El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de EE.UU., Mark Milley.JONATHAN ERNST / Reuters

El general Mark Milley sugirió durante una audiencia ante el Congreso estadounidense que "el presidente está considerando un enfoque mucho más amplio" que el suyo.

El oficial de más alto rango del Pentágono afirmó este jueves que Rusia y China representan las "mayores amenazas" para EE.UU., un día después de que el presidente Joe Biden asegurara que los líderes militares de su país le informaron de que el cambio climático estaba en el primer lugar.

Durante una audiencia en el Congreso, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, respondió a la pregunta de un senador sobre su opinión respecto a las recientes declaraciones del mandatario, realizadas en su visita al Reino Unido.

"El cambio climático tiene un impacto, pero el presidente está considerando un enfoque mucho más amplio que el mío. Yo lo veo desde un punto de vista estrictamente militar. Y desde un punto de vista estrictamente militar, estoy poniendo a China y Rusia por encima", señaló Milley.

El pasado miércoles, dirigiéndose a las tropas estadounidenses en una base británica, Biden recordó una antigua discusión que tuvo con altos funcionarios del Pentágono. "Esto no es una broma. ¿Saben cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos, según los jefes de Estado Mayor? El calentamiento global", aseveró el mandatario.

Sin embargo, aclaró que dicha conversación tuvo lugar poco después de que él se convirtiera en vicepresidente durante la Administración de Barack Obama, lo que significa que en ese momento había mandos militares diferentes.

En todo caso, el pronunciamiento de Biden desató una serie de cuestionamientos, a los que se sumó el expresidente Donald Trump. "Biden acaba de decir que el Estado Mayor Conjunto le dijo que el cambio climático es nuestra mayor amenaza. Si ese es el caso, y realmente dijeron esto, debería despedirlos inmediatamente por incompetentes", arremetió Trump.

A pesar de restar importancia al cambio climático, el general Milley reconoció que esta problemática no deja de ser una "amenaza" y que incluso podría tener un "impacto significativo en las operaciones militares".

Publicado: 11 jun 2021

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RaúlZibechi

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, autor de Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II

 

Las comunidades Munduruku denunciaron el 27 de mayo, en un comunicado urgente, que mineros ilegales estaban perpetrando invasiones y ataques -contra casas y personas- en sus territorios de la Amazonía brasileña. En el contexto de la pandemia, se incrementó la toma de tierras por parte de los sin techo en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Y entre el 10 y el 21 de abril, el Movimiento Sin Tierra (MST) donó más de 100 toneladas de alimentos en las comunidades periféricas de Brasil, dentro de la jornada de luchas por la reforma agraria.

Son tres ejemplos de la mirada desde abajo y a la izquierda que propone el periodista uruguayo, Raúl Zibechi, en su último libro Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II. Editado por Coordinación Baladre e iniciativas Zambra en colaboración con la CGT y Ecologistas en Acción, el texto de 201 páginas es la segunda parte de Tiempos de Colapso. Los pueblos en movimiento. Zibechi, referente de la investigación militante en América Latina, es autor entre otras obras de Los arroyos cuando bajan. Los desafíos del zapatismo (1995), Brasil Potencia (2012) y Repensar el sur. Las luchas del pueblo mapuche (2020).

-Una delegación del movimiento zapatista, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT) ha iniciado la “travesía por Europa”. Después de tus numerosas estancias en Chiapas, ¿qué crees que Occidente puede aprender del EZLN?

Te puedo contar lo que yo aprendí del zapatismo, que no necesariamente es lo que ellos piensan. Lo primero es que la lucha es para siempre, tiene un comienzo pero no tiene un fin. No hay objetivos como la toma del poder, ganar elecciones o llegar al socialismo. Es una concepción de la vida y del mundo en sintonía con la cultura de los pueblos de raíz maya que se autogobiernan y tal vez tenga empatía con nuestros antepasados políticos, en el sentido de no separar medios y fines, de que la lucha no es “para” sino una forma de vivir la vida.

La segunda es que no quieren gobernar a otros, sino impulsar a los pueblos, barrios y sectores sociales a que se organicen y gobiernen a sí mismos. La idea de gobernar a otros no entra dentro del universo de ideas zapatista y, bien mirada, es una forma de opresión: si te gobierno te estoy mandando, dando órdenes. Ellos trabajan con la idea de que quien manda está obedeciendo al pueblo, a lo colectivo.

La tercera es la ética como eje ordenador de la política. En el pensamiento político aún dominante la ética es un complemento, pero para ellos es lo central, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, no buscan beneficio personal, por eso el lema “para todos todo, nada para nosotros”.

La cuarta es un rechazo al vanguardismo, a crear organizaciones con una dirección que se construye una base social a la que orienta y le marca el rumbo, los tiempos, objetivos y hasta los modos de caminar. El vanguardismo en el que se formó mi generación, va de la mano de homogeneizar el propio campo, con la idea de la unidad como mantra sagrado, para ir imponiendo la hegemonía en la sociedad. El EZLN rechaza los conceptos de unidad, homogeneidad y hegemonía y en eso son muy claros cuando dice el sub Marcos que “todo intento de homogeneidad no es más que un intento fascista de dominación”.

Te diría que pese a la aparente brutalidad del lenguaje, la cultura de vanguardia es corrosiva, destruye las organizaciones colectivas, aniquila las diferencias, y te aseguro que sé de qué estoy hablando porque me formé y practiqué esa cultura que, cuando se hace poder estatal, criminaliza las diferencias como sucede hoy en la Nicaragua de Daniel Ortega.

¿Y en concreto de las mujeres zapatistas?

Ellas se definen como “mujeres que luchan”, haciendo hincapié en la lucha, porque hay feministas muy valiosas pero que no luchan, como hay marxistas y anarquistas que no luchan. Ellas enfatizan ese aspecto y se definen a la vez como anti-patriarcales y anticapitalistas, no conciben la separación de ambas dimensiones.

Por otro lado, en los encuentros de Morelia han hablado de la necesidad de integrar a las diferentes generaciones, de escuchar a las mujeres mayores, de respetarlas, de aprender de ellas, algo que en la cultura urbana occidental no estamos acostumbrados a hacer. Ni escucharnos entre nosotras, ni escuchar a las personas mayores.

-¿Cuál es la relación del actual gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador con el EZLN? ¿En qué consiste lo que denominas “guerra de desgaste”?

