Domingo, 10 Noviembre 2019 06:09

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

Lula habló ante una multitud que lo esperaba en San Pablo

Se definió como "un joven de treinta" con la experiencia de uno de setenta, presentó a su novia, denunció a Bolsonaro como "un paramilitar" y prometió un "pronunciamiento".

Lula volvió. Con el vozarrón de toda la vida, más canoso, reencontró a sus compañeros del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en el cordón industrial de San Pablo donde recomendó seguir el ejemplo de Alberto Fernández, defendió a Evo Morales y deploró el intervencionismo de Donald Trump.

Una multitud lo aguardó desde la mañana -algunos militantes llegaron a la madrugada- en San Bernardo do Campo entonada por los temas propalados desde grandes parlantes, como el antiguo jingle "Lulalalá. brilla una estrella (...) sin miedo de ser feliz ", el de su primera campaña en 1989 y el mismo con el cual descendió la rampa del Planato el 1 de enero de 2010, al concluir su segundo mandato con el 80 por ciento de aprobación.

"Ustedes vieron que en Argentina el compañero Alberto Fernandez y Cristina (Fernández) le dieron una paliza a Macri", subrayó desde lo alto de uno camión similar a los utilizados en los desfiles carnavalescos donde fue montado el palco. Allí estaban Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en 2018, y sus compañeros Gleisi Hoffmann y Paulo Pimenta. Estaban dirigentes de la Central Unica de los Trabajadores, del Partido Socialismo y Libertad, y el Partido Comunista de Brasil, representantes de fuerzas que pueden ser el embrión de una coalición opositora al régimen de Jair Bolsonaro. Flameaban banderas rojas del PT y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y se vieron varios gremialistas con las remeras color naranja de la Federación Unica de trabajadores Petroleros.

La victoria del Frente de Todos en Argentina concentra la atención de Lula, que hace cuatro meses recibió la visita de Fernández en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Desde esa misma celda en el reclusorio policial saludó el triunfo peronista el 27 de octubre. Y el viernes, pocas horas después de recuperar la libertad autorizada por la Corte, envió un mensaje al mandatario electo que ayer se reunió con Dilma Rousseff en el marco de la cumbre del Grupo de Puebla. Gestos para recrear una integración regional demolida por los gobiernos conservadores. Lula dialogó con políticos y sindicalistas por cerca de una hora en el segundo piso del Sindicato, antes de bajar para hablar ante el público. Un fuerte esquema de seguridad fue montado en torno al predio. Esto porque el PT determinó un nuevo dispositivo debido a las fundadas sospechas de eventuales actos de violencia incentivados o consentidos desde el bolsonarismo.

Dos fuentes que estuvieron en el segundo piso del gremio metalúrigo, aunque no participaron en la reunión reservada con Lula, dijeron a este diario que hay "bastante interés" en viajar a Buenos Aires para la toma de posesión del 10 de diciembre. Pero temen alguna maniobra por parte de funcionarios ligados al ministro de justicia Sergio Moro, el ex juez de Lava Jato, para impedir ese viaje.

De saco y remera negros, Lula se mostraba de buen talante luego de 580 días encerrado en una "solitaria" del cuarto piso la Superintendencia en Curitiba. Dijo sentirse como un "león" para luchar "cada día" contra Bolsonaro y el programa del ministro de Economía Paulo Guedes, un "Chicago boy" que trabajó con la dictadura de Pinochet cuyo sistema de previdencia privada pretende aplicar en Brasil. En realidad es Bolsonaro quien comenzó a aplicar un modelo neoliberal extremo en harmonía con un estado policial-militar en el que se elimina casi por completo la legislación laboral y se agrava la represión política.

Al promediar su interención Lula presentó a su novia, la socióloga Rosangela Silva, de anteojos y sonrisa clara. con la que espera casarse luego de encontrar un lugar donde vivir en San Pablo. La gente aprobó el romance y futuro casamiento pidiendo a coro "que se besen" los novios.

