El proceso de paz, algunos de sus problemas jurídicos y políticos, vistos desde la óptica de un miembro de la sociedad civil.
El denominado proceso de "paz" en curso en La Habana o, mejor, de terminación de un conflicto armado con un grupo alzado en armas, se encuentra dentro de un contexto de verdades a medias y de mentiras completas o totales, que es necesario develar.

 

 

 Mentiras a medias, completas o totales

 

La primera, completa, es el falso dilema al que quieren someter a los miembros de la sociedad civil las fuerzas políticas en lucha por el poder, o los propios actores armados: o se acepta todo lo que decidan los actores armados que están negociando o se es "enemigo de la paz"; cuando se puede ser amigo de la paz y pese a ello no aceptar todo lo que están negociando en La Habana.


La segunda, total, es que la sociedad civil y sus integrantes, para ser amigos de la paz tienen que aceptar el punto de vista de los actores armados que negocian; si adoptan otro punto de vista, comenzando por el de la propia sociedad civil, se convierten automáticamente en enemigos de la paz; cuando puede adoptarse el punto de vista de la sociedad civil, tomar conciencia del proceso de paz (empoderarse del mismo) y desde esa óptica ser amigos del proceso de La Habana y profundizarlo hacia una paz con justicia social.


A medias, es la verdad que los colombianos seamos violentos y una mentira total que todos lo hayamos sido, pues la mayoría de ellos, miembros de la sociedad civil, han sido pacíficos, no son responsables de la violencia, de la guerra interna, sí la han sufrido como víctimas, pero no han sido victimarios. No es entonces cierto que todos los connacionales sean responsables de la guerra, que todos han sido victimarios; la realidad es muy distinta, la mayoría han sido pacíficos, objetos de la violencia y no sujetos de ella; que una minoría ha sido la violenta y que dentro de esa minoría la mayoría de los violentos han sido del Estado o patrocinados por éste.


Esta es la realidad. Sin embargo, los miembros de la sociedad civil no olvidan que quienes negocian el proceso de paz no son las víctimas sino los victimarios y, lógicamente, los victimarios de uno y otro lado tratan de obtener provecho, en algunos casos de un grupo sobre otro, y en otros casos para ambos grupos a costa de la sociedad civil y de las víctimas. El ejemplo más claro, de beneficio mutuo, es el de la responsabilidad penal, donde los actores armados han pactado una transición hacia la impunidad, total o parcial, auto absolviéndose y, de paso, desconociendo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.


Verdad a medias también es aquella que afirma que este proceso es bueno para el Gobierno y para la Farc, y por lo tanto necesariamente bueno para la sociedad civil. Lo cual es relativo: algunas pocas cosas sí y otras muchas no, pues la sociedad civil sabe que no existe un verdadero derecho a la paz si además de eso no se realizan acciones positivas alrededor de los otros Derechos del Hombre: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Eso es muy importante, porque el proceso de paz que la sociedad civil quiere es uno con justicia social y cuando decimos justicia social decimos que haya más derechos. Nada ganamos con tener un proceso de paz donde al final los únicos que obtienen beneficios con tal bandera son los dos actores armados.


Por ejemplo, el Presidente ya obtuvo uno, se reeligió, y en el futuro puede obtener otros, como convertirse, bajo el pretexto de la paz en un dictador constitucionalizado, lo que logra al constitucionalizar su dictadura, al actuar como verdadero constituyente y legislador sobre todos los temas.


Las Farc también pueden obtener beneficios: de un lado, no responden por los delitos por los que ya están condenados y, por el otro, sus dirigentes pueden terminar en el Congreso, o de únicos consocios del Presidente en el ejercicio del poder constituyente o legislativo, y legitimando la exclusión de la sociedad civil y de las organizaciones sociales del ejercicio del poder constituyente o del legislativo. El resto, la sociedad civil, no obtiene ningún beneficio. No obtiene más derechos; y ni siquiera se discuten.


Veamos. En La Habana no se discute el derecho al trabajo; no está el tema del empleo, ni el derecho a la salud, o el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna; la igualdad en todas sus manifestaciones (género, razas, religiosa, etcétera); ¿dónde están los derechos de los afrodescendientes y de los indígenas? ¿Las reformas urbanas, agraria y financiera? ¡Los cincuenta derechos, que faltan! Los que ninguna de las partes que negocian se atreven siquiera a mencionar: la redistribución de la riqueza (que no es marxista y ni siquiera socialdemócrata, sino liberal intervencionista). Si allá sólo discuten cinco derechos nosotros no podemos dar un cheque en blanco sobre esos cinco derechos y sobre los cuarenta y cinco más que faltan. Porque más allá de cualquier denominación, de cualquier ismo (liberalismo, socialismo, marxismo), la pregunta fundamental es: En la propuesta política, económica y social que defiendes, ¿la amplia mayoría de la población disfruta de más derechos? ¿Tiene más salud, más educación y más vivienda? Si eso es así, pues no importa el nombre, el ismo (socialismo, liberalismo, etcétera) que usted se coloque, lo que importa es que el pueblo disfrute y ejerza esos derechos. Si los tiene tendremos un buen gobierno y si no los tiene tendremos uno pésimo, así se ponga el mejor nombre o el más revolucionario.


La tercera mentira, completa, es que el Gobierno y las Farc nos van a regalar el derecho a la paz. Lo primero que debemos recordar es que en nuestro sistema jurídico el derecho a la paz está consagrado en el artículo 22 de la Constitución y lo tiene ya la sociedad civil, en su conjunto, como también cada uno de los individuos que la integran y que en consecuencia ninguna de las dos partes nos van a regalar este derecho

Que como sociedad civil, los negociadores de La Habana nos hayan violado el derecho a la paz, que es un derecho fundamental, quiere decir que ahora, quienes nos lo violaron, ¿nos están haciendo una gracia, una merced o nos están concediendo un privilegio al cesar en su violencia sobre la sociedad civil? Error. No hay duda que en el sistema jurídico colombiano los titulares del derecho a la paz son los individuos, para ejercerlo frente al gobierno (Estado), en primer lugar, y frente a cualquier otro sujeto que pueda violarlo, público o privado, que son de aplicación inmediata y son obligatorios para todos los funcionarios del Estado y para los particulares. En Colombia la paz, como derecho fundamental, es irrenunciable.


Como la paz tiene una doble dimensión negativa: 1. La falta de violencia física y 2. La ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y una dimensión positiva, pues es considerada no sólo como la ausencia de violencia sino además como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas pueblos y Estados, y modernamente se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y de solidaridad. Como en las negociaciones aquí consideradas falta la parte 2 de la dimensión negativa y toda la dimensión positiva del derecho a la paz, puede concluirse que lo que se negocia es la cesación parcial de un conflicto armado y no la paz.

 

 

Acuerdos especiales y estatuto jurídico del Gobierno y la guerrilla

 

Desbrozado el camino de algunas verdades a medias y de mentiras completas o totales, podemos, mirar si los acuerdos especiales "blindan o no el proceso de Paz". Lo primero es ver qué son y si tienen el mismo rango o jerarquía de un tratado internacional.


El art. 3 común de los 4 convenios de Ginebra de 1949, en su parte pertinente dice: "Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto".


El art. Común, establece que existe un mínimo de reglas para la guerra civil no declarada vivida en Colombia, así nuestro conflicto armado no tenga carácter internacional. La historia de este artículo común y del protocolo adicional II, que lo desarrolla, nos permite hacer una recta interpretación del mismo. En el art. 3 de los Convenios de Ginebra del año 1949, se buscó dar un mínimo de protección humanitaria a las situaciones que poseían todas las características de una guerra, sin ser una guerra internacional, especialmente a la guerra civil; pues se encuentra dentro de los límites de un solo país. Su objetivo es proporcionar un mínimo de protección a las víctimas. Como desde el punto de vista de éstas la distinción entre el conflicto armado interno e internacional es artificial, ya que la violación a sus derechos es idéntica en una u otra guerra, los principios humanitarios deben aplicarse con independencia de la identidad de los combatientes. El segundo elemento es que los Estados tienen soberanía dentro de sus fronteras. En la década de los años 70 estos nuevos elementos se tradujeron en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra. El Protocolo II constituye el primer instrumento jurídico relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales; de las guerras civiles.


El art. 3 común, como se dijera en los debates, parece una "Convención en miniatura". Es el único artículo aplicable a las guerras civiles, automáticamente, sin necesidad de voluntad o acuerdo entre las partes en conflicto, por mandato del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto no es obstáculo para que las partes en conflicto, mediante acuerdos especiales, pongan en vigor todo un Convenio de los 4 de Ginebra, o dos de ellos, o tres, o los 4 Convenios; o solo parte de éstos. Legalmente las partes combatientes sólo están obligadas a observar el artículo 3, y pueden hacer caso omiso de todo los demás. Pero es evidente que cada una de ellas tiene la plena libertad para declarar su intención de aplicar todas o parte de las demás disposiciones. Los Convenios Especiales son un mecanismo práctico de eficacia normativa: ¿en vez de que las partes negocien durante largo tiempo acuerdos particulares, es más práctico recurrir al Convenio tal como es, o mejor a parte de sus normas? Como puede observarse la materia de estos acuerdos especiales está referida a los 4 Convenios ya existentes y no a temas o materias que no tienen nada que ver con los mismos; por ello están limitados a esas materias. En términos de los abogados, su ámbito material de aplicación son las materias de los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y, a contrario sensu, no tienen por objeto otras materias. La delimitación del ámbito material del art. 3 común no le quita su importancia histórica, sobre todo para la sociedad civil, ya que garantizó, al menos, la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales por los pueblos civilizados; también porque es aplicable automáticamente, sin condición de reciprocidad.


La obligación del Estado colombiano no plantea problemas. La simple legalidad del Gobierno implicado en un conflicto interno lo obliga, en cuanto Parte contratante en el Convenio. En cambio, ¿de dónde surge la obligación de la guerrilla? Si ésta aplica el artículo 3, y respeta la sociedad civil habrá menos víctimas del conflicto. Si deja de aplicarlo dará la razón a quienes consideran su actuar como terrorismo, delincuencia común, bandidaje o anarquía.

 

 

No alteración del Estatuto Jurídico de las partes en conflicto

 

El artículo 3 deja claramente establecido que su aplicación es exclusivamente humanitaria y no constituye para los gobiernos reconocimiento de poder alguno a la guerrilla, y no limita su derecho a reprimir a los rebeldes incluso con las armas; ni a perseguirlos judicialmente por sus delitos, de conformidad con la ley del Estado. Para la guerrilla, dejando de lado los efectos políticos de respaldo de la población civil, por haberle respetado sus derechos durante el conflicto, el hecho de aplicar este artículo no le confiere derecho a una inmunidad ni a una protección especial (1).

 

 

Alternativas

 

Distinto a lo escuchado hasta ahora, por boca de funcionarios (exfiscal) o participantes en el debate, es necesario mirar otras opciones: la primera de estas sería que el Estado colombiano reconociera directamente a los grupos guerrilleros la calidad de beligerantes. Esta calidad sí los convertiría en sujetos del derecho internacional, con algunos derechos y obligaciones, respecto del Derecho de la Guerra (que no en lo mismo que el DIH, aunque modernamente tienden a asimilarse y a tener reglas comunes). Entre dos sujetos del derecho internacional, por un lado el Estado, y por otro la guerrilla como fuerza beligerante, sí podría celebrarse un acto de derecho internacional; sin olvidar, que en nuestro derecho constitucional los actos de derecho internacional, por regla general, requieren de ley aprobatoria del Congreso, de control previo de constitucionalidad y del canje de notas de ratificación.

 

 

¿Blindando la dictadura civil de Santos?

 

Los recientes pactos de La Habana no blindan los acuerdos sino la dictadura civil del Presidente. El depósito de un acuerdo especial, ante el gobierno suizo, dentro de los convenios de Ginebra, y mucho menos por fuera de ellos, lo convierte, por ese mero depósito, en un tratado internacional. Tampoco lo eleva a esa categoría la declaración unilateral del Presidente colombiano ante el Secretario General de la ONU, pues todo Tratado implica la existencia de dos o más partes o lados y lo unilateral es, por esencia la negación de otra parte. El objeto de esta declaración es pedirle al Secretario de la ONU que le dé la bienvenida al acuerdo final; pues bien, esta petición unilateral de un Estado, ni la bienvenida que este funcionario le brinde, lo eleva a Tratado internacional, ni lo hace obligatorio como Tratado internacional.

 

Tampoco sirve para convertirlo en Tratado o convenio internacional, la argucia jurídica de relacionarlo o anexarlo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, ya que como su nombre lo dice es una resolución y no un Tratado; porque además esa resolución se refiere es al acompañamiento que realiza la ONU, como una parte más, solo para verificar el cese bilateral del fuego y la entrega de las armas por parte de la guerrilla, sin que la ONU envíe tropas, ya que la resolución deja claro que su colaboración es sin fuerzas armadas. En el caso concreto, aunque se anexe a la resolución del Consejo de Seguridad, sigue siendo un simple anexo y la resolución se mantiene jurídicamente distinta a su anexo, en contenido y jerarquía normativa y ni la una ni el otro, separados, ni unidos, se convierten en Tratado internacional.


