fundación Gates. Su meta principal es abrir y garantizar mercados para las vacunas de las grandes farmacéuticas y que los países que las reciban respeten esas patentes, con legislaciones adecuadas para ello. Las vacunas que dicen “donar” son compradas con dinero público y pagadas a las empresas. Aunque el número de vacunas que anunció el G7 podría parecer alto, la OMS aclaró rápidamente que se necesitan mínimo 11 mil millones de vacunas para tener efecto en el curso de la pandemia. La intención del G7 es curarse en salud (o mejor dicho curarse gracias a la enfermedad de otros),  fortaleciendo un mecanismo de vacunación global que evite el acceso y control público tanto a nivel nacional como internacional, de tal manera que nunca seansuficientes dosis, permitiendo que los virus muten y siempre haya escasez. Explico un poco más sobre este perverso mecanismo en otro artículo

Convenientemente, el G7 no se pronunció sobre la iniciativa de India y Sudáfrica ante la OMC para exceptuar de patentes a los tratamientos relacionados a Covid-19 en pandemia.

En el mismo tono, el compromiso de evitar futuras pandemias no se refiere a atacar las causas de raíz que provocaron esta pandemia y las anteriores, entre las que el sistema alimentario agroindustrial tiene la responsabilidad fundamental, tanto por la destrucción de ecosistemas que conlleva, como por las mutaciones de microbios que provoca la cría industrial de animales y por la debilidad inmunológica y la pandemia de obesidad global entre la población, debido al consumo de comida industrializada, no nutritiva y llena de agrotóxicos. 

Tampoco propone el G7 sistemas de salud pública y preventiva universales y gratuitos, otro aspecto clave de debilidad de los países frente a las epidemias, sino lo contrario. Se refiere a atención de enfermedad, pero para  establecer más “asociaciones público privadas” (como Covax) que significan más privatización en los sectores de salud, donde los estados construyen infraestructura y las empresas lucran con todo elfuncionamiento del sistema, incluidos cobros por acceder y lucros por instrumental y tratamientos.

Ligado a esto, otro aspecto sumamente preocupante es que el G7 también promete (“amenaza” es el verbo más adecuado) reducir el tiempo de desarrollo de nuevas vacunas, tratamientos y diagnósticos para que estén listos en menos de 100 días. Si algo ha sido omnipresente en esta pandemia, es la falta de certeza e incoherencia en diagnósticos y el uso acelerado de vacunas totalmente experimentales, nunca antes probadas y sólo autorizadas para uso emergencial, sobre las que no existen datos de sus efectos potenciales a mediano y largo plazo. Ahora el G7 amenaza con consolidar esta vía que elimina la responsabilidad y el principio de precaución, pero que será un increíble negocio para las farmacéuticas. 

En otros rubros, como la crisis climática y de biodiversidad, ambos graves problemas globales, anuncian compromisos que quieren hacer aparecer como positivos, cuando en realidad son sentencias de muerte que nos harán perder valiosos años para atender las crisis acuciantes del calentamiento global y lo que se ha llamado “la sexta extinción masiva” de la biodiversidad, ambas relacionadas también al surgimiento de nuevas epidemias.

Sobre cambio climático, afirman que ahora sí invertirán el dinero que comprometieron en 2009 para estabilizar el aumento de temperatura global en menos de 1.5 grados. Pero no se refieren a actuar sobre las causas del cambio climático, es decir, nada harán que moleste el lucro de las industrias que son las principales emisoras de gases de efecto invernadero: la extracción y uso de combustibles fósiles, el sistema alimentario agroindustrial, la deforestación.

La “promesa” del G7 es apoyar y subsidiar la ola de “compromisos” de cientos de empresas trasnacionales que son grandes contaminadores para llegar a “emisiones cero netas”. O sea, no para reducir emisiones, sino para aumentarlas, supuestamente para compensarlas con falsas “soluciones” de mercado y tecnológicas que en realidad no compensan nada, pero generan ganancias adicionales. Un nuevo informe producido en junio 2021 por varias organizaciones de justicia climática analiza las promesas de las empresasy explica por qué conllevarán nuevas amenazas y más despojo a las comunidades, además de aumentar el caos climático. (Ver La gran estafa: Cómo los grandes contaminadores imponen su agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática)

Adicionalmente, la declaración del G7 afirma que parte de su contribución a mitigar la crisis climática será desarrollar nuevas vías de transporte e infraestructura para expandir la digitalización. Esto está relacionado con fortalecer su competencia con China y Rusia, tal como anuncian. Pero en lugar de reducir, aumentará las emisiones, tanto por mayor transporte y comercio, como por la alta demanda enérgetica de la digitalización en comercio y finanzas, un problema poco conocido, pero de enormes proporciones.