No existe ninguna relación. Más aún, el actual gobierno federal ha intensificado los ataques a las comunidades y bases de apoyo zapatistas, como puede verse con las ofensivas para-militares en la región Moisés Gandhi y en Aldama en Los Altos. En paralelo impulsa políticas sociales que promueven el individualismo y la división de las comunidades, desató una brutal ofensiva extractiva con el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Transístmico, potenciando en esas regiones ataques militares y paramilitares a los pueblos originarios.

Con López Obrador, como sucedió antes con Lula y los demás progresismos, el modelo extractivo y neoliberal gana en impulso y en profundidad, llega a nuevas regiones, convierte la naturaleza en mercancías a una mayor velocidad que antes. Por lo tanto, las actividades de los grupos armados se intensifican. Cuando suceden crímenes como el de Samir Flores por oponerse al Proyecto Integral Morelos, que López Obrador se comprometió en frenar en campaña electoral, se hacen los distraídos y siguen adelante. En este caso, fue tal el descaro que mantuvo un referendo que se celebró pocos días después del crimen, desoyendo el llamado de las comunidades para aplazarlo.

En síntesis te digo que el progresismo es el ataque más feroz contra los pueblos, porque los quiere debilitar y dividir.

-Más de un mes de protestas en Colombia –con medio centenar de muertos según el balance oficial- cuyo detonante es la reforma fiscal del presidente Duque; el estallido social en Chile (octubre 2019) por el aumento en la tarifa del metro de Santiago; revueltas en Bolivia contra la expresidenta golpista Jeanine Áñez; manifestaciones del marzo paraguayo de 2021; en Ecuador contra el expresidente Lenin Moreno o en Guatemala, en noviembre de 2020. ¿Hay algún hilo conductor o explicación de fondo?

El hilo conductor es el modelo político-económico que llamamos extractivismo, que es una faceta del neoliberalismo: minería a cielo abierto, monocultivos, grandes obras de infraestructura, hidrocarburos y especulación inmobiliaria urbana. Este modelo hace que la mitad de la población esté condenada a la pobreza, a no tener futuro porque desintegra, desarraiga y polariza; destruye tanto la sociabilidad anterior como la naturaleza, destruye los Estados nación que alguna vez tuvieron la capacidad de ofrecer servicios educativos y sanitarios de calidad a toda la población.

Como lo demuestra la pandemia, los que tienen acceso a salud y escuela privadas, están en una realidad, mientras los demás apenas acceden a servicios de baja calidad y desbordados. Estos días hay un conflicto en Chiapas con los estudiantes de una escuela para ser maestros, ya que los exámenes se hacen de forma virtual pero los indígenas que viven en comunidades no tienen acceso a internet y lógicamente exigen un examen presencial. La única respuesta que tuvieron es la represión y la cárcel. Debo aclarar que el gobernador de Chiapas pertenece a Morena, el partido de López Obrador, quien condenó las manifestaciones de los estudiantes.

-Por otra parte, en una de las entrevistas del libro destacas el valor de la espiritualidad/ancestralidad en las comunidades de Brasil. ¿Reconoce la importancia de estas realidades la izquierda política y los movimientos sociales?

En la izquierda electoral no conozco nada de eso. Sin embargo en los movimientos hay muchos y diversos ejemplos de formas de espiritualidad propias. Entre los sin tierra de Brasil, existen modos inspirados en la teología de la liberación y la educación popular, con muchas dinámicas que denominan “místicas” y que consisten en cantar y danzar en colectivos, pero también en compartir comida, trabajos y los más diversos espacio-tiempos.

Cada sector social tiene sus propias formas de espiritualidad. Destacan las de los pueblos originarios y negros que hacen sus rituales de armonización en lugares sagrados con fogones, donde participan médicos tradicionales o sabios.

Pero si observamos detenidamente a los jóvenes de los barrios populares, veremos que la música y los consumos colectivos juegan también un papel armonizador de lo colectivo, así como las músicas y los bailes. Creo que esto es un universal: la vida colectivo-comunitaria necesita de prácticas espirituales de armonización, de lo más variopintas por cierto.

-En el libro te aproximas a iniciativas como el Mercado Popular de Subsistencia (MPS) en Montevideo; o a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas en Colombia. ¿Qué experiencias de autoorganización popular destacarías, entre las que has podido conocer en los últimos meses?

Ya conocía la Guardia Indígena y la Minga del Cauca, pero ahora se reforzó con la Minga Hacia Adentro y luego ya antes de la revuelta actual con la Minga Hacia Afuera. Ambas están interconectadas.

La experiencia del MPS es más reciente, pero tiene enormes perspectivas de crecer en mundos urbanos como Montevideo, donde tenemos tradiciones asociativas. Te diría que están las miles de ollas populares en las grandes ciudades, muchas de ellas autogestionadas aunque con dificultades para mantenerse a lo largo del tiempo.

Entre las experiencias que veo crecer, está la Red Trashumante de Argentina, que partió hace décadas de una educación popular en movimiento y con movimientos, a trabajar ahora en territorios en resistencia donde los sujetos y sujetas son los sectores populares más golpeados por la crisis y la marginalización. Meses atrás me integré como un militante-educador más a esa red, que está tejiendo una red más amplia de colectivos autónomos en un país donde la autonomía atraviesa enormes desafíos.

La Teia dos Povos de Brasil me parece una experiencia notable, que integra campesinos sin tierra, pueblos originarios y quilombolas, pueblos negros organizados en sus territorios o quilombos. La iniciativa parte de personas que estuvieron en el MST (Movimiento Sin Tierra) y que pensaron que es necesario tejer una red (de ahí el nombre teia) entre los pueblos oprimidos y explotados, algo que la dirección no comparte ya que se propone otros objetivos.

-¿Qué es el triage social? ¿Puedes mencionar ejemplos de su aplicación?

Aunque el nombre suena difícil, es la práctica que podemos observar en la puerta de un hospital o de una unidad de tratamiento intensivo a la hora de elegir a quién se atiende y a quién se descarta. Las razones para descartar son claramente la “utilidad” de las personas desde el punto de vista de la acumulación de capital, y ahí se deja de lado a los más vulnerables, que tienen menos posibilidades de sobrevivir, y se prioriza a quienes pueden seguir trabajando y produciendo. Es una vuelta más de tuerca a los temas de Foucault.

Debo decir que entre las muchas fortunas que me deparó la pandemia (además de algunos infortunios), está el haber ligado con grupos como la Teia dos Povos, con la Red Trashumante y otros que ya conocía pero que profundizamos los lazos, y con dos compas de México como Tamara y Eduardo, que también son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quienes aportan el texto del triage social.