No pudiendo "blindar" el acuerdo como Tratado internacional, sin embargo sí logran "blindar una dictadura civil", la del Presidente de turno, y convierten la Constitución de Colombia en el disfraz de ella, como en su momento lo hizo Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet y Fujimori, etcétera, en una palabra los regímenes totalitarios o autoritarios; y lo hace de distintas maneras:

 

- Primero: Se arrogó el poder constituyente. Basta la voluntad del Presidente de la República para que su voluntad se convierta en norma constitucional, no existe ninguna materia ni tiempo que lo limite y, en consecuencia, puede convertir en norma constitucional todo lo divino y lo humano que se le ocurra, pues no tiene ni siquiera los límites que poseen las facultades extraordinarias en cuanto al tiempo y la materia; teóricamente podría establecer la pena de muerte para quienes se opongan a su paz o privarlos de su propiedad confiscándole sus bienes, enviarlos a la cárcel porque piensan distinto o fundar su propia monarquía, para "garantizar" que su paz se cumpla.
- Segundo: incluye un artículo transitorio que no define cuál es el plazo de su vigencia, de modo que lo transitorio puede terminar siendo permanente.
- Tercero: convierte la Constitución colombiana de rígida a super flexible. Las reformas constitucionales tenían mínimo 8 debates (a veces más cuando había que conciliar, llegando incluso a 10); ahora bastan 3, mientras las leyes por regla general tienen 4 debates, de modo que las leyes ordinarias son más difíciles de modificar ¡que la Constitución!
- Cuarto: Se utiliza una técnica jurídica absurda, ya que se incorpora a la Constitución mediante un artículo transitorio, mediante una remisión a un acuerdo que jurídicamente no existe y que por lo mismo no tiene delimitados ninguno de los 4 elementos o ámbitos de validez de la norma jurídica. Las normas jurídicas regulan la conducta humana, pero esta conducta no se produce en abstracto, sino que se realiza por una persona, en un lugar, en un tiempo, y respecto de una materia determinada. Se realiza una remisión al vacío, el que puede llenarse con cualquier contenido; bajo el pretexto de la paz, de un solo derecho, pueden violarse todos los otros derechos de los colombianos.
- Quinto: A pesar de lo que dicen los epígonos del régimen, sobre el momento en que entra a formar parte de la Constitución (bloque de constitucionalidad en sentido estricto) el acuerdo final, a la luz del texto, solo se necesitan 3 condiciones: que se apruebe el artículo transitorio; que se firme el acuerdo final y que éste entre en vigor. Para que entre en vigor solo requiere la voluntad de Santos y de Timochenco, pues les basta con decir que rige a partir de su celebración o, para guardar las formas, desde su publicación (la que pueden hacer el mismo día de la firma).
- Sexto: Si el procedimiento es amañado, lo es más la forma de decidir, que es doblemente amañada: primero, porque a pesar de que no es un Tratado, utiliza su técnica: aprobar o improbar, o sea que no es posible que el Congreso modifique ni una coma. Además, porque la votación, para improbar el texto exige una mayoría cualificada, sin especificar cuál mayoría: si la mitad + 1 de los miembros de la Corporación (52 en el caso del senado, de 102 miembros) o una mayoría cualificada superior de las 2/3 partes de los miembros (68 de 102, como en el caso de las amnistías o indultos: numeral 17 del art. 150 de nuestra Constitución Política). En el mismo ejemplo, del Senado bastaría que 35 senadores respaldaran el acuerdo, para que 67 no puedan impedirlo. ¡Las minorías pueden derrotar a las mayorías, lo que es absolutamente antidemocrático!
- Séptimo: Como el acuerdo es parámetro de interpretación, obliga también a la Corte Constitucional, lo que implica castrarle sus competencias, pues ahora ella solo puede aprobar o improbar el acuerdo y todo lo que Santos quiera como desarrollo del mismo: no podrá dictar sus sentencias interpretativas y puede necesitar una mayoría cualificada (2/3) para declarar su inconstitucionalidad. Como el control es único y automático, la Corte nunca podrá volver sobre sus errores; como todo control automático, que se lleva a cabo antes de que la norma se aplique, tiene el defecto de que la Corte no puede saber si la norma en realidad es buena o mala, pues nunca ha visto cómo funciona en la práctica (2).

 

Respuestas a interrogantes:

 

Con las premisas anteriores, podemos ya absolver algunos interrogantes:

 

- Primero: Como los acuerdos especiales no son tratados internacionales, no tienen las mismas garantías de estos, por este aspecto el blindaje no es de acero sino de cobre.
Al elevarlo a rango constitucional, tienen la misma garantía de otras normas de la Constitución y el tema se traslada a otro lugar: Dentro de las normas de la Constitución existen unas que son pétreas, inmodificables, y otras que sí pueden modificarse. ¿El acuerdo hace parte de las primeras o de las segundas?
- Segundo: El Gobierno, antes de la firma del acuerdo, ya estaba obligado por la totalidad de los 4 convenios de Ginebra y por el Protocolo II de 1997, de modo que su firma, ahora, ni agrega ni quita nada a sus obligaciones. La Farc, que no estaba obligada a ellos, ahora se obliga a lo que pacte; lo difícil es hacerles cumplir la obligación que ahora nacerá para ellas después de su firma.
- Tercero: Si bien el estatuto jurídico del Gobierno y de las Farc no se modifica con los acuerdos especiales, y menos con "acuerdos especiales" por fuera de los ámbitos de validez de los convenios de Ginebra o del Protocolo II de 1977, el Gobierno hubiera podido reconocer a la Farc como fuerza beligerante, para fortalecer su fuerza jurídica y no lo hizo.
- Cuarto: Se convierte la Constitución colombiana de normativa en semántica; esto es, en un disfraz del Gobierno de turno y bajo el pretexto del derecho a la paz se constitucionaliza una dictadura civil, poniendo en riesgo todos los otros derechos de los colombianos. Para que exista Estado de Derecho y verdadero constitucionalismo se necesita, en primer lugar, que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados, que el gobernante no pueda violarlos y que el poder político no esté concentrado sino, efectivamente, dividido y limitado. Todo Estado de Derecho y su gobierno constitucional, es por definición un gobierno limitado.
- Quinto: Los movimientos sociales. más exactamente la sociedad civil, han sido los grandes ausentes del proceso; primero fueron excluidos por el Gobierno, ahora lo son por éste y por las mismas Farc, cometiendo así el más grave de los errores estratégicos e históricos, pues dejan desprotegidos, desnudos y espositos los acuerdos "especiales" o cualquier otro que celebren. Este "blindaje" ya no es de acero, o cobre, sino de papel.

 

 

1 Síntesis: Como puede observarse, los denominados acuerdos especiales del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra, no son tratados internacionales, son la aplicación en el ámbito interno de un Estado de parte o de la totalidad, de normas idénticas a las de esos tratados, pero que tienen como fuente el acuerdo de las partes en el conflicto interno y lo que es más importante, esos acuerdos internos están limitados en cuanto a sus temas o materias por los cuatro Convenios de Ginebra; pueden tener menos materia que ellos, pero no más materias que ellos. Y en relación con las normas transcritas del Protocolo adicional dos de 1977, tampoco permiten celebrar entre las partes en conflicto verdaderos tratados internacionales (las amnistías, son actos de derecho interno) y mucho menos que estos acuerdos modifiquen automáticamente la Constitución colombiana.


2 Síntesis. El acuerdo no da nacimiento a ningún tratado internacional, pero sí convierte a la Constitución en un disfraz de la dictadura civil de Santos, y de paso convierte en eunucos al Congreso y a la Corte Constitucional.

 

 

Profesor de Derecho constitucional.

Publicado enColombia
Flotó el 23: Desaceleración en la Mesa de La Habana

En mes ni en año, el fin de la negociación no avizora exacto. Aun con Farc y Eln forzados a un repliegue, sin derrota: La «correlación militar operativa» de un conflicto irregular –con «territorios de tránsito limitado» para la guerrilla y bajo «hostigamientos» al Ejército– impone el tiempo tardo de un acuerdo final. Dadas la distancia y engaño en política social de Santos, junto con el aguijón de una oposición uribista con base electoral que alcanza los millones, ¿hasta cuándo tendrá oxígeno de negociación el Presidente? ¿Será hasta mayo? ¿Será hasta octubre-noviembre? ¿Llegará hasta enero 2017?

 

Subsiste, hay una brecha en cuanto al carácter, el área, el número de zonas y la modalidad a seguir en la “separación de tropas”. La ONU apenas asegura una veeduría internacional en no más de 14. Por su parte, Farc demanda 80 zonas de campamentización, interconectadas, que ocuparán sus “compañías” y “frentes”. Territorios curtidos en memoria y trochas guerrilleras. Una periferia con cantidades de veredas. Allá donde en mula hay que sacar a los enfermos.


Como resultado de la paz en veremos, nunca una foto de las Farc entregando armas estará en portada de libros y periódicos. Diferente al profundo paradigma de paz, que desde 1953 con el general Duarte Blum y la guerrilla liberal del Llano; dejó Rojas Pinilla. Pasado el reciente viaje a Centroamérica, del presidente Santos, para “impulsar la paz”, alguien preguntó a un miembro muy mentado de su comitiva: –¿Qué vino a hacer, algo en referencia con la nueva mesa Eln? –Negocios, fue la respuesta. Paz deforme y corcovada.

 

En el contexto regional y del sur del continente, sin un efecto de resta en la masa militante antioligárquica, toma forma y calidad de «hecho mayor y duradero» en la región; esta negociación de paz, novedosa en contradicción con el poder y atisbo de futuro social activo y resistente. Hecho mayor que la elección de Chávez, Lula, Correa, Evo y de Mujica.

 

Obama en La Habana, con manivela y nada todavía

 

En enero 15 pasado, la edición del periódico desdeabajo dijo: “[...] inicia el ciclo 43. Y faltan otros. [...] con diferentes y pugnaces intenciones, están en el aire varias fechas, acerca de la Firma definitiva del acuerdo: ¿23 de marzo próximo inmediato? Imposible.” Una circunstancia consumada. El escenario apetecible para el Presidente y para cualquier político: La presencia de Obama en la Habana, con acompañamiento de 1.500 o más periodistas del mundo, no desveló un M23 histórico. Ninguna insurgencia antes hubiera desdeñado tamaño mantel o sábana. Sudario ...uno nunca sabe, como dice la gente. Como dice el campesino que presiente o constata el desenfundar de la relocalización estratégica del paramilitarismo.

Acometida que avanza en medio de una renovada base social y con sujetos económicos de cabeceras municipales. Embestida con pies y deseos sobre nueve departamentos y 40 municipios “afectados por el conflicto”. Descritos así por la Usaid, dentro del propósito de “mejorar la gobernabilidad”. Programa cuyo enfoque aduce “en la población más necesitada” (Ver mapa).

 

La paz está bajo sospecha

 

Por origen, por sus causas desde allende 1946, el conflicto armado es bastante testarudo, aunque no parezca, como no. “Paz el 23 de marzo” ofreció en la ONU el presidente Santos. Y, funcionarios de las embajadas de Noruega y Cuba a pie juntillas afirmaban que el 23 habría firma de “cese bilateral” y de “cinco puntos de protección” antiparamilitar. Por fortuna, la expectativa y fábula de un acuerdo final el 23 de marzo apaciguó la venenosa comparación con los 1.077 días que duró Pastrana con Mesa en el Caguán. Exceptuada la militancia de izquierda, un cotejo y paralelo por parte del común –de público al margen del debate político– y de la derecha y su discurso.

La paz está bajo sospecha, en medio de una apagada o lenta “ciudadanía por la paz”, que cuenta con alguna expectativa en las ciudades, independiente de su signo y los reclamos. Postura que convive y no conecta dos países, al lado de inquietudes, timidez, incertidumbre, interrogantes en las miles de veredas cercanas a los fuegos, y las hostilidades.

En cámara lenta el país descubre, que las Farc, más que la posibilidad de una campaña con candidato ya (2018), más que ir en pos de recibir los cunchos de la ‘participación política’ y la intermediación de puestos, negocia sin abandonar sus lejanías. Conversa asida a una firmeza estratégica. Sin desconectar su abajo rural y un poco urbano.


Tras ocho meses de su tregua unilateral, y con menor tranco, por orden presidencial la suspensión de bombardeos del Ejército; y un resultado de desescalamiento del conflicto entre guerrilla y tropas oficiales, tanto en operaciones, maniobras, emboscadas, hostigamientos y supresión del secuestro guerrillero; más no de la disposición paramilitar, una interpretación y sesgo del “cese bilateral de fuegos” está en salmuera. Cese que sucede, sin formalidad de ceremonia oficial. Sin embargo, falta mucho mucho para la «separación de tropas». Para el cese definitivo de las hostilidades.