El sindicato de los metalúrgicos, donde Lula construyó su carrera gremial, fue donde el político se entregó a la policía el 7 de abril de año pasado antes de ser trasladado a Curitiba en un operativo que incluyó helicópteros y aviones para agregar más espectularidad a la cobertura en tiempo real de los medios. "Espero que ahora la Globo filme y saque fotos" del acto desde el helicóptero que sobrevuela el acto, provocó ayer Lula, mirando hacia lo alto y recibiendo la aprobación de sus seguidores. A diferencia de abril de 2018, cuando se vivió una clima de angustia ante el arresto, ayer se observaba un espírituo festivo y la determinación de presentarle batalla a Bolsonaro. Y según observadores confiables, este 9 de noviembre hubo más gente que aquel sábado frío de abril del año pasado.

El fundador y jefe del PT trazó un paralelo entre el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y la crisis actual en Bolivia. "Evo Morales ganó las elecciones, él hizo el mejor gobierno desde que Bolivia fue creada, pero la derecha, al igual que sucedió acá con Ddilma, no quiere aceptar el resultado, tenemos que ser solidarios con Bolivia, con el pueblo de Argentina, con el pueblo uruguayo para que Daniel Martínez (Frente Amplio) gane las elecciones (en segunda vuelta)". "Estamos viendo lo que ocurre en Chile, ése es el modelo que Paulo Guedes quiere construir acá, es por eso que el pueblo está en la calle (...) tenemos que ser solidarios con el pueblo de Venezuela, es normal tener críticas sobre cualquier gobierno del mundo pero los problemas de cada país es su propio pueblo el que los debe resolver". 

Luego de repasar brevemente la situación en Caracas, empalmó una crítica a la injerencia norteamericana contra el gobierno de Nicolás Maduro (a quien no citó explíticamente)."Que Trump resuelva el problema de los norteamericanos y no hinche las bolas (sic) de los latinoamericanos, él no fue elegido para ser el sherif del mundo". "Ellos están construyendo un muro para no dejar que los pobres entren a Estados Unidos, nosotros no podemos ni debemos aceptar esto".El discurso de ayer fue más medular que el del viernes en las puertas del presidio cuando agradeció la lealtad de los militantes del MST y el PT que durante más de un año y medio hicieron una "vigilia" por su liberación.

Este sábado ofreció algunas pistas de lo que será su programa de acción del cual hablará con más detalle en un "pronunciamiento" que puede dar a conocer en las próximas semanas.Por lo pronto no quedaron dudas de que asumirá la vanguardia de la pelea contra el gobierno. Hizo mención a que el actual ocupante del Palacio del Planalto venció el balotaje del 28 de octubre de 2018 porque el entonces juez Sergio Moro lo sentenció con el fin de impedirle ser candidato. En uno de los tramos más firmes del discurso vinculó sin rodeos a Bolsonaro con las "milicias" paramilitares y no descartó alguna complicidad del capitán retirado con el asesinato de la activista Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio de Janeiro. "No hay que tenerle miedo a los milicianos (...) vamos a hacer mucha lucha, todos los días (...) este joven de energía de treinta y experiencia de setenta estará en la calle con ustedes". Lula demostró esar dispuesto a dar batalla en un escenario de guerra política al decir: "tenemos que seguir el ejemplo del pueblo de Chile, tenemos que resistir, tenemos que atacar y no solo defendernos".

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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Encuestas electorales, espectáculo político y distorsiones de la democracia

Las encuestas electorales son guías determinantes en un contexto caracterizado por el exceso de información. Pero distorsionan el proceso democrático, porque restringen el debate y la formación ciudadana, y le imprimen una tendencia conservadora que dificulta el tratamiento de problemas sociales fundamentales.

 

Las encuestas no siempre acompañaron los procesos electorales. De hecho, la normalidad con que hoy se realizan y publican sorprendería a los fundadores de los regímenes representativos. Por ejemplo, el jacobinismo revolucionario, en su afán por salvaguardar la concepción monista de la soberanía, que en su perspectiva residía en el pueblo soberano o la nación, mostró especial preocupación por prevenir cualquier información de un grupo particular que pudiera revelar, reivindicar para sí o manipular la voluntad general. El auge de las encuestas electorales se retrotrae a los años setenta del siglo XX, en un contexto en que convergen dos grandes procesos.