Al igual que con las promesas sobre cambio climático, las relacionadas a biodiversidad implican, otra vez, renovadas amenazas. Por ejemplo, una línea de acción principal es el apoyo a la llamada iniciativa 30×30 (30 por ciento de áreas protegidas al 2030). Esta propuesta, que viene de grandes ONGs conservacionistas y corporativas como The Nature Conservancy, WWF y otras, fue también introducida para su adoptación en las discusiones del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. El principal problema, como han señalado organizaciones sociales y ambientalistas, es que esta forma de “protección” se orienta a expulsar de sus territorios a los pueblos que allí viven y subsisten, con el argumento de que deben ser conservadas sin gente, cuando en realidad son las comunidades las que las han cuidado y conservado en casi todo el mundo. Expulsadas las comunidades, se convierten en áreas que pueden ser usadas por grandes ONGs y sus socios de gobierno, para la venta de captura y secuestro de carbono, compensaciones por biodiversidad y otra serie de lucrativos negocios. Hemos visto numerosos ejemplos de este tipo de acción con programas como pagos por servicios ambientales y REDD+. Ahora pretenden darle otro empuje global a la invasión de áreas que siempre han sido “protegidas” por las propias comunidades. 

Todo lo cual no sólo será una nueva ola de despojos, sino que también empeorará las crisis climática, de biodiversidad, de salud. 

Pero, como un signo de esperanza para todas y todos, al mismo tiempo que se reunían estos voceros del capitalismo mundial para anunciar sus nuevas amenazas en el G7, llegaba a las Azores, Portugal, el barco La Montaña, con siete muy diferentes. Son las, los y otroas zapatistas que están en la Gira por la Vida, que al contrario de todo lo anterior, se teje de encuentros verdaderos, entre personas, organizacionesy comunidades para compartir dolores, horizontes, luchas y construcciones que son las que realmente mantienen a la mayoría de la gente y el planeta con vida.

16 junio 2021

Publicado enMedio Ambiente
Julian Assange y el colapso del Estado de derecho

 Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por Estados Unidos que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).

Una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.

Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos los que conocemos y admiramos a Julian condenamos su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad. Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras, no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.

Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le queda es el miedo, la coacción y la violencia.

La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo el control a los dictados de las corporaciones globales.

Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EE.UU. La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la Tortura, Nils Melzer.

El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado, más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.

Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.

Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra, las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, controladas por las grandes empresas, y sus serviles cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos. Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades del poder, serás perseguido y procesado.

Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos –incluyendo imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría posteriormente para reunirse con Julian en la embajada ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de Assange habían sido bloqueadas. Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió Ratner, de extraditarle a Estados Unidos.

“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del Pentágono, al gobierno de Estados Unidos no le gusta que se haga pública la verdad. Y no le gusta que le humillen. No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno de EE.UU. intentará evitar que publiques sus repugnantes secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores, están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.

“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de 1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”

Esa es la cuestión.

Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.

Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas dactilares y sus contraseñas personales, continuando métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por Estados Unidos; le han perseguido porque divulgó que Barack Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron secretamente misiles, bombas y ataques con drones que acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes, mientras prometía a la opinión pública una regulación y una reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan herramientas de hackeo que permiten al gobierno la vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores, ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que permite al gobierno registrar y almacenar nuestras conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados, incluso si están encriptados.

Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad, corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder. “La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.

Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial, mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan para los sistemas corporativos del poder. Negarse a contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín. Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso significa realizar actos constantes de desobediencia civil, significa acciones constantes de protesta social y política, porque este poder organizado desde abajo es el único que nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política es un juego de temor. Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que están en el poder, mucho miedo.

La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo: “¡Que les corten la cabeza!”.

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Por Chris Hedges | 16/06/2021

Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer. Fue durante 15 años corresponsal en el extranjero para The New York Times, ejerciendo como jefe para la oficina de Oriente Próximo y la  de los Balcanes. Anteriormente trabajó para los diarios The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Presenta el programa “On Contact”, nominado para un Premio Emmy, de la cadena internacional de televisión rusa RT.

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Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ofrece una conferencia de prensa este lunes. En vídeo, sus declaraciones sobre China.(EFE)

La Alianza reclama a Pekín que respete el orden internacional “en el espacio, en el ciberespacio y en el terreno marítimo”

 

La primera cumbre de la OTAN en la era de Joe Biden ha colocado a China en la lista de principales desafíos junto al tradicional rival que era Rusia. La Alianza, además, ha establecido una nueva línea de defensa contra el riesgo de ciberataques a la vista del creciente número de incidentes y agresiones procedentes, en muchas ocasiones, de territorio ruso. Los 30 aliados occidentales entran así en una nueva etapa marcada por el impulso del nuevo presidente de EE UU y por la necesidad de afrontar un escenario geoestratégico muy inestable y plagado de amenazas híbridas que van más allá de la estrategia militar tradicional.