Dos pormenores con revisión y cuenta de las experiencias insuficientes en otros procesos de negociación política y según las normas del DIH con desarrollo de interpretación. Así, sin garantía de una desparamilitarización y su cruenta perturbación, está por componer un cese de hostilidades, en el surco de una situación adversa: Por un lado, acciones abiertas o encubiertas de inteligencia de combate, infiltración, cerco y comunicación; con apoyo, ‘financiamientos’ o acción coordinada paramilitar, por parte de Policía, Ejército e Infantería de Marina y Aviación. Y por otro, las actividades con sus redes y estructuras de financiamiento, previsión estratégica de proyecto –cobros o exigencia de contribuciones e “impuesto de guerra”–, logística, abastecimiento y milicia por parte de la guerrilla.

 

Tapo, bandera blanca y enfundar el arma en territorios

 

Deforme, entre La Habana y Bogotá emerge un iceberg de la paz. Acerca de su elevación blanca ‒los acuerdos formales alcanzados‒, hablan los gestores de opinión. Sin conmover ni afectar los silencios de la gente común, no militantes y activistas sociales y de la izquierda; hablan a favor, las vocerías de la Mesa y una parte de la clase política. También, discurre la academia en su elaboración. Pero, del iceberg aún no están a la vista, los aspectos pendientes, debajo de la mesa.

Sigue pendiente de la disputa y el juego de opinión, una definición entre las dos variantes del cese bilateral de fuegos:

1. Desde el Estado: la opinión dominante y el Alto Mando, un cese con el dispositivo militar de las Fuerzas Armadas vivo, en avanzada sobre los teatros de operaciones. Coincidente o en ‘coordinación’ con la localización paramilitar-bacrim; próximos y en cerco sobre las zonas de campamentización o de “concentración” en negociación ‒8 en la oferta oficial. 2. Desde las Farc, según expresión del guerrillero Romaña: Un cese bilateral y separación de las fuerzas contendientes en todo detalle, con reubicación del Ejército en los cuarteles.

Volviendo al editorial citado… “Tras el conflicto armado sin límites ni regularización, cuatro escalones hay en la faena por afianzar la paz: En suspensivos... Mesa de Conversación Gobierno-Farc, con efectos de desescalamiento, y la aplazada con el Eln, uno. El tránsito de la(s) conversación(es), a la fase final de firma sin pendientes, dos. Con escollo a la vista, "Paz armada" –«dejación de acuerdo a sus intereses», sin entrega de armas guerrilleras, tres. Y el cuarto: La apertura a otra democracia. Intensa o radical –de contención social al imaginario paramilitar consolidado, con apoyos en el estamento terrateniente-militar-policial-cuerpos de reserva. Cuatro peldaños con interrogante y protagonismo en la opinión y puja durante 2016”.

 

Presente y presente inmediato

 

Una mesa de conciencia estratégica para florecer, articular el poder desconocido y nuevo de los sectores sociales urbanos, oprimidos y cercanos. Sectores de naciente conciencia de su situación y esperanza de impostergable empoderamiento con ruptura.

Un minucioso proceso de tácticas de poder negociador. En ritmo y tiempo al servicio de deconstruir el modelo fantasioso de una paz sinónimo de tranquilidad del privilegio, para transformar la firma final de los acuerdos, en banderazo de un primer acompasamiento de fuerzas estructurales, que dé salida al clamor sordo y evidente de los sectores sociales populares, no solo de la calle.

Una generosidad de revuelta plena de porvenir presente. De revuelta hasta insonora, sin apelación a la discriminación de las “capillas” rojas. Procura de una unidad desunida, ahora bien tejida, y una renuncia consciente a los truenos de la épica, rememorados en las mecedoras del patriarcalismo.

Una mujer no blanca, hecha de todas las mujeres deseantes, contestatarias, mestizas con abuelas indígenas y negras, hijas de su sueño y su regazo, para que su voz sea trueno. Retrueno desarmado y multitud escucha escuchada.
MH2 y O.R.R.

Publicado enEdición Nº223
Lunes, 25 Abril 2016 15:30

La emboscada

La emboscada

Cruzada de interrogantes arrancó la fase pública de la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Eln. ¿Será este el último, el capítulo final del conflicto armado?

Con sesiones realizadas en Ecuador, Venezuela y Brasil para redondear este paso, necesitaron dos años de conversaciones privadas. Discusión que les tomó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 30 de marzo mismo, cuando las dos partes anunciaron en Caracas acerca de su común acuerdo. Sin embargo, y con sorpresa, la agenda acordada no tuvo ni un minuto de armonía.

Según el presidente Santos, el Acuerdo Marco tiene “[…] una naturaleza muy distinta del proceso de La Habana […]. En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados, punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el Eln medidas que contribuyan a la construcción de la paz”.

Tanto el prolongado diálogo exploratorio y confidencial, como el cara y sello lanzado en las palabras de Santos, revelan que la llegada a un acuerdo temático no fue sencillo ni pudo fijar plazos. Al final, cada una de las partes cedió notoriamente en algo. Por parte del Gobierno es evidente. Concedió al no incluir en la agenda el tema del narcotráfico, ante el cual su contraparte reiteró que no debía de estar incluido como tema por dirimir, pues no hace parte de sus prácticas ni líneas de financiación; pero también cedió en la metodología base de esta negociación. En concreto, en el punto 2...d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”.

Tal punto resulta consecuente y sin sorpresa, dados los énfasis que caracterizaron a cada uno de los distintos momentos de negociación, entre el gobierno nacional y el Eln, a lo largo de las últimas décadas. Metodología en la cual esta organización guerrillera siempre insistió: el ingrediente de una participación activa de la sociedad, para el logro de la solución política. De alguna manera y sin importar la denominación, recalcan que la comunidad discuta con el Gobierno. Que presente urgencias. Y defina desde su ángulo, las deudas y prioridades económicas, sociales, ambientales, etcétera. Con este método e instrumento, los alzados en armas avalan dichas decisiones y sentires. Según su entender, “las armas al servicio de la sociedad”.

¿Por qué admitió esta metodología la delegación gubernamental, aferrada como está a defender los privilegios? No es clara la respuesta. La inclusión de este aspecto deja la puerta abierta a una negociación con discusión acerca de cualquier tema. Si la sociedad con papel de actor define las prioridades y afanes que más preocupan, resulta contradictorio con el estribillo que una y otra vez repiten desde las altas esferas: “Desde el principio hemos dejado en claro al Eln –tal como lo hicimos con las Farc– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político. Ni del régimen de propiedad privada. Mucho menos, temas relacionados con la doctrina militar o de nuestra fuerza pública”.

Entonces, si para la comunidad de Arauca o del Cauca o cualquiera otra el afán y necesidad es su reclamo por reformar el régimen económico o transformar la doctrina de las Fuerzas Armadas o temas similares, ¿qué haría el Gobierno? Es obvio que surgiría al punto una barricada que pone distancia entre las partes. Abierta en temas, la negociación dilata tiempos. ¿Cómo resolver tal obstáculo? La respuesta llegará con el paso de los meses. ¿Están dispuestos Santos y el establecimiento a reformar el contenido no reformable de sus intereses: la estructura económica de expoliación y de negocios? ¿La insurgencia está dispuesta a silenciar sus armas con parodias de participación de la sociedad o sin conseguir su más importante enunciado de la Agenda.

No fue casual, por tanto, que el tono y los puntos de la agenda firmada desataran una agria discusión entre el Presidente y la cabeza de esta negociación, Frank Pearl. Desacuerdo hasta el punto que motivó una inicial renuncia de Pearl al frente de la delegación gubernamental. Las formalidades del momento mantuvieron el cargo. ¿Hasta cuándo aguantará?

La Agenda abierta con el Eln toca otros aspectos, y no de manera fácil. Por ejemplo, las armas: “[…] se construirá un acuerdo sobre las armas del Eln para ponerle fin al conflicto armado”. No constituye referencia, está exenta la fórmula dejación que no es entrega, y que al Gobierno le costó pestañas y acomodo. ¡Qué presión tiene! ¿Por qué aceptó este tenor de acuerdos la parte gubernamental? El interrogante hay que plantearlo una y otra vez.

La duda conlleva o puede derivar una respuesta de acrecentamiento del conflicto, de represión y de persecución a la oposición insumisa: arreciar éste con grados de aceptación en sectores de opinión. En fin, de una ofensiva militar/paramilitar con un efecto de exigencia y radicalización de la estructura armada en negociación, o apuntada contra las comunidades donde el Eln tiene aceptación.

Si así fuera –y ojalá que no–, la paz no estará tan cerca. Tan a corta distancia, como repite el discurso del poder por todos los medios oficiosos. Maniobra de poder con factores de violencia militar-paramilitar, que repercutiría y puede extenderse al conjunto de las Farc y las organizaciones sociales que están localizadas en sus territorios de influencia. Con sus retoños, y sucedida como fue la parainstitucionalización 1992-2010 (desde el aquí estoy y aquí me quedo de Samper, que mantuvo al general Bedoya), es un avatar no extraño en la deriva actual que no es de paz blanquísima. Con sepelios, organizaciones sociales y algunos entornos políticos de oposición, ya levantan voces de protesta. De indignación, por el permanente asesinato de sus líderes o de activistas de base. Realidad macabra.

Quizás es por este tipo de ítems en el guion acordado que el presidente Santos extendió una emboscada con discurso a la contraparte guerrillera. Texto que pronunció el mismo día en que informó el comienzo de conversaciones públicas. Como se puede recordar, en la intervención presidencial Santos aseguró que “...no es lo mismo que La Habana [...] Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. Mal augurio.

La negociación pública entre el gobierno nacional y el Eln arrancó con una emboscada a micrófono abierto. No de otra manera se puede calificar la puntualización desplegada por el presidente Santos. ¿Está de sobra Frank Pearl? Si el punto al respecto del secuestro ‒con todo su valor y polémica ante la libertad personal y ante la vida‒ es un irrenunciable para la parte oficial, ¿por qué no lo planteó de este tamaño durante los dos años previos al anuncio del 30 de marzo? ¿Por qué esperar y marcar la diferencia hasta el propio momento de la positiva noticia de otra Mesa? ¿Borrar con el codo las firmas de Pearl, José Noé Ríos y el general (r) Herrera Verbel? Sabida y supuesta una negociación en medio de las hostilidades, ¿presionar a su contraparte de inmediato ‒con argumento de conflicto, de separación‒ para que aparezca ante el país como la culpable de que el diálogo no prospere?

Los antecedentes de negociación sostenida con las Farc enseñan, y saltan a la vista, que el Presidente maniobra de manera constante, que no desaprovecha ocasión para tratar de poner a su contrario a la defensiva. En la pretensión de que aparezca ante el país como sin voluntad real de paz. Ganar la ventaja es una de las esencias del arte de la negociación. Pero llevada de manera errada puede desatar un efecto contrario. ¿Habrá logrado la emboscada el efecto pretendido en la Casa de Nariño?

Publicado enEdición Nº223
El posacuerdo como nuevo plan de guerra

Si la guerrilla se va a desmovilizar habrá otras amenazas, otros tipos de conflictos como el conflicto territorial y como la mutación de la guerra hacia otras formas de crimen.(1)

General (R) Manuel José Bonnet
Septiembre de 2015

 

Frente a un posible escenario de posacuerdo las Fuerzas Militares en Colombia están ajustando su aparato de inteligencia y de fuerza militar para continuar como un actor clave en la transformación territorial y poblacional en el país.

Asumiendo tareas de control social y militar por un lado y de gobernantes locales y regionales por otro, las propuestas de transformación existentes dejarán a la Fuerza Pública como poderes facticos en muchos de los territorios que hasta ahora han estado en poder de las insurgencias. El papel central de la inteligencia militar en la nueva doctrina militar, en combinación con un resurgimiento de estructuras paramilitares en muchas regiones del país y denuncias de una relación entre ambas, recuerda a otros momentos de la historia nacional, en dónde la combinación de las dos terminó en el exterminio de sectores sociales enteros.

 

Militarización para una reconfiguración territorial

 

Colombia ha estado inmersa en un conflicto político, social y armado desde hace más de cincuenta años. Las raíces de los conflictos socio-económicos y políticos que se expresan en la confrontación armada entre una insurgencia popular y una elite económica y política no terminan con la firma de un acuerdo de paz.

Al iniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc la delegación gubernamental dejó claro, en varias ocasiones, que el modelo económico y la doctrina militar no son temas abiertos al debate. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, declaró en octubre de 2012 que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión” (2). Otros delegados de este equipo negociador y el mismo presidente Santos reafirmaron tales postulados en varias ocasiones. El presidente Santos dijo el 12 de julio de 2015, ante las críticas de algunos sectores que En La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. El 30 de marzo de 2016 el presidente Santos al iniciar la fase pública de los diálogos de paz con el Eln reafirmó que “la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública”.