Primero, el crecimiento de la industria del mercadeo, en la transición del fordismo –que privilegiaba la oferta y concebía el salario como anticipación para la realización de las mercancías– hacia el postfordismo –volcado a garantizar la demanda y, por lo tanto, en busca de mecanismos que permitieran un intercambio más fluido entre la fábrica y el mercado.

Segundo, la crisis de los dispositivos que durante la mayor parte de su historia permitieron a los regímenes democráticos hacer efectiva la representación política: partidos políticos y sindicatos, principalmente. Con anterioridad, los partidos tendían a corresponder con los clivajes (de clase, regionales, ideológicos) de una sociedad. La crisis de representación radica en cierto modo en la desaparición de esa correspondencia y el ascenso de fenómenos como la personalización de la política, en los que las encuestas juegan un papel clave. En este contexto, los políticos profesionales alcanzan el poder ante todo gracias a sus capacidades mediáticas, no por ser de extracción social similar a la del electorado o por representar una ideología determinada.

Además, la política actual se caracteriza por un fenómeno de opacidad por exceso de luz que pone a las encuestas en primer plano. Durante mucho tiempo la democracia estuvo asociada a la idea de publicidad, como aquello que es transparente y está a la vista de todos formando un espacio de referencias comunes. Hoy en día existe un exceso de transparencia que no redunda en mayor publicidad, puesto que aunque se ha ampliado el rango de dominios de la vida social e individual a la vista de todos, no necesariamente coadyuvan a la formación de ese mundo en común. Frecuentemente, como resultado del predominio de información socialmente irrelevante pero políticamente determinante, como pueden ser ciertos datos sobre la vida íntima de los personajes públicos, se hace casi imposible el avistamiento de aquello que la reivindicación de transparencia trataba de hacer visible: todo lo atinente a los negocios públicos y la vida en común materia del gobierno y el Estado.

En otras palabras, así como la total ausencia de luz impide ver, demasiada luz también imposibilita el funcionamiento del ojo. Los ciudadanos son constantemente bombardeados por todo tipo de informaciones, cuya cantidad, velocidad y vida efímera hacen casi imposible su procesamiento, con lo cual incluso los criterios de ordenamiento de los datos, la relevancia o la urgencia, por ejemplo, entran en crisis. Por esa razón, las encuestas electorales se han convertido en un insumo determinante para la orientación política. Investidas con la legitimidad que provee el conocimiento científico especializado, son un factor nodal para dotar de sentido la realidad individual y colectiva.

Quizás el principal argumento a su favor es que confieren a una elección mayor legitimidad, puesto que funcionan como un tamiz que permite agregar los intereses mayoritarios en un número reducido de alternativas en contienda. Sin embargo, desde que se originó el gobierno representativo hubo mecanismos de “perfeccionamiento” del procedimiento electoral, como la segunda vuelta, que no presentan las desventajas de las encuestas. Aún suponiendo que siempre se realizan con rigor estadístico y sin la mediación de intereses partidarios, económicos y de otro orden, lo que ya es mucho suponer, las encuestas distorsionan el proceso electoral, restringiendo el debate y convirtiéndolo en un espectáculo de masas más que en un espacio para la construcción de ciudadanía.
La supresión del debate

Las encuestas son la máxima expresión del modelo de democracia como mercado electoral, construido sobre las ruinas de la figura del ágora griega que, incluso con la mediación representativa, estuvo en la base de los razonamientos fundantes de los regímenes republicanos modernos.

Al igual que el mercadeo de cualquier producto, las encuestas electorales tienen por objeto no solamente revelar sino fundamentalmente formar las preferencias de los “consumidores”, en este caso ciudadanos electores, y orientar lo que se percibe como una “competencia” entre quienes ofrecen sus mercancías. La representación del electorado que proveen tiene una eficacia performativa, puesto que influyen decisivamente sobre la acción de todos los actores comprometidos, electores y potenciales elegidos. De esa manera, las encuestas trastornan por completo el sentido del mecanismo electoral.