-Por último, ¿en qué punto se halla la lucha del pueblo mapuche? ¿Cómo valoras que la Convención Constituyente de Chile reserve 17 escaños a los pueblos originarios?

La militarización decretada por el gobierno de Piñera de Wall Mapu debe entenderse como la respuesta a un avance importante de las recuperaciones de tierras de decenas de comunidades y a un salto adelante en la movilización del pueblo mapuche. Los datos dicen que en los cuatro primeros meses de 2020 hubo 17 ocupaciones de tierras, pero este año superaron las 130 tomas, lo que representa más de una por día.

Creo que ante el pueblo mapuche se presentan dos caminos. Por un lado, la constituyente que busca aplacar las luchas con el reconocimiento de la plurinacionalidad que no va a tener ninguna repercusión práctica concreta si no pasa por la restitución territorial. La simple mención de los pueblos en la Constitución, no modifica las cosas como ya sucedió en Ecuador y en Bolivia.

En paralelo, está el amplio proceso de recuperación de tierras rurales y semi-urbanas que viene cobrando un impulso importante, como lo confirma la reciente entrevista a Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleko, ya que ahora son muchos los colectivos y comunidades empeñadas en seguir este camino que pasa por la autonomía y el autogobierno.

Por Enric Llopis | 08/06/2021 |

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

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Miles de manifestantes se congregan en el Monumento a los Héroes para conmemorar un mes de protestas en el país, en Bogotá. EFE/Carlos Ortega

A 170 años de la abolición de la esclavitud en el país suramericano, las comunidades negras e indígenas levantan la voz ante una historia de discriminación racial. Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en América Latina, se convierte en centro y símbolo de la frustración ciudadana

 

En el marginal barrio Marroquín de Cali conocen a la perfección el significado de la palabra resistencia. Mucho antes de que el país entrara en paro que lleva ya más de un mes, este suburbio, compuesto casi en su totalidad por vecinos negros, ya se las ingeniaba para sacudirse de las miserias cotidianas. Por eso las movilizaciones -que por momentos se han transformado en auténticas orgías de violencia- han hecho las veces de catarsis social para una población agobiada desde hace generaciones.

Marroquín está situado en un distrito oriental de la ciudad, donde el simple hecho de entrar resulta una temeridad para muchos. Se trata de Aguablanca, un enclave con unos 800.000 habitantes, el 70% de ellos afrocolombianos, y que año tras años acumula las mayores tasas de homicidio, los mayores índices de falta de empleo y las cifras más altas de contagio por coronavirus en la tercera ciudad del país.

“La mayoría de jóvenes desaparecidos y muertos (se habla de 27) durante este paro en Cali son negros”, asegura Vicenta Moreno, una docente y activista social que dirige La casa cultural del chontaduro (un fruto tropical), un proyecto centrado en las artes como herramienta para arrebatarle chicos perdidos a la violencia. De la misma forma lamenta que hasta ahora no haya habido una “lectura de los hechos” donde se evidencie el “empobrecimiento y el olvido desde una óptica racial”.

Las protestas, que en principio detonaron como respuesta a una reforma tributaria que afectaba con fuerza a las clases medias, han reflotado una realidad tan poco abordada como lo es el racismo. Y es que, a pesar de que alrededor del 13% de la población colombiana está compuesta por ciudadanos negros (10%) e indígenas (3%), la representación social y política de estas comunidades ha sido minúscula. 

El profesor Edward Telles, de la Universidad de California, lo caracterizó en un trabajo académico de 2012 como una “pigmentocracia”. Es decir, una sociedad donde el color de piel determina el lugar en el mundo y las oportunidades en el transcurso de la vida. Otros estudios, de investigadores como la socióloga y doctora en filosofía Aurora Vergara, lo sustentan. “Está demostrado”, explica Vergara, “que los hombres afro en Colombia viven en promedio 66 años, una década menos que en el resto de la nación, que es de 75”.

Y subraya que nada tiene que ver con la “predisposición genética”, sino con los “determinantes sociales de un país que posibilita que la muerte se apresure para algunos de sus habitantes”, acaba. 

Cali, una urbe de 2,2 millones de habitantes, concentra la mayor población afrodescendiente de Latinoamérica, detrás de la brasilera Salvador de Bahía. El grueso de la comunidad negra de Cali se ha asentado en los márgenes orientales de la ciudad. Muchos de ellos han sido desplazados por la violencia de pueblos remotos de la costa Pacífica, a tan solo un centenar de kilómetros de Cali.

A pesar de la promesa de un panorama mejor, el ascensor social no ha funcionado para la gran mayoría. La profesora Vergara cuenta que hay estudios que han establecido vínculos directos entre las personas negras que viven en situación de extrema pobreza hoy en Cali y algunas familias esclavizadas en las haciendas azucareras durante la colonia. Al cruzar la información, es evidente la coincidencia entre la miseria moderna y los peores vejámenes de antaño. 

Silencio racial

A mediados de mayo, en pleno auge de las protestas, un telediario publicó una conversación de una cirujana caleña en WhatsApp donde sugería como solución al caos la intervención de escuadrones de “autodefensa” para que “acaben literalmente con unos 1000 indios, asi (sic) poquitos nada más para que entiendan”, escribió.  

El epidemiólogo Yoseth Ariza confiesa que se sintió conmovido al constatar el desinterés en las discusiones sobre el tema con algunos colegas. Para Ariza, que coordina la línea de estudios étnico raciales en la universidad ICESI de Cali, detrás de ese tipo de discursos violentos, y su consiguiente banalización, se hallan algunas claves para comprender el racismo en Colombia.

El médico encuestó a más de 3.000 alumnos de 72 colegios públicos en Cali para examinar la agresividad en el lenguaje. Entre los hallazgos, elaborados para un encargo oficial, recogió una “nube de apodos” que “sexualizaban” y “animalizaban” a las personas negras. Según Eduardo Bonilla-Silva, doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin, tanto en Colombia como en el resto de América Latina hay un racismo “solapado”.

Sostiene que los países de la región asumieron que la discriminación racial había desaparecido una vez abolida la esclavitud (en 1851, para el caso colombiano). “Nos inventamos una historia”, apunta Bonilla-Silva, “y glorificamos la idea de que como somos mayoría mestiza, la raza cósmica de la que hablaba el mexicano Vasconcelos, entonces no había que profundizar mucho más”. 