En el contexto de los diferentes procesos de paz acometidos en Colombia, la protección de los intereses económicos realza como una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas y estructuras paramilitares. Intereses económicos de capital nacional e internacional, que se encuentran en el sector minero-energético y la agroindustria, como principales economías, todos de carácter extractiva y de enclave. Economías también todas, que necesitan y parten de un control territorial. Reflejo de esto son los Batallones Minero-Energéticos, que en 2014 estaban conformados por un estimado de 80.000 efectivos representando casi un 30 por ciento de las Fuerzas Armadas (3). Para proteger e imponer la locomotora minera en los territorios el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto superior a los 45 mil millones de pesos para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. (4)

La estrategia paramilitar como extensión de intereses políticos regionales y nacionales se constituyó durante los últimos cuarenta años en palabras del Centro de la Memoria Histórica y Reconciliación Nacional en un proyecto de refundación nacional para “imponer un nuevo orden social, cultural, político y económico mediante la acumulación de tierra y de recursos naturales” (5). De esta manera la doctrina militar con su componente paramilitar han sido y siguen siendo una continuidad de la política extractiva por otros medios.

 

De los paramilitares a la acción cívico-militar: desdibujando el DIH

 

Las experiencias de conflictos como Vietnam, Afganistán e Irak, entre otros, enseñaron al mundo que la victoria militar debe estar fuertemente acompañada del apoyo y respaldo de la población. Es entonces cuando se presenta la necesidad de conquistar el corazón y las mentes de aquellos pobladores que vienen de recibir la arremetida de un grupo armado en sus territorios y que además deberán someterse a la nueva dinámica del posconflicto.

Brigadier General Alberto
Sepúlveda Riaño (6)

La acción cívico –militar y los Centros de Consolidación y de Acción Integral (Ccai) se constituyeron como principal estrategia militar y contra-insurgente durante los últimos diez años. La estrategia paramilitar es reemplazada parcialmente por la acción cívico-militar, pero en ambos se desdibuja la división consagrada por el Derecho Internacional Humanitaria (DIH) entre población civil y combatientes. Las regiones priorizadas por la Acción Integral son las de interés minero-energéticas y agroindustriales y han tenido una histórica presencia de organizaciones insurgentes y fuertes movimientos sociales. La estrategia tiene como objetivo principal mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva y cuenta con un importante apoyo de los Estados Unidos, tanto para su componente militar como para su el apoyo productivo.

Este interés de los Estados Unidos en apoyar a la política de Acción Integral según el General Peter Pace, antiguo comandante del Comando Sur (Southcom), parte de querer tener “acceso sin obstáculos y de forma continuada a los recursos naturales en los áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur”, y una “estabilidad continua para el acceso a los mercados en las áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur y que son críticos para la continua expansión económica de Estados Unidos y su prosperidad.” (7)

Según la misma cúpula del ejercito colombiano, la lógica cívico-militar sería una de las principales estrategias durante el contexto de posacuerdo. Las relaciones civiles-militares y los asuntos civiles se convierten en el núcleo de la estrategia militar […] concentrando el esfuerzo hacía la implementación de acciones no-armadas. (8)

 

Guerra de espectro total y Plan Minerva

 

Las perspectivas de dominación geopolítica a nivel global, han forjado a través del tiempo una política hegemónica que abarca todos los aspectos de la vida humana sobre la tierra definida por la doctrina militar, llamada dominación de espectro completo.

US Army - Joint Chiefs of Staff, 2000

 

Desde la lógica militar del Ejercito de Estados Unidos el control y la transformación territorial y poblacional parten de una combinación de múltiples estrategias, también llamado la dominación del espectro total. Esta dominación busca llevar el escenario de la confrontación a todos los posibles ámbitos, incluyendo el académico, económico, político, militar y civil. En los Estados Unidos el Departamento de Defensa lanzó el proyecto Minerva en 2008 vinculando a la academia en la construcción de información sobre las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales en los territorios de interés estratégico para los Estados Unidos (9). En Chile la Policía de Investigaciones lanzó el Plan Minerva I en 2004 y el Plan Minerva II en 2010, ambos con un rol importante para los procesos de inteligencia.

La Fuerza Pública en Colombia en su nueva doctrina militar para el contexto de posacuerdo de paz, incorpora varios elementos de la lógica de dominación del espectro total. El también llamado Plan Minerva, construido con insumos de las Fuerzas Armadas chilenas y de Estados Unidos, se constituye como la principal propuesta para la nueva doctrina militar, lanzada en junio de 2015 como “la hoja de ruta de la modernización” y “el cambio estructural más importante en el último siglo” del Ejército colombiano.

El Plan Minerva proyecta la Fuerza Pública como “La Fuerza multimisión y polivalente del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, dentro de una clara visión hacia el año 2030, bajo la existencia de una doctrina interoperable, y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia”. Entre los 46 componentes que tiene el Plan Minerva hay siete priorizados de los cuales se destacan el Plan Damasco que propone la construcción de un proyecto de ley de Seguridad y Defensa Nacional. Otro componente priorizado del Plan Minerva es el Plan Dionisio, que permitiría la creación de un centro de estudios e investigaciones militares socio-humanísticas. Este último componente refleja la lógica del Proyecto Minerva de los Estados Unidos e iniciativas parecidas que ha desarrollado la potencia del norte durante los últimos años a través de iniciativas como Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) para las guerras en Afganistán y Medio Oriente.

Uno de los aspectos del trabajo de Darpa es la investigación de la diversidad lingüística y cultural, donde se busca la incorporación de estos conocimientos dentro de un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir estructuras de pensamiento para aplicación militar y geoestratégica (Darpa, 2003). El conocimiento total que se quiere adquirir en los territorios de operación militar combina el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública con un ejercicio socio-cultural, económico, antropológica, matemático, biológico y político para poder entender y anticipar el comportamiento de individuos y grupos.

Varias de las acciones de Darpa han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y el mismo Congreso. Sin embargo, en Colombia no ha habido ninguna discusión política sobre los alcances del Plan Minerva, ni la construcción de una nueva doctrina militar. Hay que recordar que en Colombia durante los últimos cincuenta años la inteligencia militar ha operado en varios momentos de forma conjunta con el paramilitarismo, como fue el caso del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), la Brigada XX o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las denuncias sobre el intercambio de información y complicidad entre la inteligencia militar con la estructura paramilitar Águilas Negras sería otro capítulo más de esta misma historia de guerra sucia.

Esta realidad plantea que el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia de la Fuerza Pública tendría que ir de la mano con una desclasificación de archivos y depuración de la misma Fuerza Pública. También debe garantizarse un marco jurídico que permite investigar desde la Justicia Ordinaria a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos. La reforma de la doctrina militar en combinación con el marco jurídico de la paz y la reforma a la justicia militar hacen justamente lo contrario, dan más facultades a la Fuerza Pública para violar los derechos humanos en un contexto que garantiza más impunidad.

* Periodista independiente


1 El Tiempo, “Comandante del Ejército anuncia revisión de doctrina militar”, 25/09/2015.
2 El Tiempo, “‘Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión’: Gobierno”, 18/10/2012.
3 Tomàs Gisbert Caselli y María Jesús Pinto, “Colombia: militarización al servicio del extractivismo”, http://www.arcoiris.com.co/, 20/04/2014.
4 El Espectador, “Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales”, 08/01/2014.
5 Salinas Y. y Zarama J., Justicia y Paz: Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramilitares Colombia, Comisión Nacional de Memoria Histórica, 2012. Consultar en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
6 Brigadier General Alberto Sepúlveda Riaño, “La acción integral en la guerra moderna”, en Revista Ejército, Ed. 179.
7 Stokes, D. Raphael, S., Global Energy Security and American Hegemony, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010
8 “La acción integral en...”, op. cit.
9 The Guardian/Nafeez Ahmed, Pentagon preparing for mass civil breakdown, 12/06/2014.

Publicado enEdición Nº223
¿Un posacuerdo  militarizado  y securitizado?

Las negociaciones de paz entre Gobierno e insurgencia prosiguen en La Habana. Aunque allí no se discute la necesaria reforma a la doctrina que rige la operatividad de las Fuerzas militares y de la Policía, tal necesidad sí gana espacio en círculos cada vez más amplios de nuestra sociedad. Impedir la continuidad de una concepción y acción militarizada y securitizada de la seguridad en el posacuerdo es una de las exigencias levantadas. Acá unas reflexiones sobre el particular.

 

Una de las discusiones más importantes de cara al posacuerdo de paz está centrada en los problemas de seguridad, prolongados u originados con posterioridad a la desmovilización ade los grupos armados. Como es lógico, la firma de un acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional no significará la pacificación del país y, de avanzar hacia una etapa posterior, se tratará de un “posacuerdo armado” con grandes demandas de seguridad. Para no ir muy lejos, la recurrente práctica del genocidio político que ha caracterizado la historia colombiana, como ocurrió con las guerrillas liberales y gaitanistas, luego de la amnistía de 1953, y con la Unión Patriótica tras los acuerdos de La Uribe, en 1984, plantea el reto de garantizar la seguridad, el retorno a la vida civil y a la actividad política de los combatientes desmovilizados.

 

Pero ese es sólo uno de los problemas de seguridad en el posacuerdo, al que habría que adicionar por lo menos otros tres. Primero, la seguridad en las zonas dominadas por la insurgencia, que con frecuencia adoptó la conducta de un semi-Estado para controlar economías ilegales, una vez desaparezca como actor armado. Segundo, también aquellos problemas ocasionados por la eventual persistencia en la guerra por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Y tercero, las “amenazas” que no provienen de las organizaciones guerrilleras, el para militarismo –mal llamado ahora “bacrim”- y en general el crimen organizado.

 

Resolver las diversas cuestiones de seguridad es indispensable para emprender la construcción de la paz y la profundización de la democracia, verdaderas oportunidades que posibilitarían un acuerdo de paz. Sin embargo, hasta este momento, el debate parece reproducir las concepciones de seguridad arquetípicas de la guerra contrainsurgente, que enfatizan en la salvaguarda del orden público, confunden los roles de las FF.MM. y de la Policía, y tienden a reducir el problema de la seguridad a una cuestión de ejercicio de la fuerza.


Todo esto se expresa no sólo en una militarización de la seguridad, que da continuidad a las prácticas e imaginarios de la confrontación contrainsurgente, sino también en una securitización del posacuerdo, que hace del problema de la seguridad una prioridad, opacando otros factores que están en la raíz de la guerra y que también deben resolverse.

 

La militarización de la seguridad

 

A principios de diciembre de 2015, el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, propuso militarizar la ciudad como única alternativa para hacer frente a la creciente inseguridad . Días después, el representante a la Cámara Efraín Torres Monsalvo, del Partido de la U, propuso un proyecto de ley con el objetivo de que las Fuerzas militares (FF.MM.) pudieran intervenir en la seguridad de las ciudades para atender, entre otras, las “amenazas” que se produjeran en el posacuerdo . Ya en febrero de 2016 la misma propuesta salió del Concejo de Medellín. Se trata de medidas contrarias al deslinde de funciones entre Policía y FF.MM., que deberían ser posibles en el posacuerdo, y que en su formato tradicional son ineficaces para combatir la criminalidad urbana.

 

Ambas instituciones presentan confusiones en sus roles y funciones, como producto de su larga participación en la guerra contrainsurgente contra el “enemigo interno”, tan disfuncionales para ellas como para la ciudadanía en general. Por ejemplo, el control de las protestas de junio a agosto de 2013 en el Catatumbo, en el que participaron Policía y Ejército, dejó un saldo de cuatro campesinos asesinados por tiros de fusil en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

 

Pero, además, las FF.MM. difícilmente pueden enfrentar la criminalidad urbana, por la sencilla razón de que no están preparadas para esa tarea. Su capacidad de fuego excede a la de cualquier agente promotor de inseguridad en la ciudad, su estructura jerárquica, doctrina y adiestramiento riñen con la flexibilidad y entrenamiento necesarios para garantizar la seguridad ciudadana. Por consiguiente, y aunque existe una tendencia global hacia la militarización de la seguridad urbana, tales medidas parecen orientadas en otra dirección.

 

¿Mantener el pie de fuerza?

 

Entre las posibles reformas para conseguir el deslinde funcional antes mencionado quizás las más polémicas se dirigen, en primer lugar, a la necesidad de garantizar la seguridad en el campo, una vez que la guerrilla se desmovilice y, en segunda instancia, a la reducción del pie de fuerza de las FF.MM. y de los recursos que su mantenimiento conlleva. La incursión de las FF.MM. en la ciudad no responde a ninguno de estos problemas.

 

Para responder al problemade la inseguridad rural en el posacuerdo están planteadas como alternativa el fortalecimiento de la policía de carabineros o la creación de una guardia nacional extrayendo personal del Ejército y de la Policía que actualmente desempeñen funciones de seguridad en el campo. Esta última fórmula permitiría redefinir más claramente las funciones de ambos cuerpos armados al tiempo que se atacan amenazas “mixtas”, es decir, con poder de fuego superior al de la Policía pero a las que sería desproporcionado combatir con el poder de fuego del Ejército.

 

Respecto del segundo problema, las cosas no están para nada claras. En varias oportunidades altos mandos militares han afirmado públicamente que el pie de fuerza no debe reducirse, arguyendo que en el posacuerdo persistirán amenazas que requerirán un tratamiento militar, lo que se traduce en mantener el flujo de recursos que actualmente cuesta mantener el segundo Ejército más grande de Suramérica, que a 2014 ascendía a 2,17 por ciento del PIB.