En primer lugar, los sondeos no están orientados a la elección de lo mejor, de esa aristocracia del conocimiento por la que apostaban los federalistas norteamericanos a fines del siglo XVIII, sino de quien mejor comportamiento exhibe durante la campaña, representado en porcentajes de opinión favorable o potenciales votantes. Por lo tanto, la representación ideal de las campañas, vistas como debates públicos sobre problemas socialmente relevantes y sus soluciones, ha cedido ante la metáfora de una carrera, que tiene a las encuestas como el principal indicador de éxito.

En efecto, gracias a los sondeos, durante el proceso se van “eliminando” propuestas y candidatos, no de acuerdo a la solidez de sus argumentos o la factibilidad de sus propuestas, sino a su registro en las encuestas, que cada cierto tiempo permiten saber “quién va ganando”. Como consecuencia, la elección final, por el efecto que las mismas encuestas tienen en el proceso, no es entre las mejores opciones sino a lo sumo entre las más populares.

En segundo lugar, las encuestas restringen el debate electoral, no solo porque “eliminan” opciones de elección con arreglo a criterios ajenos a la ponderación y crítica pública de sus argumentos y propuestas, sino también porque no aportan información relevante sobre los problemas sociales, puesto que solo informan a la ciudadanía sobre la favorabilidad de los candidatos o de sus propuestas.

Esto las distingue de las adhesiones, uno de sus antecedentes históricos consistente en la publicación de listados de firmas de notables a favor de un candidato y las razones de su respaldo. Las adhesiones hacen parte del posicionamiento en medio de un debate político, mientras las encuestas pretenden medir la favorabilidad de las opciones en competencia sin que necesariamente se aporten insumos para ese debate.

 

El espectáculo de masas

 

Debido a las restricciones que implanta sobre el debate público, la preponderancia de los sondeos ha restado a los procesos electorales la posibilidad de constituirse en foros para la educación y cualificación política de la ciudadanía. Esto implica una renuncia al ideal ilustrado del progreso y la perfectibilidad humana cimentado en la educación y, por consiguiente, la mejora de los seres humanos mediante la práctica de la democracia.

Lo determinante en la “competencia” no son los argumentos ni las propuestas sino el posicionamiento en las encuestas y, más que proyectos políticos, lo que se elige son personas. En consecuencia, el proceso electoral tiende a convertirse en un espectáculo en donde todo vale y en el cual los insumos para descalificar un participante comprenden cualquier información que pueda escandalizar y lo anule como adversario legítimo. Lo que debería ser un debate sobre problemas socialmente relevantes, termina convertido en un corrillo sobre toda clase de aspectos de la vida de los candidatos que los puedan proyectar en términos de favorabilidad o, al contrario, que los confine en el espacio de la incorrección política.

Por eso, las campañas se desenvuelven en medio de señalamientos personales, falacias ad hominem, y acusaciones sobre conductas marginales o socialmente consideradas como inadmisibles. El formato de reality show, usado con mucha frecuencia para parodiar el proceso electoral, parece ahora una ajustada representación del mismo. La eficacia de una campaña se define en proporción al éxito que consiga en la inducción de comportamientos de masa en los ciudadanos electores, más que por el convencimiento a partir de procesos dialécticos o pedagógicos.

De acuerdo con la clásica concepción de Gustave Le Bon, en la masa los individuos tienden a despojarse de su capacidad de raciocinio y ceder ante la manipulación, la sugestión e incluso el “contagio”. En efecto, la posición política que orienta la elección, mediada por el indicador de la encuesta, no proviene fundamentalmente de un razonamiento individual sobre propuestas y argumentos, como se esperaría según el ideal ilustrado de ciudadanía, sino de la toma de partido por alguna de las opciones que encabezan la “competencia”. Las preferencias iniciales, quizás fundadas en dicho razonamiento, ceden al final ante los insumos recibidos durante la campaña pero principalmente a los resultados de las encuestas. De ahí la predominancia en las fases finales del llamado “voto útil”, a favor o en contra, la más grande perversión del proceso electoral.