Lo cierto es que tanto la mentalidad como las prácticas colectivas variaron muy poco. El académico retrata un desequilibrio evidente en pleno 2021: “Los negros tienen peores salarios, menor representación en la industria, el Gobierno o la banca, hay menos profesionales, el acceso a la salud es más limitado y la presencia en las cárceles es mayor”.

La discriminación hacia los indígenas en Colombia, con algunos matices históricos y políticos, gira sobre las mismas lógicas, a pesar de que la Constitución de 1991 reconoció que el Estado colombiano es “pluriétnico y multicultural”. Pero para la antropóloga dominicana Ochy Curiel, afincada hace 15 años en Colombia, las jerarquías del “racismo estructural siguen intactas”.

Y la crisis sanitaria por el coronavirus, que suma más de 90.000 muertos en el país, se ha encargado de dar el último golpe a un andamiaje ya de por sí vulnerable. Cali pasó de tener 558.360 personas en situación de pobreza, a 934.350, según cifras oficiales. Hoy, una tercera parte de los caleños -de los cuales un 20% son negros- carecen de los recursos para los elementos básicos de la cesta de la compra. 

“El paro está desnudando todo eso”, reconoce la académica dominicana, “lo que el resto de la sociedad no quería ver: el dolor que surge de una segregación racial profunda, de un sistema económico, político, religioso que sigue excluyendo a la gente indígena y a la gente afro de la participación real en la construcción de un Estado que sobre el papel se dice multicultural”.

También es cierto que la discriminación se oculta con frecuencia en comportamientos diarios que se han normalizado. Es un fenómeno algo taimado, más blando que en el caso estadounidense, donde la confrontación y la violencia suelen desembocar en episodios más descarnados como el de George Floyd.

Por eso la investigación de Yoseth Ariza se centró en desgranar las sutilezas en el uso del lenguaje. Entre las frases más repetidas por los estudiantes, por ejemplo, se hallaba un dicho popular: “hay que mejorar la raza’”. El médico explica que se trata de una fórmula que los padres utilizaban para sugerirles a los chicos que “se deben buscar un novio, o novia de piel más clarita, más ojizarco y con el cabello más liso”.

Ariza lo describe como una actitud “decimonónica”, que refleja un viejo anhelo por “blanquear y homogenizar”. Así mismo cuenta que en el curso de su trabajo tuvo diferencias “muy desafortunadas” con rectoras de colegios públicos que discriminaron a las encuestadoras: ¿Usted si es estudiante de maestría?, o ¿usted de verdad trabaja en una universidad?, fueron algunas de las preguntas formuladas por docentes que “no se imaginaban que una negra pudiera trabajar en una universidad como el ICESI”.

La historia de muchas criadas

El caso de las empleadas domésticas, que según una investigación académica en el caso caleño son en un 90% negras, es contundente. La mayoría se emplean desde niñas en las casas de los barrios más pudientes, en un ejercicio que hasta hace muy poco, debido a vacíos legales, se prestaba para todo tipo de abusos laborales.

El politólogo Sergio Sierra, autor del trabajo, explica que “se trata de mujeres que se ven expuestas a un sistema de desigualdad enorme”, con remuneraciones injustas y repercusiones emocionales importantes. También menciona situaciones frecuentes de acoso sexual, invisibles, a todas luces, por la falta de datos. 

Es una forma de “reproducir un sistema de desigualdad enorme”, afirma el politólogo. En su trabajo describe cómo ciertas casas privilegiadas empleaban a jóvenes mujeres negras de una misma familia, a través de varias generaciones, en un acto casi hereditario. Por eso, no era raro escuchar que las trabajadoras se convirtieran en casi “parte de la familia”. Aquel diminuto artículo “de”, asevera Sierra, marcaba toda la diferencia.

La revista Hola de Colombia publicó en 2011 una imagen en la que aparecen unas mujeres distinguidas de la sociedad caleña posando junto a la piscina de su casa, con dos empleadas negras de fondo, vestidas de inmaculado blanco y que sostienen sendas bandejas de plata. La foto despertó una pasajera y vaga indignación, bastante tímida en comparación a los debates que surgieron años más tarde en México por el rol de las criadas indígenas en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón.

En cualquier caso el problema, por acuciante y profundo que sea, nunca ha ocupado un lugar importante en el debate público colombiano. Se trata, como afirma el sociólogo Eduardo Bonilla-Silva, de un “silencio racial” absoluto. Así mismo lamenta que aún no haya siquiera voluntad de reconocerlo: “Se suele limitar lo racial a una serie de sucesos inconexos e individuales, aislados, que no son representativos de la realidad de la mayoría de la población. Especialmente desde las élites. Y eso es obviamente falso”.

El profesor puertoriqueño concluye la entrevista telemática con una pregunta retórica, a medio camino entre lo serio y lo mundano: “Acaso ¿cuándo has visto a un negro o a un indígena como galán de televisión? ¡Nunca!”.

Por Camilo Sánchez

Bogotá — 5 de junio de 2021 22:23h

@CamilSanc

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Arturo Cruz

Arrestaron al ex ministro sandinista al regresar a su país desde Estados Unidos

 

El candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido este sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechado de atentar "contra la sociedad nicaragüense", informó el Ministerio Público.

Cruz "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", señaló. La Policía Nacional comunicó a su vez que "realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales".

De 67 años, Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha). Según la Policía se lo investiga por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Esa norma castiga "actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista. Tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses "continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (...) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio", escribió en la red social.

La detención de Cruz ocurre cuatro días después delarresto de la también aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Chamorro, de 67 años, estaría desde el miércoles incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial, según denunciaron sus familiares. Numerosos países han reclamado al presidente Daniel Ortega su liberacióninmediata. Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega.

06 de junio de 2021

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Sábado, 05 Junio 2021 06:18

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

Los ministros de salud buscan repartir más vacunas y crear una carta sanitaria mundial

Los ministros de Salud de los países integrantes del G7 acordaron este viernes desarrollar normas internacionales que permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de test y certificados de vacunación para la covid-19 en todos los países. También preveen extender las medidas para otras enfermedades. “El uso de los certificados de vacunación debe basarse en las últimas pruebas científicas y en la situación epidemiológica actual”, precisaron en un comunicado conjunto.