Es cierto que reducir súbitamente el tamaño de las FF.MM. en el posacuerdo puede ser contraproducente, entre otras cosas por el “reciclaje” de formas de violencia, como muestran los casos centroamericanos. No obstante, mucho más contraproducente puede ser orientar unas FF.MM. adaptadas a la guerra contrainsurgente, que no acaban de reestructurar sus doctrinas y prácticas, hacia la seguridad urbana y ciudadana.

 

La securitización del posacuerdo

 

La militarización de la seguridad ha pasado desapercibida en buena medida porque está enmarcada en un problema más amplio: la securitización del posacuerdo. En este fenómeno parecen operar sobre todo la interpretación dominante de los desencadenantes del conflicto armado colombiano, que tienden a restringirlo a una guerra sin conexión con los problemas políticos, socioeconómicos y culturales del país.

 

Si se observan los casos centroamericanos, resulta cierto que en el posacuerdo aumentan las tasas de homicidios y, en general, las amenazas a la seguridad. Sin embargo, los expertos se debaten en torno a dos explicaciones de dicho fenómeno. La primera enfatiza en el “reciclaje” de la violencia antes mencionado. En el fondo, se supone que las sociedades no tienen forma de ubicar a los excombatientes quienes, entrenados en el uso de la violencia, encuentran una forma de vida en el crimen, tendencia que puede acentuarse si de manera repentina se reducen considerablemente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) La segunda sostiene que la violencia no se reproduce necesariamente por la existencia de unos aprendizajes acumulados o por la disposición de armas, sino fundamentalmente porque los complejos mecanismos que desataron los conflictos armados no han sido desactivados.

 

Así pues, mientras el primer caso coincide con una visión “securitizada” del posacuerdo, en el cual las principales amenazas a la seguridad tienen un tratamiento fundamentalmente militar y policivo, la segunda perspectiva abre la posibilidad de generar políticas más allá del ámbito militar, que contribuyan a la desactivación de los mecanismos cuyo despliegue reproduce la violencia. Claramente en Colombia ha primado la primera perspectiva, que tiende a reducir el posacuerdo a un problema cuya resolución se restringe al campo de la seguridad y la defensa.

 

Esto se explica porque, si bien las negociaciones de La Habana supusieron un reconocimiento de la insurgencia armada como interlocutor político, y aunque oficialmente ya no se reduce la comprensión del conflicto armado a una “amenaza terrorista”, aún la interpretación predominante tiende a verlo como producto de actividades criminales particulares, ajenas a problemas socioeconómicos, políticos y culturales enraizados en la sociedad colombiana. La gran desigualdad en la distribución de la riqueza, cuya más dramática evidencia son las tasas de concentración en la propiedad de la tierra; la exclusión política, expresada en la dominación ininterrumpida de una oligarquía durante toda la república; las injustas y en muchos casos premodernas formas de explotación que persisten en el país, e incluso las viejas y nuevas formas de discriminación, parecieran no estar relacionadas con el conflicto armado en esa perspectiva.

 

Así, en lugar de resolver todos estos problemas, mecanismos que alimentan la violencia política, se trata de hacer manejables sus consecuencias más visibles optando por un tratamiento militar y represivo.

 

El reto está abierto para la sociedad colombiana. La coyuntura en curso es una oportunidad inigualable que debe ser aprovechada para darle un giro a la doctrina contrainsurgente dominantes dentro de las FF.AA. colombianas, incluyendo en ellas a la Policía.

 

1 Polémica por propuesta de militarizar Barranquilla. http://www.elespectador.com/noticias/politica/polemica-propuesta-de- militarizar-barranquilla-articulo-603027  (2-XII-2015).
2 Buscan que Fuerzas militares puedan combatir criminalidad en las ciudades. http://www.elespectador.com/noticias/politica/buscan-fuerzas- militares-puedan-combatir-criminalidad-c-articulo-604551 (10-XII-2015).
3 Proponen presencia de militares en zonas inseguras de Medellín. http://www.elcolombiano.com/antioquia/proponen-presencia-de- militares-en-zonas-inseguras-de-medellin-BX3572726 (10-II-2016).

 

Artículos relacionados:

La necesaria "normalización" de las Fuerzas Armadas en el posacuerdo de paz, Régis Bar

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

"Impedir que el pasado de los muertos sepulte el presente de los vivos", Libardo Orjuela Díaz

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

La fuerza pública para el posacuerdo, Coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

 

Libro relacionado:

Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

Publicado enEdición Nº222
Viernes, 11 Marzo 2016 10:58

Paz armada

Banksys Dove in the crosshairs. Bethlehem, West Bank, Palestine.

Volvemos a situar esta editorial escrita en el periódico desdeabajo Nº220, de enero del año en curso por su plena actualidad. Como podrá deducir quien la (re)lea, lo que ahora dicen quienes negocian la paz en La Habana, de aplazar el 23 de marzo como fecha para la firma de la paz, era plenamente previsible. La pugna y los dilemas de la paz, armada o no, prosiguen y estarán en los titulares de los medios de comunicación por varios meses más.

 

Sin tocar las violencias invisibles del modelo económico y político vigente, a gotas cada vez más gruesas en su dificultad, la Mesa de La Habana inicia el ciclo 43. Y faltan otros. Así, el final del luto, con apellidos responsables desde 1946 y antes, y el silencio de las armas, marcha lento en el creer y digerir de la calle.

Tras el conflicto armado sin límites ni regularización, cuatro escalones hay en la faena por afianzar la paz: En suspensivos... Mesa de Conversación Gobierno-Farc, con efectos de desescalamiento, y la aplazada con el Eln, uno. El tránsito de la(s) conversación(es), a la fase final de firma sin pendientes, dos. Con escollo a la vista, "Paz armada" –«dejación de acuerdo a sus intereses», sin entrega de armas guerrilleras, tres. Y el cuarto: La apertura a otra democracia. Intensa o radical –de contención social al imaginario paramilitar consolidado, con apoyos en el estamento terrateniente-militar-policial-cuerpos de reserva. Cuatro peldaños con interrogante y protagonismo en la opinión y puja durante 2016.

Dificultades y pasos de la paz –aparte de la consideración humanísta seca y de misericordia con paz vertiginosa–, dada la real correlación militar-operativa entre Ejército y guerrilla, que obra en el terreno. Dada por supuesto, la capacidad de repliegue defensivo y «hostigamiento» que conservan las Farc y el Eln. Dados ante todo, los márgenes de violencia, exclusión y abuso del poder que alcanzó y alcanza la confrontación.

Tropiezos también, ante la profundidad social y el alcance opositor y del statu quo: Uribe-Procurador-mentalidad dominante en las Fuerzas Armadas y miles de víctimas con reacción primaria de su instinto, ojo por ojo diente por diente; que dispone de una ancha franja de opinión y matriz mediática. Todos a una en desestabilizar la mesa: en exigir y forzar el desarme y la desmovilización del contendiente guerrillero.

Iniciativa alcanzan en el mensaje de una firma de paz bajo el esquema clásico de "entrega de armas" o disposición al bodegaje. Con vigilancia internacional hacia la destrucción final de los fierros. Un modelo que ha calzado bien, frente a guerrillas con escaso margen de maniobra y de repliegue. Poco o mucho, pendientes y subordinadas a un apoyo diplomático y logístico internacional, sin auto-financiamiento, y habilidad con fallas, para esconder líneas de abastecimiento básico como sucedió en Centroamérica. Muy diferente situación y larga coyuntura de "paz armada" necesaria aquí. "Paz armada" sin acciones de maniobra ni combate –con una multilateral supervisión internacional en garantía.

Un paréntesis imprescindible para el silencio de las armas, si por fin la mayoría del país asume a fondo y riesgo, acabar con la puta confrontación. Con el crudo antagonismo, sin honor militar de muchos generales y oficiales y las serias violaciones del oponente guerrillero (secuestro indiscriminado y local abuso con fusil), contradictorias con el enfoque revolucionario por una sociedad cada vez más humanizada. Paréntesis necesario aquí, y en la búsqueda de la paz real, porque Uribe y el Plan Colombia, exitosos en desconectar a la guerrilla con la población suburbana –en cerca de 320 municipios hasta donde tuvieron avance–, no pudieron infligir una derrota militar a las Farc. Ni ponerla en el borde o llamado "punto de inflexión". Resultante también dicho paréntesis, por la culpabilidad histórica del poder oligárquico en el origen del conflicto: con "décadas de estado de sitio", criminalización de la protesta y la oposición política, sin cumplir a plenitud la palabra en procesos anteriores de paz y entrega de armas, desmovilización y reinserción.

Tras varias décadas con lenguaje de banderas blancas y supuestos de armonía, hasta hace pocos meses, la mesa de La Habana con mérito y despacio –luego de un alboroto inicial de firma express– pudo poner al país en el olfato, de los temas sustanciales y pasados por alto de la paz: Sin rendición, diálogo entre Voceros Plenipotenciarios de las partes, entre iguales ¡sin vencedores ni vencidos! Creación de una Jurisdicción Especial de Paz con cuatro salas componentes. Y en obstáculo y áspero debate, la delimitación de zonas de desescalamiento y "paz armada" sin campamentos de concentración; cónsonas con el Pacto «dejación»-no utilización de armas "de acuerdo a sus intereses" por parte de la guerrilla.

Con diferentes y pugnaces intenciones, están en el aire varias fechas, acerca de la Firma definitiva del acuerdo: ¿23 de marzo próximo inmediato? Imposible. Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de la insurgencia, declaró el pasado 3 de noviembre: "[...] el plazo de 6 meses para la firma de paz no ha empezado a correr". O, ¿23 de junio-julio?, que reduciría a tres meses la fase de conversación no secreta mesa con el Eln. Esto, de ser cierto aquello de "un mismo proceso con dos mesas". Al parecer, acordado por Timochenko y Gabino, comandantes de Farc y Eln, respectivamente. Sin preocupación, el Gobierno soltó en la cárcel Bellavista de Medellín: "puede durar y sentarse 10 años con el Eln".

El pasado 29 de diciembre, Sergio Jaramillo, del Gobierno, en acción de guerra política que pretende mostrar a su contrario como enemigo de la paz y menguar su espacio en la opinión, declaró: "El presidente Santos no dio (23 de marzo) una fecha tentativa". Sin hacer contexto de esa fecha, el periodista Fernando Ramos de Cnn, la informa como un hecho. Igual hacen, otros creadores de opinión, como los de Nnt24 y Cablenoticias. Destaca que el acuerdo sobre víctimas anunciado el 23 de septiembre, aun con la Mesa y Santos urgidos de noticia de alto impacto y bajo presión de gestores de opinión que marca, necesitaron 52 prolongados días, hasta el 14 de noviembre anterior, para culminar los ítems pendientes. ¿Corren a partir de este día los 6 meses para la firma final del acuerdo? Lapso de ajuste que aproxima idea del tiempo que falta todavía, ante la complejidad de los aspectos atascados en todos y cada uno de los puntos hasta ahora acordados.

Ni hablar del punto 3 de la agenda, "Fin del conflicto [...] que implica: Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo". Asimismo, de los detalles que implica el desmonte del paramilitarismo de vieja y nueva generación. Y del mecanismo de ratificación social del Acuerdo. Una prolongación en la Mesa aflora en perspectiva.

Otro factor en la escena. Sólo hasta septiembre serán conocidos los candidatos demócrata y republicano de los Estados Unidos, y elección en noviembre próximo, con nueva correlación en el Departamento de Estado y el Pentágono: todo parece indicar que el Acuerdo de Paz en Colombia precisa que el próximo presidente gringo, ¿lo tenga sobre su mesa? Con fecha difícil de establecer ahora, ¿sobrevendrá una última fase de negociación con cláusulas de urgencia? Fase que dote de mayor papel a los países garantes, Cuba y Noruega, con Chile y Venezuela como acompañantes, en agilizar fórmulas que concilien el Acuerdo en plazo fijo.

A esta altura de la conversación con Farc, en su mayor riesgo, es Santos con su capacidad de ultimátum, quien puede levantarse de la Mesa. La fecha final del intento, depende del debilitamiento que cruza al capital político de Santos. Varios aspectos acuden en 2016: algo en despunte de inconformidad sindical. Las urgencias campesinas, tras los incumplimientos de las promesas acordadas tras los paro agrarios. La miserable y sin patria venta de Isagen. La corrupción en Caprecom y otros casos... pueden derivar en hechos de movilización, con respuesta violenta de la Fuerza Pública.

Aun así, que nadie pierda de vista, aun con el actual mapa político, Colombia no es sumisa.

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Los verdaderos compromisos del proceso de paz

La firma del acuerdo de paz solo es el inicio de un largo compromiso que las partes deben cumplir. Los dirigentes nos enfrentan a un dilema que no es cierto. La encrucijada no es si queremos la paz o la perpetuidad del conflicto, es si los colombianos estamos dispuestos a contribuir como colectivo a eliminar de nuestro comportamiento, y del de nuestras instituciones, la lógica del enriquecimiento y la favorabilidad propia por cualquier medio. Con este principio no hemos logrado otra cosa que construir una sociedad ampliamente desigual, y un Estado muy débil y clientelista. En esta conducta reside el origen del mal al que nos hemos acostumbrado con los años.