 

Una distorsión funcional

 

Las encuestas electorales presentan más aspectos disfuncionales para el funcionamiento de la democracia y refuerzan la tendencia conservadora del modelo mercantil, incluso obviando la economía política del problema en escenarios concretos, es decir, las relaciones de poder y los intereses que medran tras su realización y sus resultados, y asumiendo que siempre se siguen procedimientos estadísticos rigurosos.

Quienes realizan las encuestas son empresas privadas, presumiblemente con un conocimiento técnico idóneo. Los costos de su realización introducen una desigualdad de partida entre los competidores, en el caso de sondeos por encargo de candidatos determinados o partidos. Sus resultados, como cualquier otro dato, tienen interpretaciones pero, en este caso, hay unos intérpretes calificados que generalmente son los mismos técnicos que las diseñan. Tanto las firmas encuestadoras como los intérpretes, sin embargo, no tienen una responsabilidad política respecto de la ciudadanía. Puesto que pertenecen al sector privado y ofrecen una mercancía, los criterios éticos en los que se desenvuelven corresponden al de una industria, no al de actores que intervienen activa y determinantemente en la orientación de las preferencias electorales. En fin, la disposición de esta información, por transparente y neutral que sea, puede incluso ser útil para legitimar el fraude a distintos niveles. Por ejemplo, en contextos de alta corrupción es usada como un indicador esencial para determinar los capitales a invertir y la cantidad de votos a comprar y vender.

Por otro lado, las encuestas y la forma como perfilan el proceso electoral imprimen a la democracia una tendencia conservadora. En la lógica de las encuestas, el objetivo es formar una mayoría antes del escrutinio final, lo que no necesariamente implica persuadir o convencer una mayoría, pues aparecer a la cabeza del sondeo es en sí mismo un dato fundamental para obtener votos. Por lo tanto, crea incentivos a los candidatos en contienda para dejar de lado las propuestas de transformación social radical, las que van a las “raíces” de los problemas socialmente relevantes, porque este tipo de propuestas necesariamente afectan determinados sectores de la sociedad. En su lugar, se prefieren propuestas indeterminadas, indefinidas o nebulosas que no afecten de modo sustancial a ningún sector, o al menos a ningún sector con el poder suficiente para oponerse.

Ese modelo del votante medio tiene su correlato en el hecho de que el proceso electoral así definido termina por privilegiar el corto plazo. En aras de la eficacia de las campañas para ascender en las encuestas, no solamente se excluyen las propuestas de cambio social sustancial, sino que se privilegian problemas de relevancia inmediata, de urgencia, porque son los que más fácilmente pueden impactar en las encuestas. El objetivo de las campañas, más que proponer, será capturar la tendencia ganadora, esto es, la que se refleje mejor en, o sintonice mejor con, los resultados de los sondeos.

Una consecuencia adicional de este mismo problema es la ampliación de la brecha entre representante y representado, que es inmanente a la democracia. La representación política se basa en un mandato libre, de tal manera que los electores no pueden confinar la voluntad de sus representantes, pero siempre hubo unos mecanismos para premiar o castigar su responsabilidad, por ejemplo se podría castigar al partido por el desempeño de sus miembros individuales en determinados cargos. Ahora bien, en un contexto en donde no se eligen proyectos de largo plazo sino personas, con propuestas no referidas a problemas socialmente relevantes, etéreas e imprecisas para no afectar un sector en concreto o enfocadas en tendencias de opinión efímeras, esa responsabilidad tiende a difuminarse.

 

Un mal innecesario

 

Como se ha visto, los aportes de las encuestas electorales al proceso de elección y a la democracia en general son bastante pobres. Su existencia se justifica por los intereses, económicos y políticos creados a su alrededor. Las regulaciones legales actuales muy rara vez tienen en cuenta los efectos aquí discutidos y se limitan a determinar formas y tiempos en los que se pueden realizar y publicar los sondeos, sin reparar en lo determinantes que son para el proceso en su totalidad. No obstante, la pregunta sobre el qué hacer con las encuestas electorales debería enmarcarse en una discusión más profunda sobre la reforma de las instituciones políticas en su conjunto.