“Nos reunimos en medio de la pandemia de covid-19, que sigue teniendo un impacto devastador en las vidas, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo”, señalaron los ministros. A una semana de la cumbre del G7 que se celebra del 11 al 14 de junio y que este año tiene como anfitrión al Reino Unido, los ministros de Salud de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Oxford. “Para reafirmar la importancia de la colaboración internacional en materia de salud, en el contexto de una importante crisis mundial”, escribieron en un comunicado emitido tras dos días de reuniones virtuales y presenciales.

Los funcionarios se comprometieron con un nuevo acuerdo internacional para facilitar y agilizar compartir los resultados de ensayos de vacunas y tratamientos para combatir la covid-19 y prevenir futuras amenazas para la salud, en referencia a la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas del G7, publicada este viernes. “Establece nuestros principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan pruebas sólidas y sus resultados puedan ser implementados en esta y futuras pandemias”, explican en la declaración conjunta.

“Apoyamos una mayor colaboración en ensayos internacionales a gran escala que permitan una mayor diversidad de participantes en los ensayos, que eviten la duplicación innecesaria de esfuerzos y produzcan pruebas clínicas que sean generalizables a un mayor número de poblaciones y lugares”, acordaron en relación con los ensayos clínicos. “Esto incluye una búsqueda más rápida de las necesidades específicas que reflejen la diversidad de todos los grupos de población, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, y garantizar la participación de los ciudadanos para reforzar la confianza en la ciencia”, agregaron.

Por su parte, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, explicó de qué trata la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas. "Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo Hancock a través de un comunicado. El acuerdo viene después de que los líderes de la industria farmacéutica se comprometieran a reducir el tiempo de desarrollo y despliegue de nuevos diagnósticos, terapias y vacunas a sólo 100 días.

El grupo de ministros también expresó su intención por homogeneizar las bases de dato de información de salud para facilitar que o también expresan su intención de homogeneizar las bases de datos de información de salud para facilitar que sea compartida por "proveedores sanitarios en diversos países".

También hicieron hincapié en la colaboración para mejorar la vigilancia mundial del coronavirus y la detección de futuras amenazas sanitarias. En este sentido, reafirmaron el papel central de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Estados Unidos regresó el pasado enero con la llegada de Biden a la Casa Blanca tras la decisión del expresidente Donald Trump de sacar a EE.UU. en julio de 2020.

Sobre el reparto de vacunas contra la Covid-19, los ministros de Sanidad se comprometieron a compartir las dosis con las naciones en desarrollo a través del dispositivo internacional Covax. Este punto está en el centro del debate con llamamientos a los países ricos para que incrementen sus esfuerzos. Desde instituciones científicas y organizaciones humanitarias le pidieron al primer ministro británico y anfitrión de la cumbre del G7, Boris Johnson, donar el 20 por ciento de las vacunas que tiene el Reino Unido en un esfuerzo por salvar vidas y evitar la propagación de nuevas variantes de la covid-19.

Johnson recibió una carta de parte de Jeremy Farrar director del Wellcome Trust -una organización con sede en Londres que financia investigación científica- y del director ejecutivo de Unicef en el Reino Unido, Steven Waugh. "En el Reino Unido, el despliegue de la vacunación ha sido un éxito fenomenal y ya ha salvado innumerables vidas", escriben. "Sin embargo, en todo el mundo hay demasiados países que aún carecen de dosis para proteger a los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables"

"Como presidente del G7, el Reino Unido tiene la oportunidad de marcar la pauta para la acción global en el reparto de dosis. Hace tres meses, usted prometió con orgullo que el Reino Unido compartiría las vacunas con el mundo. Ahora le pedimos que convierta esta promesa en realidad", señalaron Farrar y Waugh en la misiva

05 de junio de 2021

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Sábado, 05 Junio 2021 06:10

Tiempos inciertos

Joe Biden FOTOS PÚBLICAS, CARLOS M. VAZQUEZ

Con el politólogo estadounidense Corey Robin

La política estadounidense vive tiempos convulsos. El período de gobierno de Joe Biden comenzó con un intento de reanimar la economía con un gigantesco paquete de estímulo, mientras la izquierda y la derecha tratan de recomponerse para enfrentar el tiempo que se viene. Para hablar sobre estos temas, Brecha conversó con Robin, teórico político y profesor de ciencia política de la City University of New York.

 

Empecemos con la administración Biden. Parecía –por lo que Biden representa y por el hecho de que peleó una primaria contra la izquierda– que sería un presidente más bien conservador, pero su gobierno se muestra más audaz de lo esperado. ¿Eso es así? ¿Cómo interpreta estos primeros meses del gobierno de Joe Biden?

—Es muy temprano para saberlo. En los primeros dos meses de la administración Biden, la principal legislación fue el paquete de estímulo, que, en términos de gasto, fue mucho mayor de lo que mucha gente esperaba. Y no es solo que fuera tan grande, también es adonde está dirigido. Mucho va a comunidades de color, y mucho dinero va directamente a la gente. Creo que desde el principio flotó la noción de que iba a ser una presidencia transformadora. Ahora estamos en la realidad. Va a haber discusiones sobre una ley de infraestructura y una reforma laboral. Ahí vamos a ver. No se trata tanto de la personalidad de Biden o de lo que él quiera personalmente, sino del Partido Demócrata, que tiene una pequeñísima mayoría en la legislatura, por lo que necesita estar unificado para que esto se apruebe. Creo que en las próximas semanas y meses vamos a tener una mejor visión de esto.

¿En qué estado está la izquierda estadounidense hoy, después de la derrota de Bernie Sanders y después de los grandes movimientos de protesta del año pasado?

—Es una pregunta difícil de responder. Ha habido un par de escaramuzas con la administración Biden en las que la izquierda pudo ejercer un poco más de presión de lo que muchos hubieran anticipado. Pero no hemos llegado al punto de las grandes peleas sobre las leyes laborales y el derecho al voto. Ahí vamos a tener una mejor idea. Otro tema es que la izquierda ha estado relativamente callada. No estuvo en las calles como estuvo durante la administración Trump o, incluso, durante el segundo mandato de Barack Obama. Mi sensación es que la izquierda no va a hacer lo mismo que hizo durante el primer mandato de Obama –o sea, nada–. Creo que la gente está más preparada para una pelea. Pero está por verse.

Entonces, hay mucha incertidumbre. Es un momento interesante.