La reunión celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas ha permitido visualizar el compromiso de la nueva Administración estadounidense con una Alianza cuya utilidad fue cuestionada por el anterior presidente, Donald Trump, que llegó a poner en duda su supervivencia. La cita de este lunes, en cambio, ha sido la ocasión para un reencuentro transatlántico basado en la buena sintonía y con un ambiente de “primer día de colegio”, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por tratarse de una de las primeras citas con presencia física desde el inicio de la pandemia.

Biden ha hecho una profesión de fe en la relación transatlántica y en el futuro de la Alianza que ha reconfortado a los aliados. El renovado ímpetu apunta claramente hacia Rusia, que aparece mencionada 61 veces en el comunicado final de la cumbre y que sigue siendo la principal amenaza para la Alianza. Pero los 30 miembros de la OTAN subrayan también el “desafío sistémico” que supone China, que aparece mencionada 10 veces en el comunicado. Y los aliados occidentales apuntan con inquietud al riesgo de que ambos países autoritarios aúnen fuerzas para desafiar a las democracias occidentales porque China “está también cooperando militarmente con Rusia, incluida su participación en maniobras rusas en la zona euroatlántica”.

La Alianza empieza ya a plantear exigencias concretas a Pekín y a adoptar medidas que tienen en el punto de mira tanto a Rusia como al Gobierno de Xi Jinping. “Pedimos a China que respete sus compromisos internacionales y que actúe con responsabilidad en el sistema internacional, incluido el espacio, el ciberespacio y los territorios marítimos, en línea con su papel como gran potencia”, señala el comunicado final de la cumbre de la OTAN.

Los aliados occidentales colocan a China, además, en el nuevo campo de batalla del siglo XXI caracterizado por “un creciente número de amenazas cibernéticas, híbridas y asimétricas, incluidas las campañas de desinformación, el uso malicioso y cada vez más sofisticado de tecnologías emergentes y disruptivas”.

Varios aliados han sufrido ciberataques en los últimos meses, desde el que afectó a las bases informáticas del sistema de salud en Irlanda al que paralizó un oleoducto en EE UU. Aunque en principio los ataques son reivindicados por grupos de piratas informáticos a la caza de un rescate multimillonario, las autoridades occidentales sospechan que en ciertos casos puede tratarse de técnicas desestabilizadoras para la economía y la democracia orquestadas o toleradas por gobiernos autoritarios.

La OTAN reafirma su intención de juzgar esos ataques caso por caso y se reserva la posibilidad de calificarlos como agresión y activar el artículo 5 de su tratado, que establece la ayuda mutua entre los aliados. El comunicado de la cumbre señala que “los aliados reconocen que el impacto acumulado de ciberactividades maliciosas significativas podría, en ciertas circunstancias, ser considerado equivalente a un ataque armado”.

La OTAN, de momento, ha acordado en la cumbre la puesta en marcha de una política de ciberdefensa extensa, basada en la disuasión y el desarrollo de nuevas capacidades. Y se declara dispuesta “a emplear todas nuestras capacidades en cualquier momento para evitar, defendernos de o contrarrestar el espectro completo de ciberamenazas, incluidas aquellas que forman parte de campañas híbridas”.

Los aliados advierten también: “Si es necesario impondremos costes a quienes nos golpean”. Y avisan de que la respuesta “no necesita restringirse al terreno cibernético”. Una amenaza de represalia asimétrica que probablemente llamará la atención en Moscú o en Pekín.

Arsenal nuclear

La cumbre de la OTAN no ha llegado a calificar a China como “enemigo” o “rival”, pero el lenguaje del comunicado final deja clara la creciente tensión con el gigante asiático. “Las ambiciones declaradas de China y su conducta asertiva presentan desafíos sistémicos para el orden internacional y en áreas relevantes para la seguridad de la Alianza”, señala el texto aprobado por unanimidad. Los presidentes de Gobierno o Estado de esos países aliados añaden: “Estamos preocupados por las políticas de coerción [de Pekín]” y recuerdan que “China está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear” y mantiene “la opacidad sobre el desarrollo de su modernización militar”.

Stoltenberg ha precisado que la estrategia frente a China no consistirá tanto en la presencia de la OTAN en Asia como en el fortalecimiento de las defensas en el propio territorio de la Alianza: “Porque es China la que está viniendo hacia nosotros”. Entre los aliados, sin embargo, hay numerosos matices sobre la relación con Pekín y varios de los países europeos, como Alemania o Francia, se resisten a embarcarse en una especie de guerra fría con el gigante asiático.