En efecto, las instituciones políticas dominantes son anacrónicas respecto a las lógicas, el funcionamiento y los tiempos que caracterizan el mundo contemporáneo. Fueron diseñadas en correspondencia con las sociedades occidentales de finales del siglo XVIII, ajenas a las experiencias de aceleración temporal y compresión espacial que comportan tecnologías como los ferrocarriles y, aún más, las actuales tecnologías de transporte y comunicación.

Esta asincronía entre instituciones políticas y mundo social produce tensiones que afectan los principios éticos y políticos que aquellas se propusieron operacionalizar. Las encuestas, en particular, deben ser evaluadas en función del ideal de debate público en una democracia, el tipo de ser humano y de ciudadano que se quiere formar y, sobre todo, la capacidad de las instituciones democráticas para responder a problemas neurales del mundo contemporáneo cuyos tiempos son perentorios como, por mencionar el ejemplo más dramático, la crisis ambiental global.

Publicado enEdición Nº262
Lunes, 21 Octubre 2019 16:39

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Lunes, 21 Octubre 2019 16:12

Washington contra Pekín

Adriana Gómez, Éste o éste, de la serie “Preguntas”, técnica mixta/lienzo, 30 x 30 cm, 2008  http://www.adrianagomez.net/site/

Parece que Estados Unidos considera ya que no puede hacerles frente a China y a Rusia al mismo tiempo. En las próximas décadas, su principal rival geopolítico será Pekín. En este punto, existe un consenso incluso entre la administración republicana de Donald Trump y los demócratas, fuerzas enfrentadas, sin embargo, en las elecciones presidenciales del próximo año. De este modo, en su condición de principal adversario de Washington, China es la sucesora del “Imperio del mal” y del “terrorismo islámico”. Pero, a diferencia de la Unión Soviética, China posee una economía dinámica, con la que Estados Unidos registra un enorme déficit comercial. Y un poder mucho más impresionante que el de las decenas de miles de combatientes fundamentalistas que deambulan entre los desiertos de la antigua Mesopotamia y las montañas de Afganistán.


Barack Obama ya había emprendido un “giro” de la diplomacia estadounidense hacia Asia y el Pacífico. Como es habitual, su sucesor formula esta nueva estrategia con menos elegancia y sutileza (Golub, página 18). Dado que, en su modo de pensar, la cooperación es siempre una trampa, un juego de suma cero, el auge económico del rival asiático amenaza automáticamente el desarrollo de Estados Unidos. Y viceversa: “Estamos ganándole a China –presumió Trump en agosto pasado–. Acaban de pasar su peor año en medio siglo, y es por mi culpa. No estoy orgulloso de eso”.


Eso de “no estar orgulloso” no parece propio de él… Hace poco más de un año, había autorizado la transmisión en directo de una reunión de gabinete. Y allí pasó de todo: uno de sus secretarios celebró la desaceleración del crecimiento en China; otro atribuyó la epidemia de opioides en Estados Unidos a las exportaciones chinas de fentanilo; un tercero afirmó que las dificultades de los agricultores estadounidenses eran consecuencia de las medidas de represalia comercial de China. Sólo faltaba que Trump relacionara la terquedad nuclear norcoreana con la indulgencia que Pekín mostraba hacia su aliado. Para Washington, vender un poco más de maíz o de electrónica a China no será suficiente. Tiene que apartar al rival, cuyo PIB se multiplicó por nueve en diecisiete años, debilitarlo, impedirle extender su influencia y, sobre todo, convertirse en el equivalente estratégico de Estados Unidos. No se le perdonará ningún golpe a este país cuya prosperidad deslumbrante no culminó en americanización, ni mostró docilidad alguna.