—Lo es. Creo que es un momento fascinante. Es el momento más interesante que hemos tenido en mucho tiempo. Porque hacía mucho que el Partido Demócrata no estaba tan inclinado a la izquierda. Y la izquierda ha construido cierta capacidad política que antes no tenía. Además, la derecha tiene mucha incertidumbre sobre su futuro, porque las herramientas habituales que tenía para oponerse a la izquierda ya no le funcionan tanto. Estamos viendo una nueva constelación del balance de fuerzas, y por eso la incertidumbre es tan grande.

Ha comparado el momento actual con situaciones anteriores de «realineamiento» de la política estadounidense, como la emergencia del movimiento conservador en los setenta y el del New Deal en los treinta. ¿Cuáles son los puntos de comparación?

—Creo que son muchos. Últimamente los historiadores han estado mirando los años setenta con mucho más cuidado, como un momento muy similar al nuestro en términos de que nadie sabía hacia dónde irían las cosas. Había un sentido muy claro de que el orden del New Deal estaba colapsando. Tenías un movimiento conservador y un Partido Republicano cada vez más combativos, y dentro del Partido Demócrata tenías intentos reales de salirse del New Deal. Jimmy Carter fue el primero en impulsar la desregulación. Instaló a Paul Volker en la Reserva Federal, donde desarrolló una política monetaria contractiva. Estaba claro que el orden anterior se estaba viniendo abajo, pero nadie sabía lo que pasaría. Hoy vemos algo parecido: la ortodoxia neoliberal de la era de Reagan –impuestos bajos, gasto bajo– está cambiando. El paquete de estímulo que fue aprobado en el gobierno de Donald Trump y nuevamente ahora es una evidencia de ello. Creo que hay muchos parecidos con el realineamiento de los setenta. Pero, nuevamente, es muy temprano para saber hacia dónde va todo esto.

En estos años ha participado de polémicas sobre hasta qué punto se podía calificar a Trump de autoritario o hasta qué punto era capaz de actuar autoritariamente. ¿Qué podemos decir en retrospectiva sobre lo que fue Trump?

—Creo que habría que aclarar algunas cosas sobre Trump que tienen que ver con pensar la derecha desde una perspectiva histórica. Mucha gente tiene dificultades para hacer eso. La mayor parte del tiempo, la gente de izquierda no le presta ninguna atención a la derecha y, cuando esta, de repente, aparece en la escena, captura su imaginación. Parece que fuera algo nuevo y diferente. Pero la verdad del asunto es que muchas de las características típicas de Trump salen directamente del recetario tradicional del conservadurismo: el lenguaje racista, los alardes populistas, el desprecio al Estado de derecho, la hostilidad a las instituciones y las creencias establecidas. Una cosa que, si bien no es nueva, se intensificó mucho es la conciencia creciente en el Partido Republicano de que ya no son capaces de ganar mayorías. En la era de Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush, el movimiento conservador fue capaz de comandar una fuerza mayoritaria, de hablar por la mayoría. Ese ya no es el caso. Entonces, los conservadores dependen cada vez más de partes de la Constitución estadounidense que son muy antimayoritarias y antidemocráticas, como el Senado, el Colegio Electoral y la Suprema Corte. Estas son las partes del sistema estadounidense hostiles a la democracia popular. Si alguien dijera que la Constitución estadounidense es un documento autoritario, yo no tendría ningún problema. Pero creo que es mejor pensarlo como un documento antidemocrático. Y es en eso que se escudan Trump y el Partido Republicano. Eso es muy distinto de lo que se ve en muchos autoritarios de alrededor del mundo, que son hostiles al orden constitucional. El Partido Republicano y el movimiento conservador no serían nada sin el orden constitucional actual. Entonces, se los puede considerar un partido conservador muy tradicional, en términos del siglo XIX, que busca quedarse en el poder restringiendo el derecho al voto, dibujando los límites de los distritos al Congreso a su favor, usando a los jueces. Eso se parece más a la política estadounidense del siglo XIX que a cualquier tipo de nuevo orden.

Uno no está acostumbrado a pensar en el conservadurismo como algo estridente o violento. El conservadurismo, al contrario, se presenta a sí mismo como moderado, cauteloso.

—Exactamente. Las dificultades para entender a Trump dependen de las dificultades para entender la tradición conservadora en su conjunto, y ese es el problema.

¿Cómo se relacionan históricamente el populismo y esta tradición conservadora?

—Es una pregunta interesante. Quiero ser cuidadoso, porque sé que en América Latina la palabra populismo tiene connotaciones muy distintas que en Estados Unidos y en Europa. A lo largo de los años he aprendido a ser muy cuidadoso al hablar de este tema. Yo uso la palabra populismo en un sentido minimalista, no en el sentido de la ciencia política ni en el de los historiadores. Aunque el conservadurismo es un movimiento en defensa del poder de las elites, no lo hace de una forma tradicionalista. No usa métodos tradicionales, ni argumentos tradicionales, ni tácticas tradicionales. Y una cosa que el conservadurismo entendió desde el principio fue que era necesario encontrar una forma de apelar a lo popular. No a la democracia, pero sí a las imágenes, a los símbolos, a los mitos populares. Y eso es a lo que me refiero con populista. Es un intento de hacer una alianza entre las elites y las masas para hablar en nombre del todo, de una forma que es distinta de las defensas tradicionales de la jerarquía.

Oponiéndose a la izquierda.

—Sí. El conservadurismo nace como un contramovimiento, contra la revolución francesa y contra la democracia de masas. Pero los conservadores siempre entendieron que si quieren contrarrestar a la izquierda, van a tener que ofrecer su propia forma de política de masas. No pueden ofrecer una defensa jerárquica tradicional. Por eso el conservadurismo, incluso remontándose a Edmund Burke, siempre tuvo su propia política de masas. No es solamente un tema de las elites.

En América Latina solemos recibir las cosas que pasan en la derecha estadounidense con cierto retraso. Primero la derecha evangélica, ahora los libertarians. Nos vendría bien saber qué está pasando allá en ese campo para saber qué esperar en los próximos años.