“No hay que confundir los objetivos”, ha señalado el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la cumbre. “La OTAN es una organización militar, pero nuestra relación con China no es solo militar”, ha dicho Macron. Y ha subrayado: “China es una gran potencia con la que trabajamos en áreas internacionales muy importantes”, en alusión a la lucha contra el cambio climático o el control de armamentos.

Pero a pesar de las reticencias europeas, la Alianza endurece progresivamente su tono hacia China. La OTAN ya había identificado a ese país como uno de sus principales desafíos en la cumbre de diciembre de 2019, en gran parte por la presión de Trump. El presidente Biden no solo ha mantenido la presión del anterior inquilino de la Casa Blanca, sino que incluso la ha redoblado.

Por Bernardo de Miguel

Bruselas - 14 jun 2021 - 20:16 CEST

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El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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Martes, 15 Junio 2021 05:17

Una selfie mundial

Una selfie mundial

La fotografía de un hombre alzando su mano para abofetear al presidente de Francia, Emmanuel Macron dio de inmediato la vuelta al mundo en menos de 80 segundos. Multitud de comentarios se levantaron ante la circulación de las imágenes filmadas en la prensa y los medios de comunicación a lo largo y ancho del planeta. Observaciones y críticas repartidas entre la indignación, ampliamente mayoritaria, en particular entre políticos y politólogos franceses, y la indiferencia. Desde luego, no faltaron los bromistas que aprovechan las buenas oportunidades para reír, sobre todo cuando es a costa del poder. Quienes más se indignan son quienes consideran que la cachetada atacaba directamente, no al hombre, sino a la función que ejerce. Abofetear al Presidente es apuntar contra los fundamentos de toda la institución y, en consecuencia, contra la democracia que se ve puesta en peligro. Así, una gran inquietud se manifestó en seguida en los rangos de los responsables de todos los partidos políticos de Francia como en gran parte de la opinión pública. ¿Cómo era posible que un ciudadano francés se permitiese ridiculizar y humillar la persona de aquél que encarna la cumbre del sistema jerárquico de la República? ¿Qué ha sucedido, pues, con esta nueva generación que no respeta ninguna prohibición, se permite cualquier cosa y se burla de los principios más sagrados, sin respeto alguno, al extremo de atentar contra el orden establecido y blandir la amenaza de destruir los pilares sobre los cuales reposa el espíritu y la autoridad de la nación. Un terremoto no habría causado una conmoción más fuerte.

Mientras expertos de la política, la legislación, la sociología, los diversos códigos y demás ciencias y saberes se desgañitan buscando explicaciones a la bofetada y castigos memorables contra los dos irreverentes, la cachetada sigue circulando y se reproduce por millares en las redes sociales. La bofetada del provocador fue fotografiada y filmada. Dos son, pues, los culpables del crimen de lesa presidente: el que intentó cachetear y el que se ocupó de filmar el acto. ¿Y si no se tratara de un ataque contra la democracia por parte de un partidario de la monarquía o un descontento chaleco amarillo, de un anarquista, un revolucionario o un terrorista? En fin, de una persona excedida por la sordera presidencial ante los duros fines de mes y por la arrogancia del poder.

Sin embargo, el acto más revelador del escándalo parece haber sido olvidado por los analistas de la desacralización presidencial. Ese acto, de sobra significativo, es que el intento fue fotografiado y filmado. Un camarada del blasfemo culpable se encargó de esta responsabilidad y logró de manera triunfal el registro del acto consumado, difundido de inmediato por Internet en todas las redes disponibles.

Hoy, las cosas parecen invertirse y lo importante ya no es el acto, sino la fotografía del acto. Sobre todo, en la generación nacida en el mundo de la imagen: anuncios, propaganda, publicidad. Todo se vende y se compra: productos e ideas. Una generación que manipula a su turno el código por el que fue tan bien manipulada. Es la generación selfie. ¿Cómo existir sin autofotografiarse? ¿Cuál manera distinta de cobrar realidad en el universo de la imagen? Lo importante no es el acto, simple puesta en escena, sino la fotografía. De ahí que sea necesario sacarse una foto al lado de una star. De su difusión, más o menos amplia, depende el espesor de la realidad adquirida. Más circula mi imagen, más existo. Me ven, luego existo –se corrige, sin saberlo, a Descartes–. De alguna manera, el insolente individuo sólo deseaba sacarse un selfie con el Presidente. Pero para lograr una vasta difusión se necesitaba un toque original, pues hoy los mandatarios aceptan fotografiarse con todo posible elector. Y una cachetada le daría ese toque de originalidad que le aseguraría, con suerte, una difusión planetaria y una existencia mundial. Misión cumplida.