El 4 de octubre de 2018, el vicepresidente estadounidense Mike Pence ya denunciaba en un discurso de una extrema violencia un “sistema orwelliano”, “autoridades que destruyen crucifijos, queman biblias y encarcelan a los creyentes”, y la “coerción de empresas, estudios de cine, universidades, think tanks, investigadores, periodistas estadounidenses”. Incluso detectaba “intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2020”. Después del “Rusiagate”, ¿habrá acaso un “Chinagate” que, esta vez, tendría como objetivo la derrota de Trump? Estados Unidos es sin duda un país muy frágil…

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Magalí del Hoyo

Sábado, 19 Octubre 2019 11:05

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Publicado enColombia
Jueves, 17 Octubre 2019 08:18

Washington contra Pekín

Adriana Gómez, Éste o éste, de la serie “Preguntas”, técnica mixta/lienzo, 30 x 30 cm, 2008  http://www.adrianagomez.net/site/

Parece que Estados Unidos considera ya que no puede hacerles frente a China y a Rusia al mismo tiempo. En las próximas décadas, su principal rival geopolítico será Pekín. En este punto, existe un consenso incluso entre la administración republicana de Donald Trump y los demócratas, fuerzas enfrentadas, sin embargo, en las elecciones presidenciales del próximo año. De este modo, en su condición de principal adversario de Washington, China es la sucesora del “Imperio del mal” y del “terrorismo islámico”. Pero, a diferencia de la Unión Soviética, China posee una economía dinámica, con la que Estados Unidos registra un enorme déficit comercial. Y un poder mucho más impresionante que el de las decenas de miles de combatientes fundamentalistas que deambulan entre los desiertos de la antigua Mesopotamia y las montañas de Afganistán.


Barack Obama ya había emprendido un “giro” de la diplomacia estadounidense hacia Asia y el Pacífico. Como es habitual, su sucesor formula esta nueva estrategia con menos elegancia y sutileza (Golub, página 18). Dado que, en su modo de pensar, la cooperación es siempre una trampa, un juego de suma cero, el auge económico del rival asiático amenaza automáticamente el desarrollo de Estados Unidos. Y viceversa: “Estamos ganándole a China –presumió Trump en agosto pasado–. Acaban de pasar su peor año en medio siglo, y es por mi culpa. No estoy orgulloso de eso”.


Eso de “no estar orgulloso” no parece propio de él… Hace poco más de un año, había autorizado la transmisión en directo de una reunión de gabinete. Y allí pasó de todo: uno de sus secretarios celebró la desaceleración del crecimiento en China; otro atribuyó la epidemia de opioides en Estados Unidos a las exportaciones chinas de fentanilo; un tercero afirmó que las dificultades de los agricultores estadounidenses eran consecuencia de las medidas de represalia comercial de China. Sólo faltaba que Trump relacionara la terquedad nuclear norcoreana con la indulgencia que Pekín mostraba hacia su aliado. Para Washington, vender un poco más de maíz o de electrónica a China no será suficiente. Tiene que apartar al rival, cuyo PIB se multiplicó por nueve en diecisiete años, debilitarlo, impedirle extender su influencia y, sobre todo, convertirse en el equivalente estratégico de Estados Unidos. No se le perdonará ningún golpe a este país cuya prosperidad deslumbrante no culminó en americanización, ni mostró docilidad alguna.


El 4 de octubre de 2018, el vicepresidente estadounidense Mike Pence ya denunciaba en un discurso de una extrema violencia un “sistema orwelliano”, “autoridades que destruyen crucifijos, queman biblias y encarcelan a los creyentes”, y la “coerción de empresas, estudios de cine, universidades, think tanks, investigadores, periodistas estadounidenses”. Incluso detectaba “intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2020”. Después del “Rusiagate”, ¿habrá acaso un “Chinagate” que, esta vez, tendría como objetivo la derrota de Trump? Estados Unidos es sin duda un país muy frágil…

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Magalí del Hoyo

Publicado enInternacional
Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
Sábado, 12 Octubre 2019 15:11

Crisis Ecuador

Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
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