—Sí, hay un gran historiador acá, en Estados Unidos, Greg Grandin, que ha escrito bastante sobre la forma como Estados Unidos exporta su derecha a América Latina. En cuanto a lo que pasa acá, durante la Guerra Fría y hasta Bush tuvimos lo que se llamaba una fusión entre tres corrientes de la derecha: el sector de la seguridad nacional, la derecha religiosa evangélica y la derecha económica, de libre mercado. Todos se reunían bajo la bandera del anticomunismo, que era un pegamento que funcionaba en Estados Unidos y en el exterior. Pero lo que pasa cada vez más –y esto se ve claramente con Trump– es que esas cosas ya no funcionan tan bien juntas como antes. Muchos de los conservadores de la seguridad nacional han roto con Trump; incluso, se han ido del Partido Republicano. Y los libertarians obtuvieron desregulaciones y reducciones de impuestos, pero si ves los presupuestos de Trump, el gasto social fue bastante alto. A los evangélicos les fue muy bien con las nominaciones de jueces, pero el movimiento se empezó a fragmentar. El problema que tiene la derecha es que estas tendencias ya no se retroalimentan entre ellas tan bien como antes y, de hecho, comenzaron a disputar entre ellas.

Quizás esto es más una cosa de Internet que de la realidad, pero parecería que se está dando un renacimiento de posturas extremadamente reaccionarias en Estados Unidos: desde tradicionalismos hasta eso que se llama neorreacción. ¿Esto es algo importante o marginal?

—Es algo que se está debatiendo bastante. Para mí, hay que mirar cómo el partido gobierna. Hay que recordar que los republicanos estaban hasta hace poco en el poder. Tuvieron el control total del Estado los primeros dos años de Trump. Y la verdad es que la forma como gobernaron, más allá de las nominaciones de jueces, fue relativamente moderada. Y en los últimos dos años fueron lo mismo. Tenés, también, al movimiento de milicias –que no es algo nuevo, pero está más audaz– y, quizás más importante, la sensación en el Partido Republicano de que ya no pueden formar mayorías por medios democráticos. Y eso es lo más importante. Cosas como las que pasaron el 6 de enero y Qanon se llevan toda la atención porque dan miedo, pero creo que lo más significativo es lo que está pasando con el Partido Republicano.

El año pasado vimos grandes manifestaciones antirracistas, que fueron reprimidas con mucha violencia. ¿Pudo ver el movimiento de cerca? ¿Cuánto cambió el terreno político?

—Creo que hay elementos de continuidad y novedad. Estados Unidos tiene una historia extraordinariamente violenta. Hubo muchos disturbios en los años sesenta y setenta, que luego continuaron, pero se les prestó menos atención. Lo nuevo fueron un par de cosas. Por un lado, este es un movimiento mucho más multirracial. En los sesenta y los setenta fue abrumadoramente negro. Por otro lado, las redes sociales permiten ver el lado oscuro del Estado mucho más que antes. También es verdad que hay grabaciones de televisión de la represión de los setenta. Pero ahora hay más, con grabaciones de asesinatos de personas negras por la Policía. Y, por último, el discurso conservador de ley y orden ha perdido fuerza en la política estadounidense. Nixon y Reagan llegaron al poder azuzando la amenaza de la violencia negra y los disturbios en las calles. Así construyeron mayorías populares. La retórica de Trump, que intentó hacer lo mismo, no le hizo ningún favor.

Uno de los eslóganes de las manifestaciones reclamaba quitar el presupuesto a la Policía. Acá, en América Latina, sería utópico pensar que un movimiento de masas reclamara esto. ¿De dónde salió ese reclamo?

—Es un movimiento que se fue desarrollando de a poco. Acá también era utópico en los noventa, cuando yo era un estudiante. Es una historia de lenta organización y con el tiempo de organización de masas, que irrumpió en la conciencia colectiva rompiendo muchos tabúes. Estados Unidos es el país que más presencia policial tiene y donde más se encarcela. Pero la combinación de la organización de largo plazo y el debilitamiento de la derecha cambió las cosas. Lo que entusiasma del reclamo de quitar el presupuesto a la Policía es que no es solo retórica, sino que se trata de dar presupuesto a otras prioridades. A menudo, el neoliberalismo es erróneamente pensado como una filosofía antiestatista, pero no lo es: solo favorece a cierta parte del Estado, a la parte judicial, policíaca y carcelera. Hablar de quitar el presupuesto a la Policía implica cambiar las prioridades políticas del Estado. Tiene el potencial de ser algo muy transformador.

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Un agente antidisturbios, durante la protesta en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo Hasél. — Reuters

El ensayo 'El final del control policial' demuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado a intensificar los mismos problemas que se supone ha de resolver. Una historia de abusos e impunidad con la connivencia de las autoridades políticas.

Dos de las funciones principales de la Policía son el "mantenimiento del orden" y la "aplicación de la ley". Solemos darlas por sentado como si de un mantra se tratara. El problema viene cuando nos paramos a pensar qué hay detrás. Cuando nos planteamos qué significa "mantenimiento" y con qué medios se "consigue". Quién aprueba las leyes, cómo y quién las aplica y a quién protegen; si respetan los derechos y las libertades; si se aplican por igual en función del lugar de nacimiento, el color de la piel, la clase social, el género o el sexo.

El sociólogo norteamericano Alex S. Vitale analiza en El final del control policial (Capitán Swing) las zonas de sombra de la función policial, lo hace atendiendo a sus desmanes, bajo una tesis que no por intuitiva es menos certera: "Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase [...] Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea injusto, la función policial no dejará de transpirar abuso y desigualdad". 

El diagnóstico de Vitale pertenece a un paciente en situación crítica. El académico centra su análisis en Estados Unidos, país que cuenta con un grado de militarización del orden público que roza la distopía. Un país en el que la infiltración de la Policía en movimientos sociales, la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia causa estragos desde hace décadas. Una suerte de avanzadilla de cuyos ecos no se libra nuestro país.

No en vano, y tal y como apunta Anaïs Franquesa, abogada catalana especializada en Derechos Humanos, "la maquinaria represiva" se parece y mucho. "El uso de legislación especialmente restrictiva, como la ley de seguridad ciudadana –ley mordaza– o las sucesivas reformas del Código Penal; la interpretación que realizan los tribunales y la gestión del orden público con un uso desproporcionado de la fuerza" son algunas de las dolencias que nos emparentan con el enfermo americano, según detalla Franquesa a Público.

Falta de transparencia e impunidad

Las organizaciones de Derechos Humanos de nuestro país llevan años pidiendo que se publiquen anualmente los datos desagregados relativos a las situaciones de violencia institucional por las cuales se hayan abierto investigaciones internas, así como el número de quejas, denuncias, condenas y sanciones relacionadas con agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

El caso es que ni rastro de los datos. La opacidad es máxima. "Ha habido una práctica de negar de forma sistemática que existan torturas y malos tratos en el Estado español, de hecho es algo que han negado siempre nuestros representantes públicos, a pesar de que hay doce condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar, y en uno de los casos por considerar que hubo tortura", denuncia Franquesa.