Las zonas donde el Estado y sus funciones básicas no tienen presencia han sido propicias para la proliferación de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. Y a su vez esta circunstancia ha sido la semilla para la aparición de grupos que se disputan su control y la administración de algunos de esos servicios fundamentales. En esas regiones la población desamparada queda a merced de la provisión de justicia por parte de los violentos. La falta de oportunidades laborales es reemplazada por un puesto en esas organizaciones criminales.

Secularmente el Estado ha dejado que la situación tome fuerza y hoy parece que aún no tiene conciencia de que su presencia donde históricamente no ha existido es el mejor compromiso que puede asumir para detener la violencia. Un Estado que le niega una universidad al Putumayo en nombre del principio de eficiencia limita las oportunidades de sus habitantes. Un Estado que todavía no conecta con vías principales capitales de departamento como Mocoa con Popayán y Pasto condena a una región completa al aislamiento y al subdesarrollo. Un Estado que en la provisión de servicios de salud crea un intermediario con un afán desmedido de lucro, y que deja que este y otros servicios sociales funcionen bajo una regulación mínima y deficiente, es un Estado al que no le importa el bienestar de su población. Un Estado que sigue permitiendo el desarrollo de la minería a expensas de la desindustrialización es un Estado irresponsable. En resumen, un Estado que no ha hecho ninguna reforma estructural por disminuir los absurdos niveles de informalidad, de pobreza rural y de desigualdad es un Estado que no le sirve a la gran mayoría de los colombianos.

"La meta de un buen Gobierno –dice Thoreau– es darle más valor a la vida, el de un mal Gobierno, restarle valor". Si el Estado Colombiano sigue cooptado por intereses económicos minoritarios nos ubicamos en el último caso. Por tanto en los acuerdos de paz, los colombianos debemos reclamar un Estado a favor del bienestar general, y una agenda en la que se comprometa a darle solución a su tradicional ausencia. José Fernando Isaza señala acertadamente que muchos de los costos del posconflicto no lo son, son “obligaciones del Estado que deben cumplirse con o sin paz, son condición para mantener la legitimidad del Estado y del modelo de desarrollo”.

La creación y mejora de la infraestructura vial es vital para la inserción económica de municipios aislados, una conexión precaria encarece la producción agropecuaria y hace que los municipios con pocas vías o vías en mal estado sean menos competitivos y perpetúen sus condiciones de pobreza. La estimación de la red vial terciaria en Colombia oscila alrededor de 142 mil kilómetros, de los cuales el 65% se encuentra en mal estado. Esta red está mal distribuida, los municipios con mayores ingresos y que están en el centro del país tienen una mayor densidad de red vial (1.65 kilómetros por un kilómetro cuadrados de área) en comparación de una densidad de 0.25 que tienen la mayoría de municipios pobres. La situación debe invertirse con el fin de insertar a los municipios excluidos.

De acuerdo con Fedesarrollo, un aumento del 10% en vías terciarias se asocia con una reducción del 5% en la tasa de pobreza. El mantenimiento anual de la de malla vial cuesta 1 billón, la reparación del 65% que está en mal estado cuesta 30 billones (suponiendo que la mitad se arregla con placa huella que dura más de 10 años y la otra mitad es afirmado que dura solo un año). Para la creación de 100 km de nuevas vías en los municipios que más están alejados de la densidad vial promedio del país se requieren 20 billones. Es decir que en total solo en vías se necesitan más de 50 billones.

La educación superior en las zonas rurales solo tiene una cobertura del 7% para la población entre 17 a 21 años, lograr una cobertura plena implica una inversión de 26 billones. Existen 1.8 millones de hogares sin acceso a agua potable y 2.5 sin acceso a alcantarillado, solucionar este déficit implica 8 billones. El 15% de la población rural tiene acceso a electricidad, lograr que todas las familias rurales lo tengan equivale a una inversión de 3 billones. Existen otros recursos para tener mejores condiciones en vivienda, salud, educación media y básica, etc que también necesitan ser calculados.

Alrededor de 200 municipios son territorio de las FARC, tienen cultivos ilícitos o minería ilegal y esto los hace considerarlos prioritarios para que el Estado haga presencia allí, puesto que de lo contrario la ausencia de las FARC será reemplazada por otros grupos armados de izquierda, de derecha, o por cualquiera, porque lo que importa son las abultadas ganancias que dejan las actividades ilegales. De hecho esto ya está ocurriendo en el Cauca donde ha aumentado la presencia del ELN y en el Putumayo donde aumentó la presencia paramilitar. La mayoría de municipios corresponden a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó como se ilustra en el siguiente cuadro.

 

 

En estos municipios se requiere acompañamiento técnico con el cual se haga la transición a la economía legal, que comprende formación en acceso a crédito, emprendimiento, formalización de predios, asociatividad, y actividades agropecuarias. A su vez se necesita inversión en centros de acopio, subsidios de transición a las actividades legales, actualización catastral para la formalización de la propiedad, y fortalecimiento de la justicia. Todo lo anterior representa alrededor de 4.5 billones.

El Estado se alimenta de nuestros impuestos y de nuestras votaciones. ¿Queremos seguir manteniendo un Estado que no ha cumplido con sus obligaciones? Un ciudadano comprometido con un proyecto de país desearía conocer si el uso de sus impuestos es adecuado, pero en Colombia no hay ningún mecanismo de control social que ofrezca respuestas satisfactorias. Si tuviésemos una democracia efectiva, el inconformismo que se refleja en las cifras de abstencionismo debería asimilarse al voto en blanco, y forzar a que se repitan las elecciones con candidatos diferentes. Esta sería una forma de evitar que el poder sea un negocio en manos de las familias hegemónicas tradicionales, y así, de alguna forma, como país lucharíamos contra un Estado que no hace nada para que se pierda un peso de cada tres en corrupción.

Si la ciudadanía no tiene esa incidencia y su opinión no se ve reflejada en el trascendental acuerdo de paz, es muy posible que la profecía del escritor Gonzalo Arango se cumpla: “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia (...) la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.”

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Ronald Dueñas, Fuerzas fluviales, fotografía  (http://www.flickr.com/photos/ronald-duenas/4816208362/)

El horizonte cercano de un posacuerdo con las Farc, y también necesario con el Eln, plantea la necesidad de una reforma estructural a las Fuerzas Armadas colombianas a través de la cual queden integradas al control civil, abandonen ciertos privilegios, aceptando jugar un papel más 'modesto' dentro del conjunto social, actuando en democracia y a favor de una democracia plena.

 

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc han ocasionado un gran número de comentarios y análisis, enfocados en los cambios positivos que produciriá un acuerdo para la sociedad y en el llamado período de "posconflicto" que inauguraría. Muchas veces, este "pos" está entendido y analizado como la simple desmovilización de la guerrilla sin hacer mucho caso de los cambios que traería, o debería traer, para ciertas instituciones del Estado. En particular tiende a subestimarse el lugar de las Fuerzas Armadas (FA) en las negociaciones de paz y el papel que tendrían durante el período de posacuerdo. Sin embargo, interrogarse sobre la actuación de estas últimas debería ser considerado como imprescindible, dada su posición de fuerza dentro del poder de Estado, su peso importante dentro de la sociedad colombiana, así como su accionar durante precedentes negociaciones de paz.
En efecto, las FA expresaron siempre su desconfianza con respecto a los distintos diálogos de paz entablados con las diferentes guerrillas. Desde el proceso que intentó llevar a cabo el presidente Betancur en los ochenta, y que constituyó un verdadero traumatismo para los militares que estaban acostumbrados a tener plena autonomía en el manejo del conflicto armado interno, hasta las negociaciones actuales de La Habana. Desconfianza convertida con frecuencia en una actitud "complotista", destinada a sabotear el curso del proceso e impedir el final de la guerra. Para lograr este propósito, sectores importantes de las FA no dudaron en adoptar prácticas criminales, incluyendo el asesinato de civiles, en particular durante la década de los ochenta.

 

Desde que arrancó el actual proceso de paz, las FA han manifestado de manera reiterada sus preocupaciones, manteniendo la presión sobre el gobierno de Santos para tratar de lograr lo que consideran como garantías. Han clamado con contundencia que no pueden ser objeto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, llamando la atención –de manera repetida– sobre la supuesta baja de moral de las tropas, exigiendo, asimismo, que no les equiparen con la guerrilla. Dado el poder "desmesurado" que tienen las FA en Colombia, consecuencia en gran parte precisamente de la permanencia del conflicto armado interno, es apenas lógico que tengan miedo de perder una parte importante del mismo en caso de materializarse el final tan anunciado de este conflicto. En consecuencia, existe al interior de la Institución el temor de tener, de ahora en adelante, menos prerrogativas, a nivel militar, económico, y hasta político. También está la inquietud de tener que rendir cuentas con respecto al largo historial de violaciones a los derechos humanos que la ha caracterizado.


Sin embargo, ahora que un muy probable final de las negociaciones de La Habana está cerca, aparece de manera bastante evidente que esas preocupaciones en realidad no tienen razón de ser. La mayor prueba de esto se encuentra en el contenido del acuerdo sobre justicia, anunciado el 15 de diciembre pasado. Pese al discurso del Gobierno sobre la supuesta ejemplaridad de este acuerdo y al hecho de que la atención se enfocó sobre el destino de los futuros guerrilleros desmovilizados, es indudable que el contenido de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) trae muchos beneficios para los militares, que de hecho lo recibieron con beneplácito. No sólo serán juzgados de ahora en adelante según el Derecho Internacional Humanitario (Dih), como lo venían pidiendo, sino que además desaparecerá la tesis de la responsabilidad por cadena de mando. Esta última ha permitido la condena de varios altos mandos de las FA, sin que se haya probado su implicación directa en crímenes pero asumiendo que estos crímenes no hubieran podido tener lugar sin su aprobación. Lo que se conoce jurídicamente como la teoría de la autoría mediata, usada con frecuencia en la justicia penal internacional (Jpi).


Lo acordado en La Habana en materia de justicia transicional (JT) representa entonces un verdadero alivio para los integrantes de las FA. Si bien el debate se ha enfocado de manera decisiva sobre la cuestión de la posible impunidad para los miembros de la guerrilla, no cabe duda de que el contenido del acuerdo sí favorece una mayor impunidad para los crímenes cometidos por la Fuerza Pública (FP), lo que no debería pasar de agache pues lo decidido tiene repercusiones importantes para el país. La diferencia es que si los "beneficios" acordados a los guerrilleros pueden justificarse con el fin de lograr su desmovilización, y por ende su desaparición como grupo armado, tal no es el caso con los "regalos" a las FA, donde se encuentra también el tema de la ampliación del fuero militar, que no tienen ningún propósito transformativo sino que sólo buscan apagar su descontento. Retrospectivamente, la presencia dentro de los negociadores de los dos generales retirados Jorge Enrique Mora, excomandante del Ejército, y Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, no sólo ha servido de garantía frente al contenido general de las negociaciones para las FA sino que fue instrumentalizada para otorgarles claras ventajas jurídicas.


El hecho de que al día siguiente del anuncio de La Habana la Corte Suprema de Justicia absolviera al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en desapariciones forzadas ocurridas durante la "retoma" al Palacio de Justicia, representa un símbolo muy fuerte y preocupante de la creciente impunidad asegurada a los integrantes de las FA. La liberación de Plazas Vega, considerado por amplios sectores de los militares como un "mártir", corresponde sin duda a una decisión política y representa un mal presagio para el futuro. Ilustra de manera muy clara las declaraciones del presidente Santos según las cuales no iba a repetir los mismos "errores" del pasado cuando se amnistiaron guerrilleros y se condenaron militares, haciendo evidente referencia a ese caso del Palacio de Justicia.


[...] la discusión en torno a las transformaciones que deberían experimentar las FA de cara al posacuerdo es indispensable para que el país pueda acercarse a una verdadera paz.
Lo que confirma la voluntad de Santos de ganarse los favores de las FA, consintiéndolas y repitiendo que el honor militar es "intocable". Sin embargo, este tratamiento especial, que se rehúsa a exigirles cualquier cambio significativo, es bastante preocupante con respecto al destino del proceso de paz. Porque para que Colombia pueda experimentar una verdadera paz durarera, es necesaria una especie de "normalización" de sus FA, que tienen que despojarse de varias de sus singularidades, muchas de ellas mantenidas durante décadas gracias a la permanencia del conflicto armado interno, singularidades contrarias a las características de un país democrático.

 

Una exigencia de verdad histórica

 

Su profunda degradación es una de las características del conflicto armado colombiano, reflejada en la masiva violación de todo tipo de derechos humanos, "guerra sucia" de la cual participaron plenamente, directa o indirectamente, las FA. Cuando han tenido plena soberanía para manejar la guerra no dudaron en desplegar conductas autenticamente criminales, en su mayoría dirigidas contra civiles, desde las torturas generalizadas bajo el gobierno de Turbay Ayala hasta la escalofriante práctica de los "falsos positivos" bajo el gobierno de Uribe, con la cual ciertos integrantes del Ejército llegaron a un nivel inimaginable de degeneración.