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El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

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Las grandes potencias aprovecharon el año de la pandemia para aumentar el despliegue de sus armas nucleares

El último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que durante 2020 el número estimado de armas nucleares desplegadas en fuerzas operativas creció hasta las 3.825, de las cuales alrededor de 2.000 "se mantuvieron en un estado de alerta operativa alta, a punto para ser usadas". Casi todas pertenecían a EEUU y Rusia.

 

La crisis mundial provocada por el coronavirus no apagó la amenaza nuclear. Según destaca el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en un informe, el número estimado de armas nucleares desplegadas por las grandes potencias mundiales creció hasta las 3.825, pero eso no es todo: alrededor de 2.000, casi todas pertenecientes a Rusia y EEUU se mantuvieron en un "estado de alerta operativa alta". O lo que es lo mismo, "a punto para ser usadas".

Coincidiendo con la cumbre de líderes de la OTAN que tiene lugar este lunes en Bruselas, el SIPRI ha dado a conocer los datos de su anuario, en el que evalúa la "situación actual en materia de armamentos, desarme y seguridad internacional". "Al inicio de 2021, los nueve países con armamento nuclear –Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte)— poseían conjuntamente unas 13.080 armas nucleares", señala el estudio, que destaca que esta cifra "representa una disminución respecto de las 13.400 que el SIPRI calculó que tenían a comienzos de 2020".

Sin embargo, "el número estimado de armas nucleares desplegadas actualmente en fuerzas operativas" pasó de 3.720 en enero de 2020 a 3.825 en enero de 2021. "Mientras que en 2020 EEUU y Rusia continuaron reduciendo sus existencias generales de armas nucleares al desmantelar ojivas en desuso, se calcula que al inicio de 2021 disponían de unas 50 ojivas nucleares más en despliegues operativos que un año antes", advierte el SIPRI.

El documento alerta que Rusia también incrementó su stock militar nuclear general en unas 180 ojivas, "debido principalmente al despliegue de más misiles balísticos intercontinentales terrestres con múltiples ojivas y misiles balísticos de lanzamiento submarino". De esta forma, las "fuerzas nucleares estratégicas" desplegadas por EEUU y Rusia "se mantuvieron dentro de los límites establecidos por el Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas de 2010 (Nuevo START), a pesar de que el tratado no limita las existencias totales de ojivas nucleares".

"Parece que ahora el número total de ojivas en las reservas militares mundiales está aumentando, un indicador preocupante de que la tendencia a la baja que ha caracterizado los arsenales nucleares globales desde el fin de la Guerra Fría se ha estancado", afirma en un comunicado Hans M. Kristensen, miembro asociado senior del Programa de Desarme Nuclear, Control de Armas y No-Proliferación del SIPRI y director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos (FAS).

En ese contexto, afirmó que "la prórroga en el último momento del Nuevo START por parte de Rusia y EEUU en febrero de este año fue un alivio, pero las perspectivas de un control de armas nucleares bilateral adicional entre las superpotencias nucleares continúan siendo exiguas". De acuerdo a los datos divulgados por SIPRI, Moscú y Washington "poseen conjuntamente más del 90% de los arsenales nucleares mundiales", al tiempo que tienen en marcha "programas amplios y caros para sustituir y modernizar sus ojivas nucleares, los misiles y los sistemas de lanzamiento aéreos, así como las instalaciones de producción".

Por otro lado, "los nueve países con armamento nuclear poseían conjuntamente unas 13.080 armas nucleares e invierten en su modernización. Una sola de estas armas ya es hasta 100 veces más potente que las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki", advierte un comunicado divulgado por la organización catalana FundiPau. 

El informe del SIPRI incide precisamente que el Reino Unido "cambió la política de reducción de los arsenales nucleares del país y elevó el límite previsto para armas nucleares de 180 a 260", mientras que China "está inmersa en una modernización y expansión significativas de sus existencias de armas nucleares" e India y Pakistán "también parece que estén ampliando sus arsenales". Por su parte, Corea del Norte "continúa haciendo mejoras en su programa nuclear militar como elemento central de su estrategia de seguridad nacional".

137.000 dólares por minuto

Asimismo, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) ha publicado un documento en el que establece que esos nueve países con armas nucleares "gastaron 72.600 millones de dólares (137.000 dólares por minuto) en 2020, en plena pandemia", lo que supuso 1.400 millones de dólares más que el año anterior. "Unos recursos que se habrían podido invertir en material hospitalario, personal médico, investigación y atención a las personas afectadas por el virus y sus consecuencias", destacan los promotores de dicha campaña, entre los cuales se encuentra FundiPau. 