Una alianza férrea entre las autoridades políticas y la Policía que la abogada explica sin ambages: "Se percibe la fiscalización de la actuación de los cuerpos policiales como un ataque a la institución, es por ello que la institución responde de forma corporativista en vez de concebir que esas conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos son el verdadero y único ataque a la institución".

Soldados en una batalla

En El final del control policial, Vitale hace referencia a la "mentalidad del guerrero" como parte del problema. "Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública", lamenta el sociólogo. Y lo cierto es que, en cierto modo, esa misma mentalidad impregna también en nuestro país la relación de los agentes del orden con gran parte de la ciudadanía.

Lean ahora, para ilustrar lo anterior, el siguiente extracto del manual de gestión de manifestaciones de las Unidades de Intervención de Orden Público del Cuerpo Nacional de Policía describiendo una concentración o manifestación: «Un ente vivo [en el que], y como es sabido sociológicamente, la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral». El documento llega incluso a referirse a las protestas y a las personas que participan en ellas como «masa hostil».

"El problema es que se planifican los dispositivos policiales desde esa óptica, ese manual responde a la concepción que se tiene desde el cuerpo a los colectivos que se manifiestan, y es una concepción muy anticuada, que corresponde a los años 80 y 90", se queja Franquesa. 

Militarización de la frontera

Mención aparte merecen nuestras fronteras. Con los rescoldos de la crisis migratoria vivida hace apenas unas semanas en Ceuta, cabe preguntarse qué ocurre en esa tierra de nadie donde reina la opacidad, de qué modo alumbrar esas zonas de sombra en las que las vulneraciones de los Derechos Humanos resultan extrañamente cotidianas.

Según la abogada, la solución pasa por una triple alianza: "Primero visibilizando estas cuestiones, poniendo el foco allá donde pretenden instaurar la opacidad, después hay que actuar, y la actuación tiene que venir desde la denuncia pública, pero también desde los tribunales, ahí el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa. Por último, la movilización social. De la unión de estos tres pilares, vendrán los cambios".

Madrid

03/06/2021 22:41

Juan Losa@jotalosa

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Alerta mundial por la detención de Cristiana Chamorro en Nicaragua

Organizaciones de DD.HH., la ONU, EE.UU. y la Unión Europea ven con preocupación la decisión de la fiscalía nicargüense

Chamorro había anunciado su candidatura hace unos días y según la encuestadora Cid Gallup era la opositora con mayor probabilidad de ganar en los comicios del próximo siete de enero.

 

Cristiana Chamorro Barrios amanceció este jueves con arresto domiciliario, incomunicada y con custodia policial, informaron allegados y familiares. Acusada por presunto lavado de dinero, Chamorro también quedó inhabilitada de participar en las elecciones de noviembre. Su detención fue recibida con preocupación por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También se manifestaron en contra de la detención las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos 

El director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, rechazó la medida del gobierno orteguista. “Es un golpe para cualquier esperanza de elecciones justas en Nicaragua, y una prueba crítica para determinar si la administración Biden puede ayudar a proteger los derechos humanos y la democracia en la región”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también criticó la detención de la candidata opositora. “CIDH expresa preocupación por medidas de inhabilitación política solicitadas por la Fiscalía para (Cristiana Chamorro) precandidata a presidenta”, escribieron en un tuit publicado por la comisión.

A su turno la dirección general de la Organización deNaciones Unidas (ONU) “Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro. Estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones", señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la organización.

Mientras tanto Peter Stano, portavoz dela cancillería de la Unión Europea, exigió la inmediata liberación de Chamorro. "Las acciones judiciales @chamorrocris son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente & abierto a la oposición y sus candidato," tuiteó. 

EE.UU. y la política centroamericana

En tanto, el canciller estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Nicaragua va en la “dirección opuesta” a lo que consideran elecciones justas y libres. El secretario de Estado se encontraba en Costa Rica en el marco de negociaciones para abordar la migración centroamericana hacia EE.UU., rechazó la medida de la fiscalía de Nicaragua y aseguró que la situación del país centroamericano no sólo preocupa a Estados Unidos, sino que también al hemisferio en general.

“En la Organización de Estados Americanos (OEA) se llamó a Nicaragua a tomar los pasos necesarios para tener elecciones libres y justas, y en vez de hacer eso, en vez de cumplir con sus responsabilidades, incluidas las responsabilidades con las que se comprometieron al firmar la Carta Interamericana hace 20 años, se está moviendo en la dirección contraria", declaró el jefe de la diplomacia norteamericana.

Cristiana Chamorro quedó bajo arresto domiciliario este miércoles, pocos días después de que venciera el plazo establecido para mayo de 2021 por la Asamblea de la OEA, y que tenía como objetivo que el gobierno nicaragüense implemente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes y que reestablezcan las garantías democráticas en el país.

Un tribunal de la capital Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra por “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense". Desde el ministerio de Gobernación afirmaron que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -dedicada a la promoción de la libertad de prensa y de expresión- incumplió obligaciones con el Ente Regulador. “Del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, detalló el ministerio. A principios de año, Chamorro Barrios anunció el cierre de la Fundación luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley que ordenaba a las organizaciones que recibían dinero de la cooperación internacional a inscribirse como “agentes extranjeros”. "Estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense", alegó Chamorro.

La opositora rechazó las acusaciones de la fiscalía y afirmó que se trataba de una farsa para evitar su participación en los comicios que se realizarán el siete de noviembre. Hace unos días, Chamorro había solicitado su inclusión a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), desde donde se presentaría como precandidata presidencial. Según la encuestadora Cid Gallup, Cristiana Chamorro actualmente es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre. Aunque Ortega todavía no confirmó su participación en los comicios de noviembre, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.

La familia Chamorro

Chamorro de 67 años, nació en el seno de una familia propietaria de medios de comunicación y con una amplia trayectoria política. Hija del reconocido periodista y exdirector del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, meses antes del triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). La madre de Cristiana, Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en las elecciones de 1990 y fue presidenta de Nicaragua hasta 1997. Durante el gobierno de Violeta Barrios, su hija, Cristiana Chamorro se encargó de las tareas de comunicación y relaciones públicas del Ejecutivo y también estuvo al frente del diario La Prensa.

04 de junio de 2021

Publicado enInternacional