En otros momentos, cuando debieron bajar de perfil, por ejemplo cuando el poder civil decidió "reapropiarse" del manejo del conflicto armado, delegaron de manera asumida su tarea represiva a grupos paramilitares. Este fenómeno del paramilitarismo, por su magnitud, su duración y su nivel de violencia, hace de Colombia un caso muy singular de privatización de la violencia y de la represión, donde la propia FP ha promocionado a gran escala, y de manera casi continua, grupos cometiendo crímenes atroces contra la población civil, los que incluso llegaron a ser legales en algunos momentos; prácticas documentadas en diferentes informes y trabajos, incluso oficiales. Violencia sistemática, a pesar de la cual la Institución nunca ha sido el objeto de una verdadera e importante reforma destinada a transformarla.


Es más, puede decirse que el prestigio de las FA, en particular de los militares, es constante dentro de la sociedad colombiana. Es de esperar que los trabajos de la futura Comisión por el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición puedan aportar una nueva mirada sobre este tema y, sobre todo, que se beneficien de una amplia y pedagógica difusión. Será la ocasión de verificar si las FA están dispuestas a aceptar, por fin, ciertas verdades sobre el conflicto interno y sus propias responsabilidades. Lo que debería traducirse igualmente en el abandono de la teoría de las "manzanas podridas" y la aceptación de la responsabilidad histórica de la Institución como tal, paso importante de dar en el camino hacia una posible y tan anhelada por las autoridades "reconciliación" de la sociedad colombiana.

 

La indispensable renuncia a la ideología heredada de la Guerra Fría

 

Las FA colombianas, como casi todas las del continente, han estado impregnadas por la doctrina anticomunista, característica de la Guerra Fría. Su particularidad es que, a más de 25 años del final de esa "guerra", su ideología antisubversiva no ha cambiado. Ideología que ha sido el terreno en donde germinaron estrategias de represión contra elementos de la población identificados como "pro revolucionarios" y de aniquilamiento de los supuestos "enemigos interiores". En otras palabras, ha sido la base teórica de casi todos los abusos cometidos por la FP en el curso del conflicto interno.


Si bien ya no es posible hacer referencia explícita a la lucha contra el comunismo mundial, el imaginario continúa siendo el mismo, ahora sustentado en la supuesta lucha global contra el terrorismo. Las consecuencias sobre la sociedad son idénticas y el pensamiento crítico permanece estigmatizado, considerado como una amenaza para la estabilidad y la integridad del país. Imaginario antisubversivo alimentado de, y justificado en, la existencia prolongada de guerrillas. Sin embargo, si no se toman medidas para cambiarlo, no desaparecerá de un día para otro con la posible desmovilización y desaparición de todos los grupos guerrilleros existentes. Es más que probable, por el contrario, que llegue a expresarse en una criminalización y una represión creciente contra el movimiento social y popular y la izquierda en general, como de hecho está ocurriendo últimamente. Por consiguiente, es esencial exigirle a las FA romper de manera contundente con su histórica ideología contra insurreccional, y reconocer el derecho al ejercicio desprevenido de la protesta social y la pluralidad política, propios de una verdadera democracia.

 

Romper con una auto-representación distorsionada

 

Las FA consideran que ocupan un lugar muy especial y primordial dentro del conjunto social por el simple hecho de pertenecer a una Institución que por su naturaleza sería inatacable. Es así como sus integrantes se sienten por encima de toda sospecha, representándose como los "héroes de la patria", como los verdaderos pilares de la democracia colombiana, imagen reforzada y transmitida hacia el conjunto social gracias a la colaboración de ciertos medios de comunicación. En otros términos, alimentan una representación de las FA como una institución supremamente íntegra, mucho más que cualquier otra, en la cual el país puede confiar con toda tranquilidad. Auto-representación que llega acompañada de un discurso de tipo paranoico, que denuncia la existencia de una conspiración en contra de las FA por parte de ciertos sectores de la sociedad; conspiración ilustrada a partir de una supuesta batalla jurídica contra sus integrantes a través de fiscales y jueces "infiltrados" por la izquierda y actuando en función de intereses políticos.


En este sentido, casi cada cambio de cúpula lo interpretan como la consecuencia de una campaña política de desprestigio. Esta distorsión con la cual las FA se auto-representan y analizan cualquier crítica, es otro motivo de preocupación de cara al postacuerdo, porque no pueden seguir pensando y actuando como si estuvieran por encima de las leyes y de los controles propios de la vida democrática. Es hora de que abandonen la idea de considerarse los guardias de la democracia, tarea que de todas maneras no les corresponde, y de que la sociedad entienda que han sido en realidad los defensores del statu quo y de un conservatismo a ultranza.

 

La indispensable "despolitización" de la Institución y su necesaria subordinación al poder civil

 

La politización de las FA obedece tanto a la voluntad de influir sobre las políticas del gobierno de turno –cuando tienen la sensación de que pueden perjudicarlas, en particular en período de negociaciones de paz–, como a un imperativo ideológico de impedir un verdadero pluralismo político en el país, o en otros términos, que ganen espacio las ideas de izquierda. Sin embargo, esta politización fue insuflada en los últimos años, volviéndose cada vez más preocupante a medida que la cercanía con el expresidente Uribe y su plataforma política era más explícita, que, cabe recordarlo, se encuentra oficialmente en oposición abierta en contra del actual gobierno.


Es así como, desde sectores de las FA se han filtrado informaciones clasificadas al expresidente Uribe, para que las use políticamente. Lo que, según las propias reglas internas, puede ser considerado como un acto de traición. Por consiguiente, no es excesivo afirmar que una parte importante de las FA se encuentra actualmente en oposición política al presidente Santos, lo que constituye un gran temor para lo que viene durante el posacuerdo. Esta situación debería ser considerada como intolerable por el conjunto de la sociedad, pues en un país "normal" las FA tienen que ocuparse de asuntos relacionados estrictamente con cuestiones de seguridad y de ninguna manera pronunciarse sobre asuntos políticos.

 

La corrupción interna y el cambio de prioridades estratégicas

 

Al contrario de su imaginario de absoluta integridad, las FA han quedado salpicadas por varios escándalos de corrupción a gran escala. Se ha demostrado en varias ocasiones que practicaban "chuzadas", no solamente contra personalidades de la oposición sino también contra jueces o contra los propios integrantes de la delegación del Gobierno en la mesa de La Habana. También son conocidas denuncias de tráfico de influencias, relacionados con la manera totalmente oculta como se manejan numerosos contratos. Varias investigaciones han demostrado cómo algunos militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos –por "falsos positivos"–, gozan de grandes privilegios en centros de reclusión militar como el de Tolemaida. Es más, en muchos casos a estos detenidos les "compran" su silencio para que no vayan a declarar en juicios contra sus superiores. Esa corrupción también se manifiesta en relaciones con los grupos neoparamilitares o bacrim, específicamente con la venta de armas. Todas esas prácticas corruptas desacreditan la Institución y muestran el vacío existente entre la representación que sus integrantes quisieran dar de ellos y la realidad. Corregirlas tendría que ser otro objetivo para ellas en el posacuerdo.


Además, el final de la lucha armada contra los grupos insurgentes, en caso de lograrse la desmovilización del Eln, debería traer un replanteamiento de la estrategia de las FA y de su accionar en el terreno, así como de la necesaria reducción del gran número de sus efectivos, que rodea los 500.000. El Gobierno dice que no, pero ya está preparando el terreno para que militares colombianos participen en operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior, es decir para conseguir una baja superficial de su presencia en el país. Aunque es muy posible que haya una especie de reto de seguridad en el momento del postacuerdo, por la reestructuración territorial de los grupos delictivos, no se podrá hacer la economía de un verdadero debate sobre la reducción de tamaño de las FA a mediano plazo. Pero sobre todo, es fundamental que estas dirijan prioritariamente su accionar, de ahora en adelante, contra los grupos neoparamilitares o bacrim, contra las poderosas estructuras corruptas y criminales presentes en ciertos territorios y hacia un mejoramiento de la seguridad en las grandes ciudades. Tareas que, en teoría, deberían ser asumidas principalmente por la Policía, sobre todo si las autoridades manifiestan una voluntad de "desmilitarizarla".


En conclusión, la discusión en torno a las transformaciones que deberían experimentar las FA de cara al posacuerdo es indispensable para que el país pueda acercarse a una verdadera paz. Aunque se benefician de una buena imagen en la opinión pública, un examen básico de su historial y de sus prácticas revela de manera clara que han sido totalmente permeadas por la "guerra sucia" que ha caracterizado el conflicto interno colombiano. Por consiguiente, el camino nacional hacia una posible paz pasa obligatoriamente por una reforma estructural de las FA y por un cambio radical de su doctrina "nefasta". En otras palabras, es necesario que dejen de actuar como una especie de gremio dentro del Estado, integren nuevos valores –de verdadera democracia– y acepten el control pleno del poder civil, lo que significa consentir tener un papel más "modesto", dejar la tentación de la injerencia en la política nacional, y actuar siempre conforme a los principios democráticos que deberían regir la sociedad.


* Politólogo. Fue Coordinador Colombia en Amnistía Internacional Francia. Columnista e integrante del equipo editorial del portal colombiano de opinión y análisis político "Palabras al margen".

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Martes, 23 Febrero 2016 08:54

La fuerza pública para el posacuerdo

Jorge Mantilla Caballero

La sociedad colombiana está ad portas de emprender de manera oficial un nuevo periodo: el del posacuerdo. Una nueva fase tras la necesidad de consolidar la democracia, soportada en el Estado Social de Derecho. Atender las áreas rurales históricamente marginadas, para erradicar de ellas las organizaciones al margen de la ley, es un primer reto. En este escenario una Fuerza Pública readecuada tendrá que acometer los retos a la seguridad de los colombianos.

 

Si el conflicto armado con las guerrillas termina con las negociaciones en curso, las amenazas a la seguridad no desaparecerán sino que mutarán debido a la acción de otras expresiones delincuenciales tales como los rezagos del paramilitarismo (Bacrim), los remanentes que quedasen de la desmovilización de las guerrillas y, en general, de la delincuencia organizada y común. Es lo que muestran las experiencias de otros países que pusieron fin a sus conflictos armados internos mediante negociación política como Sudáfrica Salvador y Guatemala, donde distintas formas delincuenciales proliferaron después de firmada la paz.


Hay referentes y memoria. De acuerdo con estos, en el próximo futuro las condiciones de seguridad interna del país estarán amenazadas principalmente por la violencia y las actividades y negocios ilegales de distintas modalidades del crimen organizado. Este puede considerarse como el problema vertebral con especial incidencia en las áreas donde menos presencia y control han ejercido las instituciones del Estado, encabezadas por las de justicia y seguridad. Demanda de seguridad que también se amplía a las ciudades, donde la tasa de homicidios –pese a su ostensible disminución-, los delitos contra la integridad personal y el patrimonio, arrojan indicadores preocupantes. Realidad, tanto en lo rural como en lo urbano que impactan la convivencia y la seguridad ciudadana.

 

Por otra parte, el ejercicio de la soberanía en las fronteras siempre será una prioridad. Y aunque para Colombia un conflicto bélico interestatal es hoy día improbable, no es realista descartar la posibilidad de que en el futuro el Estado colombiano se vea inmerso en tensiones internacionales en las que la integridad territorial (terrestre, marítima o aérea) esté en riesgo, lo cual implica la necesidad de mantener unas Fuerzas Militares (FFMM) suficientemente equipadas y entrenadas, como uno de los factores disuasivos ante potenciales amenazas externas.

 

Lo cierto es que la mutación de los retos a la seguridad implica readecuar la Fuerza Pública (FP) para afrontarlos de manera más eficiente. De acuerdo con lo anotado, propongo tres criterios que limiten la discusión sobre la posible readecuación, a saber: conveniencia (que es útil o provechosa) pertinencia (que es coherente con los retos a la seguridad y conducente) y viabilidad (que tiene posibilidades reales de poderse llevar a cabo).


Así las cosas hay básicamente dos alternativas para readecuar la FP que en principio cumplirían con los criterios descritos:


Reajustar misión, funciones y organización de las instituciones que actualmente la conforman, lo cual, entre otros aspectos, implicaría un crecimiento paulatino de la Policía al mismo tiempo que se detiene y/o decrece el aumento de las FF.MM.
A la FP sumarle una Guardia Nacional Rural (GNR) con dedicación exclusiva y permanente en los municipios ubicados en las áreas rurales periféricas, la cual se conformaría mediante el desdoblamiento, proporcional en personal y logística, de la actual Fuerza Pública.
La segunda opción incluye la primera ya que la creación de la GNR implica un reajuste de la FP, sin embargo la primera no implica necesariamente la segunda.