En enero de este año entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), lo que supuso "un paso muy relevante para avanzar hacia la eliminación de estas armas". "Ahora el reto es conseguir que el mayor número posible de países, entre ellos los miembros de la OTAN, se sumen para que sea realmente efectivo", indican desde la campaña que busca la eliminación de ese armamento. De momento, 86 países ha firmado el TPAN y 54 lo han ratificado.

Según una encuesta realizada por la consultora YouGov a instancias de ICAN, el 89% de la población española apoya ese tratado de prohibición de las armas nucleares. El Gobierno, siguiendo lo marcado por la OTAN, ha descartado rubricarlo. 

14/06/2021 00:04

Por Danilo Albin@Danialri

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Amenazas de muerte, polarización y un ambiente irrespirable: el final de Netanyahu pone a Israel en máxima tensión

El odio y las amenazas son moneda corriente en Israel en la víspera del previsible final de la era Netanyahu que deberá concretarse este domingo en la Kneset. Numerosos diputados que apoyan la investidura de Naftalí Bennett se encuentran bajo protección de los servicios secretos y el jefe del Shin Bet ha hecho pública una inusual advertencia para calmar los agitados ánimos que dominan a la sociedad israelí.

 

La política israelí ha entrado en una nueva e incierta fase que se iniciará este domingo con una coalición de ocho partidos que ejecutará un pacto para echar del poder a Benjamín Netanyahu después de doce años, si bien la coalición no tiene demasiadas garantías de mantenerse unida durante mucho tiempo.

La transición se caracteriza por una cruda hostilidad, una toxicidad que carece de precedentes desde el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, un crimen que cambió el curso de la historia y que vuelve a planear con fuerza sobre los políticos de la alianza, incluidos algunos de sus líderes más visibles, como el primer ministro in péctore Naftalí Bennett.

Los malos presagios vienen de lejos. La polarización se percibe sobre todo en las redes sociales, donde el tono ha subido a niveles desconocidos, con descalificaciones y amenazas extremas en una sociedad en gran parte fanatizada, especialmente en el entorno de la derecha más nacionalista, donde se pueden poner como ejemplo los agresivos exabruptos de Yair Netanyahu, hijo del todavía primer ministro.

Una de las descalificaciones más utilizadas es la de boguéd (traidor), que se aplica especialmente contra los políticos de dos partidos de la extrema derecha, Yamina y Nueva Esperanza, que han pactado con lo poco que queda de centro izquierda la futura coalición de Gobierno.

La acusación de traidor ya se aplicó a Yitzhak Rabin en los meses que precedieron a su asesinato en noviembre de 1995. De hecho, numerosos analistas israelíes señalan que el clima actual se parece a aquél de manera alarmante y no descartan que otra tragedia esté a la vuelta de la esquina.
El jefe del Shin Bet, los servicios secretos, Nadav Argaman, ha formulado esta semana una advertencia pública y extraordinaria contra el omnipresente y rutinario discurso que incita a la violencia y el odio, agudizado desde el anuncio de la nueva coalición.

Los servicios secretos han tenido que reforzar la seguridad de varios líderes como Naftalí Bennet y otros responsables políticos de los partidos que lo respaldan. La joven diputada Tamar Zanberg, del partido liberal Meretz, ha tenido que abandonar su domicilio debido a las amenazas que ha recibido, y también su hija pequeña, amenazas que se ha tomado en serio. Los domicilios de otros diputados están siendo vigilados permanentemente por las fuerzas de seguridad, y delante de algunos de ellos los seguidores de Netanyahu se manifiestan a diario llamando a los residentes "traidores".

Uno de los rabinos más prominentes, Haim Druckman, que preside una de las escuelas rabínicas más radicales de los territorios ocupados, dirigió con claridad su voz contra los políticos traidores. En 1995 Druckman ya dijo que había que "hacer todo" lo posible para frenar a Rabin, y poco después el líder laborista fue asesinado.

Naftalí Bennet no se toma a broma estas amenazas y ha hablado de "días de veneno", además de advertir a sus hijos pequeños que su padre se ha convertido en la persona más odiada del país. Y todo indica que las presiones que el inminente primer ministro recibe no se detendrán después de la investidura del domingo.

El nacionalismo y el religionismo están detrás de este ambiente irrespirable. Las amenazas y el odio no han surgido de la noche a la mañana, sino que llevan décadas de cocción a fuego lento. En Estados Unidos y en Europa han preferido ignorar durante años una situación de la que no puede esperarse nada bueno.
En el dramático escenario de 1995 fue precisamente un joven nacionalista y religionista, Yigal Amir, quien apretó el gatillo contra Rabin. Amir sigue cumpliendo su condena en la cárcel pero no hay que descartar que haya otros jóvenes dispuestos a sacrificarlo todo e imitar a Amir para salvar al Gran Israel.