 

Conveniencia

 

No hay que hacerse ilusiones, las condiciones de seguridad interna rural a futuro estarán amenazadas por la violencia, actividades y negocios ilegales alrededor del crimen organizado con particular incidencia en los territorios de la periferia donde menos control estatal se ha ejercido a través del tiempo. La actividad que gira en torno a dicha criminalidad presenta unas características que la literatura especializada cataloga como "nuevas amenazas", "intermedias" o "híbridas", las cuales requieren ser atendidas con una solución institucional intermedia con capacidad de proveer una seguridad integral.


Pues bien, la GNR viene a ser el tipo de solución institucional requerida. Su doble naturaleza civil y militar, de la que se desprenden unas características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas, hacen de este modelo de fuerza la más adecuada y proporcionada a la principal amenaza previsible a la seguridad en las áreas más rurales, la cual con frecuencia sobrepasa el potencial de la Policía, toda vez que los integrantes de dichas bandas son delincuentes con algunas capacidades de tipo militar que tienden a superar las capacidades del cuerpo civil armado que constitucionalmente debe ser la Policía. Tampoco el peso y poder militar de las FF.MM. es el apropiado, pues como no se trata de combatientes sino de delincuentes, al confrontarlos con el poder de fuego de la fuerza militar se corren constantes riesgos de producir fatales daños colaterales sobre la población civil. Por otra parte y no menos importante, para neutralizar adecuadamente la delincuencia organizada se requieren competencias investigativas que faciliten el trabajo en equipo con la Fiscalía, competencias estas ausentes en los integrantes de las FF MM.


En otros términos, la principal amenaza previsible a la seguridad rural no sería adecuadamente enfrentada ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso, toda vez que esas bandas no son ejércitos ni guerrillas organizadas pero tienen alguna organización y equipamiento de tipo militar. En este sentido la GNR llenaría el llamado vacío de seguridad, pues sería al mismo tiempo una policía en capacidad de investigar complejas redes de criminales en equipo con la fiscalía, y en cuanto sea necesario, enfrentar con la fuerza organizada a delincuentes dotados con equipamiento de índole militar. Técnicamente sería una policía con estatuto militar.


En contra de lo anterior puede sostenerse que buena parte del Ejército como de la Policía desde tiempo atrás realizan trabajos propios de una Guardia, lo que haría innecesaria una nueva organización de seguridad. Pero en lo atinente al Ejército ese tipo de trabajos se han realizado a medias, toda vez que los integrantes de la institución castrense no han sido ni educados ni entrenados para la prevención, investigación y persecución de la delincuencia organizada y menos de la común; tampoco para acompañar permanentemente a la población civil en su desarrollo. Es que desde la instrucción básica de un soldado se lo pone en oposición con lo exigido de él al cumplir un papel de apoyo civil, porque es entrenado para detener al enemigo con fuerza letal si es necesario, y cuando actúa en un entorno civil requiere una disposición mental diferente.


También puede argumentarse que las FF.MM. pueden ser habilitadas política y jurídicamente para apoyar a la Policía en el combate a las bandas criminales y en general a la delincuencia organizada, como de hecho sucede en el país. Sin embargo, no desaparece el problema atinente a la excesiva fuerza del aparato militar para combatir ese tipo de amenazas. Tampoco habría posibilidad de que las FF.MM. tuvieran competencias de policía judicial pues su estructura, entrenamiento y subcultura son inapropiadas para dicha función. Le conviene más al país y a las propias FF.MM su re-profesionalización, previendo las tendencias de los potenciales conflictos bélicos de hoy que se libran con unas FF.MM enfocadas más en la calidad de su personal, tecnología y flexibilidad, que en la cantidad de sus efectivos. Lo cual no implicaría que no se mantengan disponibles para operar en la seguridad interior en casos puntuales que salieran de las manos de la Policía o de la GNR.


[...] de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM.


Además, en contra de la creación de una GNR podría argumentarse que nuestra Policía Nacional puede asumir los retos previsibles a la seguridad rural mediante la ampliación en tamaño y cobertura de los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar). Lo cual es válido pero solo en parte porque como su nombre lo indica aquellos son cuerpos "móviles" y principalmente de reacción, es decir, sin vocación de permanencia en las distintas áreas, lo que conlleva, como de hecho ha ocurrido, que las prioridades operacionales tiendan a enfocarse en los sectores rurales más poblados y cercanos a los centros de poder, por ser aquellos donde, hay que decirlo, más se facilita el cubrimiento de los medios de comunicación informando sobre problemas de seguridad, presionando así la reacción de los Emcar.


Por otra parte, la realidad muestra que los efectivos con que cuenta la Policía Nacional han sido inveteradamente insuficientes para atender las crecientes demandas de la misión vertebral del servicio policial que es la seguridad ciudadana en los centros poblados del país. Esto ha obligado a la dirección de personal de esa institución a destinar una considerable cantidad de profesionales con la especialidad de carabineros a prestar sus servicios en las ciudades en contravía de su especialidad. Esto se evitaría con la creación de la GNR puesto que aproximadamente el cincuenta por ciento de los carabineros pasarían a integrarla. De esta manera el crecimiento paulatino que seguiría teniendo la Policía se destinaría a mejorar la seguridad ciudadana en las ciudades y municipios más poblados.


Algunos énfasis necesarios: la GNR sería de carácter nacional, es decir comandada, dirigida, controlada, educada y entrenada desde el centro aunque con dedicación exclusiva a la periferia, de lo cual se derivaría otro efecto importante que ratifica la conveniencia de crearla. Esto es el ejercicio de la soberanía en la periferia rural como requisito sine qua non para saldar la deuda acumulada con las áreas más rurales. Lo cierto es que con la creación de la GNR se ejercería la soberanía estatal en la Colombia más rural, partiendo del reconocimiento de la necesidad de generar una relación entre el campesino, indígena o afro-descendiente y la Fuerza Pública que no parta del control, la imposición o la coerción, sino de la protección, del acompañamiento y del reconocimiento legítimo de la autoridad.


Por otro lado es de resaltar que la dedicación exclusiva a lo más rural de la GNR le permitiría ejercer la "disuasión coercitiva" que es más preventiva que represiva. Con presencia permanente, despliegue territorial eficaz, velocidad de reacción y una estrecha relación con los ciudadanos puede garantizarse el "dominio de la inteligencia" que supone estar en el territorio antes de que ocurran los delitos, en vez de llegar después de su ocurrencia. La "disuasión coercitiva" implica elevar los riesgos a quienes quieran cometer un crimen de tal manera que los retraiga de cometerlo. No busca solo capturar delincuentes, sino principalmente garantizar la paz y la tranquilidad en las comunidades.


Pertinencia


La pertinencia de la creación de una GNR tiene que ver con su contribución a implementar los acuerdos que salgan de las negociaciones. Su doctrina –que tendría como eje la protección y acompañamiento del campesino y no su control– estaría en sintonía con el propósito de construir una "paz territorial" desde la periferia hacia el centro, como ha enfatizado en varias oportunidades el Comisionado de Paz del Gobierno.


La dedicación exclusiva a la periferia rural le permitiría a la GNR proveer un ambiente de seguridad para que instituciones como la justicia, la salud y la educación puedan destacar sus funcionarios y dependencias para prestar adecuadamente sus servicios, todo lo cual contribuiría a la construcción de una ciudadanía campesina efectivamente integrada a la nación colombiana. Es más, para llenar iniciales vacíos en salud y educación, integrantes escogidos de la Guardia pueden ser capacitados para desempeñarse subsidiaria y temporalmente como maestros (as) de primaria, paramédicos y auxiliares veterinarios.


Por otra parte, la conformación de una GNR también contribuiría a despejar temores sobre la seguridad en las áreas más rurales en sectores de la opinión como los simpatizantes del "Centro Democrático". También en los guerrilleros reintegrados y sus familiares pues una vez firmados los acuerdos, el Gobierno podría abrir la puerta para que parte de ellos en su proceso de desmovilización y reintegración puedan hacer parte de la nueva institución, con el beneficio para el país de que quedarían sometidos a la ley y reglamentos correspondientes. Esto, además de evitarles la tentación de pasar a conformar grupos armados ilegales permitiría que su conocimiento geográfico y cultural de las áreas periféricas sea puesto al servicio del Estado. Incluso puede pensarse que ex paramilitares de la base que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de reintegración y así lo deseen, también puedan incorporar a la Guardia.

 

Claro está que todos los candidatos a integrar la GNR tendrían que llenar unos requisitos pre-establecidos tales como haber cumplido con lo dictaminado por la justicia transicional y haber contribuido con la verdad y el resarcimiento de las víctimas. También tendrían que aprobar una prueba psicométrica que evaluaría el grado de propensión a la violencia, luego de lo cual entrarían en un detallado proceso de re-educación y re-entrenamiento adecuado a sus condiciones psicológicas.


Es más, de crearse la GNR con el desdoble proporcional de las FF.AA. y la incorporación de exguerrilleros y exparamilitares, aquella puede constituirse en una institución de vanguardia para sanear la cohesión social del país. Para esto, y a manera de ejemplo, las organizaciones menores se estructurarían de tal manera que quedaran proporcionalmente integradas por ex militares, ex policías ex guerrilleros y ex paramilitares, todos re-educados para conformar equipos de trabajo de los cuales surgirían sentimientos de compañerismo y espíritu de cuerpo, y lo más importante, espíritu de servicio a los pobladores y autoridades civiles de las áreas donde presten sus servicios.


Un punto a resaltar es la importancia que tendría el proceso de selección de los cuadros de mando de la GNR empezando por su Comandante Nacional, para lo cual se recurriría a oficiales y suboficiales activos y de ser necesario a quienes se hayan retirado voluntaria y recientemente del servicio activo en cualquiera de las instituciones de la Fuerza Pública. Quienes fueran transferidos –con un cuidadoso proceso de selección que partiría de la voluntad personal– cumplirían con un proceso de re-educación y re-entrenamiento diferencial que incluye unos valores institucionales diferentes derivados de la misión que como quedó dicho giraría en torno al concepto de seguridad humana y construcción de ciudadanía campesina. De esta nacería una nueva subcultura de la cual se desprendería un nuevo espíritu de cuerpo propio de la GNR.


Viabilidad


Independientemente de cálculos económicos y actuariales que salen del propósito de este escrito, de entrada se puede afirmar que es mejor mantener lo que existe, ampliando el cuerpo de carabineros. Sin embargo, de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM. Esto incluso podría conllevar a considerar la disminución principalmente de los efectivos del Ejército, no solo por ser la fuerza más numerosa, sino porque las principales amenazas internas serían afrontadas con más propiedad con fuerzas policiales.


De cualquier manera hay que enfatizar en que la creación de la GNR mediante desdoblamiento, tampoco requeriría erogaciones presupuestales importantes pues cada miembro de la Fuerza Pública llegaría con su asignación logística. Por ejemplo, el personal transferido pasaría no solo con el presupuesto requerido por sus sueldos y prestaciones sociales, sino también con el equipamiento individual y, en parte, con el colectivo. Incluso las instalaciones de las distintas fuerzas existentes en las jurisdicciones que se asignen a la GNR pasarían a ser parte de los inventarios de esta. Las faltantes, incluyendo al menos una escuela de formación de cuadros, se construirían de manera paulatina pues inicialmente podría utilizarse para esos efectos una de las actuales escuelas de formación de carabineros.


Eco habanero


Entre los aspectos acordados hasta ahora en La Habana sobresale el compromiso para realizar en Colombia una reforma rural integral durante la etapa del posacuerdo, la que incluye una reforma agraria pero es más que eso, pues en el fondo se trata de un desarrollo rural multifacético. Y en esta macro-tarea, la GNR cumpliría un rol clave pues contribuiría de mejor manera a construir la paz, despejando además los distintos temores de seguridad, tanto de los empresarios del campo y ganaderos como de los campesinos y excombatientes. 


* Magíster en Estudios Políticos, Profesor Asociado Universidad de La Sabana, autor del libro La esquiva terminación del conflicto armado en Colombia (Edit. La Carreta, septiembre 2011) Columnista de El Nuevo Siglo.

Publicado enColombia
Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

 

Formato: 17 x 24 cm, 140 páginas, Edición: 2016
P.V.P:$27.000  ISBN:978-958-8926-16-2

 

Reseña:

En pocos países del mundo persisten las formas políticas impuestas con la Guerra Frria.En Colombia, uno de ellos, es lugar común que los modos de operación de la fuerza pública respondan al contexto , las políticas y las doctrinas contrainsurgentes,desprendidas de este estado especial de confrontación entre las potencias por el dominio del mundo.Esta realidad nacional es un obstaculo para la consolidación de la democracia, que de persistir puede dificultar aún más la construcción de la paz luego de la eventual firma de acuerdos finales entre el Gobierno y la insurgencia armada.

Este ensayo analiza el papel de las Fuerzas Militares y de la Policia en las negociaciones del conflicto armado, abiertas en Colombia desde comienzos de los años 80, así como los principales desafios que estas instituciones enfrentan de cara a un hipótetico posacuerdo.Una de las principales tareas de la sociedad para afrontar tal escenarió será la de exigir y encarar una reforma estructural de estas instituciones, a fin de romper con dicho legado.

 

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