El hecho de que Netanyahu haya denunciado las últimas elecciones por "fraude", una circunstancia que ha recordado a lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, ha creado una mayor tensión. Pero a diferencia de Trump, Netanyahu no argumenta que el fraude sucedió en el recuento de votos sino en las alianzas que han surgido después de las elecciones.

El fondo de la cuestión es justamente el mismo que existía en tiempos de Rabin, hace 26 años, cuando en el ambiente flotaba la idea de la necesidad de llegar a la paz con los palestinos. En este sentido, Netanyahu advirtió hace una semana que Bennett no será capaz de resistir la presión de Estados Unidos en esa dirección.

Sin embargo, es muy difícil, o seguramente imposible, que el nuevo gobierno vaya a avanzar hacia la paz con los palestinos. En la coalición hay partidos, como el de Bennett, radicalmente opuestos a cualquier acuerdo de paz y en la Kneset existe una holgada mayoría que no le permitiría avanzar en esa línea bajo ninguna circunstancia, aunque Bennett quisiera dar ese paso, que no es el caso.

13/06/2021 08:34

Por Eugenio García Gascón

Publicado enInternacional
Biden quiere transformar el Quad en una miniOTAN para neutralizar a China

El presidente de EE UU, Joe Biden, está estos días de visita oficial en Europa. Uno de los propósitos de la visita es concertar con los aliados europeos una estrategia común para contrarrestar la creciente actividad militar de China en Asia y de Rusia en el este de Europa.

[El presidente de EE UU, Joe Biden, está estos días de visita oficial en Europa. Uno de los propósitos de la visita es concertar con los aliados europeos una estrategia común para contrarrestar la creciente actividad militar de China en Asia y de Rusia en el este de Europa. El siguiente artículo, publicado hace ya varios meses, explica cuáles son los planes de la nueva presidencia estadounidense en la región de Asia-Pacífico. Ndt.]

Con China como telón de fondo y su creciente potencial militar en el centro de sus preocupaciones, el presidente estadounidense Joe Biden y su gobierno organizan la respuesta entablando conversaciones en este sentido con las principales cabezas de la diplomacia europea. Están preparando asimismo una próxima cumbre del Quad, ese foro estratégico que reúne a EE UU, Japón, Australia e India y que Washington quisiera convertir en una nueva OTAN en Asia.

El pasado 5 de febrero, los jefes de la diplomacia de Alemania, Francia, Reino Unido y EE UU declararon su intención de “relanzar” los vínculos transatlánticos con motivo de su primer encuentro telemático desde la toma de posesión de Biden en Washington el 20 de enero. “Los ministros de Asuntos Exteriores han convenido en que desean relanzar la asociación transatlántica tradicionalmente fuerte y afrontar conjuntamente los retos globales en el futuro”, afirmaron en un comunicado del gobierno estadounidense. “Este primer intercambio en profundidad entre los ministros de Asuntos Exteriores desde la investidura del presidente Biden se ha caracterizado por una atmósfera confiada y constructiva.”

Estas reuniones telemáticas han brindado la ocasión de abordar una serie de cuestiones, entre ellas la de Irán, la pandemia de coronavirus, así como las relaciones con China y Rusia, precisó la cancillería de Berlín. El secretario de Estado Antony Blinken “ha subrayado el compromiso estadounidense a favor de una acción coordinada para superar los retos mundiales”, declaró el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price. Propósitos que rompen con la política de lobo solitario y América primero del gobierno de Donald Trump. Blinken y sus homólogos “han afirmado el papel central de la relación transatlántica para afrontar las cuestiones de seguridad, climáticas, económicas, de salud y otros retos a que se enfrenta el mundo”, añadió Ned Price.

Asia-Pacífico abierta”

Por encima de todo, el entorno del presidente Joe Biden está preparando la celebración de una primera reunión telemática en la cumbre del Quad, el foro que reúne a Washington, Tokio, Canberra y Nueva Delhi, cree saber la agencia Kyodo. Sería su primera reunión en el más alto nivel desde que el gobierno de Trump transformó el Diálogo cuatrilateral sobre la seguridad en un mecanismo cuyo objetivo reconocido es el de contrarrestar la creciente influencia de China en la región Asia-Pacífico. Según la agencia japonesa, el temario de esta reunión incluye en particular discusiones sobre el respeto de una “Asia-Pacifico abierta”, así como sobre las inquietudes que suscitan las actividades de China en la región, concretamente la militarización emprendida en el mar del Sur de China, reivindicado por Pekín.

“Una cumbre del Quad no sería una sorpresa, ya que la alianza de seguridad frente a China en la región Asia-Pacífico es una estrategia constante de EE UU”, señala Shi Yinhong, un experto en relaciones internacionales de la Universidad Renmin en Pekín, citado por el South China Morning Post. Sin embargo, este especialista prevé una probable evolución del Quad hacia una miniOTAN de Asia-Pacífico, después de que el Reino Unido hubiera manifestado su deseo de formar parte de esta alianza. Este plan del gobierno estadounidense ya se ha aireado en repetidas ocasiones estos últimos meses. Sin confirmar explícitamente la próxima celebración de esta cumbre, el ministerio japonés de Asuntos Exteriores ha informado de que el primer ministro Yoshihide Suga y el presidente de EE UU han mantenido una conversación telefónica y se han puesto de acuerdo en el principio de un refuerzo del Quad. Este último mantuvo su primera reunión a nivel de ministros de Asuntos Exteriores en 2019 en Nueva York, y una segunda en octubre de 2020 en Tokio.

Llamada en espera a Xi Jinping

Mientras que Joe Biden ha telefoneado a casi todos sus principales interlocutores extranjeros, todavía no lo ha hecho al presidente Xi Jinping, tres semanas después de su investidura. En una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CBS, difundida el domingo 7 de febrero, el presidente de EE UU ha explicado que no había motivo para que los dos presidentes no hablaran por teléfono. Pekín, ha dicho, “ha enviado señales” en este sentido. “No tenemos necesidad de un conflicto, pero habrá una competencia extrema”, ha prevenido Biden. “No seguiré el método Trump y vamos a ceñirnos a las reglas internacionales en la elección del camino a seguir.”

De todos modos, el sábado 6 de febrero ha tenido lugar un primer contacto oficial entre China y EE UU con motivo de una conversación telefónica entre el secretario de Estado Blinken y el responsable de política exterior del Partido Comunista Chino, Yang Jiechi. El sucesor de Mike Pompeo ha aprovechado esta entrevista para afirmar que EE UU seguirá defendiendo los derechos humanos y los valores democráticos en el mundo. “He dejado claro que EE UU defenderá nuestros intereses nacionales, luchará por nuestros valores democráticos y responsabilizará a Pekín de todo abuso contra el sistema internacional”, ha tuiteado el secretario de Estado al término de esta conversación telefónica. EE UU “seguirá defendiendo los derechos humanos y los valores democráticos, inclusive en Xinjiang, en Tíbet y en Hong Kong”, ha declarado Blinken según un comunicado del departamento de Estado.

Por su parte, Yang ha pedido a EE UU que no atente contra los “intereses fundamentales” de China y que “corrija sus políticas erróneas”. El responsable chino ha invitado a Washington a colaborar con Pekín con el objetivo de crear un entorno que evite la confrontación, según la agencia Nueva China (Xinhua).

Capacidad nuclear de Pekín

Mientras tanto, estos últimos días se han multiplicado las declaraciones a propósito de China por parte de la nueva administración estadounidense. Así, el nuevo secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha calificado en una comparecencia ante el Senado al país asiático de “amenaza constante” para el Pentágono. Su adjunta, Kathleen Hicks, ha declarado a su vez que frente a la amenaza creciente de China contra Taiwán, el compromiso de EE UU con la isla rebelde debería ser “transparente como el cristal”. En cuanto al consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, ha dicho que China representa “una competidora estratégica fundamental”.

Por lo demás, según el Mando Estratégico Nuclear estadounidense, el almirante Charles Richard, EE UU debe prepararse “para una posibilidad muy real” de un ataque nuclear, ahora que tanto China como Rusia están reforzando rápidamente sus capacidades nucleares. China, ha escrito en un artículo publicado en el número de febrero de la revista Proceedings del Instituto de Fuerzas Navales, está convirtiéndose en una “competidora estratégica de EE UU en este terreno, mientras que su compromiso adquirido en la década de 1960 de no ser la primera en lanzar un ataque nuclear “podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos”. Y ha añadido: “Pekín está estudiando capacidades y operaciones estratégicas que no son coherentes con una disuasión mínima, adquiriendo una panoplia completa de opciones, incluido un uso limitado y una capacidad de ataque preventivo.”

China nunca ha revelado la envergadura de su arsenal nuclear, aunque los expertos occidentales suelen cifrarlo en 200 a 300 cabezas nucleares, es decir, más o menos el equivalente al del Reino Unido o de Francia, muy alejado por tanto del arsenal de Rusia o de EE UU. El 25 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, había sido de lo más explícita: “Lo que hemos visto estos últimos años es una China cada vez más autoritaria en el interior y agresiva en el exterior. Pekín desafía ahora nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestros valores de tal manera que nos exige adoptar un nuevo enfoque.”

 Pierre-Antoine Donnet

11 junio 2021

Publicado enInternacional